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Cómo se politizan los movimientos sociales y cómo se transforman en comunidades políticas de pertenencia. A partir del desarrollo de este concepto clave, Jaime Preciado Coronado, distinguido investigador de la Universidad de Guadalajara, nos comenta sobre su nuevo proyecto «Comunidades políticas de pertenencia: Estado, nación y pueblos en movimiento» que desarrolla en el marco de una estadía de investigación en CALAS.
Tu proyecto de investigación parte de los estallidos sociales que sucedieron en América Latina, principalmente en la segunda mitad del 2019. ¿podrías resumir qué pasó en la región y que motivó este estudio?
Jaime Preciado: Fue un año en el que se combinaron muchísimos factores que parten de las cuestiones más inmediatas relacionadas con la vida cotidiana: por ejemplo, el aumento del precio del metro y de las restricciones para poder obtener una pensión digna en el caso de Chile, o también de Colombia; la cuestión de la subida de los gastos relacionados con el consumo diario de la gasolina en otros países. A la par, ello se relaciona, por una parte, con el papel que hasta 2019 venían jugando las políticas de austeridad del Fondo Monetario Internacional (FMI), transformadas en programas de ajuste y de restricciones severas para imponer cada vez más deuda externa, programas de privatización y de endurecimiento de las cuestiones laborales. Y, por otra parte, tiene que ver también con el acentuamiento de contradicciones del modelo capitalista respecto de la naturaleza: el cambio climático, las dificultades para obtener agua en tu vivienda, para considerar toda esta parte de los bienes comunes. Estas situaciones implican tanto a los habitantes de las zonas urbanas empobrecidas, como a los de comunidades que viven de cerca ese fenómeno de despojo de sus tierras, de sus recursos acuíferos. Tales aspectos van nutriendo toda la nube de presiones que hace crecer los estallidos sociales.
¿Cómo ves la transición de la protesta social al plano político?, ¿podrías darnos algunos ejemplos?
JP: El piso sobre el cual surge esta politización es fundamentalmente la violación de los derechos humanos relacionados con libertad de expresión, de manifestación, de organización, y la represión que sufren los que se manifiestan contra ello. Por ejemplo, el caso chileno fue muy doloroso: se reprimió a los manifestantes con escopetas especiales, apuntándoles a la cara y los ojos. El balance fue terriblemente necropolítico: más de 300 jóvenes total o parcialmente ciegos. Si lo aunamos al asesinato de líderes de movimiento sociales y particularmente de los movimientos socio-ambientales, obtenemos un panorama en el pasar a lo político es una forma de reacción de defensa de la población.
La manera de transitar se da por vías muy variadas: en primer lugar la lucha por la calle y por el reconocimiento al derecho a manifestarse, a hacerse visible y a publicar sus demandas. Luego, vienen las formas de los procesos electorales, todos los procesos electorales que han surgido de 2019 hasta la fecha están vinculados con el impacto de esos movimientos sociales. Después está otra vía que es la creación de comunidades autónomas locales.
Me parece que estos planteamientos más allá de los gobiernos, más allá de los estados, vienen también ejerciendo una labor del día a día que construye poder popular, que construye formas de soberanía local y autogestión que sin embargo, cuando entran a la interface con el estado, con los procesos electorales, con las políticas públicas, enfrentan otros problemas de desajustes entre quienes están luchando en contra y desde dentro del estado, y quienes están al margen del estado proponiendo una vía comunitarista sin estado, luchando por esas formas autónomas cotidianas que se organizan en torno de pueblos y comunidades de base étnica. Hay una tensión permanente entre los movimientos sociales, sus formas de organización autónomas y autogestivas y la creación de instituciones del Estado.
Justamente aquí surge el concepto de “comunidades políticas de pertenencia”. ¿Cómo defines este término?
JP: La entiendo primero en dos ritmos: uno es el que se refiere a las comunidades políticas de pertenencia instituidas, o sea, cada una y uno de nosotros tenemos una etiqueta de ciudadanía, de nacionalidad, y, querámoslo o no, ello pesa. En ese plano está siempre esta liga entre una población, un gobierno y un territorio. Las comunidades políticas de pertenencia que se están constituyendo también tienen este mismo triángulo de sustentación, pero la forma de gobierno y de cohesión social es diferente. Diferente porque está en vías de ser instituida y está además planteando caminos que son tanto de interpelación, en lo que se refiere a la vía instituida, como de recreación de formas de poder autónomas que juegan con sus dinámicas. Lo que interesa destacar en esta investigación es su anclaje territorial, local, regional y la vinculación con el mundo global.
