Las dimensiones de la desaparición de personas son amplias y complejas. «¿Dónde están?», preguntó Stefan Peters, miembro del Comité Científico del CALAS y Director Académico del Instituto CAPAZ, al inicio de la mesa de diálogo virtual sobre el tema organizada el 14 de julio de 2020 por el Instituto CAPAZ en cooperación con CALAS, las oficinas de la Fundación Heinrich Böll en Colombia, México y El Caribe, y las organizaciones Pan para el Mundo (Brot für die Welt) y KolKo. La discusión presentó la situación en Colombia, México y Europa, y dejó ver que la problemática va más allá de cifras o comparaciones.

México: el reto de reducir la brecha del subregistro

Karla Quintana es Comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas de México. La Comisión pide, recibe, procesa y analiza la información sobre desapariciones en el país. Que en México exista la Comisión, por ley y por exigencia de las familias, representa un avance importante.

La Comisionada Quintana recordó que en México no existía un registro homologado, una base única estructurada que sirviera a la mejora de condiciones y prácticas en la búsqueda, la definición de políticas públicas y la comprensión de los hechos. Días antes de la mesa redonda aquí reseñada, fue presentada en México la versión pública de las cifras de personas desaparecidas, localizadas -con o sin vida- y no localizadas (en el contexto mexicano hay una diferenciación).

De interés: Versión Pública RNPDNO Comisión Nacional de Búsqueda – Gobierno de México

En el portal web, el seguimiento es posible en tiempo real. Las informaciones son actualizadas por las propias instituciones, fiscalías y comisiones de búsqueda de los estados, principalmente. También hay una herramienta para que las familias reporten y participen, de forma anónima y sin denuncia. Así se busca una reducción en la brecha del subregistro.

Son más de 73.200 casos de personas desaparecidas en México, de los cuales la gran mayoría son investigaciones abiertas. La actualización es histórica. «Más del 97% de esta cifra es del 2007 a la fecha. Un porcentaje importante corresponde a la mal llamada Guerra Sucia en los años sesenta, setenta y principios de los ochenta», precisó Quintana.

Las estadísticas reflejan que en México se está desapareciendo a adolescentes y personas adultas jóvenes. La pregunta no es solo para saber quiénes son, cómo se buscan y cómo obtener información para una búsqueda más efectiva. Es preciso preguntarse por la justicia. No son números: se trata de vidas y familias que buscan a sus seres queridos en algunos casos desde hace décadas. «Es una cifra del horror que tiene mucha narrativa de dolor detrás», señaló Quintana.

Colombia: la búsqueda en el contexto de un proceso de paz

La UBPD es uno de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no-Repetición (SIVJRNR) en Colombia. En el modelo colombiano, por primera vez en un acuerdo de paz se incluye un mecanismo dedicado exclusivamente a la búsqueda de personas desaparecidas, diferenciado del proceso judicial penal y de los procesos de verdad. Su directora, Luz Marina Monzón destacó el carácter extrajudicial y humanitario de la entidad. Hacerse cargo de los desaparecidos y de las respuestas que requieren las familias. Así definió ella, en pocas palabras, la misión de la entidad.

La desaparición tiene una dimensión doble, de dolor y esperanza: debe verse en la persona desaparecida y en quienes la buscan. El propósito de mecanismos como la UBPD es darle sentido a la búsqueda y que supla la demanda de respuestas por parte de familias y organizaciones. «Y fíjese que estoy hablando de ‘respuestas’. Porque yo creo que la búsqueda implica distintos tipos de respuestas», afirmó la Directora Monzón.

¿Quiénes son los desaparecidos en Colombia? Los desaparecidos son niños, jóvenes, ancianos; trabajadores, líderes y lideresas sociales y sindicales, activistas de derechos humanos; campesinas y campesinos. «Son personas que comparten muchas de las características de quienes estamos acá», precisó Monzón.

La desaparición se ha dado por décadas, en contextos sociopolíticos y socioeconómicos diferentes. Una etapa estuvo principalmente marcada por la diferencia de ideas, la oposición y la demanda de derechos y garantías al Estado de Derecho. Esto persiste. «Es este tipo de desaparición que quiere acabar con la opinión política distinta», explicó Monzón.

Hay personas desaparecidas que se oponen a megaproyectos o procesos de explotación minera y energética. Otros casos de desaparición tienen lugar en el contexto de las dinámicas del conflicto armado interno: personas víctimas de secuestro o reclutamiento forzado, este último especialmente a jóvenes y persistente hoy en día. Finalmente, también desaparecen personas que participaron en las hostilidades, es decir, miembros de grupos armados regulares o irregulares que combatieron y no regresaron. La UBPD lleva a cabo la búsqueda a partir de estas circunstancias.

El papel de las organizaciones sociales y civiles

Adriana Arboleda representa a la Corporación Jurídica Libertad de Medellín y es vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Destacó el papel y el compromiso de las organizaciones sociales y de familiares en los procesos de búsqueda: en América Latina, los procesos se han conocido, documentado y esclarecido, en muchos casos, gracias a su participación. Son lamentables, en este sentido, la negligencia y la desidia de los Estados para prevenir el delito. Suscribir acuerdos internacionales no es suficiente.

