¿Cómo influyen las crisis económicas en las identidades de los sectores vulnerables de América Latina? ¿De qué manera emergen las luchas sociales como respuestas a estas crisis? ¿Qué papel juegan la informalidad y la precariedad laboral en la construcción de nuevas identidades? ¿Cómo pueden las experiencias de Cuba y Chile ofrecer lecciones para enfrentar las crisis actuales en la región?

Este libro reúne investigaciones sobre el impacto de las crisis económicas en la configuración y reconfiguración de identidades en América Latina, con un enfoque en las experiencias de trabajadores urbanos, campesinos, mujeres y pueblos índigenas.

A través de estudios de caso se examinan las rupturas identitarias y las emergencias de nuevos acuerdos sociales en un contexto de informalidad y precariedad laboral. En Cuba, la reestructuración económica desde 2011 ha transformado la informalidad en una estrategia de subsistencia, revelando identidades que desafían la opacidad de la legalidad. Por otro lado, Chile, con su modelo neoliberal, ha generado un sector de “economías de los que sobran” donde la precarización se ha convertido en motor de movilización social.

En esencia, es una idagación profunda sobre las múltiples formas que las identidades colectivas adoptan para afrontar las crisis, ofreciendo nuevas visiones sobre los actores sociales en la lucha por la justicia económica y social.

ADRIANA PETRA

Es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) e investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con sede en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas (LICH) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Actualmente es docente de grado y posgrado en la Escuela de Humanidades y directora del Centro de Estudios Latinoamericanos en la UNSAM. A partir de 2023, es vicedirectora del Centro Regional Maria Sibylla Merian CALAS Cono Sur y Brasil.

CLAUDIA HAMMERSCHMIDT

Es doctora en Filología Románica por la Universidad de Köln. Ha sido profesora titular en el Instituto de Filología Románica de la Universidad de Trier (2009-2011) y, desde 2011, es catedrática de Literatura Española, Latinoamericana y Francesa en la Universidad Friedrich Schiller de Jena (Alemania). Ha sido directora del Centro Regional Maria Sibylla Merian CALAS Cono Sur y Brasil (2017-2025) y actualmente es directora del Centro Internacional de Estudios Transdisciplinarios Argentina/Cono Sur (ARCOSUR) y del Instituto de Filología Románica de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, Alemania.

DAVID FOITZICK REYES

Es doctor en Filología Románica por la Universidad Friedrich Schiller de Jena (Alemania) y magíster en Ciencias de la Educación con mención en Gestión y Administración Educacional por la Universidad Mayor de Santiago de Chile. Es también profesor en Lengua Castellana y Comunicación y licenciado en Educación. Actualmente es docente en el Instituto de Filología Románica e investigador del Centro Internacional de Estudios Transdisciplinarios Argentina/ Cono Sur (ARCOSUR) de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, Alemania.

Identidades y crisis económicas. Reconfiguraciones, rupturas y marcas.

Adriana Petra ; Claudia Hammerschmidt; David Foitzick Reyes

(editores).

1.a edición-San Martín: UNSAM EDITA

Libro digital, EPUB - (Serie CALAS - Identidades estratégicas y crisis en América Latina. Procesos y tensiones.)

ISBN 978-631-91210-2-5

1. Identidad. 2. Economía. I. Foitzick Reyes, David II. Petra, Adriana III. Título

CDD 330

La presente publicación ha sido financiada por el Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Avanzados Latinoamericano-CALAS Cono Sur y Brasil con fondos del Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) de Alemania.

@ UNSAM EDITA

@ Adriana Petra

@ Claudia Hammerschmidt

@ David Foitzick Reyes

Imagen de tapa: Identidades. Paola Reyes / Colectivo Ocote

Coordinación editorial: Claudia Tomadoni

Queda hecho el depósito que dispone la Ley 11.723

Prohibida la reproducción total o parcial, incluyendo fotocopia,
sin la autorización expresa de sus editores.

Índice

Introducción

Adriana Petra, Claudia Hammerschmidt, David Foitzick Reyes

Prácticas económicas informales y reconfiguraciones identitarias del trabajo en Cuba

Osnaide Izquierdo Quintana

La economía de “los que sobran” y la identidad del pueblo

Estallido social, identidades y reproducción social en Chile

Jakob Graf

Identidades rurales colectivas

El campesinado chileno

Anna Landherr

Sobre las autoras y los autores

Serie “Identidades estratégicas y crisis en América Latina. Procesos y tensiones”

Introducción

Adriana Petra, Claudia Hammerschmidt, David Foitzick Reyes

El presente libro es el resultado de la investigación de las y los fellows de Merian CALAS Cono Sur y Brasil, correspondientes al segundo eje del Laboratorio sobre “Identidades estratégicas y crisis en América Latina. Procesos y tensiones”, codirigido por la Universidad Friedrich Schiller de Jena, Alemania (directora: Prof. Dr. Claudia Hammerschmidt) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Argentina (director: Dr. Lucas Christel).1

Se reúnen aquí tres investigaciones desarrolladas en torno a la temática de este segundo eje, dedicado a “Crisis económicas y su impacto en las identidades: reconfiguraciones, rupturas y marcas”, cuyo propósito principal fue alentar reflexiones sobre los vínculos entre las crisis económicas que han atravesado la historia contemporánea de América Latina y los procesos de configuración y reconfiguración identitarios con un enfoque en las experiencias de trabajadores urbanos, campesinos, mujeres y pueblos índigenas.

Las policrisis capitalistas, que actualmente impactan al subcontinente, tienen componentes sociales, culturales, económicos y políticos que afectan los mecanismos de identificación estratégica de individuos y colectivos y, a su vez, producen consecuencias que sobrepasan los datos estadísticos con los cuales son descritos. Esto repercute de manera desigual en cada grupo. En los contextos actuales de crisis económicas, es habitual observar que existe una minoría de ganadores y una inmensa mayoría de perdedores, cuestión que acrecienta los ya malos resultados con respecto a la desigualdad. Esta situación se manifiesta como una constante estructural que tiende a caracterizar la región y que, aun cuando las crisis se “superen” y se desarrollen políticas sociales, o se logren restablecer algunos mecanismos para garantizar estándares mínimos en la población, en general, no logran recuperar todo lo perdido ni reparar a las víctimas, ni subsanar las grietas que dejan a su paso.

Sin embargo, las crisis económicas no solo producen estragos y agudizan desigualdades ya existentes y semiestructurales; también provocan cambios, sobre todo en los rasgos comunes y en los aspectos de la vida cotidiana de quienes las experimentan, transformando y reconstruyendo sus identidades. En este sentido, las crisis económicas en esta región se presentan como oportunidades para visibilizar experiencias concretas de hombres, mujeres y diversidades de género, de clase y étnicas que contribuyen a promover y reconfigurar nuevas identidades (o identidades invisibilizadas hasta ahora), el fortalecimiento de otras y el desplazamiento y ruptura de aquellas que parecían estables. Estas transformaciones identitarias producidas por las crisis económicas que impactan de diversas formas sobre la región –se pueden mencionar las producidas por el extractivismo capitalista, la pandemia, la desigualdad económica y social, los procesos inflacionarios, la informalidad laboral, la pobreza, el desplazamiento y la migración, la crisis climática, la crisis energética y sus nuevas transiciones a energías más limpias, con proyectos desarrollados en América Latina para satisfacer la creciente demanda europea y la actual guerra comercial impulsada por Estados Unidos, entre otras– se gestionan a través de diversas estrategias y en distintos momentos, tanto por los Estados nacionales como por los grupos y colectivos que las experimentan. A través de un abordaje multidimensional de estas crisis económicas en América Latina, el volumen que aquí se presenta pretende una aproximación de análisis de algunos aspectos relevantes para los investigadores con respecto a la relación entre las crisis económicas y el concepto de identidad estratégica, a nivel regional. Reflexiona sobre las rupturas identitarias, las mutaciones y emergencias de nuevos acuerdos sociales y experiencias que configuran oportunidades para cuestionar identidades estables, y la aparición de nuevos repertorios de acción, configuración e identidades entre los sectores subalternos, pero también sobre el rol de las elites, de la política, los sectores públicos, privados y el Estado.

En este contexto más bien amplio de problemáticas, los trabajos aquí reunidos se ocupan de un sector que, sin ser novedoso para la investigación social en nuestro continente, se ha transformado en un actor principal de la problemática económica del capitalismo en su fase actual: el heterogéneo e impreciso espacio de la informalidad y la precariedad laboral. Tempranamente asociado con la idea de marginalidad y un espacio contrapuesto a la legalidad y a la formalidad en el marco de economías capitalistas clásicas, se trata de un concepto contencioso que en la literatura reciente, particularmente a partir de los enfoques teóricos feministas y socioambientalistas, convive con aproximaciones que lo definen como “economías de subsistencia” o “economías populares”, poniendo el acento en sus lógicas específicas y en su función para la satisfacción de las necesidades económicas de millones de personas arrojadas a existencias precarias bajo condiciones esencialmente heterogéneas en términos laborales, étnicos, generacionales, de género y de clase. En las últimas décadas, además, estos sectores se han convertido en protagonistas de luchas políticas y socioambientales clave en el contexto latinoamericano, superponiéndose y en algunos casos desplazando identidades colectivas previas, como el movimiento obrero.

Haciéndose eco de estas discusiones, las investigaciones que aquí presentamos estudian esta problemática, tomando como punto de partida dos casos altamente significativos para la historia de América Latina y el Caribe: Cuba y Chile. En efecto, ambos países ofrecieron, en el marco de los repertorios políticos del siglo XX, dos experiencias clave para las luchas emancipatorias y anticapitalistas. Cuba fue el epicentro de una revolución socialista por la vía de las armas, que modificó para siempre los sentidos, prácticas e identidades de las izquierdas en todo el mundo. Chile, cuyo camino al socialismo se constituyó en una experiencia determinante tanto para la historia de aquel país, como para la posterior etapa de la relación entre el socialismo y la democracia, tras el golpe de Estado de septiembre de 1973, que le pusiera fin a la experiencia de la Unidad Popular. Cuba, atravesada por acosos externos, contradicciones internas y dificultades estructurales, se mantiene en su insularidad socialista en condiciones de crisis económica casi sistémica. Chile, un temprano experimento neoliberal que dio como resultado una de las sociedades más desiguales del continente, pero cuyos éxitos macroeconómicos sostienen un modelo que no ha sido cuestionado medularmente por ningún gobierno desde el fin de la dictadura militar, y que, aunque fue el epicentro de una revuelta popular finalmente, esto no se tradujo en cambios sustanciales en la estructura institucional y económica del país. En ambos casos, sin embargo, el crecimiento y la consolidación de un sector de la población que sobrevive en la informalidad o marginalidad, la precariedad laboral, las zonas grises de la legalidad y la práctica de la subsistencia cotidiana, ha dado como resultado cambios significativos en las identidades políticas y sociales y la emergencia de nuevos actores y sujetos de cambio y contestación.

En el primer capítulo, “Prácticas económicas informales y reconfiguraciones identitarias del trabajo en Cuba”, el sociólogo Osnaide Izquierdo, ilumina de forma contundente los efectos en el mundo del trabajo de la reestructuración económica que la isla comenzó en 2011 y que se conoce oficialmente como “Actualización del Modelo Económico y Social de Desarrollo Socialista”, un modo de dar respuesta a una crisis económica que ya arrastraba dos décadas. A partir de un sólido recorrido por la evolución del concepto de informalidad, cuyas primeras referencias pueden datarse en la década de 1950 en el marco de la bibliografía sobre el desarrollo, y de una crítica a los enfoques dualistas y estructuralistas de la informalidad, Izquierdo pone énfasis en el carácter práctico y en la racionalidad estratégica de los actores económicos informales. En tanto fruto de un proceso de materialización subjetiva del entramado económico cotidiano, la informalidad, según afirma el autor, construye identidades, y no puede ser considerada solo lo opuesto a la formalidad o la legalidad. A través del concepto de Prácticas Económicas Informales, el capítulo no solo busca reconocer el carácter estructural y funcional de la informalidad en la economía cubana actual, sino, sobre todo, su funcionamiento en los imaginarios económicos colectivos y en las estrategias de subsistencia que las personas despliegan en territorios y espacios económicos concretos, que no dependen exclusivamente del Estado y las instituciones formales.

El capítulo contextualiza con precisión las particularidades del caso cubano, fundamentales para comprender el modo en el que la isla socialista ha debido reconducir su aparato institucional y legal para hacer frente a una crisis económica sistémica, cuyo inicio se remonta a la década de 1990, cuando la caída de la Unión Soviética y el bloque comunista europeo aceleró los problemas de un modelo de desarrollo intrínsecamente complejo y desde siempre condicionado por el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos. El agotamiento del pacto social e institucional de la revolución de 1959 fue advertido y conducido por el régimen gobernante hacia una reforma que derivó en un nuevo texto constitucional, sancionado en 2019, que contiene, explica Izquierdo, las bases legales para una transformación económica que tiene a la informalidad como un componente estructural. En efecto, el cambio del sistema de propiedad estatal hacia una economía mixta y, sobre todo, el desplazamiento de los trabajadores como sujetos de derecho fundamentales del modelo de desarrollo a actores subordinados a un empleador (estatal o privado), no solo codificaron una situación que venía produciéndose de hecho, sino que son la fuente de las contradicciones y dificultades que el Estado cubano tiene para regular un proceso económico cada vez más organizado por las lógicas de mercado (desregulación, dolarización, precarización, esquemas rentísticos extendidos). El Estado, afirma Izquierdo, ha perdido su capacidad de ser el garante del bienestar de la sociedad cubana.

A partir de la categoría de multiespacialidad económica (espacio estatal, privado, cooperativo, mixto y residual) y mediante herramientas de análisis cuantitativas y cualitativas (encuestas, cuestionarios y entrevistas), el capítulo ofrece un análisis empírico del modo en que las prácticas económicas informales cotidianas, desarrolladas en el contexto de la crisis estructural antes mencionada, dan lugar a configuraciones identitarias asociadas a múltiples y variadas estrategias de subsistencia y acumulación, que incluyen tanto la organización de la propiedad, como lo laboral y lo fiscal. En todos los casos estudiados, las transiciones entre lo formal y lo informal, lo legal y lo ilegal, demuestran una configuración compleja que se nutre de las zonas grises de la legislación y de representaciones derivadas de las trayectorias vitales, familiares, sociales, educativas y laborales de los sujetos inmersos en las prácticas informales. El carácter estructural de la informalidad en Cuba se advierte, concluye Izquierdo, en la medida en la que actores económicos diversos ven en aquella una estrategia económica válida y efectiva para enfrentar la crisis del que aún sigue siendo el único Estado socialista de las Américas.

Para analizar la crisis de la experiencia estatal, que quizás sea el perfecto opuesto a la cubana, los trabajos de Jakob Graf y Anna Landherr, se ocupan de diversos aspectos del caso chileno, el modelo más extremo, longevo y exitoso en sus términos de economía neoliberal en América Latina. En efecto, al tiempo que en Cuba se sancionaba una nueva constitución, que en buena medida institucionalizaba cambios económicos y sociales de larga data, producto de una crisis sistémica del modo de desarrollo socialista, en el país sudamericano se producía una de las revueltas sociales más importantes de su historia, sin duda la más significativa desde el regreso a la democracia tras los 17 años de la dictadura de Augusto Pinochet. El estallido social, que se inició en octubre de 2019, evidenció una crisis profunda del modelo capitalista chileno, en el que millones de personas viven en una constante precariedad e inestabilidad laboral, social, económica y, también, ecológica. A partir de esta constatación, el sociólogo Jakob Graf, se ocupa de la cuestión de estos “hogares precarios” a partir del concepto de economía “de los que sobran” y postula que estos, en su heterogeneidad, construyen un antagonismo con las clases dominantes a través de su identificación social y política como pueblo.

Con el concepto “economías de los que sobran”, que no se limita a la informalidad laboral, el autor busca identificar un “sector económico no capitalista basado en las necesidades de los hogares” e incluye actividades heterogéneas como el trabajo por cuenta propia y el trabajo en pequeñas empresas o microempresas de naturaleza formal e informal. En coincidencia con diversos autores y autoras feministas y ecologistas, el capítulo pone énfasis en la importancia crucial de este sector para la supervivencia de millones de personas, la seguridad alimentaria (en el caso específico de la agricultura familiar) y el medioambiente, fundamentalmente en el llamado Sur Global.

Para Graf, quien hizo trabajo de campo por casi una década en diversas regiones de Chile, la experiencia del país conosureño ofrece un mirador privilegiado para observar un modelo de “acumulación por mercantilización” que llevó al extremo las desigualdades sociales y la crisis ecológica. En efecto, la clase propietaria chilena, altamente concentrada, oligopólica y jerárquica, no solo domina el sector externo, sino que, según explica Graf, ha logrado apropiarse de los mercados internos, de los recursos naturales y de bienes comunes e infraestructuras básicas como el agua, la electricidad, el transporte, el gas, la vivienda y los sistemas de educación, salud y pensiones, que se encuentran privatizadas. En contraposición, una abrumadora mayoría de la población chilena vive en hogares precarios, con ingresos bajos o insuficientes, formales o informales, arrojada a la supervivencia, el endeudamiento y el acceso deficiente a los servicios públicos. Se trata de una “clase social” extremadamente heterogénea que puede incluir desde graduados universitarios a trabajadores rurales, cuentapropistas, artesanos, pueblos originarios y pequeños capitalistas.

Lo que resulta, en todo caso, revelador, es que esta multiplicidad de situaciones encuentra un elemento de unificación en los efectos que sobre todas ellas tiene la mercantilización total de la vida social y esto es, según Graf, determinante para fijar su antagonismo con la clase propietaria. La acumulación por mercantilización socava las condiciones de supervivencia de “los que sobran” y organiza los mecanismos que dan forma a la identidad social del pueblo y su potencial politización, desempeñando un papel en las luchas por el aumento de los arriendos, el transporte, la luz, la contaminación del agua y el aire o el derecho a la educación o la seguridad social. El estallido social de 2019 es analizado, finalmente, como un momento de alta politización de la identidad social del pueblo, que pudo tanto reencontrase con tradiciones políticas y culturales de las izquierdas del siglo XX, como manifestarse a través de actores políticos nuevos como los feminismos y las luchas mapuches.

Tomando como punto de partida uno de los actores de esta economía de los que sobran, la socióloga Anna Landherr, en su capítulo “Identidades rurales colectivas: el campesinado chileno”, presenta los resultados de una investigación empírica realizada en la región chilena de O’ Higgins en el año 2024. La autora reflexiona sobre la existencia de identidades colectivas campesinas (y “campesindias”) y su potencialidad como agente de cambio y adaptación frente a la crisis climática, así como en su vulnerabilidad y sus principales desafíos en términos ecológicos y económicos.

La economía familiar campesina produce el 80% de los alimentos consumidos a nivel mundial y, en el actual contexto de crisis ecológica, representa una alternativa sustentable de producción frente al imperante modelo de monocultivo agroindustrial. Aunque esta situación es reconocida por organismos internacionales como la FAO, lo cierto es que, ni desde las propuestas de un “capitalismo verde” ni desde las propias militancias anticapitalistas, el campesinado es considerado un actor social estratégico, por el contrario, suele asociárselo a rémoras premodernas. En América Latina, sin embargo, así como en otras realidades semiperiféricas, el trabajo campesino constituye un elemento central, tanto históricamente, en cuanto son actores de las luchas emancipatorias del pasado, como en la conformación económica actual, donde el trabajo asalariado está lejos de ser dominante. Siguiendo este razonamiento, Landherr observa que en estas regiones, la agricultura familiar, del mismo modo que el sector informal y los trabajos de cuidado, es esencial para la reproducción social de los grupos vulnerables (y, en consecuencia, funcional a la economía capitalista) y agente específico de resiliencia climática, al mismo tiempo que se encuentra cada vez más amenazada por la expansión capitalista, la mercantilización, la reestructuración productiva en el marco de la hegemonía neoliberal y, principalmente, la constante expansión de las fronteras extractivas.

En el concierto de los países latinoamericanos, Chile presenta algunas particularidades. Tal como la autora lo explica, la historia política chilena, cruzada a fuego por el golpe de Estado que en 1973 derrocó el gobierno democrático de Salvador Allende, impactó fuertemente en el mundo rural y campesino, pues desestructuró completamente el proceso de reforma agraria que se había iniciado en la década de 1960, de la mano del demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva y continuado por la Unidad Popular. Desde entonces, y hasta ahora, la reconversión capitalista del campo chileno, en el contexto de una economía de monocultivo, agroexportadora, extractivista y concentrada, da forma a una realidad de alta vulnerabilidad para la agricultura familiar. Las diversas crisis económicas que experimentó el país en las últimas dos décadas, particularmente agravadas por los efectos de la pandemia de COVID-19, han tenido efecto en términos productivos y distributivos, dando lugar a reconfiguraciones identitarias hasta el momento escasamente analizadas por la bibliografía especializada.

Desde una perspectiva interseccional, atenta tanto a las complejas relaciones históricas entre determinantes étnicos y de clase presentes en el mundo rural chileno, como al rol cada vez más importante de las mujeres y las comunidades mapuches. En este sentido, la investigación es un aporte fundamental al conocimiento de este actor clave y, al igual que el resto de los trabajos que componen este volumen, un insumo teórico-metodológico ineludible para comprender la relación entre las crisis múltiples y la configuración de identidades complejas. A partir del análisis de una serie de casos que representan una diversidad de situaciones al interior de la economía familiar campesina en la región estudiada (agricultura convencional, agroecología, organización cooperativa, actores estatales y privados, organizaciones no gubernamentales, etcétera), Landherr nos devuelve la imagen de un mundo social diverso, atravesado por dinámicas generacionales, productivas, mercantiles, estatales y políticas que, lejos de la desaparición, parece atravesar una profunda renovación y una cantera de respuestas a las crisis socioecológicas que constituyen su propia existencia.

Queremos expresar nuestras profundas y sentidas gracias al Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania (BMBF) por la financiación de Merian CALAS Cono Sur y Brasil y a todas las autoridades de la Universidad Friedrich Schiller de Jena y de la Universidad Nacional de San Martín, por permitir que el proyecto se haya hecho realidad y por apoyarlo durante los casi nueve años de su existencia. También damos las gracias al comité científico de CALAS Cono Sur y Brasil y a quienes lo codirigieron anteriormente por parte de la UNSAM, Alejandro Grimson (2017-2019) y Luciana Anapios (2020-2022). Nuestro especial agradecimiento se dirige a las coordinadoras de Merian CALAS Cono Sur y Brasil, quienes lo acompañaron durante la intensa fase de trabajo, entre julio de 2023 y diciembre 2024, por parte de la Universidad Friedrich Schiller de Jena (muy especialmente a la Dra. Claudia Tomadoni, quien trabajó para Merian CALAS Cono Sur y Brasil desde sus inicios, y a Fernanda Oliveira de Souza) y por parte de la UNSAM (a Emilia Reiszer). Finalmente, damos las gracias a todas y todos los fellows y autoras y autores del presente libro por sus importantes aportes.

1. Para una explicación acerca de Merian CALAS, Merian CALAS Cono Sur y Brasil, el laboratorio de investigación "Identidades estratégicas y crisis en América Latina" y la serie de libros homónima, ver la p. 203 de este tomo.

Prácticas económicas informales y reconfiguraciones identitarias del trabajo en Cuba

Osnaide Izquierdo Quintana

Introducción

La informalidad económica y laboral constituye un objeto de análisis central en América Latina a partir del reconocimiento de sus implicaciones para la estructura económica y social. Al mismo tiempo, es uno de los fenómenos más diversos y difíciles de medir, toda vez que no se ha logrado construir un cuerpo teórico-metodológico eficiente para su captura en sus diferentes contextos de desenvolvimiento. Si a esto se suma el predominio, en los últimos tiempos, de los análisis estructuralistas en este campo, podemos hablar de un mayor déficit en la capacidad heurística de la ciencia, para dar cuenta de sus implicaciones en los procesos de objetivación de un fenómeno cada vez más estructural en los modelos de desarrollo latinoamericanos.

Cuba no se encuentra ajena a esta realidad. A partir del año 2011, el país se vio abocado a una transformación de su modelo económico y social, con fuertes implicaciones para el mundo del trabajo y la economía, tanto desde lo estructural y normativo como desde las trayectorias, experiencias y los correlatos subjetivos que las acompañan. Resulta importante señalar que estas transformaciones deben entenderse como continuación y ruptura del ajuste del modelo de desarrollo que el país se vio obligado a ejecutar, como consecuencia de la crisis estructural que tuvo su cúspide en la década del 90 del siglo pasado, crisis que, desde el 2022, ha alcanzado nuevos picos en la precarización de las condiciones de vida en el país. Esta realidad, bajo el recrudecimiento de la política norteamericana y una reducción drástica de las capacidades productivas nacionales y, por tanto, de las capacidades para la reproducción de la sociedad y del modelo de desarrollo, ha implicado un reajuste constante que no siempre ha contado con el respaldo normativo más eficiente, trastocando muchas de las estructuras objetivas y subjetivas que sustentaban el modelo económico y de relaciones en y para el trabajo cubanas (Izquierdo y Martín, 2022).

