En esta obra se aborda la situación de violencia y desigualdad que enfrentan los periodistas en América Latina, centrándose en el caso de México por ser este el país en donde se ha asesinado a un mayor número de comunicadores en los últimos 22 años. El enfoque se dirige hacia los periodistas de frontera, aquellos que trabajan en los márgenes físicos, políticos, económicos, culturales y tecnológicos de un territorio, y cuya condición no puede entenderse únicamente como un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional o internacional, ya que presentan características propias y particularidades que los modelos existentes no logran explicar. Además, se explora el contexto histórico y político en el que los periodistas han ejercido su labor, incluyendo las transiciones democráticas y los regímenes autoritarios, y se destaca el impacto de la guerra contra el narcotráfico en la violencia ejercida hacia ellos en México. La autora enfatiza en la necesidad de adoptar nuevos marcos de análisis para comprender la situación de los periodistas de frontera, tomando en cuenta los márgenes del estado, la esfera pública a nivel microlocal y la capacidad que tienen para enfrentar las crisis.

Del Palacio Montiel, Celia

Periodismo de frontera en América Latina. Violencias y desigualdades múltiples / Celia Del Palacio Montiel

1a. edición - San Martín: UNSAM EDITA; Guadalajara: CALAS, 2023.

Libro digital, EPUB - (Calas)

ISBN 978-987-8938-57-8

1. Violencia. 2. Desigualdad. 3. América Latina. I. Título.

CDD 302.230982

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Carlos Greco

Rector

Ana María Llois

Vicerrectora

Mario Greco

Secretario de Cultura, Comunidad y Territorio

Primera edición, 2023

© Celia del Palacio Montiel

© UNSAM EDITA de Universidad Nacional

de General San Martín

Edificio de Containers, Torre B, PB.

Campus Miguelete

25 de Mayo y Francia, San Martín

(B1650HMQ), provincia de Buenos Aires

unsamedita@unsam.edu.ar

www.unsamedita.unsam.edu.ar

ISBN 978-987-8938-57-8

Queda hecho el depósito que dispone la Ley 11.723.

Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales

Sarah Corona Berkin

Olaf Kaltmeier

Dirección

Gerardo Gutiérrez Cham

Hans-Jürgen Burchardt

Codirección

Martin Breuer

Coordinación de Publicaciones

www.calas.lat

Gracias al apoyo de

En colaboración con

CALAS. Afrontar las crisis desde América Latina

Este libro forma parte de los ensayos concebidos desde la investigación interdisciplinaria que se lleva a cabo en el Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS), donde tratamos de fomentar el gran reto de analizar aspectos críticos sobre los procesos de cambios sociales. CALAS ha sido concebido como una red afín a la perspectiva de los Centros de Estudios Avanzados establecidos en distintas universidades del mundo y busca consolidarse como núcleo científico que promueve el desarrollo y la difusión de conocimientos sobre América Latina y sus interacciones globales. CALAS funciona en red, la sede principal, ubicada en la Universidad de Guadalajara (México), y las subsedes ubicadas en la Universidad de Costa Rica, Flacso Ecuador y Universidad Nacional de General San Martín en Argentina. Las instituciones latinoamericanas sedes están asociadas con cuatro universidades alemanas: Bielefeld, Kassel, Hannover y Jena; esta asociación fue impulsada por un generoso apoyo del Ministerio Federal de Educación e Investigación en Alemania.

La relevancia de estos libros, enfocados en el análisis de problemas sociales, trasciende linderos académicos. Se trata de aumentar la reflexión crítica sobre los conflictos más acuciantes en América Latina, como una contribución de primer orden para generar diálogos desde múltiples disciplinas y puntos de vista. Más allá de esto, el objetivo de estas publicaciones es buscar caminos para afrontar las múltiples crisis.

Como reconocidos analistas en sus respectivos campos de investigación, los autores nos invitan a ser copartícipes de sus reflexiones y a multiplicar los efectos de sus propuestas, a partir de su lectura.

Sarah Corona Berkin y Olaf Kaltmeier

Directores

Gerardo Gutiérrez Cham y Hans-Jürgen Burchardt

Codirectores

Índice

Agradecimientos

Introducción

Contextualización

Libertad de expresión en América Latina y México

Dos ideas clave para entender las violencias contra periodistas de frontera

La caja de herramientas

Límites de los modelos pensados para otras latitudes

El constante ir y venir

La dificultad de nombrar, el espacio local y la frontera

Periodistas de frontera. Múltiples desigualdades y violencias

Periodistas precarios/resilientes de frontera

Los periodistas combativos de frontera

Consecuencias en los espacios públicos microlocales

Resistencias

Mecanismos de protección desde las instituciones gubernamentales

Afrontando las crisis. Periodistas como actores del cambio

Palabras finales

Bibliografía

Entrevistas

Mesas y foros de discusión

Autora

Agradecimientos

Agradezco infinitamente y antes que a nadie al Centro Maria Sybilla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS), ya que su apoyo me permitió la concentración para realizar un análisis a profundidad sobre un tema que me apasiona y, sobre todo, ampliar el horizonte de estudio que en mis trabajos se había centrado en la violencia contra los periodistas en el estado mexicano de Veracruz.

En plena pandemia de la covid-19, el plan que se había establecido originalmente tuvo que modificarse, y los comentarios de los colegas fellows y los directivos de CALAS en los talleres del 4 de junio y del 15 de octubre de 2021 permitieron que el trabajo se enriqueciera y tomara un rumbo más claro. Las observaciones y sugerencias de Olaf Kaltmeier, Sarah Corona, Jochen Kemner, Pilar Riaño, Camilla Braga, Mariana Eva Pérez y Diana Negrín fueron invaluables en el primero de ellos; mientras que en el segundo la detallada lectura y agudos comentarios de Eduardo Restrepo, así como las preguntas y sugerencias de Gerardo Cham, Jochen Kemner y Sarah Corona definieron el carácter final del ensayo. Asimismo, las precisiones de Anne Huffschmid en mi presentación pública fueron de gran utilidad. Agradezco mucho a los dictaminadores anónimos que me sugirieron algunos cambios y mayor reflexión en ciertos puntos; eso dio pie a la versión definitiva que ahora se presenta. Un lugar muy especial merece Alberto J. Olvera, quien sin su apoyo este trabajo no se hubiera realizado con la misma profundidad. Él leyó las versiones preliminares y discutió conmigo una y otra vez las relaciones entre democracias y periodismo en América Latina. En la elaboración del trabajo, particular gratitud merecen los periodistas Antonio Mundaca, por una parte, con quien, en el transcurso de una entrevista, llegamos al concepto periodismo de frontera, que se retoma centralmente en este ensayo; y, por la otra, Pedro Matías, quien compartió conmigo los valores de la cultura zapoteca aplicados al periodismo. También agradezco a Primavera Téllez-Girón, Armando Chaguaceda, Johanna Cilano, Rubén González, Diego Noel Ramos Rojas, Alma San Martín y a Jorge Alberto Hidalgo, por la invaluable información con que me proveyeron.

De igual modo, agradezco el tiempo, la confianza y la disposición para compartir sus historias a Patricia Mayorga, Jade Ramírez, Natividad Ambrosio, Misael Habana, Alexia Ávalos, Víctor Leonel Juan Martínez, Mariana De Maio, Antonio Mundaca, Sarelly Martínez Mendoza, Violeta Santiago, Margena de la O, Pedro Matías y los periodistas que prefirieron no dar su nombre por razones de seguridad. Con cariño muy especial, agradezco a Guadalupe H. Mar y María Teresa Arroyo Gopar por permitirme acceder a sus entrevistas a periodistas de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río. Finalmente, mi enorme gratitud a mi querido Félix Márquez por su confianza al haberme facilitado las fotografías pertenecientes a su proyecto Vestigios sobre sus compañeros asesinados.

Introducción

En este ensayo abordo las desigualdades múltiples que condicionan los diferentes tipos de violencias que sufren los periodistas en América Latina, tomando como base el caso de México, por ser este el país en donde se ha asesinado a un mayor número de comunicadores en los últimos 22 años1 y, por ende, ser considerado como el país más mortífero del mundo para periodistas, situándose con relación a este indicador particular en el lugar 179 de 180 países (RSF 2022).

Centraré mi atención en los periodistas de frontera (concepto surgido como parte de una conversación con el periodista Antonio Mundaca), entendiendo como tales aquellos que ejercen esta profesión desde los márgenes no solo físicos o políticos de un territorio, sino también en un sentido económico, cultural y tecnológico. Los estudios e informes de organizaciones internacionales muestran que entre los periodistas que trabajan a nivel local se encuentra la mayor parte de las víctimas de las violencias hacia el gremio en América Latina, a diferencia de aquellos que trabajan en las grandes ciudades e incluso en las capitales de los estados.

Por supuesto que ha habido violencia contra periodistas importantes en las grandes ciudades, pero no ha sido la generalidad. En las décadas de 1970 a 1990, algunos de los atentados contra periodistas en Colombia, por ejemplo, se registraron en grandes ciudades, como Bogotá o Cali; en Nicaragua, Somoza ordenó el asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro en 1978; y en México, el asesinato de Manuel Buendía, periodista de primera importancia en 1984, es definido como el primer narcohomicidio de un comunicador.

Sostengo que no es posible entender las condiciones de los periodistas de frontera como un mero reflejo de lo que ocurre al gremio a nivel nacional o internacional, por más que los modelos generales que pretenden imponerse hagan énfasis en la importancia de las condiciones históricas, políticas y sociales de los espacios estudiados. En la práctica, las condiciones que se toman en cuenta son, en el mejor de los casos, las que prevalecen a nivel nacional, donde sin duda se presentan rasgos que son generalizables, pero otros muchos no lo son. Es por ello que mencionaré los modelos existentes y por qué estos no funcionan para explicar la violencia contemporánea contra periodistas en América Latina.

Para entender las precariedades y violencias que sufre esta parte del gremio, es preciso abordar los contextos de producción, circulación y recepción mediáticas y, sobre todo, los cambios que estos han experimentado en las últimas décadas. El factor político es particularmente importante: debemos partir del estudio de las formas en que el periodismo fue funcional a los regímenes autoritarios, y de qué modo las transiciones y la consolidación —o la actual regresión— de los regímenes democráticos afectaron y siguen afectando las maneras de hacer periodismo. En los procesos de transición democrática donde persisten estructuras autoritarias, los peligros para los periodistas han crecido, debido a los propios procesos de instauración, desarrollo y desencanto en estos regímenes políticos.

La democracia crea nuevos espacios públicos y liberaliza los mercados mediáticos. Pero este proceso no es homogéneo en el tiempo ni en el espacio. Nichos autoritarios sobreviven y nuevos factores de riesgo emergen de la propia fragmentación del poder, particularmente el poder territorial del crimen organizado.

El caso de México es, de nuevo, un ejemplo paradigmático. En los casi ochenta años de duración del gobierno autoritario del Partido Revolucionario Institucional, la violencia ejercida contra los periodistas no tuvo ni la misma visibilidad —las contabilizaciones sistemáticas iniciaron en 1970— ni la misma proporción, al menos si se parte de los ataques que se llegaron a conocer.2

Díaz contabiliza entre 1970 y 2000 —año de la transición democrática a nivel nacional— 78 periodistas asesinados o desaparecidos, aumentando progresivamente a lo largo de treinta años. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) es en el que más ataques de este tipo se realizaron: 27. A manera de comparación, vemos que solo en los primeros quince años del siglo XXI se contaron 74 (Díaz 2016, 88, 93 y 105). González de Bustamante y Relly (2021, 4) contabilizan entre 1982 y 1988 (en la administración de Miguel de la Madrid) a más de treinta periodistas asesinados, y durante el sexenio de Carlos Salinas (1988-1994) registran 46 ataques fatales. Llama la atención que en los cuatro años que corren de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta diciembre de 2022, han asesinado a 55 periodistas (recuento personal a partir de análisis hemerográfico), aunque otras contabilizaciones suben el número aún más.

Hasta antes del año 2000, los mecanismos de control eran la cooptación, en primera instancia, y los diferentes grados de coerción que solo llegaron a la violencia en casos específicos. La cultura periodística de sumisión al poder, que se distinguía por la autocensura y la censura, evitó que las agresiones fueran mayores. En los años anteriores a la transición democrática, el periodismo fue una especie de apéndice del gobierno, sirviendo a sus propósitos propagandísticos, como han demostrado diversos estudios (Bohman 1989, Rodríguez 1993, entre otros muchos); la captura de los medios por el poder era prácticamente absoluta. El poder centralizado en la figura presidencial y replicado en las figuras de gobernadores afines creó mecanismos para evitar confrontaciones directas con periodistas, que eran dóciles gracias las dádivas o a la coerción en los casos más extremos. La prensa era funcional al régimen porque dependía casi enteramente de él.

No obstante, a lo largo de la historia contemporánea, siempre existieron periodistas que se resistieron al control gubernamental —es el caso del diario Excélsior, bajo la dirección de Julio Scherer entre 1968 y 1976— o a nivel local, diarios económicamente independientes como El Norte en Monterrey, El Informador en Guadalajara, El Imparcial en Hermosillo, Diario de Yucatán en Mérida, AM en León y El Diario de Xalapa (antes de su incorporación a la Organización Editorial Mexicana), los cuales podían hacer críticas a los gobiernos estatales o locales, y que tuvieron un papel importante en las transiciones partidarias que se dieron antes a nivel local (Gillingham 2018; Garza 2022).

Sin embargo, no fue sino hasta la década de 1980 cuando surgió una prensa más crítica en la capital del país. A raíz de diversos factores, como una creciente crisis económica, la falta de acción de las autoridades frente al terremoto que destruyó una parte importante de la Ciudad de México y las elecciones presidenciales de 1988, en las que se sospechó un fraude en contra del candidato de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, la sociedad mexicana inició movilizaciones y, como parte de ellas, surgió una prensa crítica, en la que tuvo mucho que ver el cisma en el Excélsior en 1976, del que surgieron el semanario Proceso, el diario Uno más uno y, posteriormente, La Jornada.

“Medios cívicos”, los llama Hughes (2006), que comenzarían a ejercer, en la medida en que les fue posible, la función de “perro guardián” de la democracia y vigilante de las acciones del gobierno. Es en las décadas de 1980 y 1990 cuando González de Bustamante y Relly sitúan una mayor apertura periodística en el norte de México, con el establecimiento de Zeta en Tijuana en 1980 y el giro que le dio Alejandro Junco de la Vega a El Norte, diario fundado en 1938 en Monterrey (González de Bustamante y Relly 2021, 26). Y fue por esa actitud combativa que Junco de la Vega tuvo que exiliarse con su familia en los Estados Unidos en 2008, y que dos periodistas de Zeta fueron violentados: Héctor “el Gato” Félix Miranda, asesinado en 1988, y Jesús Blancornelas, quien sufrió un atentado en 1997.

Con el ascenso a la presidencia de Vicente Fox Quesada en el año 2000, el poder casi omnímodo del presidencialismo mexicano y del histórico partido hegemónico se vino abajo. Comenzó así una fragmentación del poder, un ascenso en la influencia de los gobernadores que tuvieron mayor cantidad de recursos y que podían ejercer con mayor libertad, y un rejuego más complejo de alianzas donde participaron también los medios de comunicación (Del Palacio 2018a).

La actividad de los grupos criminales ligados al narcotráfico es de larga data en el país, como lo son los cacicazgos asentados en diversas regiones. Sin embargo, solo de manera excepcional,3 pueden contarse casos de agresiones contra la prensa por parte de estos grupos o en colusión de estos con las autoridades, antes de la llamada “guerra contra el narco” que anunciara el presidente Felipe Calderón en 2006, movilizando a las fuerzas armadas de manera importante, y que se ha prolongado como una guerra civil económica (Schedler 2015). Han pasado ya 16 años y, aunque una de las promesas de campaña del actual presidente Andrés Manuel López Obrador fue regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles, lo que ha ocurrido durante su sexenio es una creciente militarización de la seguridad pública. La presencia de estas fuerzas no entrenadas para cumplir estas tareas ha redundado en una mayor cantidad de violaciones a derechos humanos y violencia contra población civil, incluidos los periodistas.

Esta suma de factores —fragmentación del poder, tanto político como de los grupos criminales, crecientes alteraciones en los mercados mediáticos, mayor autonomía política de los periodistas y persistencia de nichos autoritarios a nivel subnacional— aumentó considerablemente los riesgos contra los periodistas en México, gremio de por sí precarizado.

En América Latina, las circunstancias fueron distintas: las dictaduras en diversos países tuvieron como resultado agresiones a periodistas. Argentina fue el caso más extremo y contó, entre 1973 y 1979, 123 periodistas muertos y desaparecidos. Brasil contó 23 entre 1970 y 1976; Chile, entre 1973 y 1976, contó 26; y Guatemala, entre 1970 y 1979, contó 19. En Colombia, en la década siguiente, como resultado de las guerrillas y la expansión del crimen organizado, hubo 44 periodistas asesinados y desaparecidos. En El Salvador, en ese mismo lapso y por la misma razón, se contaron 36 periodistas asesinados y desaparecidos, mientras que en Guatemala se contaron 62 casos y en Perú 24 (Díaz 2016, 49).

En las siguientes dos décadas (1990-1999 y 2000-2009), Colombia siguió ocupando el triste primer lugar, con 64 y 53 periodistas asesinados y desaparecidos. Entre 1990 y 1999, Brasil tuvo 20, Guatemala 21, Perú 27 y Venezuela 4. En la década de 2000 a 2009, 19 periodistas fueron asesinados o desaparecidos en Brasil y 16 en Guatemala. Finalmente, en el periodo de 2010 a 2015, Honduras tuvo 46 periodistas muertos o desaparecidos, Brasil 35, Colombia 16, Paraguay 7, Perú 6, República Dominicana 4 y El Salvador y Ecuador 3 (Díaz 2016, 50-51).

En los años posteriores, la inestabilidad y fragmentación del poder en algunas democracias frágiles —como son los casos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Paraguay—, las medidas tomadas por gobiernos populistas, como el de Ecuador y Bolivia, y el giro autoritario de países, como Venezuela y Nicaragua, han hecho que aumenten los riesgos de los periodistas y que se vulneren las libertades de expresión e información. El debilitamiento creciente de la sociedad civil, de por sí frágil, aunado a otros factores, como la violencia criminal, la precariedad laboral y la desigualdad económica, afectan a toda la población latinoamericana y contribuyen a la vulnerabilidad de los comunicadores. Abundaré en ello más adelante. En un informe reciente de Reporteros sin Fronteras (RSF), se registraron 134 periodistas asesinados entre 2012 y 2021 en México, Brasil, Honduras y Colombia (RSF 2022a).

Los cambios tecnológicos, la crisis en el modelo de negocio, la precarización del trabajo y la concentración mediática han conducido a la crisis mundial del periodismo, y esta ha impactado de manera particular a América Latina. Por otra parte, los cambios de reglas inducidas por la democratización en los regímenes políticos latinoamericanos han influido en los mercados mediáticos y en la precarización creciente de los periodistas.

En el caso de México, las restricciones crecientes a los presupuestos destinados a la publicidad gubernamental, tanto a nivel nacional como subnacional, han llevado al cierre de muchos medios cuyo principal cliente era el gobierno. En otros países, mencionados con anterioridad, la creciente precarización de los periodistas está relacionada con el endurecimiento de la censura y el cierre de medios críticos. Todo ello se ha complicado por la creciente polarización y la violencia simbólica ejercida por parte de mandatarios en Brasil, El Salvador, Nicaragua y México, a través de los ataques reiterados que se hacen a los periodistas desde la cumbre del poder, los cuales han derivado muchas veces en censura de multitud (mob censorship) a través de redes sociales (Weisbord 2020), e incluso en ataques físicos a ciertos periodistas.

Al considerar estos factores (gran desigualdad política y cultural, acceso diferenciado a medios, espacio cívico débil que afecta a toda la población y que se agrava en las zonas de frontera), puede verse que los periodistas latinoamericanos, en particular en el caso mexicano, han fungido como intermediarios entre una ciudadanía precaria y heterogénea y Estados cuyas reglas en relación con los medios han cambiado, en el contexto de mercados mediáticos que ya no pueden depender únicamente de los grupos de poder, y que no cuentan con consumidores en gran escala. Esto ha conducido a que los periodistas vivan en un riesgo mayor y en una mayor precariedad estructural. Si estos factores afectan al gremio en América Latina —en mayor o menor medida, en diferentes momentos y circunstancias—, en las zonas que he llamado “de frontera”, la situación se agrava y pueden analizarse de manera más clara.

Muchos comentaristas, miembros de organizaciones de la sociedad civil y académicos coinciden en señalar el mayor riesgo en el que se encuentran los periodistas locales; sin embargo, no se ha hecho un estudio sobre las maneras en que los factores señalados influyeron en las precariedades y violencias de los periodistas de frontera, así como el modo en que ellos han afrontado las desigualdades y las violencias con acciones de resistencia y resiliencia, ante la incapacidad del Estado para salvaguardar su integridad física y proteger su oficio. Esa es la propuesta de este trabajo. Se aborda, ante todo, el caso de los periodistas de frontera en México, buscando, más que la comparación, los hilos conductores que llevan comprender la situación y posibles similitudes con los periodistas de otras fronteras en América Latina.

Sostengo que los periodistas de frontera no pueden ser analizados con los modelos que se han usado hasta ahora, incluidos aquellos que suponen que el riesgo es igual para todos. Adoptaré otros marcos: los acercamientos de Das y Poole (2008) sobre los márgenes del estado, el concepto de esfera pública, adaptado a espacios microlocales (Olvera 1999), y los acercamientos de Long (2007), para caracterizar a los periodistas como actores capaces de enfrentar las crisis. Para estudiar las precariedades múltiples que sufren los periodistas, tomo como base el triángulo de la violencia de Galtung (2004), que considera dichas precariedades como formas de violencia estructural y simbólica, las cuales preceden a la violencia directa.

Tomé como fuente quince entrevistas a profundidad hechas a través de Zoom a periodistas y académicos de Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz; y a nivel latinoamericano, con académicos de El Salvador, Paraguay y Cuba. En el caso de los periodistas, elegí a aquellos que no ejercieran su función en las capitales de los estados, ya que incluso a nivel subnacional se repite el patrón de centralización y desigualdades con relación a los periodistas que trabajan fuera de las ciudades más grandes. Abordé la escucha como un acto político y un modo de establecer, hasta donde fue posible, un método horizontal de acercamiento que no considerara a los periodistas como “objetos de estudio”, sino como actores con propuestas y reflexiones concretas sobre su situación (Rufer 2012; Corona y Kaltmeier 2012; Corona 2019). Como resultado de algunas de esas charlas, logré definir conceptos clave.

Como fuentes secundarias, tomé las entrevistas realizadas por mí y mi equipo a 56 periodistas de Tabasco, Tamaulipas, Chiapas y Veracruz, entre 2014 y 2018, y notas del proceso de observación participante en dichos estados en el mismo periodo.4 Como complemento, hice ocho entrevistas a periodistas locales en Jalisco entre octubre de 2021 y noviembre de 2022. También se tomaron en cuenta diez entrevistas realizadas por Guadalupe Mar y Teresa Arroyo a periodistas, específicamente sobre la covid-19 en los primeros meses de 2021 en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río. También consideré las entrevistas hechas a una gran cantidad de periodistas en mesas redondas y eventos académicos destinados a visibilizar sus precariedades y violencias y a analizar las relaciones entre democracia y periodismo en América Latina. Finalmente, incluí como fuentes las narrativas hechas por periodistas sobre sus colegas: los textos de Ignacio Carvajal, Témoris Grecko y los incluidos en el memorial virtual Matar a nadie.

Busqué indagar también en los límites de “lo decible” e incorporé algunas fotografías sobre objetos usados por los periodistas asesinados en Veracruz, para mostrar su cotidianidad y la cercanía o lejanía que podemos tener con sus vidas, más allá de los relatos que se han hecho de la violencia ejercida en su contra. Félix Márquez, un periodista que sufrió violencia y tuvo que exiliarse, es el autor del proyecto Vestigios; con autorización de los familiares, captó las imágenes y me las facilitó. La esfera pública también está compuesta por lo que no puede ser dicho, y es ahí donde surgen resistencias, resiliencias y actores clave (Butler 2006); es particularmente importante que sea un periodista quien haya tomado esas fotos de objetos de colegas a los que apreció y admiró en vida.

Este es apenas un intento de acercarse a las precariedades y violencias que sufren los periodistas de frontera. En el contexto de la pandemia de covid-19 y el peligro existente en las crecientes zonas de silencio, no pude acercarme físicamente a las personas ni a las comunidades para crear verdaderos lazos de empatía, por más que con algunos de ellos hubo lazos establecidos anteriormente. Mucho queda por hacer en futuros acercamientos a este tema.

El trabajo está constituido por seis apartados. En el primero se presenta la introducción. En el segundo apartado se realiza una contextualización general sobre la libertad de expresión en América Latina y México y dos ideas clave para entender las violencias contra periodistas: las desigualdades múltiples y el reparto inequitativo del riesgo. El tercer apartado es una sección teórico-metodológica en la que se hace una crítica a los modelos existentes para explicar las violencias contra periodistas y donde se expresa la manera de proceder: el constante ir y venir, así como las dificultades para conceptualizar a los actores con los que nos embarcamos en este viaje, tomando en cuenta su potencialidad para nombrarse a sí mismos, para entenderse a sí mismos. El cuarto es un apartado de análisis de las múltiples desigualdades y violencias que recaen sobre los periodistas de frontera, tanto los precarios como los combativos. En el quinto capítulo abordamos las consecuencias que estas violencias tienen sobre los espacios públicos locales que se vuelven zonas silenciadas. El sexto apartado es una sección sobre las resistencias de estos trabajadores, que no deben verse como víctimas inermes, sino como actores con capacidad de agencia frente a la incapacidad e inactividad de las autoridades. Finalmente, el séptimo apartado contiene las conclusiones a las que llegué después de esta exploración que no es definitiva, sino apenas el comienzo.

1 Del año 2000 a diciembre de 2022, Artículo 19 documentó 153 asesinatos de periodistas en México, siendo el estado de Veracruz el más afectado, con 31 asesinatos (Artículo 19 2022a).

2 Un exhaustivo recuento de los asesinatos de periodistas en México desde el porfiriato es el importante libro de Carlos Moncada Ochoa (2012).

3 El caso paradigmático es el crimen cometido contra Manuel Buendía, periodista de alto perfil, en 1984, y los ya mencionados Junco de la Vega, exiliado en 2008, Héctor Félix, asesinado en 1988, y Jesús Blancornelas, atacado en 1997. Según Santiago Gallur, citado por González de Bustamante y Relly (2021, nota 54), el semanario Proceso inició la cobertura del tráfico de drogas a fines de la década de 1980 y principios de los 90; mientras que en otros periódicos de la frontera norte también se cubría el tema a mediados de los 80. Ernesto Flores Torrijos y Norma Alicia Moreno Figueroa, editor y columnista respectivamente del periódico El Popular, fueron asesinados frente a la oficina del medio en Matamoros, Tamaulipas, en 1986 (González de Bustamante y Relly 2021, 24). Existen otras muchas víctimas de caciques locales y de las fuerzas armadas, particularmente en los años de la guerra sucia. Cfr. Moncada (2012).

4 Pueden leerse resultados de dichas entrevistas en Del Palacio (2018a y 2018b).

Contextualización

Libertad de expresión en América Latina y México

La libertad de expresión parece estar crecientemente limitada en el mundo. Así lo han afirmado los reportes anuales de las organizaciones internacionales como RSF y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Los periodistas María Ressa y Dimitri Muratov,5 que recibieron en octubre de 2021 el Premio Nobel de la Paz, han visibilizado la situación en países como Filipinas y Rusia (The New York Times 2021), y el CPJ reportó la mayor cantidad de periodistas prisioneros en el mundo en 2020: 274 (The New York Times 2021). La organización sueca V-Dem Institute, que se ocupa de rastrear los indicadores de la democracia, en su reporte de 2020 afirmó que la censura a medios y la represión a la sociedad civil son el primer movimiento hacia la autocracia y una advertencia de lo que estaba entonces por venir (V-Dem Institute 2020). En su informe de 2022 hablan ya de un aumento en el número de autocracias cerradas a lo largo de 2021 (V-Dem Institute 2022, 9). Esto denota la importancia de estudiar a fondo el tema de la violencia contra periodistas y las limitaciones a la libertad de expresión.

Abordar la violencia contra periodistas en América Latina implica entender que uno se encuentra frente a una “geografía desigual, una profesión irregular, en ocasiones intervenida, contaminada, comprada, corrupta” (Díaz 2016, 35); significa enfrentar cifras incompletas, contabilizaciones con variados criterios, que abarcan diversas periodicidades, las cuales impiden las comparaciones claras, y la ausencia de datos precisos para determinar causas de agresiones. Se sabe que las contabilizaciones sobre cualquier tipo de violencia (homicidios dolosos, desaparición forzada, etc.) son engañosas, y difícilmente pueden ser confiables.6

Se ha hablado de una “anomalía latinoamericana”, debido a que las agresiones contra comunicadores han sido una constante en la región y han continuado aún después del establecimiento de regímenes postautoritarios. Si en la década de 1970 esta violencia se atribuyó al terrorismo de Estado en algunos países, en las siguientes se relacionó a las luchas armadas, y en los últimos años al crimen organizado y la corrupción, que operan con la connivencia de los gobiernos formalmente democráticos. El resultado es la impunidad.

Desde los primeros años del siglo XXI, los regímenes postautoritarios han propiciado un ambiente favorable para los ataques a los periodistas, debido a que, durante los procesos de instauración de estos, hubo una creciente resistencia de los poderes fácticos a la transparencia y a la crítica (Díaz 2016). Otros autores dicen que es porque en regímenes democráticos “no se han instalado las condiciones necesarias para ejercer un periodismo crítico y libre y, si bien formalmente puede estar garantizada la libertad de prensa, existen controles políticos que se activan cuando se publican reportajes incómodos para el poder”, sobre todo en el ámbito local (Salazar 2022, 17). Factores como la incapacidad de las democracias realmente existentes (incompletas, híbridas, inseguras, no consolidadas y la más reciente denominación: polarizadas)7 de cumplir la misión de monopolizar el uso de la fuerza, así como la falta de rendición de cuentas sobre las agresiones (Weisbord 2002; Voltmer 2013) también han sido analizados.

Como parte del proceso aún incompleto de transición a la democracia, el reciente surgimiento de regímenes populistas con tendencias autoritarias en varios países latinoamericanos (De la Torre 2013; Cameron 2018; Levitsky y Way 2004) ha contribuido a crear un ambiente de agresiones de baja y mediana intensidad hacia los comunicadores críticos, y al establecimiento de leyes y decretos que limitan la libertad de expresión, como son los casos de El Salvador, Bolivia y Nicaragua.

En El Salvador, Bukele transformó los medios públicos en medios estatales, canales de propaganda gubernamental. También creó un diario impreso y digital que es de propaganda oficialista y se maneja con financiamiento estatal, por lo que su precio es sumamente bajo en comparación con los demás: solo 15 centavos. Según una encuesta reciente, solo el 5.7 % de la población que accede a medios lee la prensa, y solo el 2.7 % de esos lectores accede a medios independientes. Aun así, hubo un cambio en la ley de transparencia para poner en reserva una gran cantidad de información (Alexia Ávalos, entrevista 6 de agosto de 2021).

En El Salvador, las agresiones a periodistas han ido en aumento a través de redes sociales: desde enero de 2021 ha habido 153 vulneraciones que incluyen acoso en Twitter, Facebook, correo electrónico y llamadas telefónicas amenazantes. Con estas acciones, se percibe una necesidad de limitar el ejercicio periodístico: al mexicano Daniel Lizárraga de El Faro se le pidió salir del país porque no tenía permiso para ser periodista. Aunque sí hay una acreditación oficial por parte de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), muchos periodistas no están agremiados, por lo tanto, no hay manera de acreditarse, y se entendió que había más razones políticas que profesionales para la solicitud de exilio.

A otro periodista, Román Olivier Grassier, también de El Faro, le negaron la entrada, aprovechando que estaba temporalmente fuera del país. Ellos siguen trabajando desde fuera. En octubre de 2020, Bukele anunció que abriría una investigación a este órgano crítico por presunto lavado de activos y acusó a otros medios, como Revista Factum, Gato Encerrado y La Prensa Gráfica, de mentir y atacar a su gobierno (CPJ 2020). El gobierno ha cancelado también varios programas televisivos que criticaban al estado. Las televisoras les negaron el espacio, que se contrataba de manera independiente. Aunque algunos siguen trasmitiendo en internet, los espacios de debate se han ido cerrando gradualmente.

El Salvador es un país que tiene sus propias características y, por su tamaño, una enorme centralización: los medios de la capital son medios nacionales. Solo algunas radios comunitarias funcionan con otros parámetros y están unidas en la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (Arpas). En los espacios locales, no hay lugar para la autonomía: los alcaldes son dueños de los medios (Alexia Ávalos, entrevista 6 de agosto de 2021).

Se han dado otras restricciones para reforzar los controles contra el lavado de dinero, que se han usado en contra de las organizaciones de la sociedad civil, a las cuales se pretende demonizar y, en consecuencia, se ha creado una comisión especial para investigarlas; además de las amenazas que el mismo presidente Bukele ha hecho contra ellas en televisión nacional. Aunque hay varias asociaciones de protección contra periodistas y defensores, como la APES, la procuraduría de derechos humanos y la universidad, además de conformarse una mesa de derechos para periodistas en comunicación con relatorías especiales de libertad de expresión, la efectividad de los mecanismos es limitada, sigue habiendo sanciones contra la prensa como reacciones a las acciones incómodas al poder (Saúl Baños en GAPAC 2021). La más reciente de esas medidas es la aprobación de la llamada Ley Mordaza el 4 de abril de 2022. Según esta ley, ningún medio de comunicación puede difundir mensajes presuntamente favorables a las pandillas, para no crear zozobra. La APES calificó las medidas como censura (Labrador y Gavarrete 2022).

En Bolivia a lo largo de 2019 se dieron ataques constantes a la prensa y hubo censura a ciertos periodistas críticos. Algunos de ellos, como Amalia Pando que protagonizaba noticieros y programas de comentarios políticos, fueron vetados de las cadenas de televisión, y ahora transmiten sus programas por internet. Los periodistas acusan la existencia de una campaña gubernamental contra los medios, que incluye el desprestigio, amenazas de retirar la publicidad oficial o vetos directos a ciertos periodistas. Esto ocurre tanto en la capital como en otras ciudades, por ejemplo, Santa Cruz (CPJ 2019a).

En Nicaragua, Daniel Ortega está ejerciendo un régimen claramente autocrático. Se han documentado graves violaciones a derechos humanos y serias restricciones del espacio cívico. Se ha apresado a miles de periodistas, además de los candidatos presidenciales de otros partidos: se ha desmantelado a la oposición. Más de diecisiete periodistas y defensores de derechos humanos tuvieron que salir para trabajar desde el exilio (Amarú Ruiz en GAPAC 2021). El diario La Prensa, el más antiguo y prestigioso del país, despidió en septiembre de 2021 a más de la mitad de sus trabajadores, después de que la policía tomó las instalaciones el 13 de agosto de 2021. Las autoridades detuvieron al director y congelaron las cuentas bancarias del diario. Actualmente publica con su equipo desde el exilio. Otros medios ya habían sido allanados por la policía: es el caso de la revista Confidencial, cuyo director Carlos Fernando Chamorro tuvo que exiliarse (Salinas 2021),8 al igual que más de cien periodistas desde 2018 (Rodríguez 2022).

El periodista Álvaro Navarro define la situación del gremio en Nicaragua como de “alto riesgo”. Las amenazas están relacionadas con tres nuevas leyes sobre ciberdelitos,9 sobre agentes extranjeros y la “Ley del Pueblo” o de traición a la patria,10 aprobadas por el gobierno a fines de 2020. El acoso a los comunicadores incluye espionaje y hostigamiento a sus familias e incluso el arresto, como fue el caso de Miguel Mendoza, crítico del régimen; además de amenazas a sistemas de cable para que no otorgaran espacio a canales locales, entre otros.11 Todo esto ha provocado autocensura, publicación de artículos sin firma y disminución de las fuentes o utilización de fuentes anónimas, lo cual vuelve a los periodistas más vulnerables a ser acusados de publicar noticias falsas. Uno de los golpes más fuertes contra los medios en aquel país fue el cierre de diecisiete medios cancelados —radios, en su mayoría locales, y televisoras— solo en los primeros quince días de agosto de 2022 (Castillo 2022). Sin embargo, a pesar de todos los intentos del gobierno, los periodistas críticos no se han silenciado por completo (Miranda 2021).

El caso de Cuba merece un análisis especial: debido a que no hay muertes de periodistas, parece que las vulneraciones a los derechos humanos y la libertad de expresión no son tan graves, sin embargo, se ha sometido a los comunicadores y activistas a la muerte civil, secuestros, torturas y encarcelamiento ilegal. El estado de excepción permanente pretende justificar los ataques al periodismo independiente, ya que el control del Estado sobre la información quiere ser absoluto. Allí se obliga a los periodistas a registrarse en un colegio y, con ello, el gobierno se arroga la facultad de autorizar o no a las personas que pueden ejercer la profesión.

Las leyes de excepción de 1999 permiten conceptualizar al periodismo independiente como “propaganda enemiga”, incluso en el plano digital, a pesar de las medidas que permitieron a partir de 2008 una mayor apertura para medios digitales (que comenzaron a surgir en 2001), es decir, la legalización de la compra de líneas de telefonía celular y el relativamente creciente acceso a internet, que está controlado por el Estado y sigue siendo “un espacio de vigilancia y amedrentamiento estatal” (Artículo 19 2020c, 9).

Los medios digitales independientes en Cuba han ejercido un “periodismo contencioso” (Celecia 2020). Sin embargo, recientemente han abundado las vejaciones a los periodistas: “allanamientos, decomisos, aislamiento, detenciones arbitrarias, regulaciones excesivas y desproporcionadas de movilidad externa e interna, tortura (incluso sexual), la muerte social y el ostracismo” son algunas de ellas. En octubre de 2022, el hostigamiento del régimen a periodistas críticos (muchos de ellos publican en los medios digitales que Celecia consignó en 2020) escaló a un nuevo nivel: se obligó a periodistas críticos a confesar ante una cámara, durante sus detenciones, el ser agentes propagandísticos de Estados Unidos a fin de dejarlos salir del país, y esas confesiones se trasmitieron en televisión nacional.12

Honduras ha sido históricamente uno de los lugares donde más se ha agredido a los periodistas, y el espacio cívico existente en la actualidad es muy limitado. Existe un nuevo código penal (2020) para utilizar la fuerza del Estado contra la gente que se manifiesta, en particular el delito de “perturbación del orden público y asociación terrorista”. En medio de estas manifestaciones es que se ha ejercido una violencia pulsional contra los periodistas que se encontraban cubriéndolas. Esto viene a agravar la situación de la libertad de expresión en un país donde 96 periodistas han sido asesinados desde 2001, cinco de los cuales fueron agredidos fatalmente durante 2022.