En Colombia, se han reportado por lo menos cien mil casos de desaparición forzada y otras modalidades. La UBPD tiene a su cargo casos desde 2016 hacia atrás. Los casos nuevos han sido muchos en los últimos años y también durante la cuarentena por COVID-19. «En estos cuatro años llevamos una cantidad enorme de nuevos casos que se tienen que documentar», afirmó Arboleda.

Existen en Colombia organizaciones cuyo trabajo es histórico. A nivel regional y local se han instalado mesas de trabajo. El acompañamiento a la UBPD ha sido un proceso largo y pedregoso. Contar con la Unidad, a partir del acuerdo de paz, es un logro que obedece a la voz reclamante que llevaron los familiares a la mesa de negociación en La Habana, resaltó la vocera.

Organizaciones, familiares y la Unidad trabajan conjuntamente para exigir que se cumplan los derechos de las víctimas y los acuerdos de paz. La articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es clave, porque la exigencia es doble: «por un lado, la principal exigencia de los familiares en cuanto a la reparación es la búsqueda (…); pero por el otro lado, también hay un reclamo enorme de justicia, y es que esos casos no pueden quedar en la impunidad». Los crímenes que han sido cometidos en su mayoría por agentes estatales, o por particulares que han actuado con la complicidad del Estado, son casos que no deben quedar en el olvido. Las investigaciones son necesarias, porque gracias a ellas también se previenen esos crímenes, explicó Adriana Arboleda.

Las nuevas dimensiones de la desaparición, más allá de América Latina

Siendo contextos diferentes, entre Europa y América Latina se dejan entrever similitudes. Así lo indicó Rainer Huhle, ex miembro del Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y miembro del Centro de Derechos Humanos de Núremberg, en Alemania.

La principal complejidad de la desaparición masiva en Europa es planteada por el drama de la migración o de los refugiados. Los casos en el Mediterráneo o en la frontera entre México y Estados Unidos son los más resonados, pero el riesgo de morir o desaparecer en situación de migración es una problemática global. Hay focos reconocibles, no obstante, si se revisa la ruta de una sola persona migrante, se rastrea un tránsito por varios continentes. La migración o «la búsqueda de nuevos futuros», como la llamó Rainer Huhle, es un fenómeno globalizado que muestra una nueva modalidad de dramas personales y desapariciones.

El problema inicial es de tipo conceptual: hay una ruptura con lo hasta ahora tradicionalmente entendido como persona refugiada política, migrante o desaparecido en situación de migración, y desaparecido forzosamente. En el caso concreto de Europa, el derecho internacional reconoce, de manera limitada, el refugio por razones políticas y no comprende, por ejemplo, como consecuencia de la miseria o cambio climático.

«Las personas desaparecidas en situación de migración tienen una relación con sus familias muy particular y, por lo tanto, una vulnerabilidad muy particular», explicó el experto. ¿Por qué migran estas personas? En muchos casos por mandato de su propia familia. Es decir, normalmente es el varón joven quien emigra para buscar mejores ingresos en el exterior y sostener a su familia. Esto es un caso típico. Esa persona tiene una enorme presión durante su proceso migratorio y esto explica, en parte, por qué está dispuesta a asumir riesgos tan altos como cruzar el mar o el desierto. En estudios sobre migración africana, por ejemplo, fue posible conocer que no se le teme tanto a la muerte como a la desaparición, es decir, a perder el vínculo con la familia o a dañar el buen nombre ante los familiares. La responsabilidad es enorme.

En el caso del Mediterráneo, la cooperación entre familias y Estado puede dar resultados fructíferos, por ejemplo, en la reconstrucción de los vínculos familiares a partir de las pertenencias encontradas en los náufragos. También los testimonios de quienes logran llegar a sus destinos son fundamentales para indagar sobre los desaparecidos. «No hay comisiones de búsqueda para los refugiados del mar», reflexionó Huhle.

De conceptos y actores al derecho a la búsqueda

Karla Quintana precisó la definición en México de persona desaparecida: es toda persona ausente que se presume víctima de un delito, sin especificar cuál. Este amplio universo plantea también un amplio desafío. En México, los actores van desde organizaciones criminales, pasando por agentes estatales, hasta la connivencia de ambos.

A diferencia de Colombia y otros países, los procesos de búsqueda en México no están enmarcados en la justicia transicional. El diálogo de las comisiones de búsqueda con las entidades, por ejemplo de investigación, es diferente. Las implicaciones jurídicas, políticas y prácticas de la búsqueda adquieren otra dimensión. «Creo que es importante impulsar conceptualmente la identidad y la fuerza que tiene el derecho a ser buscado, paralelamente a la investigación», sin que una esté subsumida a la otra, recalcó Quintana.