No son pocos los estudios que apuntan a que una de las principales consecuencias de estos desajustes da como resultado la informalidad estructural de la sociedad cubana actual. Algunos de los elementos que estos estudios expresan son: 1) El peso de prácticas y estrategias, en mayor o menor medida alejadas de la normatividad institucional, en las formas a través de las que los individuos, grupos sociales y actores económicos acceden al bienestar material y espiritual, y en el modo en que este se construye desde las prácticas cotidianas y sus representaciones; 2) el aumento sostenido y diversificado (en ocasiones como resultado de las transformaciones normativas y legislativas en el país) de espacios económicos y relaciones económicas y laborales que se mueven en ámbitos ilegales, no regulados o en zonas grises de la legislación y la estructura formal; 3) la prevalencia, con diferenciaciones más o menos claras, de estas prácticas y estrategias en todos los espacios económicos y territorios del país; 4) la capacidad en aumento para generar arreglos institucionales informales como mecanismos para evitar la regulación del Estado y como estrategia eficiente de los actores económicos, lo que genera, en asociación a las prácticas cotidianas de la informalidad estructural, nuevos patrones culturales para y sobre el trabajo (Rojas y Peña, 2017) (Romero, Gómez y Miranda, 2017) (Izquierdo, 2019) (Izquierdo, 2020) (Izquierdo y Martín, 2022).

En gran medida, los estudios cubanos al respecto se realizaron desde nociones que heredan o asumen las concepciones teóricas y metodológicas hegemónicas, que parten de una visión dualista de la informalidad y, por tanto, tienden a perder de vista el carácter práctico de esta en un escenario estructuralmente favorable para su desarrollo. Esta limitación surge de una perspectiva estructuralista que omite los procesos constitutivos y funcionales de toda acción económica y, en consecuencia, de la propia construcción de la racionalidad que le da sustento. Sin dudas, esta racionalidad está fuertemente intencionada por la estructura en la que se desempeña la acción económica, pero en su consecución y desarrollo entran en juego un conjunto de elementos sociopsicológicos y culturales que terminan por darle contenido real a dicha racionalidad en términos de estrategias de subsistencia cotidiana y funcionamiento de los actores económicos (Izquierdo, 2020).

Pero, sobre todo, estas nociones predominantes pierden de vista que este carácter es fruto de un proceso de objetivación desde las representaciones y estructuras relacionales asociadas al accionar cotidiano de los agentes económicos y, por tanto, también, un proceso de construcción de identidades como mecanismo para su materialización en el entramado económico nacional.

Es por esta razón que en el presente capítulo asumimos un concepto mucho más cercano a esta racionalidad cotidiana al que denominamos Prácticas Económicas Informales (PEI). El objetivo es aprehender, tanto las lógicas estructurales y objetivas de la acción económica, como las simbólicas, relacionales y representacionales, cotidianas que brindan contenido a la misma. Racionalidades cotidianas que se traducen en disposiciones económicas, en cuanto propensiones a la acción en ciertas condiciones socioestructurales y, por tanto, más que condicionar espacios informales, en estrecha relación con la estructura, van a configurar prácticas concretas (Izquierdo, 2020). Esta perspectiva permite también explorar el rol de los procesos de construcción de identidades. Esto es, la identidad razonada (Sen, 1999) que implica toda acción económica basada en lo que son, quieren ser y dónde quieren participar los agentes económicos (Davis, 2001) en relación con las condiciones socioestructurales y normativas de un modelo de desarrollo o espacio socioeconómico concreto. El concepto de identidad juega, entonces, un rol estratégico en esta propuesta, al posicionar una visión totalitaria de las prácticas económicas, ya no solo como estrategias o acciones, sino como expresión procesual del contenido cotidiano de las mismas (sus significados y significantes), y en su capacidad para dotarlas de sentido espacio-temporal (territorial y ocupacional) en una estructura de relaciones concreta.

El estudio que sustenta este capítulo propone entonces un acercamiento diferente al fenómeno de la informalidad en Cuba a partir de reconocer no solo su carácter estructural y funcional en la economía actual, sino también su prevalencia en el imaginario económico cubano, desde una racionalidad en términos de estrategias de subsistencia cotidiana materializada en territorios y espacios económicos concretos. Esta concepción sobre la informalidad no pretende explicarse desde una perspectiva que la asuma como alternativa a la economía formal (claramente no la desconoce), la reconoce como una práctica incrustada en el accionar económico cotidiano práctico y simbólico de la realidad cubana y, por tanto, se dirige a develar estos códigos al interior de los agentes económicos y en sus relaciones contractuales y funcionales como mediaciones entre la agencia y la estructura.

Consideramos que solo desde esta perspectiva se hace posible la construcción de una propuesta efectiva de medición y atención a la informalidad, no solo para la academia, sino para las estructuras encargadas de su regulación. Ambas se constituyen en beneficiarias directas del resultado de este estudio, con capacidad para influir en los procesos de transformación socioeconómica en función de la viabilidad del modelo de desarrollo por el que apuesta el país.

Si se parte del hecho de que, cada vez con más fuerza, la informalidad marca la cotidianidad, práctica y simbólica, de cada uno de los sujetos individuales y colectivos de la sociedad cubana; se debe entender entonces la evolución de su carácter estructural –y por tanto sistémico y con implicaciones a corto, mediano y largo plazo– en el decurso del modelo de desarrollo nacional y en la capacidad del Estado para gestionar el acceso al bienestar de sus ciudadanos. Mucho más importante, este enfoque permite reconocer los procesos de restructuración cotidiana de las identidades al interior del modelo de desarrollo, no solo desde el cómo las construyen los agentes concretos, sino también como un producto de la objetivación de interacciones objetivas y de sus correlatos subjetivos.

Este capítulo indaga sobre cómo Cuba está cambiando, a partir de la transformación del modelo de desarrollo, iniciada en 2011, con la llamada oficialmente “Actualización del Modelo Económico y Social de Desarrollo Socialista”. Específicamente se propone develar los procesos de reconfiguración de las identidades asociadas al mundo del trabajo y sus espacios de materialización en la economía nacional, con base en los cambios en las dinámicas de institucionalización de prácticas económicas informales y actores asociados en este contexto.

Se asumen como hipótesis de trabajo: 1) Reconocer el carácter estructural de la informalidad en el contexto cubano actual, como resultado de estos procesos de institucionalización, pero también con un impacto directo en las formas de apropiación de la realidad cotidiana de los sujetos sociales, individuales y colectivos, en calidad de estrategias económicas concretas. 2) Que el carácter estructural asume una alta capacidad de reproducción a partir de construcciones identitarias a todos los niveles y en todos los sectores de la economía nacional.

Para validar estas hipótesis, se partirá de una discusión teórica sobre la informalidad desde la categoría “prácticas sociales”, lo cual posibilita explicarla en su calidad de procesos relacionales objetivos y subjetivos, macro, meso y microsociales, así como conectarla con la reconfiguración representacional, simbólica y relacional del trabajo y la acción económica en Cuba en función de patrones identitarios. Esta discusión teórico-metodológica busca, al mismo tiempo que contextualizar la categoría “informalidad” a las particularidades de la realidad cubana, superar las visiones dicotómicas y espaciales de la misma, hegemónicas en la producción científica actual sobre el tema. Al mismo tiempo, busca validar su comprensión como un proceso objetivado por actores sociales concretos, en relación con procesos de estructuración y reproducción social cotidianos.

Se partió de un enfoque macro-meso y microsocial con el objetivo de develar tanto los procesos de estructuración socioeconómica derivados de la evolución del modelo de desarrollo nacional hasta la actualidad, como las dinámicas cotidianas de construcción de las prácticas económicas y sus imaginarios y correlatos identitarios asociados por espacios económicos y territorio. El enfoque en las prácticas económicas informales como expresión estructural, relacional, simbólica y representacional de la informalidad es una perspectiva metodológica mixta con base en las configuraciones sociales, como espacios de objetivación cotidiana de la realidad de los actores económicos y sus entornos relacionales.

Ambos posicionamientos metodológicos implicaron un tipo de investigación analítica correlacional que vinculó métodos y técnicas cuantitativas (estudios estructurales y relacionales) y cualitativas (con el objetivo de develar las dinámicas representacionales y situadas de los actores estudiados). De esta forma, la estrategia de investigación partió de analizar los marcos teóricos, metodológicos y normativos asociados a la informalidad. Este análisis constituyó la base para la construcción de la propuesta teórico-metodológica para la medición de la informalidad y la construcción de un muestreo teórico por espacios económicos. Para la evaluación de su factibilidad como propuesta y el levantamiento de la información con respecto a las prácticas informales, se utilizó el método de encuesta en función del cuestionario y la entrevista en profundidad focalizada (a actores económicos tipo, construidos por los resultados del cuestionario y el muestreo teórico) para la obtención de las construcciones de los significados y significantes asociados a las prácticas económicas informales por espacio económico y territorio y, por tanto, de las configuraciones identitarias asociadas a estos.

El capítulo se estructura en dos apartados fundamentales. El primero está destinado a la presentación de la propuesta teórico-metodológica que sustenta y guía el estudio empírico realizado, en calidad de discusión epistemológica de las categorías centrales desde una perspectiva interdisciplinar. El segundo expondrá los resultados del estudio, sustentados por la propuesta teórica expuesta anteriormente. Incluirá el análisis del contexto cubano actual, desde las transformaciones institucionales y los resultados empíricos con alcance territorial.

1. Prácticas económicas informales e identidades. Propuesta teórico metodológica para su estudio

1.1. La Informalidad como categoría de análisis. Hacia el estudio de las prácticas económicas informales

El estado de imprecisión teórica que sufren las categorías trabajo informal, economía informal o informalidad se debe, entre otras razones, a que las mismas resultan débiles desde el punto de vista conceptual, producto de la multiplicidad de criterios que se utilizan para su definición. Entre las razones fundamentales para ello tenemos que: 1) cada uno de los criterios utilizados puede cumplirse de manera independiente (Salas, 2007); 2) existe una multiplicidad de causas, conceptualizaciones y de criterios para identificar en cada región; 3) cada uno de estos criterios guarda relación directa con las regulaciones gubernamentales que inevitablemente varían de un territorio a otro (Izquierdo, 2020) (Izquierdo y Capogrossi, 2021).

Según Neffa, el concepto de trabajo o empleo informal fue anticipado durante la década de 1950, por los trabajos académicos de Lewis (1954) sobre las economías en “vías de desarrollo”. Estos comprendían dos sectores muy diferentes: uno tradicional (agrario) y otro moderno o capitalista (urbano, donde predominan la industria y los servicios), con unidades económicas clasificadas en función de las tasas de productividad, su capacidad de acumulación y la relación de los salarios o ingresos con respecto al costo de reproducción de la fuerza de trabajo. Según estos estudios, muy conectados con aquellos sobre el mercado laboral, existía una oferta ilimitada de fuerza de trabajo en el sector tradicional, en condiciones de desempleo o subempleo, que estimulaban las migraciones rural-urbanas. En las ciudades, esos migrantes devenían en trabajadores marginales, que para asegurar su subsistencia asumían los trabajos denominados luego como “informales” (Neffa, 2008).

Pero no es hasta entrada la década de 1970 que se constituyen los enfoques teóricos predominantes en el estudio del trabajo informal reconocidos como: la perspectiva dualista defendida por la OIT/PREALC, el enfoque de la actividad económica no regulada (Hernando de Soto) y el Estructuralismo (Alejandro Portes y Manuel Castell como autores fundamentales).

En el marco del Programa Mundial del Empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el antropólogo económico Keith Hart introdujo el término sector informal para caracterizar el problema hallado en el empleo urbano en dos países de África. En las misiones llevadas a cabo en Kenia y Ghana, se evidenció que las personas lograban sobrevivir mediante la ejecución de oficios y tareas de pequeña escala, principalmente de índole familiar, poco estructuradas y que no cumplían con el marco legal vigente, al no estar ni registradas ni protegidas (Hart, 1973). Este informe arrojó varias luces sobre este fenómeno y visibilizó a un sector poblacional que se encontraba al margen de la economía formal, sujeta a la fiscalización y tributación, ingresos inestables, trabajos inseguros, desprotegidos e ilegales, fuera de los sistemas de seguridad social y de los marcos regulatorios establecidos. De igual modo, colocó la preocupación en torno a este fenómeno en la agenda de las agencias internacionales y de las ciencias sociales y económicas.

En el informe presentado, este investigador enuncia la existencia de un modelo dualista de oportunidades de ingresos de la fuerza laboral urbana, basado en la distinción entre lo formal (empleo asalariado) y lo informal (autoempleo). Al mismo tiempo, logra identificar las características principales que, a su criterio, estaban presentes en la informalidad: la baja calificación y el bajo aporte del capital en las actividades, la gran incidencia de la familia en los emprendimientos, la pequeña escala de las operaciones, la baja tecnología, la intensidad del trabajo y la presencia de mercados no regulados (Portes y Haller, 2004). Concepción que terminó, en primer lugar, por visualizarla como un sinónimo de pobreza en un contexto donde la economía formal afloraba como el ideal social preconizado por las teorías del desarrollo y, en segundo lugar, por acentuar una concepción dual que reconocía la informalidad como alterna y no funcional a la economía formal.

Dentro de esta corriente teórica, en América Latina, a finales de la década de 1970, se desarrolló el concepto de sector informal urbano (SIU). Este fue utilizado e impulsado por el Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) de la OIT, con el objetivo de explicar el crecimiento de amplios sectores de la población que no pudieron participar de los procesos de modernización productiva a través de un mercado laboral formal (Maurizio y Monsalvo, 2021). Desde esta perspectiva, la definición estaba dada por ser actividades de pequeña escala, mano de obra poco calificada, poca organización y baja productividad. Se asumía entonces como una consecuencia del capitalismo periférico, que no era capaz de absorber toda la fuerza de trabajo, tal como propuso la teoría dependentista con respecto a los modelos de desarrollo asimétricos entre centro y periferia. En este enfoque se concibe como un sector que coexiste con otro, formal, cuyas características se contraponen.

Es decir, la heterogeneidad de la estructura económica se traduce en una situación de heterogeneidad en el empleo (PRELAC, 1976). La insuficiente dinámica del capitalismo periférico y la desigualdad en la penetración del progreso técnico, que conlleva la heterogeneidad productiva, imposibilita la incorporación de toda la población trabajadora en los sectores modernos de elevada productividad, por lo que parte de la población se vincula con trabajos en sectores atrasados, en actividades de baja productividad e ingresos (Neffa, 2008).

El enfoque de la economía dual argumentaba que la existencia de formas de producción “atípicas” era el resultado de una economía estructuralmente fragmentada que no podía asumir, en términos de cobertura y seguridad legal del empleo, el total de la fuerza de trabajo disponible. Según esta lógica, la economía dual es típica de países subdesarrollados en donde existen dos sectores: uno moderno y desarrollado, reconocido legalmente, y otro tradicional, atrasado y legalmente marginado. Frente a una economía fragmentada, la existencia de estos dos sectores opuestos tendría como resultado que la fuerza de trabajo excedente en uno fuera el sustento del otro. Con lo cual, la relación entre ambos se explicaría a través de la incapacidad del sector formal para generar suficientes empleos productivos, lo que significaría que una importante fuerza de trabajo quedaría automáticamente excluida (Tokman, 2001), (Portes y Haller, 2004), (Daza, 2005).

El enfoque de la economía no regulada, desarrollado por Hernando de Soto, busca superar la concepción dualista formal-informal –en tanto dualidad ficticia generada por la excesiva burocracia estatal sustentada en grupos de intereses específicos–, por una que realce el valor de la informalidad como detonante de la transformación socioeconómica. Desde esta perspectiva, el foco está en la prevalencia de leyes y normas excesivas que aumentan ostensiblemente los costos de la formalización, en beneficio de sectores mercantilistas a los que interesa mantener a ciertos grupos fuera de la economía regulada para disminuir los costos de la proletarización. Aunque pareciera partir de un posicionamiento en ruptura con la visión espacial o sectorial de la economía, en su texto El otro sendero sustituye la dualidad formal-informal por la de informal-ilegal, siguiendo los criterios de finalidad legal y de utilidad social de estas actividades o actores que reconoce como “informales” (De Soto, 1987). En la práctica, esta concepción no termina por romper con esta visión dualista, porque desconoce o reduce el valor de las interrelaciones cotidianas entre lo formal y lo informal más allá de la normatividad legal que los construye. No obstante, es destacable su aproximación a la informalidad, al poner el foco del análisis en el hacer, en las actividades y no en los actores concretos (Bromley, 1998). Igualmente, resulta meritorio el reconocimiento a su materialización en zonas grises de la legislación.

En su conjunto, a este enfoque se le puede reconocer el llamar la atención, aun cuando no lo declare, sobre las interrelaciones de poder que sustentan el desarrollo de las actividades económicas, más allá de las reconocidas discusiones con respecto a la normatividad generada por el Estado.

Por otra parte, la corriente estructuralista fue desarrollada a finales de la década de 1980 por diversos autores, entre ellos Alejandro Portes. Contrarios al enfoque de la economía dual, consideran que el sector informal no está definido en términos dualistas, sino como una parte integral de la economía moderna y es el resultado del capitalismo en una estructura social altamente desigual (Portes, 2000) (Portes y Haller, 2004) (Daza, 2004). La característica que define al estructuralismo es su comprensión de que las causas son estructurales, aunque no existe consenso acerca de que sea una consecuencia de la existencia de la dualidad.

Alejandro Portes se diferencia de aquellas corrientes que consideran a la informalidad como otra forma de denominar a la pobreza, al aludir al estrato social con menores ingresos. Por esta razón, toma distancia de las perspectivas desarrolladas por la OIT y el PREALC. Su obra discute con estas corrientes al argumentar que tanto las definiciones teóricas como los indicadores empíricos utilizados por ellas presentan, en mayor o menor medida, tres problemas que, a su consideración, son fundamentales: 1) una visión dualista de la economía que divide en formal e informal sin analizar las interrelaciones entre ambas; 2) una visión ahistórica que les impide comprender el proceso de articulación de las distintas relaciones de producción que creó la división formal-informal; 3) incapacidad, por sus definiciones y, sobre todo, por los indicadores empíricos que se utilizan para medir la informalidad, de dar cuenta de la heterogeneidad en el tipo de empleos dentro de dicho sector (Portes, 1995), (Izquierdo, 2020).

Por otro lado, Portes, Castells y Benton hacen referencia a que la economía informal es “un proceso de generación de ingresos caracterizado por un rasgo central: no está regulado por las instituciones de la sociedad, que, en un entorno legal y social, regulan actividades similares” (1989: p. 20). Con la conceptualización que proponen, demuestran que la clasificación de lo que es formal (o no lo es) no depende del producto que se genera, sino de la forma en la que se produce y se distribuye: al margen de la regulación estatal (De Buren, 2009). Esto se conecta directamente con lo planteado por el enfoque de la economía no regulada. Otra cuestión relevante en la concepción de estos autores es que no se limita a lo que se realiza dentro del SIU, sino que pueden ser actividades realizadas fuera de este, siempre que cumpla con las principales condiciones.

Desde la perspectiva estructuralista, la no regulación implica tanto la constitución de esas empresas de manera no regulada, como la evasión fiscal y de las obligaciones empresariales, tanto hacia el Estado como a los propios trabajadores. Sobre esta misma línea, y fortaleciendo lo discutido por el enfoque de la economía no regulada, el enfoque estructuralista argumenta que la mano de obra excedente que se desplaza a la informalidad, no es el resultado de la incapacidad del sector formal para absorber fuerza de trabajo; sino de las lógicas capitalistas, porque la informalidad es funcional a ellas. O sea, esta fuerza de trabajo excluida contribuye a disminuir los costos en el proceso de proletarización del sector formal y, por lo tanto, se vuelve funcional al desarrollo del sector moderno de la economía y rentable para las lógicas de acumulación capitalistas (Portes, 1995). Se enuncia así, aunque no se desarrolla, una concepción respecto del sistema de relaciones sociales de producción que propone una superación sustancial con respecto a las concepciones precedentes.

En virtud de que el sector informal no se caracteriza exclusivamente por actividades poco productivas y precarias, su vínculo con la pobreza, para este enfoque, no se establece a priori. Aunque sí reconocen que, como estrategia de subsistencia, el ingreso a la informalidad es característico en la mayoría de los casos de grupos poblacionales vulnerables a la pobreza o que ya se encuentran en ella (Portes y Haller, 2004). Esta es una concepción ampliada y más compleja, donde se reconoce la heterogeneidad de lo que los autores proponen como economía informal, que trasciende la comprensión de sectorial a la usanza de la OIT.

A tono con estas discusiones teóricas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la XV Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) (Ginebra, 1993) y tomando como referencia los hallazgos previos, propone una caracterización.

El sector informal en general puede caracterizarse como algo consistente en unidades económicas orientadas a la producción de bienes y servicios con el objetivo primario de generar empleo e ingresos para las personas involucradas. Estas unidades típicamente operan a un nivel bajo de organización, con poca división o separación entre trabajo y capital en tanto factores de la producción y en una pequeña escala. Las relaciones laborales a su interior –cuando existen– están basadas en empleo casual, parentesco o relaciones personales y sociales, más que acuerdos contractuales acompañados de garantías formales (Hussmanns, 2004: p. 21).

Dentro de los elementos distinguidos por la OIT en la descripción del término, se encuentran el no registro y la no contabilización de las operaciones. En esta conferencia se decide excluir del sector informal a la agricultura de subsistencia. Aunque se reconoce que conceptualmente tiene puntos en común con la propuesta teórica que realizaron, consideran que es una actividad más difícil de rastrear y está asociada a otros tipos de políticas públicas. Igualmente, establece una tipología de unidades económicas que incluye a los trabajadores por cuenta propia (solos o con ayuda familiar no remunerada) y a los empleadores (con empleados remunerados o con ayuda familiar no remunerada). Otra recomendación de la OIT fue:

[…] cuando sea posible, la población ocupada en el sector informal debe clasificarse en dos categorías: la categoría de personas exclusivamente ocupadas en el sector informal o la de personas ocupadas a la vez dentro y fuera del sector informal. La última categoría puede además subdividirse en dos subgrupos: el de las personas cuyo empleo principal está en el sector informal y el de las personas cuyo empleo secundario está en el sector informal (CIET, 1993: p. 20).

Esta ampliación conceptual fuera del propio sector, es un intento por dar cuenta de la diversidad de posibles actividades que desbordan la comprensión inicial propuesta por el organismo internacional, pero que, al mismo tiempo, continúa adoleciendo de una postura descriptiva y poco relacional con respecto a los contextos y sistemas de relaciones sociales de producción concretos.

Posteriormente, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Delhi,1 tanto en la Conferencia Internacional del Trabajo del año 2002, como en la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (17ª CIET), del año 2003, se aprobaron las directrices sobre una definición estadística para medir el empleo informal, que complementan la resolución de la 15ª CIET. En estas reuniones se presentó el nuevo concepto de economía informal, la cual fue definida como el “conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que, tanto en la legislación como en la práctica, están insuficientemente contempladas por sistemas formales o no lo están en lo absoluto” (OIT, 2013: p. 15).

Esta propuesta trasciende la comprensión como SIU, que se identifica como unidad económica, o la situación de empleo específica, para captar las interrelaciones entre las unidades económicas que constituyen una economía al margen de lo establecido. Es válido reconocer que, en la evolución de las propuestas del organismo internacional, esta representa una ampliación de su comprensión del fenómeno informal que acontece en múltiples niveles. No obstante, el recorrido realizado hasta el momento permite obtener conclusiones parciales sobre la conceptualización de la informalidad.

En primer lugar, que es un término confuso y que teóricamente no posee un aparato conceptual sólido. Desde su aparición, ha adolecido de una construcción descriptiva y basada en los atributos, más que en la esencia que lo define. Su evolución ha estado continuamente marcada por el reconocimiento de nuevos criterios para su identificación, en estrecha relación con las transformaciones de los modelos de producción y sus relaciones sociales, pero como resultante y no como argumento explicativo de los fenómenos asociados a la informalidad. Por otro lado, parte de la dificultad teórica que encierra está dada por la confluencia de criterios múltiples y unidades de análisis diversas y no excluyentes.

De manera general, no es un tema que se caracterice por las grandes teorizaciones, sino que priman los estudios empíricos y descriptivos, a partir de los cuales luego se realizan inferencias de corte teórico. Esta limitación deriva de la complejidad que encierra, dado que son tan variables los indicadores a tomar en cuenta para cada contexto concreto.

Por otra parte, estos estudios se siguen erigiendo sobre la base del carácter dualista que ya poseían las investigaciones de este corte. Sin embargo, sobre todo la perspectiva estructuralista, toma en cuenta otros aspectos interesantes (explica mediante un análisis histórico el proceso de creación de la división formal-informal en las relaciones de producción, analiza las interrelaciones que se generan entre ambos sectores, destaca la heterogeneidad propia de la informalidad y cuestiona el rol pasivo del Estado con respecto a esta) que fueron obviados pero constituyen líneas de análisis importantes a tener en cuenta en el estudio de este fenómeno.