Se ha instalado igualmente una campaña de descrédito a los periodistas y defensores de derechos humanos, sobre todo contra “periodistas que atentan contra el desarrollo o atacan al presidente”. También se registraron otras formas de represión subliminales, como las auditorías contra las organizaciones de la sociedad civil para obligarlas a un cierre temporal, o la acusación de usar dinero de grupos delictivos. Como ha ocurrido en otros países, el Estado ha dividido a la prensa con canonjías y corrupción. A pesar de la difícil situación, los periodistas se están reuniendo en redes y están recibiendo capacitación para fomentar la libertad de expresión (Diana Meza en GAPAC 2021; Artículo 19 2020c). El emprendimiento más reciente y relevante es la Red Centroamericana de Periodistas, creada el 4 de noviembre en Guatemala en el Foro Centroamericano de Periodismo, convocado por el medio salvadoreño El Faro (Rodríguez 2022).

Guatemala, por su parte, tiene un largo historial de agresiones contra la prensa y los defensores de derechos humanos. Actualmente, es uno de los países donde también el espacio cívico es limitado. Se ha conceptualizado a las organizaciones de la sociedad civil como enemigas del Estado y se han emitido leyes que complican la burocracia y la operación de estas, con lo que se dificulta crear una asociación civil y recibir dinero del extranjero. Esto en un contexto en el que los medios tradicionales perdieron terreno y los independientes reciben multitud de ataques, incluso represión física. Se ha articulado una campaña muy compleja para generar la muerte cívica, difamando a los periodistas. Los ataques son de baja intensidad, a fin de que estos no trasciendan (Édgar Ortíz en GAPAC 2021; Artículo 19 2020c). En julio de 2022, las autoridades detuvieron a Rubén Zamora, presidente de El Periódico, por presunto chantaje, tráfico de influencias y lavado de dinero; también allanaron las oficinas del diario, impidiendo la comunicación a los trabajadores. Este es un medio crítico que ha denunciado la corrupción existente en el gobierno de Giammattei (Salinas 2022).

Venezuela pasó desde hace unos años a ser un régimen autocrático, y en ese contexto se han dado graves afectaciones a los derechos humanos y la libertad de expresión. Entre ellas, la judicialización de casos contra periodistas y defensores de derechos humanos. Se criminaliza a las organizaciones de la sociedad civil por tener donantes de fuera, en particular de Estados Unidos, y se les obliga a inscribirse en una oficina antiterrorismo. Muchos periodistas van a la cárcel, al menos por horas. Las regiones fuera de la capital son las más desprotegidas: no hay periodismo impreso porque no hay papel y, por tanto, la falta de información es grave. La radio está censurada, de tal suerte que algunos programas se trasmiten a través del internet, aunque la calidad de este servicio es muy mala (Laura Louza en GAPAC 2021).

Con relación a ese último punto, entre 2003 y 2022 se han cerrado en Venezuela 233 estaciones de radio y televisión, que es más de la mitad de los medios del país. En 2007 cerró el canal de televisión Radio Caracas, el más antiguo del país y acérrimo crítico del régimen, con el argumento de que sus dueños querían derrocar al gobierno. Solo en 2022, el gobierno de Maduro clausuró 79 emisoras, la mayoría regionales (en 16 de los 24 estados del país: el 66 % del territorio). No hay razones explícitas, ni citaciones, ni procesos judiciales, y en muchos casos simplemente no se les renuevan las licencias de operación (Moleiro 2022).

Perú sufrió la mayor cantidad de ataques del siglo a la prensa en el año 2020, en el contexto de la pandemia, la crisis política y las elecciones presidenciales. Un número importante de ataques ocurrió durante las protestas en el contexto electoral (Deutsche Welle 2021; Federación Internacional de Periodistas 2021), aunque también hubo ataques en otros contextos, en los cuales se utilizó el arma de las denuncias judiciales.

Otros países, como Paraguay, sufren la violencia contra periodistas, particularmente en la zona de la triple frontera. La concentración mediática en tres grupos de poder no ayuda en absoluto a las condiciones laborales de los trabajadores de medios, que sufren miedo, autocensura por riesgos y precariedad laboral. El clientelismo está naturalizado: la mayor parte de los periodistas, además de su trabajo en medios, son empleados del gobierno o reciben coimas para favorecer a ciertos actores gubernamentales, ni siquiera en empresas periodísticas consolidadas, sino incluso en perfiles de Facebook creados para tal fin (De Maio 2021). En septiembre de 2022, el periodista radiofónico Humberto Coronel, quien informaba sobre corrupción y narcotráfico, fue ultimado con un arma de fuego, tras haber recibido amenazas, en la ciudad de Juan Caballero, situada en la frontera con Brasil.

En Chile, un proyecto reciente sobre precariedad reporta que los periodistas reciben presiones (el temido telefonazo) por parte de las autoridades, sobre todo fuera de la capital. El miedo no es causado por la inminencia de ataques físicos, pero sí por la posible cancelación de contratos publicitarios y la pérdida de credibilidad (Grassau y Porath 2021). La primera comunicadora asesinada desde el fin de la dictadura fue Francisca Sandoval. Ocurrió mientras cubría una marcha para un medio comunitario el 2 de mayo de 2022, donde le disparó un civil armado. Murió diez días después en el hospital como consecuencia del ataque.

Las diversas condiciones de la democracia en los países de América Latina hacen muy difícil la homogeneización y generalización. Reitero que este no es el único factor que incide en los ataques a la prensa y al Estado que guarda la libertad de expresión en cada país. Para entender mejor la situación, habrá que analizar también —entre otros factores además de las condiciones políticas— la concentración mediática existente en cada país, el grado de captura de los medios por parte de los poderes constituidos y fácticos, la precariedad laboral del gremio, el nivel de profesionalización de los periodistas, el grado de desigualdad económica y social, la existencia de otras violaciones a derechos humanos y los niveles de violencia, inseguridad o conflictos preexistentes (Márquez-Ramírez 2023).

Como demuestran informes internacionales, por ejemplo los de RSF, V-Dem Institute y Civicus, la libertad de expresión en América Latina presenta serias limitaciones en la mayor parte de los países de la región. Muestra de ello es el mapa 2020-2021 de RSF.13 Cabe señalar que en el mapa de 2022, los perfiles de algunos países son distintos a la anterior clasificación debido al cambio en los indicadores de esa organización,14 ya no hay países coloreados en negro. A partir de ese mapa, proponemos la siguiente clasificación.

Tabla 1. Clasificación del estado de la libertad de expresión en los países de América Latina 2021-2022

Lugar en la puntuación global
entre 180 países

Países

Entre 173 y 159 (rojo intenso)

Cuba, Venezuela, Nicaragua
y Honduras

Entre 145 y 112 (naranja intenso)

México, Guatemala, Colombia,
El Salvador y Bolivia

Entre 110 y 52 (beige)

Brasil, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Haití y Surinam

Entre 49 y 27 (amarillo)

Argentina, Guyana, Belice, República Dominicana y Uruguay

Menos de 10 (verde)

Costa Rica

Fuente: Elaboración propia con base en https://rsf.org/es/clasificacion?year=2022.

Otra manera de clasificar las condiciones políticas del ejercicio de los derechos civiles en los países de América Latina ha sido a través del concepto de espacio cívico, que va más allá de la sola libertad de expresión. A pesar de no tener una definición específica, el concepto abarca varios aspectos:

El espacio cívico abierto o sano implica que la sociedad civil y los individuos tengan la posibilidad de organizarse, de participar y comunicar sin impedimentos y que, en este empeño, puedan influir en las estructuras políticas y sociales que los rodean. Estas tres libertades fundamentales —de asociación, de reunión y de expresión— establecen los límites del espacio cívico (Civicus 2020).

La protección del espacio cívico es obligación del Estado. Es su deber evitar las intromisiones de actores no estatales en los espacios de opinión, el control de las voces. En América Latina solo Uruguay, Surinam y algunas islas del Caribe son espacios abiertos. Se considera como un espacio cívico abierto aquel en donde el Estado permite y salvaguarda el disfrute del espacio cívico para todos. Los niveles de miedo son bajos, porque cualquier ciudadano puede recibir y distribuir información sin ninguna restricción legal o en la práctica. Tiene autoridades tolerantes a la crítica de la sociedad y provee espacio y plataformas para un diálogo abierto y robusto con el público. La policía protege a los manifestantes y las leyes se adhieren a la legislación internacional. Los medios son libres, el contenido no está censurado y los ciudadanos tienen acceso fácil a la información gubernamental (Civicus 2020).

Los demás países van desde tener espacios cívicos limitados hasta los cerrados. Argentina, Guyana, República Dominicana y Belice tienen espacios cívicos limitados. Son aquellos en donde el Estado permite a las organizaciones de la sociedad civil ejercer sus derechos a la libertad de asociación para conseguir diversos fines, pero en ocasiones esta libertad se ve impedida por hostigamientos, arrestos, ataques contra aquellos actores muy críticos al poder. Hay protestas pacíficas, aunque a veces las autoridades niegan el permiso, con el pretexto de preocupaciones por la seguridad. A veces hay fuerza excesiva, gas lacrimógeno y balas de hule usadas contra los que protestan en paz. Los medios pueden diseminar información sobre muchos temas, aunque el Estado mina la libertad de expresión a través de fuertes regulaciones o ejerciendo presión sobre los dueños de los medios (Civicus 2020).

Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Haití, Guatemala y El Salvador son los países que esta organización considera como espacios cívicos obstruidos. Lugares en donde hay una lucha de los poderosos para imponer una combinación de restricciones legales y prácticas al disfrute de los derechos fundamentales. Existen las organizaciones de la sociedad civil, pero las autoridades las socavan a través de la vigilancia ilegal y el hostigamiento burocrático, y desprestigiando sus declaraciones públicas. Los ciudadanos se pueden organizar y reunir pacíficamente, pero son vulnerables ante el uso frecuente de la fuerza excesiva por parte de los agentes de la ley, que usan balas de goma, gases lacrimógenos y bastones eléctricos. Hay espacio para los medios independientes, pero los periodistas enfrentan el riesgo de ataques físicos y difamaciones criminales, lo cual lleva a la autocensura (Civicus 2020).

Colombia, Bolivia, México y Honduras son considerados espacios cívicos reprimidos. Son lugares en donde los espacios públicos están significativamente constreñidos. Los activistas y los miembros de la sociedad civil que critican al poder se arriesgan a la vigilancia, hostigamiento, intimidación, prisión, daños físicos y hasta la muerte. Existen algunas organizaciones de la sociedad civil, pero su trabajo se impide regularmente y tienen que enfrentar riesgos de perder sus registros por parte de las autoridades. La gente que participa en protestas pacíficas está en la mira de las autoridades y se usa la fuerza excesiva, incluso balas de verdad, y hay arrestos masivos y detenciones. Los medios generalmente reflejan las posiciones del Estado y las voces independientes son atacadas a través de redadas, ataques físicos u hostigamientos legales. Los medios digitales son bloqueados y el activismo digital es vigilado de manera estricta (Civicus 2020).

Finalmente, se considera a Cuba como un lugar con espacio cívico cerrado, ya que tanto legal como prácticamente esta libertad está clausurada. Existe una atmósfera de miedo y de violencia, donde al Estado y a poderosos actores no estatales se les permite encerrar, lastimar seriamente y matar a la gente con impunidad por intentar ejercer los derechos de asociación, reunión pacífica y expresión. Cualquier crítica a las autoridades es severamente castigada y no hay libertad de imprenta. El internet está fuertemente censurado, muchos espacios virtuales están bloqueados y la crítica a través de ellos son causa de fuertes castigos (Civicus 2020).

Por otro lado, se consideran violaciones del espacio cívico las siguientes: detención de manifestantes, acoso al activismo, censura de los medios, ataques contra periodistas, uso excesivo de la fuerza, detención de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos, entre otras. Esta clasificación tampoco puede considerarse óptima y la inclusión de algunos países en ciertas categorías puede ser vista como exagerada. Los propios desarrolladores de Civicus así lo entienden y piden constantemente la colaboración de expertos para refinar sus parámetros. El concepto mismo de espacio cívico está a discusión todavía en la academia y entre las organizaciones de la sociedad civil.

Se han hecho ya un sinnúmero de acercamientos a las causas y desencadenantes de las violencias contra los comunicadores en México, con estudios comparativos a nivel nacional, a través de métodos cuantitativos, como grandes encuestas (Hughes y Márquez 2018, entre otros); desde la ciencia política (Salazar 2016 y 2019), a través de métodos cualitativos, como entrevistas, que se enfocan en una región en particular (Reyna 2015; Rodelo 2008; Del Palacio 2018a; Gutiérrez 2015; González de Bustamante y Relly 2015; entre otros), o haciendo comparaciones entre regiones (González y Reyna 2019; Brambila 2017, entre otros).

Las causas a las que se han atribuido los ataques son las siguientes: a) relaciones existentes entre prensa y poder; b) relaciones existentes entre poder y crimen organizado; c) estructuras económicas de las empresas mediáticas y los mercados mediáticos subnacionales; d) mayor o menor presencia de la sociedad civil organizada; e) grado de profesionalización periodística (grado de compromiso de los periodistas con su rol de vigilancia del poder, modernidad desigual); f) grado de unión o desunión del gremio; g) la impunidad y ausencia del Estado (específicamente debilidad del Estado, en el sentido expresado por Weisbord [2002]); h) causas estructurales preexistentes, como altos niveles de violencia social, conflictos internos, graves violaciones a los derechos humanos y desigualdad (Hughes y Márquez 2018; Salazar 2016; González y Reyna 2019; Rodelo 2009; Brambila 2017; Artículo 19 2021 y s. f.).

La vulnerabilidad del gremio en general ha sido señalada por muchos estudiosos, quienes la atribuyen a la falta de protección de las instituciones, a una estructura legal que criminaliza el libre ejercicio de la profesión, a la alta concentración mediática en élites oligárquicas, a la falta de estándares periodísticos profesionales y a los bajos salarios que atentan contra la autonomía de los periodistas (Hughes y Prado, 2011; Márquez-Ramírez 2023).

Los últimos tres factores guardan relación directa con empresarios a quienes pocas veces se incluye en las listas de responsables de las agresiones (González y Cepeda 2021). A esto se suman los actores subnacionales violentos, la cercanía geográfica de la violencia (Hughes et al. 2017; González de Bustamante y Relly 2015), la confluencia de actores violentos paralegales y autoritarismos subnacionales (Del Palacio 2018a; Salazar 2021), la mayor o menor fuerza de las organizaciones de la sociedad civil (Salazar 2016, 2019 y 2020) y la confianza que los públicos depositan en los periodistas (González y Reyna 2019).

También se señala la crisis global del periodismo —debida, entre otras causas, a innovaciones tecnológicas, crisis de modelos de negocio y precarización del trabajo—, lo cual ha impactado con características particulares en América Latina (Monje, Rivero y Zanotti 2020; Gutiérrez-Coba 2020; Blanco, Oller y Arcila, 2020).15 A todo lo anterior, en los últimos dos años se han sumado otros ataques a periodistas derivados de la violencia pulsional y política en Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua, Haití y Cuba (García 2021; Singer 2021; RSF 2021b; Guevara, 31 de agosto de 2021, entre otros). Un factor más a tomar en cuenta ha sido la pandemia de covid-19, cuyas consecuencias en el gremio apenas están siendo analizadas a nivel subnacional en México (Márquez-Ramírez et al. 2021).

Dos ideas clave para entender las violencias contra periodistas de frontera

Desigualdades múltiples

Se ha señalado ya a América Latina como una región donde los medios de comunicación masiva fomentan las desigualdades con discursos y representaciones favorables al statu quo, por una parte, y por otra, por el hecho de que son producidos, circulan y se consumen en contextos de desigualdad económica y social, en entornos democráticos que guardan aún inequidades estructurales y prácticas autoritarias anteriores (Hughes y Prado 2011).

En América Latina privan factores que favorecen y refuerzan la desigualdad, con respecto a los países de Europa o Estados Unidos: una enorme concentración de medios en pocas manos (Cuba y Guatemala son los peores casos), públicos limitados, pocos medios comunitarios y públicos, desigualdad en el acceso a diversos tipos de medios —sea tradicionales o nuevas tecnologías— y contenidos que limitan las visiones y perspectivas a las de los grupos de poder minoritarios (Hughes y Prado 2011).

El estudio referido de Hughes y Prado analiza los contenidos televisivos, propiedad de las cadenas y la fuerza de trabajo en México, Chile, Costa Rica y Uruguay, y presenta además los datos del consumo de medios en América Latina en general. Las autoras prueban que la radio y la televisión son consumidas por las personas con menores ingresos, mientras que la prensa tiene un alcance muy limitado entre los sectores más desfavorecidos y fuera de los entornos urbanos. Esto lo constatan Mastrini y Becerra (2017), quienes prueban que no solo se concentran los medios en pocas manos, sino en las grandes ciudades.

Por otro lado, la radio comunitaria tiene una audiencia muy pequeña, opera en condiciones precarias y muchas veces en la ilegalidad, tanto en México como en Argentina y Chile (Hughes y Prado 2011, 115-116). También encontraron que solo un tercio de la población en la región goza de acceso a internet, aunque la telefonía celular se ha multiplicado y con ella la posibilidad de trasmitir y recibir video y datos. Esto no ha cambiado en los últimos años, como lo prueba el informe sobre Cuba, Guatemala y Honduras, donde persiste la mala calidad y alcance del internet, que, aunada en los dos últimos países a la ilegalidad de las radios comunitarias, representa un grave problema y es motivo de constante censura (Artículo 19 2020c). Algo parecido se reporta para México, donde la desigualdad en el acceso a internet es muy grande y no hay una política de inclusión digital ni programas de alfabetización digital y cívica para los más desposeídos (Artículo 19 2022b).

La centralización de la vida política y económica de los países en las capitales ha sido una constante en América Latina, dejando así a las ciudades medias y los espacios rurales marginados tanto económica como política y culturalmente. “El lugar de nacimiento se ha convertido en [aunque en realidad siempre fue] un indicador de oportunidades” (Hughes y Prado 2011, 134). Esto repercute en los contenidos de los grandes medios asentados en las capitales: contienen muy poca información sobre lugares alejados, ciudades pequeñas y zonas rurales. De ahí la importancia de los periodistas locales que crecientemente han sido silenciados. Como lo prueban los testimonios de los periodistas entrevistados y los informes consultados, las zonas de silencio han crecido en varios países, incluyendo México.16

Tomaré la definición de “zonas silenciadas” tal como la sistematizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2017, la cual desglosaré en el apartado en que defino los territorios donde realizan su trabajo los periodistas de frontera (CIDH 2017, 21-22).

Como muestran los factores presentes en las zonas de silencio, las desigualdades que afectan a la población en América Latina, en diferentes grados según el ingreso personal y la situación económica de cada país, se suman a las desigualdades particulares que experimenta la población de fuera de las capitales (lugar de nacimiento como indicador de mayores o menos oportunidades), y en el caso que nos ocupa, a los periodistas de frontera. Lejos de ser solo “doblemente periféricos” (González de Bustamante y Relly 2021, 8), los periodistas de frontera se enfrentan a múltiples desigualdades y vulnerabilidades.

Por todo lo anterior, es importante considerar que no se puede homologar la situación de las zonas silenciadas en los diferentes lugares de América Latina. Organizaciones de la sociedad civil en Colombia han sistematizado mejor cuáles son sus zonas de silencio y han concluido que un 60 % del territorio se encuentra en esa condición: en dichas regiones, no hay medios de comunicación que difundan información local (FLIP 2020).

Cabe señalar que, en el caso de México, estados enteros, como Tamaulipas o Veracruz, se han considerado zonas de silencio de una manera poco escrupulosa y, en contraparte, se ha intentado probar que no lo son, recalcando la existencia de publicaciones en las capitales de los estados en periodos determinados. Estas afirmaciones son y no son verdaderas. Algunas regiones de los estados de Tamaulipas y Veracruz en ciertos momentos fueron o son zonas de silencio.17 En 2021-2022, deberían sumarse a esta categoría ciertas zonas que podrían considerarse “de frontera” en casi todos los estados de la república.

Reparto inequitativo del riesgo

Es verdad que no se puede considerar a ningún lugar como “seguro” para la prensa, ni siquiera la capital de un país. Sin embargo, no estoy de acuerdo con algunos investigadores, quienes, siguiendo a Beck, consideran que el riesgo no está situado ni local ni temporalmente, que está deslocalizado y no es medible, es decir, que si bien puede saberse dónde han matado a un periodista, no puede afirmarse con certeza dónde van a matar a otro, cuándo y por qué; sobre todo, se afirma, el riesgo es democrático (González y Reyna 2019). Una cierta lectura de Butler (2006) podría considerarse también en este sentido: la vida precaria es la vida por sí misma. Todos somos vulnerables, todos podemos morir o ver morir a quien amamos.

Butler menciona también que la “vulnerabilidad se exacerba bajo ciertas condiciones sociales y políticas, especialmente cuando la violencia es una forma de vida y los medios de autodefensa son limitados” (Butler 2006, 55). Lamentablemente no abunda en este punto, ya que su interés es enfatizar la responsabilidad colectiva por las vidas físicas de los otros y la igualdad de todos frente al duelo; sin embargo, establece un argumento importante: si las condiciones estructurales son ya de por sí violentas o inseguras y las personas (en este caso los periodistas) no poseen las herramientas necesarias para defenderse, la vulnerabilidad es mayor. En esto coincide con los estudiosos del periodismo que han reiterado la necesidad de una mayor profesionalización de los comunicadores, quienes, aún en entornos adversos, podrían defenderse mejor (Márquez-Rodríguez 2023).

Considero, junto a Boaventura de Sousa (2019 y 2020) y Rossana Reguillo (2020), que hay un reparto inequitativo del riesgo, y que quienes están más expuestos a él son aquellos que sufren de mayor precariedad, mayor vulnerabilidad. Un periodista no es igual a otro periodista. Un periodista en México o en Brasil no es igual a un periodista en Noruega, ni siquiera son iguales dos periodistas en países donde existen democracias inseguras. Un periodista no es igual a una periodista. Incluso al interior de un país, no puede homologarse a aquellos que trabajan en la capital, en un medio nacional, cuya situación económica y profesional es más cercana a la de un periodista europeo o norteamericano, con los que ejercen su profesión en una zona remota sin formación ni recursos.18

En el caso de las violencias experimentadas por los periodistas, los estudios existentes han demostrado que, como se dijo más arriba, los riesgos son variables y están determinados por la geografía de la violencia política y criminal, además de desigualdades estructurales. Los ataques pueden clasificarse por décadas o periodos en que ha prevalecido cierto tipo de violencia en un país: las dictaduras militares, la mayor virulencia de grupos de narcotraficantes, los conflictos armados, la lucha por los territorios entre grupos paramilitares, la reconfiguración de los cárteles históricos y la lucha por nuevos territorios de las fragmentadas bandas criminales.

El Centro de Memoria Histórica (2014) pudo caracterizar las violencias contra periodistas por regiones en Colombia según cada periodo, dependiendo de la influencia creciente de los cárteles y otros actores ilegales. En México es posible llegar a una temporalización clara y a una regionalización precisa, tarea aún pendiente y que escapa a los objetivos de este trabajo. Lo mismo puede decirse de Paraguay, donde es claro que la zona más peligrosa para los periodistas es el área de la frontera: en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, los periodistas se han visto forzados a trabajar en el aislamiento y con pocos recursos (De Maio y Torres 2019).

Concluyo que no se puede generalizar sobre cierta región o cierto tipo de atacante a lo largo de los años (Centro de Memoria Histórica 2014; Díaz 2016), y mucho menos hablar de modelos generales para los riesgos de los periodistas en América Latina. Los estudios que se han hecho aplicando modelos, deberán considerarse como una fotografía del momento. Un ejemplo es el siguiente mapa, que representa un momento determinado de la violencia criminal contra la prensa en México: los cuatro primeros años del nuevo gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mapa 1. Asesinatos a periodistas. Frecuencia acumulada de diciembre de 2018 a noviembre de 2022. Fuente: elaboración propia.19

Hasta la fecha de revisión final de este trabajo (diciembre de 2022), los lugares con mayor número de asesinatos fueron Veracruz en primer lugar con ocho asesinatos y Sonora en segundo con siete; después Baja California con seis, Guerrero con cuatro, Oaxaca con tres, Zacatecas, Coahuila, Morelos, Chihuahua, Guanajuato y Michoacán con dos, y Nayarit, Baja California Sur, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco Tamaulipas y Sinaloa con uno.20 El 60 % de los asesinatos se han cometido en cuatro entidades: Veracruz, Sonora, Guerrero y Oaxaca.

El análisis de este mapa nos permite entender, en primer lugar, que los cambios en las administraciones federal, estatal y local no han modificado de manera positiva la situación de los periodistas, ya que las luchas reales y simbólicas se desarrollan más allá del campo de acción de los actores constituidos y en los márgenes del estado. También nos permite ver cómo ha mutado la violencia y cómo las zonas de silencio originalmente situadas en la frontera norte y posteriormente en el estado de Veracruz, han ido creciendo y desplazándose de un lugar a otro del país, llegando a estados como Guanajuato, Zacatecas, Chiapas y Morelos, que no figuraban originalmente en los primeros lugares de las estadísticas antes de 2018.

Concluyo este apartado señalando la dificultad de establecer una relación directa entre las zonas controladas por los grupos criminales y los ataques a periodistas, como han intentado mostrar algunos estudios.21 Si analizamos un mapa reciente de las zonas de influencia de grupos criminales en México (2017), veremos que el territorio estaba ocupado por grupos criminales de manera única o mayoritaria, y que aún había territorios en disputa o sin presencia significativa de un cártel.

Mapa 2. Principales zonas de influencia de los cárteles de la droga en 2017. Fuente: BBC News.

Pero si vemos los mapas de 2020 y 2021, prácticamente todo el territorio nacional está ocupado por distintos cárteles y sus fragmentaciones en los mismos espacios; muchos de ellos se encuentran en disputa.

Mapa 3. La operación de los cárteles en México, 2020. Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera (septiembre de 2020).

Mapa 4. Operación de cárteles en México y territorios en disputa. Fuente: Congreso de los Estados Unidos, Informe sobre crimen organizado en México 2021 (16 de junio de 2022).22

De este modo, se podría decir que la violencia contra los periodistas no depende de la cercanía geográfica con los grupos criminales, ya que están presentes en todas partes, sino que el factor de mayor influencia es la hegemonía de los cárteles sobre el territorio o si este se encuentra en disputa, así como las relaciones que hayan establecido estos grupos criminales con las autoridades y los propios comunicadores.

5 La lucha contra los medios no es una lucha contra los medios: es una lucha contra la gente, dijo Muratov (The New York Times 2021).

6 Algunos ejemplos de estos ejercicios de enumeración son los siguientes: entre 1970 y 2015, se contabilizaron en América Latina 1 051 asesinatos de periodistas (Díaz 2016), cifra seguramente incompleta —y que se usa aquí solo como punto de referencia— debido a que no existe un registro unificado de los casos y que, además, debe actualizarse con la información de los últimos siete años. Por ejemplo, solo en 2016 hubo veintiún asesinatos, según RSF: en México fueron asesinados nueve periodistas, en Guatemala cinco, en Honduras tres, en Brasil dos y en Venezuela y El Salvador uno (RSF 2016). Según esta misma fuente, entre 2011 y 2020, solo en ciudades pequeñas y medianas de Brasil, México, Colombia y Honduras se registraron 139 asesinatos de profesionales de medios (RSF 2021a); la Unesco contabilizó veintidós crímenes más únicamente en 2020, la mayor parte de los cuales se dio en ámbitos locales: diez en México, tres en Honduras, uno en Paraguay, uno en Colombia, dos en Brasil, dos en Guatemala, dos en Venezuela y en Cuba, solo en mayo de 2021, hubo once violaciones a la libertad de expresión, que se multiplicaron durante las manifestaciones históricas en contra del régimen el 11 de julio (Unesco 2020). Vemos con esto que no hay nada menos claro que las cifras.

7 Democracias híbridas (O’Donell, Schmitter y Morlino): países formalmente democráticos con prácticas autoritarias. Para las relaciones entre populismo y democratización en América Latina, ver De la Torre (2013), y sobre el autoritarismo competitivo o “elecciones sin democracia”, ver Cameron (2018) y Levitsky y Way (2004). La democracia liberal tiene como fundamentos la elección de gobernantes por sufragio, pluralidad de partidos, separación de poderes, defensa de derechos y libertades civiles. Mientras que se denomina democracias iliberales a aquellas que han perdido algunos de estos atributos, pero mantienen en parte, o al menos formalmente, sus características democráticas. El régimen híbrido es más amplio y se asocia con países en transición: dictaduras democratizándose o democracias tendiendo al autoritarismo. El “Índice de democracia” en The Economist realiza esta clasificación: 1) democracia perfecta, 2) imperfecta, 3) régimen híbrido y 4) régimen autoritario. Freedom House tiene indicadores como el ambiente legal, político y económico. Los nuevos regímenes, como el de Orban o Bolsonaro, que atacan libertades básicas, pueden volverse democracias imperfectas, regímenes híbridos.

8 Chamorro presenta un panorama desolador y narra las vicisitudes de la revista Confidencial y el acoso que inició desde 2018 contra los periodistas críticos, en su discurso de aceptación del Premio Rómulo Gallegos publicado en El País (Chamorro 2022).

9 Con esta ley el gobierno se atribuye “la facultad de decidir cuándo una publicación es noticia falsa. Además, encañona directamente a los empleados públicos que filtren información estatal, clave para el periodismo en un régimen cerrado”, incluyendo a médicos que han criticado la negligencia en el tratamiento de la pandemia. Las penas van de uno a ocho años de cárcel (Miranda 2021).

10 Se ha acusado a “expertos en materia electoral, empresarios y opositores que usualmente eran consultados por noticieros y periódicos” y se les ha aplicado esa ley (Miranda 2021).

11 En los últimos trece años de gobierno de Daniel Ortega, al menos veinte medios ya habían desaparecido (Pérez, Villalta y Castillo 2021). A eso se une la nueva ola de cancelaciones y cierres.

12 Se utilizan las entrevistas en varios programas, para denostar a plataformas como El Toque, adv, Cubita Now, Periodismo de Barrio, El Estornudo, YucaByte, Hyper Media, ljc, Razones de Cuba, entre otros, a los que se califica como “sitios subversivos”, de formar parte de un “frente comunicacional” financiado por los Estados Unidos, para desestabilizar el país. El programa dedicado a El Toque se trasmitió el 27 de octubre de 2022 (Canal Caribe 2022).

13 Puede consultarse en el siguiente enlace: https://rsf.org/es/clasificacion?year=2021.

14 Los indicadores que RSF toma en cuenta para su clasificación son los siguientes: 1) pluralismo mediático, 2) independencia de medios, 3) censura interna o externa, 4) marco legal, 5) transparencia y 6) infraestructuras (acceso a internet, por ejemplo). Este último ha sido criticado y se entiende que es mejorable (De Frutos y Giannone 2018), pero, con todo, es un indicador digno de ser considerado. El puntaje de agresiones está desagregado: México fue en 2020 el lugar con más agresiones en América Latina y el quinto lugar en el mundo, solo por debajo de Siria, China, Eritrea y Vietnam. Para 2021, superaron a México en América Latina Venezuela, Honduras y Cuba en cuanto a mayores restricciones para la libertad de prensa (RSF 2021c). En un informe reciente de esta organización, se registraron 134 periodistas asesinados entre 2012 y 2021 en México, Brasil, Honduras y Colombia (RSF 2022a).

15 Grassau y Porath (2021), en su proyecto “La crisis de la industria de los medios y la precarización de del empleo de periodista” en Chile, establecen niveles y fuentes de riesgo, clasificándolos en categorías: económico, tecnológico, político y provenientes de la audiencia. El análisis sobre la precariedad de los trabajadores es muy iluminador: varios de esos factores pueden replicarse en otros países de América Latina.

16 En 2016 la CIDH tomó como ejemplos emblemáticos Tamaulipas, México; Mazatenango, Guatemala; y la frontera paraguaya (CIDH 2017). En la actualidad esas zonas se han multiplicado.

17 El caso paradigmático es Tamaulipas, que en distintos momentos registraba publicaciones que informaban abiertamente sobre la violencia en una ciudad y no en otra. Y conforme se movían los grupos del crimen organizado, los silencios de la prensa se registraban en otros lugares (Del Palacio 2018b).

18 Un ejemplo en este sentido es el ataque reciente (15 de diciembre de 2022) y por demás excepcional al conocido periodista Ciro Gómez Leyva en la capital del país. El presunto intento de asesinato fue infructuoso gracias al blindaje de la camioneta en donde viajaba. ¿Cuántos periodistas locales y regionales podrían acceder a tal privilegio?

19 Agradezco a Ricardo Martínez por su apoyo para la elaboración de este mapa. Datos de seguimiento hemerográfico personal.

20 Hasta diciembre de 2022 se sumaron, según el recuento de Artículo 19 (2022a), 36 asesinatos a periodistas en la administración gubernamental de López Obrador. Según mi propio recuento hemerográfico, son 45. Otras contabilizaciones difieren mucho en las cantidades, incluidas las del propio Mecanismo Federal, cuyo titular afirmó en enero de 2022 que “de diciembre de 2018 a la fecha se tiene [sic] contabilizados 52 asesinatos contra periodistas y 97 contra personas defensoras de derechos humanos, considerando que 57 por ciento de las agresiones a periodistas se concentra en seis entidades: Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Veracruz; mientras que el 64 por ciento de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos se focaliza en Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, y Veracruz” (Chávez 2022).

21 El más reciente y acucioso es el ya citado de González de Bustamante y Relly (2021), aunque estudia con mayor profundidad los casos de la frontera norte.

22 Este mapa excluye a los estados de Chiapas, Campeche y Yucatán. Sin embargo, se conoce de la presencia de los cárteles al menos en Chiapas.

La caja de herramientas

Este apartado se extiende un poco más, ya que se quiso realizar una reflexión teórico-metodológica sobre las formas en que se ha abordado la violencia contra los periodistas, los modelos que se han aplicado y por qué dichos modelos tienen limitaciones importantes. Aunado a esto, desarrollo el marco conceptual y explico el modo en que se ha efectuado el análisis.

Límites de los modelos pensados para otras latitudes

Como se dijo más arriba, la situación en América Latina es compleja: tanto en relación con el estado de las democracias y los espacios cívicos, como con el estado de los medios de comunicación y las violencias ejercidas contra los periodistas en contextos de múltiples desigualdades y reparto inequitativo de los riesgos.

Por ello, relacionar solo la cantidad de ataques al estado de las democracias en la región resulta poco clarificador. Uniformar los sistemas políticos en América Latina y asignar a los países latinoamericanos modelos mediáticos pensados para otros contextos —incluso si no son del norte global— (Hallin y Mancini 2004 y 2012), o simplemente designarlos como sistemas híbridos (Chadwick 2013), no son explicaciones satisfactorias.23

Como apunta con claridad Voltmer (2013), no puede pensarse una transición democrática sin medios de comunicación, y los avances tecnológicos de la industria mediática sin duda cambiaron la dinámica de las transiciones, pero en lo que se refiere a las democracias de la tercera ola, como ella las llama, siguiendo a Huntington, habría que hacer un análisis crítico mucho más puntual.

Se vuelve evidente que las diferentes trayectorias de la transición de los gobiernos autoritarios a los democráticos han creado un variado espectro de tonos de gris, haciendo muy difícil juzgar cuán democráticas realmente son las nuevas democracias de la “tercera ola”. Algunas de ellas parecen haberse quedado atoradas en la transición: ya no están ahí, pero aún no han llegado. Sin duda hay un creciente escepticismo tanto entre los estudiosos de la democratización como entre los actores, sobre el futuro de muchas de las recientes democracias. Incluso algunos han declarado el fin del paradigma de la transición […] (Voltmer 2013, 5).

Después de hacer un recorrido por la bibliografía especializada sobre la calidad de la democracia y los medios en algunos países de América Latina, coincido con la autora en afirmar que están surgiendo formas híbridas de democracia y nuevas formas híbridas de periodismo que no necesariamente se encaminan (ni tienen porqué hacerlo)24 al modelo liberal de los países desarrollados del norte global. Como ella refiere con una muy atinada cita de Dostoievsky, “las reformas en terrenos no preparados y copiadas de otras instituciones… no hacen sino dañar” (Voltmer 2013, 1).

Aunque la crítica a la utilización de los modelos extranjeros para entender los procesos de comunicación en la región data de la década de los 70 y 80 del siglo XX, con insignes investigadores como Beltrán (1970), Marques de Melo (1988), entre otros muchos, la adaptación más o menos afortunada de modelos pensados para otros contextos ha sido práctica usual hasta el día de hoy. Sin embargo, esta forma de trabajar está llegando a su límite y algunos académicos ya lo han señalado, incluso para los estudios de periodismo. Las posibilidades de clasificación dentro de un mismo país son múltiples y es inminente el peligro de “estiramiento teórico”, es decir, “el uso de teorías diseñadas para explicar fenómenos que ocurren a un nivel de análisis, para dar cuenta de fenómenos observados en otros niveles” (Giraudy, Moncada y Snyder 2021).

Antes de crear o adaptar modelos, es preciso dar cuenta de los hechos, partiendo del propio contexto y la propia cultura, a fin de evitar el “imperialismo de lo universal”, tal como lo concibió Bourdieu, como el modo en que circulan internacionalmente las teorías, sin sus contextos de producción, que no se aplican a otros espacios y tiempos (Zaworsky 2021), por más que se haya hecho un loable esfuerzo de apropiación crítica (De Albuquerque 2012; Guerrero y Márquez 2014a).25 Incluso algunos estudiosos de las culturas periodísticas han empezado a señalar la necesidad de abordar los problemas de modo distinto en los países no occidentales (Mutsvairo et al. 2021).

Por eso se busca romper con la práctica de tomar a América Latina y el sur global como laboratorio de las teorías pensadas en y para el norte, así como la idea de modernidad (en prácticas y rutinas) como eje de los modelos ideales a seguir, en vez de analizar los sistemas mediáticos en relación con sus propios contextos, asumiendo enfoques participativos, perspectivas críticas de la modernidad (Tufte 2015) y haciendo un análisis empírico y situado (Corbin y Strauss 2008; Charmaz 2006) de cómo están trabajando los periodistas en nuestros países para buscar una mejor calidad de vida y mayor participación de los ciudadanos, a quienes informan en medio de un contexto violento y muchas veces peligrosamente coercitivo.

Las encuestas y las entrevistas estructuradas no son suficientes para conocer a profundidad los problemas y prácticas de los periodistas en su inmensa heterogeneidad; mientras que los predictores de agresiones basados en combinaciones de variables necesariamente limitadas, proporcionan algunas ideas clave, pero no son tan útiles para explicar las múltiples dimensiones de la violencia.

Aunque los factores señalados a nivel nacional e incluso continental por supuesto inciden en las violencias en espacios locales, dentro del de por sí limitado catálogo de estudios sobre la violencia contra periodistas a nivel latinoamericano (hay muchos a nivel nacional y pocos que abarquen varios países), son contados los estudios que se han ocupado de entender las desigualdades, las violencias específicas que sufren, las características de las esferas públicas locales, las resistencias de estos trabajadores, sus maneras de “afrontar las crisis” desde esos espacios, o a entender cómo el silencio creciente de estos trabajadores ha reducido lo que se ha llamado el espacio cívico o esfera pública local.