Muchas veces se piensan esas comunidades como cerradas, autoreferenciadas, porque mucho se han definido a partir de las llamadas políticas de identidad, sin embargo, las identidades per se son insuficientes para explicar la comunidad política de pertenencia. No se trata solamente de una identidad que te une más o menos de forma sostenida con algunos grupos de personas, sino también de las medidas que buscas para ser reconocida o reconocido con un nosotros que no puede ser exclusivamente autoreferencial.
Sabemos que la pandemia del Covid-19 impactó fuerte en las posibilidades de los movimientos sociales a asociarse y manifestarse. ¿Qué consecuencias tuvo en esa transición del activismo de las calles a las comunidades políticas de pertenencia?
JP: Las pistas de interpretación estarían por el lado de que en el corazón de la comunidad política de pertenencia está el debate con el estado nacional. Una de las diferencias clave es cómo se interpela o cómo se actúa frente al Estado.
En América Latina y el Caribe estamos por asimilar todo lo que fue la pandemia y su centralización en el Estado y también en sus gobiernos locales. Es decir, lo que encontramos es que ciertamente la pandemia domesticó el espacio local y esas formas de control quedaron al alcance de no solo los gobiernos de las entidades federadasles, o de los departamentos en el caso de los gobiernos unitarios, sino también de los gobiernos más locales que muchas veces se ven rebasados por un gobierno nacional, o todavía más por instituciones supranacionales que no responden a los interés cotidianos de la gente. Sin embargo, tuvimos que someternos a la llamada geopolítica de las vacunas, a la llamada geopolítica de la industria farmacéutica que nos dejó muy desvalidos frente a esas decisiones extra locales que no podemos manejar.
Al mismo tiempo esto nos sitúa frente al carácter que tiene la coyuntura, yo no diría post-pandemia porque todavía no se acaba, sino en esta parte final de la pandemia. Esa coyuntura es por una parte de una creciente des-globalización: se impidieron cierta continuidad de cadenas de valor, se está regresando más hacia la esfera de lo energético y lo alimentario y eso tiene que ver con el manejo autónomo de estas comunidades políticas de pertenencia, de sus recursos.
¿Cómo caracterizas las luchas y la politización o formación de los movimientos feministas y de los pueblos originarios?
JP: Le has dado a la clave de la interpretación, justamente en esta transversalidad de escalas que tienen estas comunidades políticas, el feminismo es quizás la más dinámica. La marcha mundial de las mujeres implica cada 8 de marzo un incremento de la protesta pública, de la visibilización, del señalamiento de cuestiones que afectan directamente a las mujeres o a las diversidades sexuales; y ello ha llevado a que más de 400 millones de mujeres se manifiesten simultáneamente a lo largo y ancho del mundo.
La cuestión de los pueblos originarios también presenta esta doble vertiente a la que me refiero, entre la interlocución con lo instituido y el impulso de lo instituyente.
Para cerrar esta entrevista y mirar hacia lo que pueda surgir de esta dinámica que analizas: ¿Están realmente los Estados de alguna manera amenazados por nuevas comunidades políticas que surgen a partir del estallido social o con los movimientos sociales? ¿Cómo enfrentan los Estados esos desafíos que le plantean?
JP: Existe una internacional reaccionaria que se propone un manejo común de sus ideologías y de sus prácticas políticas, por ejemplo, de las formas de organizar las campañas electorales: Víctor López, es la misma persona que asesoró a Trump para interpelar a la comunidad latina en EEUU, quien llevó al triunfo presidencial de Nayib Bukele en El Salvador, y el que llevó a Rodolfo Hernández en Colombia a subir como la espuma en la votación obtenida en la segunda vuelta. A través del manejo de redes sociales, fake news, la difusión e implantación de un nacionalismo supremacista, racista, patriarcal y de inspiración religiosa, principalmente de origen pentecostalista, que convoca a una Teología de la Prosperidad, contrapuesta a la Teología de la Liberación. De ahí que las comunidades políticas de pertenencia no sean únicamente las de izquierda, sino que hay políticas de reconocimiento propias de populismos reaccionarios y conservadores que aglutinan un sentido político de pertenencia.
Sin embargo, a diferencia del imaginario autoritario de esa “internacional reaccionaria”, hay otro imaginario democrático que reside en las comunidades políticas de pertenencia que están sacudiéndose la imposición autoritaria del Estado Nacional y su articulación con las tendencias dominantes por preservar y ampliar el orden liberal global.
Esas comunidades políticas se expresan en dos vías, hasta cierto punto contrapuestas: pensar y actuar sin Estado, o luchar desde dentro y contra el Estado. Pienso que este último no va a desaparecer, no digo que jamás, pero que no se ve su desaparición en un plazo previsible, y que, mientras tanto, el Estado es un actor invitado de piedra en las relaciones de poder local, nacional y global.