No obstante, suponer que la informalidad se relaciona con que se cumplan o no de las legislaciones estatales establecidas, es asumir que si se cambiara la legislación, esta desaparecería. Sin embargo, la práctica ha demostrado que los fenómenos reales que aprehende permanecen o se dinamizan a pesar del cambio legal (Salas, 2007). Como ya se mencionó en la introducción, esta limitación surge de una perspectiva que pierde de vista los procesos constitutivos y funcionales de toda acción económica2 y, por tanto, de la propia construcción de la racionalidad que le da sustento. Racionalidad que estará fuertemente intencionada por la estructura en la que se va a desempeñar la acción económica. Sin embargo, en su consecución y desarrollo influyen un conjunto de elementos sociopsicológicos y culturales que terminarán por darle contenido real en términos de estrategias de subsistencia cotidiana y funcionamiento de los actores económicos. En relación directa con el contexto de producción concreto en el que se materialicen estas racionalidades y, por tanto, con los procesos de estructuración del poder, se expresará una interacción específica con la institucionalidad formal. Esta podrá ser más o menos enfrentada o excluyente en dependencia directa con las condiciones de materialización de los agentes económicos. Cuando hablamos de condiciones de materialización, hacemos referencia a una concepción de institucionalidad que supera la visión legalista o normativa y la entiende como el conjunto de relaciones y estructuras en calidad de instituciones,3 arreglos4 y narrativas institucionales5 que construyen un sistema de relaciones sociales de producción concreto (Izquierdo, 2019).

Es a partir de estos presupuestos que definimos a la informalidad como un espacio de materialización de relaciones sociales de producción con base en la (re) reproducción6 de prácticas para el acceso al sustento material y espiritual de individuos, grupos y sociedades en relación conflictual con el sistema institucional formal en un contexto concreto.

Entendemos entonces, que se produce como un espacio más de materialización del conjunto de prácticas económicas al interior del sistema de relaciones sociales de producción, con roles específicos en la propia reproducción del mismo a partir de las condiciones estructurales y normativas que le dan sustento.

El fundamento de esta definición en prácticas concretas configura procesos intra e interespaciales estructurales, normativos, representacionales y simbólicos que constituyen la base de sus dinámicas organizativas y funcionales en un contexto socioeconómico específico. Son estas dinámicas la base de la configuración de agentes, unidades económicas, sectores y economías que pueden ser caracterizadas como informales en una sociedad y modelo de desarrollo concreto.

Desde nuestra perspectiva, solo una concepción de espacio como configuración de prácticas económicas conflictuales en relación con el sistema institucional formal, y, por lo tanto, tan heterogéneas como heterogéneo sea este, puede superar perspectivas dicotómicas sobre la relación informal-formal o informal-ilegal. Al mismo tiempo, puede constituirse en una herramienta taxonómica que no niegue que este espacio se materializa desde relaciones y prácticas estratégicas tanto a nivel micro y meso (agentes, unidades, sectores y economías, con sus dinámicas representacionales y simbólicas específicas, identidades, culturas y valores), como macro, que lograrán configurar sus potenciales estructurales.

De esta forma, la corporalidad racional y racionalizada de la informalidad (no solo de los agentes individuales y colectivos, sino también de sus procesos y dinámicas objetivas y subjetivas) puede ser captada desde las configuraciones de prácticas estratégicas en cualquiera de los espacios sociales donde pueden materializarse.

En consecuencia, se establece como fundamental para esta definición la comprensión de las prácticas como categoría heurística central. La categoría PEI, desde esta lógica, permite conectar tanto con la concepción de actividades informales y sus dinámicas organizativas (dimensión performática), como con las dinámicas normativas y representacionales que se le asocian (dimensión de entidad) (Ariztia, 2017). En la categoría práctica se condensan diversos niveles de la realidad que se estudia: 1) es un resultado de un contexto macrosocial, 2) encierra componentes estructurales y culturales que marcan el comportamiento de la práctica y 3) tiene una dimensión subjetiva de cómo lo viven las personas en un proceso de objetivación de dichas prácticas.

La categoría de PEI, en relación directa con la teoría de las prácticas sociales, debe constituirse en la mediación efectiva entre agencia y estructura. Mediación institucional en términos de narrativas, arreglos institucionales e instituciones, que dispondrán de manera dialéctica la configuración de agentes y formas de materialización de la actividad informal en contextos específicos. Al mismo tiempo, esta concepción permite superar visiones deterministas sobre la informalidad y pensarla más en términos estratégicos, de agentes activos y con capacidad de discutir la estructuración del poder en las relaciones sociales de producción, tal como expresaba el enfoque de la economía no regulada.

Tomás Ariztia recoge tres dimensiones (que expresan y atraviesan siempre la dimensión performática y la de entidad) de las prácticas a partir de la teoría de las prácticas sociales: competencias, sentido y materialidades.

Las competencias se entienden como el “conjunto de saberes prácticos y habilidades que hacen posible la realización de una práctica”. Esto implica no solo los saberes relativos a la ejecución de una práctica por parte de un actor, sino también a los saberes a partir de los cuales es posible evaluar cuándo una práctica está bien realizada (Ariztia, 2017) o en sí mismas son válidas en un marco de referencia específico (los procesos de formalización de la informalidad, la evasión de impuestos y la subdeclaración, etcétera). Como forma de saber práctico, las competencias están (generalmente) corporeizadas y son parte de un repertorio “automático” y muchas veces “a-reflexivo”. Para cierto tipo de prácticas, las competencias pueden estar formalizadas (institucionalizadas) en reglas, procedimientos o manuales, los cuales facilitan su posibilidad de moverse en distintos momentos de ejecución o incluso de perpetuarse en el tiempo (Ariztia, 2017).

Por otra parte, refiere al conjunto amplio de aspectos afectivos, valoraciones y repertorios culturales sobre el cual se establece el significado y necesidad de una práctica para quienes las ejecutan. Esto comprende, entre otras cosas, los repertorios de valoración de las actividades (lo deseable, lo bueno (Ariztia, 2017), lo efectivo, lo eficaz y eficiente, en otras palabras, la construcción de racionalidades concretas expresadas en narrativas institucionales); así como el conjunto de significados, creencias y emociones asociados a una práctica concreta. Tal como otros componentes, el sentido puede ser compartido por distintas formas de acción. Por ejemplo, el hecho de que una práctica sea valorada como “saludable” es algo común a un número diverso de estas, que cruzan un abanico amplio de actividades humanas. A su vez, el sentido también remite al hecho de que las prácticas están situadas en el marco de repertorios de valoración colectivos, los cuales aparecen como convenciones o estándares (Ariztia, 2017).

Las materialidades abarcan la totalidad de las herramientas, infraestructuras y recursos que participan de la realización de una práctica. Es importante notar que las materialidades son constitutivas de las prácticas y no un elemento externo: definen la posibilidad de existencia de la misma, así como sus transformaciones. Los distintos elementos materiales de las prácticas posibilitan formas específicas de ejecución, a la vez que hacen inviables otras. En este sentido, las materialidades tienen una importante agencia, en calidad de arreglos institucionales, en términos de la organización de las prácticas.

En el caso de la práctica como performance se hace referencia a esta como actividad concreta, dinámica, cambiante y heterogénea en relación con la estructura, la práctica en cuanto práctica cotidiana.

En el caso de la práctica como entidad, se hace referencia a su existencia como una unidad que “trasciende su realización puntual –su performance–,” (Ariztia, 2017), dado que involucra ciertas formas de recursividad (Giddens, 1995) y una trayectoria temporal anterior a cada ejecución. La práctica como institucionalidad en sí misma.

Entenderíamos entonces, desde la propuesta teórica metodológica que guiará este estudio, a las PEI como formas de la conducta de agentes económicos que se configuran a partir de la interrelación entre las competencias, sentidos y materialidades de dichos agentes y sus relaciones sociales de producción, en un contexto socioeconómico determinado y en conflictividad con el sistema institucional formal dominante. Estas se institucionalizan (preceden, intencionan y superan a sí mismas) en espacios de materialización de dichas prácticas y constituyen a su vez el mecanismo para su producción y/o reproducción en tanto espacios, prácticas y agentes.

Asumimos este concepto como mucho más cercano a la comprensión de esas racionalidades cotidianas, con el objetivo de aprehender tanto las lógicas estructurales objetivas de la acción económica como las culturales cotidianas que brindan contenido a la misma. Estas racionalidades cotidianas se traducen en disposiciones económicas, en cuanto propensión a la acción en ciertas condiciones socioestructurales y, por tanto, más que condicionar espacios informales, en estrecha relación con la estructura, van a configurar prácticas concretas.

Se propone así un acercamiento diferente al fenómeno de la informalidad en Cuba a partir de reconocer, no solo su carácter estructural y funcional en la economía actual, sino también su prevalencia en el imaginario económico cubano desde una racionalidad en términos de estrategias de subsistencia cotidiana, materializada en espacios económicos concretos. Esta concepción sobre la informalidad, más que distar de ser explicada desde una perspectiva que la asuma como alternativa a la economía formal, la reconoce como una práctica incrustada en el accionar económico, cotidiano, práctico y simbólico, de gran parte de la población cubana. Por lo tanto, se dirige a develar estos códigos al interior de los actores económicos y en sus relaciones contractuales y funcionales.

Consideramos que solo desde esta perspectiva se hace posible la construcción de una propuesta efectiva de medición y atención a la informalidad, no solo para la academia, sino para las estructuras del Estado encargadas de su regulación. Ambas se constituyen en beneficiarias directas del resultado de este proyecto con capacidad para influir en los procesos de transformación socioeconómica en función de la viabilidad del modelo de desarrollo por el que apuesta el país. El reconocimiento de la informalidad como espacio de materialización de prácticas concretas en conflictividad (que puede también ser creativa y no necesariamente excluyente en sus relaciones) con la institucionalidad formal dominante, no solo permite reconocer las condicionantes de su producción en un contexto concreto, sino también las condiciones para su reproducción asociadas a los imaginarios y representaciones sociales en calidad de patrones identitarios.

1.2. Identidades y prácticas económicas informales: una aproximación a esta relación

La noción de Identidad Social (IS) es frecuentemente utilizada en las ciencias sociales como puente entre el individuo, la estructura y los procesos de los grupos en los que este participa. En este sentido, las Teorías de la Identidad Social (TIS) emergen como un marco fundamental para comprender cómo los individuos construyen su autoconcepto en relación con su pertenencia a grupos y categorías sociales (Gamoneda y Pañellas, 2022).

Partimos entonces de asumir que las identidades son sociales por su conformación a partir de la estructura y la función del yo socialmente instituido como un constructor dinámico que media en la relación entre la estructura social y la conducta de sujetos individuales o colectivos.

Desde esta perspectiva, asumimos la identidad social como un proceso en el que los sujetos vivencian [interpretan] y dan sentido a sus experiencias vitales en cualquier ámbito de materialización de su existencia, así como a la forma en que las relaciones y los contextos producen determinados modos de constitución de sujetos concretos (Tittoni y Nardi, 2011).

Esta concepción de la identidad como proceso intenta recuperar una lógica que, a nuestro juicio, ha sido preterida en los estudios sociales sobre las identidades. Frente a concepciones que pusieron el énfasis en factores macro de tipo socio-organizacionales o socio-simbólicos, asumimos una perspectiva más procesual e interactiva, con la idea de conectar la (re) producción de identidades con esos procesos de construcción de racionalidades a través de las prácticas cotidianas de sujetos concretos. Recuperamos, desde lo metodológico, las trayectorias vitales de los sujetos y presentamos un conjunto de precisiones y distinciones conceptuales orientadas a relevar el carácter de proceso social, anclado en interacciones simbólicamente mediadas, de las dinámicas de construcción identitaria, que se sustenta en la tradición de los estudios sobre las identidades laborales (Stecher, 2020).

Rescatar esta dimensión de proceso resultará fundamental, en tanto campo de mediación entre los contextos de producción de las identidades (la configuración estructural de los espacios de materialización de la existencia) y las narrativas identitarias o producciones simbólicas de los agentes económicos (Stecher, 2020).

Entendemos entonces, siguiendo a Stecher (2020), a las identidades de los individuos como producciones simbólicas articuladas narrativamente (narrativas identitarias), que se van configurando en el crisol de diversos escenarios de interacción social y con base en tramas de significación de particulares discursos o imaginarios sociales u horizontes culturales a partir de las cuales los individuos elaboran –en un juego permanente de relaciones sociales de identificación y diferenciación con “otros”– un cierto sentido de sí mismo, de las demás personas y de su particular posición en el mundo social.

Lo anterior supone que, además de producciones simbólicas o narrativas identitarias, las identidades deben ser conceptualizadas como procesos sociales de construcción socio-simbólica en los que los individuos, en el marco de sistemas de relaciones históricamente condicionadas y situadas, van configurando un relato sobre sí mismos a partir de la movilización de discursos o narrativas culturales, legitimadas y disponibles en un espacio social determinado (Somers, 1994).

En el marco de restricciones y posibilidades institucionales, los sujetos sociales van construyendo un significado de sí mismos, de los otros y del mundo. Esto lo realizan en un proceso permanente (dinámico, tenso y cambiante) de reconocimiento, identificación y diferenciación con los otros. Este proceso orienta y dota de sentido a sus acciones y le otorga un sentimiento de pertenencia e integración social, y además es condicionado por las prácticas concretas como proceso de interacción social. Esta producción (narrativa) y proceso social (interacciones socio-simbólicas) que es la identidad, se configura y despliega en marcos institucionales y estructuras de relaciones sociales específicas (laborales, económicas y societales) marcadas por relaciones de poder y por una distribución asimétrica de recursos y capitales entre distintos actores, y participa –en tanto dimensión discursiva y subjetiva constitutiva de lo social− de los procesos de dominación y reproducción, así como de las dinámicas de crítica y transformación, de las sociedades modernas (Stecher, 2020).

De este modo, la identidad se constituye en una categoría analítica pertinente para estudiar la vida social y sus transformaciones contemporáneas, reconociendo la permanente dialéctica entre, por un lado, las posibilidades de creación de sentido, apropiación simbólica y reflexividad que poseen los actores individuales y colectivos y, por otro, los marcos institucionales que la condicionan estructuralmente.

Entender las identidades como procesos sociales de interacción simbólicamente mediada (identificación, diferenciación, reconocimiento, categorización) en el marco de prácticas sociales concretas, específicas y orientadas por ciertos fines, es lo que permite comprender que estas se producen y están insertas en contextos socio-históricos y marcos institucionales específicos (Thompson, 1993), que expresan y participan de la reproducción de las asimetrías de poder y que son campos siempre en disputa, donde se juegan y cristalizan tanto las relaciones de dominación social como la emergencia de actores y movimientos de crítica y emancipación.

La construcción de dicha identidad se lleva a cabo en el diapasón de las actividades e interacciones, formales e informales, al interior de los sistemas de relaciones sociales de producción. No obstante, también implica la movilización de significados diversos (respecto de sí mismo y de sus espacios de materialización) que cada agente porta, producto de una biografía particular, de una singular historia de socialización y de experiencias laborales previas, así como de su inscripción en otros mundos sociales (Stecher, 2020).

Esta conceptualización general de las identidades permite conectarla directamente con el valor heurístico de las prácticas sociales y, en especial, con el de las prácticas económicas informales. Esta conexión no parte solamente del reconocimiento al carácter simbólico y representacional, en calidad de narrativas, como es toda práctica en última instancia. Lo es, y fundamentalmente, por el hecho del mutuo condicionamiento de estos procesos prácticos cotidianos y de construcción de identidades en base a una racionalidad concreta.

De esta forma, resultarán relevantes en esta propuesta tanto las trayectorias concretas de los agentes económicos como las formas en las que estas trayectorias traducen estrategias y espacios de materialización de su existencia, incluyendo los correlatos simbólicos y representacionales que los atraviesan y constituyen dialécticamente.

2. Cuba. Prácticas económicas informales y configuración de patrones identitarios en la transformación del modelo de desarrollo

El presente apartado expondrá los resultados del estudio realizado a partir de la construcción teórico-metodológica expuesta en las páginas precedentes. Comienza con los condicionantes estructurales que, a nivel macro y meso, expresan hoy la transformación del modelo de desarrollo. Posteriormente, se conectan con las configuraciones concretas de agentes, espacios, prácticas e identidades que se materializan en las estrategias de enfrentamiento a la crisis de los sujetos de estudio.

2.1. La transformación del modelo de desarrollo cubano: condicionantes institucionales de la informalidad estructural

Desde el 2011, Cuba está abocada a la transformación de su modelo de desarrollo con la intención de avanzar hacia un “socialismo próspero y sustentable”.7 Para ello, se han realizado un conjunto de transformaciones que, en la búsqueda de su integralidad, han abarcado todas las dimensiones de la sociedad. No obstante, este proceso de transformación se ha venido sucediendo en un contexto nacional e internacional, en extremo complejo, en el que se acumulan los desajustes estructurales y los problemas para la inserción económica internacional (frutos del devenir del modelo de desarrollo anterior), la crisis generada por la pandemia de COVID-19 y el sostenido recrudecimiento del bloqueo norteamericano a la isla.

Este contexto ha marcado fuertemente los derroteros de las medidas y ajustes aprobados mayoritariamente en programas estratégicos, ya sea por su impacto directo en la efectividad de estas medidas o por el condicionamiento a su materialización en el marco de una “economía de guerra”. A continuación, se expondrán los procesos de transformación (en calidad de resultado o efecto) que deben ser considerados como esenciales para la comprensión de los condicionantes fundamentales del contexto actual de la informalidad en el país.

La aprobación, en el 2019, de una nueva Constitución de la República, como mecanismo para generar las bases legales y legítimas de la transformación del modelo de desarrollo y centro de todo el proceso legislativo necesario, constituye, sin duda, el condicionante institucional más importante de las últimas dos décadas. Esta fue el fruto de un fuerte proceso de consulta popular y de búsqueda de legitimidad frente al agotamiento del pacto social e institucional de la Revolución. Veremos varios de elementos de cambio fundamentales, asociados al objeto del presente capítulo.

• Cambios en la organización del aparato de gobierno central y local

Expresión del necesario ajuste institucional ante la transformación del modelo y reconocido por la alta dirección del gobierno y el Partido Comunista de Cuba (PCC) como una de las problemáticas fundamentales del modelo de desarrollo anterior, busca la reducción del gigantismo estatal, como expresión concreta de una transformación del rol del Estado. Específicamente, del rol del Estado central en el modelo de desarrollo socialista. Entre las medidas asociadas se encuentra la fusión de ministerios y la descentralización hacia los territorios a partir de un mayor peso del municipio como entidad fundamental de gobierno. Esto constituyó uno de los cambios centrales de la institucionalidad política del modelo, pero en la práctica no ha logrado generar transformaciones importantes en los arreglos institucionales formales que lo deberían sustentar, debido a la prevalencia de visiones centralistas en las formas de gobernanza a todos los niveles (Aguirre, Carnota y Morillas, 2022).

• Transformación del sistema de propiedad

Se trata de un espaldarazo a un proceso de cambio hacia un modelo de economía mixta que venía desarrollándose desde 1990, como respuesta a la crisis derivada de la caída del campo socialista (González e Izquierdo, 2016). La nueva constitución legitima el paso de un sistema basado en la hegemonía de la propiedad estatal hacia uno mixto, donde este tipo de gestión de la propiedad y el trabajo constituye solo la base y forma de propiedad fundamental sobre los principales medios de producción del sistema. Resulta importante aclarar que, en el modelo socialista cubano, la propiedad estatal constituye la forma de expresión de la propiedad social sobre los principales medios de producción. En el nuevo modelo se reconoce su rol como base estructuradora del sistema, pero al mismo tiempo se le otorgan importantes roles a la propiedad privada, cooperativa y mixta. Se trastocan así sustancialmente las relaciones al interior del sistema de propiedad y de los diferentes agentes económicos con el Estado. Pero, sobre todo, se alteran los roles de este en el modelo de desarrollo, a partir de reconocer la necesaria coparticipación de todas las formas de gestión de la propiedad y el trabajo en el acceso al bienestar en la sociedad. Específicamente, esto expresa una nueva tendencia en el ámbito nacional donde el Estado, como institución líder del bienestar social y garante de los derechos del pueblo, ha comenzado a compartir responsabilidades en las esferas de la producción y reproducción de la sociedad en su conjunto, en las inversiones, en el empleo, en la comercialización y en la oferta de algunos servicios, con lo cual contribuye a dinamizar la forma en que construye su hegemonía en el proyecto socioeconómico cubano (Izquierdo, 2019).

• Transformación normativa del sujeto de derecho fundamental del modelo de desarrollo socialista

En un intento de otorgarle legalidad a un modelo de economía mixta con una multiplicidad de actores económicos, sin dudas demandantes de legitimidad social, el artículo primero de esta constitución hace un cambio de concepción de un “Estado socialista de trabajadores” a un “Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo,8 la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva” (ANPP, 2019: p. 2).

Este punto no puede ser entendido si no se asume la transformación que comenzó a desencadenarse a partir de la aprobación, en el 2014, del Nuevo Código del Trabajo. Esta legislación nació en un contexto de emergencia frente a la necesidad de regular las nuevas relaciones del trabajo, que ya se estaban desarrollando desde 1990. En su artículo 9, el actual Código9 formula explícitamente que el trabajador está subordinado10 a su empleador, ya sea una persona jurídica (empresa estatal, empresa mixta, cooperativa) o una persona natural (cuentapropista), lo cual evidencia un resultado contradictorio, puesto que el sujeto de derecho fundamental declarado en su artículo 1 (en consonancia con la Constitución anterior) se transforma en simple subordinado a un empleador estatal, privado o cooperativista.

Aunque, si lo comparamos con los datos de la década de 1980, el número de las empresas estatales ha disminuido considerablemente, sobre todo en los últimos cinco años. Hoy, la mayoría de los medios fundamentales de producción continúan siendo estatales y más del 60% de los trabajadores laboran en el sector estatal, al menos como ocupación principal. De modo que, estamos en presencia de una contradicción importante en un sistema de propiedad que reconoce a la propiedad estatal como la forma de expresión de la propiedad de todo el pueblo y, por tanto, deja fuera de esta a los trabajadores, al posicionarlos como subordinados del Estado, transformado en empleador.

Se imponen aquí tres preguntas de orden práctico: ¿Cómo los verdaderos protagonistas de un Estado socialista, los trabajadores, pueden desplegar su potencial productivo e innovador y participar democráticamente en el proceso productivo, cuando no están en un nivel de igualdad legal, sino explícitamente subordinados al empleador de cualquier signo, al interior sistema de propiedad? Y, ¿puede otorgar los mismos derechos, en términos de las narrativas y arreglos institucionales a través de las cuales actúa, un modelo que reconoce la subordinación del sujeto popular protagónico de las relaciones sociales de trabajo como principio estructurador del trabajo?, ¿qué capacidad regulatoria asume un Estado que se sigue reconociendo como garante del bienestar frente a un proceso institucional que deslegitima a quien debería ser su sujeto de derecho fundamental?

Sin dudas, esta contradicción, que algunos llamarían natural o inevitable bajo las nuevas condiciones del modelo de desarrollo cubano, responde a la necesidad de recoger y regular la mayor cantidad posible de relaciones laborales que ya venían desarrollándose desde hacía varios años. Pero al hacerlo subvierte cualquier cambio institucional que permita el mantenimiento efectivo de una narrativa (léase acciones, prácticas, vínculos formales e informales) que asegure normativamente la prevalencia de los trabajadores como sujetos fundamentales de derecho de la sociedad socialista cubana.

No se trata de negarle los derechos fundamentales ni la legitimidad a algunos de los actores del modelo, esto sería tan contraproducente como desconocer al sujeto de derecho fundamental de todo modelo socialista en la relación capital-trabajo. Cuando aquí se habla del trabajo y de los trabajadores, se debe hacer referencia a quienes, a partir de su actividad, producen la riqueza material e inmaterial del país. De lo que se trata es de asegurar, entonces, que en esta relación capital-trabajo prevalezcan lógicas individuales y colectivas emancipadoras para el proceso de trabajo y no subordinadas a la estructuración del poder del capital, sea cual sea su expresión o forma de representación concreta.

Este análisis de la institucionalidad de las relaciones de poder en el sistema de relaciones sociales de producción que entraña el nuevo modelo de desarrollo, constituye la base para mostrar otros elementos que a nuestro juicio constituyen las condiciones para el carácter estructural de la informalidad.

En primer lugar, lo discutido hasta el momento muestra una baja capacidad institucional de regulación que, en la práctica concreta (en función de los desajustes estructurales que no logra atender), genera una baja capitalización de las bases más “legítimas” del modelo, para poder asegurar su reproducción en tanto modelo de desarrollo socialista.

Entre los otros elementos que hoy condicionan este contexto, encontramos un proceso de desregulación (no declarada) que, por un lado, tiene su base en la hipertrofia de la dimensión económica de la crisis y por otro, en la incapacidad (institucional o intencional) de los actores del sistema de relaciones laborales cubano para regular los procesos vinculados con la acción económica y las relaciones de trabajo.

Muchas de estas problemáticas y contradicciones no son solo producto del cambio institucional ya comentado, donde la transformación del sistema de propiedad ha generado un conjunto de dinámicas que impactan directamente en la capacidad de regulación formal del sistema. Sin dudas, también tiene relación con la propia incapacidad –por pasividad normativa y estructural– de la organización sindical estatal para enfrentar las transformaciones económicas ocurridas desde finales del siglo XX en el sistema de relaciones sociales de producción. Incapacidad que ha terminado por trasladar al nuevo contexto, sin que se vislumbren cambios sustanciales, ya no solo la dificultad para lograr mayor legitimidad sino, y fundamentalmente, el logro de una mayor efectividad en su objeto de representación, los trabajadores y trabajadoras y sus intereses económicos, políticos y sociales (Izquierdo, 2017; 2019).