La mayor parte de los artículos especializados se refieren a “los periodistas”, en una necesidad de generalización y establecimiento de reglas, patrones y modelos generales, lo cual es entendible (ver notas 24 y 25). Sin embargo, como ya he dicho, “los periodistas” no son iguales en todas partes.

Existe, por fortuna, un creciente número de libros, tesis de grado y posgrado y artículos académicos que analizan las violencias contra periodistas en los espacios locales, pero generalmente se uniforma el ejercicio de esos trabajadores y sus condiciones como si fueran iguales en todas partes del país —incluida la capital—, o solo se hace un análisis de las condiciones de los periodistas en un lugar en particular, intentando aplicar los modelos mencionados más arriba y que obedecen a contextos muy lejanos y distintos.

Sostengo que no es posible entender las condiciones de los periodistas locales y microlocales como un mero reflejo de lo que ocurre a nivel nacional o internacional. Es verdad que los modelos generales mencionan la importancia de las condiciones históricas, políticas y sociales de los espacios estudiados; sin embargo, las condiciones que se toman en cuenta son, en el mejor de los casos, las que prevalecen a nivel nacional, donde sin duda se presentan rasgos que son generalizables, pero en otros muchos casos no lo son.

Es por ello que otros acercamientos teóricos complementarios resultan más que necesarios para comprender lo que ocurre a los periodistas a nivel local y microlocal. Como ejemplo tenemos el acercamiento a los autoritarismos subnacionales de Gibson (2006), en el cual el autor sostiene que existen zonas dentro de un mismo país, que formalmente se presenta como democrático, en donde prevalecen las prácticas autoritarias. También se tomará en cuenta el concepto de márgenes del estado de Das y Poole (2008).

Un intento comparativo interregional fue el libro Violencia y periodismo regional en México (Del Palacio 2015).26 Esos y otros estudios muestran que difícilmente la violencia extrema que se manifestó contra veinte comunicadores en Veracruz entre 2010 y 2016 puede compararse con las agresiones de más baja intensidad en Aguascalientes (De León y Hernández 2015), e incluso en la Ciudad de México. Así tampoco esa violencia podía compararse con aquella ejercida contra los periodistas de Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas antes de 2011 (Artículo 19, diversos informes).

Es preciso señalar que en el libro mencionado, así como en la mayoría de tesis de posgrado y artículos sobre la violencia contra periodistas en diversas regiones del país, no se hace énfasis ni se caracteriza claramente a los periodistas que trabajan en espacios locales como especialmente vulnerables. Un trabajo que pone el dedo en el reglón al abordar a los trabajadores de medios locales —periodistas precarios, los llama— y que analiza las condiciones específicas bajo las cuales trabajan, es el de Espino (2016).

Sin duda, el recentísimo libro de González de Bustamante y Relly (2021) es el acercamiento más completo a las violencias ejercidas contra periodistas locales —o periféricos, como los denominan—, con base en 160 entrevistas hechas a periodistas y académicos entre 2011 y 2020, en su mayoría de la frontera norte, además de algunos de Ciudad de México, Veracruz y Tabasco, así como de periodistas extranjeros que cubren México. El presente ensayo pretende continuar en la línea de estos últimos trabajos.

Estoy convencida de que no se trata de reproducir los modelos pensados para otras latitudes para pensar en los espacios microlocales, ni tampoco de abordar la violencia y precariedades que sufren los trabajadores de medios en estos espacios como si fueran iguales a quienes ejercen en las grandes ciudades, pensando que estos periodistas deberían cumplir con los mismos criterios profesionales y prácticas de otras latitudes, y juzgándolos en relación con aquellos. Por ello, no estoy de acuerdo tampoco en juzgar las prácticas y rutinas de estos periodistas dentro de un modelo de mayor o menor modernidad, como si fuera una meta que debería ser alcanzada.

El constante ir y venir

En el proceso de recostruir el tejido (histórico) de las violencias, en ese pausado ir y venir entre el saber y no saber, también sería preciso ir y venir constantemente desde los espacios locales de México hasta los espacios locales de Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia y otros países de América Latina (Kalyvas 2001 y 2004). El ir y venir implica usar distintas escalas, pasar de lo micro a lo macro, averiguar, en la manera de la investigación forense, cómo un fragmento milimétrico puede contener la información para identificar a una persona. Un fragmento se convierte en un mundo, si se le sabe ver en la escala adecuada (Huffschmid 2012).

Hay diferencias importantes en los niveles de riesgo, como han probado los estudios sobre violencia contra el gremio en diversos lugares de América Latina y las clasificaciones internacionales de libertad de expresión, por más que la precariedad creciente haya alcanzado de diferentes formas a una gran cantidad de periodistas (Hughes y Márquez 2017; Hernández y Vera 2020; Pérez 2021) o que un potencial ataque —nuclear, catástrofe ecológica, ataque terrorista o violencia generalizada derivada de nuevas formas de conflicto armado en el que predominan la difuminación de los actores, sin que podamos distinguir claramente al enemigo, la multiplicación tecnológica de la capacidad de destrucción, los agentes armados orientados a intereses de mercado y ataques sobre los cuerpos y sobre los recursos naturales (Robledo 2019; Segato 2013)— se cierna como fantasma sobre las cabezas de todos.

Considero que hay que espantar el fantasma de “la igualdad”, que termina invisibilizando a los más débiles y haciendo tabla rasa de las diferencias entre regiones, países, procesos históricos, factores desencadenantes y motivaciones de los agresores, reduciendo la enorme diversidad a la relación entre unas pocas variables, en el mejor de los casos. Se termina “ignorando los árboles por ver el bosque”.

El bosque tiene la virtud de mostrar de manera contundente la magnitud de lo acontecido y de dar un testimonio de la gravedad de los sucesos. Cuando se exploran los hechos, se empieza a diluir la aparente uniformidad de la totalidad del cuadro y comienzan a notarse las evoluciones históricas, las diferencias, los posibles agrupamientos, las especificidades de los hitos (Centro de Memoria Histórica 2014, 52).

El factor que precede a otras violencias es la violencia estructural sufrida por el gremio desde mucho antes y que se ha expresado más arriba como característica del desarrollo mediático en la región: la precariedad laboral, clientelismo y cooptación, empresarios que no asumen responsabilidades ni protegen a sus empleados. Esta violencia no se percibe a simple vista, incluso muchos estudios sobre la violencia contra periodistas o los propios informes de asociaciones, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), no conceden un papel preponderante a estas precariedades profesionales y económicas de los periodistas como base de la debilidad democrática del periodismo y como factor decisivo en la violencia directa ejercida contra ellos.

Para el estudio de las violencias y sus efectos visibles e invisibles, el enfoque teórico que juzgo pertinente es el de Galtung (2004), que he usado en otros trabajos y al que me ceñiré en este. El autor concibe la violencia en un triángulo en cuyas aristas se sitúan las violencias estructural, simbólica y directa. En la base del triángulo están las primeras dos, mientras que en la punta del iceberg solo puede verse la violencia directa, sostenida y precedida por las otras dos.

En la violencia estructural, como la concibe este autor, se concentran las desigualdades (la desigual distribución de la riqueza, que se traduce en la desigualdad política y social, y de los riesgos) que dan por resultado la precariedad, definida como sigue: “la carencia de medios de subsistencia”, “carencia de algo que se obtiene por petición, súplica o ruego”. Es la experiencia de la pobreza, la carencia de recursos propios, la dependencia de otros (falta de autosuficiencia), la inseguridad de quien debe pedir, suplicar o solicitar favores (Cuevas 2015).

A partir de Standing (2011), González y Cepeda (2021, 4) definen al precariado como “los trabajadores de medio tiempo, con contratos temporales o mano de obra subcontratada, pero que no forman parte de la clase trabajadora o proletariado, que en cambio pueden tener acceso a sindicatos y seguridades laborales”; en efecto, una gran parte de los trabajadores del periodismo, sobre todo en el ámbito local, puede definirse así. Este es el mejor caldo de cultivo para el clientelismo y la cooptación, ambos funcionales a los poderes fácticos y constituidos, como ya lo han probado algunos autores (Del Palacio 2018a y 2018b; Maldonado 2018; González y Cepeda 2021).

La dificultad de nombrar, el espacio local y la frontera

Como ya se señaló, varios autores e incluso los informes de organizaciones no gubernamentales internacionales han señalado que las víctimas mortales de la violencia en diversos lugares de América Latina, en los últimos años, son los periodistas locales,27 a diferencia de las décadas anteriores, durante las dictaduras militares, cuando se agredía a los periodistas urbanos de mayor influencia, o en el caso de Colombia durante las décadas del 70 al 90, cuando algunos atentados se registraron en las grandes ciudades, como Bogotá o Cali, con víctimas fatales entre los periodistas de mayor renombre (Díaz 2016).

La mayor parte de las agresiones graves, como asesinato y desaparición forzada, sin excluirse el hostigamiento y amenazas, se dan contra los “modestos trabajadores, en condiciones laborales precarias, alejados de los medios centrales; [periodistas que laboran en] medios de carácter local o comunitario” (Díaz 2016, 41), “trabajadores de pequeñas emisoras y periódicos regionales” (Centro de Memoria Histórica 2014), periodistas mal pagados, con pésimas condiciones de trabajo, casi siempre multiempleados en medios de poca influencia y sin capital simbólico ni apoyo de sus colegas (Márquez-Ramírez 2023, 471). Además, estos periodistas cubren noticias locales sobre temas “sensibles” (Weisbord 2002) o que afectan a los gobernantes y habitantes (RSF 2021, parr. 9 citado en Márquez-Ramírez 2023, 471). Aunque es verdad que tanto los informes internacionales como algunos autores (Garcés y Arroyave 2017 para Colombia, entre otros) reportan un gran número de agresiones en las grandes ciudades, estas solo excepcionalmente son agresiones mortales.

Sostengo que, en sentido contrario a la mayor parte de los estudios que se han realizado hasta ahora en México y en algunos lugares de América Latina, es preciso centrar la investigación en los espacios locales, partir de los casos particulares, y no buscar la generalización.

¿Cómo llamar a los periodistas que ejercen su labor fuera de las principales ciudades de América Latina y que son los principales protagonistas de esta historia? En los estudios señalados se les llama “locales”, lo que considero una denominación vaga. Sin embargo, antes de pasar a conceptualizar a estos periodistas, es preciso delimitar el territorio, hablar de los diferentes nombres que se ha dado a ese espacio difícilmente definible en que ellos trabajan y viven.

El ámbito local no tiene una definición que permita entender mejor los espacios de acción y características de estos periodistas: puede ser cualquier espacio que esté fuera de la capital; a nivel subnacional, es aquel que se encuentra fuera de las capitales de los estados. “Municipal o provincial, por oposición a nacional o general”, dice el Diccionario de la Real Academia. Y aun así, ¿cómo diferenciar lo estatal de lo municipal o lo referente a una población aún más pequeña?

Para particularizar más en el tema de interés, abordaré los siguientes conceptos: márgenes del estado, zonas silenciadas y periferia, a fin de llegar así al concepto de frontera y la importancia de las microesferas públicas.

Márgenes del estado

Las antropólogas Das y Poole (2008) llamaron así a las regiones que no necesariamente corresponden a los límites políticos de un país, pero que están fuera del alcance de las instituciones estatales por la razón que sea, es decir, los espacios en los que el Estado no está presente. Es el límite territorial donde termina la ley y donde actores ilegales (maras, grupos criminales asociados al narcotráfico o caciques locales asociados a bandas criminales) pretenden, y casi siempre logran, imponerse sobre los territorios y los cuerpos (Das y Poole 2008). Estos lugares imaginados como salvajes y fuera de control son simultáneamente aquellos donde “el estado está constantemente redefiniendo sus modos de gobernar y de legislar”, y sin embargo las leyes y otras prácticas estatales “son colonizadas mediante otras formas de regulación que emanan de las necesidades apremiantes de las poblaciones con el fin de asegurar la supervivencia política y económica” (Das y Poole 2008, 24).

Retomo el acercamiento antropológico de estas autoras, ya que abordan las prácticas, lugares y lenguajes —la cultura pues, en sitios concretos, es decir, espacializada, territorializada—. Las antropólogas se alejan de la idea de que el Estado “tiende a debilitarse a lo largo de sus márgenes territoriales y sociales”, e invitan a reflexionar sobre “cómo las prácticas y políticas de vida en estas áreas moldean las prácticas políticas de regulación y disciplinamiento de aquello que llamamos estado”, es decir: “repensar el estado desde sus márgenes” (Das y Poole 2008, 19).

Adopto este concepto, ya que tiene como base a las poblaciones que han sido marginadas, sin verlas como “periféricas” de algo, sino con un valor en sí mismas. Es un enfoque que permite “repensar los límites entre centro y periferia, lo público y lo privado, lo legal y lo ilegal” (Das y Poole 2018, 20), alejándose de juicios sobre el “deber ser” de estos espacios necesarios al Estado, como “la excepción es a la regla” (Das y Poole 2018, 20). Los márgenes dejan de ser juzgados como sitios donde el-Estado-no-ha-podido-instaurar-el-orden, y pasan a ser analizados en sí mismos, con el fin de entender, privilegiando la experiencia, cómo prevalece el orden en ellos y qué reglas alternas se siguen para hacerlo.

Si aplicamos este modelo al periodismo que en esas zonas se desarrolla, la pregunta, como ya se dijo al inicio de este trabajo, no está relacionada al grado de modernidad o las carencias de los periodistas para llegar a ser “perros guardianes” de la democracia, a fin de que lleguen a practicar un periodismo “profesional, moderno, que obedezca a reglas” establecidas desde fuera. Se trata más bien de preguntarse ¿cómo desarrollan su práctica periodística los comunicadores en estas regiones, donde las reglas y normas (profesionalismo, imparcialidad) establecidas fuera por diversas circunstancias no pueden operar?

Las zonas silenciadas

Siguiendo la argumentación de los márgenes del estado, los territorios donde no opera el Estado y se imponen otras reglas para la supervivencia, no pueden considerarse simplemente como excepciones a la regla y deben ser analizados a profundidad, máxime cuando la excepción va creciendo.

La caracterización de zonas silenciadas, como fue planteada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (CIDH 2017), es útil para entender las circunstancias en que operan los medios de comunicación en los márgenes del estado y cómo los periodistas se han adaptado a ellas para sobrevivir. En esas zonas se registra:

La existencia de estructuras criminales que operan fuera de la ley y buscan el control de toda una región;

La cooperación, colusión y omisión de amplios sectores de la administración pública en diversos niveles;

La falta de respuesta efectiva de otras instituciones estatales (ejecutivo, judicial y fiscalías) llamadas a cumplir con las obligaciones primarias de prevenir, proteger, investigar y sancionar las amenazas a la vida y a la integridad y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión;

La falta de apoyo y capacitación de los periodistas locales, que los vuelven más vulnerables a los ataques, sea por la forma de abordar la noticia o por estar involucrados con autoridades o las estructuras criminales.

Este complejo conjunto de factores inhibe a los periodistas, limita la libertad de expresión y produce un efecto amedrentador sobre el libre flujo de la información, genera autocensura y refuerza la tendencia a llevar a cabo un periodismo que evite informar sobre temas de seguridad, corrupción o tráfico de influencias, y a desarrollar un periodismo alineado con el poder.

El éxito obtenido por las estructuras criminales en silenciar a los medios de comunicación y a los formadores de opinión durante lapsos prolongados, sumado a la impunidad que obtienen los autores materiales e intelectuales de esta violencia, genera incentivos para perpetuar la violencia contra los comunicadores (CIDH 2017, 21-22).

Estas zonas de silencio, como lo he dicho a lo largo de este trabajo, son móviles y van creciendo en diversos lugares de América Latina. El mejor recuento es el proyecto Cartografías de la Información, en Colombia (FLIP s. f.), en donde se contabilizan los medios desaparecidos a partir de viajes a cada una de las regiones del país. Estos medios no solo han desaparecido por la censura directa o indirecta en países como Bolivia, El Salvador, Colombia, Paraguay y Nicaragua, sino por las crisis que han tenido que enfrentar, incluida la pandemia de covid-19 en 2020, cuyos efectos todavía no han sido bien dimensionados (Artículo 19 2020c; Red por la Libertad Expresión contra la Violencia a Comunicadores 2020; Maldonado s. f.; Arredondo 2020; Pérez, Villalta y Castillo 2021).

Siguiendo a Schudson (2015), las funciones de la prensa para la democracia son las siguientes: proveer información, investigación y análisis; ayudar a la creación de vínculos sociales y comunidades; aportar al debate público y la movilización y, con ello, realizar una educación democrática. Estas funciones pueden considerarse utópicas, no solo en los espacios locales asolados por el crimen y la pobreza, por ello deben considerarse en su aspecto meramente normativo. De cualquier modo, si la prensa es silenciada, todas estas funciones (potenciales o realmente existentes) son eliminadas de los espacios locales.

Estos espacios son también los más frágiles, los que están en mayor riesgo de ser silenciados.

Tronar una bomba [informativa] en un municipio de pocos miles de habitantes tiene un impacto informativo muy distinto que si truena en la capital, donde hay muchas más noticias que compiten por la atención. En lo local, esa noticia tiene una consecuencia sí o sí en la política […] los presidentes municipales tienen menos reflectores y más capacidad para materializar las violencias. Se cerca a los periodistas que tienen información verificada, datos puntuales, se les bulea en redes sociales, se les cerca con los otros medios cercanos al poder, para que no se sepa más sobre actores delincuenciales o que las autoridades cometen delitos (Jade Ramírez, entrevista 9 de agosto de 2021).

Precisamente son esas zonas las que se están quedando en silencio: no hay una contabilización clara de cuántos periódicos han dejado de circular a nivel local o cuántas radios comunitarias han callado, pero se sabe que muchos de estos medios han desaparecido en México (Artículo 19 2020b y 2021) y en otros países de América Latina: Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Argentina, Bolivia, Paraguay, entre otros.

En un reciente Directorio Nacional de Medios elaborado para la fase 3 del proyecto internacional Worlds of Journalism en proceso de publicación, se encontraron en todo el país 2 500 medios que difunden información local en los municipios de más de 25 000 habitantes. Cabe señalar que el mismo directorio muestra que la mayor parte de los medios encontrados se sitúa en las ciudades más grandes de los municipios, y que existe una gran cantidad de poblaciones pequeñas en el interior de esos territorios que no cuenta con medios de comunicación que trasmitan noticias locales.

La primera versión del directorio en 2021 registraba 2 574 medios, mientras que en la más reciente (julio de 2022) se eliminaron al menos 74 (González, García, Toxtle, Hughes, Del Palacio y Buxadé 2023). La evidencia que muestran las entrevistas realizadas para este trabajo corrobora el dato. Las personas entrevistadas explicaron que una cantidad importante de medios locales e hiperlocales cerraron o dejaron de trasmitir noticias locales entre 2021 y 2022. De tal modo que la “fotografía” tomada entre 2020 y 2021 ya no representa a los ecosistemas mediáticos locales de 2022.

Las zonas de silencio en México no son tan amplias como en Colombia, y el silencio no es absoluto —en casi ningún sitio lo es, como argumenta correctamente Salazar (2022)—; sin embargo, en los casos donde en ciudades más pequeñas se encuentran medios con información local, aún faltaría por analizar la calidad de dicha información y el carácter de los periodistas que la producen, para determinar si se trata de medios críticos o de medios favorables a los poderes, en cuyo caso serían medios que repiten los boletines oficiales o información que no incomode a los poderosos, anulando así la posibilidad de pluralidad.

La periferia

Una definición sugerente de estos espacios y de los periodistas que ahí trabajan es la de González de Bustamante y Relly (2021), quienes llaman “periferia” a

esas regiones globalmente y dentro de los países, usualmente distantes de los centros políticos y económicos, que de muchas maneras están menos conectadas a recursos nacionales o internacionales, apoyo, y reciben poca atención de las metrópolis y donde la gente se ve forzada a enfrentar problemas sociales localmente (González de Bustamante y Relly 2021, 7. La traducción es mía).

Esta definición se acerca a los objetivos de mi análisis. Sin embargo, el sesgo que implica, en donde el “centro” son los países occidentales del norte global (los “países periféricos” es la expresión más usada), nos hace pensar en que estamos reproduciendo la concepción tradicional de centro-periferia, que igualmente se repite a nivel subnacional.

Frontera

Aunque coincido en lo general con estas definiciones, estoy convencida de que la conceptualización de Das y Poole (2008) de “márgenes”, basada en la presencia o ausencia de Estado, es más precisa y responde mejor a las realidades de las zonas en que trabajan los periodistas más vulnerados. Hablaré entonces de “frontera” y no de “periferia”, en el sentido decimonónico del límite territorial donde termina la ley: ese lugar donde el ámbito en que prevalecía la ley era defendido de las prácticas “salvajes” del otro lado, por muros y fortificaciones militares. La frontera es un lugar simbólico, que ha sido a lo largo de la historia un lugar de resistencia cultural y hasta bélica.

La frontera se definiría en un sentido ligeramente distinto a como fue conceptualizada por Frederick Jackson Turner: no es el territorio que separa el área de colonización —el desarrollo— de los “espacios libres” —la barbarie— (Turner 1987, 187), sino que es esa delgada, porosa línea, donde —siguiendo a Das y Poole (2008) — conviven los actores de la colonización por parte del Estado y los “bárbaros”. Ese espacio de conflicto donde tanto los actores directos como la gente que es rehén de ambos se enfrentan y buscan formas de sobrevivencia/resiliencia. Y en cuyos instersticios, dependiendo de las circunstancias, la resistencia es posible. Esos espacios no necesariamente guardan una relación con límites administrativos entre países y ni siquiera entre entidades federativas. En estos espacios trabajan y viven los personajes de este relato.

¿Pueden existir microesferas públicas en las fronteras?

Las fronteras son, en muchos casos, esos espacios que, al ser privados de sus medios locales, quedan en silencio sobre lo que ocurre en la comunidad, ya que los grandes medios, como ya se señaló, no se ocupan de lo que pasa en esos lugares alejados de los centros urbanos.

El modelo normativo de esfera pública burguesa habermasiana (Habermas 1994) sostiene que la construcción de ciudadanía pasa por la discusión libre e informada de los asuntos públicos entre sujetos “privados”, normativamente iguales, es decir, con la misma posibilidad de opinar, siempre y cuando estén informados de los temas de discusión; voluntariamente reunidos y que comparten códigos comunes, accesibles a todos, con el fin de criticar al poder y lograr consensos. Al opinar frente a otros, estos sujetos se convierten en público.

La necesidad de información sobre asuntos públicos comunes lleva a analizar los procesos y espacios en los que dichos sujetos reciben, interpretan y producen información a través de los medios (Habermas 1994). Según Habermas, la esfera pública es una red muy compleja entre el sistema político y los sectores privados del mundo de la vida, que opera en “una multitud de arenas internacionales, nacionales, regionales, locales y subculturales, las cuales se intersectan” (Habermas 1996, 374).

Pertenecen al campo de la esfera pública “los foros que sirven al propósito de la trasmisión de información y de puntos de vista. Y en el caso de la microesfera pública, pueden incluirse los cafés, bares, lugares de encuentro casual, hasta asambleas formales de organizaciones sociales y civiles, reuniones políticas o académicas, mítines, etc.” (Olvera 1999, 70). Esos espacios locales “se corresponden con formas de sociabilidad primaria que generan lealtades y solidaridades básicas, que pueden ir desde expresiones localistas o particularistas, hasta formas de acción solidaria de carácter universalista, como la defensa de los derechos humanos” (Olvera 1999, 71). La existencia (y formas) de estas microesferas públicas depende de la salud de los espacios cívicos, tal como se han definido más arriba.

Los espacios de la trasmisión de información son fundamentales, ya que se requiere un diálogo, una copresencia. Como esta no es siempre posible en un mundo mediatizado (Thompson 1995), los medios de comunicación suponen una apertura al diálogo, por más que no sea inmediato. Los medios, en particular el periodismo, son además de una representación de la realidad y un actor social, un componente fundamental en la creación y ampliación de las esferas públicas, como Habermas (1994 y 1996) señaló, incluso con todas las limitaciones que trajo la colonialización de estos espacios por parte de la economía y de la política.

Los medios locales permiten con mayor facilidad este diálogo y son un elemento clave para reflejar, por una parte, los intereses públicos de las personas en la construcción de la comunidad contribuyendo así a la discusión pública y, sobre todo, proveyendo de información sobre temas de interés común.

La pluralidad en la información es fundamental para la construcción de una democracia y el fortalecimiento de la sociedad civil. En los pequeños pueblos, estos medios —precarios en su mayoría— proveen de información distinta, de interés local, a una audiencia que de otro modo debe conformarse con el consumo de contenidos de medios foráneos (aunque estén publicados en la capital estatal) que no se ocupan de sus problemas y que, siendo propiedad de élites, propagan contenidos dirigidos a perpetuar el statu quo, por más que los consumidores no sean recipientes vacíos de dichos contenidos y puedan reapropiarlos y resignificarlos conforme a sus necesidades (Hughes y Prado 2011).28

En los espacios locales y microlocales, esos medios son fundamentales para nutrir la discusión en los pequeños márgenes de interlocución de las audiencias, para crear o fortalecer la sociedad civil local, para fomentar la protesta y exigir derechos, además de informar de peligros cercanos. Son esenciales para abrir espacios de construcción de ciudadanía, mejor calidad de vida y empoderamiento de los habitantes.

Si pensamos en los procesos de construcción de paz, las “infrapolíticas de paz” (Center for Advanced Latin American Studies 2021; Richmond 2011), desde las comunidades que han visto su tejido social destrozado por la violencia y la miseria, los medios locales son un apoyo clave. La socialización de las acciones tomadas en los espacios privados, en los márgenes de la esfera pública, contribuye a ampliar los espacios de interlocución.

El modelo de Habermas ha sido cuestionado a lo largo de los años, sin embargo, el potencial crítico y emancipador de este sigue siendo sugerente hasta hoy. Algunos críticos del enfoque habermasiano arguyen que este concepto no puede aplicarse a los espacios locales, cooptados por actores violentos. “¿Cuál diálogo crítico es posible con una pistola en la cabeza?”, preguntó Anne Huffschmid cuando comentó la primera versión de este trabajo. El concepto de esfera pública es normativo y no puede decirse que exista realmente en alguna parte: existen espacios públicos de discusión compuestos por algunos actores, que siempre son minoritarios.

La evidencia empírica que fue posible recabar muestra que incluso en los espacios más cerrados —Cuba actual, por ejemplo— existen posibilidades de informarse y discutir. Existen “paquetes de información”: noticias y programas prohibidos, que llegan a los lugares alejados sin internet (Celecia 2020), como en otros momentos se tuvieron maneras de hacer llegar impresos rebeldes. Las microesferas públicas de los lugares de frontera no son las mismas que existen en las grandes ciudades. En principio, estos diálogos son entre “civiles”, no con los poderosos, sean autoridades constituidas o criminales.

Sin duda las limitantes son muchas. Uno de los impedimentos que enseguida viene a la mente es el constante espionaje por parte de los actores de ambos bandos en espacios como cafés, cantinas, iglesias, reuniones y asambleas. Otro es el silencio impuesto a periodistas y activistas. Los actores, legales e ilegales, que operan en los espacios de frontera procurarán colonizar todas las posibilidades de emancipación. Sin embargo, estoy convencida de la existencia del potencial de resiliencia y resistencia de las poblaciones sometidas y de las estrategias de posible discusión para criticar a los poderes y llegar a acuerdos. No entiendo de qué otro modo pudieron haberse constituido, por ejemplo, las policías comunitarias de algunas poblaciones de la sierra de Guerrero o en Michoacán, y los movimientos rebeldes a lo largo de la historia.

Scott (2000) habla de los espacios sociales existentes en los que se puede expresar una disidencia marginal al discurso oficial de las relaciones de poder, incluso entre esclavos o siervos en diversos lugares y épocas. En estos espacios es donde se instalan las microesferas públicas locales. Coincido en la pregunta que se hace el autor: “¿Cómo podemos estudiar las relaciones de poder cuando los que carecen de él se ven obligados con frecuencia a adoptar una actitud estratégica en presencia de los poderosos, y cuando éstos, a su vez, entienden que les conviene sobreactuar su reputación y su poder?” (Scott 2000, 20). Y coincido también con él en su objetivo de “darle sentido a un estudio diferente del poder que descubre contradicciones, tensiones y posibilidades inmanentes” (Scott 2000, 21).

No nos engañemos con el concepto de “discurso oculto” del autor, que aparentemente podría ser lo opuesto a aquel de “esfera pública”. El discurso oculto es el que no puede decirse frente al dominador, se expresa “tras bambalinas” y constituye una crítica al poder entre unos cuantos. Luego se convierte en discurso público, aunque disfrazado. La contraparte es el discurso público, que el autor define como el que se dice frente al dominador. Las formas del discurso público “disfrazado” pueden ser “rumores, chismes, cuentos populares, canciones, gestos, chistes, teatro”, entre muchas otras (Scott 2000, 21). Si los periodistas, comunicadores y activistas se quedan, logran sobrevivir y son capaces de trasmitir información por canales insospechados, pueden ser vehículos que trasmitan estos discursos y colaborar al diálogo que permita reflexionar sobre los problemas comunes.

Los periodistas

¿Quién se considera periodista? Antes que nada, es importante señalar que no existe un registro en México de quién es periodista, como sí lo hay en otros países de América Latina, por ejemplo en El Salvador, en donde los trabajadores de los medios están inscritos en colegios de profesionales, por más que no sea obligatorio registrarse (Ávalos, entrevista 6 de agosto de 2021).

Dada la desconfianza (muy fundada) que despiertan en los periodistas las autoridades mexicanas, se ha considerado a esta práctica como una forma más de control que haría más daño que bien.29 Existen asociaciones regionales que agrupan a algunos trabajadores, sobre todo para recibir beneficios económicos o profesionales, pero a este nivel también los periodistas independientes desconfían, por la historia de clientelismo de estas agrupaciones (Santiago, entrevista 21 de agosto de 2021; Del Palacio 2018a y 2018b), de tal modo que no todos los periodistas están agrupados en ellas.

La definición de quién es periodista se ha ampliado en los últimos años:

[…] aquella persona que busca, describe, analiza, interpreta, contextualiza, edita, produce, presenta o retrata intencionalmente información adecuada sobre asuntos de actualidad (noticias), en cualquier soporte mediático, texto, sonido o imagen, como parte del proceso de mostrar o interpretar esta información a un grupo más amplio que no estaba familiarizado con la información y sin esperar tener un beneficio personal de las consecuencias de dar a conocer dicha información. Su trabajo puede o no especializarse en una fuente o tema. Puede estar empleado en uno o varios medios o puede ser autoempleado (freelance) (Oller et al. 2019, 14).

Cualquiera que sea su régimen de contratación, se entiende que, para el periodista profesional, el trabajo periodístico es el más importante, tanto económica (recibiendo de él al menos 50 % de sus ingresos) como profesionalmente (Oller et al. 2019, 1 y 4).

En los últimos años, y ante la evidencia de que una gran cantidad de información circula a través de canales no convencionales y no a través de medios formales, han surgido otras figuras que no se adaptan a la definición de periodista profesional. El proyecto Worlds of Journalism buscó llegar a una definición del “periodista periférico” en contraposición a “periodista profesional”. El periodista periférico es quien realiza funciones informativas en los márgenes del periodismo. “Estos periodistas trabajan con o sin compensación en una plataforma o espacio semejante que puede adaptarse mejor a los cambios en el periodismo y experimentar con nuevas prácticas y modelos de hacer noticias” (Oller et al. 2019, 4).30

Estos espacios de difusión de información incluyen, pero no se limitan, a los siguientes: plataformas de microblogging, como Twitter; aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, Facebook Messenger, Snapchat, etc.; sitios de intercambio de fotografías y video, como Instagram o YouTube; sitios de noticias, como Yahoo! Noticias; sitios de creación de redes, como Facebook (Oller et al. 2019, 4). En esta categoría se incluye a los trabajadores de medio tiempo y a voluntarios en radios comunitarias, por ejemplo, siempre y cuando se consideren periodistas (Oller et al. 2019, 16).

Como puede observarse, estas definiciones tienen como base las prácticas, las rutinas profesionales, los espacios donde se difunde la información, la identidad autoasumida y el factor económico. Sin embargo, no se toma en cuenta el espacio geográfico desde donde se está produciendo esa información, suponiendo que en un mundo globalizado, donde la virtualidad permite que la localización física de quien produce la noticia sea irrelevante, ese factor no tiene la más mínima importancia.

Existen razones para considerar esto como cierto, ya que hay muchos periodistas que han podido acceder a redes extralocales que les permiten difundir su trabajo a nivel nacional e internacional, e incluso publicar desde el exilio, como en los casos de Nicaragua o Cuba, e incluso a nivel subnacional, como los muchos periodistas desplazados en México, lo cual ha permitido disminuir el potencial silencio de muchas regiones. Sin embargo, hay muchos otros que están situados (anclados) en un territorio y no pueden salir de él fácilmente. Su contexto de producción de las noticias es, en estos casos, fundamental.

Periodistas locales, precarios, periféricos y de frontera

Se ha nombrado a los periodistas que ejercen fuera de la capital del país “periodistas locales”. En países grandes y descentralizados, casi la totalidad de estos trabajadores podrían considerarse “locales”. Tampoco se hace una diferencia entre aquellos que ejercen su labor desde las capitales estatales/provinciales y los que se desempeñan en comunidades alejadas. Todos son “locales”. Este estudio, aunque también señale problemas que aquejan a periodistas que se desempeñan en medios mal llamados “nacionales” y de las capitales de los estados, centra su análisis en los otros, los periodistas de fuera de la capital.

Un concepto aplicado a nuestros protagonistas para intentar diferenciarlos es el de Espino (2016): “precarios”. El autor no define claramente el concepto, solo se refiere a estos actores como los periodistas del interior de la república con baja profesionalización, salarios bajos y pocas prestaciones, sujetos a la voluntad de los gobernantes y otros actores no estatales. En esta conceptualización se hace referencia al lugar geográfico de asentamiento de los trabajadores de los medios, lo cual la hace más cercana a la comprensión del fenómeno que me ocupa. Hay, sin embargo, sutiles diferencias entre los integrantes del gremio en el interior del país. No todos los periodistas que trabajan fuera de la capital son precarios, ni todos los periodistas precarios se sitúan en el interior del país (Hughes y Márquez 2017; Hernández y Vera 2020; Pérez 2021).

Finalmente, en el libro de González de Bustamante y Relly (2021, 1) se aborda la situación de los periodistas que trabajan en “las periferias geográficas, políticas y económicas del país”, y, por tanto, las autoras han llamado a estos trabajadores “periodistas periféricos”. Además, afirman que, dentro de esta clasificación, existen los periodistas “doblemente periféricos”, que tienen mucho más bajos niveles de independencia política y económica que sus colegas. Sin duda este estudio es el más cercano a lo que intento hacer en este ensayo. Por más que yo tenga diferencias en la conceptualización de “la periferia” y de los “periodistas periféricos”, coincidimos en la importancia de analizar a estos trabajadores como personas y no como números, así como abordar sus traumas y sus acciones de resistencia y resiliencia.

Las autoras afirman que los “periodistas periféricos” son aquellos que carecen de poder económico y social, aunque tal vez trabajen para dueños de medios económicamente y políticamente poderosos. Los han despojado de independencia y autonomía profesional, trabajando en la periferia de sus comunidades (González de Bustamante y Relly 2021, 6).

Esta definición abarca incluso a aquellos que trabajan en las capitales de los estados o en medios importantes, como El Norte, El Diario de Juárez y otros, por el mero hecho de ser medios alejados de la capital del país y cercanos a la frontera norte. Además, esa caracterización puede confundirse con la que se hizo en Worlds of Journalism para hablar de los periodistas no profesionales que ejercen su labor sin pago (Oller et al. 2019, 4).

El periodismo de frontera es aquel que es necesariamente local, es periférico, pero se encuentra en los márgenes del estado, en las zonas silenciadas, y no coincide con la definición de González de Bustamante y Relly, ya que solo por excepción estos periodistas trabajan para grandes medios. Contrariamente a lo que reportan dichas autoras, muchos de los periodistas de frontera tienen total autonomía, son incluso dueños de sus pequeños medios; lo que consecuentemente los hace más vulnerables.31 No abundaré en este aspecto, sino en las precariedades que sufren, los contextos en donde trabajan, las resistencias y resiliencias que muestran y la posible influencia que pueden tener en sus comunidades.

La reflexión definitiva que llevó a la conceptualización de periodismo de frontera fue la que compartió conmigo el periodista Antonio Mundaca (entrevista 18 de agosto de 2021). Sus palabras me confirmaron lo que ya sospechaba. La creación de su periódico digital ElMuro.org, planeado y elaborado en Tuxtepec, Oaxaca, “como periodismo de frontera en la región”, me pareció el ejemplo más claro de lo que yo quería analizar. Este tipo de periodismo se ocupa fundamentalmente de los asuntos hiperlocales y se produce fuera de las capitales de los estados, para informar lo que ocurre en esas regiones que “no le importan a nadie”.

Tuxtepec se encuentra sobre el río Papaloapan, en los límites territoriales entre Oaxaca y Veracruz. A pesar de ser un polo económico fundamental en la zona y estar asolado por el crimen, lo que ahí ocurre interesa poco a lectores y medios de la capital de Oaxaca. Esta se encuentra a 128 kilómetros de distancia en línea recta, pero por lo accidentado del terreno, los 218 kilómetros de carretera se recorren en casi tres horas. No solo Oaxaca capital se desentiende de lo que ocurre fuera de ella: las noticias de Tuxtepec son ignoradas por las poblaciones de Veracruz, separadas tan solo por el río Papaloapan; aquellas están más interesadas en lo que ocurre en ciudades más grandes del lado veracruzano, aunque estén más distantes.

La distancia que separa a estas comunidades de las capitales no es necesariamente un factor determinante. He encontrado periodismo de frontera en ciudades de entre 50 y 150 mil habitantes, que se encuentran a menos de una hora de distancia de las capitales de los estados. Lo que ahí ocurre se reporta solo excepcionalmente en los medios estatales y los medios locales ejercen su labor con limitaciones graves. En esas poblaciones el espacio cívico está prácticamente cerrado: el derecho a la protesta no puede ejercerse y no hay agrupaciones civiles como colectivos (feministas, de búsqueda de personas, ecologistas, etc.).

En los periodistas de frontera se combina una gran cantidad de desigualdades, además de las ya señaladas como contexto general para América Latina. Enuncio las siguientes desigualdades particulares, que planteé como hipótesis al iniciar esta investigación y que hubo que matizar una vez analizados los testimonios recabados:

Educativas (algunos no terminaron ni la educación básica).

Laborales (no pueden acceder a fuentes de trabajo mejor remuneradas y de mayor prestigio).

Económicas (salarios bajos o ausencia de los mismos, combinación de empleos, recursos materiales, conectividad, desamparo en salud y otras prestaciones).

Condiciones de producción (llegando incluso a ser artesanal), circulación y consumo de sus medios.