Son entonces cuatro rasgos diferenciales: el concepto de persona desaparecida; las facultades de cada mecanismo de búsqueda (sin olvidar que la búsqueda es responsabilidad del Estado); el marco de la justicia transicional, y el derecho humano de toda persona a ser buscada.

Hay un derecho de ser buscado y a eso corresponde una obligación para buscar, dijo Rainer Huhle. En el contexto de las migraciones, esa obligación o responsabilidad es compartida por varios Estados. «Cada Estado se esconde tras una supuesta responsabilidad del otro y no hay concertación». No obstante, la convención internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada cuenta, entre sus 25 artículos, por lo menos con siete que indican la obligación de los Estados a cooperar para resolver la problemática de la desaparición forzada. De esto, poco o nada se ve. El experto alemán recordó que «los principios son principios para la búsqueda», independientemente de la modalidad de desaparición o de los actores participantes en esa desaparición.

En cuanto a los actores, Rainer Huhle afirmó que el papel del crimen organizado ha sido usado para exculpar a los Estados de su responsabilidad. Un ejemplo es el caso en el Mediterráneo. Porque son los Estados los que permiten el crecimiento del crimen organizado y han hecho más difícil el camino hacia Europa, y con ello han promovido el (re)surgimiento de organizaciones criminales que facilitan ese paso por el Mediterráneo o por las fronteras entre Turquía y Europa. En Libia, por ejemplo, no hay otra manera de llegar a Europa si no es con el apoyo de estas estructuras. «Los Estados no se pueden absolver por la presencia del crimen organizado», concluyó.

Retos y posibilidades

La migración transfronteriza -mediterránea, norteamericana-mexicana, colombo-venezolana, colombo-ecuatoriana- amplifica otro reto. La pregunta en ese sentido es: «¿dónde se busca?», con implicaciones de políticas y acuerdos transnacionales.

La búsqueda en Colombia enfrenta grandes retos por la pandemia por COVID-19. A los cuerpos no identificados hasta ahora se suman los de aquellas personas víctimas por causa de la pandemia.  Alrededor de 25.000 cuerpos no han podido ser identificados, es decir, han entrado y salido del Instituto de Medicina Legal con destino a los cementerios, lugares a los cuales también son llevados los cuerpos de víctimas de la pandemia. Otros escenarios son los ríos, los mares, los hornos, donde también pueden estar restos de personas desaparecidas. El llamado de la UBPD ha sido a tomar medidas para proteger los lugares de sepultura y los cuerpos en su dignidad.

«Necesitamos tener certeza de quiénes son los desaparecidos”, se refirió Adriana Arboleda ante el reto que enfrentan familias y organizaciones en torno a la documentación. Barreras como la impunidad, los movimientos migratorios, las acciones de estructuras criminales o paramilitares dificultan esta tarea. También mencionó el reto de garantizar la participación transversal de las víctimas en los procesos, no solo de búsqueda, sino de definición de políticas, metodologías y medidas cautelares en esa búsqueda. La articulación con los componentes del Sistema Integral, gobiernos locales, regionales, incluso con gobiernos vecinos, es fundamental para superar ambos retos.

En cuanto a la desaparición forzada en situaciones de migración, el reto es complejo en tanto las dificultades para conocer las razones de la desaparición: puede ser por un fenómeno natural (hundimiento de un barco, tormenta en el desierto); por la acción del crimen organizado o de entidades policiales corruptas; o por motivos personales (a veces no se desea mantener el contacto con los familiares). «Eso no quita que tenemos un derecho a ser buscado y una obligación a buscar, cuando se denuncia la desaparición», aclaró Rainer Huhle.

Otro desafío es el de la consolidación de las bases de datos:  acceso, tratamiento, verificación, publicación y protección de las informaciones que ellas contienen. En México, no se pone en duda el acceso que tengan las familias sobre sus seres queridos desaparecidos; la discusión en ese país es sobre qué información deba hacerse pública, teniendo en el centro al derecho y a la decisión de las familias. En Colombia, según Adriana Arboleda, las organizaciones consideran que la publicidad debe ser aliada de la búsqueda, por supuesto en concertación con los familiares y con respeto a la decisión en caso de que no quieran ser difundidas las informaciones. En Colombia, se ve la necesidad de unificar las bases de datos, en materia de organizar y contrastar la información.

Conclusiones:

Stefan Peters, moderador de la conversación virtual concluyó:

• No son números, son seres humanos con nombre y todos sus entornos.
• Es importante el papel de las familias y las organizaciones en la búsqueda, desde hace mucho tiempo y hacia el futuro.
• Lo anterior, sin dejar de enfatizar en la responsabilidad del Estado en garantizar el derecho a ser buscado.
• En diferentes contextos hay desapariciones. A veces se habla sobre el tema, a veces no. Lo importante es hacer la problemática visible y apoyar la búsqueda.

Aquí se puede acceder al video de la grabación del evento (en español)

Fuente: Instituto CAPAZ

Texto: Claudia Maya. Revisión: Rosario Figari Layús, Carlos Nupia