Estos elementos hablan de un paso inevitable hacia un estímulo estructural y simbólico al mercado como espacio de materialización de todos los sujetos sociales en el sistema institucional cubano (instituciones, arreglos y narrativas institucionales). Aun cuando existen sectores (educación y salud fundamentalmente), fuertemente asociados a la narrativa institucional del socialismo en Cuba, no son pocas las señales que hablan de la entronización del mercado, tanto en la práctica como en los imaginarios sociales, como relación social fundamental para la materialización de todos los sujetos sociales. El actual modelo de desarrollo está produciendo, sin lugar a dudas, un proceso de mercantilización y familiarización del acceso al bienestar (Peña y Voghón, 2014), que supera las condicionantes institucionalizadas por el sistema de propiedad. La crisis estructural que enfrenta el Estado lo posiciona en una incapacidad sistémica para asegurar su rol como garante del bienestar, lo que se traduce directamente en los imaginarios sociales al respecto y, por tanto, en la prevalencia del mercado en las estrategias concretas para afrontar la crisis.

En relación directa con esto, y como materialización concreta del nuevo sistema de propiedad que sustenta el modelo, encontramos un aumento sostenido de la multiespacialidad y multiactoralidad económica. Aun cuando las cifras oficiales hablan de un 64% de empleo estatal en la estructura ocupacional cubana, esto se refiere al empleo principal. Por lo cual, el peso de las formas no estatales de gestión de la propiedad y el trabajo en los mecanismos de producción y reproducción de la sociedad cubana no son nada despreciables. Otro dato relevante lo constituye el peso, a partir de su aprobación en el 2021, de las MIPyMES11 como forma de organización económica en la estructura de importación de bienes y la oferta de bienes y servicios.

Asociado con estos dos elementos encontramos otros dos procesos que, a nivel macro y meso social, marcan el desempeño de los agentes económicos al interior del modelo de desarrollo. La descapitalización sistémica del sistema productivo y el afianzamiento del modelo rentista de desarrollo. Como resultado y respuesta a la acumulación de desajustes estructurales del modelo anterior, no superados por el actual, y a la incapacidad para la inserción económica internacional del país, ambos constituyen procesos complejos que afectan directamente la capacidad de reproducción del modelo actual. La descapitalización del sistema productivo se reconoce como tal bajo el entendido de la precarización de la planta industrial en el país, la inexistencia de inyección financiera por inversión nacional o extranjera, la movilidad ocupacional hacia sectores y espacios “más rentables” de la economía nacional, y la emigración de fuerza de trabajo calificada. En su conjunto, todos estos factores no solo expresan un orden de cosas bien precarizado, sino también una baja capacidad para salir o enfrentar esta crisis desde los procesos instituidos en el modelo.

Estrechamente ligado con esto, pero también con la historia de la inserción económica internacional cubana y el desarrollo de su entramado productivo, encontramos el afianzamiento del modelo rentista. Este debe ser entendido tanto desde la política económica nacional, como desde el desarrollo de una cultura económica con base en los patrones fuera del sector primario de los agentes económicos. Juegan también un rol aquí los patrones de desarrollo del sector no estatal, que son emás eficientes en la inserción en estas prácticas ante las crisis de acceso a materias primas y la rapidez de recuperación financiera al interior de un sector comercial en condiciones de desabastecimiento estructural.

Aquí es relevante el rol del sector privado en la estructura de importación nacional, constituyéndose en varias ocasiones en oferentes de bienes y servicios para el Estado. Todo lo cual, junto con lo comentado respecto de la desregulación, condiciona un crisol de relaciones en zonas grises de la institucionalidad nacional. Se generaron así procesos paralelos vinculados con la importación y comercialización de productos al margen de los mecanismos del Estado, que han implicado dinámicas de financiación de actividades económicas fuera de los esquemas de circulación impuestos por la política monetaria nacional, con el consiguiente impacto en los procesos de construcción de los presupuestos nacionales. En resumen, estos procesos paralelos responden todavía a las contradicciones de un modelo que no termina de materializar los roles concretos de los agentes de desarrollo que reconoce, y que continúa aun moviéndose bajo lógicas de control centralizado y de gestión microeconómica del gobierno en la oferta de bienes y servicios,12 como mecanismo para mantener la capacidad del Estado para controlar la dinámica de participación económica y social en el país.

Como ya se ha mencionado, estos procesos se han venido desarrollando en un contexto de inserción económica internacional cada vez más compleja y con una alta precariedad situacional frente al contexto internacional. Las lógicas que impone la política norteamericana hacia Cuba (bloqueo económico y financiero y su inclusión en la lista de países que apoyan el terrorismo) constituyen fuertes limitaciones para la inserción económica internacional del país (González e Izquierdo, 2020). Si a esto se suma que los principales socios comerciales cubanos son países que también se desenvuelven bajo condiciones complejas de sanciones económicas o de crisis internas o de relaciones internacionales, debemos entender que no parecieran avizorarse condiciones más fructíferas para el desarrollo de la economía nacional ya en extremo precarizada.

Dos de los mecanismos que se implementaron para enfrentar el contexto de crisis actual, pero con importantes costos tanto para la efectividad de la política económica doméstica como para las condiciones de vida de la población, fueron el ordenamiento monetario y la dolarización parcial y semioficial de la economía. El primero hace referencia al contexto generado por la denominada oficialmente “Tarea Ordenamiento”, que a partir de 2021 implicó al mismo tiempo: la eliminación del peso cubano convertible (CUC),13 la transformación del tipo de cambio del dólar, la reforma salarial y la eliminación de varias formas de subsidios (Izquierdo, 2024).

Si bien la propuesta del modelo económico y social de desarrollo socialista que se propuso construir a partir del 2011, asumía como estrategia la eliminación de la dualidad monetaria que venía acompañando a la política económica cubana desde la década de 1990, esta solo se materializó como política en el 2021 con el desarrollo de la Tarea Ordenamiento. No obstante, muchas de las decisiones tomadas en la implementación del modelo contradecían su aplicabilidad a partir de la generación de un nuevo proceso de dolarización no oficial de la economía nacional. Entre las principales se encuentra la apertura, en 2019, de una red de tiendas minoristas que comercializan en MLC.14 La apertura de estas tiendas evolucionó desde un principio de oferta de algunos bienes y servicios de “alto estándar”, como mecanismo de financiación del presupuesto del Estado, hasta constituirse en un segmento de mercado que abarca prácticamente toda la vida económica del país y un mecanismo para reactivar producciones nacionales dentro del concepto de exportación o comercialización en frontera (Izquierdo, 2024).

Otra medida asociada fue la eliminación del mercado cambiario oficial en un principio y posteriormente su apertura con altas cuotas de regulación asociadas a la oferta real de divisas por parte del Estado. En la práctica, con base en la escasez de la oferta estatal generada por las condiciones ya explicadas anteriormente, estas medidas con respecto al mercado cambiario contribuyeron al desarrollo de un mercado informal de divisas para los sectores vinculados a la importación de bienes de consumo para la familia y los emprendimientos privados, pero también para buena parte de la población que no accede a divisas a través de las remesas. En estrecha relación con esto, el país ha comenzado a vivir una crisis inflacionaria que ha pasado buena factura a varios pronósticos realizados en relación con la implementación del modelo económico planificado e institucionalizado desde el 2011.

En suma, Cuba vive hoy un proceso de dolarización parcial y semioficial de la economía, que puede ser caracterizado de la siguiente manera: 1) Mayor énfasis en la dolarización magnética; 2) Prevalencia de un mercado cambiario informal sustentado en el sistema formal, donde circulan todo tipo de divisas, incluido el dólar; 3) La prevalencia de un segmento de mercado formal en divisas; 4) Múltiples tipos cambiarios; 5) Incapacidad del Estado para incidir en estos tipos cambiarios debido al déficit de divisas; 6) Incertidumbre derivada de la situación anterior y por la existencia de actores externos al mercado con capacidad para influir en el plano de la regulación y la gestión microeconómica, desde la información y el constante cambio de medidas; 7) El desarrollo de mercados informales de bienes y servicios fuertemente dolarizados (el mercado inmobiliario y automovilístico, por ejemplo); 8) Altísima dependencia de las remesas como mecanismo para capitalización directa o indirecta de los actores económicos del modelo, pero también como medio para el acceso a bienes de consumo y servicios por parte de la población; 9) Inflación alta y en aumento, como resultado directo del proceso de dolarización y, por tanto, en relación con la característica anterior, causalidad de un aumento significativo de sectores poblaciones en situación de vulnerabilidad y pobreza a partir de la estructura actual del acceso a bienes y servicios básicos (Izquierdo, 2024).

Como ya se mencionó, directamente asociado a este proceso de dolarización y al desarrollo de un sector privado nacional (a partir de sus mecanismos de capitalización), encontramos otro proceso que, desde lo práctico y lo simbólico, se ha comenzado a configurar en la realidad del país: la migración como problema y solución.

En Cuba el tema migratorio ha sido una realidad compleja desde antes de 1959. No obstante, los últimos años han constituido un período donde la emigración aparece como una de las principales estrategias individuales y familiares de enfrentamiento a la crisis. Sin dudas, esto configura un problema para el modelo de desarrollo cubano asociado, como ya se comentó, a la pérdida de fuerza de trabajo calificada (con los costos asociados a un sistema educativo totalmente subsidiado por el Estado), pero también a su impacto en la estructura demográfica nacional con un fuerte envejecimiento de la población. No obstante, esta emigración hoy constituye (a través de las remesas) una de las principales fuentes de ingreso de divisas al país, además de constituirse en un mecanismo de financiación de buena parte de la actividad del sector privado nacional (Izquierdo, 2024). Todo ello con un impacto directo en la capacidad del Estado para regular los flujos financieros que se establecen a través de estas estrategias y que terminan por configurar mecanismos de control que tienden a redundar en el fortalecimiento de la informalidad.

Todos estos elementos, procesos y factores hasta aquí comentados han configurado, al día de hoy, una cuestión social en extremo compleja para su asunción por parte de la institucionalidad diseñada para la transformación del modelo de desarrollo cubano. Desde lo macro y lo meso social, hemos apuntado un conjunto de fenómenos que han producido un contexto muy propicio para el desarrollo de una informalidad estructural que tiene su expresión más concreta en una narrativa social (pero también en buena medida institucional) sobre la informalidad como problema y solución ante la crisis actual en la sociedad cubana.

La baja capacidad de regulación por parte del Estado (en buena parte institucionalmente condicionada) al interior del sistema de relaciones sociales de producción, ha generado un estado de cosas en plena conflictividad con la institucionalidad formal, en calidad de prácticas económicas concretas. Prácticas que, en buena medida, son también compartidas por el Estado y sus instancias de gobernanza en su búsqueda estratégica del mantenimiento de su rol al interior de modelo. Se genera así una informalidad que logra incrustarse y atravesar todos los niveles de la institucionalidad nacional y, por tanto, todos los marcos para el establecimiento de relaciones concretas de materialización de los sujetos sociales, incluyendo las identitarias.

En estrecha relación con esta afirmación, como causa y efecto fundamental, se encuentra lo que a nuestro juicio constituye la característica esencial de la transformación del modelo de desarrollo y que pone en jaque su intención, declarada y legitimada popularmente, de ser socialista: la transformación sustantiva de la relación capital-trabajo. Esto es en términos prácticos, pero también simbólicos y representacionales, el elemento central en la discusión sobre la materialización, demasiado tiempo postergada, del nuevo pacto social que proponía el proceso de actualización del modelo económico y social y que pretendió institucionalizar la Constitución del 2019. Es aquí donde se dirimirá el futuro del proyecto sociopolítico cubano y a dónde deberían dirigirse las miradas políticas y académicas en aras de la permanencia y recapitalización de las bases más legítimas del modelo de desarrollo socialista cubano.

2.2. Configuraciones identitarias en un contexto de informalidad estructural. Agentes y espacios de materialización de la informalidad

El presente apartado se basa en el estudio empírico realizado a partir de la propuesta teórico-metodológica y la contextualización expresada en los epígrafes anteriores. Sustentados en una estrategia cuantitativa y cualitativa, se expresarán aquí los procesos de configuración identitaria que, asociados al contexto de informalidad estructural en la sociedad cubana actual, son construidos por los agentes económicos a través de sus prácticas cotidianas intra e inter espaciales.

Asumimos como criterio estructurador de la muestra a la multiespacialidad económica ya comentada en el apartado anterior. Bajo el entendido de que cada espacio económico configurado en la economía nacional asume particularidades concretas asociadas con su materialización institucional a su interior y en sus relaciones con los otros espacios, reconoce su valor taxonómico para la configuración de agentes tipos y, por tanto, sujetos de estudio concretos. Otro valor añadido de esta definición de espacio muestral lo constituye el reconocimiento de la consolidación de dicha multiespacialidad, que fragmenta el empleo y el acceso a él, lo distribuye entre espacios económico-laborales luminosos u opacos (en relación con su institucionalización o funcionalidad en el sistema de relaciones laborales y a su capacidad para constituirse en espacios efectivos para la (re) producción social) y desarrolla culturas de trabajo particulares. En esas culturas de trabajo alcanzan representaciones diferenciadas, no solo el trabajo, sino la sociedad en la que se inserta y a la que da lugar, con una idea más o menos explícita de país, que incluye su proyecto sociopolítico y sus diferentes escenarios de perdurabilidad (Martín, 2019).

Se asumen así como espacios muestrales los espacios económicos: estatal recuperado (hace referencia a los sectores de la economía que han logrado niveles de inserción económica internacional tales como la industria turística y la biotecnológica) y no recuperado (representado por el sector primario no inserto en el mercado internacional y los sectores de servicios); privado (nacional y extranjero); cooperativo; mixto; y residual (atendiendo a materializaciones ocupacionales concretas fuera de los espacios anteriores y fuertemente marcadas por las lógicas actuales de estructuración sociolaboral: estudiantes, desocupados, trabajadores informales, amas de casa, etcétera). Igualmente, estos espacios estarán atravesados por la condición territorial bajo la siempre cuestionable, pero para el caso cubano relevante, distinción urbano-rural.

De esta forma, se realizaron doscientos cuestionarios a sujetos que, bajo criterios de accesibilidad y disposición a participar, se desempeñan en los diferentes espacios económicos comentados bajo un criterio de selección territorial. Por cuestiones de tiempo y accesibilidad no fueron representadas todas las provincias del país, por lo que no se busca una representación estadística de estos resultados. Máxime cuando una de las funciones fundamentales del cuestionario fue la construcción muestral para los análisis situados sobre las configuraciones identitarias asociadas con las prácticas económicas informales cotidianas de los sujetos de estudio. Para ello, se realizaron treinta y cinco entrevistas focalizadas con énfasis en las trayectorias laborales de estos sujetos y se realizó un grupo de discusión conformado por tres espacios condicionados por las variables espacio económico, sexo y grupos etarios como criterios de inclusión, y la condición ocupacional (empleado-empleador-autoempleado) y el territorio como criterios de exclusión. De igual forma, estos resultados dialogan con los obtenidos en investigaciones precedentes (2016 y 2022) y que constituyen la base explicativa de la evolución histórica de la informalidad y sus prácticas asociadas (Izquierdo, 2020) (Izquierdo, 2024).

2.3. Los espacios de materialización de la informalidad. Las prácticas como performance

El análisis de los resultados al interior de los diferentes espacios económicos muestra una amplia diversidad de ámbitos de materialización de la informalidad. Atravesando las trayectorias laborales de los sujetos estudiados encontramos una relación directa de las prácticas informales concretas con los contextos en que estos sujetos se han desenvuelto. Se reafirma lo revelado por investigaciones precedentes con respecto a la fuerte evocación de estrategias familiares para enfrentar cada contexto, donde la informalidad aparece como esa “tabla de salvación que juega en los límites de lo legal y que termina condicionando la propia idea de lo socialmente permitido” (Izquierdo, 2020: p. 1573). Existe una visión retrospectiva hacia la crisis estructural, detonada en 1990 por la caída del campo socialista, como momento de quiebre con respecto a los sustentos normativos en los que se afirmaba la vida económica, social y familiar de la sociedad y que siguen presentes hoy en el imaginario social. Conectado con la hipertrofia de la dimensión económica comentada en el apartado anterior, la informalidad no necesariamente es entendida como el camino final, sino como alternativa para la manutención de otras estrategias más “formales” dentro de esa categoría tan significativa en el imaginario económico popular cubano: “La lucha”. Comprendida en tanto inserción de las estrategias y prácticas cotidianas en dinámicas económicas no legales o en zonas grises de la legislación del país.

Siguiendo con la propuesta teórico-metodológica del estudio, encontramos varios ámbitos de materialización de las PEI a partir de los datos obtenidos en los cuestionarios y contrastados con las investigaciones precedentes. No obstante, los problemas asociados a la no representatividad estadística y de control de la respuesta en la aplicación de esta técnica, los datos revelados son significativos con respecto al monto de información recogida.

En todos los casos aparecen tanto actividades que se mueven francamente fuera de los marcos regulatorios nacionales, como otras relacionadas con zonas grises o no reguladas por la legislación nacional. Así, son reconocidas por la muestra estudiada:

Prácticas asociadas a la organización y gestión de la propiedad y el trabajo: 1) contratos verbales no formalizados (95% del espacio privado);15 2) contratos verbales temporales formalizados, vinculados solo con la relación salarial (15% del espacio privado y 63% del espacio cooperativo); 3) reducción de la jornada laboral por un acuerdo exclusivo y no formalizado entre las partes (jefes y trabajadores) (43% del espacio estatal no recuperado); muy asociado con este último en calidad de estrategia para permitir 4) pluriempleo no declarado sin distinción de espacios de materialización del mismo (89% del espacio estatal no recuperado, con una correlación de 0,7 y 45% del espacio recuperado); 5) subdeclaración de ingresos asociados con la ocupación principal (25% del espacio estatal no recuperado, 3% del espacio estatal recuperado, 30% del espacio cooperativo, 83,5% del espacio privado, 35% del espacio mixto, 100% del espacios residual); 6) uso de espacios o recursos financieros, materiales o relacionales de la ocupación principal para actividades propias (45% de los espacios estatal no recuperado, 37% del espacio estatal no recuperado, 12% espacios cooperativo, 50% del espacio mixto); 7) desvinculación de toda forma de asociación para representación frente a la resolución del conflicto, dentro o fuera del espacio laboral –sindicato, asambleas de trabajadores, asociaciones gremiales– (100% de los espacios privado y cooperativo); 8) subdeclaración de la propiedad o titularidad de espacios o actividades económicas (5% espacio estatal no recuperado, 15% espacio estatal recuperado, 35% del espacio privado, 45% del cooperativo y 25 del mixto); 9) organización de la actividad económica o acceso a ella, en base a redes personales (35% espacio estatal no recuperado, 15% del espacio estatal recuperado, 100% de los espacios privado, cooperativo y residual).

Prácticas asociadas al sistema fiscal: 1) la no declaración de ingresos por otra ocupación o actividad económica o laboral (100% de todos los sujetos que declararon alguna forma de pluriempleo); 2) subdeclaración de contratación a través de contratos informales o la categoría de “ayudante familiar no remunerado”16 (37% del sector privado, 23% del sector cooperativo).

Prácticas asociadas a la capitalización de actividades económicas: 1) acceso a recursos y materias primas a través de mecanismos informales o ilegales –mercado negro, compras por acaparamiento y pagos extras por prioridad en la compra–, o terciarización a compradores (75% espacio privado, 35% espacio cooperativo, 15% espacio residual); 2) participación en el mercado informal de divisas para la financiación de actividades económicas (95% espacio estatal no recuperado, 90% del espacio estatal recuperado, 100% del espacio privado, 95% del espacio cooperativo, 85% del sector mixto y 100% del sector residual); 3) participación en el mercado informal de divisas como actividad económica (10% del espacio privado, 45% del espacio residual).

Prácticas asociadas a los espacios típicamente informales: 1) trabajos de autoempleo no declarado (15% del espacio estatal no recuperado, 45% del sector residual); 2) trabajos y actividades económicas al interior de emprendimientos de economías de plataforma (15% del espacio estatal no recuperado, 35% del espacio residual, con un 100% de los ocupados como estudiantes) 3) trabajos temporales y a demanda (85% del sector residual).

En concordancia con las investigaciones precedentes, resulta en extremo significativo que entre los elementos fundamentales a ser tenidos en cuenta para un desempeño económico individual o colectivo destacan, en primer lugar, el acceso a recursos financieros y, en segundo lugar, el acceso a monedas libremente convertibles. En un contexto donde este acceso está casi totalmente mediado por el mercado informal, como ya mostraron las prácticas anteriormente relatadas, esto habla fuertemente de una alta prevalencia de la informalidad como práctica efectiva (Izquierdo, 2024).

Si sumamos a esto que los contactos, las relaciones y el acceso al mercado internacional son los segundos mejor valuados de estas características, podemos asumir una representación informalizada a partir de las falencias del modelo para regular institucionalmente esta realidad comentada en el apartado anterior.

Todas estas prácticas constituyen performance de la informalidad desde el propio reconocimiento de los sujetos estudiados. Aun cuando existe correlación entre ciertas prácticas y los espacios económicos, sobre todo a partir del componente organizacional de estos, resulta llamativa la prevalencia de prácticas organizativas, fiscales y de capitalización en todos los espacios. Esto habla de una correlación que, desde lo micro social, habla de altos niveles de la estructuralidad de la informalidad, al sobrepasar el nivel meso organizacional en sus configuraciones. Además. resulta significativo, para el valor de la propuesta teórico-metodológica del estudio, la prevalencia de prácticas no asociadas a la inserción en espacios típicamente informales. Se explicita así el valor de una perspectiva que ponga el acento en las prácticas, como reconocimiento al carácter siempre conflictual pero no necesariamente excluyente de la informalidad.

2.4. Significados y significantes asociados a la informalidad como estrategia económica. Las prácticas como entidad

El peso y el sentido de las prácticas informales develadas por las respuestas al cuestionario sobre los imaginarios individuales y colectivos fueron contrastados a través de las entrevistas focalizadas y los grupos de discusión. Como ya se comentó, resulta en extremo significativo el concepto de “La lucha” en estos imaginarios, cualquiera sea el espacio en el que se desempeñen los sujetos estudiados en calidad de ocupación principal. Pero, sobre todo, la visión de la informalidad como una práctica necesaria en tanto estrategia para enfrentar la crisis y, en buena medida, sobre todo para el espacio estatal no recuperado, como estrategia para suplir el déficit generado por los espacios formales en lo que se insertan los sujetos estudiados. El contraste de las entrevistas actuales con los hallazgos de investigaciones precedentes resulta en extremo significativo con respecto a la prevalencia de estos imaginarios.

[...] hoy por hoy continúo haciéndolo porque no voy a dejar de ser lo que estudié y por lo que nos sacrificamos todos, pero no es suficiente para mantenerme ni para crear mi propia familia (entrevista biográfica a trabajador del sector estatal, treinta años, residente en La Habana, municipio Plaza de la Revolución, noviembre-diciembre, 2018).

Aunque no tengo licencia, pienso que mi trabajo no es del todo ilegal, tampoco es que sea un trabajo que muchas personas conozcan, puesto que doy clases a un pequeño grupo de estudiantes cuando me llaman (entrevista biográfica a trabajadora del sector estatal, educación, cincuenta y seis años, residente en La Habana, municipio Marianao, noviembre-diciembre, 2018).

Continuar en el trabajo para el que me formé, con el que soñé toda la vida resulta todo un reto. Por suerte he llegado a acuerdos que me permiten un poco más de autonomía respecto a mi tiempo de trabajo y eso me ayuda para realizar otros trabajos (entrevista focalizada, trabajadora del sector estatal no recuperado, docente universitaria, residente en Villa Clara, Santa Clara. Junio 2024).

Estos imaginarios asociados a la informalidad como estrategia para el mantenimiento de otras estrategias de vida, concuerdan totalmente con performances develadas por el cuestionario, en cuanto prácticas asociadas a la organización y la gestión de la propiedad y el trabajo. El pluriempleo como estrategia y otras asociadas a relaciones informales o francamente ilegales, constituyen espacios cotidianos de materialización de la informalidad para muchos trabajadores, sobre todo aquellos asociados al espacio estatal no recuperado. Pero resulta mucho más significativo que estas prácticas se sustenten en arreglos instituciones informales, que en buena medida se basan en prácticas o mecanismos formales de organización del trabajo. Tal es el caso de la flexibilidad laboral que se dio como consecuencia de los ajustes del mundo del trabajo frente a la crisis generada por la COVID-19 o los ajustes generados por los momentos de crisis energética.

He llegado a acuerdos de ajustes de la jornada laboral, claro que para esto me ha ayudado todos los ajustes que se han sucedido antes y después de la COVID-19 por el tema de los apagones [...], esto lo he hecho porque me queda claro que la cuenta no da con los salarios que pagamos y si quiero tener trabajadores tengo que cuadrar la caja con ellos, no hay de otra [...] (entrevista focalizada, director de departamento, sector estatal no recuperado, La Habana, junio 2024).

Estas representaciones solo se ven en sujetos que se desempeñan en el interior del espacio estatal de la economía y mayoritariamente en aquellos vinculados con el espacio estatal no recuperado. Esto se pudo constatar tanto en las entrevistas focalizadas como en el grupo de discusión, donde las representaciones asociadas a la informalidad se dirigen directamente a la actividad económica principal de los sujetos estudiados que se desempeñan fuera de los espacios estatales y asumen una entidad por valor propio frente a prácticas y lógicas de relacionamiento e inserción económica formales.