Contextuales (mayor cercanía a los lugares de conflicto, mayor riesgo al convivir en poblaciones pequeñas con sus agresores al ser más visibles, relaciones peligrosas imposibles de confirmar).

Acceso a la justicia y a los mecanismos de protección.

Género (mujeres periodistas que afrontan violencias específicas, además de las otras, por lo que es un factor trasversal).

Derivado de las entrevistas realizadas, he encontrado que los periodistas que ejercen en las capitales de los estados tienen características particulares: tienen mejor acceso a la tecnología (internet y telefonía celular), mayor cercanía al poder político estatal, a los mecanismos de protección y mayores posibilidades de contratación en los medios más grandes y relevantes. Cuando estos ejercen una función crítica, los actores que pretendan agredirlos se contienen más para silenciarlos, sobre todo en lo que se refiere a ataques fatales —aunque desde luego no están a salvo—, ya que son más visibles y conocen mejor los mecanismos de protección, sus medios tienen mayor influencia potencial y pueden hacerse oír por un público y/o sociedad civil más crítica que puede defenderlos. Asimismo, la existencia de un ecosistema de medios potente y autosuficiente es fundamental. Quienes reportan mayor vulnerabilidad son los periodistas que ejercen su labor fuera de las capitales o en las periferias de estas, en particular, aquellos que trabajan en lugares aún más remotos.

Definí más arriba al periodismo de frontera como aquel que se lleva a cabo en los márgenes del estado y que se ocupa de informar sobre lo que ocurre a nivel local e hiperlocal. Y son ellos quienes deben enfrentar la violencia simbólica y directa en las regiones más alejadas del control del Estado. Son quienes, a pesar de estas agresiones, impiden que dichas regiones queden totalmente silenciadas. Aun dentro de esta categoría, hay diferencias que surgieron del análisis de las entrevistas y el seguimiento hemerográfico de las agresiones:

Los periodistas precarios/resilientes de frontera son aquellos en quienes se exacerban las desigualdades señaladas y a quienes no se tiene acceso fácilmente. Son ellos cuyos nombres solo conocemos después de que han sido atacados y se convierten en noticia. Muchos de ellos han sido resilientes, en el sentido de continuar con su labor en entornos muy adversos, ejercen su capacidad de agencia teniendo como meta última la sobrevivencia frente a enemigos que no pueden enfrentar directamente. Llegan a ser, en ocasiones, funcionales a los poderes para sobrevivir. Debido a las circunstancias en que se realizó la investigación, el objetivo central, que era llegar a ellos, no pudo cumplirse.

Los periodistas combativos de frontera, a quienes pude entrevistar y que trabajan en poblaciones más grandes, tienen características particulares que es preciso detallar. En general, ellos son quienes presentan resistencia a los ataques de poderes constituidos y fácticos, y es gracias a ellos que se conocen los hechos de la región más allá de esta.

Resistencia y resiliencia. De víctimas a actores con capacidad de agencia

Es preciso abordar a los periodistas de frontera como sujetos; no como de estudio, sino como sujetos que cuentan sus historias, que eligen de qué modo contarlas, y de ningún modo como objetos que terminan siendo un número más. Sostengo que solo a través de las historias narradas por ellos, periodistas de carne y hueso, se puede entender la multiplicidad de factores que inciden en las circunstancias particulares de esas personas, y desde la particularidad buscar los hilos conductores.

Es importante ver en/desde los espacios locales (Kalyvas 2001 y 2004) a estos sujetos no como víctimas inermes de las violencias, sino como actores capaces de afrontar las crisis (Long 2007, 48) del periodismo y de la libertad de expresión en los lugares de frontera, a través de prácticas y estrategias de resistencia32 y resiliencia.33 Son estas estrategias lo que permite que la información siga fluyendo y que las microesferas públicas locales sigan vivas.

Por otro lado, se considera a los periodistas como capaces de “procesar la experiencia social y diseñar maneras de lidiar con la vida, aun bajo las formas más extremas de coerción” (Long 2007, 48). Interesa su “capacidad de saber” y “capacidad de actuar” desde la vulnerabilidad.

Pensar en una vulnerabilidad que no se opone al ejercicio de mi agencia, pensar en la vulnerabilidad como movilizadora de la resistencia es nuestra única forma de resistir. Sabernos vulnerables […] pero aun así sabernos capaces de ejercer agencia es ya una forma de resistir. Quizá la única que nos queda (Butler 2018, 15).

No estoy totalmente de acuerdo con esta perspectiva de la resistencia, ya que me parece demasiado amplia. Podría considerarse un ejercicio de resistencia que los periodistas, sabiendo de su vulnerabilidad extrema, ejerzan su agencia y se vendan a los poderes. O bien que ejecuten acciones como las que González de Bustamante y Relly definen como resistencia (autocensura, entre otras), que en mi perspectiva son acciones de resiliencia. Las autoras consideran, por ejemplo, un acto de “resistencia extrema” tanto ignorar como obedecer demandas del crimen organizado. Sostengo, en cambio, que la capacidad de agencia de los periodistas se muestra tanto en la resistencia como en la resiliencia: son formas diferentes de ejercer la agencia, dependiendo de las circunstancias más o menos extremas en que se encuentren los actores. Por ello, prefiero el concepto de resiliencia, que involucra directamente la sobrevivencia a un trauma —absolutamente esencial en estos casos—, al de resistencia, aunque sea en el sentido que le da Scott (2000): “resistencia de los dominados”.34

Pero ¿cómo se aplica el trauma a la situación de estos periodistas? Trauma, en su acepción más directa, es una herida, un golpe; y en su sentido psicológico, para la Asociación Americana de Psicología (APA), el trauma es “una respuesta emocional a un evento terrible como un accidente, una violación o un desastre natural”. Cualquier evento que una persona considere amenazante puede desencadenar un trauma. (Leonard 2021).

La resiliencia implica resistencia al trauma y adaptabilidad; puede ser definida como “una capacidad que resulta de un proceso dinámico, evolutivo, en que la importancia de un trauma puede superar los recursos del sujeto; varía según las circunstancias, la naturaleza del trauma, el contexto y la etapa de la vida […] es el fruto de la interacción entre los factores de riesgo y factores de protección, […] pero no significa ni falta de riesgo ni protección total” (Manciaux, Vanistendael, Lecompte y Cyrulnik 2010, 23).

Como lo he señalado desde el inicio de este trabajo, la violencia que se exacerbó en diversas regiones del país después de la guerra declarada por Felipe Calderón y la consiguiente militarización de la seguridad pública en México, conllevó un cambio igualmente violento en la cultura periodística de los corresponsales locales. Alguna persona en Veracruz lo expresó con una frase como esta: estar bañándose cuando se les incendiara la casa de súbito y salir de ella apenas con una toalla por vestido (Del Palacio 2018a y 2018b); si a ello sumamos los asesinatos de compañeros, la presencia constante y evidente de agentes criminales y fuerzas armadas en las calles, podemos decir que el trauma fue y sigue siendo muy grande. Esto se dio (y se sigue dando) en diferentes momentos, según la región del país y de otros lugares de América Latina.

En suma, se apuesta por la heterogeneidad en lugar de la homogeneidad que busca generalizaciones acríticas que no son aplicables a contextos distintos. Si ver el bosque tiene una función, analizar los árboles permitirá ver diferencias, semejanzas y especificidades. En efecto, en una revisión de las violencias contra periodistas de frontera en América Latina se encontrarán muchos puntos en común, circunstancias y casos casi idénticos. Pero la intención no será la comparación, que requeriría de instrumentos específicos, como la aplicación de una encuesta o el mismo cuestionario a periodistas de diferentes países, sino encontrar las conexiones posibles (Corona 2019; Subrahmanyam 1997 y 2014; Bernard 2018).

Un estudio de los periodistas de frontera en cada país de América Latina sin duda es complejo y requerirá de mucho más tiempo, y en ese sentido, este ensayo es solo el inicio. Como se afirma en el caso de Colombia:

Cuando los datos consignados se miran desde la perspectiva del tiempo, los lugares y las redes, de lo que estaba sucediendo en el conflicto armado interno o de las transformaciones que estaban viviendo el país y el periodismo, sobresalen otras características de lo sucedido que no son tan evidentes en la totalidad del bosque. Es un trabajo pausado y paciente, de ensayo y error, de hipótesis que a veces se construyen y a veces se deshacen, como si se tratara de reconstruir un tejido del que apenas tenemos algunas de sus hebras (Centro de Memoria Histórica 2014, 29).

Suscribo la afirmación de Anne Huffschmid, de que habría que tomar a la investigación transdisciplinaria “ya no como un procedimiento de validación de hipótesis, sino como uno de exploración y descubrimiento, un movimiento constante y delicado entre el saber y no saber” (Huffschmid 2012; la traducción es mía).

Tomando en cuenta lo anterior, pretendo completar este ensayo sin dejar a un lado la reflexividad, el significado del propio hacer, el significado de investigar sobre violencia contra los periodistas sin ser periodista, en medio de la violencia que se sigue ejerciendo a diario contra los comunicadores y que impide llegar a un cierre, en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo y desde el estado cuyo riesgo extremo para los comunicadores se ha reconocido en los informes internacionales: Veracruz.

Como ya he dicho, se han abordado las precariedades de los periodistas en diversos artículos y libros, pero los investigadores se han ocupado mucho menos de la resiliencia y la capacidad de agencia. De León, Bravo y Duarte (2018) y Ramos (2021 y 2022) han abordado el papel de las redes profesionales; Martínez y Ramos (2020) se han ocupado de las alianzas de medios para llevar a cabo periodismo colaborativo; Del Palacio (2020) de la resiliencia de los periodistas y la ocupación de espacios públicos para preservar la memoria; y Salazar (2016, 2021 y 2022) se ha ocupado del papel de la sociedad civil y otros “aliados estratégicos” en espacios locales y de la capacidad de agencia de los periodistas a través de la emergencia de medios.

¿Cómo abordar la capacidad de agencia de estos periodistas? En el presente trabajo se analizan los esfuerzos no institucionalizados que han hecho los propios periodistas: redes formales e informales, alianzas extralocales, protestas, marchas, apropiación de espacios públicos, entre otros. Cabe señalar que cada uno de estos esfuerzos ameritaría un estudio particular.

Estos elementos se analizan en contraste con los esfuerzos institucionales: la legislación e instituciones de protección que se han creado desde el Estado en los diferentes países, y explicar por qué no han sido efectivas para prevenir los ataques. Se revisan también las acciones que han asumido las universidades: los esfuerzos que se han hecho desde la academia para apoyar a los comunicadores.

No fue posible realizar entrevistas in loco, ya que la pandemia las volvió casi impracticables. El proyecto original era acudir a las comunidades y realizar varias entrevistas a cada uno de los comunicadores dentro de sus espacios de acción. Esto hubiera permitido un mejor conocimiento del entorno inmediato y una convivencia más larga que fomentara la comunidad y la comunicación horizontal. Desde el periodismo, se está realizando una investigación con las características que yo estoy planteando aquí. Se trata del proyecto Voces silenciadas, podcasts documentales que pretenden “narrar la violencia contra los periodistas desde una óptica estructural” (Defensores de la Memoria 2021).35

La etnografía virtual no resulta tan útil, debido al acceso limitado a la tecnología por parte de estos periodistas, que son constantemente vigilados y que ejercen otros oficios para sobrevivir, además de la violencia política que está presente en varios países de América Latina. Fue preciso reconocer que sería imposible entrevistar a distancia a los periodistas precarios de frontera, que viven fuera de las cabeceras municipales y que trabajan en zonas silenciadas, en las condiciones ya descritas .

Es por ello que se modificó la estrategia metodológica, en el entendido de que el objetivo original de convivir con estos actores no sería posible. Decidí aprovechar los estudios realizados a nivel nacional en otros países y los informes de las organizaciones internacionales, así como las múltiples mesas redondas sobre el tema celebradas en los últimos dos años.

Originalmente quise utilizar las herramientas de la etnografía multisituada (Marcus 2001), pero, por más atractiva que resultaba la propuesta, al no ser posible acercarme a las comunidades, me limité a realizar en julio y agosto de 2021 quince entrevistas a actores emblemáticos (periodistas e intelectuales) en México (Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Veracruz) y América Latina (El Salvador, Paraguay y Cuba). Los periodistas entrevistados en esta segunda ronda son, sin embargo, periodistas urbanos, que si bien trabajan fuera de la capital del país y en varios casos fuera de las capitales estatales, no son los más precarios, y sus características y condiciones de trabajo son muy distintas de las del primer grupo, a quienes quería llegar originalmente.

A partir de los materiales ya disponibles36 pretendo “poner en diálogo las diferentes voces”, “hilar historias” desde la empatía y la responsabilidad, y que sean esas voces las que narren las violencias y precariedades: poner carne, hueso, dolor, vivencia, sobre las cifras y datos fríos.

He retomado las narraciones de los periodistas que han plasmado las vidas y contextos de los reporteros silenciados, ya que creo que es lo más cercano a participar de una comunidad emocional, compasiva, (con)dolida que (se) narra horizontalmente. Con base en todos esos testimonios, es posible hacer una caracterización de estos trabajadores. Tomando e hilando los testimonios de los periodistas sobre sus propias experiencias y las de sus compañeros asesinados, se construirá la memoria alternativa de las violencias.

La escucha empática, sin preguntas dirigidas ni estructura específica en las entrevistas, tuvo como fin crear una comunidad emocional (Jimeno, Varela y Castillo 2019), no para darles la voz, porque ellos tienen la suya y la ejercen en distintos ámbitos, sino para saber cuáles son los que ellos consideran sus problemas y plantear con ellos posibles soluciones (Corona y Kaltmeier 2012; Corona 2019).

La imposibilidad de estar presente en sus comunidades, acompañar en la medida de lo posible sus trabajos y conocer su entorno de primera mano, modificó la intención originaria de este trabajo. El procedimiento, seguido de manera virtual, me permitió solo atisbar sus entornos a través de la rendija de la plataforma de Zoom. A veces ni siquiera eso, porque los entrevistados, con justa precaución, prefirieron no encender sus cámaras o escoger entornos neutros. Por fortuna, las entrevistas de 2014 a 2018 fueron realizadas en el lugar de trabajo de los periodistas y se pudo conocer su vida más allá de sus respuestas, por más que esos actores no hayan sido tampoco los más precarios.

Me parece importante no aproximarse a los periodistas con la imagen del comunicador producida desde algunos estudios sobre periodismo, que son generalizadores. Es decir, los periodistas violentados no siempre son los guardianes de la libertad, incorruptibles ejemplos de ética periodística, a quienes agreden por informar sobre corrupción o narcotráfico. Ellos son las excepciones y por fortuna pude conocer sus historias para realizar este trabajo.

Consideré fundamental no heroizar a estos actores, no juzgarlos, no intentar meterlos en un modelo o patrón predeterminado, sino tratar de entender sus procesos de resistencia y resiliencia en entornos violentos.

A nivel local, con más frecuencia que en otros espacios, es posible ver la presencia del narcoperiodismo, concepto que sirve al periodista Javier Valdez (2016) en su libro homónimo para designar aquellas prácticas periodísticas cooptadas por los grupos criminales. Díaz (2016) documenta la existencia de este tipo de periodismo en México, Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay. También es en esos espacios que se multiplica la incidencia de sobornos por parte de actores políticos y la recepción de pagos otorgados por organizaciones criminales.

No se trata de juzgar la ética de estos periodistas “en lugares donde la libertad de prensa es impracticable” (Díaz 2016, 78), se trata de entender las circunstancias particulares de sus prácticas. Estos periodistas son los protagonistas de la vida política microlocal, a ellos no deben superponérseles los estereotipos de la “pobrecita víctima”, pero tampoco el modelo del “perro guardián del periodismo”.

La inmensa gama de grises debe abarcar las complicidades problemáticas, las prácticas de riesgo ya institucionalizadas que se siguen sin cuestionarlas, como vender publicidad a actores políticos locales (“me das, te doy y tan tan”) (Del Palacio 2016), e incluso las fuentes de dudosa reputación del periodista combativo. Es preciso desmitificar la práctica para entender la agencia. Hablamos de periodistas vulnerables, activos, que viven en el riesgo, en medio de la constante negociación, en los bordes, en el límite.

No se puede ignorar la existencia de los otros: personajes que se identifican como periodistas, que incluso tienen un portal —casi siempre se opta por medios digitales o perfiles de Facebook y cuentas de Twitter—, que usan para extorsionar, sacar provecho de actores políticos e incluso de ciudadanos, y combinan esta actividad con otras prácticas ilícitas. Desde fuera pocos podrán ver la diferencia entre estos actores y los verdaderos periodistas, sobre todo los más precarizados. Los primeros no dudarán en sacar provecho de su condición y victimizarse ante ataques que no son producto de su actividad periodística. Ellos causan un daño enorme a la profesión y contribuyen a obscurecer aún más la comprensión de la violencia contra comunicadores.

La siguiente cita de Amir Mamma es muy adecuada para la situación de estos periodistas y a su mitificación por parte de los estudios académicos:

Los únicos que pensamos que los oprimidos resisten veinticuatro horas al día somos los intelectuales […] Se necesita coraje, creatividad, capacidad de negociación con las autoridades [y yo añado, con los actores criminales y otros poderes fácticos que han capturado las comunidades] y un trabajo mimético para hablar el mismo lenguaje. La vida cotidiana es pura cultura política, no es ningún colaboracionismo fácil, ni resignación, ni conciencia para sí de algunos elegidos (Amir Mamma citado en Rufer 2012, 79).

Hay que asumir las complejidades de los sujetos. Es verdad que en algunas de las entrevistas, los comunicadores se presentaron como periodistas combativos y críticos, sin reconocer las limitaciones éticas en aras de la supervivencia. Algunos señalaron las complicidades de sus colegas con grupos criminales o actores estatales, otros se rehusaron a admitir la situación. Es por ello que sus testimonios deben verse como la autorrepresentación de su oficio y cómo esta se trasmite a quien escucha, mediada por “la distancia, la confrontación, la mímesis o la parodia” (Rufer 2012, 73).

“Los periodistas ya no quieren ser entrevistados, ya no quieren ser encuestados, quieren soluciones para sus problemas”, afirmó Guillermo Osorno en una mesa destinada al tema (Red por la Libertad de Expresión Contra la Violencia a Comunicadores 2020); eso explica que muchos periodistas rechacen las entrevistas. ¿Cuál es la utilidad para ellos? ¿Les resolveremos algo?

Al leer las diferentes entrevistas que se les han hecho a algunos, incluso anonimizadas, he podido ver que son prácticamente las mismas palabras, puedo adivinar los nombres, porque es lo mismo que me respondieron a mí o lo que publicaron en algún libro de testimonios. Las historias que han contado una y otra vez se han ya mitificado y ocupan un lugar en el “orden del discurso” (Rufer 2012).

Es por ello que asumí la escucha como un acto político, en la comprensión de que, de entrada, esta es asimétrica (Corona y Kaltmeier 2012; Corona 2019). No soy periodista, llevo en mi escucha el peso de la academia, de la institución, y habría que ver si los periodistas, como dijera Spivak (2003 y 2008 citado en Rufer 2012), quieren que yo hable por ellos, o bien que hable sobre ellos en el lenguaje del Estado, de la política, de la academia. Mi afán investigativo está también en el borde: miro desde ahí a un agujero negro que no termino de entender. Compartimos palabras e ideas, pero detrás de lo dicho se oculta un abismo con todo lo no dicho, que ni la entrevista, ni la encuesta, ni la observación participante podrían llenar, mucho menos la teorización desde afuera.

Es preciso, pues, “habitar la diferencia, no romantizarla”, “trabajar con y a través de la contradicción” e interpretar los ocultamientos, “olvidos”, silencios, en la conversación, no solo su contenido, sino los modos de enunciación, su fondo, tanto lo que oculta como lo que muestra a través de vacilaciones y sobresaltos (Arfuch 2018, 58) sin pretender haber registrado “lo que estaba perdido”, ni suponer que el conocimiento producido podrá incidir en un cambio inmediato del “otro” (Rufer 2012). Lamentablemente, como pide Osorno, no podemos brindar soluciones fáciles desde la academia a problemas, literalmente, de vida o muerte.

Butler (2006, 19) afirma que la esfera pública está constituida también por lo que no puede ser dicho, por lo que no puede ser mostrado fácilmente. Y es lo que está en el límite de “lo decible” donde pueden aparecer las presencias de actores viables, las resistencias. Por ello, busqué indagar en esos límites. En ese sentido, la imagen puede ser más explícita. Incorporé aquí algunas fotografías de los contextos vitales de algunos comunicadores para mostrar a través de ellas su cotidianidad. Estas imágenes forman parte del proyecto Vestigios realizado por el fotógrafo veracruzano Félix Márquez entre 2019-2021, quien me las facilitó.37 Él captó esas imágenes con el consentimiento de las familias de las víctimas y, al mostrar los objetos cotidianos que podrían ser los nuestros —aunque hay que reconocer que no lo son— (una mochila, el altavoz usado para difundir las noticias, los primeros ejemplares de un periódico), nos lleva a reconocer la poca o mucha distancia que tenemos con los periodistas agredidos.

23 El modelo más adecuado para América Latina es el que Guerrero y Márquez (2014a) denominan “liberal capturado”, a partir de los otros modelos mediáticos desarrollados a lo largo del siglo XX. Este modelo se aplica a los años posteriores a la transición democrática en los países de América Latina. Es una combinación de dos modelos de Hallin y Mancini (2004 y 2012): liberal (que prevalece en Gran Bretaña, Irlanda y Estados Unidos) por el tipo de propiedad privada, con fines comerciales y normas como la objetividad y la intención de ser vigilantes del poder, pero que en América Latina sigue capturado por el Estado. No en el sentido en que habían señalado Hallin y Mancini en su modelo mediterráneo o pluralista polarizado para España, Francia, Italia o Grecia, donde la intervención estatal era formal y la prensa abiertamente partidista, pero sí instrumentalizada por el poder a través de otras vías. En este modelo, los medios privados ofrecen lealtad al poder a cambio de beneficios diversos. Para una discusión más amplia sobre las relaciones entre periodismo y gobiernos democráticos, así como la necesidad de plantear el estudio a nivel subnacional, ver Salazar (2022).

24 Finalmente, como Hanitzsch et al. (2019) y Hanitzsch y Voss (2017) apuntan, el sesgo que relaciona al periodismo con la democracia, que solamente es adecuado en una minoría de la población mundial, proviene de la concentración de estudios en el norte global. La adecuación que se ha hecho de estos estudios a la realidad latinoamericana es una adaptación extralógica que merece mayor análisis.

25 Otros estudiosos han llamado la atención sobre el problema de intentar unir el universalismo teórico y las realidades de cada país (Hanitzsch et al. 2019), mientras que Weisbord y Mellado (2014) plantean la necesidad de “desoccidentalizar el conocimiento de las realidades comunicativas”, y Retis y Sierra (2011) plantean la demanda de hacer que América Latina se haga escuchar “en aras de la democratización” de la investigación. Sin embargo, se hacen esfuerzos por conservar tanto el universalismo teórico como las realidades de cada país y el “estiramiento” a veces no da para tanto.

26 En ese libro, 16 autores se ocupan de analizar las violencias sufridas por los periodistas de diez regiones de México: centro (Aguascalientes), el norte y noreste, incluyendo la frontera (Coahuila, Ciudad Juárez, Nuevo León y la frontera de Tamaulipas), el noroeste (Sonora y Sinaloa), el occidente (Jalisco, en particular el área metropolitana de Guadalajara) y el sureste (Veracruz y Chiapas).

27 En el Informe de la Relatoría Especial, la CIDH (2017, 14) sostenía que el 95 % de los asesinatos son cometidos en ciudades pequeñas, zonas rurales, zonas de tránsito o fronteras.

28 La recepción de los medios y las maneras en que las audiencias resignifican los contenidos mediáticos no son objetos de estudio en el presente ensayo.

29 Este fue el mismo prurito que tuvieron muchos periodistas cuando se presentó, a inicios de 2022, la iniciativa de incorporar al Seguro Social a los periodistas freelance en México, siempre y cuando se registraran.

30 El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que un periodista puede ser “una amplia variedad de personas, como analistas y reporteros profesionales y de dedicación exclusiva, autores de blogs y otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa, en Internet […]” u otros. Esta definición incluye “a quienes trabajan en medios de información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios de comunicación de la comunidad y a los periodistas ciudadanos cuando desempeñan por un tiempo esa función” (Puntal s. f.). Esto último me parece esencial, ya que algunas ONG en sus recuentos no incluyen a personal de apoyo en medios.

31 La relación directa entre mayor vulnerabilidad y mayor autonomía ya ha sido abordada por Garcés y Arroyave (2017) para el caso de Colombia.

32 González de Bustamante y Relly (2021, 6) proporcionan varias definiciones de resistencia, como la de Hodson quien la define como los “intentos de recuperar la dignidad frente a organizaciones que violan los intereses de los trabajadores, limitan sus prerrogativas y erosionan su autonomía” (Hodson 1995, 8), o la de Standt “acciones conscientes que cuestionan, rechazan o ignoran estratégicamente el discurso oficial y su discurso legitimador” (Standt 2015, 5). Finalmente, las autoras definen la resistencia específicamente de periodistas como sigue: “Actos conscientes entre periodistas y miembros de la comunidades periodísticas para oponerse de manera individual o colectiva a condiciones amenazantes con la intención de mejorar la seguridad, autonomía profesional y periodismo como un todo” (González de Bustamante y Relly 2021, 6).

33 El concepto de resiliencia, según la Real Academia de la Lengua (2019), es “la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos”. La psicología se apropió del concepto y se refiere a la capacidad de adaptarse lo indispensable a circunstancias adversas con resultados positivos, y depende de diversos factores individuales, familiares, sociales y culturales (Manciaux, Vanistendael, Leconte y Cyrulnik 2010). “Entre los periodistas, la resiliencia se manifiesta en la habilidad de continuar funcionando profesionalmente para crear, adaptar, resistir frente al trauma y la violencia” (González de Bustamante y Relly 2021, 7). Puede ser individual o colectiva y se manifiesta de diferentes formas según los contextos y geografías. Es importante recalcar que no los considero conceptos equivalentes, ya que la resiliencia podría incluso llevar a que un periodista se venda a los poderes constituidos o fácticos con tal de sobrevivir.

34 Las estrategias de “resistencia de los dominados” que enumera Scott podrían considerarse acciones de resiliencia. Me parece esencial considerar el acto de dominación primegenia (el trauma), que Scott no toma en cuenta.

35 Este proyecto encabezado por Alejandra Ibarra Chaoul ganó el Premio Nacional de Periodismo en noviembre de 2021. La música de Ana Tuirán asociada a él, además de tener mérito artístico, muestra las maneras alternativas y provocadoras de acercarse al tema desde el arte. Puede escucharse aquí https://music.apple.com/mx/album/voces-silenciadas-original-podcast-soundtrack/1573683870, además de otras plataformas, como YouTube.

36 Material etnográfico propio, recabado para trabajos anteriores, como ya se señaló: 56 entrevistas a periodistas de Tabasco, Tamaulipas, Chiapas y Veracruz realizadas entre 2014 y 2018, y notas del proceso de observación participante en esos estados durante el mismo periodo. Como tardío complemento, se realizaron ocho entrevistas a periodistas locales en Jalisco entre octubre de 2021 y noviembre de 2022. Es pertinente señalar también las entrevistas realizadas por terceros en mesas redondas y eventos académicos a una gran cantidad de periodistas e intelectuales sobre la democracia y el periodismo en América Latina, además de diez entrevistas sobre las consecuencias del covid-19 entre periodistas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río realizadas por Guadalupe Mar y Teresa Arroyo en 2021.

37 Otro proyecto cercano a Vestigios es el del fotógrafo de The New York Times, Fred Ramos, que tomó las imágenes en el mismo estilo forense, de las ropas de desaparecidos en el norte en México: https://www.nytimes.com/interactive/2021/10/03/world/americas/mexico-missing-people.html.

Periodistas de frontera. Múltiples desigualdades y violencias

Las violencias contra los periodistas en lugares como Tamaulipas y toda la frontera norte de México han sido muy estudiadas (González de Bustamante y Relly 2015 y 2021); la frontera múltiple en Paraguay ha sido mencionada como una zona de gran peligro para los comunicadores (Artículo 19 2020c; De Maio, entrevista 12 de agosto de 2021; Coalición IFEX-SPP 2016), llegándose a decir, en este último caso, que esa región paraguaya sufre de una “mexicanización de la violencia contra los periodistas” (De Maio, entrevista 12 de agosto de 2021).

Pero las violencias contra los otros, en los pequeños pueblos del sur de Veracruz, la frontera sur de México, la montaña de Guerrero o el interior de Venezuela en la frontera con Colombia, han sido invisibilizadas, acalladas. En Chile, se ignora totalmente la situación de estos periodistas y tampoco pude encontrar información específica de la frontera norte de Argentina.

Misael Habana (entrevista 5 de agosto de 2021), periodista en Guerrero, me hizo caer en la cuenta de que existen muchas más fronteras que no se consideran tales (los puertos, por ejemplo): “Acapulco es el principio y el fin del aparato digestivo de México”. Tal metáfora muestra que, en lugares como ese, se reúne lo peor y lo mejor del país. Acapulco como Veracruz, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos son fronteras a donde llegan y de donde salen insumos legales e ilegales, y en cuyas calles se libra una batalla por el control criminal de las plazas. También Acapulco, como otros lugares turísticos de playa (Playa del Carmen, Tulum o Puerto Vallarta), enfrenta la presencia del crimen organizado para controlar giros negros, distribución de droga, trata, etcétera.

Un ejemplo reciente también en Guerrero es Zihuatanejo, donde tres cárteles se disputan la plaza. Ahí los comunicadores no pueden informar sobre violencia, a riesgo de la vida. Este es el prototípico caso que yo documenté para Veracruz (Del Palacio 2018a, 2018b y 2020). La nota roja refleja en pleno la violencia que se vive, hasta que llega un cártel y ordena qué se debe publicar. Si las órdenes son desobedecidas, hay consecuencias. Todo se complica cuando hay más de un cártel y las órdenes son contradictorias. Los periodistas tuvieron que decidir a cuál cártel desobedecer. De todas formas, hubo consecuencias: balacearon El Despertar de la Costa y allanaron las instalaciones del ABC. Después de que tres periodistas se exiliaron, Édgar Nava López, director del diario digital La Verdad de Zihuatanejo, decidió “arreglarse” con el cártel. Fue asesinado el 2 de agosto de 2019. En los tres noticieros de radio, los cuatro diarios digitales y un impreso, o los ocho medios de la Costa Grande de Guerrero, no se publicó ninguna nota roja. A diferencia de otros lugares, lo que ocurre en Zihuatanejo en cuanto al silenciamiento de la información no ha sido denunciado (El Universal 2022).

Quien reportea en estos lugares enfrenta peligros distintos a la mayor parte de quienes lo hacen en Chilpancingo, capital de Guerrero.38 Natividad Ambrocio, periodista que tuvo que exiliarse temporalmente, me recordó que Iguala, situada al norte del estado y muy próxima a las fronteras de Morelos, Puebla y Estado de México, es un cruce de caminos hacia la costa, el centro del país y el estado de Michoacán, perfecto lugar de encuentro para el intercambio y transporte de mercancías lícitas e ilícitas. Lo mismo ha ocurrido históricamente en Playa Vicente, Veracruz y otros poblados que están en la región de Córdoba y Orizaba, así como aquellos situados en la frontera de Veracruz con Oaxaca y Puebla.39

Los periodistas del istmo de Tehuantepec en Oaxaca enfrentan los peligros de denunciar a las compañías extractivistas y defender a los pueblos que se oponen al establecimiento de minas y plantas eólicas, y algunos comunicadores de Tuxtepec, Oaxaca, han tenido que exiliarse por los peligros de informar en una zona tomada por los grupos delictivos en coalición con las autoridades municipales. Esto para hablar solo de Veracruz, Oaxaca y Guerrero.

En Chihuahua existe una diferencia importante entre el periodismo que se ejerce en la capital del estado, más cercano al poder y aquel más combativo y crítico, que se lleva a cabo en Ciudad Juárez. Por otro lado, conviene señalar que la defensa pública de las comunidades de la sierra Tarahumara contra el crimen organizado y las compañías extractivistas se libra desde afuera de esos territorios, que han sido totalmente silenciados (Patricia Mayorga, entrevista agosto 6 de 2021).

Fuera de esos estados, hay otras zonas de silencio ya identificadas por las organizaciones de periodistas. Estas nuevas zonas silenciadas están fuera de las capitales de los estados Hidalgo, Tlaxcala, San Luis Potosí e incluso Jalisco, que generalmente se considera como el lugar con apertura al periodismo crítico y plural, junto con Nuevo León y la Ciudad de México.

En Jalisco hay zonas silenciadas por los cárteles o por los gobernantes en colusión con grupos de poder: zona norte y noreste en la larga frontera con Zacatecas, la sierra de Amula en el sur, en las fronteras con Colima y Michoacán, y en la región de la ciénega de Chapala. Estos son los lugares donde hay pocos medios confiables, independientes, y apenas hay algunos informantes que conservan su anonimato para no perder la vida.

En entrevistas recientes (2021-2022) a periodistas de frontera en Jalisco, cuyo anonimato preservo, he podido constatar que hay temas en los que existe una casi completa (auto)censura, particularmente sobre la presencia del crimen organizado, la desaparición forzada de personas, la operación de giros negros, la contaminación y devastación de áreas naturales y la colusión de las autoridades con los grupos criminales. Esto ocurre en ciudades medias, como Encarnación de Díaz, Poncitlán, Ocotlán, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Autlán, Chapala-Ajijic, La Barca, Jamay, entre otros muchos lugares. El grave ataque a la periodista de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Susana Carreño, el 11 de julio de 2022, prueba que en ese lugar turístico el hecho de tocar ciertos temas, como corrupción y obras de construcción ilegales, puede llegar a costar la vida.

“En Jalisco pasan cosas muy graves” (corrupción, abuso de poder, desplazamientos forzosos y desaparición forzada) y “los colegas se la rifan en lo local. Si no truenan más bombas [informativas] es porque no hay condiciones de seguridad, protección y respaldo” (Ramírez 2021 y entrevista 9 de agosto de 2021).

En Chiapas también existen claras diferencias entre los periodistas que trabajan en regiones alejadas y aquellos que lo hacen en las ciudades, como Tuxtla, la capital. En Chiapas existe un enorme paralelismo entre medios y poder político, y las viejas prácticas de colusión entre empresarios mediáticos y autoridades se mantienen vigentes (Martínez Mendoza, entrevista 19 de agosto de 2021).

Periodistas precarios/resilientes de frontera

He podido conocer a estos comunicadores solo a través de las notas periodísticas que abordaron sus asesinatos o las agresiones que han sufrido. También a través de las narrativas que han hecho de ellos otros periodistas (Carvajal 2018; Hernández 2018; Zavaleta 2016 y 2018; Ávalos 2018, Grecko 2020; Santiago 2019; Almazán, Rea y Ruiz 2017, entre otros, y en los memoriales Matar a nadie y Voces silenciadas). Como dije más arriba, tomar en cuenta las investigaciones de periodistas es la mejor manera de acceder a los reporteros silenciados: es lo más cercano a participar de esa comunidad emocional, compasiva, (con)dolida que (se) narra horizontalmente. Con base en esos testimonios, intento hacer una caracterización de estos trabajadores.

La mayor parte de ellos no cuenta con educación formal, algunos no terminaron ni la educación básica, otros cuentan con carreras técnicas no relacionadas con el periodismo, y en casos más raros concluyeron una licenciatura en otra disciplina. Juan Mendoza Delgado —asesinado en San Julián, Veracruz, en 2015— concluyó el bachillerato y era reportero y fotógrafo autodidacta (Arcos 2019). Saúl Noé Martínez Ortega —secuestrado y asesinado en Agua Prieta, Sonora, el 23 de abril de 2007— estudió hasta secundaria, luego hizo una carrera técnica en herrería y un diplomado en periodismo (Arochi 2021).

Lo mismo ocurre en los casos incluso más extremos de Cándido Ríos —asesinado en Hueyapan, Veracruz, el 23 de agosto de 2017—, Gregorio Jiménez —ultimado el 11 de febrero de 2011 en Villa Aldama, Veracruz—, Moisés Sánchez —desaparecido y asesinado en Medellín, Veracruz, el 2 de enero de 2015—, Evaristo Pacheco Solís —asesinado en Chilpancigo, Guerrero, el 12 de marzo de 2010— o Aurelio Cabrera Campos —ultimado en San Miguel Acuautla, Sierra Norte de Puebla, el 15 de septiembre de 2016—. Ninguno tenía educación formal, los cinco fueron autodidactas y con grandes esfuerzos aprendieron el oficio.

Ellos, como otros, realizaron distintos trabajos antes de dedicarse al periodismo: Saúl Noé Martínez Ortega fue policía federal antes de seguir los pasos de su padre, que era reportero. Cándido Ríos fue chofer de trailer, Moisés Sánchez vendía diversas mercancías y fue autodidacta, y Aurelio Cabrera Campos fue taxista antes de ser reclutado por el director de La Voz de Sierra, a quien le dijo: “Es que no sé nada”; su jefe le enseñó “todo”: a tomar fotos, redactar, diagramar, armar, distribuir los paquetes, vender publicidad, etc. (Ayala 2018).

Como ellos, muchos más en las regiones de México se encuentran en esas circunstancias. Si vemos los casos de la frontera de Paraguay (De Maio, entrevista 12 de agosto de 2021; Artículo 19 2020c), muchos de los periodistas que ahí laboran tampoco tienen una formación profesional. Algo parecido ocurre en Colombia (Centro de Memoria Histórica 2014), por más que no se consignen casos específicos en los informes. Garcés y Arroyave (2017) afirman que quienes están más en riesgo de ataques son hombres que reportean para la radio, tienen poca o alguna experiencia y tienen alguna autonomía para tratar problemas sociales.

El factor generacional influye también en esta situación: Gutiérrez-Coba (2020) muestra que para el caso de Colombia, “el 58.3 % de los encuestados contaba con grado universitario, 13.7 % con especialización y el 22 % con maestría” (Gutiérrez-Coba 2020, 3), lo cual representó una gran diferencia con respecto a un estudio de la misma autora en 2010, donde consigna que el 5.9 % de los periodistas contaba con estudios de posgrado, por más que resulte dudoso que en solo diez años el porcentaje de periodistas con estudios de posgrado hubiera aumentado más de 30 %.

En México, los entrevistados corroboraron que los periodistas con mayor antigüedad en los medios locales y de mayor edad son los que no cuentan con educación formal, y esto incide en menos oportunidades laborales y económicas. Santiago confirma que sus colegas del sur del Veracruz de más de 50 o 60 años son periodistas empíricos, y aquellos que son diez o quince años mayores que ella estudiaron en universidades privadas regionales o fueron a Oaxaca o Tabasco a estudiar allá. Esto se refleja en las prácticas. Los periodistas de mayor edad se aferran a las viejas tradiciones, al periodismo de adjetivos, de (des)calificaciones “nada qué ver con los estándares profesionales” (Santiago, entrevista 21 de agosto de 2021).

En lugares aislados de Chiapas los periodistas tienen todas las precariedades. En las zonas de la sierra, solo una periodista es egresada de la universidad, no hay cambios generacionales. Los jóvenes egresados se quedan en las zonas urbanas porque no encuentran trabajo en las zonas más lejanas donde no hay tantos medios y los periodistas que tienen ahí largo tiempo trabajando como corresponsales de medios estatales, sin paga, han encontrado una forma de vivir, recibiendo coimas disfrazadas de “contratos publicitarios” de los gobiernos municipales y no quieren competencia. Además, “establecer un portal es muy complicado. En Motozintla y Comalapa, entre los dos, hay cinco periodistas y cada uno es corresponsal en medios de Tuxtla o Tapachula” (Martínez Mendoza, entrevista 19 de agosto de 2021).

Las condiciones laborales de estos periodistas son también precarias: carecen de contratos y en su mayoría se les paga por nota publicada. Gregorio Jiménez cobraba veinte pesos por nota (un dólar actual), al igual que los periodistas de la región de Mazatenango en Guatemala; a diferencia de quienes laboran en medios grandes de la capital, los periodistas de frontera no tienen sueldo fijo. “Para hacer rentable la profesión, ellos venden información a las entidades de Estado y a los medios locales”; un ejemplo es Danilo López, quien después de nueve años de ejercer la profesión en Mazatenango sin sueldo fijo, fue asesinado (Artículo 19 2020c, 49).

Jorge Celestino Ruiz, asesinado en Actopan, Veracruz, el 2 de agosto de 2019, no recibía un salario como corresponsal del medio estatal Gráfico de Xalapa; el periodista recibía cierta cantidad de ejemplares del diario de manera gratuita y su ganancia dependía de cuántos ejemplares pudiera vender. Por tanto, él se esforzaba para que sus notas sobre la localidad de La Bocanita, donde vivía, fueran publicadas y así interesar a un mayor número de personas en adquirir el periódico.

Los periodistas precarios de frontera aceptan las corresponsalías de medios estatales, aunque no reciban ningún salario o este sea casi simbólico contra nota publicada, ya que con la estafeta de “corresponsal” pueden conseguir contratos publicitarios públicos de los ayuntamientos (Martínez Mendoza, entrevista 19 de agosto de 2021). Para los gobernantes locales esto significa tener un espacio y recibir trato privilegiado en el medio estatal, o al menos visibilidad fuera del ámbito local.

Cuando el pacto se rompe y el periodista publica alguna crítica o pierde el control de la información por estar más allá de su ámbito de acción (la no publicación de la nota, el cambio en el cabezal, otra decisión de los directivos basada en criterios editoriales o como resultado de otros pactos), las consecuencias pueden ser violentas para el periodista. También se da el caso de que estos trabajadores estén directamente en la nómina de los alcaldes para garantizarles información favorable en prensa o en sus perfiles de Facebook (testimonios anónimos de periodistas de Veracruz y Oaxaca).

Los bajos o nulos salarios pueden llevar a negociaciones con actores criminales, ya sea publicando información a modo o fungiendo como enlaces con otros periodistas (testimonios anónimos de periodistas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas). Los criminales, por sí mismos o en colusión con las autoridades locales, se convierten en los más violentos y frecuentes agresores de los comunicadores cuando sus deseos no son acatados.

No se puede decir que los periodistas son víctimas porque sí. Por el contrario, esas víctimas estaban dentro de un contexto en el que ellas estaban involucradas. La corrupción se da porque los salarios son muy bajos (E17, corresponsal de un periódico nacional, Región Sureste) (González y Cepeda 2021, 221).

Santiago (entrevista 21 de agosto de 2021) confirma que varios periodistas de Agua Dulce (localidad de 50 000 habitantes en el sur de Veracruz) “viven del chayo40 [en sus medios] les pagan 15 o 20 pesos la nota. Quien tiene familia no puede vivir de eso”. Se trata de reporteros locales de diarios regionales.

La corrupción se volvió una forma de vida para algunos periodistas. Un informante anónimo opina así sobre Abel Manuel Bautista, activista y comunicador de la mixteca en Oaxaca:

[…] hizo diplomacias peligrosas: entabló relaciones con personajes de la política local de varias corrientes dentro de la izquierda y también con partidos de derecha; por todo eso, el objetivo de la radio comunitaria, que se supone era social, se modificó en sus últimos meses. Antes de cerrar, solo era una rocola comercial (García 2018).

Los colegas de Abel consideran que tenía una gran habilidad para gestionar apoyos para los indígenas, y para ello se relacionó con políticos y funcionarios, así como líderes de organizaciones. Se murmura que la radiodifusora que fundó fue el resultado de favores. Y el beneficio personal que obtenía “con el escudo de la libertad de expresión, era secreto a voces” (García 2018).

“Es muy tóxico ser periodista regional […] hay periodistas que encuentran ahí un modo de vida a billetazos” (Santiago, entrevista 21 de agosto de 2021). En las “comidas de la libertad de expresión”41 los colegas mostraban cuán normalizada está la aspiración de “vivir del chayo”, cambiara el gobierno y llegara el partido que fuera. Se presumían uno a otro cuántas columnas había costado su carro, cuántas columnas había costado su teléfono y veían mal a quien no tuviera esas prácticas (Santiago, entrevista 21 de agosto de 2021).

Lo mismo reporta Alejandro Castro, de la Red de Periodistas de Quintana Roo. Él afirma que “el chayo” es generalizado entre los periodistas de ese estado, debido a las malas condiciones laborales, y esto conduce a un círculo vicioso del que no se puede salir fácilmente (Castro 2021). En las ciudades medias de Jalisco ocurre lo mismo: los periodistas que laboran en diarios locales con larga historia desarrollaron prácticas muy corruptas, incluso llegando a intimidar a la población publicando ataques contra particulares sin la más mínima ética periodística. Para las nuevas generaciones de periodistas con una cultura distinta ha sido difícil ganarse a la gente, ya que se concibe a los periodistas como extorsionadores (testimonios anónimos, Jalisco, 2021-2022).

“Está bien tener ética, pero de ética no vive uno”, comenta Ingrid Sánchez de la Asamblea Tenemos que Hablar, para explicar la prevalencia del “chayo” en muchas partes de México. Y recalca la necesidad de tener un piso mínimo: “¿Acepto o no acepto el chayo? Es una pregunta que ojalá un periodista no tuviera que hacerse nunca, y menos cuando ni siquiera es un acto voluntario, sino que está acompañado por una amenaza de violencia” (Sánchez 2021).

Otros periodistas precarios de frontera son voluntarios en radios comunitarias, trabajan de tiempo parcial como periodistas, a veces en sus propias empresas o páginas de Facebook, las cuales ellos mismos mantienen con el salario devengado en otras ocupaciones: vendiendo alimentos u otros productos, como taxistas y, en más de un caso, como funcionarios de comunicación social de los gobiernos locales.

Esto último —ser periodista y a la vez estar al servicio del poder, que debería ser un contrasentido— ocurre con frecuencia en muchos lugares de México, así como en la región de la frontera en Paraguay. “Cualquier periodista que le diga que solo vive de su trabajo, está mintiendo”, le dijo uno de sus entrevistados a Mariana de Maio: la gran mayoría trabaja para el gobierno o recibe coimas (De Maio, entrevista 12 de agosto de 2021; De Maio 2021), y los periodistas no ven contradicción alguna en ejercer ambas funciones. Estos son ejemplos de resiliencia, concebida como la habilidad de seguir ejerciendo su labor, sobrevivir en condiciones muy adversas, incluso después de haber sufrido traumas causados por la violencia. Sin embargo, no hay resistencia en estas acciones. ¿Es correcto? ¿Es ético? ¿Es profesional? No, pero es la realidad de muchos comunicadores en los lugares de frontera.

Esta situación, lejos de mejorar, sigue empeorando. Santiago refiere que colegas que empezaron “muy bien” en el periodismo local, que hacían crónica y denunciaban, con el paso de los años se fueron dando cuenta de que no avanzaban. Si antes tenían auto, ahora andan a pie. Se va deteriorando la vida de las personas, están más grandes, más cansados, tienen más obligaciones y menos recursos. “Llega un momento en que dicen ‘ya’” (Santiago, entrevista 21 de agosto de 2021).

Se ha señalado que la corrupción sistémica a periodistas tiene como causa las malas condiciones laborales. La estabilidad laboral es muy endeble y de un día para otro estos trabajadores pueden ser despedidos. Esta situación es compartida por un gran número de periodistas, sean de frontera o no. Entre 2016 y 2019, fueron despedidas de sus medios 1 100 personas en Colombia (FLIP 2020), y aunque no hay números claros en otros países ni tampoco en México; los estudios académicos, como los contenidos en el libro de Del Palacio (2015), muestran que los periodistas son muy vulnerables (Del Palacio 2018a y 2018b; González y Cepeda 2021; Maldonado 2018; Reyna 2018). Cualquiera puede ser el pretexto para despedir a alguien que no cuenta con un contrato. En algunos casos, incluso con contratos firmados, estos no se respetan (testimonio anónimo de periodistas de Guerrero y Oaxaca).

Los empresarios han sido señalados como responsables de esta y otras precariedades, como no proveer de equipo a sus trabajadores ni de los insumos básicos para realizar sus labores; los testimonios y análisis del tema son muy abundantes y ya han sido citados en este trabajo. Cabe mencionar que muchos medios estatales y locales son muy precarios: no cuentan con esquemas adecuados de financiamiento y dependen de recursos que no son fijos (publicidad, convenios que varias veces los actores políticos no cumplen, ventas cada vez más escasas), por tanto no pueden asegurar los salarios de sus trabajadores y mucho menos prestaciones como Seguro Social o seguros de gastos médicos.

Algunos dueños de medios, para evadir los convenios con las autoridades y preservar su línea independiente, buscan a la iniciativa privada y eso permite sostener, al menos temporalmente, los emprendimientos periodísticos. Sin embargo, es frecuente que incluso los empresarios sean coaccionados por las autoridades para dejar de contratar anuncios a un medio crítico a las autoridades (Juan Martínez, entrevista 10 de agosto de 2021). La epidemia de covid-19 hizo particularmente visible esta situación en la que muchas empresas periodísticas cerraron, despidieron a un número importante de trabajadores o redujeron el salario en medios de todos los tamaños en México y en otros países de América Latina. A nivel regional en México, al menos dos empresas periodísticas en Guerrero (La Jornada y Novedades de Acapulco) cerraron sus puertas en la segunda mitad de 2021, de un día para otro, dejando a sus trabajadores en el desamparo.

Lo anterior redunda en las condiciones en que viven y trabajan los periodistas precarios de frontera. El periodista Témoris Grecko inicia su libro No se mata la verdad (2020) con la descripción de la vivienda de Moisés Sánchez:

El temporal del norte ha llegado hasta Medellín de Bravo, un municipio conurbado con el Puerto de Veracruz. Los golpes de lluvia sacuden en el patio un gran árbol de mango. El mango bajo el que solía descansar Moisés, ahí donde tantas veces se sentó a leer para aliviarse un tanto del sol costeño […] en este espacio hay una cama, paredes desnudas de ladrillo con rebabas de cemento y una protección de herrería en el marco de la ventana, pero no hay vidrios. El agua no penetra, pero el viento sí, con fuerza. Aguardo las últimas horas de la noche. Lo hago en la oscuridad, porque Moisés no alcanzó a poner electricidad en este piso, ni tampoco resguardarlo con cristales… (Grecko 2020, 23-24).

Cándido Ríos, el reportero de Hueyapan, declaró en un video diez días antes de su asesinato: “Yo ando frío, señor, miren mi carterita, 100 pesos, señores ¡pero ando feliz! En la calle soy Pabuche, el pueblo me estima, me aprecia” (Hernández 2018, 421).

Ignacio Carvajal, periodista de Coatzacoalcos, habla del entorno de Gregorio Jiménez en Villa Allende, población que se encuentra al otro lado del río Coatzacoalcos:

Si algo se constata al ver los alrededores donde Goyo habitaba y de donde se lo llevó el comando armado, es su precariedad. Un inventario de su vivienda: piso de tierra. Un cuadro de paredes de ladrillo y concreto sin ventanas ni puertas exteriores, tapado con láminas metálicas. Puertas remendadas en las dos habitaciones. Cocina de piso de piedra. La sala en las mismas. Las habitaciones chiquitas. Ropa tirada. Útiles escolares apilados. Un tocador repleto de libros de texto. Afuera: un lavadero. Más piso de tierra y un perro. En los alrededores, una laguna a medio rellenar. Vegetación de pantano. Casitas de lámina y desechos (Carvajal 2018, 378).

Tal vez una sola imagen sea más expresiva que cualquier descripción de su vivienda. Se trata de la fotografía que tomó Félix Márquez de la mochila en la que Gregorio Jiménez transportaba su cámara y útiles de trabajo: esa bolsa de mezclilla color caqui desgastada por tantas lavadas y la humedad de la costa y el pantano; una bolsa que no se pudo/quiso reemplazar y muestra en sí misma, sin fondo que suavice, la dureza de interminables jornadas de trabajo. Este es un verdadero “artefacto de memoria” concebido como “el material a que las distintas sociedades le conceden significado y se apoyan en ellos para recordar” (Halbwachs citado en Díaz y Ovalle 2014, 284).

La imagen resignifica la fotografía forense, la cual sirve para la identificación de objetos, reuniendo la exactitud y nitidez, y que busca fijar y detener el tiempo a través de una impresión fotográfica desde los ojos de Félix Márquez. Él es también periodista y víctima sobreviviente de ataques durante el sexenio del gobernador Javier Duarte, el más violento contra los periodistas hasta hoy en México. Esos objetos son los artefactos de memoria, “rasgos de memoria sacralizada” (Gutiérrez y Kaltmeier 2019), los tesoros de las familias de los muertos (Díaz y Ovalle s. f.), que son útiles para mostrar la “proximidad inquietante entre vulnerabilidad y violencia” (Huffschmid 2012). Ellos mismos proponen también memorias alternativas a lo representado sobre los asesinatos de los comunicadores y las resistencias de quienes fueron sus dueños en el ejercicio de su oficio.

Imagen 1. Gregorio Jiménez, proyecto Vestigios. Fotografía de Félix Márquez.

Como Gregorio Jiménez, hay muchos periodistas precarios de frontera que trabajan en condiciones apenas aceptables y ponen todo su esfuerzo, todos sus recursos, para escribir sus notas y sentir que el trabajo ha valido la pena.

Las condiciones de producción de sus notas y de los medios que con gran esfuerzo han creado, son muy distintas que las de periodistas urbanos, e inimaginables para la mayoría de los trabajadores de medios en la capital del país. Aunque muchos de esos medios son digitales o son páginas de Facebook y dependen de la tecnología, la manera de producirlos nos retrotrae al siglo XIX, donde el periodismo artesanal era lo más común: no había separación clara en los roles de los trabajadores, ya que una sola persona se ocupaba de muchas o todas las tareas. Incluso podía ser la (micro)empresa de un solo trabajador, que a la vez era el director, el reportero, el impresor y el distribuidor (Del Palacio 1992).

La historia de Aurelio Cabrera Campos referida anteriormente es un ejemplo de ello. Aprendió a hacer “todo”: tomar fotos, redactar, diagramar, armar, distribuir los paquetes y vender publicidad. Con esas nuevas habilidades, al retirarse de La Voz de la Sierra, lanzó su propio medio semanal: El gráfico de la sierra (Ayala 2018), que dejó de publicarse tras su asesinato. Esta es la historia de muchos medios impresos y portales que son proyectos de una sola persona, pues cuando algo le ocurre a quien lo inicia, el medio se apaga.

Cándido Ríos tenía en su casa una imprenta para producir su periódico La Voz de Hueyapan, donde además “él reporteaba, formaba, imprimía y vendía en la región habitada por unas 30 mil personas. En sus páginas documentaba la vida política de la zona: lo mismo escribía sobre las aspiraciones de sus paisanos a ocupar la presidencia municipal que criticaba la mala utilización del dinero público” (Hernández 2018, 417). La aventura terminó cuando le robaron la prensa y tuvo que volver a ser el corresponsal del periódico regional El Diario de Acayucan.

La voluntad por informar es tal vez más visible en los empeños de Moisés Sánchez. Los primeros ejemplares de su periódico La Unión son manuscritos. Años antes, cuando trabajaba como carretillero y cargador en el mercado, creó un periódico para los trabajadores donde hablaba de los derechos y obligaciones, de las leyes que debían protegerlos. Sacaba a la luz ese periódico cuando se lo permitía el tiempo y, sobre todo, cuando tenía el dinero “para comprar las hojas y hacer la edición en máquina de escribir mecánica. Las doblaba y sacaba fotocopias para repartirlas”. A los 17 años manufacturaba trípticos con imágenes para que atrajeran más a los lectores, “eran elaborados a mano, con pluma y lápiz, en una época cuando las computadoras eran objetos de alto valor”. Los primeros números de La Unión eran hojas tamaño carta, dobladas por la mitad (Carvajal 2018, 403-404).

Las dos fotografías que Félix Márquez capturó de los objetos personales de Moisés Sánchez muestran, en el mismo estilo forense, despojado de matices, las limitaciones en la elaboración y circulación de La Unión, el medio que Moisés eligió para denunciar los abusos de los políticos y para mostrar las carencias en el municipio de Medellín. A manera de prueba pericial, muestra el periódico manuscrito del sábado 15 de junio de 1988, donde Moisés denuncia las afrentas cometidas en su contra por el deseo de difundir su periódico en su carretilla, y cita la Constitución, así como la Ley Federal del Trabajo.

Imagen 2. Moisés Sánchez 1, proyecto Vestigios. Fotografía de Félix Márquez.

La circulación de esos materiales es igualmente precaria. La Unión llegaba a menos personas de las que Moisés hubiera deseado, ya que no tenía el dinero para hacer más copias. Voceaba él mismo las noticias en las calles de Medellín. Moisés cambió la carretilla del mercado por un vehículo para distribuir su periódico y lo dotó de un megáfono, a través del cual voceaba las noticias por las calles del poblado. Ese megáfono, aún desprovisto de contexto, refleja la enorme precariedad de su dueño: las abolladuras, los rayones y la antigüedad denotan años de andar a la intemperie, soportando el calor y la lluvia de los pueblos cercanos a la costa veracruzana. Este objeto capturado casi con asepsia, me parece un símbolo de la precariedad y el esfuerzo.

Imagen 3. Moisés Sánchez 2, proyecto Vestigios. Fotografía de Félix Márquez.

Dos jóvenes de la etnia triqui en Oaxaca, Teresa Bautista y Felícitas Martínez, “empezaron a hacer periodismo sin saber bien lo que hacían, denunciando lo que estaba pasando en su comunidad en la radio, La Voz que rompe el silencio. ¡Su espacio era tan sencillo y humilde!, ¡eso no era una cabina!, pero hacían su intento. Ninguno las reconoció como periodistas, pero sí lo eran, comunicaban e informaban” (Matías, entrevista 10 de agosto de 2021).

Otros periódicos de alcance regional, como Presencia en el sur de Veracruz, se repartían en las localidades del sur en triciclo y después en motocicleta, mientras el voceador gritaba las noticias del lugar. Posteriormente, al verse reflejados, los habitantes de Agua Dulce siguieron la página de Facebook y hacían llegar a ella sus demandas (Santiago, entrevista 21 de agosto de 2021). La venta de ejemplares con perifoneo en algunos lugares se ha visto afectada por el crecimiento de la violencia, no solo contra los periodistas, sino incluso contra los voceadores “quienes han sido amenazados, hostigados y asesinados por realizar su trabajo”, sea en Guerrero, en Veracruz, en Oaxaca o en algunos lugares de Colombia (Silva 2021; Del Palacio 2018a y 2018b; Izquierdo 2017; Garcés y Arroyave 2017).

Con respecto al mayor peligro, además de los artículos académicos que se citaron más arriba, los propios periodistas han hablado del inminente riesgo que tienen quienes laboran en lugares de frontera: los enemigos los conocen perfectamente, saben dónde viven, saben dónde viven sus familiares y cuáles son sus debilidades. Una “bomba noticiosa”, como la llama Jade Ramírez (Ramírez, entrevista 9 de agosto de 2021) que cause un escándalo en un lugar pequeño, es suficiente para desatar con toda facilidad persecuciones y hostigamiento. No solo por parte de las autoridades, sino por los periodistas afines a los poderes. “Se cerca a los periodistas que tienen información verificada, datos puntuales y se les bulea en redes sociales, se les cerca con otros medios” (Ramírez, entrevista 9 de agosto de 2021).

Además, la delincuencia organizada ha endurecido sus estrategias en lugares como Guerrero:

Antes había más amenazas. La delincuencia amenazaba, amenazaba, amenazaba y no ejecutaba… Y ahora amenaza y ejecuta al mismo tiempo que aplica esa amenaza. Y antes, a la mejor les daban opción, que les daban un tiempo para que reaccionaran, a las personas que amenazaban o que estaban peleando. Pero ahora no, ahora te amenazan un día y al otro prácticamente estás muerto (Ambrocio, 22 de septiembre de 2020).

Una periodista del sur de Veracruz narra cómo, al sufrir las agresiones del personal del Ayuntamiento de Agua Dulce cuando denunció al presidente municipal y al secretario de Obras Públicas por corrupción, tuvo que bajar su perfil en redes sociales, “evitaba al cien el alcohol y la fiesta”, incluso una sola cerveza en su casa, para no correr el riesgo de tener que salir a cubrir algún evento y pudieran detenerla con ese pretexto; era muy cuidadosa al manejar, siempre con el cinturón de seguridad, para evitar que usaran esas excusas para desprestigiarla. La persecución fue implacable y muy cercana, incluso inventaron historias para enlodar a su familia. Para bien y para mal, todo el mundo la conocía (Santiago, entrevista 21 de agosto de 2021).

Víctor Leonel Juan, académico y periodista de Oaxaca, lo resume así: “No es igual la ciudad de Oaxaca, que un periodista en la sierra mazateca que se encuentra al presidente municipal enfrente”. Él, como editor de una revista mensual con tema regional en la capital, a veces hacía convenios con periodistas locales para que le enviaran notas, “pero a nivel local, si salía una nota, el presidente municipal les sacaba la pistola”. A pesar de todo, hay periodistas que sí logran publicar notas críticas, sobre todo quienes tienen redes fuera.

En ciertas regiones, como la Cañada, Huautla y otros pueblos más pequeños, no hay redes de protección, “ahí lo que hay es la lana o la pistola; no puedes hacer nada más que aceptar (el dinero) o callarte”. A veces le enviaban notas de regiones más apartadas, pero le pedían mantener el anonimato ya que corrían peligro. En esas zonas los periodistas enfrentan grupos políticos poderosos, actores a los que no se puede tocar, además del temor de enfrentarse a los caciques (Juan, entrevista 10 de agosto de 2021).

Si bien los medios impresos que se tiran en Guadalajara marcan una clara tendencia en la agenda política y, en su mayoría, las cúpulas se preocupan por las noticias que protagonizan las portadas, la incidencia en la opinión pública realmente se da en los medios regionales por el alcance e interés de la sociedad inmediatamente involucrada con el problema; ejercer presión para dejar “morir” un tema es parte de la práctica de las oficinas de comunicación social en las cabeceras municipales (Ramírez 2021, 19).

Estos peligros están directamente ligados a la ausencia de redes de protección, la imposibilidad de acceso a los mecanismos gubernamentales. A los pueblos muy lejanos “no llega Derechos Humanos, no hay redes de protección” (Juan, entrevista 10 de agosto de 2021). Y en los casos en que sí se ha accedido a la protección, como ocurrió con Cándido Ríos en Hueyapan o Pedro Tamayo en Tierra Blanca, esta es inadecuada por la falta de una correcta planeación (la casa de Ríos se llenó de cámaras y cercas de alambres de púas, pero al periodista lo mataron en la calle) o se encarga su custodia a los mismos policías coludidos con actores criminales. En muchos otros casos, los comunicadores no conocen los mecanismos ni cómo acceder a ellos.

La impunidad es un factor siempre presente en los crímenes y agresiones contra periodistas, sean estos de donde sean. La impunidad alcanza en México hasta un 98 % (Artículo 19 2020b), en Paraguay se registra un 100 % de impunidad (Coalición IFEX-SPP 2016) y en Colombia 78 % (FLIP 2020). Sin embargo, en las regiones más alejadas, los agresores saben que, al no haber mayor visibilidad para estos crímenes y que en muchos casos las familias no tienen los medios para luchar contra el sistema judicial, pueden moverse en total libertad. Manzo narra lo que le dijeron los familiares de Teresa Bautista y Felícitas Martínez, comunicadoras triquis asesinadas en la sierra de Oaxaca, diez años después del crimen:

Hasta el momento no sé nada de cómo van las investigaciones porque soy pobre y no hablo español. Lo he dejado todo en manos de Dios. Él sabrá castigar a quienes me dejaron sin mi ángel. […] No sabemos nada, pero mejor no le seguimos porque estamos amenazadas […] Nosotros somos humildes, trabajamos en el campo y hacemos tortillas, no nos alcanza para pagar un camión y venir a Oaxaca a investigar. Desde el 2015 no sabemos nada del caso (Manzo, 25 de octubre de 2018).

Además de todas las desventajas específicas que sufren estos comunicadores, las mujeres que ejercen el oficio padecen otro tipo de agresiones. Es cierto que las periodistas que han sido asesinadas por razón de su oficio son muchas menos: Artículo 19 consigna el asesinato de 156 periodistas en México entre 2000 y 2022; de ellos, doce son mujeres, un 8 % del total, y de los once periodistas asesinados que reconocen en 2022, solo una era mujer (Artículo 19 2022). Sin embargo, sobre ellas han recaído estigmas específicos. A Regina Martínez, asesinada en Xalapa en 2012, la acusaron de haber dejado entrar a sus asesinos e incluso de haber sostenido una relación con uno de ellos, un trabajador sexual seropositivo. A Anabel Flores, secuestrada y asesinada en una comunidad cercana a Orizaba, se la relacionó con uno de los capos criminales de la zona y hubo una campaña en los medios cercanos al gobierno para desprestigiarla (Del Palacio 2018a y 2018b).

Las periodistas sufren otro tipo de desigualdades y agresiones estructurales. En Tamaulipas, Cepeda (2020) concluyó que las mujeres periodistas ganaban 2.5 veces menos que los varones y que un 43 % de estas trabajadoras ha sufrido acoso sexual, incluso al interior de la empresa. Se sabe también que hay una minúscula cantidad de mujeres ocupando puestos directivos en los medios y que sufren una discriminación constante en cuanto a las fuentes que pueden cubrir: llegar a hacerse cargo de la fuente política es un proceso lento, porque es donde pueden generarse convenios y, por tanto, mayores ingresos. “Los hombres prefieren trabajar con hombres porque las mujeres tienen problemas con eso de los hijos, de los embarazos. Ellos rinden más, no tienen compromisos”, afirma un columnista de Ciudad Victoria (Cepeda 2020, 8-9).

Yennué Zárate (26 de mayo de 2021) prueba que las mujeres enfrentan un doble desafío ante la hostilidad del gremio, así como su género en un país feminicida. Las periodistas sufren constantes agresiones como parte de su trabajo: menosprecio al quitarles el título académico, de tenerlo; acusarlas de haber conseguido la información de maneras indecorosas; ponerlas en la posición de tener que probar constantemente que sí pueden cubrir información dura, como salud, educación y política, además de la nota roja; constante infantilización; difamaciones, como acusaciones de tener relaciones con fuentes políticas; hacer comentarios descalificatorios por la forma de vestir e intentos de propasarse por parte de agentes del orden; y en los ataques digitales, hacer alusiones a la sexualidad y vida privada, no solo a la capacidad profesional. Zárate prueba que un 43 % de reporteras y fotógrafas encuestadas fueron agredidas por sus fuentes.

Estos datos son corroborados por las encuestas e informes recientes: 97 % de las mujeres sufren acoso laboral y 50 % sufren acoso sexual con frecuencia (Unesco 2021). En los últimos dos años ocurrieron 33 agresiones contra periodistas mujeres dentro de su propio entorno laboral: nueve en Ciudad de México, seis en Guerrero y cuatro en Veracruz (Cimac 2021), y en veinte días entre marzo y abril de 2019 se recibieron 329 denuncias a través de la cuenta de Twitter @periodistasPUM. Algunos casos particulares, como el acoso dentro de las mismas redacciones, se presentan en Páez (2021).

Los ataques en los últimos años contra periodistas de primer nivel y prestigo internacional prueban que incluso las periodistas de alto perfil no están exentas de amenazas y agresiones. Sin embargo, a nivel regional, los enemigos están más próximos. Testimonios de mujeres periodistas regionales y locales de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Jalisco, corroboran estos datos con sus historias, al igual que el documental de Yennué Zárate No callarán nuestras voces, que recoge testimonios de periodistas mujeres de Baja California, Chihuahua, Estado de México y el sur de Veracruz. La labor de ellas es más complicada en los contextos donde son muy conocidas.

Diana Manzo, periodista del istmo, se ha enfrentado con los cuestionamientos de la gente en su propia ciudad y en la región que cubre. Le preguntan por qué una mujer es periodista, le cuestionan que a qué hora atiende a su familia. Confiesa que a veces “es de miedo enfrentarse al mundo patriarcal y los mundos políticos, y en el Istmo todo es política” (Diana Manzo en Reporteras en Guardia 2021; Manzo 2021).

Natividad Ambrocio, en Iguala, Guerrero, reitera que las mujeres enfrentan un doble reto y un peligro inminente: el crimen organizado y los políticos que ridiculizan y amenazan a las mujeres, además de que prefieren a reporteros varones. Ella ha recibido agresiones verbales y sufrido campañas de descrédito en redes sociales, en donde no solo se pone en duda su integridad como profesional, sino que se le agrede por su género (Ambrocio 2021).

Jade Ramírez documenta varias agresiones a mujeres periodistas en Guadalajara, incluyendo el hostigamiento que recibió ella misma en una manifestación por parte de un policía vestido de civil cuando ella grababa los abusos cometidos contra una persona en estado de ebriedad: “Ve nomás, así con esa facha no pareces periodista, mija”. Por fortuna la gente la defendió: “¿Verdad que no se puede interrumpir a un periodista en su trabajo?”, preguntó un señor. Los demás respondieron que no, que ella podría demandarlo por eso (Ramírez 2021, 21). Fuera de la capital, la cultura patriarcal está normalizada y las periodistas sufren constante acoso por parte de sus colegas. También se les minimiza y los políticos prefieren no hacer tratos publicitarios con ellas. “Hasta en las amenazas [hay discriminación]: acudieron con mi socio varón, ¿para que me ‘pusiera en paz’?, ¿o qué?” (testimonio anónimo, Jalisco, 2022).

Violeta Santiago, del sur de Veracruz, narra los diferentes tipos de agresiones que sufrió en la pequeña comunidad de Agua Dulce, derivadas de las denuncias que hizo contra el presidente municipal por corrupción. “Primero fueron apodos, desdenes, cosas bobas” relacionadas con su condición de género, tanto por parte de los funcionarios menores del gobierno municipal como por los periodistas cercanos al poder. Luego llegaron amenazas veladas por internet. Le mandaron una foto suya, tomada de su perfil de Facebook, intervenida; la imagen la mostraba amarrada, con una pistola apuntándola. Después fue una imagen de videojuego que mostraba su fotografía partida en dos y el presidente municipal en actitud de vencedor.

El clima de Agua Dulce permanece a más de 30 grados, sin embargo ella tuvo que cambiar los vestidos por pantalones y un chaleco de reportero para evitar el acoso de policías y de soldados que le enviaban fotos íntimas y le pedían enviar imágenes de ella. Tuvo que decirles que estaba casada. “Ellos te respetan y te caracterizan por la relación que tengas con un hombre” (Santiago, entrevista 21 de agosto de 2021).

Santiago no se considera agredida en su condición de género, sino como periodista. Cuenta que no ha recibido menosprecio por ser mujer periodista, “porque el periodismo es un rol permanente del que no te puedes deshacer y en un lugar pequeño, los roles se mantienen”. Hay otras mujeres periodistas en la ciudad y se entendía cuál era su trabajo. Sin embargo, la conocían como “la niña periodista” y recibió manifestaciones de condescendencia, de lástima, por los ataques de que había sido objeto. “Pobrecita”, le decían (Santiago, entrevista 21 de agosto de 2021).

Otra periodista que pidió mantenerse anónima, contó que en su comunidad hay varias mujeres periodistas que se acompañan y que por parte de los compañeros se han ganado el respeto por su trabajo, pero ha tenido que lidiar con las constantes invitaciones de un funcionario a salir con él. “Yo no salgo con funcionarios”, contestó. Y las provocaciones son diarias: “¡Qué guapa estás!” u “¡Hola, guapa!”, y ella siempre responde: “Tengo nombre, no me diga así”. Prefiere decirles a la cara lo que ella considera que no es correcto. No quiere hacer denuncias, porque quiere pasar desapercibida: “Entre menos sepan dónde ando, entre menos sepan de mi vida, mejor” (testimonio anónimo, 2 de agosto de 2021).

Diana Manzo, periodista que se reivindica como indígena, comparte: “Tenemos tres vulnerabilidades: ser mujer, periodista e indígena”. Durante sus años de estudio en Puebla, tuvo que enfrentar bullying por usar su ropa tradicional y más de alguno le dijo que no tenía nada qué estar haciendo ahí (Manzo 2021).

Una periodista que trabaja en zonas indígenas comenta que como mujer ha sufrido acoso. Como madre y profesionista, ha tenido que llevar a sus hijos a sus reporteos cuando no había quién los cuidara o dejar todo preparado: mamilas, comida, colación y ropa, para dejarlos al cuidado de su familia. La situación con su marido no es la mejor. “La gente, los pueblos originarios, no entienden que una mujer ‘ande en el libertinaje’, que se siente a platicar con hombres. Cuando he ido a comer, dentro de una cobertura con un compañero, me han mirado muy feo las propias mujeres. No se ve bien”. Y como indígena, se ha enfrentado al hecho de que cuando va a la ciudad, siempre piensan que la van a ver “de trenzas, o quién sabe…”. Les tiene que explicar que ella tiene su estilo y no va a cumplir las expectativas de nadie (testimonio anónimo, 2 de agosto de 2021).

La mayor parte de las reacciones a las agresiones que he enumerado en este apartado son actos de resiliencia: dejar de publicar sobre violencia, salir del lugar de las agresiones (temporal o permanentemente), cambiar actitudes personales (no beber alcohol, ser doblemente cuidadosa al conducir, “disfrazarse” de periodista para evitar el acoso, entre otras). Pocos son los actos de resistencia: seguir denunciando la corrupción de una autoridad, seguir ejerciendo la profesión frente a la crítica de otras mujeres o el acoso de funcionarios, seguirse vistiendo de la misma forma a pesar del hostigamiento. Es importante recalcar que el contexto en donde periodistas hombres y mujeres se desempeñan y la inminencia del peligro, ellos y ellas optan por reacciones diferenciadas.

Los periodistas combativos de frontera

Como ya señalé anteriormente, estos son los periodistas a quienes he entrevistado en el pasado y a los que pude entrevistar en este periodo. Ellos trabajan en poblaciones más grandes, pero en su mayor parte, no en las capitales de los estados. En estas últimas, los medios están en la mira de los gobiernos y son empresas más antiguas, con prácticas profesionales más consolidadas, con posibilidad de hacer convenios publicitarios con los poderes estatales y recibir publicidad de negocios privados más grandes.

Hay diferencias aún mayores entre periodistas urbanos que ejercen su oficio en la capital del estado y quienes laboran fuera de ella, en los estados con menor descentralización y menor cantidad de ciudades medias importantes. Los periodistas urbanos sufren de precariedad laboral, es verdad, pero su nivel de desigualdad en los otros factores mencionados es menor.

Patricia Mayorga pone el ejemplo de las diferencias entre los periodistas en Chihuahua: el periodismo es más combativo en Ciudad Juárez, porque en la capital “todo está más controlado. En Juárez son más aguerridos, solidarios, hay población flotante muy guerrera. En Chihuahua, son descendientes de los terratenientes, hay racismos, discriminación […] en Juárez hay más medios independientes, trabajan más jóvenes” (Mayorga, entrevista 6 de agosto de 2021). En Parral y en Chihuahua, en cambio, los medios son más antiguos, pertenecen a cadenas nacionales y hay muchos periodistas mayores, “están acostumbrados a vivir del erario o del chayo. Los jóvenes quieren hacer cosas diferentes. Hay que dejarlos ser, darles herramientas, son muy apasionados […]” (Mayorga, entrevista 6 de agosto de 2021).

Otros periodistas entrevistados confirman que en las capitales de los estados no tienen interés por lo que pasa en las zonas alejadas, porque “ellos son de ‘lo que diga el gobernador’” (testimonio anónimo, 18 de agosto de 2021). Por supuesto hay algunos medios independientes en las capitales y en esas ciudades más grandes han logrado refugiarse periodistas locales amenazados. Incluso, desde ahí se han formado proyectos importantes y redes solidarias. Me ocuparé de estas iniciativas más tarde.

Los periodistas combativos de frontera tienen características particulares que es preciso detallar y que difieren de las de los periodistas precarios de frontera, por más que compartan muchas de ellas. En general son ellos quienes presentan resistencia a los ataques de poderes constituidos y fácticos, son quienes han creado muchos de los mecanismos de solidaridad horizontal y lucha, y es gracias a ellos que se conocen los hechos de la microrregión donde se producen, incluyendo los ataques a los periodistas más desfavorecidos.

Como se dijo más arriba, la educación de estos periodistas tiene un componente generacional que hace una diferencia. Los periodistas combativos pertenecen a una generación más joven y tienen en general estudios de licenciatura, llegando algunos a tener maestrías y especializaciones; varios han recibido premios nacionales de periodismo. Los de mayor edad salieron de su comunidad de origen y estudiaron licenciaturas en las capitales de los estados e incluso del país, para volver después a encabezar proyectos mediáticos en la región.

La opinión de algunos de ellos respecto a la educación y su importancia para ejercer el periodismo es variada. Aunque todos coinciden en que la profesionalización de las prácticas es importante, algunos opinan que las escuelas no proveen de herramientas para enfrentar los retos de ser periodista regional:

No está mal la formación, pero esta no es garantía de buen periodismo. Se necesita mucho hígado para sobrevivir en un día a dos tormentos y para eso no te prepara la escuela […] necesitas más que haber cursado seis semestres para sobrevivir a un día catastrófico […] Es necesario que la gente sepa a lo que le está entrando, como los rescatistas, los paramédicos, los médicos […]. La solución no es personas egresadas de periodismo. En el campus San Juan de los Lagos de la UdeG [Universidad de Guadalajara], los alumnos querían pronto encontrar chamba ¡en gobiernos municipales! Algo no les están explicando bien o no están entendiendo. ¡Esa no debe ser la aspiración de un egresado de periodismo! En universidades privadas, ¡peor! Esa banda no aguanta trabajo misionero. Eso me preocupa mucho: unos que están desempleados y otros que no quieren entrarle… “No es digno trabajar así”, me dijo un alumno de escuela privada. Y sí, mi trabajo es indigno e indignante, pero hay que hacerlo (Jade Ramírez, entrevista 9 de agosto de 2021).