[…] mira yo estoy formalizado, vaya, tengo mis papeles, pero [...] la práctica supera la realidad del papelito [...], no hay quien pueda seguir el ritmo de la legalidad en este país, no da la cuenta, así que..., mira sí, soy informal (entrevista focalizada a trabajador privado, dueño de una cafetería en La Habana, julio 2024).

La Ley me exige que contratar por más de tres meses no lo puedo hacer, que lo tengo que volver fijo, miembro de la cooperativa... mira, yo necesito trabajadores y todos no pueden ser socios, por tanto, me obligan a contratar por poco tiempo o a hacerme el loco y no firmar nada, y eso les conviene, al final el dinero lo necesitamos todos (entrevista focalizada, cooperativista no agropecuario, Pinar del Río, junio 2024).

Yo al Estado no le trabajo, no le trabajo, así de simple. Para qué, al final todos tenemos que entrar por la izquierda (entrevista focalizada, hombre joven, desocupado, La Habana, junio 2024)

No hay forma, no hay arreglo posible, estás todo el tiempo viviendo en la incertidumbre, pero la que crea el Estado con el cambia cambia, así que ¿para qué tratar de andar por la línea? (hombre, trabajador privado de mercado agrícola, La Habana); Es que estar por la línea no da la cuenta, es mejor jugar a ver si no te cogen (hombre, trabajador del ámbito privado, vendedor en feria de artículos varios, La Habana); Al final, es mejor, te creas tú tu propio colchón o cuadras con los colegas y si te cogen, pues con eso resuelves, al final si te formalizas es peor, a nosotros nos vuelven carne de cañón y a pagar a los inspectores (hombre, mestizo, nivel medio, taxista informal, La Habana); Yo con mi negocio, chiquitico así y todo, me resuelvo la vida y no le tengo que dar explicaciones a nadie, soy informal y qué, antes estaba peor, ni tiempo ni dinero, ahora al menos dinero (mujer, negra, nivel medio, vendedora ambulante, La Habana) (Grupo de discusión correlacionando sexo, color de la piel y espacios económicos no estatales, junio 2024).

Más que una muestra de que los imaginarios asociados a las prácticas como entidad estén, mucho más que sus performances, estrechamente relacionados a los espacios donde se materializa la actividad económica de los sujetos estudiados, estas informaciones hablan de la incapacidad de las visiones dualistas y estructuralistas para captar estas realidades. Concretamente, estos datos hablan de las continuas transiciones entre lo formal y lo informal que cotidianamente deben realizar los agentes económicos y los trabajadores en un contexto de informalidad estructural. Sin embargo, también hablan sobre los sentidos asociados a su validación dentro de una normatividad gris en la autoevaluación de la práctica.

Aunque no se encontraron datos que validaran el rol del territorio en la configuración performática o de entidad de las prácticas, sin dudas desempeña un papel en la configuración de los espacios económicos concretos en calidad de materialización de la informalidad. De esta forma, la propia representatividad de los espacios va a marcar la diversidad de prácticas reconocidas. En el mundo rural prevalecen los espacios cooperativos y privados agrarios, lo cuales asumen lógicas muy particulares en las prácticas asociadas a la organización y gestión de la propiedad y el trabajo.

Aquí todo el que trabaja en el campo es de otro lado, vienen nada más para eso y algunos se quedan, pero buena parte viene trabaja y se regresa [...] por supuesto ahí no hay contrato que valga, esto es solo hablado y hay alguna que otra brigadita por ahí, así funcionamos y bien, todo el mundo sale bien y sin complicaciones (entrevista focalizada a campesino asociado a cooperativa agraria, Mayabeque, abril, 2024).

Este es un claro ejemplo de cómo la propia institucionalidad ha generado zonas grises que se utilizan de manera efectiva en el desarrollo de prácticas económicas informales. La aprobación del contrato verbal para este tipo de espacio económico, constituye hoy la práctica más común en estos espacios, lo que provoca una precarización fuerte del trabajo. Sin embargo, lo más significativo resulta el valor reconocido a su efectividad como práctica económica en términos de entidad de estas.

Qué le voy a hacer, yo no tengo residencia aquí y la cosa está muy mala allá en oriente, así que [...] nada, en mi condición es lo mejor posible, venir para acá y resolver un trabajito en cualquier finca y hasta quedarme me han dejado en un pedacito. Yo no le tengo miedo al trabajo, hago lo que haya que hacer y para qué tanto papeleo (entrevista focalizada a jornalera agrícola, residente en Holguín y trabajadora en la zona de Artemiza desde hace 2 años, marzo 2024).

Otro elemento relevante en las prácticas como entidad lo constituyen sus dinámicas relacionales. En contextos de incertidumbre e informalidad, son las redes sociales (en tanto entramados de relaciones para el desempeño vital de los sujetos sociales, individuales y colectivos) las que juegan un rol fundamental. Redes generalmente cercanas y homofílicas,17 pero que en el contexto cubano tienden a estructurarse desde patrones cercanos (familiares, amigos o conocidos cercanos) y heterofílicos (en función de variables como la inserción ocupacional o el acceso a recursos valuados). En esto parecieran tener un rol importante los niveles de estructuralidad de la informalidad y la necesidad cotidiana de participar en estas prácticas para enfrentar la crisis.

El 100% de los sujetos que dijeron desempeñarse en actividades típicamente insertas en el sector informal, identificó a las relaciones como el recurso más valuado. Aunque, no resulta nada despreciable que el 75% de la muestra que realiza algún tipo de práctica informal dentro de estos espacios haya accedido a ella por intermedio de familiares, amigos o conocidos.

[…] tú sabes, el que tiene un amigo tiene un Central o una MIPyME como dicen ahora, en este giro si no conoces a alguien no llegas a ninguna parte, el tiempo que lleves haciéndolo es importante, eso te da vista, te da contactos, y si no los mantienes [...] pues nada (entrevista focalizada a trabajadora ambulante, La Habana, junio 2024).

Aparece aquí otra lógica que en calidad de entidad pareciera en extremo relevante: la participación directa de los agentes de la institucionalidad en estas prácticas, en una construcción de doble dirección, desde arriba y desde abajo.

[…] si no andas claro con los inspectores estás mal, ellos también están en su lucha, y lo mismo con la policía, no se pueda tapar el sol con un dedo (vendedor ambulante, hombre mestizo, La Habana, junio 2024).

Es lo que te digo, si te formalizas, te pones un cartel y ahí van los agentes para arriba de ti, si no los tienes de tu lado, ya sabes” (taxista informal, hombre mestizo, La Habana) (Grupo de discusión por sexo y espacio ocupacional privado, junio 2024).

Todo lo analizado hasta aquí confirma, desde la percepción de los sujetos estudiados, el carácter estructural que ha desarrollado la informalidad en Cuba. Desde la performance hasta la entidad, se reconoce el valor de las prácticas económicas informales para la (re) producción de los sujetos concretos al interior de todos los espacios económicos del país. La transitividad desde lo formal a lo informal y viceversa, como competencia, sentido y materialidad de las PEI aquí develadas constituye la expresión más fáctica de este carácter estructural en función de la práctica como institucionalidad en sí misma. Pero, sobre todo, como expresión de una racionalidad cotidianamente intencionada por una institucionalidad que, desde sus instituciones, arreglos y narrativas, condiciona un hacer práctico y simbólicamente situado en un contexto de precarización y de conflictividad institucional del sistema de relaciones sociales de producción que está sustentando la transformación del modelo de desarrollo cubano. Se valida así la primera hipótesis del estudio sobre el carácter estructural de la informalidad, ya no solo desde lo teórico contextual anteriormente analizado, sino también desde las percepciones y acciones económicas cotidianas de los sujetos estudiados. Veamos ahora cómo estas prácticas materializan configuraciones identitarias concretas como condición de reproducción.

2.5. Identidades y prácticas económicas informales. Condiciones de reproducción de la informalidad estructural

Como se analizó en la propuesta teórico-metodológica, la construcción de la identidad se lleva a cabo en el diapasón de las actividades e interacciones, formales e informales, al interior de los sistemas de relaciones sociales de producción. Esta construcción también implica la movilización de significados diversos (respecto de sí mismo y cualesquiera de sus espacios de materialización) que cada sujeto, individual o colectivo, porta producto de una biografía particular, de una singular historia de socialización y de experiencias económicas y laborales previas, así como de su inscripción en otros mundos sociales.

Tanto los cuestionarios como las entrevistas focalizadas en las historias laborales de los sujetos estudiados, validan estos criterios teóricos. Cada uno constituye una muestra de cómo se han ido configurando sus inserciones en los espacios de materialización de la informalidad y cómo a través de prácticas concretas han ido construyendo significados y significantes sobre esta. Igualmente, estas trayectorias muestran el valor que la inserción en cada uno de los espacios económicos tiene en la conformación de estos procesos representacionales sobre sí mismos y sobre su entorno de materialización.

En este sentido, la característica transitividad entre lo formal y lo informal no asume las mismas representaciones para los sujetos que se desempeñan en los espacios estatales de la economía. Desde el discurso, pareciera que las prácticas informales se configuran desde lógicas independientes de esta inserción ocupacional, pero desde su performance y entidad se configuran dinámicas que desmienten esta desconexión. Los sujetos empleados en los espacios estatales tienden a mostrarse más reacios a su identificación con la informalidad, más allá de una condición y estrategias contextuales de enfrentamiento a la crisis.

Por otra parte, la identidad social de aquellos que se desempeñan como principal ocupación en el resto de los espacios económicos, se configura en su mayor parte a través de la autocategorización basada en su grupo nominal de relacionamiento directo, donde las razones económicas juegan un papel primordial en su sentido de pertenencia y en calidad de legitimidad de su inserción. Para muchos, su actividad representa no solo un medio de vida, sino también una mejora significativa en su situación económica.

Ahora es que yo tengo vida, no importa la forma en que lo haga, lo importante es que puedo (entrevista focalizada a dueño de cafetería, espacio privado, La Habana, enero 2024).

De que me van a hablar de que si vacaciones, que si licencia, yo estoy aquí para resolver el problema de mi familia, de mejorar su vida como estoy haciéndolo ahora (trabajadora de una tienda privada de venta de productos importados, junio 2024).

Este aspecto resalta la valoración positiva que tienen hacia su rol en el espacio informal, ya que se sienten satisfechos con la posibilidad de proporcionar mejor calidad de vida a sus familias. Sin embargo, aquellos que no se autocategorizan plenamente como informales tienden a aferrarse a sus identidades anteriores, como la de profesionales o trabajadores, evidenciando la complejidad de su autopercepción y las estratificaciones internas que existen en este sector.

Otro elemento identitario se construye a partir de la idea del Estado como el otro conflictual frente a las capacidades de desarrollo de la acción económica de los sujetos estudiados. La institucionalidad como freno y condición de subdesarrollo, constituye elementos que dinamizan la representación de lo informal como necesario, válido, legítimo y más eficiente.

La identidad como proceso entonces se constituye en la materialización simbólica de las condiciones concretas en la que estos sujetos han ido construyendo su actividad económica cotidiana. La informalidad se constituye en una componente significativa, en mayor o menor medida en relación con su inserción en un espacio económico determinado, de la construcción identitaria de cada uno. Es por tanto, una construcción identitaria fuertemente situada desde las materializaciones concretas de una forma de relación capital-Estado-trabajo y de las formas en que cada uno de los sujetos adquiere corporeidad en ella.

Se posiciona claramente, entonces, como condición base para la reproducción de la informalidad, al traducir simbólicamente la materialización de estos sujetos como agentes económicos en un contexto de informalidad estructural que establece restricciones y potencialidades institucionalizadas en el sistema de relaciones sociales de producción. Se valida así la segunda hipótesis del estudio, a partir de los patrones identitarios fuertemente asociados a las prácticas económicas informales y su potencialidad de reproducción de saberes y formas de hacer socialmente compartidas y representadas.

Conclusiones

El análisis realizado corrobora las hipótesis que guiaron el estudio. La característica estructural de la informalidad en el devenir de la transformación del modelo aparece como indiscutible a partir de los descubrimientos, tanto del análisis contextual como de las percepciones y formas de materialización de las relaciones en las que participan los sujetos estudiados. Desde el discurso, las prácticas informales se configuran desde lógicas “independientes” de los espacios económicos, pero al mismo tiempo se muestran como condicionantes de su materialización en estrategias económicas para enfrentar la crisis.

El territorio asume valor heurístico solo desde su vinculación con las formas de materialización concreta de los espacios económicos. En esencia, se valida la condición de procesos situados como bases de las configuraciones de las PEI en tanto mediadoras de la agencia y la estructura de la informalidad.

Aparece una relación “desde abajo” y “desde arriba” que sustenta la hipótesis de la estructuralidad de la informalidad a partir de una lectura proactiva de la informalidad, como estrategia económica efectiva para todos los actores, formales e informales, frente a la crisis.

En los discursos recogidos el “nosotros” de la informalidad no se distingue frente al “otros” de la formalidad. Pareciera, por lo tanto, que no existe una práctica económica informal debido a la naturalización institucional (desajuste de las instituciones, predominio de arreglos institucionales informales y narrativas en ruptura con la formalidad) de la lucha cómo estrategia económica.

El Estado y la institucionalidad formal aparecen como el otro conflictual en las estrategias y, por tanto, como elemento dinamizador de una relación capital-trabajo cada vez más informalizada.

Todos estos elementos terminan por configurar patrones identitarios en los que la informalidad constituye un eje estructurador central. Aun cuando la inserción ocupacional, a partir de la materialización de PEI situadas, constituye un elemento central en la configuración de las identidades de los sujetos estudiados, la transitividad entre lo formal y lo informal como característica fundamental de estas prácticas, construye autorepresentaciones y autocategorizaciones francamente asociadas a lo informal como aquello eficiente y normativamente válido. Se valida entonces también la capacidad de reproducción del carácter estructural de la informalidad a partir de estas configuraciones identitarias de los sujetos estudiados.

En su conjunto, estos análisis validan la propuesta de comprensión de la informalidad desde el potencial heurístico de la categoría PEI en un contexto de informalidad estructural, y, en consecuencia, contribuyen de manera significativa a los estudios en este ámbito.

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1. Integra a expertos internacionales que construyen los indicadores para medir la informalidad y construir conceptualizaciones que se puedan usar para la realización de análisis internacionales. Es una instancia que se reúne cada 5 años con el objetivo de formular recomendaciones sobre temas seleccionados de estadísticas del trabajo en forma de resoluciones y directrices, que luego de ser aprobadas por el Consejo de Administración de la OIT pasan a formar parte del conjunto de normas internacionales sobre estadísticas del trabajo.

2. Entendida como toda actividad o proceso a través del cual los individuos, grupos y sociedades acceden a su sustento material y espiritual, con relación al sistema de relaciones sociales de producción concreto.

3. Conjunto de reglas, escritas o informales que gobiernan las relaciones entre los ocupantes de roles en organizaciones sociales como la familia, la escuela y demás áreas institucionalmente estructuradas de la vida organizacional: la política, la economía, la religión, las comunicaciones y la información, y el ocio. De esta forma las instituciones no solo son expresión de un contexto y una estructura social determinada, sino que se configuran a partir de orientar la acción social al interior y en referencia a dicha estructura en un proceso de mutuo condicionamiento.

4. Expresión relacional –y, por tanto, consensuada– de las instituciones, que traducen los acuerdos formales e informales para el funcionamiento social en base a relaciones de poder concretas.

5. Correlatos simbólicos y discursivos, ya no solo de las organizaciones, sino de los códigos más estables de una estructuración societal determinada y por tanto atravesando las configuraciones de los dos espacios anteriores –arreglos e instituciones– y, al mismo tiempo, siendo condicionados por estos.

6. Bajo el supuesto de que toda producción en esencia un proceso de reproducción social.

7. Así es declarado por todos los documentos programáticos de la transformación promovida desde el Estado cubano y que ha contado con una legitimidad social alta pero que ha ido disminuyendo frente a los avatares de la crisis y la sostenida precarización de la vida en el país.

8. Destacado propio. Si bien reconoce las bases ideológicas y prácticas de un modelo de relaciones sociales de producción socialista, decir fundada en el trabajo no explicita bajo qué tipo de relaciones concretas entre el capital y el trabajo se va a materializar el mismo, y por tanto no reconoce explícitamente ningún sujeto de derecho en particular en una relación donde el capital siempre va a jugar en condiciones de ventaja.

9. Artículo 9: Los sujetos en las relaciones de trabajo son: a) trabajador: persona natural cubana o extranjera residente permanente en el territorio nacional con capacidad jurídica, que labora con subordinación a una persona jurídica o natural y percibe por ello una remuneración; que disfruta los derechos de trabajo y de seguridad social y cumple los deberes y obligaciones que por la legislación le corresponden (subrayado del autor) (ANPP, 2014: p. 455).

10. Término que bajo una relación de “subordinación” esconde una de desempoderamiento del sujeto subordinado y, por tanto, abre espacios para las relaciones de explotación y la precarización situacional, así como de participación social de dicho sujeto.

11. Micros, medianas y pequeñas empresas.

12. No sería justo dejar de reconocer que el principal anclaje de esta política continúa siendo la esencia de un modelo que busca mantener estándares sociales altos por encima incluso de la capacidad de la economía. No obstante, también juegan un rol importante concepciones ortodoxas muy empoderadas que terminan por lastrar un modelo que intenta reconocer una realidad compleja nacional e internacional y adaptarse a ella manteniendo los principios constitutivos del proceso revolucionario cubano. Ver mi artículo La dolarización de la sociedad cubana a partir de la unificación monetaria en 2021. En A. Wilkis (Ed.), 2024.

13. Moneda cubana creada en 1995 con una convertibilidad directamente relacionada al dólar, con base en las reservas nacionales en esta moneda. Constituyó un mecanismo para la gestión financiera de la crisis y el manejo centralizado de las divisas que entraban al país, incluyendo las remesas.

14. Moneda libremente convertible en formato magnético con valor cambiario asociado al dólar. Solo tiene valor en el territorio nacional y solo canjeable en moneda nacional. Constituye el mecanismo a través del cual se aseguran las transferencias centralizadas de remesas e ingresos en divisas generados en frontera.

15. Estos porcentajes siempre hacen referencia a la muestra inserta en el espacio concreto que se declara.

16. Esta es una categoría legalizada por el MTSS y aunque busca disminuir la carga fiscal en los pequeños emprendimientos privados, también constituye un espacio gris de la legislación al dar cabida a procesos de contratación en negro.

17. La homofilia y la heterofilia hacen referencia a cuán parecidos son los miembros de una red en cuanto a ciertas variables funcionales a los usos concretos de la misma.

La economía de “los que sobran” y la identidad del pueblo

Estallido social, identidades y reproducción social en Chile

Jakob Graf

Introducción. El baile de los que sobran

Nos dijeron cuando chicos
Jueguen a estudiar
Los hombres son hermanos
Y juntos deben trabajar […]

Y no fue tan verdad, porque esos juegos, al final
Terminaron para otros con laureles y futuros
Y dejaron a mis amigos pateando piedras

Únete al baile
De los que sobran
Nadie nos va a echar de más
Nadie nos quiso ayudar de verdad

“El baile de los que sobran”, Los Prisioneros (1986).

Javier Gómez es un docente de 48 años. Pero, a pesar de su título universitario, solo obtiene contratos irregulares y temporales en colegios del sur de Chile, generalmente reemplaza a alguno de sus colegas que está enfermo o ausente. Por eso, obtiene ingresos más fiables cuando toca música en el transporte público de Temuco, sin los cuales no podría llegar a fin de mes. “Ha dedicado 14 años y medio de su vida a los estudios superiores y, sin embargo, hoy debe ganarse la vida cantando en las micros”, se lee en El Austral de Temuco, un periódico regional chileno. “Es un trauma que no solo vivo yo, sino muchos educadores y profesionales de otras áreas. La falta de oportunidades y la desigualdad en mi país es vergonzosa”, afirma Javier. Y añade: “gracias a dios soy soltero y no tengo hijos, porque con esta condición no podría sostener una familia”.1

Es evidente que la historia de Gómez no es una excepción, sino un síntoma de un desarrollo general que afecta muchos mercados laborales en el Sur Global y, hoy en día, incluso a un grupo de personas altamente calificadas. La mayoría de las personas en estos países no están integradas al crecimiento económico a través del empleo estable, sino que parecen representar una fuerza laboral superflua para la economía capitalista. El resultado de esto es que, tal como Javier Gómez, generan sus propios ingresos y actividades económicas y así crean un sector propio: el de las economías de “los que sobran”. Sin embargo, la supervivencia en este sector también es muy precaria, particularmente en el contexto de las actuales crisis sociales, económicas y ecológicas. Esto dio lugar a una serie de nuevos movimientos sociales, protestas masivas y conflictos socioecológicos en Chile durante las últimas décadas (Salazar, 2012). Todos estos culminaron en las grandes movilizaciones del estallido social de 2019.

Las tres crisis ya mencionadas que quedaron a la vista en las grandes protestas del estallido social de octubre del 2019, fueron las siguientes. Primero, una crisis de representación política, ya que los partidos tradicionales, tanto de derecha como de centro-izquierda (Concertación por la Democracia), perdieron su aprobación y no tuvieron un papel importante ni en las elecciones presidenciales (de noviembre y diciembre de 2021) ni en el proceso para una nueva constitución (2021-2023) (Akram, 2021, pp. 22-23; Castiglioni, 2021, pp. 118-120). Las protestas y las encuestas, a partir de 2019 en adelante, dejaron en evidencia, una vez más, que en Chile la mayoría de las personas no confía en la clase política y que, además, asume que esta clase no puede o no quiere resolver los problemas de fondo que hay en el país. La consecuencia es una polarización política entre una izquierda que públicamente respaldó las protestas (Frente Amplio y Partido Comunista) y una nueva derecha radical (Partido Republicano de José Antonio Kast y el recientemente creado Partido de la Gente) enfocada en el restablecimiento del orden y de la seguridad.

En segundo lugar, el estallido social reveló una crisis social. Existe un amplio consenso en la literatura sobre las protestas de fines del año 2019, de que estas deben entenderse como un producto del malestar popular generalizado, provocado por la desigualdad social y los problemas socioeconómicos de los hogares precarios que se caracterizan por un alto endeudamiento, el constante aumento del costo de vida y un Estado de bienestar ausente en muchos ámbitos (Akram, 2021; Castiglioni, 2021; Mayol Miranda, 2019). Son estos problemas los que la clase política no ha resuelto desde el fin de la dictadura en 1990 y que tienen sus raíces en el modelo neoliberal. Este modelo se esfuerza por la mercantilización de todos los bienes públicos y, a la vez, la individualización de los problemas sociales. Durante el estallido social, sin embargo, la gente se dio cuenta de que sus problemas individuales representan males sociales colectivos y que solo los dueños de los grandes capitales se beneficiaban con la privatización integral de las infraestructuras sociales y de los recursos naturales.

Tercero, el estallido social es también producto de una profunda crisis ecológica. En los últimos años, esta crisis, causada tanto por el cambio climático como por las industrias extractivas, ha exacerbado la situación social en las zonas rurales de Chile. Además, en las ciudades la crisis ecológica se hace cada vez más presente, ya que la escasez hídrica, por ejemplo, hoy es un problema permanente a lo largo de casi todo el país (Landherr, Graf y Puk, 2019).

Durante el estallido social, estas crisis tuvieron su expresión en identidades y movimientos sociales diversos. Los principales grupos sociales que se unieron a las protestas fueron la población urbana marginada, los rurales pobres y los precarios del mercado laboral, es decir, en conjunto, los hogares precarios que no se integran de manera estable a la economía capitalista y al sistema político y sobreviven en gran parte en las economías de “los que sobran”, como explicaré más adelante. Estos son tanto los altamente calificados que no encontraron trabajo digno, como las mujeres que mantienen a flote hogares precarios o las comunidades mapuches y los hogares precarios chilenos del campo. Todos estos grupos que no tienen representación política fuerte y que sufren una inseguridad constante con respecto a la reproducción social de sus hogares, se vieron representados en el coro de la canción “El baile de los que sobran” de Los Prisioneros, antes mencionado, omnipresente durante el estallido social.

En este artículo sostengo que esos hogares precarios se encuentran en un antagonismo socioecológico con respecto a la clase propietaria dominante en Chile. El mismo se expresa, entre otras cosas, en el hecho de que la mayoría de los chilenos se identifican como pueblo frente a esta clase propietaria. Según mi tesis, el pueblo forma la identidad social de los chilenos comunes y corrientes. Por identidad social me refiero a subjetivaciones sociales como raza, clase o género, que no son directamente políticas, es decir, que en muchas ocasiones no se construyen a través de discursos políticos, sino que primero se constituyen socialmente, es decir, en la vida social cotidiana y a través de experiencias sociales. Entre las identidades sociales distingo las identidades políticas. Estas surgen cuando las identidades sociales pasan a formar parte de los discursos políticos, es decir, cuando se politizan como identidades. En el caso de la identidad colectiva del pueblo, mostraré que, por un lado, puede entenderse como la identidad de clase social de los hogares precarios en antagonismo con la clase propietaria y, por otro lado, que fue politizada en las protestas y se convirtió en la identidad política central del estallido social.