Violeta Santiago cree que falta una profesionalización más estricta en el gremio, pero también está convencida de que es importante creer en la labor social del periodismo y ser buena persona: “Hay algunos empíricos que son mejores, más nobles… a veces los estudiados son lo peor” (Santiago, entrevista 21 de agosto de 2021).

Así como los periodistas más precarios combinan su actividad reporteril con oficios como taxista o vendedor callejero de alimentos, estos comunicadores combativos de frontera —que solo excepcionalmente logran proyectos mediáticos autosustentables— combinan su actividad con la docencia en educación superior o media superior, la consultoría política o cultural, o bien son periodistas de tiempo completo con diferentes formas de contratación: desde los freelancers que trabajan en varios medios —práctica que se ha vuelto mucho más frecuente en los últimos años— hasta quienes son corresponsales de medios nacionales y combinan esos trabajos con otros en radiodifusoras locales, medios impresos locales y regionales. Casi todos ellos tienen también su propio proyecto, sea un portal noticioso, radio en internet o página de Facebook. Algunos son también stringers o fixers para agencias noticias extranjeras. Los riesgos de estos últimos son también dignos de tomar en cuenta. Me referiré a ellos más adelante.

Ignacio Pérez Vega afirma que en Guadalajara, tercera ciudad más importante del país, “algunos reporteros en sus ratos libres conducen un auto de Uber o dan clases en una universidad, tienen un negocio de pizzas, tortas ahogadas o postres, venden refacciones, son músicos de rock, venden perfumes o bolsas de piel”, y puede ocurrir que dediquen más tiempo a esa actividad que a reportear. El periodismo termina siendo un hobby (Pérez 2021, 51).

Esta situación de creciente precarización de los comunicadores, incluso en las principales ciudades, muestra claramente la imparable crisis del periodismo, aunada en otros países de América Latina al autoritarismo de los gobiernos.

Las condiciones laborales de los periodistas combativos de frontera no son mucho mejores que las de sus compañeros. Muchos no reciben insumos para realizar sus coberturas, otros tienen un auto de la empresa, otros más piden autos prestados para realizar las coberturas, y en el caso de tener auto propio, el costo de la gasolina no es reembolsado más que en raras ocasiones (Ramírez 2021; Pérez 2021; entrevistas realizadas por Mar y Arroyo Gopar, 2021). Como lo resume otro periodista de Quintana Roo: “Uno aporta dinero para trabajar” (Castro 2021).

La práctica de pasar a los periodistas el costo de los materiales e insumos es muy común. En entrevistas realizadas en el transcurso de 2021 por Mar y Arroyo Gopar a periodistas de la zona conurbada del Puerto de Veracruz, los comunicadores revelaron que sus empresas no les habían provisto de materiales sanitarios para hacer las coberturas de la pandemia en hospitales. Parece poca cosa, pero al hacer las cuentas, Ramírez (2021) suma a estos costos los de la compra de equipos y cursos de capacitación y son cantidades que difícilmente pueden ser cubiertas con salarios bajos e inconstantes.

Una práctica regular de los dueños de portales de noticias o periódicos independientes, incluso franquicias regionales de diarios nacionales, es pedirles a los reporteros que esperen hasta tener liquidez para pagarles. Los ingresos de dichos medios son muy irregulares y no pueden garantizar el pago de los empleados. Un ejemplo es el diario independiente donde trabajaba Violeta Santiago. Este tenía convenio con el gobierno municipal de Agua Dulce, por ello, cuando Violeta denunciaba la corrupción, el presidente municipal se molestaba y castigaba al periódico y los dueños le dejaban de pagar a ella. Después, si las autoridades no habían pagado el convenio, el director del periódico daba la orden de “golpear” al funcionario.

“La parte económica es un tipo de violencia”, afirma. Fueron cinco años de trabajar seis días a la semana, a cualquier hora, porque podía haber una emergencia. Solo tenía tres días de descanso: el Jueves Santo y el 23 y el 31 de diciembre. Su sueldo base era de 4 800 pesos al mes (unos 240 dólares de 2022), más un extra que no siempre llegaba. Cuando no había convenios ni presiones, había retrasos porque no funcionaba bien el periódico y se acumulaba la deuda. Santiago considera que hay un doble discurso de los medios: algunos tienen la bandera de no venderse, pero los dueños no terminan de monetizar el negocio42 y eso afecta a los periodistas (Santiago, entrevista 21 de agosto de 2021). Alejandro Castro, de Quintana Roo, reitera: “Hay que marcar una línea con las empresas y pedir condiciones dignas. Que el trabajo no socave la dignidad ni la ética” (Castro 2021).

Según las entrevistas a los periodistas del Puerto de Veracruz (entrevistas realizadas por Mar y Arroyo Gopar, 2021), durante el primer año de la pandemia, muchos de ellos recibieron la mitad de su salario hasta que la empresa, en el mejor de los casos, les retribuyó meses después lo que se les había recortado. Otros trabajadores de medios, incluso en ciudades más grandes como Guadalajara, fueron las víctimas de recortes importantes (Pérez 2021).

Como he mencionado más arriba, algunos de estos periodistas han emprendido proyectos propios con diferente suerte. Ramírez (2021, 10) reporta que en Jalisco se han multiplicado los medios independientes y que, si bien en Guadalajara muchos de ellos se extinguen rápidamente por falta de ingresos y comercialización, fuera de la capital estos pequeños proyectos se convierten en la alternativa para informar sobre acontecimientos locales. Y aunque se vuelven foco de las agresiones por parte de caciques, crimen organizado y gobiernos locales, muchos de ellos han logrado sobrevivir e informar críticamente. Estos son El Suspicaz, de Zapotlán; Letra Fría, de Autlán; Semanario Laguna, de la ribera del lago de Chapala; Decisiones, de Ocotlán; La Vida en Costa, de Bahía de Banderas; Cuadrante 7, de Lagos de Moreno; Ciudad Olinka, de diversas regiones; y Kiosko Informativo, de Tepatitlán (Ramírez 2021, 10). Casi todos ellos forman parte de la Alianza de Medios Macollo a nivel regional, de la cual hablaré más adelante.

Natividad Ambrocio comparte que, aunque su página de Facebook Hora Cero (@HoraCero.Radio) tiene más de 20 mil “me gusta”, le ha sido muy difícil mantenerse a flote por el hecho de no manejar convenios de publicidad. El nombre Hora Cero fue tomado del programa de radio que ella tenía en una estación comercial de Iguala, pero al empezar a tener problemas con el alcalde José Luis Abarca, tuvo que migrar a internet, y ahora se trasmite semanalmente en ABC radio. Tiene ya más de siete años informando en ese espacio (Ambrocio, entrevista 4 de agosto de 2021).

Los periodistas que emprenden proyectos independientes enfrentan grandes retos. La mayoría tiene otro trabajo fijo que les permite financiar al medio independiente, al menos parcialmente.

La mitad del día se va en sostener el medio y la otra, en mercadotecnia, convenios, buscar anunciantes con pequeños comercios locales, sacar la nómina […] “el próximo mes no hay para sacar la nómina” me dicen muchos compañeros. Le están buscando ser sostenibles, pero no está fácil. ¿Cómo te concentras en hacer una buena edición de tu trabajo si vienes de reunirte con el dueño de la tintorería que te regatea el precio del anuncio…? (Ramírez, entrevista 9 de agosto de 2021).

Muchos medios independientes están sobreviviendo gracias al apoyo de redes nacionales e internacionales. “Sobrevivimos con el tanque de oxígeno de Periodistas de a Pie”, cuenta Pedro Matías, de Oaxaca. La Red les proporcionó un sistema de blindaje para que nos les “tiraran” (hackearan) su medio, Página 3, así como a otros que están en la Alianza. Originalmente su portal estaba constituido por siete periodistas, pero al no haber ingresos, solo quedaron su esposa Paulina y él. Tienen convenios publicitarios, pero no venden la línea editorial, por ello el gobierno no les da apoyos. Él es corresponsal de Proceso y gracias a ello puede sostener el proyecto.

A su vez, Matías mantiene corresponsales en varias regiones de Oaxaca y se manejan con tequio: “Es un gesto bien noble y de confianza…”. Así están resistiendo, y el portal les da presencia y les proporciona el gusto de publicar los textos que no les aceptan en otros medios. Las herramientas más esenciales de las comunidades en Oaxaca, explica, son el tequio (trabajo comunitario, intercambio), la guelaguetza (dar, y como parte de este dar, considera al periodismo como un servicio a la comunidad) y la consulta (decisiones de asamblea, porque tomaron decisiones sabias, para protegerse). Esto es lo que sugiere como mecánica de acción para el periodismo independiente. Finalmente, piensa, son los pequeños medios los que “se procuran entre sí”, porque los grandes medios no se preocupan por ellos (Pedro Matías, entrevista 10 de agosto de 2021).

Algo parecido ocurre con el portal ElMuro.org especializado en información local de la región de la cuenca en Oaxaca. A veces es autosustentable, pero inicialmente está subsidiado por otras actividades. Este proyecto familiar se sostiene con las clases y talleres que da Antonio Mundaca, su creador, por las ventas de mercancías diversas que realiza en Mercado Libre y la consultoría. Los convenios duran poco, porque los políticos no están acostumbrados y quieren comprar la línea editorial. Mundaca concede que las asociaciones nacionales e internacionales son fundamentales en el financiamiento de estos proyectos (Mundaca, entrevista 18 de agosto de 2021).

Misael Habana, prestigioso y experimentado periodista de Acapulco, tiene un espacio radiofónico llamado Al Tanto Guerrero en una radiodifusora comercial. Este esquema de negocios es común en diversos lugares de México: varios periodistas me refirieron este modelo de negocio como lo normal en Tabasco (entrevistas a periodistas en Villahermosa, Tabasco, 2014). Habana se considera “microempresario”, porque ha comercializado bien el espacio que la radiodifusora le renta. Aun así, habla del esfuerzo que debe hacer para sacar la nómina, que “es elevada para la cantidad de ingresos [que tiene el medio]”. Sí tiene una ganancia y da de comer a seis o siete familias que dependen del programa, además de pagar la renta del espacio. Es difícil vivir de la publicidad porque “los empresarios son muy codos (tacaños)… Se van con los medios convencionales” (Revista Pantalla 2020).

Habana tiene cuatro años como bróker, como él mismo se llama. Tiene convenios con gobiernos, empresas y restaurantes, genera ingresos, y paga la nómina, el seguro social y un salario “más o menos digno”. Su jefa de Información gana 10 mil pesos por 4 horas de trabajo (500 dólares de 2022); además, tiene dos reporteros y un community manager. Él, como profesor jubilado de la Universidad Pedagógica Nacional, puede darse el lujo de “sacar lo indispensable” (Habana, entrevista 5 de agosto de 2021). Su espacio es muy popular en Acapulco y son los políticos los que lo buscan a él para ser entrevistados (Revista Pantalla 2020). Su trayectoria como fundador de medios, funcionario, profesor y periodista cultural y político lo avalan.

Las condiciones de producción, circulación y consumo de los medios en los que trabajan estos periodistas combativos de frontera son distintas a las de los colegas más precarios, como se ha visto. Ellos se han capacitado o han aprendido de manera autodidacta a manejar herramientas digitales, imprescindibles para el trabajo. Algunos también han tomado talleres para aprender a financiar sus medios sin depender del gobierno, para hacer periodismo comunitario. Se han vuelto “microempresarios” y han tenido que capacitarse en mercadotecnia, planeación estratégica y otras disciplinas. Aun así, muchos no se sienten a la altura de otros medios en Colombia, Uruguay y Costa Rica, que han crecido mucho y están más profesionalizados con contadores, administradores y equipos de camarógrafos. “En nuestro medio somos dos personas, no podemos hacer todo. Además, somos del paleolítico, a veces no entendemos las cosas con términos en inglés” (testimonio anónimo, entrevista 10 de agosto de 2021).

Estos periodistas tienen muchas similitudes con sus colegas más precarios en cuanto a la cercanía a los lugares de conflicto, riesgo al convivir en poblaciones pequeñas o medianas con sus agresores, y relaciones peligrosas imposibles de confirmar o predecir. “En la cuenca y en el istmo (Oaxaca) el crimen organizado está en la vida diaria”. Esto hace muy difícil la cobertura de temas sensibles en las comunidades alejadas, donde no existen periodistas. Estos viven en las capitales municipales, que de todos modos son zonas silenciadas por los cacicazgos (Mundaca, entrevista 18 de agosto de 2021).

También ellos previenen sobre los riesgos de los colegas que, además de ser periodistas, son voceros de partidos o instituciones, incluso candidatos, lo cual confunde mucho el motivo de las agresiones: “A veces necesitan trabajar en otros medios y el gobierno lo aprovecha”. Por otro lado, los periodistas con ética muy cuestionable que se dedican a extorsionar, son un factor que afecta la seguridad de todos.

Además, hay otros agresores: “Antes era la policía, pero ahora también los maestros, la 14 de junio,43 todos te golpean. No les gusta que queden testimonios de sus excesos, creen que los reporteros están a su servicio y quieren que sean voceros. Cuando son agredidos sí acuden a uno, pero cuando ellos se exceden, no” (Matías, entrevista 10 de agosto de 2021).

Víctor Leonel Juan coincide en señalar que ya no se sabe “quién calló al periodista, quién promovió el ataque. Ya no se sabe quién. Antes se ubicaba mejor la política del gobierno. Se sabía a quién o quiénes se enfrentaba, pero ahora no se sabe” (Juan, entrevista 10 de agosto de 2021).

La estrategia de silenciamiento, según reportan los entrevistados, se puede resumir como sigue: la autoridad municipal o estatal corrompe al mayor número de comunicadores y cuando un periodista crítico publica una nota bien documentada, resultado de investigación, que muestre comportamientos inadecuados de la autoridad o cualquier otra información inconveniente, se le va cercando: la autoridad hostiga, vilipendia a través de sus periodistas afines, a veces atacando abiertamente en sus columnas y artículos, otras, a través de redes sociales con identidades falsas, causando temor e inseguridad en los periodistas, ya que estos atacantes pueden ser bots o auténticos seguidores con capacidad para materializar las agresiones. “El gremio se cierra en dos bandos: el coludido en sintonía con el gobernante en turno y el que no” (Ramírez, entrevista 9 de agosto de 2021).

Varios periodistas opinaron que esta situación ha empeorado a partir de la presente administración federal. Los discursos del presidente de la república en contra de los comunicadores han tenido eco a nivel estatal y local; las autoridades sienten mayor libertad de hostigar y coartar a quien los critica o denuncia desde los medios, adoptando incluso el mismo discurso que se repite día a día desde el Palacio Nacional.

Esta estrategia de ataque a la prensa no es privativa de México. Como se registró al inicio de este trabajo, varios gobernantes en América Latina (y no solo ahí, recordemos a Donald Trump, entre otros) acuden a insultos, descalificaciones y estigmatización de los comunicadores críticos: Bukele en El Salvador, Correa en Ecuador, Bolsonaro en Brasil, Ortega en Nicaragua y Morales en Bolivia; los periodistas se han visto constantemente agredidos en años recientes.

Al interior de cada estado hay diferencias entre regiones y los niveles de riesgo que se corre en cada una, según los actores que tengan mayor fuerza en ella, y el riesgo alcanza a los comunicadores de las capitales municipales. En Oaxaca, a los periodistas que han querido profundizar en los orígenes de los problemas (cacicazgos; crimen organizado en el istmo, costa y la mixeca; corrupción gubernamental y de asociaciones magisteriales en los valles centrales; problemas ambientales; macroproyectos en el istmo) los han silenciado. Algunos han tenido que exiliarse (Matías, entrevista 10 de agosto de 2021).

En Guerrero, no solo son las zonas alejadas las que han sido silenciadas. Iguala, como constata Natividad Ambrocio (Ambrocio, entrevista 4 de agosto de 2021) es zona de riesgo. El Diario de la Tarde dejó de circular, los periodistas reciben constantes amenazas del crimen organizado, al menos seis de ellos se exiliaron y otros doce tienen que “sortear a diario el peligro de reportear” ahí. “Debido a las amenazas, en los hechos tienen vetado cubrir información en los vecinos municipios de Tetitpac, Pilcaya e Ixcateopan de Cuauhtémoc” (Ocampo 2021).

Entre otras ciudades medias silenciadas en Guerrero se encuentran las siguientes: Taxco, asediada por las disputas entre grupos delincuenciales; Chilapa, donde dejaron de circular los periódicos locales y aún los de cobertura estatal; Tixtla, donde está prohibido cubrir la nota roja y vender los periódicos en la calles; Zihuatanejo, cuyo caso se expuso ya, de donde tres periodistas tuvieron que exiliarse; Tlapa, donde los reporteros no tienen permitido llegar a los municipios aledaños a cubrir problemas sociales; y, lo más sorprendente, Acapulco, donde a los periodistas locales se les prohíbe cubrir las noticias de las comunidades aledañas e incluso de algunas colonias urbanas. Tres periodistas se han visto forzados a exiliarse y otro más sufrió intimidaciones de la Guardia Nacional por cubrir un incidente automovilístico (Ocampo 2021).

Un periodista de Guerrero cuenta que se sintió amedrentado por el mero hecho de cuestionar de paso en su programa, cuando daba cuenta de un asesinato en un bar de una zona periférica en la madrugada, por qué se encontraba abierto el lugar a esas horas en pandemia. Ya tenía medidas de protección del Mecanismo Federal por amenazas que recibió al denunciar en su columna periodística la corrupción de los ayuntamientos de la Costa Chica de Oaxaca, además de otro incidente en Acapulco. “Todo Guerrero está incendiado” (testimonio anónimo, 5 de agosto de 2021). Las fronteras, los márgenes del estado, se encuentran cada vez más cerca de las ciudades.

En el caso de Veracruz, durante los años 2011-2013 cuando los grupos del crimen organizado estuvieron en disputa por el territorio, el puerto fue el lugar que agrupó el mayor número de asesinatos y agresiones a comunicadores, extendiéndose la violencia después contra aquellos de las comunidades de la periferia, como Medellín. La región norte de Veracruz sigue siendo una zona silenciada, y los periodistas de Poza Rica —última frontera— tuvieron que dejar de informar a profundidad sobre los sucesos de la región (Del Palacio 2018a y 2018b).

Los periodistas combativos más expuestos son los que, viendo su ejercicio muy limitado en las regiones, han optado por ser stringers o fixers. Los stringers son periodistas (reporteros, fotógrafos o videoastas) más calificados que envían su trabajo a periódicos extranjeros, y por el cual se les retribuye individualmente; a veces se les reconoce como corresponsales, pero con frecuencia no se les da crédito por su trabajo. Los fixers son periodistas que apoyan a los corresponsales nacionales o extranjeros cuando estos hacen una cobertura en un terreno para ellos desconocido. Realizan las tareas de un guía: mostrar el territorio, a veces llevar al extranjero hasta las fuentes relevantes, traducir e incluso transportar a los visitantes.

La labor de estos profesionales no es suficientemente reconocida ni apreciada y, por ello, su seguridad es frecuentemente puesta en riesgo por los enviados externos que se sirven de las fuentes y el trabajo; salen del territorio y publican la información que puede tener consecuencias mortales para el que se queda, sobre todo si no se respetan los pactos de anonimato con las fuentes. “A veces viene el enviado al lugar de los hechos, se contacta con alguien, se va de la región, pero los otros periodistas se quedan, y mientras más cercano a la fuente, más riesgo corres. El enviado viene y se va, pero se sabe quién lo contactó a nivel local y ese es el que se pone en riesgo” (testimonio anónimo, 10 de agosto de 2021).

Otra situación frecuente es la explotación de estos trabajadores por parte de sus propios colegas que llegan del extranjero o de la capital del país. Les extraen información y contactos, y con frecuencia les exigen trabajo gratuito a cambio de una supuesta “proyección” nacional o internacional (Castro 2021).

La diferencia entre los periodistas combativos de frontera y sus colegas más precarios es que los primeros cuentan con más herramientas para responder a las agresiones. Conocen mejor los mecanismos de protección a nivel federal o estatal y, por tanto, pueden levantar denuncias rápidamente ante las primeras agresiones, o bien exiliarse cuando el peligro es inminente. Además, están conectados con otras redes de periodistas que están dispuestos a protestar a nivel estatal o nacional para denunciar los abusos o agresiones.

Esto no implica que esos mecanismos funcionen en todos los casos. Los periodistas saben que las denuncias no funcionan: “El entramado jurídico sirve para abrir la puerta a unos y cerrarla a otros. No hay confianza en las autoridades. Vas, presentas tu testimonio y terminas siendo tú el investigado. Pero con las denuncias, al menos puedes frenar las agresiones, que quedan solo en amenazas o intimidación” (Matías, entrevista 10 de agosto de 2021). Por esto mismo, algunos otros periodistas que trabajan en ciudades alejadas de Veracruz y son amenazados por autoridades municipales, se desplazan hasta la Fiscalía de la capital para poner denuncias y hacerlas públicas: saben cómo hacerlo o a quién pedir ayuda en el acompañamiento.

Norma Trujillo, periodista de la capital de Veracruz, cuenta con medidas de protección del Mecanismo Federal por amenazas de muerte que ha recibido. Ella no cree que el mecanismo funcione, como no ha funcionado en muchos otros casos de periodistas asesinados, pero quiere “subir el costo político de su muerte”, dejar huellas de que hubo amenazas (Norma Trujillo en Reporteras en Guardia 2021).

Algunos de estos periodistas combativos de frontera se han exiliado, aprovechando las oportunidades que han tenido para ello, recibiendo becas de fundaciones internacionales, buscando realizar posgrados en otras ciudades o recibiendo apoyo de las redes nacionales que los han cobijado. En muchos casos, estos exilios les han salvado la vida. Hablaré de algunos de estos mecanismos a detalle más adelante. Por otro lado, los fixers y stringers han tenido la ventaja de ir cultivando relaciones con medios extranjeros donde pueden publicar notas que sería imposible que aparecieran localmente y pueden buscar apoyo externo en caso de peligro. Esta es la contraparte de las situaciones de explotación que sufren algunos por parte de colegas, como ya he mencionado.

También se sabe que estos periodistas combativos han aprendido cómo cubrir algunos temas sensibles sin ponerse en demasiado riesgo, acudiendo, por ejemplo, a organizaciones de derechos humanos u organizaciones de la sociedad civil para acceder a comunidades lejanas donde prevalecen los usos y costumbres. Otras prácticas incluyen acudir en grupo, junto a académicos y encargados de proyectos y consultorías internacionales.

En todos los casos, los periodistas han sufrido daños emocionales de los que no siempre están conscientes.44 Se han estudiado poco estas afectaciones, y al no haber visibilización de las mismas, hay escasos mecanismos de apoyo. El estrés postraumático de los comunicadores que viven como periodistas de guerra en un país donde no hay guerra, es difícil de identificar y de aceptar: “No eres consciente, vas como el Borras, como que así tiene que ser”, incluso cuando van cambiando las circunstancias y el nivel de riesgo y se pasa de “imaginar que te están siguiendo, a que realmente te sigan” (Mundaca, entrevista 18 de agosto de 2021).

Los problemas de ansiedad y los delirios de persecución (que a veces se convierten en persecuciones reales) son frecuentes y pueden redundar en comportamientos compulsivos (checar varias veces las cerraduras o el auto), autodestructivos (uso y abuso de drogas y alcohol para soportar la angustia) o somatizaciones (enfermedades como gastritis, hipertensión y otras difíciles de diagnosticar).

Los periodistas exiliados sufren de afectaciones emocionales adicionales: sentimientos de culpa por la familia que se queda, por los colegas que no pudieron salir o que fueron asesinados, descontrol ante los nuevos contextos que deben enfrentar, la inseguridad económica y, a veces, el encierro. Incluso al regresar a sus lugares de origen, deben enfrentar que “ya no regresas igual, siendo la misma persona: tu lugar ya no está”, y no hay un acompañamiento por parte de las instituciones para un regreso seguro (Patricia Mayorga, entrevista 6 de agosto de 2021). Pero los que se quedan, también enfrentan otros sentimientos: la indefensión, los duelos por los que murieron y por los que se fueron. No debemos olvidar que estas afectaciones alcanzan también a las familias de periodistas asesinados o desaparecidos, como nos lo recuerda Griselda Triana —periodista y viuda de Javier Valdez— en su importante informe (Triana 2021).

Las mujeres, dice Patricia Mayorga, tienen la ventaja de estar más en contacto con sus emociones, nombrar los sentimientos (Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores 2020). Son las periodistas quienes más acuden a terapia para lidiar con ellos y aprender a manejarlos, pero son también las mujeres quienes sufren mayor sentimiento de culpabilidad al dejar a la familia o al sentir que la dañan de alguna forma (CDHCM 2021).

Algunos periodistas ya lo han comprendido, lo han llamado por su nombre y desarrollan distintas estrategias para lidiar con lo que les ha sucedido: coleccionar juguetes, hablarlo con otros colegas que cubren temas semejantes, discutir cómo abordar las coberturas más duras sin ponerse en riesgo. “Aligera tener redes, no sentirte tan sola, sentir que hay alguien ahí afuera” cuando en un mismo día hay que caerse y reponerse en una “montaña rusa de una buena noticia con cinco mil jodidas” (Ramírez, entrevista 9 de agosto 2021).

Las redes foráneas son especialmente relevantes para aquellos comunicadores que laboran en zonas silenciadas. En ellas, los periodistas —especialmente aquellos que no nacieron en el lugar— prefieren no tener relaciones cercanas para no ponerlas en peligro; están conscientes de que no pueden comentar a nadie lo que ocurre, por el riesgo de que llegue a oídos equivocados. Ni siquiera es una opción hablar por teléfono para desahogarse, ya que se saben vigilados (testimonios anónimos, 2021-2022).

Algunos hablan de “sesiones de terapia de desahogo”: llorar, reír, tomarse un mezcal, “que se salve el alma, hasta estallar, en vez de llegar a la contractura o a la enfermedad” sabiendo que, como periodistas, no solo experimentan el trauma de violencias dirigidas a ellos, sino también los “traumas vicarios”: absorben la problemática que reportan (Matías, entrevista 10 de agosto de 2021).

Otras personas han lidiado con estos sentimientos de manera positiva, cambiando sus circunstancias y prácticas personales. Una periodista sufrió hace algunos años una crisis de ansiedad y depresión: “Odié mi compu, no la podía abrir para nada. No pude [viajar al extranjero], no pude abordar el avión por la ansiedad. Dije: chingue su madre, nunca más me va a pasar eso”. Desde entonces corre una hora diaria, temprano, para aguantar el estrés. Hace yoga. Recurre a la acupuntura, medicina tradicional y aceites esenciales. Comenta que, cuando trabaja, le “gusta tener el jardín enfrente, tener la vida enfrente”. Renunció a dos trabajos y ha llegado a la conclusión de que quiere tener más tiempo, hacer otras cosas, ir de vacaciones con sus hijos, disfrutar más la vida y dejar atrás relaciones y personas que le impidan realizar su trabajo (testimonio anónimo, 2 de agosto de 2021).

Algunos más han recurrido a los grupos y talleres que están implementado organizaciones como Periodistas de a Pie, de los que hablaré más adelante (Matías, entrevista 10 agosto 2021). Pero ninguno reportó haber recibido algún tipo de terapia por parte de sus medios, ni recursos para acudir a ella.

38 Una excepción lamentable fue el periodista Fredid Román, ultimado el 22 de agosto de 2022 en Chilpancingo. Una de las líneas de investigación sostiene que él protestó públicamente ante el asesinato de su hijo, ocurrido en julio. El hijo era vendedor de pollo, mercancía cuya venta está regulada por el crimen organizado.

39 En los últimos años, en esta frontera han ocurrido varios asesinatos de periodistas, cuyos cuerpos son abandonados del otro lado de la línea divisoria entre dos entidades para dificultar la resolución de los crímenes (Del Palacio 2018a y 2018b).

40 “Chayo” es apócope de “chayote”, nombre que recibe en México la corrupción periodística.

41 Es una tradición en México celebrar el 7 de junio el Día de la Libertad de Expresión, celebración instituida por editores de periódicos y por el presidente Miguel Alemán en 1951. En diversos lugares del país, los gobernantes de todos los niveles invitan a los periodistas a una comida donde se celebran rifas o se reparten regalos. Pasó de ser una conmemoración de la democracia y la libertad de expresión, a una forma más de clientelismo político.

42 Es decir, que no logran hacer rentable el medio.

43 Se refiere a un movimiento político magisterial que probablemente toma su nombre de la fecha que maestros de la sección 22 del sindicato fueron desalojados del centro de la capital de Oaxaca, donde mantenían un plantón para exigir mejores condiciones para escuelas y justicia en el estado: el 14 de junio de 2006. Esto dio pie a un conflicto armado que se prolongó varios meses.

44 Feinstein (2012) correlaciona las amenazas a periodistas en zonas de riesgo con problemas emocionales en los periodistas. González de Bustamante y Relly (2020, 9) documentaron para 2012, y en particular para periodistas de la frontera norte de México, que 3 de cada 4 periodistas experimentó niveles de ansiedad altos y un 40 % padeció desórdenes postraumáticos. El caso extremo es el de la periodista Selene Hernández León, del Estado de México que, al ser amenazada por su colaboración en libros periodísticos de denuncia, aumentó su fragilidad emocional, lo cual la condujo al suicidio. “Se puede enfermar de miedo, se puede morir de miedo” (Reporteras en Guardia 2021).

Consecuencias en los espacios públicos microlocales

La gran cantidad de agresiones que recaen sobre los periodistas de frontera, sean los más precarios o los combativos, han provocado el silenciamiento de amplias zonas del país, muchas poblaciones que solo contaban con un periódico o una sola radio comunitaria.

Después del asesinato de Aurelio Cabrera Campos en Puebla, El Gráfico de la Sierra, su proyecto personal para informar de un modo distinto, no se volvió a imprimir (Ayala 2018). La Voz que rompe el silencio, proyecto comunitario de la juventud triqui y radio Copala, fue silenciada de manera permanente tras la muerte de Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez en 2008, y tras la invasión de paramilitares que destruyeron la radio. Las comunidades volvieron a su cotidianidad de violencia y represión (Manzo 2018).

Chilapa, Guerrero, quedó silenciada cuando dejaron de circular los periódicos La Voz de Chilapa, Visión Urbana, El Imparcial, El despertar de la Montaña y Jaguar Guerrero, así como los periódicos de cobertura nacional, como La Jornada, El Universal y Proceso, que fueron vetados. El éxito de los grupos criminales para callar las voces locales y para que la gente de la comunidad no se enterara de lo que ocurría fuera, fue completo al silenciar la radiodifusora La Palabra Verdadera, que funcionaba en las instalaciones de la Preparatoria número 26 y al ordenar al alcalde del municipio que prohibiera el voceo en las calles. Incluso el rector de la catedral vilipendiaba a la prensa en sus sermones diciendo que los diarios publicaban “cosas feas” de Chilapa (Ocampo 2021).

¿Qué pasa cuando se silencia de ese modo a una comunidad de 33 mil habitantes? ¿Qué pasa cuando el presidente municipal y hasta el rector de la catedral están de acuerdo en silenciar, tal vez impulsados por el miedo a los criminales? En comunidades como esta, la discusión de asuntos públicos, en efecto, no parecería posible. Los lugares tradicionalmente usados para difundir las ideas —el púlpito incluso— se han corrompido. Es un caso extremo y no es el único.

Mi propia experiencia en las ciudades de Veracruz entre 2010 y 2016 me permite imaginarlo. En los cafés, las cantinas y los restaurantes, el temor a los espías disfrazados de meseros, comensales, incluso colegas, era tan grande que no se hablaba en público (a veces ni en privado) de crimen organizado, secuestros, asesinatos o complicidades de los gobernantes. “Uno no sabe con quién está tratando”, era la frase más común para evitar deslices. Mencionar por su nombre al grupo delictivo de Los Zetas era imposible, incluso la última letra del alfabeto se pronunciaba en un susurro o solo se decía “los de la letra”, “aquellos”, “los malos”. Los rumores suplieron a la información y la desconfianza nos carcomió a todos.

¿Quién informará en Zihuatanejo de los enfrentamientos armados, de los sucesos de violencia acallados? ¿Quién informará sobre los desplazados de la sierra de Petatlán, refugiados en otros poblados como Coahuayutla y La Unión? ¿Quién hablará de los problemas sociales de Zapotitlán en la Montaña Alta y de los conflictos agrarios y desapariciones forzadas en Malinaltepec, Cochoapa el Grande y Metlatónoc? ¿Quién se ocupará de los enfrentamientos de los pobladores que se oponen a la construcción de una presa en la comunidad de La Concepción, cercana a Acapulco? (Ocampo 2021).

Tuxtepec, Oaxaca, quedó silenciada cuando varios periodistas tuvieron que salir, entre ellos Antonio Mundaca, mientras que otros fueron comprados por las autoridades para que callaran sobre los excesos y la connivencia del alcalde con el crimen organizado. En la costa de Oaxaca, tras los asesinatos de periodistas y amenazas de los caciques locales, los pocos comunicadores que permanecieron ahí mandan las noticias fuera, fungen como fixers. No les queda otra. Incluso en la región del istmo, donde por las compañías eólicas hay más atención de periodistas nacionales, hay una gran cantidad de información que no aparece en los diarios (Mundaca, entrevista 18 de agosto de 2021).

Patricia Mayorga encuentra que en Chihuahua la impunidad se ha ido acumulando, que la gente ya está muy sometida o resignada. En particular en la sierra, “hay un control tremendo del narco, peor que antes, en municipios controlados por líderes de la delincuencia. Uno de ellos prohibió el desarrollo forestal, lo decidió el narco. ¿A qué hora se normalizó todo?” (Mayorga, entrevista 6 de agosto de 2021). En esas zonas, no hay medios independientes que puedan informar lo que pasa. En muchas, no hay medios siquiera.

En la sierra de Amula, en el sur de Jalisco, ocurre algo parecido. La región es el bastión del Cartel Jalisco Nueva Generación y pareciera que es “el Mundo Feliz”, dado el silencio establecido por el grupo delictivo. Nadie pudo reportar lo que se vivió en la jornada electoral el pasado 6 de junio de 2021, donde hubo robo de boletas y de urnas; en medio de la violencia, “lo que se vivía no es lo que se publicaba en lo local ni lo que se publicaba en Guadalajara” (Ramírez, entrevista 9 de agosto de 2021).

En la región norte de ese estado, no hubo medios locales que reportaran el desplazamiento forzado de seiscientas personas en Teocaltiche. En la región de la ciénega de Chapala nadie puede informar de la violencia, las desapariciones forzadas, las alianzas políticas sospechosas, los movimientos ciudadanos de protesta, los cacicazgos, etc. Y hasta en Puerto Vallarta, donde hay diversidad de voces y medios, hay una enorme autorregulación en temas de seguridad, delincuencia, empresarios, trata de personas, desarrollo inmobiliario y abuso sexual de menores por parte de funcionarios municipales (Ramírez, entrevista 9 de agosto de 2021).

Violeta Santiago está convencida del impacto que puede tener la información publicada. Durante varios años denunció la corrupción institucional en el ayuntamiento de Agua Dulce, donde el alcalde había ganado la elección de manera abrumadora por doce mil votos: la más alta cantidad de sufragios desde la creación del municipio. Los actos de corrupción del edil y de su secretario de obras públicas, candidato a sucederle en la presidencia, fueron cuidadosamente documentados por la periodista: cámaras de vigilancia compradas a sobreprecio y que no funcionaban, obras innecesarias que costaron una fortuna, salarios estratosféricos, entre otras cosas.

El presidente, dice Santiago, había sido el líder de la sección 22 del sindicato petrolero y manejaba el ayuntamiento de manera caciquil, como si fuera “su feudo petrolero”. Al final del cuatrienio, en las siguientes elecciones, el secretario de obras públicas, flamante candidato, perdió de manera abrumadora, consiguiendo solo dos mil votos. La periodista considera que la detallada y constante investigación que ella realizó y publicó en la prensa local algo influyó en ese resultado (Santiago, entrevista 21 de agosto de 2021).

Lamentablemente, el nuevo presidente municipal resultó más agresivo y volátil. Las amenazas de toda índole se multiplicaron en redes sociales y la situación se hizo insostenible, por lo que la periodista optó por salir de la ciudad y del estado. El nuevo gobierno no enfrentó más denuncias periodísticas frente a las fallas constantes, violencia como nunca se había visto antes, una administración catastrófica que no tuvo contrapeso. En las elecciones más recientes (2021) para presidente municipal, el partido en el poder volvió a conseguir el triunfo (Santiago, entrevista 21 de agosto de 2021).

No es que los periódicos no circulen en algunas de esas ciudades: es que no informan lo que realmente ocurre, particularmente en los casos de violencia. No pueden. Se cubren las noticias de manera superficial, sin profundizar en los orígenes de las agresiones, crimen, vendettas entre organizaciones del crimen. “[Para] hablar con la verdad ahorita, te tendrías que enfrentar con actores violentos que te pueden eliminar” (Habana, entrevista 5 de agosto de 2021). No es en la primera plana de los diarios de las capitales donde se refleja este silencio, sino en la sección de nota roja de los periódicos y noticieros de los lugares de frontera.

Los grupos de la delincuencia han avanzado tanto en algunas ciudades como Iguala, que los periodistas “no podemos decir nada para no hacerlos enojar, porque entonces ellos actúan”, vienen las amenazas, la vigilancia, el tomar fotos de la familia, de los amigos… Iguala es una zona de silencio, por más que circulen algunos diarios y haya noticieros de radio. Los periodistas se sienten solos y no pueden informar” (Ambrocio, entrevista 4 de agosto de 2021). En septiembre de 2021, Jonathan Cuevas, uno de los siete periodistas desplazados de Iguala, realizó una protesta frente a la Secretaría de Gobernación: estaba al tanto de que un funcionario del gobierno de Iguala ofreció 25 mil pesos a un grupo de sicarios para asesinarlo por orden del alcalde (Amapola Periodismo 2021).

El periodista Sergio Ocampo Arista, corresponsal de La Jornada en Guerrero y fundador de Radio Universidad, denunció en fecha reciente las agresiones contra el gremio en dicho estado y pidió ayuda al gobierno, una vez más, ante la amenaza de un grupo criminal de Tierra Caliente hacia el periódico El Sur; los delincuentes exigieron que el diario no enviara reporteros a cubrir la violencia en la región de Chilapa. Decenas de familias se han desplazado por esa causa. La amenaza no se limita a los periodistas locales, sino a todo aquel “local o foráneo, nacional o extranjero” que acuda a la zona.

Lo más indignante para los periodistas de Guerrero es saber que las autoridades al más alto nivel están al tanto de la situación y no hacen nada para garantizar el trabajo de los reporteros. La connivencia de las autoridades con el crimen organizado se une a los maltratos por parte de los empresarios periodísticos, que en muchas ocasiones son también políticos. Es el caso de La Jornada de Guerrero, cuyo dueño es el senador Félix Salgado Macedonio y su hija la gobernadora recién electa, Evelyn Salgado, quienes desaparecieron el medio, sin pagar salarios ni indemnizaciones. Es un pequeño ejemplo de los abusos que sufren en muchos lugares los trabajadores de medios (Amapola Periodismo 2021).

Según el corresponsal de La Jornada, en Chilapa, solo dos reporteros, con mucho cuidado, informan lo que ahí sucede (Amapola Periodismo 2021). Los periodistas que han logrado publicar sobre temas delicados al interior de estas regiones, son aquellos que trabajan en medios que se producen fuera de esos lugares, sea en las capitales estatales o en la Ciudad de México, y generalmente es de manera anónima. Otros medios obtienen los datos de informantes que exigen anonimato, o bien algunos de sus periodistas viajan a las regiones de riesgo, consiguen fixers para llegar a las fuentes y salen de ahí lo antes posible. En ocasiones, la información es tan delicada, que ni ellos pueden publicarla.

Resistencias

Los periodistas de frontera, precarios o combativos, no son víctimas inermes, sino que han demostrado capacidad de agencia que han tenido que desarrollar frente a la inacción e incompetencia del Estado. Iniciaré mostrando algunos de los mecanismos de protección y leyes existentes para probar que no son leyes o instancias especializadas lo que hace falta, sino una verdadera voluntad política de hacer cumplir la ley.

Mecanismos de protección desde las instituciones gubernamentales

En distintos países de América Latina45 y por supuesto en México se han formulado leyes46 y se han establecido instituciones de protección. Estos mecanismos no han sido efectivos ni suficientes para prevenir los ataques o ejercer justicia contra los perpetradores de los mismos, por lo que prevalece la impunidad. Se han considerado meras formas de simular que se atiende el problema, como en el caso de Veracruz que en 2012, en medio de una crisis de violencia contra los periodistas, se creó la ley que establecía la creación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), la cual ha sido de muy poca ayuda para el gremio, no goza de la autonomía que en el papel disfruta y no tiene atribuciones para investigar los crímenes; solo ejerce labores de acompañamiento, diagnóstico y capacitación.

No son leyes o la inadecuación de las mismas lo que hace falta, es el cumplimiento de ellas lo que brilla por su ausencia: el problema es la falta de eficacia de las instituciones de justicia. Es pertinente revisar la literatura respecto a las debilidades institucionales en América Latina y el objetivo por parte del Estado de promulgar leyes y establecer instituciones que en realidad las autoridades no están dispuestas a apoyar y, por tanto, “nacieron muertas”, por decirlo de algún modo; nacieron para fallar en sus objetivos declarados, pero son útiles para lograr ventajas electorales y de popularidad: son meramente simbólicas (Brinks, Levitsky y Murillo 2020). Nos enfrentamos precisamente a ese caso.47 Estévez (2017) habla de estas instituciones como meras “administradoras del sufrimiento” de las víctimas y sus familiares. Un reciente informe encabezado por el medio independiente Ladobe, “Comisiones de Papel”, recorre estas instituciones, estado por estado, y comprueba que una buena parte son, literalmente, “de papel”, ya que no existe presupuesto o personal para atenderlas (Páez 2022).

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) se creó por acuerdo del 5 de julio de 2010 en sustitución de la Feadp (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas), creada en 2006. Esta instancia tiene facultades para “dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y en su caso, la persecución de los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística” (Feadle s. f.). A pesar de las actividades anunciadas y reportadas por su programa de atención entre 2010 y 2012,48 esta fiscalía ha sido poco eficiente en el cumplimiento de su labor debido a la carencia de personal y de financiamiento. “De las 790 investigaciones abiertas desde 2010, solo 118 llegaron a los tribunales. Ni una sola investigación de asesinato dirigida por la Feadle ha traído como resultado una condena” (Hootsen 2018).

El Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue creado a partir de la ley que lleva el mismo nombre y que fue expedida el 25 de junio de 2012, a fin de implementar medidas de prevención y medidas urgentes de protección para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo (Gobierno de la República 2012). En ese momento y en los años siguientes, el Mecanismo contó con un fideicomiso para garantizar los recursos que permitieran establecer esas medidas.49

Con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, se propusieron algunas reformas al Mecanismo e incluso hubo una iniciativa de ley para despojarlo del fideicomiso y centralizar los recursos en la Secretaría de Gobernación. Finalmente no se llegó a la desaparición del fideicomiso, pero sí fue considerablemente reducida la cantidad asignada. En un informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas en noviembre de 2020, reportó que había 1 301 beneficiados por el mecanismo, 418 periodistas y 886 defensores de derechos humanos (Artículo 19 2020d).50 En ese momento propuso hacer reformas para establecer unidades estatales de reacción rápida, evaluación de riesgos y monitoreo de agresiones. También prometía revisar el marco normativo y realizar una campaña de reconocimiento a la labor de los periodistas. Sin embargo, poco de eso se ha realizado hasta la fecha (noviembre de 2022); apenas una consulta entre periodistas y autoridades de las capitales de diversos estados del país, para la cual ha habido poca respuesta.

Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, opina que, si la mayor cantidad de crímenes contra periodistas se encuentra en seis estados del país, deben priorizarse los recursos en dichos lugares. Asimismo, expresa que el Mecanismo no fue diseñado para absorber toda la problemática, se creó como medida extraordinaria ante la falta de atención de las autoridades estatales y municipales.

Las nuevas políticas del Mecanismo, muy acordes con la política general del régimen, quiere centralizar las acciones desde cinco ejes: 1) corresponsabilidad clara, 2) sistema nacional de prevención y protección, 3) programa nacional de protección, 4) protocolo nacional homologado y 5) registro nacional de agresiones. La intención es que tanto autoridades estatales como la fiscalía asuman su responsabilidad. La Fiscalía General de la República tomaría así la iniciativa para atraer algunos de los casos (Enrique Irazoque Palazuelos en FMOPDH 2022). Lo que no resulta aceptable de este proceso es que es discrecional y los criterios de atracción no son claros, además del hecho de que la mayor parte de las agresiones contra comunicadores son de autoridades locales y estatales, ¿cómo podrían las fiscalías estatales resolver estos crímenes?

Es verdad que hay un protocolo homologado para atender ataques, que incluye análisis de contexto, medidas de protección, perspectiva interseccional y de género y acompañamiento a través de los defensores de las víctimas, pero no es aplicado en las fiscalías estatales y locales (Guillermo Fernández Maldonado en FMOPDH 2022).

Los periodistas consideran que los Mecanismos de Protección están rebasados “o nunca les importaron a las autoridades. Es un hoyo de dinero, están mal administrados, tendrían que ser refundados”. Uno de ellos sugiere iniciar con un diagnóstico regional (testimonio anónimo, 18 de agosto de 2021). Las historias de la incapacidad del Mecanismo para ayudar a los periodistas se multiplican: botones de pánico que no funcionan, llamadas para verificar que todo esté bien dos años después de la agresión, designación de los mismos agresores (policías) como guardianes del periodista, excesiva burocracia para iniciar los procesos de ayuda, entre otros.

Esto último ha tenido como resultado los asesinatos de varios periodistas que esperaban algún apoyo, el cual llegó demasiado tarde. Patricia Mayorga opina que el Consejo Consultivo del Mecanismo ha sido fundamental para la protección de periodistas, pero aun así hay muchas deficiencias: de pronto no hay expediente de las agresiones, además de que existe una gran despersonalización (Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores 2020).

Según los comunicadores, las instancias gubernamentales estatales tampoco han funcionado de manera satisfactoria, ya que no tienen entre sus atribuciones más que el acompañamiento de los periodistas, proporcionar algunas medidas de protección y de prevención, así como ayuda social que se traduce en algunos fondos para becas y emergencias médicas, por ejemplo.51 En Veracruz, los periodistas se quejan de que ante las amenazas y agresiones digitales, por ejemplo, la CEAPP no puede hacer nada: no tienen herramientas para identificar las direcciones IP desde donde se lanzan los ataques y solo pueden acompañar a presentar las denuncias (Santiago, entrevista 21 de agosto de 2021).

Desde la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, que es la instancia estatal para la protección de los periodistas, Pedro Matías como consejero ciudadano pudo acompañar a los periodistas agraviados entre 2010 y 2016, así como hacer presión a las autoridades y fungir en alrededor de veinte casos como intermediario, pero desde su experiencia, sabe que las leyes no son suficientes y que las instancias de justicia “sirven para abrir la puerta a unos y cerrarla a otros” (Matías, entrevista 10 de agosto de 2021).

Hasta abril de 2022, en Oaxaca había más de trescientas carpetas de investigación en la Defensoría y se contabilizaban 142 periodistas en el Mecanismo. Sin embargo, no existe una protección integral, sino más bien esfuerzos aislados por parte de diversas instancias, como el Gobierno del Estado, Defensoría, Mecanismo, Fiscalía, etc., además de que no se atienden las causas y las medidas cautelares no tienen análisis técnico de riesgo y contexto, ni tampoco hay una atención diferenciada en cuestiones de género e interseccional, tomando en cuenta la localización geográfica de los periodistas agredidos (Bernardo Rodríguez Alamilla en FMOPDH 2022).

Las Comisiones Estatales de Derechos Humanos podrían ejercer un rol determinante, sin embargo, cada una de ellas tiene diferentes directrices y en los estados en que hay una instancia específica de protección a periodistas, la Comisión correspondiente se mantiene al margen. Retomaré el tema más adelante.

A todo ello hay que sumar la existencia de tipos penales anacrónicos, es decir, demandas civiles que se usan contra los periodistas (Guillermo Fernández Maldonado en FMOPDH 2022). Esto es especialmente cierto en otros países, como Perú, en donde las leyes se utilizan para acallar a los comunicadores. Hay más judicialización, más demandas interpuestas contra periodistas por parte de actores gubernamentales o de la Iglesia y les abren procesos penales. Una acción más para desgastarlos es radicar el caso en un departamento o jurisdicción lejana de donde el periodista vive y trabaja (Mayorga, entrevista 6 de agosto de 2021).

Varios autores hemos documentado el descontento de los periodistas con estos mecanismos tanto a nivel nacional como regional (Trejo y Trejo 2018; González y Reyna 2018; Del Palacio 2018; De León y González 2020). Lamentablemente, se ha demostrado que ni la gran cantidad de leyes, ni los mecanismos que carecen de facultades jurídicas para judicializar los casos y de los recursos para proporcionar apoyo oportuno, han sido de ayuda para los comunicadores y han funcionado como meros “administradores del sufrimiento” (Estévez 2017).

Afrontando las crisis. Periodistas como actores del cambio

Cuando pregunté a Natividad Ambrocio qué podría recomendar a otros periodistas que trabajan en zonas de riesgo en América Latina, me respondió con un brillo en los ojos que no había mostrado en el resto de la entrevista: “¡Resistir!, ¡que resistan!” (Ambrocio, entrevista 4 de agosto de 2021). En este mismo sentido va la caracterización que hizo Ismael Bojórquez del periodismo que realizan en Río Doce de Sinaloa: “periodismo de resistencia” (Pronaces 2020), que es muy distinto al “periodismo precavido” que conceptualizó Frida Rodelo para esa región (Rodelo 2009).

De hecho, realizar un periodismo para el (micro) cambio social desde las regiones en las condiciones en que se hace, es una acción de resistencia: ir en contra de la corriente, en contra de las viejas prácticas clientelares, en contra de dar el mayor espacio a los políticos. Violeta Santiago considera que el impacto de la información se debe dar a nivel local o regional, no solo porque los medios estatales no se ocupan de lo que pasa en las comunidades más lejanas, sino porque la gente quiere leer lo que pasa en su comunidad, en su colonia. Considera que la cercanía con los lectores solo puede darse si los periodistas se alejan del poder político y cuentan las historias de la gente.

Ella se iba a las colonias, hablaba con las personas en los mercados, con los taxistas, pescadores, obreros, etc.; hizo crónicas entrañables de personajes locales (el panadero de la esquina que tenía muchos años en su labor), y la gente, al leer el periódico, al verse reflejados, se sentían felices. Así empezaron a contactar al medio y reportar problemas, quejas. Violeta los denunciaba en el diario, presionaba a las autoridades para que se diera seguimiento y al ver que la vida cambiaba gracias al periódico, la gente se entusiasmaba.

En una ocasión, tuvo conocimiento del caso de una mujer mayor que vivía sola y a quien tenían encerrada. Los vecinos le pasaban comida, pero no sabían cómo ayudarle. Violeta escribió una nota, fue al DIF y presionó hasta que uno de los hijos de la señora que vivía en otra ciudad fue por ella. Meses después le hicieron llegar una foto donde se veía a la anciana en un patio lleno de plantas, comiéndose un pescado frito y un pastel.

Con estos pequeños actos se demuestra que sí se puede cambiar la vida de la gente. Esto puede lograrse de mejor manera desde los lugares pequeños, porque en las grandes ciudades no se pude tener ese tipo de impacto y hay un gremio más grande en contra. Ella está convencida del papel social que tiene el periodismo: “La gente no se daba cuenta de lo mal que vivía hasta que se veía en el periódico” (las cursivas son mías), pero considera que hacer bien el trabajo no debe significar perder la vida. “Cuando se logra cumplir con el papel social del periodismo en esas condiciones, eso es ser resiliente y vale la pena” (Santiago, entrevista 21 de agosto de 2021). Sostengo que más que ser resiliente, más que el hecho de sobrevivir, de “continuar funcionando”, en estas acciones se evidencia una resistencia: acción consciente que rechaza las prácticas comunes y los discursos del poder.

Pedro Matías estaba pensando en retirarse. Hace algunos años entró en una crisis y se preguntaba: “¿Por qué madres está uno en esto y no cambian las cosas, y esos que dizque iban a cambiar todo se volvieron más de lo mismo?”. A los cuarenta días de la muerte de su hermano lo secuestraron a él; pensó que si lo mataban, su madre se moriría del dolor. Le pidió a Dios y le dijo que si ya había cumplido su misión, que ya lo mataran pues. Entonces lo soltaron, lo fueron a tirar. “Ese día renací”.

Estaba decepcionado de la gente, pero cuando lo soltaron, su casa se volvió una fiesta: estaba la señora de las tortillas, la de la nieve, el arzobispo y el maestro Toledo,52 incluso la gente de la sierra fue a hacerle limpias. Entonces sintió “que la gente está y Dios me cuida”. Fue una lección de vida que lo marcó y eso le permitió hacer periodismo de denuncia. Comprendió que la gente le tiene confianza y que no puede traicionarla. “Estamos equivocados de que el periodista debe ser objetivo, imparcial, etcétera: hay momentos en que sí hay que estar de un lado, si la situación lo amerita” (Matías, entrevista 10 de agosto de 2021).

Esto lo entendió muy bien la periodista veracruzana Regina Martínez, asesinada en abril de 2012. Después de su asesinato, los campesinos de Huayacocotla, en el norte del estado, se manifestaron enérgicamente, pidiendo justicia. De ella habían recibido atención y acompañamiento en sus demandas de tierras de las cuales habían sido despojados por terratenientes. Llegó hasta ellos, situados a 12 horas de distancia desde Xalapa, y los acompañó a hablar con las autoridades. Trató a cafetaleros, luchó junto a campesinos, indígenas, grupos que a nadie más importaban (Reporteras en Guardia 2021).

Su amiga Norma Trujillo siguió su ejemplo y buscó la información en lugares donde nadie más iba: al tutelar de menores, por ejemplo, para hablar de la corrupción que se vivía y la explotación de niños de cinco años. Cubrió los refugios para jóvenes indígenas a los que les fueron limitando los recursos en el norte del estado, y gracias a su cobertura, les regresaron los apoyos. Lo mismo ocurrió con clínicas donde no había médicos, y cuando ella denunció la situación, se logró que esa población fuera atendida. Para ella escuchar que la gente le dé las gracias es suficiente satisfacción y razón para seguir adelante (Norma Trujillo en Reporteras en Guardia 2021).

Misael Habana, después de toda una vida de hacer periodismo y haber visto morir a su colega y amigo Amado Ramírez, asesinado casi frente a él en 2007, sigue convencido de la misión social del periodismo. Está seguro de que la prensa debe basarse en temas locales porque la gente busca la noticia de lo que pasa cerca de ella y hay que escribirla. Como se tiende a perder la información del entorno inmediato y más cuando las grandes cadenas nacionales han absorbido a los pequeños medios locales que imponen música de fuera y cultura de fuera, porque “los grupos radiofónicos grandes lo que quieren es copiar lo que se hace en el centro”, urge recuperar “las historias de nosotros, netamente acapulqueños”. En algún momento, con otros periodistas, soñó con que en México pudieran existir periódicos regionales tan importantes como los de la periferia norteamericana, pero el centralismo, dice, acaba con todo.

Por eso él reivindica la cultura y música local, que llegó a ser muy importante: el grupo Acapulco Tropical (que le da nombre a su columna periodística) y los Yonics, los bluseros cimarrones. La cocina local también es una parte importante de la cultura, cuyas raíces deben recuperarse y difundirse, y él lo hace cada vez que puede. Considera que hay que dar valor a lo que se hace en las comunidades: los tejidos de telar, las máscaras… Esto sin renunciar a la búsqueda de justicia y a dar voz a quienes no pueden levantarla: los mineros que trabajan en Tierra Caliente en condiciones deplorables, explotados por las compañías canadienses; los campesinos que necesitan insumos; los trabajadores de la industria turística desplazados por la pandemia, etc. “La gente se refleja, se ve, se mira, existe en esas noticias” (las cursivas son mías). Una gran satisfacción ha sido que la gente lo reconozca por su voz, no solo en Acapulco, sino en las comunidades alejadas (Revista Pantalla 2020).

La clave, según apuntan los entrevistados, es un periodismo cercano a la información local. “El periodismo estuvo muy lejos de la gente acá”, dice Patricia Mayorga sobre Chihuahua, pero ya tiene muchos años que se está acompañando a las personas. Aun así, hay mucha apatía, confort y miedo. “El periodismo independiente anda de la mano con las víctimas, juntos no perderemos la memoria”. Ha podido comprobar que el público sí responde a los nuevos periódicos: los medios donde ella participa han tenido audiencias con los desplazados de la sierra, con grupos de familiares de desaparecidos y de autodefensas. Los invitan frecuentemente a sus reuniones, los grupos civiles quieren que sean parte de las asambleas y, a su vez, en su medio Raichali participa al menos un periodista rarámuri (Mayorga, entrevista 6 de agosto de 2021).

Como se ha visto, en ciertos casos, la gente defiende, protege y aprecia el trabajo de los periodistas de frontera, por más que a nivel más generalizado esto no ocurra. No se ha visto aún en México un movimiento multitudinario en defensa de los comunicadores y una petición de justicia lo suficientemente fuerte. En las marchas que se han organizado en las grandes ciudades, son aún muy pocos quienes se muestran solidarios y la mayoría son los propios integrantes del gremio. El desprestigio de la profesión, los ataques reiterados para denostar a los comunicadores, la división del gremio lograda con gran éxito por los actores políticos y criminales han logrado que no se llegue a constituir un movimiento de mayores proporciones.

Patricia Mayorga narra con cierta envidia y tristeza que en Perú, los medios que han logrado hacer investigaciones multimedia tienen mayor penetración nacional, y si un medio independiente publica resultados importantes de investigación sobre corrupción, los grandes medios se suman, aunque sean oficialistas. En México, eso no ocurre. En un medio peruano independiente donde a ella le tocó trabajar durante su exilio forzoso, interceptaron audios del poder judicial sobre temas de corrupción. Hubo denuncias penales e intentos de despojarlos de los audios. Pero fue tan fuerte el impacto de la reacción de la ciudadanía y de los organismos internacionales, que no pudieron hacerlo. Se organizó una marcha inmensa, como nunca se había hecho, para defender al periodismo (Mayorga, entrevista 6 de agosto de 2021).53

Algunos de los entrevistados consideran que “el periodismo va a seguir existiendo, sobre todo gracias a los chavos. Los viejos tienen intereses familiares, afectivos, que hacen medir más las cosas” (Habana, entrevista 5 de agosto de 2021); son ellos quienes tienen más entusiasmo y pasión, quieren hacer las cosas de manera diferente (Mayorga, entrevista 6 de agosto de 2021).

El periodismo de frontera sigue resistiendo gracias a los jóvenes y adultos aguerridos, quienes sienten el compromiso de quedarse en la comunidad o regresar cuando se han exiliado “porque alguien tiene que contar lo que realmente pasa en Veracruz” (Félix Márquez, entrevista. Cfr. Del Palacio 2018a). “No es convertirse ni en mártir ni en héroe, pero tengo el compromiso de que se va a lograr un cambio en la sociedad, no inmediato, pero en la medida que se pueda, hay que seguir denunciando” (Natividad Ambrocio, entrevista 4 de agosto de 2021). También contribuyen quienes, desde el exilio, siguen informando lo que ocurre en las regiones de frontera y buscan construir a través del periodismo a la vez muros y redes que protejan a sus comunidades y a ellos como comunicadores.

Autoprotección, resistencia, solidaridad horizontal y nuevas formas de organización

Un ejercicio de subpolítica que han realizado los periodistas para mantenerse a salvo y continuar informando desde las regiones, son las redes conformadas a nivel nacional y local. Es claro que existe una patente falta de resultados de los mecanismos oficiales de protección y que hay una ausencia de confianza de la mayor parte de los periodistas en la multitud de asociaciones oficialistas existentes, que solo han servido como mediadoras entre los periodistas y los gobiernos “para administrar el chayo”, como dice un periodista de Veracruz (Del Palacio 2018a).

Hay también desconfianza y decepción, por parte de algunos, de la actuación de organizaciones de la sociedad civil y fundaciones internacionales, como Artículo 19 y Freedom House que, según opina un periodista, “eligen sus batallas. Defienden a unos y otros no. Prefieren a periodistas de alto perfil, como Anabel Hernández. A Artículo 19 le conviene que haya asesinatos, porque mientras haya, reciben más dinero. Muchas no van a las regiones” y no conocen la situación en que viven los comunicadores (testimonio anónimo, 18 de agosto de 2021).

Como se mencionó más arriba, las Comisiones Estatales de Derechos Humanos no siempre están articuladas con el resto de las instancias protectoras de periodistas y en el mejor de los casos “supervisan” las acciones. Cada una de las instancias es autónoma, al menos formalmente, y esto contribuye a la desarticulación de los esfuerzos. Las comisiones deberán no solo tener conocimiento de las agresiones, sino hacer un análisis contextual de las mismas y de las posibles situaciones de riesgo, hacer un seguimiento de las medidas otorgadas y, sobre todo, realizar una serie de acciones que contribuyan a reconocer y legitimar la labor periodística en las regiones de frontera (Guillermo Fernández Maldonado en FMOPDH 2022).54

Ante esta situación de indefensión, los propios comunicadores han ido formando redes de periodistas independientes,55 como “despliegue de una agencia colectiva para incidir en el curso de la realidad” (De León, Bravo y Duarte 2018, 116). Ramos (2021) define a estos colectivos como “organizaciones no gremiales de periodistas con intención de vincularse con otros actores y formar redes. Se mantienen distantes del gobierno y no persiguen fines de lucro” (Ramos 2021, 7). El autor documenta la existencia de 21 colectivos, los cuales fueron creados entre 2007 y 2018 en veinte estados del país. En el siguiente mapa se muestran la geografía de estos colectivos y su fecha de inicio.

Mapa 5. Colectivos de periodistas en los estados del país 2007-2018. Fuente: Ramos (2021, 63).

El autor argumenta que existen etapas definidas: entre 2007 y 2009, las redes se dedicaron a la capacitación; entre 2010 y 2012, hubo un giro hacia la defensa de la libertad de expresión (en este periodo las redes comenzaron a recibir financiamiento internacional); entre 2016 y 2018, se dio un replanteamiento que condujo a dar un giro hacia la producción de medios críticos e independientes. Asimismo, calificó las redes por intención: de solidaridad, formales, informales y de defensa. En este estudio hablaré de algunas de ellas.

La red de Periodistas de a Pie es la más conocida e importante a nivel nacional, además es la más antigua y su apoyo ha sido absolutamente esencial para muchos comunicadores locales. Nació en 2007 con el objetivo de capacitar y profesionalizar a los periodistas marginados “periodistas de a pie”, como su nombre lo indica. Está compuesta en su mayoría por mujeres, periodistas en activo y forma parte del Global Investigative Journalism Network.

Ante la creciente violencia contra estos comunicadores, a partir de 2010 tuvieron que alzar la voz, hacer trabajo colaborativo en periodismo de investigación con enfoque social y a favor de los derechos humanos, ayudar a crear otras redes y evitar que aumentaran las zonas de silencio. Hasta el momento, trabajan con más de ochenta colaboradores en los estados, organizaciones de la sociedad civil y con acuerdos de publicación con medios nacionales e internacionales (Daniela Pastrana en De León, Bravo y Duarte 2018, 117; Periodistas de a Pie s. f.b; Wikipedia s. f.).

A partir de 2018, crearon la Alianza de Medios, que incluye a catorce medios locales “que nacieron de nodos y aliados de la red ubicados en 9 de estados del país, de Chiapas a Chihuahua y de Veracruz a Sinaloa”. Los medios que forman parte de esta Alianza son: Raichali y La Verdad, de Chihuahua; Revista Espejo e Inndaga, de Sinaloa; Amapola, de Guerrero; Página 3 e Istmo Press, de Oaxaca; Lado B, de Puebla; Chiapas Paralelo, de Chiapas; Pie de Página, de la Ciudad de México; Pop Lab, de Guanajuato; Perimetral, Letra Fría y Zona Docs, de Jalisco (Periodistas de a Pie s. f.a).56

Esta Alianza tiene como antecedente y ejemplo el portal Consejo de Redacción, en Colombia, que comenzó a aparecer en 2006. En ese momento, tenía 32 periodistas asociados y para 2020 contaba con 120 comunicadores. Es importante destacar el apoyo internacional que recibió Periodistas de a Pie, sin el cual no hubiera podido funcionar el proyecto de creación y articulación de la red de medios. La Alianza consiguió fondos de fundaciones extranjeras: Kellogg, Knight y Open Society. Un dato que requiere confirmación es la cantidad otorgada: cinco mil dólares para operar un año (Martínez y Ramos 2020), cifra que alcanzaría para muy poco.

Algunos medios que empezaron como parte de esta Alianza ya no continúan ahí, pero el conglomerado de medios sigue activo y, a nivel regional, algunos de ellos han logrado convertirse en nodos, articulando a otros medios locales independientes. Es el caso de Jalisco, donde operan como aliados de Perimetral: Cuadrante 7, Kiosko Informativo, Lagos Post, Decisiones, Ciudad Olinka, Verde Bandera, Radio Chicharra, El Suspicaz, Letra Fría y La Vida en la Costa (portal de Perimetral: https://perimetral.press/). En noviembre de 2021, este grupo de medios se reunió bajo el nombre de Red Macoyo (Ramírez, comunicación personal noviembre de 2021).

La Red de Periodistas de Juárez, que formó un grupo de reporteras, la mayoría del Diario de Juárez, en 2011, es una de las más antiguas y más aguerridas en la defensa de sus compañeros (hombres y mujeres). Hasta la fecha, sigue firme en su compromiso de capacitar a los periodistas locales y realizar labores de acompañamiento de quienes sufran agresiones en el gremio. Actualmente, las periodistas fundadoras laboran en el órgano de investigación La Verdad.

Otra red creada por mujeres es Reporteras en Guardia, “colectiva a quienes mueve el dolor, la rabia y la exigencia de justicia”. Desde 2018 ha sido un espacio importante de fortalecimiento de las mujeres periodistas y un memorial de agravios cometidos en contra de los periodistas mexicanos desde el año 2000 hasta 2020: Matar a nadie, que conciben como un “conjuro contra el olvido”. La forman más de cien periodistas de 24 estados y de la capital. La mayoría de ellas trabaja en medios regionales y se conciben como “la tropa del periodismo mexicano”. Figuran en su núcleo coordinador Karen Rojas Kauffman, Marta Olivia López Medellín y Primavera Téllez Girón (Reporteras en Guardia s. f.b). La consigno aquí, con un agradecimiento muy especial, ya que los testimonios que reunieron en el memorial virtual han sido de especial relevancia para este trabajo.

Otras redes de medios que considero muy relevantes son las siguientes. Raichali, periódico digital en Chihuahua que nació de los trabajos anteriores de la Red Libre de Periodismo, ha establecido una comunidad donde figuran, además de los otros portales de la Alianza en el país, Border Hub, en la frontera norte y el portal de la Asociación de Periodistas en el Estado de Guerrero (portal de Raichali: https://raichali.com/). Amapola, en el estado de Guerrero, que nació de los esfuerzos de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero, ha establecido alianzas particulares con Animal Político, Cromática y Kaja Negra (portal de Amapola: https://amapolaperiodismo.com/). En Oaxaca, Página 3 estableció una alianza regional en la que se encuentran: Primera Línea, Informativo, Ruta 135 Noticias, El Muro MX, Red es Poder y Ciudadanía Express (portal de Página 3: https://pagina3.mx/). En Chiapas, Chiapas Paralelo tiene una relación cercana con Otras Miradas, que se especializa en la frontera sur y Centroamérica (portal de Chiapas Paralelo: https://www.chiapasparalelo.com/).

Como puede verse, esta es una verdadera red de medios locales y regionales que se va complejizando cada vez más y merecería un estudio detallado. El hecho mismo de que se haya extendido tanto da esperanza de que el periodismo regional se mantenga vivo, desarrollando otro tipo de prácticas, otras estrategias, que también son de resistencia. “Resistir no es solo oponerse, sino crear, situación por situación, otras relaciones sociales” (Fernández-Savater 2015 en Martínez y Ramos 2020, 7). A nivel regional han aparecido otras redes independientes que procuran visibilizar la violencia, capacitar y proteger en la medida de lo posible a los periodistas, como puede verse en el mapa 5. No me detengo en este apartado a describir cada una de ellas, los interesados en mayor detalle pueden consultar Ramos (2021 y 2022).

Periodistas de a Pie ha desarrollado otro tipo de estrategias de apoyo para los periodistas en riesgo. Financiado por la Fundación Ford, puede ofrecer becas como parte de un programa de refugio temporal, para comunicadores que tienen que salir de sus lugares de origen porque su vida se encuentra en peligro. Gracias a estas becas, los informadores salen para refugiarse en la capital de su estado u otra ciudad del interior durante un año y medio, lejos de sus agresores, y se integran a trabajar en un medio aliado.

El objetivo es que los periodistas “no se alejen demasiado y tengan condiciones para documentar lo que ocurre en sus regiones” (Mundaca, entrevista 18 de agosto de 2021). En solo dos años se logró apoyar a ocho personas de distintas regiones, perfiles y trayectorias, y sobre todo, se logró modificar el modelo tradicional de protección “que no fuera jubilar, hacinar, aislar a los periodistas en una ciudad extraña” (Ramírez, entrevista 9 de agosto de 2021). Es preciso documentar este esfuerzo y analizarlo desde la academia, cosa que no ha sucedido hasta ahora.

Respecto al trabajo colaborativo que ha tenido en Raichali, Mayorga está impulsando desde Periodistas de a Pie talleres para “ir tejiendo en colectivo y entrenando a los periodistas en fortaleza física, mental y emocional” (Mayorga, entrevista 6 de agosto de 2021). Sabiendo por experiencia que los periodistas desplazados muchas veces no logran integrarse exitosamente a un medio fuera de su lugar de origen, entendió que había que analizar el impacto emocional y familiar que tiene un desplazamiento. Actualmente, está organizando talleres de narrativa desde los sentimientos, especialmente diseñados para periodistas. Françesc Barata, desde Cataluña, lo está dirigiendo de manera solidaria. Mayorga, incansable, busca siempre aliados para brindar a periodistas desplazados y no desplazados un acompañamiento emocional que genere un tejido social al interior del gremio (Mayorga, entrevista 6 de agosto de 2021). Esto último merece una atención muy especial, ya que los mismos periodistas han abundado sobre la falta de solidaridad entre los colegas.

Una iniciativa fugaz fue la Agenda para Periodistas, que se constituyó en 2017 tras el asesinato del periodista Javier Valdez en Sinaloa. El medio Horizontal y la organización Ciudadano Inteligente convocaron una gran reunión en la Ciudad de México, a la que acudieron más de trescientos periodistas de veinte estados del país con el propósito de formar un gran frente nacional de protección a los comunicadores. También participaron cincuenta organizaciones, tales como Artículo 19, FUNDAR, el Centro Nacional para la Comunicación Social, la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), la red de Periodistas de a Pie e instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

La reunión duró tres días, a lo largo de los cuales, todo aquel que quisiera, pudo participar en torno a seis temas: riesgo, atención en casos críticos y respuestas inmediatas; alternativas para combatir la impunidad; organizaciones sociales en defensa de los periodistas; precarización laboral del gremio; formas de financiamiento; protocolos de seguridad; y la importante pregunta por qué el reclamo por el asesinato de los periodistas no se ha acompañado por el enojo social (Medina 2017). Se esperaba que las propuestas se sistematizaran a fin de crear una agenda de trabajo, sin embargo, el entusiasmo inicial se apagó rápidamente.

Es importante abundar en la importancia de estas redes más formalizadas, así como en el papel que han jugado las redes informales: grupos y colectivos sin nombre, en los que los comunicadores se han refugiado. Muchas veces los periodistas prefieren las redes formales e informales como opción de socialización y compañía solidaria, ante la gran desconfianza que les despiertan todo tipo de asociaciones. Las redes formales e informales funcionan como “comunidades emocionales”, que también pueden llevar al cambio social (Jimeno, Varela y Castillo 2019).

La Asamblea Tenemos que Hablar se formó el 6 de junio de 2019, a partir de un hilo de Twitter en el que se propuso formar un sindicato. Ingrid Sánchez, la periodista que encabeza la lucha para que este proyecto se concrete, insiste en que este órgano puede ser más efectivo para defender derechos. En la organización pretenden incluir también a trabajadores de medios, no solo periodistas. Su primer trabajo fue realizar un censo para conocer mejor quiénes forman parte del gremio. Sánchez insiste en que sí ha habido luchas sindicales en el pasado, como los sindicatos del diario La Jornada y la agencia Notimex, pero estas luchas han sido invisibilizadas y minimizadas (Sánchez 2021). Es deseable que un sindicato de esta naturaleza logre concretarse, ya que daría una enorme fuerza a las luchas de los comunicadores.

Es pertinente recalcar el apoyo internacional que han recibido muchas de estas redes, tanto de visibilización como económico. Como se señaló más arriba, varias recibieron fondos de Open Society, fundaciones como Kellogg y Oxfam. La vigilancia permanente de Freedom House, del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), de Artículo 19 y de RSF , ha sido también fundamental. En noviembre de 2021, se conformó un importante conglomerado de asociaciones: Free Press Unlimited, CPJ y RSF, para formar el People’s Tribunal on the Murder of Journalists, como parte de la iniciativa Safer World for the Truth, financiada por la lotería holandesa (People’s Tribunal on the Murder of Journalists 2021) a fin de documentar, investigar y buscar justicia para crímenes contra comunicadores. En al menos dos ocasiones este tribunal civil ha visibilizado los asesinatos contra periodistas en México. No tiene capacidad jurídica, pero formula recomendaciones a los gobiernos y tiene un peso moral indiscutible.

También es importante visibilizar el impacto de las alianzas extralocales, como el papel que han jugado asociaciones como Connectas o Quinto Elemento Lab para financiar investigaciones de más largo aliento, que también funcionan como un nodo de comunicación y relaciones que permiten que los periodistas conozcan a otros actores más allá de su entorno local.

Quinto Elemento Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística AC, que es su nombre oficial, es una organización fundada por Alejandra Xanic y Marcela Turati en 2017, la cual no tiene fines de lucro. Apuesta por el periodismo colaborativo de investigación que “arroje luz sobre las asimetrías, los abusos y las fallas de los poderosos, así como el desequilibrio en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía” (Quinto Elemento Lab s. f.).

Algunas de las investigaciones que han realizado, han tenido un impacto real en la escena política y social. Varias han sido galardonadas y otras “han llevado a la cárcel a personajes de la política y del mundo corporativo; nuestras historias provocaron la detención de presuntos integrantes de una mafia internacional y han costado el trabjo a más de un funcionario por actos de corrupción”. La más reciente colaboración es la que tuvieron para sacar a la luz los Pandora Papers (octubre de 2021). Su financiamiento depende de donativos de fundaciones internacionales: Open Society Foundations, Ford, MacArthur. Heinrich Böll, International Women’s Media Foundation y National Endowment for Democracy. Gracias a estos recursos, otorgan becas y abren convocatorias anuales para financiar investigaciones a periodistas de todo el país (Quinto Elemento Lab s. f.).

Por su parte, Connectas es una iniciativa que tampoco tiene fines de lucro y “promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas clave para el desarrollo de las Américas”. Es un “hub logístico” que brinda apoyo tecnológico y profesional, facilita los programas de formación y recauda fondos para apoyar la realización de reportajes, la fundación de nuevos medios digitales, el fortalecimiento de organizaciones que promuevan el periodismo independiente y la capacitación de periodistas. Tiene presencia en veintiún países de América Latina y promueve el trabajo colaborativo a nivel internacional y la promoción del trabajo periodístico más allá del ámbito local (Connectas s. f.). En la importante investigación llamada Pandora Papers, Connectas también jugó un papel relevante.

Estas y otras iniciativas, como las becas de la Fundación Nuevo Periodismo de Colombia, han sido de gran importancia. Estas dinámicas han permitido que el periodismo local se convierta en un periodismo conectado con el resto del país e incluso con otros lugares de América Latina y el mundo. Se requeriría un estudio especial para hablar de la influencia y actividades de esta instancia. También ha sido de gran utilidad la preocupación y constante vigilancia de organismos internacionales, como Artículo 19, CPJ y RSF.57

Otras iniciativas que han apoyado el exilio de periodistas amenazados es la Taula per Mexic, que desde su inicio en Barcelona en 2016 trabaja por la paz y los derechos humanos en México. Esta red ha implementado dos programas de acogida: uno que protege a los periodistas y otro que permite a defensores y defensoras de derechos humanos protegerse. Durante su estancia en Barcelona, se les da acompañamiento integral, alojamiento, manutención, apoyo psicosocial y sanitario y una agenda informativa de incidencia (Taula per Mexic 2018).

Es importante nombrar los esfuerzos que se han hecho en Colombia donde el 60 % del país no tiene un medio local. En ese país se creó la extraordinaria iniciativa Ruedas creando Redes, que es un

[…] laboratorio móvil de la FLIP para combatir el silencio que existe en centenares de municipios en Colombia. […] Funciona con un contenedor equipado con las herramientas necesarias para producir contenidos escritos y audiovisuales […]. Esa aula móvil permanece ocho semanas en cada municipio, tiempo en que se dicta un diplomado en rutinas de producción e información local dirigido a líderes sociales, estudiantes, miembros de organizaciones civiles y ciudadanos. El objetivo es impulsar iniciativas de periodismo local (FLIP 2020, 49).

En el transcurso de seis meses, 65 personas habían concluido el diplomado. No existen condiciones favorables para recrear esa experiencia exacta en algunas regiones silenciadas de México, pero aun así esta iniciativa es inspiradora.