Luego sostendré que fueron ciertos movimientos políticos y culturales los que dieron le forma significativa a esta politización. Por un lado, la cultura política de la Nueva Canción Chilena juega un papel enorme en la politización de la identidad del pueblo. Al inicio de las protestas, muchos carteles decían “no somos ni de la derecha ni de la izquierda”, pero esta tradición cultural-política clasificó las protestas en discursos políticos, símbolos y tradiciones de izquierda. Por otro lado, los símbolos de la lucha mapuche estuvieron omnipresentes en las manifestaciones y el movimiento feminista también jugó un papel central en las protestas. Por lo tanto, este artículo también plantea la pregunta sobre por qué la politización del pueblo en Chile es impulsada principalmente por movimientos tan diversos como los feministas e indígenas.

Mi investigación se basa en un trabajo de campo compuesto por una serie de estadías de investigación en Chile, entre 2016 y 2024, en regiones tan diversas como La Araucanía, Biobío, O’Higgins, así como en la región de Atacama y la Región Metropolitana de Santiago. Las investigaciones empíricas que sustentan este estudio se centraron esencialmente en las economías de “los que sobran” y sus problemas sociales y ecológicos, como los causados en particular por las industrias extractivistas. Guiados por la Grounded Theory (Strauss y Corbin, 2010), realizamos un gran número de entrevistas cualitativas con habitantes precarios de zonas urbanas, el comercio formal e informal, artesanos, pequeños proveedores de servicios, desempleados, pescadores, campesinos y comunidades indígenas, pero también con empresarios de las grandes industrias, funcionarios del Estado y ONG. Una cuestión fundamental y transversal en todas estas diferentes investigaciones fue ver qué antagonismos sociales juegan un papel entre los hogares precarios y la clase propietaria en Chile. Gran parte de esta investigación la realicé junto con Anna Landherr, quien recientemente publicó su trabajo sobre la minería chilena (Landherr, 2024). Mi propia investigación, centrada en el conflicto entre el pueblo del sur de Chile, las comunidades mapuches y la industria forestal, también se publica en una monografía (Graf, 2024). En lo que sigue, me basaré en parte en los datos empíricos publicados en estos trabajos. Sin embargo, ahora trabajo explícitamente la cuestión transversal sobre el antagonismo social unificador de estas luchas y su articulación en la identidad del pueblo.

En resumen, este artículo se plantea cómo entender la relevancia de la identidad del pueblo en las protestas Para preguntarse más detalladamente: ¿Podemos asumir una nueva identidad colectiva de “los que sobran” en la esfera política?, ¿cómo se conecta esta identidad con los movimientos feministas e indígenas?, ¿hasta qué punto estos movimientos pueden entenderse como una reacción a las tres crisis mencionadas?, ¿por qué las clásicas organizaciones sociales de obreros, sindicatos y partidos de izquierda, no articulan estos problemas como lo hacían anteriormente? Por lo tanto, es necesario ubicar estos movimientos en el contexto de las tres crisis mencionadas y en las estructuras económicas de la sociedad chilena. Para comprender el fenómeno de “los que sobran”, primero introduzco el debate teórico sobre las poblaciones “sobrantes" para luego adentrarme en las características básicas del llamado modelo chileno y sus conflictos socioecológicos.

1. Surplus populaciones y la economía de “los que sobran”

“The world is entering a new age –the age of total industrialization”, escribe un equipo de investigadores estadounidenses a mediados de la década de 1960 en un estudio titulado “Industrialism and Industrial Man”, y concluye: “Some countries are far along the road; many more are just beginning the journey” (Kerr, Dunlop, Harbison y Myers, 1960, p. 3). Los autores imaginaron la industrialización como la expansión gradual del sector industrial moderno, dominado por las grandes empresas y maquinarias, y una expansión del empleo asalariado como fuente de ingresos para la población activa (Kerr et al., 1960, pp. 16-25). Este paradigma de la industrialización, que equiparaba progreso e industrialización y lo identificaba con aumentos de productividad, eficiencia y crecimiento del producto interno bruto, se extendió por las sociedades, el mundo político y las ciencias de la época y constituyó el discurso dominante sobre el desarrollo. Hoy, la industrialización sigue pareciendo la vía imparable del desarrollo y progreso de todos los “países emergentes” y es la propagada de importantes organizaciones internacionales (UNIDO, 2024).

En la literatura crítica sobre el desarrollo se ha discutido que la industrialización está estrechamente vinculada con procesos de colonialismo, poder y dominio que conducen a la proletarización y la desposesión (Alimonda, 2011; Sanyal, 2014, 47ff). Esto se remonta a Karl Marx. En este caso, el punto de partida histórico del “desarrollo a través de la industrialización” es un proceso que Marx llamó “acumulación originaria” (Marx, 2009, pp. 891-954). Con esto se refiere al “proceso de escisión entre el obrero a la propiedad de sus condiciones de trabajo, proceso que, por una parte, transforma en capital los medios de producción y de subsistencia sociales, y por otra convierte a los productores directos en asalariados” (Marx, 2009, p. 893). Históricamente, y en muchos países hasta el día de hoy, la “expropiación que despoja de la tierra al trabajador, constituye el fundamento de todo el proceso” (Marx, 2009, p. 895), un proceso que llamamos proletarización. Este tiene dos lados. En Europa occidental, esta separación del productor directo de los medios de producción, llamada “proletarización pasiva” (Lenhardt y Offe, 1977, p. 102), era solo la primera parte de un largo proceso histórico de proletarización de los hogares rurales. A lo largo de los siglos, esta violencia contra los campesinos provocó la emigración de millones de personas al “nuevo mundo” y a las nuevas ciudades de Europa occidental. En el curso de la intensa industrialización laboral en esas ciudades, la “proletarización pasiva” fue acompañada por una “proletarización activa”, es decir, la integración de los antiguos campesinos que “sobraron” en el campo a la economía capitalista a través del trabajo asalariado (Lenhardt y Offe, 1977, p. 102). Esta “proletarización completa” resultante de grandes sectores de la población fue entendida históricamente en varios aspectos como un prerrequisito estructural para el desarrollo económico y social. Finalmente, la teoría de la modernización que surgió en el siglo XX convirtió esta comprensión de la industrialización y la proletarización en un modelo normativo de desarrollo socioeconómico. Según estas teorías, el trabajo asalariado debía ser inducido por la industrialización y la actividad estatal para que el trabajo “de los que sobran” del sector agrícola pudiera integrarse en el sector manufacturero secundario (Lewis, 1954). La industrialización y la proletarización se vinculan de manera causal en esta teoría, y la desposesión violenta de los productores directos parece ser un prerrequisito necesario para el “desarrollo” (Kerr et al., 1960; Rostow, 1966).

Hasta el día de hoy, gran parte de la teoría del desarrollo cree en esta historia de industrialización y proletarización como una historia de progreso. De hecho, la reciente industrialización en algunas regiones de Asia, caracterizada por la reubicación de la industria manufacturera intensiva en mano de obra y no calificada desde los países centrales, condujo en algunos lugares, al menos temporalmente, a un aumento de la importancia del empleo asalariado en el sector industrial y, a veces, tal vez incluso a un llamado “social upgrading” (Fröbel, Heinrichs y Kreye, 1983; Rossi, 2019; Smith, 2016). En algunos casos, como el de China, la llamada “low road” de industrialización, caracterizada por una producción intensiva en mano de obra y salarios bajos, se transformó con el tiempo en una “high road” de industrialización con mayores niveles de tecnología, conocimientos, calificación y salarios (Sengenberger y Pyke, 1992). Sin embargo, esta transición de un “low road” a un “high road” de industrialización, que explica en gran medida el desarrollo social y el surgimiento del enorme mercado interno en China, no puede simplemente transferirse a otros países, ya que los mercados globales para bienes manufacturados son limitados y están dominados por las grandes potencias mundiales. Es poco probable que una proporción significativa de países del Sur Global pueda volverse competitiva aquí en las próximas décadas. Además de las barreras del mercado, los límites ecológicos ya no permiten una industrialización tan intensiva en energía y recursos. De hecho, algunos países como Bangladesh están estancados en la “low road” de la industrialización y, además, en las últimas décadas, la mayoría de los países del Sur se caracterizan por procesos de “desindustrialización prematura” (Rodrik, 2016). Esto es cierto para países como Rusia, Sudáfrica o Brasil, que antes eran considerados nuevas naciones industriales emergentes (Arrighi, Aschoff y Scully, 2010; Tregenna, 2016). Las economías de América Latina, en particular, se han caracterizado por la “reprimarización”, es decir, en lugar de la industrialización y la proletarización, estas economías vuelven a centrarse principalmente en la exportación de materias primas (Svampa, 2015). El resultado es que no hay una proletarización activa y general en estas regiones. El gran número de personas que emigran del campo a las ciudades no pueden encontrar empleo seguro en la industria. Más bien se trata de una “sobrepoblación relativa” (Marx, 2009, pp. 782-808), es decir, en relación con las necesidades de la acumulación capitalista.

En los últimos años, se produjo una aceleración del problema de las “sobrepoblaciones” en la economía mundial. En primer lugar, porque las industrias extractivas de muchos países del Sur Global que explotan materias primas y dependen de los monocultivos, están contribuyendo en gran medida al despojo de las poblaciones rurales y de los campesinos (Composto y Navarro, 2014; Li, 2010; Svampa, 2019). En segundo lugar, porque estos despojados superan con creces las necesidades laborales del sector capitalista industrial, un proceso que se ha intensificado gracias a las tecnologías que ahorran mano de obra. Como consecuencia, la proletarización pasiva no va acompañada de otra activa, que conduce a una “expropriation without proletarianization” (Basu y Das, 2009). Por lo tanto, las ciudades emergentes del Sur fueron descritas menos como nuevos centros industriales que como formando un “planeta de slums” (Davis, 2006). Se hace evidente que las “sobrepoblaciones” del Sur están agrupadas en masas tales que es imposible concebirlas como una “reserva de mano de obra industrial” (Bernstein, 2023). Pero, ¿cómo se puede entender esta existencia de una “sobrepoblación absoluta” de una perspectiva sociológica? ¿Cómo sobreviven las familias si no hay empleo suficiente en el sector capitalista? Para responder estas preguntas, es necesario examinar brevemente algunas cifras sobre la evolución empírica de las relaciones laborales en el Sur Global.

El informe de la OIT “World Employment and Social Outlook”, de 2020, estima que, debido a la falta de oportunidades de empleo y a la baja inclusión en general del crecimiento capitalista, hay alrededor de 473 millones de personas subempleadas y desempleadas en todo el mundo. Además, incluso quienes trabajan a tiempo completo no reciben ingresos suficientes para garantizar condiciones de vida estables. A muchos de los tres mil millones de trabajadores a tiempo completo, los ingresos principales no les alcanzan para sobrevivir. De los empleados en todo el mundo, el 19 % no gana lo suficiente para elevar sus ingresos por encima del umbral de pobreza. La razón de esto son los ingresos demasiado bajos y la falta de seguridad social. Esta inseguridad afecta especialmente a los aproximadamente 1,4 mil millones de trabajadores de cuenta propia, la mayoría de los cuales trabajan en la informalidad. El resultado es que grandes sectores de la población tienen que encontrar fuentes (adicionales) de ingresos fuera del sector capitalista y formal (ILO, 2020, pp. 11-13, 18). Esto da lugar a una gran economía de “los que sobran”, que se diferencia del sector capitalista por características específicas. Por lo tanto, a continuación, asumiré que países del Sur Global tienen una “economía estructuralmente heterogénea” (Córdova, 1973), que se caracteriza por la presencia simultánea de un sector capitalista y un sector no capitalista. A continuación, comentaré con más detalle las características de este último.

De las más de ocho mil millones de personas en todo el mundo, la OIT calcula que alrededor de 3,3 mil millones están empleadas. Como se ha dicho, dos mil millones están empleados de manera informal y la mayoría de ellos trabajan como cuentas propias o en empresas pequeñas o muy pequeñas (ILO, 2022, p. 23). Un tercio de la población activa mundial son los llamados trabajadores por cuenta propia (World Bank, 2024). El 70% de todos los trabajadores empleados en el mundo trabajan en micro, pequeñas o medianas empresas, de las cuales el 80% opera de manera informal.2 Solo unos 1,3 mil millones de trabajadores se ocupan en empleos formales, y la mayoría de ellos también trabajan en micro, pequeñas y medianas empresas. Solo entre el 30 y el 40% del trabajo formal se realiza en grandes empresas (Correa, Leiva y Stumpo, 2018, 16ff). Podemos estimar cuántas personas trabajan realmente en el sector capitalista del siguiente modo: Si a los empleados en las grandes empresas les restamos los que trabajan en empresas públicas, nos queda un número de empleados en el sector capitalista de solo alrededor del 10% de la fuerza laboral mundial.3 Como resultado, alrededor del 90% de quienes trabajan en todo el mundo lo hacen en relaciones laborales fuera del sector capitalista en el sentido estricto. Por lo tanto, el trabajo asalariado y el trabajo formal no pueden equipararse a las relaciones laborales capitalistas, sino que el trabajo asalariado caracteriza también las economías de “los que sobran” del sector no capitalista, que está compuesto predominantemente por pymes y cuentas propias. En América Latina, según las estadísticas oficiales, más del 60% de las mujeres y los hombres trabajan por un salario. Sin embargo, la mayoría de ellos trabajan en pequeñas y medianas empresas.

Las economías de “los que sobran” a menudo se entienden como el sector informal. Sin embargo, dado que las relaciones laborales informales también ocurren en el sector capitalista y, por otro lado, las pequeñas empresas y cuentas propias también pueden operar formalmente, rechazo esta clasificación más bien estadística. El término sector informal resulta demasiado impreciso en lo que respecta a las relaciones de producción y empleo y describe más bien un tipo de relación con la regulación estatal (Denning, 2010). Por tanto, la sociología en América Latina también se remite a otros conceptos, como “polo marginal”, “masa marginal”, “economías de subsistencia” o “economías populares” (Castillo de Herrera y Pradilla Cobos, 2015; Nun, 1971; Quijano, 2014; Sarria Icaza y Tirriba, 2004). De esta forma, las economías de “los que sobran” ya no se consideran solo capitalocéntricamente con respecto a su función en relación con la acumulación capitalista (Nun, 1971), sino que se examina su propia lógica. Para entender teóricamente estas actividades económicas no capitalistas y ubicarlas en una economía estructuralmente heterogénea, hay que entender estas economías en el marco de un sector económico basado en las necesidades de los hogares (Graf, 2024, 128ff). Este se diferencia del sector capitalista en diferentes características.

En primer lugar, este sector no es una economía en sí misma, sino una zona dentro de una economía dominada por las dinámicas capitalistas. Este sector no capitalista incluye actividades económicas heterogéneas, a las que en este artículo se denomina de manera un poco imprecisa “economías de ‘los que sobran'”. En segundo lugar, este ámbito basado en las necesidades de los hogares, incluye el trabajo por cuenta propia y en pequeñas empresas o microempresas de naturaleza formal e informal en las que se producen bienes y servicios para las necesidades de sus hogares y que se venden en los mercados locales para abastecer a otros hogares privados. Las economías de “los que sobran” se basan en mercados domésticos locales, que son claramente diferentes de los mercados capitalistas. En los mercados domésticos locales las regulaciones informales, los valores culturales y los contactos personales juegan un papel importante (Graf, 2024, pp. 377-388; Santos, 1975). Este sector, sin embargo, como ya se ha dicho, no coincide con el “sector informal”. En tercer lugar, el sector no capitalista se organiza en torno a la lógica de satisfacer las necesidades de los hogares precarios (Graf, 2024, 130ff; Santos, 1975, p. 23; Sanyal, 2014, pp. 208-215) y funciona según la lógica de la “reproducción simple” (Bernstein, 2010, pp. 101-104). Es decir, el trabajo se lleva a cabo, en su mayor parte, mediante mano de obra familiar y el comercio y la producción de bienes a menudo tienen lugar directamente en la calle o dentro del hogar. El objetivo de las actividades económicas en este sector suele ser cubrir las necesidades de la propia familia con una combinación de distintas fuentes de ingresos, y las acciones se orientan a la seguridad y a la satisfacción de las necesidades.

Por ello, diferentes autoras feministas han subrayado repetidamente que estas actividades económicas están guiadas por una lógica específica que no es capitalista y que son entendidas como “reproducción social” (Fraser, 2016), “producción de subsistencia” (Mies, 2015) y “producción de vida” (Gago y Herrero, 2023, p. 33) y caracterizadas por una “ética del cuidado” (Svampa, 2015, 75ff; 2019, pp. 64-68). Se encontró que las economías de “los que sobran” en muchos casos están particularmente comprometidas con la preservación de los ecosistemas locales, razón por la cual se habla de un “ambientalismo de los pobres” (Martínez-Alier, 2002). Por esta razón, pero sobre todo porque las pymes contribuyen en gran medida a la creación de empleo, las economías de “los que sobran” también se han convertido en los últimos años en el objeto central de los programas nacionales e internacionales de reducción de la pobreza y creación de empleo (Sanyal, 2014). Entonces, las actividades económicas de este sector, basado en las necesidades de los hogares, difieren mucho de las empresas capitalistas, no solo en cuanto a sus relaciones laborales y el tamaño de empresas sino también en cuanto a la regulación política y relaciones con la naturaleza (Bernstein, 2023, 60ff; Graf, 2024, pp. 452-457; ILO, 2017; Sanyal, 2014, pp. 208-227; Schincariol, Barbosa y Yeros, 2017, 123ff).

En resumen, podemos decir que mucho después del establecimiento del “sistema mundial capitalista” (Wallerstein, 2004), las actividades económicas no capitalistas siguen teniendo una importancia central para una gran proporción de los hogares privados en todo el mundo y particularmente en el Sur Global. Los “hogares semiproletarios” tienen ingresos que provienen de diferentes fuentes y actividades económicas –desde economías de subsistencia, ingresos de mercados locales por la venta de productos de artesanía y comercio en pequeña escala hasta trabajo asalariado formal e informal– y de hecho, por mucho tiempo fueron la “norma estadística” dentro de la economía global (Arrighi, 2013; Moyo y Yeros, 2021; Wallerstein, 2004). Entonces, los hogares semiproletarios son hogares precarios, urbanos y rurales que obtienen sus ingresos no solo del trabajo asalariado en el sector capitalista, sino principalmente del asalariado y no asalariado en el sector de las economías de “los que sobran”. En este sentido, los países del Sur Global no se caracterizan, pues, por una homogeneización de la estructura social en el curso de una proletarización completa a través de la industrialización, sino por la importancia continuada del trabajo por cuenta propia, de las pymes y de la agricultura familiar, que contribuyen a los diferentes ingresos de los hogares semiproletarios.

Aquí también hay que añadir una explicación importante. Debemos decir, sin duda, que las economías de “los que sobran” no “sobran” en modo alguno, sino que tienen una importancia crucial para la supervivencia de la mayoría de la población mundial. Por ejemplo, la agricultura familiar sigue produciendo la gran mayoría de los alimentos en todo el mundo y los pequeños agricultores en particular son de gran importancia para la seguridad alimentaria de los sectores precarios de la población en el Sur Global (FAO, 2014; Mezzadri, Stevano, Ossome y Bargawi, 2024). Además, como se ha señalado, la mayoría de las personas en todo el mundo obtienen sus ingresos de estas economías. Estas solo sobran desde la perspectiva de la acumulación capitalista.

Por lo tanto, como veremos más adelante en el caso de Chile, las economías de “los que sobran” se ven constantemente amenazadas por la expansión del sector capitalista extractivista. Las bases sociales y ecológicas para la reproducción social de una gran parte de la población son cada vez más precarias. Esto es particularmente cierto en tiempos de cambio climático y crisis ecológicas. Como veremos, el resultado es, primero, un antagonismo socioecológico entre las clases populares precarias y la clase capitalista propietaria y segundo, como consecuencia, se reproducen en las ciudades y en las áreas rurales relaciones sociales marcadas por conflictos entre las industrias extractivas y las economías “de los que sobran” (Graf, 2024; Svampa, 2019).

2. Extractivismo, acumulación por mercantilización y producción de “los que sobran” en Chile

Los dueños de Chile somos nosotros,
los dueños del capital y del suelo.
Lo demás es masa influenciable y vendible;
ella no pesa ni como opinión ni como prestigio.

Eduardo Matte Pérez, ministro e hijo del fundador del Banco Matte (1892).

2.1. El modelo chileno

Los innumerables relatos biográficos personales, similares al de Javier Gómez, contrastan con la historia oficial de éxito del modelo chileno difundida por el Estado, las organizaciones internacionales y las empresas. Este modelo económico actual de Chile consiste en la continuación de la orientación neoliberal de la dictadura militar, que se caracteriza por el enfoque en la exportación de materias primas. En la década de 1990y luego de la dictadura militar, este modelo económico fue combinado con procesos de democratización (Fischer, 2017: 147-160; Pizarro Hofer, 2020). Esta combinación de continuidad económica y democratización política gradual condujo a un fuerte crecimiento económico y a que el país fuera aclamado como el “jaguar de América Latina” (Gárate Chateau, 2012, p. 22, 347ff). En la década de 1990, la economía chilena creció en promedio un 6,1%, en la década de 2000 un 4,2% y en la década de 2010 un promedio de alrededor del 3,0% anual.4 Como resultado, no solo el ingreso per cápita de Chile se ha sextuplicado desde principios de la década de 1990, sino que las exportaciones también se multiplicaron por más de siete y el país experimentó un enorme aumento de la inversión extranjera directa.5

Además, desde entonces el nivel de educación aumentó significativamente en todos los grupos de ingresos, la tasa de empleo se incrementó y la pobreza cayó de casi el 40% a principios de la década de 1990 a menos de un 10% en la década de 2010.6 En lo que respecta a los efectos sobre el empleo y la reducción de la pobreza, esta dinámica social y económica se debe, por un lado, a la política social estatal ampliada, pero, por otro lado, se debe en parte al crecimiento económico mencionado y al aumento de la proporción de la población activa (Fischer, 2017, pp. 148-157).7

Sin embargo, el crecimiento económico de Chile va acompañado de importantes problemas sociales y ambientales. Del norte al sur, el daño ecológico causado por las industrias extractivas que explotan recursos naturales en grandes escalas y que de este modo abastecen a los mercados mundiales con metales provenientes de la minería, frutas de las plantaciones, pulpa y madera de las plantaciones forestales y pescado de la industria salmonera es dramático. Estos daños incluyen entre otros los grandes cráteres que deja la minería a cielo abierto en el paisaje del norte, la sobreexplotación de las fuentes de agua y la degradación de la tierra por la agroindustria y la industria forestal y la contaminación de las aguas causada por industria salmonera en el sur. De esta forma, el extractivismo chileno está causando enormes intervenciones, cambios y destrucciones de ecosistemas enteros del norte al sur. Esto no es sorprendente, ya que el dicho modelo chileno se basa esencialmente en la exportación de materias primas, que representan, según fuentes diferentes, entre el 78 y el 87% de las exportaciones totales del país (Barriga, Sato, Sáez y Stevens, 2022, p. 5; CEPAL, 2023, p. 50). Esto implica grandes problemas sociales y ambientales. Una de las falencias del modelo económico chileno es la enorme desigualdad social, que apenas se ha reducido en las últimas décadas.

2.2. La clase propietaria y la acumulación por mercantilización

La heterogeneidad estructural a través de la cual la economía chilena se divide en dos sectores fundamentales, el sector capitalista, por un lado, y el sector de las economías de “los que sobran” que satisfacen las necesidades de los hogares, por el otro. Esto también se refleja en una enorme desigualdad social y un desequilibrio de poder político. El sector capitalista domina toda la economía a través de los mercados jerárquicos descritos, la privatización de la infraestructura social y su amplio control sobre los recursos ecológicos, que se examinarán más adelante como relaciones de clase.

Por un lado, la “clase propietaria” se ha beneficiado principalmente de este crecimiento en el sector extractivista desde la dictadura militar. Por “clase propietaria” me refiero a la clase de empresarios capitalistas, que son dueños de grandes grupos empresariales, grandes latifundios y tierras fértiles, derechos de explotación del subsuelo chileno y de uso del agua. Se trata de conglomerados familiares que dominan la economía chilena en alianza con empresas multinacionales extranjeras (Fischer, 2017, pp. 160-171; Landherr y Graf, 2017; Pizarro Hofer, 2020). Como explica Karin Fischer:

El sector empresarial en Chile sigue siendo altamente concentrado. Los grupos económicos generan aproximadamente dos tercios de todo el volumen de ventas y el 95% de todas las exportaciones. Controlan el 85% del valor bursátil, el 70% de las empresas que cotizan en la bolsa y el 90% de los activos (sin contar el sector financiero) (Fischer, 2017, p. 161).

El periodista y publicista, Daniel Matamala, calcula que los grandes conglomerados empresariales chilenos están en manos de unas 500 familias muy ricas que concentran cerca del 10 % del total de los ingresos del país (2015, p. 27). Además, las clases dominantes económicas y políticas en Chile se superponen en gran medida (Fischer, 2017, pp. 186-188; Landherr y Graf, 2017, 578ff; Matamala, 2015, pp. 136-146, 277ff). La economía chilena ha sido descrita como “capitalismo jerárquico”, porque los mercados internos y de exportaciones están dominados por unas pocas empresas en términos de precios, estándares y cadenas de suministro (Schneider, 2013). El resultado, según estudios a los que se refiere Daniel Matamala, es que los hogares chilenos pagan en promedio la mitad de sus gastos en mercados donde se puede suponer una “falta de competencia” o acuerdos de precios. La Fiscalía Nacional Económica –organismo del Estado chileno responsable de vigilar la libre competencia– estima que los consumidores finales, por ejemplo, gastan alrededor de un 15% más de lo que se gastaría en el caso de mercados no monopolizados (Matamala, 2022). En las últimas décadas, hubo repetidos escándalos de colusión de precios (Garín González, 2019).