Otros mecanismos de resistencia y visibilización han sido las protestas y marchas; los eventos internacionales; la apropiación de espacios públicos con memoriales; la resignificación de espacios y nombres, como el que se intentó por parte del Colectivo Voz Alterna en Xalapa, Veracruz, para cambiar el nombre de la plaza principal y llamarla Plaza Regina en honor a Regina Martínez; los proyectos fotográficos, como el de Vestigios, de Félix Márquez; y los documentales, como el de Yennué Zárate No callarán nuestras voces, el de Témoris Grecko No se mata la verdad y el más reciente, del mismo Félix Márquez, Silenciados. Asesinatos de periodistas en México. Son encomiables también los esfuerzos de visibilización en espacios virtuales en portales, de organizaciones nacionales e internacionales, como Cimac o Artículo 19; así como los santuarios virtuales Tú y yo nos encontramos en la noche terrible, Voces silenciadas y Matar a nadie, entre otros. Cabe señalar que cada uno de estos esfuerzos ameritaría un estudio particular.

Por otro lado, pocas universidades han hecho algunos esfuerzos para investigar, documentar y visibilizar los riesgos que sufren los comunicadores en Latinoamérica. A nivel internacional, es importante mencionar el Knight Center para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas, cuyo programa incluye un simposio, una revista y cursos para periodistas, entre otras iniciativas (Knight Center para el Periodismo en las Américas s. f.).

En México las universidades también han realizado algunas labores en este sentido. Un grupo de ellas se ha constituido en un Consejo Ciudadano para otorgar el Premio Nacional de Periodismo, que se deslindó del gobierno desde 2001.58 El premio es un importante estímulo no solo económico, sino de prestigio al periodismo de calidad.

La Universidad Iberoamericana implementó un plan de apoyo para periodistas, Programa Prensa y Democracia (Prende), que consiste en una beca académica otorgada a un periodista en activo para fomentar su capacitación y profesionalización, cursando un semestre sin costo en la universidad. El programa incluye cinco materias, dos o tres obligatorias, impartidas por periodistas de reconocida trayectoria. Algunas de ellas son: periodismo de investigación, periodismo narrativo, periodismo digital y análisis crítico de la sociedad; además de talleres y seminarios, según la temática semestral. El tema de otoño de 2021 fue “periodismo de migración, territorio y crónica de viaje”. Las otras dos materias pueden escogerse de cualquiera de los programas de la universidad (Universidad Iberoamericana 2021).

A pesar de que la beca no cubre costos de manutención ni de transporte, ha sido un incentivo para algunos periodistas regionales y locales que han salido de su lugar de origen durante un semestre, y eso les ha permitido interactuar con profesores de alto nivel y otros periodistas del país. Sin embargo, para muchos es inviable dejar sus trabajos durante un semestre y mantenerse sin empleo en la Ciudad de México.

En agosto de 2021 la Universidad Anáhuac, en colaboración con otras universidades de América Latina,59 el Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación (Claep) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ofreció por primera vez el diplomado “Nuevas Agendas, narrativas y herramientas de profesionalización y diálogo con el siglo XXI” en modalidad virtual para periodistas que trabajen en medios digitales latinoamericanos, quienes pueden cursarlo los sábados, gracias a treinta becas ofrecidas para ellos. Esto ayudará a que los periodistas lo cursen sin tener que abandonar su trabajo y su familia. Aun así, no representa una solución para aquellos periodistas en mayor precariedad. En agosto de 2021, formaron parte de él periodistas de Argentina, Nicaragua, Brasil, Honduras, República Dominicana, México, Cuba, Panamá, Colombia, Ecuador, Guatemala, Venezuela y Perú,60 quienes recibieron una acreditación internacional. Como se puede ver en la nota al pie, no son los medios más precarios quienes fueron favorecidos por estas becas. De hecho, los periodistas de frontera difícilmente estarían enterados de una convocatoria como esta (Claep 2021). Para las siguientes convocatorias, esperemos que hagan llegar la información más allá de los grandes medios nacionales. 61

Algunas iniciativas de interés son las siguientes: el curso “Prensa y crimen en la pandemia” organizado por el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, en colaboración con el Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde); entre 2020 y 2021 lo cursaron 25 periodistas del Valle de México, con sesiones virtuales y becas con financiamiento de asociaciones internacionales. Así también el diplomado para quince estudiantes becados que ofreció el portal digital Zona Docs en Guadalajara para cubrir el periodismo y los derechos humanos. Esas iniciativas pueden ser replicadas en otros contextos.

No quiero abordar aquí la abundante oferta de diplomados (la mayoría con costo) que han surgido para apoyar a la profesionalización de los periodistas desde instancias gubernamentales o universidades públicas o privadas; solo he querido mostrar los esfuerzos que me parecen más significativos. También quisiera llamar la atención sobre el hecho de que las instituciones mencionadas son privadas o son organizaciones civiles, y que la universidad pública ha quedado a deber en su compromiso de apoyar a estos trabajadores.

Existe, por supuesto, una gran cantidad de universidades públicas que ofrecen carreras de comunicación o periodismo, pero muy pocas que hayan implementado programas específicos para periodistas que no puedan dejar sus empleos.62 La excepción es el sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, que ofrece la licenciatura y la maestría en periodismo digital, además de talleres en línea para periodistas en activo, a través de su Centro de Formación en Periodismo Digital. Sin embargo, pocos de los trabajadores de las regiones de frontera, aun en las capitales estatales, tienen conocimiento de esta alternativa.

Cabe señalar que el hecho de impartir la carrera de periodismo en los centros universitarios de fuera de Guadalajara, aunque ha sido criticado por algunas personas, constituye un elemento muy importante para cambiar la cultura periodística en los lugares de frontera. Aunque muchos de los estudiantes sean de fuera, realizan prácticas en las localidades y algunos se quedan, transformando el panorama del periodismo en ellas, con la ayuda de la red Radio Universidad de Guadalajara, que constituye un apoyo y una fuente confiable y profesional de noticias en las localidades.

Como parte de otro tipo de emprendimientos, consigno el esfuerzo de un grupo de profesores del Departamento de Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X), el cual, sabiendo de los problemas de aislamiento que sufren los periodistas desplazados en la Ciudad de México, concibió un proyecto que permitiera a estos comunicadores asistir a algunas clases en la carrera de comunicación de la UAM-X , usar las instalaciones e incluso impartir algunas pláticas sobre su experiencia profesional y tomar talleres diseñados para ellos, con conocimientos prácticos como inglés o redacción. Este fue uno de los objetivos centrales para la conformación de la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores en 2018.

Con el objetivo de apoyar a los comunicadores amenazados, investigar la situación de violencia y amenazas a la libertad de pensamiento y expresión, y visibilizar a nivel nacional e internacional dichos ataques, la Red se constituyó con el apoyo de nueve universidades y siete organizaciones no gubernamentales.63

La Red pretendía instaurar santuarios para los comunicadores, lamentablemente este proyecto no prosperó. No obstante, Algunos otros planes sí han fructificado: la comisión de investigación realizó dos foros académicos donde también participaron periodistas, uno en Xalapa, Veracruz, en 2018 y otro de manera virtual en 2020. Asimismo, se han hecho pronunciamientos públicos para apoyar la libertad de expresión y denunciar los atentados contra la misma. Lo novedoso de la red es que reúne tanto a periodistas como a académicos para buscar soluciones al problema de violencia y otras restricciones a la libertad de expresión.

La Universidad Autónoma Metropolitana también está realizando algunas acciones particulares, como el apoyo brindado al Mecanismo de Protección a Periodistas de la Ciudad de México, en particular a su programa para periodistas desplazados, a través de su Centro del Sueño, para lograr comprender y paliar los impactos a nivel psicoemocional que genera la violencia en estos comunicadores agredidos a través del registro de trastornos en el sueño (AMIC 2021).

Los periodistas consideran, con razón, que las universidades no han hecho suficiente. Ismael Bojórquez, director del periódico Río Doce en el estado de Sinaloa, se pregunta por qué las universidades, en particular la Autónoma de Sinaloa, no han instaurado cátedras de análisis sobre la violencia a periodistas, alguna que llevara, por ejemplo, el nombre de Javier Valdés (Pronaces 2020). Es verdad que existe un creciente número de académicos preocupados por la violencia contra periodistas, sin embargo, son muy pocas (casi nulas) las iniciativas para institucionalizar este tipo de acercamientos. Hay aún mucho por hacer en ese sentido, ante todo, escuchar a los propios afectados y apoyar los esfuerzos que ellos ya iniciaron.

En diciembre de 2021, se instituyó el Observatorio de Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara, el cual reúne en su red de observadores a investigadores y periodistas vinculados a la universidad, para realizar actividades académicas y pronunciamientos públicos sobre violencias contra periodistas, además de vincular las actividades de docencia e investigación que ya se llevan a cabo dentro de la universidad sobre este tema. A su cargo tiene, además, la Cátedra de Libertad de Expresión que el 28 de abril se inauguró en honor a Regina Martínez, periodista veracruzana asesinada en esa fecha en 2012. A lo largo de 2022, realizó el Seminario Permanente de Libertad de Expresión en modalidad híbrida, en donde se discutieron temas relacionados con la seguridad de los periodistas y se invitó a discutir tanto a investigadores como a los propios comunicadores. El establecimiento de este Observatorio es muy reciente y aún no puede juzgarse su desempeño.

Un acompañamiento en los talleres de narrativa desde los sentimientos orientada a los desplazados y a otros periodistas víctimas de estrés postraumático, previa capacitación, podría ser muy útil; así como colaborar en el seguimiento y análisis de las estrategias que se han implementado para los periodistas desplazados desde Periodistas de a Pie, que son novedosas y mucho más efectivas que las que se han aplicado desde los mecanismos federal y locales.

En particular urgen estudios sobre la propuesta de esta red de que los periodistas permanezcan cerca de sus hogares y se inserten en un medio que es afín, con el acompañamiento psicosocial adecuado, en vez de concentrarse forzosamente en la capital del país donde se les mantiene hacinados y sin poder ocuparse de los temas locales, por más que el Mecanismo de Protección de la Ciudad de México realice acciones de acompañamiento con un enfoque intersectorial y con perspectiva de género (AMIC 2021).

Hace falta una evaluación de resultados de los programas que hasta ahora ofrecen las universidades privadas en la Ciudad de México, en cuanto al impacto que han tenido sobre los periodistas regionales y si estos realmente han regresado a sus comunidades y a sus medios. También es fundamental hacer un diagnóstico de los resultados de los muchos programas de capacitación que han emprendido las instituciones protectoras de los periodistas en los estados.

La formación adecuada para los jóvenes periodistas también es un reclamo que se repite entre los entrevistados. Al parecer las escuelas de periodismo no están proporcionando las herramientas necesarias para que los egresados se enfrenten a un mundo que está muy lejos de ser el que se les presenta en las aulas. El problema no es tanto la formación teórica, sino la falta de énfasis en el compromiso social y de entrenamiento para cubrir temas delicados, nula capacitación en temas y derechos laborales, así como la total falta de herramientas para emprender su propia microempresa de comunicación, realidad a la que habrán de enfrentarse muchos de ellos. Es importante que se tome en cuenta a los periodistas en activo y ,sobre todo, que se escuche a los periodistas de frontera para conocer sus necesidades (y posibilidades) reales y más apremiantes.

La idea de llevar la preparación lo más cerca posible de los lugares de origen de los periodistas más precarios no es utópica. Ruedas creando Redes, implementado por la FLIP en Colombia, es un proyecto que podría ser factible para capacitar a aquellos comunicadores que no tienen siquiera acceso a las herramientas necesarias en sus comunidades y que, si bien no se podría llegar a las zonas más fuertemente silenciadas, sí podría realizarse en las ciudades medias más cercanas, en colaboración con las universidades estatales y las redes de medios independientes que ya existen. Es preciso, pues, buscar soluciones junto con los periodistas afectados, soluciones descentralizadoras que empoderen al periodismo regional y local.

45 Para Paraguay, ver De Maio y Torres (2019).

46 Un recuento pormenorizado de las leyes para la protección de la libertad de expresión a nivel nacional y regional en México es el que hacen De León (2020) y De León y González (2020). Ahí muestran que solo dieciocho entidades en el país han formulado leyes de protección, secreto profesional o bienestar de los periodistas: Baja California (2012), Chiapas (2007), Ciudad de México (2015), Coahuila (2014), Colima (2012), Durango (2014), Guanajuato (2017), Guerrero (2002, 2014), Hidalgo (2012), Jalisco (2016), Michoacán (2018), Morelos (2018), Nayarit (2017), Querétaro (2012), San Luis Potosí (2013), Sonora (2011), Tamaulipas (2017) y Veracruz (2012). El diagnóstico de Brambila (2018) afirma que solo cuatro estados del país (Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila y Oaxaca) tienen un área destinada a la protección de periodistas y doce carecen de marco jurídico (Hernández 2020). Disiento en ese punto, porque en mi experiencia, al menos Veracruz cuenta con la CEAPP, creada en 2012 y que no se toma en cuenta ahí. Recientemente (abril de 2022), el estado de Durango cambió la ley de protección desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Aun así, son muy pocos estados los que cuentan con esta legislación específica.

47 Este sugerente libro analiza a profundidad los tipos de instituciones y leyes inoperantes en América Latina y el por qué de su fallas y debilidades. Un capítulo especialmente ilustrativo es el de Htun y Jensenius (2020) sobre la legislación contra la violencia hacia las mujeres en México. Se requiere con urgencia un estudio específico sobre las inoperancias de las leyes y mecanismos defensores de la libertad de expresión con estos marcos teóricos y metodológicos.

48 Medidas cautelares, identificación de homicidios, desapariciones y agresiones; establecimiento de un registro nacional de atentados contra la libertad de expresión y una base de datos nacional de homicidios y desapariciones de personas; contacto directo con organizaciones de periodistas; política de trabajo basada en la investigación criminológica; diseño de un Sistema Integral de Protección a Periodistas (Feadle s. f.).

49 Un diagnóstico sobre el Mecanismo, sus adelantos y las deudas que aún tiene con los periodistas, es el de Brambila (2018).

50 El enlace donde estaba el informe “Agravios contra personas periodistas y quienes ejercen la libertad de expresión” (http://www.alejandroencinas.mx/cgi-sys/suspendedpage.cgi) que consulté originalmente en enero de 2021, actualmente se encuentra deshabilitado (la cuenta fue suspendida). Es la misma liga que consigna el comunicado de Artículo 19.

51 La normatividad de la CEAPP de Veracruz puede consultarse aquí: http://ceapp.org.mx/norma.php/.

52 Se refiere al pintor y activista oaxaqueño Francisco Toledo.

53 La periodista se refiere al escándalo que causó el portal IDL Reporteros, al publicar audios que mostraban actos de corrupción de los jueces, en julio de 2018; en particular, un indignante caso donde el juez César Hinostroza, presidente de una sala penal de la Corte Suprema, sostiene una llamada telefónica en la que alguien le pide exonerar o reducir la pena al violador de una niña de 11 años. La publicación de los audios que posteriormente se realizó en el programa Panorama, causó la renuncia del ministro de Justicia Salvador Heresi, del presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, además de otros funcionarios de primera línea (BBC News Mundo 2018). La periodista tiene razón: en México en abril de 2022, el periodista Mario Maldonado hizo públicas unas grabaciones que incriminaban al fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero en actos de corrupción y abuso de autoridad. El comunicador fue vilipendiado y atacado judicialmente por el fiscal. Muy pocos retomaron y siguieron el caso (Riva 2022).

54 Algunas de ellas que considero verdaderamente importantes son las siguientes: abstenerse de cuestionar la legitimidad de las personas periodistas; alentar a las autoridades a reconocer la labor y condenar enérgicamente los ataques; ayudar a entender a las autoridades que, en una sociedad democrática, los funcionarios están más expuestos al escrutinio público y a la crítica y que el trabajo periodístico no debilita a las instituciones, sino que las fortalece; fomentar premios y reconocimientos a la labor periodística; visitar las instalaciones de medios; interesarse en su labor y difundir las visitas en las redes; promover información sobre el rol de los periodistas en folletos, libros, etc.; apoyar los reportajes de investigación y facilitar espacios para entrevistas (Fernández Maldonado en FMOPDH 2022).

55 Se han realizado pocos estudios sobre estas formas de asociación. Uno de ellos es el de De León y Duarte (2018), y el otro es la recentísima tesis doctoral de Ramos (2021).

56 Existe un trabajo académico sobre la Alianza de Medios, cfr. Martínez y Ramos (2020).

57 Muy reciente es el proyecto Forbidden Papers, que integra a un consorcio de medios tan importantes como El País, entre otros, para publicar, colectivamente y al mismo tiempo, la información que periodistas silenciados no pudieron dar a conocer, ya sea por haber sido amenazados o asesinados. Hasta ahora, los comunicadores, cuya información se ha hecho pública, podrían denominarse, sin duda, periodistas de frontera, originarios de varios lugares de América Latina.

58 Entre las universidades asociadas se encuentran: Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad de Colima, Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Veracruzana, Universidad Iberoamericana, Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Benemérita Universidad Juárez de Oaxaca, Universidad Autónoma de Morelos, Universidad Autónoma de Querétaro, entre otras.

59 En México, además de la Anáhuac, participa la Universidad Iberoamericana; en Colombia, la Universidad del Externado, la Universidad del Norte, la Universidad de la Sabana y la Universidad del Rosario; en Argentina, la Universidad Católica y la Universidad de Costa Rica; y en Ecuador, la Universidad Hemisferios (se pueden consultar en el siguiente enlace: http://ucasociales.esy.es/diplomadoclaep/?fbclid=IwAR2GZ-0pDAaTLjkli8AFkLuilnpOmuKR6eNteZCd9yvo_O44C4Sky9HswaM).

60 Argentina: El Independiente, El Clarín, Editorial Perfil, El Día e Infobae. Nicaragua: Radio ABC Stereo y Estelí. Brasil: Site Rdnews MT y TV Record. Honduras: Radio 102.1 fm, Radio Fabulosa San Pedro y Diario La Tribuna. República Dominicana: Listín Diario y El Día. México: La Silla Rota, Periódico El Orbe, A Tiempo TV, Grupo AM y Diario de Yucatán. Cuba: La Hora de Cuba. Panamá: La Estrella y La Prensa. Perú: Diario La República, Grupo El Comercio y Grupo Ímpetu. Colombia: Caracol Televisión y El Espectador. Ecuador: Diario Expreso Grupo El Universo y Red de Periodistas Libres. Guatemala: Prensa Libre y Guatevisión. Venezuela: ComPolit . La intención de enumerar estos medios es saber cuántos de ellos pueden considerarse de frontera o si se privilegió a los establecidos en las capitales.

61 El CIDE ofreció hasta agosto de 2022 la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas, reconocida en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt. Los alumnos tenían un descuento del 50 % del costo de la colegiatura. Esta era la única maestría en vinculación con la industria. Estaba pensada para periodistas profesionales, así como para quienes laboraban en las oficinas de comunicación de sectores público y privado (CIDE 2021). Es lamentable que por los costos que implicaba (la inversión en 2021 era de 180 mil pesos), este programa estaba fuera del alcance de la mayor parte de los periodistas de frontera. La maestría fue cancelada por los nuevos directivos de la institución un día antes de iniciar clases.

62 La Universidad Veracruzana, por iniciativa del Gobierno de Estado, durante la administración de Fidel Herrera —2004 a 2010—, ofreció una maestría en periodismo para estos trabajadores. Solo admitió a una generación y pocos de ellos lograron graduarse. El Gobierno incumplió el compromiso de cubrir los costos de las colegiaturas y el programa fue visto como una medida populista y clientelar.

63 La componen el sistema de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad de Monterrey, el posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Veracruzana. También se unieron las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Artículo 19, Periodistas de a Pie, Enjambre Digital, Asociación de Periodistas Desplazados de México, Quinto Elemento Lab, Ojos de Perro y Taula per Mexic (Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores 2021).

Palabras finales

Después de haber realizado este recorrido por las maneras en que se ha reflexionado sobre las precariedades y violencias que experimentan los comunicadores, centralmente en México y de manera periférica en otros lugares de América Latina, reitero que no basta con analizar las causas, sino que es preciso tomar en cuenta los efectos de dichas precariedades y violencias en las microesferas públicas locales. También estoy convencida de que no se puede analizar a “los periodistas” como gremio en bloque, ya que hay diferencias importantes entre ellos. Diferencias que están relacionadas con el lugar donde ejercen su profesión y las condiciones en las que lo hacen. Así, planteo que:

No se puede analizar la violencia contra los comunicadores de manera aislada, sin tomar en cuenta las precariedades y las violencias simbólicas, que son formas de violencia que preceden a las violencias directas y que deben analizarse en conjunto (Galtung 2004).

Si bien hay riesgos que nos amenazan a todos, existe también una desigualdad del riesgo (De Sousa 2019 y 2020).

Se ha reiterado que las violencias que sufre el gremio en América Latina tienen relación directa con la debilidad de las democracias (Weisbord 2002) y, por supuesto, estoy de acuerdo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta otras formas de gobierno solo formalmente democráticas, como el autoritarismo competitivo (Cameron 2018) y los nuevos populismos (De la Torre 2013), que redundan en el control sobre los medios.

Insisto, además, en que al interior de los países formalmente democráticos existen lugares donde prevalecen las prácticas autoritarias (Gibson 2006), como ha ocurrido en estados como Veracruz bajo la administración de Javier Duarte, último gobernador del Partido Revolucionario Institucional, así como en otros lugares donde los gobernantes se han aliado con grupos criminales.

También hay regiones donde las reglas e instituciones estatales conviven con otros actores que se encuentran fuera de la ley y ambos luchan por prevalecer sobre el otro. Estos son “los márgenes del estado” (Das y Pool 2008), las fronteras del Estado que en efecto pueden ser literalmente fronteras políticas, pero también puertos de entrada y salida, “islas”, regiones apartadas donde las dinámicas de convivencia y sobrevivencia son distintas. Los periodistas que trabajan en estas zonas sufren de mayores precariedades y desamparo.

Más allá de la relación entre forma de gobierno y violencia contra los comunicadores, es preciso tomar en cuenta otras muchas variables: falta de profesionalización, ausencia de apoyos por parte de grupos de la sociedad civil, violencia preexistente en la zona a analizar, presencia de grupos del crimen organizado y tipos de relaciones que se establezcan entre ellos y otros actores locales, fuertes desigualdades económica y social, entre muchos otros.

Quise conceptualizar de modo distinto a estos trabajadores, tomando en cuenta cómo ellos podrían/querrían nombrarse a sí mismos. Los he nombrado periodistas de frontera, noción sugerida por la conversación con el periodista Antonio Mundaca, quien se propone, justamente, hacer “periodismo de frontera”. y por ello ha llamado a su medio ElMuro.mx (Mundaca, entrevista 18 de agosto de 2021). Ese periodismo, surge como protección (“un muro es más fuerte que un puente”, de hecho, un muro es lo contrario a un puente), contra la violencia criminal que este periodista radicado en Tuxtepec, Oaxaca, consideraba que venía acercándose desde el otro lado del río Papaloapan y amenazaba con arrasarlo todo, como pasó en el vecino estado de Veracruz y como de hecho ocurrió más tarde en Tuxtepec. Los periodistas de frontera luchan para construir esos muros que protejan a sus comunidades de la violencia, la corrupción y la muerte. No siempre lo logran.

Entre ellos también hay diferencias relacionadas con la escolaridad, la edad, la profesionalización y la cultura periodística, precariedad diferenciada de sus medios y localización geográfica: así lo demostraron también las entrevistas realizadas. A quienes habitan en lugares muy alejados, que carecen de la formación y herramientas necesarias y cuya actividad es de resiliencia, con prácticas funcionales al poder o no, para “seguir funcionando”, para sobrevivir, en entornos violentos y precarios, los he llamado periodistas precarios de frontera; y a aquellos miembros del gremio que reportan desde ciudades medias pero que han tenido una formación profesional y cuentan con más herramientas y conocimiento, relaciones con el exterior y más posibilidades de resistencia, los he llamado periodistas combativos de frontera. Esta distinción la he hecho solo con fines analíticos y se pueden encontrar rasgos de unos en los otros.

He optado por la particularización de los casos y la búsqueda de hilos conductores, por encima de las generalizaciones y las comparaciones. Preferí propiciar el espacio para que las personas cuenten sus historias, por encima de la contabilización de las cifras y variables. Creo en la investigación situada que se base en casos específicos (como dijera una alumna de nuestro centro: “al corpus lo que pida”), por encima de los enfoques deductivos, por encima de los modelos adaptados a partir de otras realidades y rechazando la convicción que viene generalizándose de que las ciencias sociales, para ser ciencia, deben basarse en análisis cuantitativos. Forzosamente, la particularización y la indagación en los distintos territorios vuelve muy complejo el análisis de multitud de variables que no son cuantificables, pero también lo vuelven más humano. Las metodologías cualitativas son, por tanto, centrales en esta estrategia de conocimiento.

Por ello quise incluir algunas de las imágenes plasmadas en el proyecto Vestigios por el fotógrafo veracruzano Félix Márquez. A través de ellas, puede captarse lo único, lo más personal de cada periodista: la camisa arrugada de Moisés Sánchez con el logotipo de La Unión; la vieja libreta donde Yolanda Ordaz —la incansable y aparentemente dura reportera de nota roja en el Puerto de Veracruz— escribió con letra prolija sus poemas; el gafete deteriorado por la humedad y con la foto apenas distinguible que acreditaba a Guillermo Luna como periodista de El Regional; la cámara llena de tierra de Milo Vela… Todos esos tesoros que la familia ha preservado y que nos recuerdan que esos periodistas son más que cifras en las estadísticas.

La modernización de las prácticas (periodismo como perro guardián, contrapeso del poder, mayor cercanía a los modelos norteamericano y europeo del norte), tomada como una obligación ineludible del periodismo en los países de América Latina, choca con propuestas creativas que provienen de los propios periodistas y que están más apegadas a las prácticas de ciertos pueblos en las regiones indígenas.

La aplicación al periodismo de los tres elementos fundamentales de las culturas originarias de Oaxaca: tequio (trabajo comunitario), guelaguetza (dar, y como parte de ello, la función social del periodismo) y asamblea (consulta y decisiones colectivas), como propone Pedro Matías (entrevista 10 de agosto de 2021), no es plausible, ni siquiera pensable, si se considera al periodismo como una empresa capitalista y en función de los grandes medios urbanos que basan su ganancia en la explotación de sus trabajadores. Pero resulta muy sugerente para los medios independientes y para quienes consideran este oficio como un servicio a la comunidad y un compromiso ético de defenderla. Ante la enorme crisis del periodismo en el mundo, volver a la comunidad, sostener el oficio a partir de otros valores y prácticas, lejos de parecer descabellado, puede ser la salvación del periodismo de frontera, periodismo hiperlocal: ese en el que la gente pueda reconocer sus carencias al verlas plasmadas en el periódico, ese en donde la gente se vea, se reconozca.64 De hecho, una forma de aplicar estos valores es la que han adoptado quienes se han unido a la Alianza de Medios, que han tejido una red solidaria, resiliente y resistente.

No hay soluciones fáciles para esta problemática. Autores bien intencionados han señalado desde la academia las posibilidades de salir del laberinto. Ya se ha hablado mucho sobre la necesidad de leyes, de la cercanía de los periodistas a las organizaciones defensoras y viceversa, de la necesidad de que los lectores defiendan a los comunicadores, la preparación de los funcionarios y fuerzas policiales, etc., todo lo cual sin duda es necesario.

Sin embargo, a lo largo de este trabajo he procurado mostrar por qué estas soluciones no parecen viables: falta de voluntad política de los gobiernos para asignar presupuestos dignos a las fiscalías de atención a comunicadores y para establecer programas de preparación para fuerzas armadas y autoridades en cuanto a derechos humanos y conocimiento del sistema judicial; falta de articulación de las diferentes instancias designadas para proteger a los comunicadores; desconfianza (justificada) de los periodistas en las instituciones gubernamentales y alejamiento del público de la actividad de los periodistas, debido tal vez al alejamiento que han tenido los propios comunicadores de los problemas de la gente y, por el contrario, una mayor cercanía a los gobiernos y a la prevalencia de una cultura autoritaria fuertemente arraigada que impide que mucha gente se involucre en las demandas de los periodistas, si las agresiones no les llegan directamente. Muchas personas albergan la sospecha de que, si alguien se queja, es porque personajes con intereses oscuros se los ordenan o le pagan para ello.

Todo esto debe ser visto en un contexto latinoamericano de cambios políticos acelerados, polarización, radicalización de los regímenes populistas con dejos autoritarios o francamente dictatoriales, precarización laboral y crisis sistémica del periodismo en la mayor parte de los países del continente. El análisis hace muy difícil prever un horizonte a más largo plazo y mucho menos una solución factible para los problemas de los periodistas de frontera. Retomo aquí la importante contribución de Das y Poole (2008) aplicada a esta investigación, la cual me ha permitido conocer las prácticas, lenguajes, en sitios concretos. La invitación a “repensar el estado desde sus márgenes” (Das y Poole 2008, 19), a partir de las prácticas periodísticas, fue muy enriquecedora y evitó encasillar a los periodistas en las normas predeterminadas desde el norte. Más que encasillar a los periodistas en estancos y en lo que debería ser, es importante ver cómo realmente funcionan en las zonas de frontera.

No sobra mencionar que, siendo este un problema sumamente complejo, muchos temas no pudieron ser abordados con su suficiente profundidad: no era el objetivo de este trabajo. Es preciso realizar estudios de cada una de las regiones por separado, y una vez teniendo mayor información sobre estas zonas de frontera en América Latina, será posible encontrar sus semejanzas y diferencias con mayor detalle: seguir buscando los hilos conductores y ver a dónde nos llevan.

Sobre el particular, un proyecto realizado por la FLIP, Cartografías de la Información (https://flip.org.co/cartografias-informacion/), que ha mapeado todo el territorio colombiano registrando las zonas de silencio, sería altamente deseable en México y otros países. Este mapeo de zonas silenciadas es una investigación profunda en sí misma y no necesariamente puede realizarse con base en mapas de agresiones, sino en mapas donde se han dejado de publicar medios o salieron del aire otros y con un análisis de qué se informa en los que quedaron.65

Así también, urge analizar las acciones de las redes no gubernamentales que buscan la colaboración horizontal y la ayuda mutua, además del impacto real de las acciones implementadas desde esas redes, así como desde las universidades y otras organizaciones de la sociedad civil.

Del mismo modo, habría que analizar las violencias específicas que sufren las radios comunitarias que, careciendo de registros legales, constantemente son amenazadas y extorsionadas para que guarden silencio, incluso destruidas (De Maio y Torres 2019), o bien son instrumentalizadas por los actores gubernamentales a través de publicidad oficial y las compañías transnacionales, como en el caso de La Voz del Suroeste en Colombia, que ha recibido importantes cantidades por parte de Tula Minera, a cambio de dos programas semanales (Corredor s. f.).

El papel de las fundaciones internacionales ha sido fundamental para lograr la subsistencia de los proyectos periodísticos regionales, al igual que las actividades de las organizaciones a nivel nacional, como Periodistas de a Pie, Artículo 19, Quinto Elemento y Connectas. Por el momento, estos financiamientos están a salvo; sin embargo, existe un riesgo de que se impida la llegada de estos apoyos, que en México ya han sido denostados por el presidente de la república y replicada la descalificación en redes sociales, como ha ocurrido en otros países de América Latina, señaladamente Venezuela, El Salvador, Ecuador, Cuba y Nicaragua.

Los cambios legales propuestos para los organismos de la sociedad civil incluyen límites en las cantidades que pueden recibir, entre otras medidas. Esto es claramente un mecanismo de debilitamiento de dichas organizaciones y, por ende, del periodismo independiente, que tendría pocas opciones, ya que el financiamiento directo por parte de los lectores es una estrategia que aún no ha dado los resultados deseados. Los resultados de las medidas de control del financiamiento externo en otros países de América Latina han sido catastróficos para los organismos de la sociedad civil, para los medios independientes y para el desarrollo de un espacio cívico fuerte. En este sentido, urge también un análisis profundo sobre la economía política de los medios regionales y locales.

También es fundamental analizar los contenidos y el tratamiento de la información en los medios que forman parte de la gran Alianza que se ha presentado en el capítulo anterior. ¿Son diferentes dichos contenidos a los de los medios tradicionales? ¿Cómo se ocupan de las problemáticas locales? ¿Hacen una mayor investigación? En una rápida revisión, podría decirse que sí hay diferencias, que estos se enfocan en temáticas como derechos humanos, periodismo de investigación, dar voz y mayor espacio a aquellos a quienes no se les otorga en medios grandes: familiares de desaparecidos, colectivos feministas, entre otros, privilegiando el llamado “periodismo de paz” dirigido a hacer visibles los esfuerzos por restaurar el tejido social en las comunidades.

Asimismo, es preciso realizar un estudio sobre los públicos de esos medios en las zonas de frontera. ¿Les interesa la información que reciben? ¿Qué usos le dan? ¿Realmente les sirve para tomar decisiones informadas, por más elementales y prácticas que sean? ¿Qué opinan de los vacíos de información en las zonas de silencio?

Mucho queda por hacer aún. Y este ensayo, más que certezas, ha desatado más preguntas. Los hilos conductores han probado ser abundantes, y en un entorno violento y precario tienden a enredarse. Este trabajo ha buscado seguir el hilo, deshacer algunos nudos y, con suerte, tejer grosso modo un panorama de las precariedades y violencias que sufren los periodistas de frontera y, sobre todo, prestar oído a sus reclamos, llevarlos a la academia, aprovechando el lenguaje y los espacios de esta, para que, junto a ellos, podamos encontrar las soluciones.

64 No debe considerarse al periodismo hiperlocal como equivalente al periodismo de frontera. El hiperlocal es el que se ocupa de asuntos que interesan a colectividades pequeñas: pueblos, claro, pero se ha practicado también en las ciudades grandes; ahí reporta acontecimientos ocurridos en barrios o calles específicas. Algunos diarios como The New York Times han destinado ciertos espacios para este tipo de información. El periodismo de frontera es casi necesariamente hiperlocal, pero su particularidad es que se escribe desde las comunidades que están en zonas en disputa por parte de actores violentos.

65 Una iniciativa interesante es la de Cimac y su Geografía de las violencias, enfocada específicamente en las mujeres periodistas, así como el proyecto Puntal, auspiciado por la Comisión de Derechos Humanos de la Unesco, que desgrega los ataques por estados y por género.

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Entrevistas

Alexia Ávalos. 6 de agosto de 2021.

Antonio Mundaca. 18 de agosto de 2021.

Armando Chaguaceda y Johanna Cilano. Comunicaciones personales, julio de 2021.

Jade Ramírez. 9 de agosto de 2021.

Jade Ramírez. Comunicación personal, 9 de noviembre de 2021.

Mar, Guadalupe y María Teresa Arroyo Gopar. 2021.

Margena de la O. Comunicación Personal, 31 de agosto de 2021.

Mariana de Maio. 12 de agosto de 2021.

Misael Habana. 5 de agosto de 2021.

Natividad Ambrocio. 4 de agosto de 2021.

Patricia Mayorga. 6 de agosto de 2021.

Pedro Matías. 10 de agosto de 2021.

Sarelly Martínez Mendoza. 19 de agosto de 2021.

Testimonios anónimos. 2 de agosto, 18 de agosto, 18 de noviembre y 3 de diciembre de 2021, 6 de febrero, 15 de marzo, 8 de abril, 4 de junio, 10 de septiembre y 19 de octubre de 2022.

Víctor Leonel Juan Martínez. 10 de agosto de 2021.

Violeta Santiago. 21 de agosto de 2021.

Mesas y foros de discusión

Ambrocio, Natividad. 2021. Mesa redonda de presentación del “Informe Anual de Artículo 19”, marzo.

AMIC. 2021. Mesa “Violencia contra periodistas en México: mirar más allá de las estadísticas”, 27 de agosto.

CDHCM. 2021. Jornada académica de análisis del “Diagnóstico sobre el Desplazamiento Forzado Interno de Periodistas en la Ciudad de México” [Video de Facebook Live]. Ibero-CIDE-CDHCM, 18 de marzo. https://www.
facebook.com/watch/live/?v=182730346771876&ref=watch_permalink.

Facultad de Comunicaciones UC. 2021. Mesa “La crisis de la industria de los medios y la precarización del empleo del periodista”. Pontificia Universidad Católica de Chile, 21 de octubre.

FMOPDH. 2022. LV Congreso Nacional, “Libertad de expresión y protección a periodistas, análisis desde el Sistema No Jurisdiccional” [Video de Facebook Live], 1 de abril. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2683689325109201.

GAPAC. 2021. Foro “Reformas legales y restricciones al espacio cívico en América Latina” [Video de Facebook Live], 8 de julio. https://www.facebook.com/1739373256344374/videos/255191575946358.

Manzo, Diana. 2021. “Ser mujer indígena y cubrir tu comunidad” [Webinar]. Periodistas de a Pie, 12 de octubre. https://www.facebook.com/PeriodistasDeAPie.

Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas. 2022. Mesa “Riesgos de los periodistas en Centroamérica” [Video de Facebook Live]. Universidad de Guadalajara, 23 de septiembre. https://www.facebook.com/observalibertad.

Perimetral. 2021. Mesa “Periodismo hiperlocal”, 2 de diciembre.

Pronaces. 2020. Mesa de discusión “Violencias estructurales. Violencia contra periodistas y activistas”, 14 de diciembre.

Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores. 2020. Foro Internacional Virtual “Desafíos ante la violencia y por la seguridad de periodistas en tiempos de pandemia”, 22-24 de octubre. https://forodesafiosperiodistas.net.

Reguillo Rossana. 2020. Mesa redonda “Sistemas comunicativos, subjetividades y ciencia frente a la pandemia: apuntes para una mirada sociocultural”. ITESO, 16 de junio.

Reporteras en Guardia. 2021. Mesa “¿Por qué soy periodista a pesar de la violencia?”. UAM-X, 29 de abril.

Autora

Celia del Palacio Montiel

Doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias, así como del PEN México. Se ha dedicado al estudio de la prensa y el periodismo en las regiones de México desde hace treinta años, así como a las relaciones entre ficción e historia. Ha sido investigadora visitante en universidades nacionales y extranjeras. En 2021 fue fellow del Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS) con sede en la Universidad de Guadalajara, para completar su investigación sobre periodistas de frontera en contextos de precariedad en América Latina. Su trabajo académico más reciente como autora única es Callar o morir en Veracruz. Violencia y medios de comunicación en el sexenio de Javier Duarte (2018). Destaca también su papel como editora del libro Porque la lucha por un hijo no termina…Testimonios de las madres del Colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba (2020). Su labor de visibilización de los hechos de las mujeres en la historia se conoce a través de sus novelas históricas: No me alcanzará la vida, Leona, Las Mujeres de la Tormenta, Hollywood era el cielo: Biografía novelada de Lupe Vélez y El camino del Fuego; así como un libro de relatos sobre las mujeres que participaron en la guerra de Independencia: Adictas a la Insurgencia. Actualmente es coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara. Fue coordinadora fundadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana (2011-2018).

Coordinación editorial

Iliana Ávalos González

Jefatura de diseño

Paola Vázquez Murillo

Cuidado editorial

Mariana Hernández

Diseño de la colección

Paola Vázquez Murillo

Pablo Ontiveros

Diagramación

Iordan Montes