En resumen, la acumulación capitalista tiene lugar en los mercados de exportación a través de la salida masiva de materias primas y en los mercados internos a través de precios inflados en mercados monopolizados. Los mercados internos se componen, entre otras, por una serie de infraestructuras básicas que en gran parte están privatizadas como el agua, la electricidad, el transporte, el gas, la vivienda y los sistemas de educación, salud y pensiones, y que continuamente causan altos costos a los hogares chilenos precarios, con los cuales, por otro lado, lucran las grandes empresas privadas. El resultado es una “mercantilización asimétrica” en mercados domésticos, en la que los grandes conglomerados se apropian de los ingresos de la gente común mediante el aumento de precios (Graf y Landherr, 2020; Landherr y Graf, 2017, p. 575). Esto representa un mecanismo crucial de acumulación por mercantilización. Otro de estos mecanismos es la deuda. La clase propietaria también se beneficia de la enorme deuda privada entre los chilenos, causada por los altos costos de vida (Durán y Narbona, 2021).

La clase propietaria se apropia no solo de la infraestructura social y los mercados internos, sino también de los recursos naturales. Hoy en día, alrededor del 75% de la tierra utilizada productivamente pertenece al solo 1% de los propietarios (Guereña, 2016, p. 25). En gran parte del país, las empresas mineras poseen concesiones subterráneas, así como derechos de agua y minería, por lo que los habitantes locales difícilmente pueden defenderse frente a las grandes empresas (Landherr et al., 2019; Landherr, 2024). Esta mercantilización masiva de los recursos naturales de Chile en manos de la clase propietaria no es una sorpresa, sino más bien la forma central en la que el sector capitalista obtiene grandes ganancias de las materias primas. Entonces, en Chile, el capital no obtiene sus ganancias solo mediante la explotación de la fuerza de trabajo, que Marx consideraba característica especialmente del sector industrial (Marx, 2008a, pp. 255-265, 2008b, pp. 379-390, 451ff), pero principalmente mediante la mercantilización de bienes comunes, mercados domésticos, recursos naturales e infraestructuras sociales. La acumulación por mercantilización es, por tanto, una estrategia decisiva de la clase propietaria para la valorización del capital en Chile.

2.3. Las clases del pueblo

Un gran porcentaje de los chilenos no se beneficia de esta mercantilización de todos los bienes. De hecho, la mayoría apenas participa en el crecimiento económico, lo que se debe, en gran medida, al hecho de que muy pocas personas están empleadas directamente en las industrias que explotan las materias primas. Quienes están empleados permanentemente en las industrias extractivas, especialmente en la minería, reciben salarios superiores al promedio, mejores seguros privados de salud y pensiones y diversos beneficios adicionales de la empresa (Arboleda, 2020, 75ff; Graf, 2024, p. 202; Salazar, 2012, p. 293). Además, los empleados permanentes, altamente calificados, en grandes empresas privadas del sector financiero y de servicios, ubicadas principalmente en la capital, se encuentran en relaciones laborales similares. Sin embargo, esta clase de trabajadores de las grandes empresas capitalistas, que está completamente proletarizado, es decir, que recibe sus ingresos en forma de salarios relativamente buenos y para quienes la reproducción social de sus hogares no se basa fundamentalmente en los productos y servicios baratos de las economías “de los que sobran”, es una clase trabajadora relativamente pequeña. Ella forma una parte privilegiada de la fuerza laboral chilena que, al mismo tiempo, depende mayoritariamente del desarrollo del sector capitalista extractivista.

Lo que difiere de estos es la gran masa de hogares precarios. Estos son aquellos hogares que, según las estadísticas oficiales, están clasificados como de clase baja y clase media, pero que en su gran mayoría solo reciben ingresos bajos o medio-bajos y no puede recurrir a buenos servicios públicos e infraestructuras adecuadas de salud y educación. Su vulnerabilidad se compone de precariedad económica, endeudamiento e incapacidad para responder a contingencias como gastos no anticipados (Castiglioni, 2021, pp. 112-117). En esta clase social de los hogares precarios también hay trabajadores asalariados que trabajan en grandes empresas del sector capitalista. Sin embargo, se trata en su mayoría de relaciones laborales temporales con salarios bajos. Son relaciones laborales precarias y poco calificadas en el sector de servicios, por ejemplo, en el comercio minorista o en la agricultura (Blanco y Julián, 2019; Páez y Sáez, 2017). Es por esto que hay un empleo precario masivo, un subempleo generalizado y un desempleo particularmente alto de hasta el 30%, especialmente en los grupos de ingresos más bajos (Páez y Sáez, 2017). De aquellas personas que encuentran trabajo asalariado, seis de cada diez no ganan lo suficiente para mantener un hogar de cuatro personas por encima del umbral de pobreza. Incluso las relaciones laborales en las instituciones del Estado suelen ser extremadamente precarias, mal remuneradas y a menudo a través de empresas subcontratadas. Es por esto que la reproducción social de estos hogares precarios se basa muchas veces en transferencias sociales del Estado y en gran parte en el funcionamiento de las economías de “los que sobran”, donde se pueden comprar alimentos, servicios y productos cotidianos baratos de manera informal y formal y donde uno puede ganar algo extra con sus propios medios de trabajo.

Por las precarias condiciones laborales en el sector capitalista y en las instituciones públicas, la mayoría de los chilenos trabaja en pymes y por cuenta propia. Como escribió Gabriel Salazar hace más de una década:

Micro, pequeñas y medianas empresas dan 60% del empleo privado, ya que, de las 744.186 empresas formales que hay en el país, el 99% son PYMEs. Si a eso se agregan los ‘autoempleados’, tenemos que las grandes empresas son apenas responsables del 20 % del empleo, la mayor parte precario. Esto se ratificó a fines del 2009, cuando se verificó que el número de ‘asalariados’ bajó de 4.654.440 en 2008 a 4.448.130 en 2009, mientras los ‘por cuenta propia’ subían de 1.442.570 a 1.573.01029 (Salazar, 2012, p. 369).

Incluso hoy, la mayoría de los chilenos trabaja por cuenta propia, en microempresas o en pequeñas empresas (Graf, 2024, 211ff) y, por lo tanto, la supervivencia de estos hogares se basa esencialmente en las economías de “los que sobran”, es decir, del empleo de creación propia. Sin embargo, como ya se ha dicho, los hogares precarios muchas veces tienen que endeudarse para comprar bienes cotidianos (Durán y Kremerman, 2019, p. 3; Durán y Narbona, 2021, pp. 217-218).

Los hogares precarios constituyen una clase social extremadamente heterogénea, a la cual Gabriel Salazar llamó “nueva clase trabajadora” y la que estimó en algo como un 71 % de la población trabajadora chilena (Salazar, 2012, p. 371). Incluye a exestudiantes con títulos universitarios que no pueden encontrar un empleo calificado adecuado, y también a los habitantes de las poblaciones o de hogares rurales cuya actividad agrícola les genera muy pocos ingresos para sobrevivir. En términos algo más abstractos, está formada por hogares semiproletarios que ganan sus ingresos formal e informalmente con trabajo asalariado altamente precario y a través del trabajo en pymes y por cuenta propia. Los hogares en el campo suelen trabajar en agricultura familiar, producir para sus propias necesidades y abastecer a las ciudades con alimentos baratos. Pero también en el campo, las fuentes de ingresos que no provienen de la agricultura desempeñan un papel cada vez más importante (Alister et al., 2021). Por lo tanto, las estrategias para diversificar los ingresos de los hogares en las zonas rurales y urbanas son cada vez más similares y los ingresos por servicios son cada vez más relevantes para ambos. Lo que tienen en común es que la supervivencia de estos hogares se basa en el funcionamiento de las economías de “los que sobran”, donde pueden encontrar bienes, alimentos y servicios cotidianos baratos. Sin embargo, las economías rurales y especialmente el modo de vida indígena se basan más en los ecosistemas locales que en las economías urbanas (Schmalz, Graf, Julián-Vejar, Sittel y Alister Sanhueza, 2023). Por tanto, la ecología de los pobres es más pronunciada en las zonas rurales que en las ciudades y está protagonizada claramente por las comunidades mapuches del centro sur del país. Al mismo tiempo, las economías de “los que sobran” también incluyen grupos sociales que quieren ascender como pequeños capitalistas o que quieren ganar dinero rápido con negocios ilegales (Castillo de Herrera y Pradilla Cobos, 2015, p. 20). Por lo tanto, las asimetrías de poder también pueden desempeñar un papel en este sector. Sería necesario un estudio de datos sociales a mayor escala para diferenciar aún más la clase de hogares precarios.

Sin embargo, en general, esta clase de hogares está unida por antagonismos comunes hacia el sector capitalista, como se señaló anteriormente (ver figura 1). El principal mecanismo de formación de clases sociales hoy en Chile puede describirse como una acumulación por mercantilización, un mecanismo que socava continuamente el funcionamiento de las economías de “los que sobran”. Además, los pueblos indígenas, en particular los mapuches en el sur, pero también los pobladores que intentan construir un nuevo hogar alrededor de las grandes ciudades a través de campamentos informales, están expuestos a constantes procesos de despojo por parte del Estado o las grandes empresas.8 Por lo tanto, el antagonismo entre el sector capitalista y el sector no capitalista de las economías de “los que sobran” constituye la dinámica fundamental detrás de los principales conflictos socioecológicos en Chile. Entre estos sectores se producen conflictos por la distribución de tierra, los recursos naturales como el agua, y por la contaminación industrial, endeudamiento, los arriendos, y además, por los sistemas privatizados de pensiones, educación y salud y por los precios monopólicos en los mercados internos. Por lo tanto, el antagonismo de clases central en Chile es entre la clase propietaria del sector capitalista y los hogares precarios del sector no capitalista en torno a la dinámica de acumulación por mercantilización. Por encima de todo, esta dinámica forma un antagonismo social unificador del pueblo contra la clase propietaria, en el que partes de los hogares proletarizados privilegiados del sector capitalista también se ponen del lado del pueblo. Este antagonismo, sobre todo, se refleja en conflictos socioecológicos, por lo que Verónica Gago llama “los terrenos estratégicos de la reproducción social”, la “vivienda, alimentos, medicamentos, educación, endeudamiento” (Gago y Herrero, 2023, p. 100) y recursos como la tierra y el agua.

Figura 1. Clase propietaria y clases del pueblo. Fuente: Elaboración propia.

3. El pueblo como identidad de clase y el estallido social

De pie, luchar
El pueblo va a triunfar
Será mejor
La vida que vendrá […]

Y ahora el pueblo
Que se alza en la lucha
Con voz de gigante
Gritando: ¡adelante!

El pueblo unido, jamás será vencido
El pueblo unido, jamás será vencido

“El pueblo unido jamás será vencido” , Quilapayún (1973).

3.1. La identidad de las clases subalternas

La temática de identidades sociales colectivas se ha discutido tradicionalmente en las ciencias sociales dentro del marco de las teorías de clases. Siguiendo a Karl Marx, las clases sociales se entienden como grupos que tienen una jerarquía social y relaciones antagónicas entre sí. El antagonismo social clásico es la explotación de la fuerza de trabajo por el capital (Marx, 2008a, pp. 255-265; Wright, 1994, pp. 70-81). Los hogares proletarios explotados por el capital forman colectivamente la clase trabajadora. Sin embargo, como dijo Marx, esta clase inicialmente solo existe “en sí” y no necesariamente como una clase políticamente consciente y organizada “para sí”. Sin embargo, como demostró Edward P. Thompson (2013) en su libro The Making of the English Working Class con vistas a la historia de la clase trabajadora inglesa, esta no existe “en sí misma” antes de que exista “para sí misma” en alguna forma. Sin embargo, este “para sí” no es necesariamente un proceso político desde el principio.

Inicialmente, una clase social subalterna emerge como una identidad social dentro del contexto de experiencias cotidianas, individuales y colectivas, de antagonismo hacia las clases dominantes. Como también describió Eric Hobsbawm, la identidad social de la clase trabajadora en Europa fue un producto histórico de una serie de procesos sociales, que iban desde funerales comunitarios, festividades culturales hasta luchas colectivas por las condiciones laborales o contra el aumento de precios de alimentos (Hobsbawm, 1984, 35f, 2001). Esto crea una “conciencia horizontal” entre la gente. En estas prácticas sociales, el pueblo políticamente no representado, es decir, “los subalternos”, se convierte en un actor social independiente que emerge principalmente en esferas públicas subalternas. Estas surgen en lugares locales como las calles y plazas de mercado donde se intercambian bienes. Los lugares públicos como las tiendas locales, calles, ferias y mercados, donde se compran bienes cotidianos, así como el transporte público, desempeñan un papel central en la formación de esta conciencia horizontal que es la base de la solidaridad cotidiana entre los miembros del pueblo y la identificación del uno con el otro. La identidad social de una clase emerge en estos espacios prepolíticos. Investigadores de los Subaltern Studies, como Ranajit Guha, estudiaron las peculiaridades de estos espacios públicos subalternos que, con respecto a sociedades (pos)coloniales, él entiende como lugares públicos que permanecen radicalmente separados de la esfera pública burguesa. Según Guha (1982), el área autónoma de la política subalterna se caracteriza por la horizontalidad, los modos territoriales de organización y los vínculos personales. Para Guha, las clases subalternas, todas las cuales comparten la experiencia de ser dominadas, forman el pueblo (Guha, 1982, p. 8). Según el teórico del sistema mundo Immanuel Wallerstein, es muy común que las experiencias de clase en los países del Sur Global vayan de la mano con esta identidad colectiva del pueblo (Balibar y Wallerstein, 2011, 84ff).

3.2. La identidad social del pueblo en Chile

Como dijo José Nun (1971, p. 41) hace más de cincuenta años, los sectores populares en América Latina constituyen, en su mayoría, una “masa marginal” con un “bajo grado de ‘integración del sistema’, debido a un desarrollo capitalista desigual y dependiente que, al combinar diversos procesos de acumulación en el contexto de un estancamiento crónico, genera una superpoblación relativa no funcional respecto a las formas productivas hegemónicas”. Esto deja claro que en este punto también necesitamos un enfoque diferente al de la teoría de clases clásica siguiendo a Marx. Las clases subalternas en los países poscoloniales están formadas principalmente por hogares campesinos en las zonas rurales y los marginales en las grandes ciudades y estos no son principalmente explotados en las grandes empresas capitalistas en el sentido de Marx, sino que más bien se ven afectados por la acumulación por mercantilización. Este antagonismo unificador se expresa en experiencias permanentes de que la acumulación por mercantilización socava las propias condiciones de supervivencia en las economías de “los que sobran”. Esto une al pueblo contra la clase propietaria. Al mismo tiempo, y lo mostraré a continuación con respecto al caso chileno, este antagonismo también puede politizarse y luego ir acompañado de una gran importancia de la identidad política del pueblo. Primero, discutiré brevemente la identidad social del pueblo en Chile y luego su politización. A continuación, analizo cuatro mecanismos sociales que dan forma a la identidad social del pueblo. En primer lugar, el antagonismo socioeconómico que enfrentan los hogares precarios todos los días con las estrategias de acumulación de las empresas de la clase propietaria, que ya se ha mencionado varias veces; en segundo lugar, la diferencia social que surge en la vida cotidiana entre la elite chilena y los miembros del pueblo; en tercer lugar, el racismo de la elite hacia la “gente común”, lo que refuerza la diferencia social discursivamente y en el “sentido común” (Nun, 2015) del pueblo, y en cuarto lugar, la solidaridad desde abajo que existe entre los miembros del pueblo.

La medida en que el antagonismo social de la acumulación por mercantilización moldea la vida cotidiana de los chilenos solo puede ilustrarse con algunos ejemplos a continuación. Desempeña un papel cuando los arriendos aumentan, cuando suben los precios del gas, del transporte o de la luz, cuando se descubre una colusión de precios o cuando las industrias contaminan las aguas y el aire y enferman a los habitantes del alrededor. Una habitante de una pequeña ciudad minera en el norte de Chile expresa este antagonismo de la siguiente manera cuando habla de una empresa transnacional de cobre que opera una enorme mina en el lugar:

En el fondo vienen aquí, contaminan el ambiente, se llevan nuestras riquezas, nos dejan con un tremendo hoyo, daños irreparables en los pulmones y una serie de enfermedades que nos esperan a futuro y después ni siquiera nos dan trabajo. Contratan a algunos temporalmente para que no protesten, pero después los vuelven a despedir (Landherr, 2024, p. 322).

Mientras el citado habitante del pueblo minero habla principalmente de problemas sociales y de salud, un mapuche del sur del país destaca los grandes daños ecológicos que las enormes plantaciones forestales causan en las zonas rurales. Las especies de pino y eucalipto no nativas y de rápido crecimiento que se encuentran en todas las plantaciones forestales consumirían enormes cantidades de agua. Como consecuencia, las comunidades indígenas y campesinas sufren de una escasez de agua. Así explica un mapuche de una comunidad rural de la Araucanía:

Los efectos más […] que podemos visibilizar ahora a estas alturas del tiempo es que está generando escases de agua […] están secando los afluentes de los grandes esteros o los ríos y aquí uno puede verlo en las mismas comunidades donde nacen los esteros pequeños, los afluentes pequeños, pequeños afluentes que están insertos al interior de las forestales […] hoy día nosotros podemos verlo con nuestros propios ojos como esos caudales ya no corre con árboles que están plantados ahí pö, o sea con pino y eucaliptus podemos ver los efectos inmediatos o sea nosotros somos testigos oculares de lo que ocurre ahí (Graf, 2024, p. 254).

Los habitantes de las zonas rurales dominadas por la industria forestal no tienen ningún contacto con las grandes empresas forestales, cuyas enormes extensiones de tierra colindan con los predios agrícolas de los campesinos. Sin embargo, hoy también las relaciones con los latifundistas locales son muy limitadas. Al ser preguntado sobre estas relaciones sociales con los grandes terratenientes, un habitante dijo en una entrevista: “¿La relación con el fundo? Es como si fuera otro mundo igual. Ellos como latifundistas o como colonos, cierto, ellos se juntan entre ellos” (Graf, 2024, p. 377).

Al mismo tiempo, los mapuches y los chilenos no mapuches de su zona, quienes tienen poca tierra y viven como campesinos, conviven sin mayores problemas. Un mapuche responde a la pregunta de si las comunidades mapuches comparten con los no mapuches (los llamados “huincas”) una vida cotidiana:

Claro que sí […] se convive en esos lugares, y muchos huincas han aprendido a convivir con los mapuches también. […] hay algunos que no han logrado convivir, pero de la mayoría, tengo la impresión de que sí lo han logrado, de que sí han respetado que haya comunidades en esos lugares. Son muy pocos los que aún tiene una visión […] especialmente los más grandes, los latifundistas […] pero por ejemplo con los pequeños propietarios, no se ve que haya grandes dificultades o un problema. Pero con esos grandes propietarios de 6 mil hectáreas obviamente hay, es otra cosa (Graf, 2024, p. 416).

Esta coexistencia social de los mapuches con los no mapuches, como pueblo a nivel social en las tierras ancestrales, es un fenómeno importante. En las zonas rurales, los no mapuches en muchos casos también se integran en las comunidades mapuches, por ejemplo, a través de matrimonios y relaciones de parentesco, y a menudo las identidades chilena y mapuche no se oponen entre sí, sino que se confunden en identidades y cosmovisiones híbridas (Mora-Motta, 2024, p. 11). No obstante, la identidad mapuche sigue constituyéndose como una identidad colectiva independiente. Por un lado, la relación se caracteriza históricamente, y en parte todavía, por la discriminación racista contra los mapuches (Richards, 2016) y, por otro lado, por el hecho de que estos no se consideran políticamente parte del pueblo chileno, sino que insisten en su propio derecho, nación y autonomía (Millalén Paillal, Marimán Quemenado, Caniuqueo Huircapán y Levil Chicahual, 2006).

Sin embargo, el racismo no afecta solo a los mapuches. Hay un tipo de “racismo de clase” (Balibar y Wallerstein, 2011, pp. 204-216) en Chile. La elite chilena desprecia a la gente común cuando se refieren a ella como “roto” y los “flaite” y muchas veces con categorías con una connotación abiertamente racista, como “cholo” o “curiche”. Aquí, la “distinción social” en el sentido de Pierre Bourdieu, se mezcla con una devaluación racista, en la que el pueblo debe ser humillado como mestizo, indígena o negro, mientras que la elite se ve a sí misma como blanca y europea. Esta práctica tiene como objetivo crear una diferencia de clase en la vida cotidiana entre la clase dominante y “la servidumbre” del pueblo.

Finalmente, también existe una identificación positiva entre los miembros del pueblo. Esto surge en las esferas públicas locales, las tiendas, las calles, las ferias y en el trabajo, donde la gente se da cuenta de que la realidad social de sus vidas y sus problemas son relativamente similares. Aquí no solo surgen comunidades cotidianas del barrio, sino también actos de solidaridad. Durante los peores meses de la pandemia, durante el año 2020, aquí se recuperó, por ejemplo, la alimentación comunitaria en cocinas colectivas del barrio, las llamadas “ollas comunes” de la época de la dictadura. Por ejemplo, un cartel de Olla común decía: “El pueblo ayuda al pueblo. Si lo necesitas, no dudes en venir. Olla común.” Este sentimiento y conciencia de que “solo el pueblo ayuda al pueblo” está muy presente en Chile y a menudo se puede leer en los carteles de protesta. En este sentido, el pueblo se organiza y defiende específicamente la economía de “los que sobran”. Por ejemplo, a raíz de los constantes ataques policiales al comercio informal en Temuco en 2019, se colocó en todo el centro de la ciudad carteles que pedían proteger el comercio ambulante: “El comercio ambulante es una herramienta que tiene el pueblo para enfrentar el hambre y la cesantía. […] ¡Organizar la lucha clasista del comerciante ambulante!” (Graf, 2024, p. 371).

En resumen, todo esto deja claro que existe una cercanía social entre los miembros del pueblo, mientras que se puede identificar una clara diferencia social en la vida cotidiana en relación con la clase propietaria. Esta se crea, por un lado, por el antagonismo económico descrito, por las realidades de vida completamente diferentes, por el racismo de clase desde arriba, pero también por la experiencia de solidaridad en la vida cotidiana dentro del pueblo. La consecuencia es la existencia de una identidad social del pueblo muy importante, que está profundamente arraigada en su sentido común.

Sin embargo, el hecho de que este antagonismo unificador entre la clase propietaria y el pueblo forma las experiencias, la vida cotidiana, las diferencias sociales y conflictos y, finalmente, las identidades sociales, no es un fenómeno solamente chileno. Las “poblaciones sobrantes” de muchos países latinoamericanos están luchando contra el sector capitalista por sus condiciones de supervivencia todos los días. Como dice Verónica Gago en una entrevista con Yayo Herrero:

En América Latina, las economías populares […] son dinámicas de respuesta popular a los diferentes despojos que ha ido profundizando el neoliberalismo. Por tanto, de manera general, podemos decir que las economías populares confrontan las formas de exclusión de medios y recursos para que una gran parte de la población pueda asegurar su reproducción (Gago y Herrero, 2023, p. 119).

A continuación, explicaré cómo esta identidad social de “los que sobran” en Chile se transformó en una identidad política del pueblo.

3.3. El pueblo como identidad política y el estallido social

Las protestas que estallaron en Santiago el 18 de octubre de 2019 se convirtieron en los enfrentamientos y manifestaciones sociales más grandes de la historia reciente del país. Anteriormente, el costo de vida había aumentado desde abril de 2018. Los precios de la luz, el agua, los seguros médicos, los peajes y los arriendos habían aumentado constantemente (Albert y Miranda, 2019). A finales de 2019, se incrementaron los precios de los pasajes del metro de Santiago. Esta fue la gota que colmó el vaso. Una encuesta a fines de octubre de 2019, reveló que las mayores preocupaciones de los chilenos pasaban más bien por los bajos salarios y pensiones y los altos costos de los servicios básicos en general (Akram, 2021, p. 21). Miles de personas protestaron en las estaciones de metro, saltaron los torniquetes en las entradas de los túneles y pidieron a la gente que dejara de pagar los boletos. Hubo enfrentamientos violentos con la policía, incendios de estaciones de metro, saqueos en los grandes supermercados y barricadas en las calles y de todo eso surgieron marchas de protesta por todas partes. Durante los días, semanas y meses siguientes, millones de personas salieron a las calles, bloquearon vías importantes y ocuparon espacios públicos en todo el país. Las protestas no se detuvieron, a pesar de que el entonces presidente, Sebastián Piñera, declaró el Estado de sitio, toque de queda en casi todo el país y envió a los militares con tanques a las calles para hacer cumplir las medidas. Al final, cientos de personas resultaron heridas, muchas murieron en los enfrentamientos con las fuerzas del Estado. Hacia fines de marzo 2020, la pandemia de COVID-19 puso fin a las manifestaciones que se habían extendido por todo el país e incluso a otros países del continente.

El estallido social fue producto de la culminación de las tres crisis, la social de desigualdad en el país, la ecológica y la política de representación. El aumento de la participación de la población en instancias de educación superior en Chile desde la década de 1990 le ha dado la esperanza de una movilidad social individual a través de calificaciones más altas. Sin embargo, para la gran mayoría de quienes intentaron encontrar buenos ingresos dentro del sector capitalista, después de años de estudios y con una deuda enorme por el alto costo de las universidades, la realidad chilena de la década de 2010 solo ofreció empleo precario y temporal con salarios bajos.

En el campo se repetían las sequías, los ríos y los pozos se secaron, lo cual perjudicaba a los campesinos; en el sur, las plagas de algas –las mareas rojas– repetidamente afectaban severamente a los pescadores artesanales. La gente en el campo estaba cada vez más insatisfecha con la gestión estatal de los recursos naturales y con una situación en la que las grandes empresas extractivas estaban exacerbando la crisis ecológica con su explotación de los recursos. Estas crisis produjeron crecientes protestas desde la década de 2000. A partir de 2006, se hicieron importantes protestas estudiantiles, la llamada revuelta de los pingüinos, contra el sistema escolar neoliberal. Al principio fueron problemas concretos, como las malas condiciones de muchas escuelas, los costes de los exámenes de selección universitaria o las largas jornadas escolares, los que desencadenaron en las protestas en varios lugares. Sin embargo, pronto las protestas se dirigieron fundamentalmente contra los empresarios privados que lucraban con la educación y los estudiantes se pronunciaron a favor de un sistema de educación pública (Donoso, 2013). Las protestas de los pingüinos fueron seguidas en 2011 por protestas estudiantiles masivas contra los altos aranceles y mensualidades de las universidades, que generan una enorme deuda estudiantil. A mediados de junio de 2011, por primera vez desde la dictadura militar, más de 100.000 manifestantes marcharon por la Alameda, la calle más grande del centro de Santiago, hacia el palacio de gobierno. Muchos de ellos estaban perdidamente endeudados debido a las altas tasas de matrícula (Bellei, Cabalin y Orellana, 2014). “No al lucro” se convirtió en un eslogan común en todas las protestas (Mayol Miranda, 2019, 51ff). Las protestas estudiantiles contaron con el apoyo de amplios sectores de la población.

En la década de 2010, las manifestaciones contra el sistema privado de la educación, pero también contra el sistema privado de pensiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) registraron protestas con millones de personas participando. Pero este período no fue solo una época de protestas en las ciudades. En 2011, la población de Magallanes, en el sur de Chile, se reunió en grandes protestas, manifestaciones y bloqueos después de que la compañía petrolera estatal aumentara los precios del gas en más de un 16%. En 2012, se produjeron bloqueos de carreteras y protestas masivas en la región de Aysén. Estas estuvieron dirigidas contra la explotación de sus recursos ecológicos y los grandes proyectos de inversión en el campo de la producción de energía hidroeléctrica. Las protestas en Aysén generaron un conflicto emblemático que acercó a los movimientos urbanos y rurales (Radovic, 2013).

En 2016, los sindicatos de pescadores aislaron todo el archipiélago de la isla de Chiloé del continente durante varias semanas durante las protestas. En primavera, grandes barcos de transporte de la industria salmonera botaron toneladas de peces muertos al mar frente a las costas. Unas semanas más tarde, una plaga de algas provocó muertes masivas de peces en el archipiélago insular y el gobierno reaccionó por motivos sanitarios prohibiendo la pesca y el buceo en busca de mariscos (Mondaca Mansilla, 2021). La población local, que depende de la pesca y del buceo en busca de productos del mar, enfrentó dificultades económicas y culpó a la industria del salmón por el desastre ambiental. Estallaron grandes protestas, que iban dirigidas no solo contra la industria salmonera, sino pronto también contra toda la apropiación extractivista de Chiloé.

Al mismo tiempo, en todo el país hay disputas directas por la tierra y los recursos. Un caso especial es la lucha mapuche en la región del Biobío y la Araucanía, territorio ancestral de los mapuches, el Wallmapu. Aquí, especialmente desde finales de la década de 1990, los mapuches han luchado intensamente por sus territorios mediante bloqueos de carreteras, quemas de máquinas forestales y camiones y tomas de tierras. Su principal oponente es la gran industria forestal, cuyas áreas de plantaciones se han expandido gradualmente en las últimas décadas (Graf, 2024; Mora-Motta, 2024; Tricot, 2009). Los mapuches han demostrado ser un movimiento particularmente radical, fuerte e incorruptible, contra las industrias extractivas en Chile. También hay luchas en las ciudades por la tierra, el control territorial y el acceso a los espacios públicos. Por ejemplo, los pobladores forman un movimiento social con una larga tradición en Chile (Salazar, 2012, 169ff). Las ciudades chilenas están rodeadas de campamentos informales. La toma como práctica de las “masas marginales” de las afueras de las ciudades y las organizaciones de pobladores siguen siendo muy importantes y activas en Chile.

El estallido social puede entenderse como una protesta contra la acumulación por mercantilización y contra la clase propietaria. El antagonismo socioeconómico se convirtió cada vez más en un antagonismo político entre clase propietaria y pueblo, especialmente en la década de 2010 y durante el estallido social. Esto queda claro en eslóganes omnipresentes como “no al lucro” o “nos quitaron tanto, que nos quitaron hasta el miedo”.

Como parte de este antagonismo, la revuelta de octubre reunió a graduados universitarios, trabajadores precarios en instituciones públicas como hospitales y escuelas, los trabajadores informales y formales en las pymes y los “marginales” de las poblaciones y suburbios. Estas “masas marginales” o los “rezagados”, como los llama Hassan Akram (2021, pp. 56-73), no tuvieron ningún actor que las liderara en las protestas, ni jerarquías organizativas ni representantes de partidos políticos. Un lema que, al principio, expresó muy bien la dinámica reivindicativa del estallido social fue el siguiente: “No somos de izquierda ni somos de derecha, somos los de abajo y vamos por los de arriba” (Akram, 2021, p. 78). El movimiento se organizó sobre todo en forma de la primera línea, que defendió las manifestaciones contra la represión policial en las marchas, en forma de una atención médica autoorganizada para tratar los heridos en el entorno cercano de las marchas, y en forma de los cabildos como lugares para las discusiones políticas en los barrios después de las marchas. Según la opinión mayoritaria, los cabildos en particular deberían ser la organización privilegiada para acordar la orientación política del movimiento. Durante este tiempo, la clase de hogares precarios no solo fortaleció su propia identidad política como pueblo, sino que también formó sus propias formas de organización política que duraron al menos temporalmente.

Pero el estallido social también puede entenderse, en muchos sentidos, como una lucha por y un fortalecimiento de las economías de “los que sobran”. Por ejemplo, cerca de San Antonio, grupos vecinales destruyeron una presa de una compañía de agua y desviaron el cauce de regreso al río Maipo para garantizar el suministro de agua para sus economías locales; en el sur, los mapuches intensificaron sus luchas por la tierra y en los suburbios de Santiago, los pobladores ocuparon tierras para construir sus casas. El comercio informal estaba volviendo en todas partes, ya que la policía no tenía fuerzas para sacarlo de las calles y multarlo. En muchos lugares, el comercio también sufrió las incertidumbres sociales y políticas y las destrucciones asociadas con las protestas, pero al mismo tiempo sus tiendas no fueron el objetivo de las piedras de los manifestantes. En varios casos, los propietarios de pequeños comercios también expresaron su solidaridad con las protestas, como en Temuco, donde un peluquero pegó en su puerta un cartel improvisado que decía: “¡ES UN LOCAL DE FAMILIA, DEL PUEBLO, NO HAGAN DAÑO, ESTAMOS CON USTEDES!”.

Todos estos nuevos fenómenos y luchas políticas y sociales asustaron a la elite chilena. La esposa del entonces presidente Sebastián Piñera, Cecilia Morel, escribió en las redes sociales:

[…] yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy grave. […] Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados.

Y agregó, “Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla” (Landaeta y Herrero, 2021, 78ff). La descripción de las masas manifestantes como “alienígenas” sugiere que quienes se encontraban en el poder, incluyendo a la primera dama, estaban muy asustados, pero también muestra gran alienación de la elite del pueblo y que no pudieron captar adecuadamente las protestas de las “masas marginales”, tanto social como políticamente, y no supieron cómo afrontarlo. En resumen, la alienación de la clase propietaria de Chile del pueblo se vuelve visible una vez más en el estallido social y se refleja en el miedo de pánico profundamente arraigado y ahora abierto de la elite al pueblo, la clasificación de las protestas como un levantamiento de los “flaites”, “rotos” y “choros”, así como el deseo de una represión masiva contra las manifestaciones (Chatzikoumi, 2023; Foitzick Reyes y Maldonado, 2020).

Sin embargo, poco a poco, al menos los frentes políticos se fueron aclarando. Si bien, al comienzo del estallido social muchos carteles decían “no somos ni de derecha ni de izquierda” y en las protestas, en un comienzo, se portaban mayoritariamente símbolos apolíticos como uno de Pikachu, y a pesar de que ni los partidos de izquierda ni los sindicatos lograron unir realmente las protestas, finalmente fue la larga cultura de izquierda la que logró darle una dirección política a las manifestaciones. Gradualmente, la identidad social del pueblo se transformó en una identidad de clase politizada en el curso de las protestas. Largas tradiciones históricas de izquierda, como la Nueva Canción Chilena, a través de medios culturales le dieron un hogar ideológico al sentido común, la ira del pueblo y el deseo urgente de cambio. Canciones tradicionales de Víctor Jara, Violeta Parra y los Prisioneros se cantaron colectivamente y fueron las primeras señales de que el levantamiento, al inicio aparentemente apolítico y caótico, era parte de una tradición política de izquierda. Miles de personas cantaron en las grandes plazas, temas como “El derecho de vivir en paz”, de Victor Jara, o “El pueblo unido jamás será vencido” con el grupo Inti Illimani. Imágenes de esto circularon a través de todas las redes sociales y emocionaron a la gente en todo el mundo. Esto también demostró que el escepticismo acerca de llamarse de izquierda no era una expresión de una desilusión general con la política, sino más bien una muestra de insatisfacción con la clase política y los partidos existentes. En particular, las demandas y la identidad politizada como pueblo mostraron claramente el carácter de clase del movimiento y el eje del conflicto a lo largo de las relaciones de clase. Ser parte del pueblo ahora significaba ser parte de las luchas sociales.

Sin embargo, la rebelión de octubre 2019 en adelante también fue, en gran medida, un levantamiento de las mujeres chilenas. Organizaciones feministas como la Coordinadora Feminista 8M y el grupo Las Tesis, con su performance “Un violador en tu camino”, jugaron un papel importante. No sorprende, por tanto, que la mayor manifestación a raíz del estallido social, con dos millones de participantes, tuviera lugar solo en Santiago el 8 de marzo de 2020, Día Internacional de la Mujer. Además de los movimientos feministas, la lucha mapuche también tuvo un gran significado simbólico. En todas partes, desde el sur hasta el extremo norte del país, la bandera indígena mapuche (Wenufoye) encabezó protestas (Pacheco Habert, Torres-Alruiz y Cuevas Vargas, 2021). Por un lado, esto sorprende porque, en comparación con países como Bolivia o Ecuador, solo una parte relativamente pequeña de la población de Chile es mapuche. Por otro lado, el conflicto centenario entre el Estado y los mapuches en Chile simboliza la lucha de una resistencia antiestatal, anticapitalista, antiextractivista y anticolonial.9 Los mapuches son la representación –en parte romantizada– de la defensa de las economías de “los que sobran” y un modo de vida que está en armonía con la naturaleza. En este sentido, son un ejemplo modélico de un ambientalismo de los pobres y una lucha por la reivindicación de los recursos (re)productivos por el pueblo. Este papel específico de los mapuches y el movimiento feminista como vanguardia de las economías de “los que sobran” plantea la cuestión de ¿por qué estos movimientos representan las luchas del pueblo?

En este país, como hemos visto, los conflictos de clase toman la forma de conflictos socioecológicos y giran en torno a las economías de “los que sobran” y, por esto, en torno a la distribución de recursos. Estos conflictos tienen lugar principalmente con referencia a la esfera de reproducción de los hogares precarios. Dada la gran importancia y las dinámicas de las economías de “los que sobran” y de las luchas de “las masas organizadas –el pueblo–” (Svampa, 2019, p. 42), es improbable que los movimientos obreros clásicos representaran un poderoso rol en las luchas de clases en Chile. Esto significa que los conflictos de clases no tienen un enfoque en las relaciones de trabajo en el sector capitalista, como se entendió originalmente en el marco de la teoría de clases, sino que giran más bien en torno a cuestiones de reproducción. Como consecuencia, diversos movimientos como el feminismo y la lucha de los mapuches desempeñan un rol importante en las protestas. Dado que la sobrevivencia cotidiana del pueblo se basa en las economías de “los que sobran”, no es el movimiento obrero tradicional el que da forma significativa a las luchas sociales, sino más bien los movimientos que defienden las condiciones de reproducción de los hogares precarios en la ciudad y el campo. Las luchas por las economías de “los que sobran” están lideradas en gran medida por los movimientos feministas y las reivindicaciones de tierras y los recursos contra el sector capitalista, como en el caso de los mapuches. Esto explica por qué estos movimientos son tan importantes en las luchas del pueblo contra la clase propietaria.

3.4. El pueblo entre unidad y desintegración

Una gran parte de la población mundial, y en particular la inmensa mayoría de los habitantes del Sur Global, depende de las economías de “los que sobran” para su supervivencia diaria. Particularmente, la reproducción de los hogares precarios se basa en estas actividades formales e informales en el comercio, la artesanía y la agricultura familiar. Sin embargo, con el neoliberalismo que se impone desde hace décadas, el sector capitalista que sigue expandiéndose y el cambio climático cada vez más dramático, estas economías de “los que sobran” se han vuelto cada vez más precarias. El comercio ambulante es expulsado de las calles, la artesanía sufre las consecuencias de los productos importados baratos y la agricultura familiar entra cada vez más en crisis debido a los bajos precios de sus productos, la inseguridad de los mercados, los pequeños predios, la escasez de agua y un clima inestable. Como consecuencia, los ingresos, la alimentación y el empleo son cada vez más precarios, la vulnerabilidad de los hogares más pobres aumenta y estos dependen cada vez más de las transferencias sociales del Estado. Esto es especialmente cierto en un país extractivista y neoliberal como Chile, gravemente afectado por el cambio climático. El modelo económico del país, que caractericé como socialmente excluyente y ecológicamente destructivo, socava especialmente las economías de “los que sobran”, que son de tanta importancia para el gran número de hogares precarios.

En este artículo he demostrado que estos procesos van de la mano de conflictos socioecológicos en los que cobran importancia nuevos y viejos movimientos e identidades políticas. Como he explicado, la mayoría de estos grandes conflictos sociales giran en torno al antagonismo socioecológico entre pueblo y clase propietaria, impulsado por la acumulación por mercantilización. Esta mercantilización de todas las cosas no es casual, sino el modo central de acumulación de capital de la clase propietaria chilena. La mercantilización de todo conduce a un antagonismo entre esta clase propietaria y el pueblo, ya que la reproducción social de los hogares precarios del pueblo y las importantes economías de “los que sobran” se vuelven cada vez más precarias como resultado de esta progresiva mercantilización. Hoy en día, esta crisis de la reproducción de los hogares precarios es una de las principales fuentes del descontento actual en Chile (Jiménez-Yañez, 2020; Pizarro Hofer, 2020). La crisis social de reproducción de los hogares tiene que ver, no solo con la gran precariedad laboral y los bajos salarios en Chile, sino también con el alto costo de vida (alquiler, luz, agua, transporte, medicamentos, alimentos etcétera) y el costo de los servicios básicos (sistema de salud, educación, sistema de pensiones). En particular, el costo de vida y la privatización de los bienes públicos (educación, pensión y salud) son el punto de partida de las protestas sociales en Chile. A esta crisis social se suma la ecológica, provocada por el cambio climático, la escasez de agua, la contaminación industrial, la destrucción de ecosistemas por las industrias extractivas y la consiguiente competencia por recursos entre el sector capitalista y las economías de “los que sobran”. Como consecuencia, en la actual crisis social y ecológica el antagonismo producido por la acumulación por mercantilización une al pueblo contra la clase propietaria, por eso hablo también de un antagonismo unificador.

Este antagonismo unificador está siempre presente en la supervivencia cotidiana de la población chilena. Se experimenta cuando suben los precios de la luz, cuando las colusiones entre las grandes empresas alzan los precios de los bienes cotidianos y elevan el coste de la vida, cuando hay que pagar un servicio de una clínica privada en caso de enfermedad o cuando las pensiones del sistema privatizado son demasiado bajas. Este antagonismo unificador dio lugar a movimientos tan diversos como el movimiento contra el sistema de peaje (“no más TAG”),10 el movimiento contra el sistema privado de pensiones (“no más AFP”), los movimientos contra el sistema privado de educación (“no al lucro”) y los movimientos por la reivindicación del agua o contra la contaminación del medio ambiente del pueblo por las industrias (“no más zonas de sacrificio”). Todos estos movimientos se movilizan contra el modo dominante de acumulación de capital de la clase propietaria chilena, caracterizado como acumulación por mercantilización. En este sentido, los problemas socioecológicos en Chile se pueden entender como conflictos de clase. A diferencia del movimiento obrero tradicional y los conflictos de clase entre trabajo asalariado y capital, aquí el antagonismo social predominante no es el de la explotación, sino el de la mercantilización.

Los conflictos de clase muchas veces van de la mano con identidades de clase. Como he argumentado, en el contexto de estos conflictos la identidad social del pueblo se convirtió en una identidad de clase política. Como ya se ha explicado, las tradiciones culturales de izquierda, símbolos del gobierno socialista de Salvador Allende y las canciones de la Nueva Canción Chilena jugaron un papel central en este proceso de politización. De esta manera, la identidad social del pueblo, moldeada por experiencias cotidianas, devaluaciones clasistas y racistas y una solidaridad unificadora desde abajo, se ha transformado en una identidad política. A diferencia del movimiento obrero clásico, la identidad de clase no consiste en la identidad del obrero, sino en la identidad colectiva del pueblo.

La vanguardia política del pueblo en sus luchas en Chile durante el estallido social fue en muchos sentidos el movimiento feminista y la lucha mapuche. Esta última fue percibida como anticolonial, anticapitalista y antiextractivista por la gran mayoría en las protestas. El movimiento feminista, por otro lado, no se percibía como un movimiento académico, sino como un “feminismo de los pueblos” (Sampietro, 2020). En este sentido, mientras que el movimiento feminista fue un símbolo radical para la defensa de la reproducción social de los hogares precarios, la lucha mapuche representó la lucha más radical de una “ecología de los pobres” (Martínez-Alier, 2002) contra las empresas extractivas de la clase propietaria. En última instancia, todos estos movimientos han reforzado la identidad del pueblo como identidad de clase frente a la clase propietaria (Graf y Landherr, 2020). Esta estrecha vinculación de las “poblaciones sobrantes” con los movimientos feministas e indígenas no es algo específico de Chile, más bien, esta conexión juega un papel importante en toda América Latina (Cabrapan Duarte, 2022). Como explica Verónica Gago en la entrevista mencionada anteriormente: “La lucha antiextractivista, contra el despojo, por ejemplo, pero también las formas de disputar recursos públicos como parte de infraestructuras comunes es una manera potente, desde los movimientos feministas, populares y ecologistas de plantear otros desarrollos y, sobre todo, abrir la pregunta por la reapropiación de la riqueza colectiva” (Gago y Herrero, 2023, p. 105).

Sin embargo, no se debe ignorar que esta identidad social y el actor político del pueblo es siempre heterogéneo y susceptible a divisiones. Por un lado, esto se debe al hecho de que dentro del pueblo también existen formas de devaluación racista y clasista, violencia patriarcal y explotación. Además, por ejemplo, el pueblo mapuche se ve a sí mismo como un actor cultural y político independiente y se resiste a su inclusión discursiva en el pueblo chileno. Más bien, esto se considera una continuación de una política colonial de asimilación (Millalén Paillal et al., 2006). Este énfasis en la heterogeneidad dentro de la clase de los hogares precarios y sus diferencias es de gran importancia, pero en situaciones como el Plebiscito Constitucional de Chile de 2022 también ha llevado a que se haga demasiado hincapié en estas preocupaciones particulares y a que el aspecto unificador quede demasiado relegado a un segundo plano (Svensson, 2022). Por otro lado, la política de derecha, especialmente en la línea del cada vez más exitoso político de extrema derecha José Antonio Kast, siempre se esfuerza por dividir al actor pueblo y movilizarlo contra los inmigrantes, los indígenas y los movimientos sociales.

En el futuro, será crucial para el pueblo chileno politizar el antagonismo unificador con tanta fuerza como en la década de 2010 y, al mismo tiempo, anteponer la identidad política del pueblo como identidad de clase. Las divisiones provocadas por la difamación de la lucha mapuche como terrorista o del movimiento feminista como woke deben ser rechazadas, porque solo a través de la defensa radical y el fortalecimiento de las economías de “los que sobran” se puede poner en pie más estable y cada vez más seguro la reproducción social de los hogares precarios en las crecientes crisis actuales.

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1. “Profesor con magíster debe cantar en las micros para poder ganarse la vida”, http://www.australtemuco.cl/, 6 de noviembre de 2019.

2. Ver ILO: “Micro, Small and Medium Enterprises”; URL: https://www.ilo.org/topics/micro-small-and-medium-enterprises, accessed: 18.7.2024.

3. Por el término relaciones laborales en el sector capitalista “en sentido estricto” me refiero a aquellas relaciones laborales en grandes empresas que, en palabras de Marx, se caracterizan por una “subsunción real del trabajo en el capital”, Marx (2008b, p. 618).

4. Ver Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2023&locations=CL&start=1990, acceso: 2 de octubre 2024.

5. Ver Banco Mundial, https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHL/Year/2022, acceso: 2 de octubre 2024.

6. Ver Banco Mundial, https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAHC?locations=CL, acceso: 2 de octubre 2024.

7. Ver Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.NE.ZS?locations=CL, acceso: 6 de noviembre 2024.

8. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo define a los campamentos de la siguiente manera: “Asentamientos de ocho o más hogares que habitan en posesión irregular un terreno, con carencia de al menos uno de los tres servicios básicos (electricidad, agua potable y sistema de alcantarillado), cuyas viviendas son precarias, y se encuentran agrupadas y contiguas.” En 2024, había 1.432 campamentos de este tipo en Chile, ver: https://www.minvu.gob.cl/catastro-campamentos-2022, acceso: 18.10.2024.

9 Este recurso a lo mapuche como identidad combativa frente a autoridades internas o externas tiene una larga tradición que se remonta a las guerras de independencia: “La Independencia de Chile, como es natural, fue ajena a los mapuches. Sin embargo, estos se vieron envueltos en las guerras entre patriotas y realistas, cuando el escenario bélico se trasladó al sur. A pesar de la ausencia indígena en la lucha contra España, el tema “araucano” estaba presente en el discurso patriota. Los criollos independentistas vieron en la “guerra araucana” el antecedente inmediato de la lucha anticolonial: construyeron un discurso que retomaba las viejas banderas de Lautaro y Caupolicán […]” Bengoa (1985, p. 135).

10. El TAG es un sistema de control electrónico en las autopistas chilenas que cobra una tasa por el uso de estas vías.

Identidades rurales colectivas

El campesinado chileno

Anna Landherr

Introducción

Aprieto firme mi mano
Y hundo el arado en la tierra
Hace años que llevo en ella
¿cómo no estar agotado?
Víctor Jara, El Arado

Si observamos los cambios en el metabolismo social se evidencia que la agricultura a lo largo de la historia siempre ha sido una fuente de energía, mientras que con su industrialización por primera vez comenzó a consumir más energía de la que le proporciona a la sociedad en forma de alimentos (Fischer-Kowalski et al., 1997). La agricultura intensiva a gran escala no solo necesita de una gran cantidad de insumos en forma de fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos, así como de combustibles fósiles, sino que a nivel energético es intrínsecamente insostenible. En ese sentido, en el actual contexto de crisis ecológica, la agricultura a pequeña escala representa una alternativa sustentable de producción de alimentos frente al imperante modelo de monocultivo agroindustrial (FAO, 2014). En comparación con la agricultura industrial, la familiar contribuye en gran medida a la protección de la biodiversidad. La FAO subraya en la presentación del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028) que esta tiene un gran potencial para mejorar la gestión de los recursos y la protección del medioambiente.

Por otro lado, el Reporte de la FAO The State of Food and Agriculture 2014 destaca que la agricultura familiar produce el 80% de los alimentos consumidos a nivel mundial y, por lo tanto, representa la base de la seguridad alimentaria global.1 Esta agricultura familiar usa, en promedio, menos de dos hectáreas de superficie por unidad y representa entre un 12 y un 20% de la tierra agrícola mundial. De esta manera, en los últimos años, ya no se trata solo de debates aislados, como por ejemplo la perspectiva de subsistencia ecofeminista, que destacan la relevancia del trabajo invisible, no renumerado o mal pagado de las dueñas de casa y las trabajadoras del cuidado, de los agricultores de subsistencia y de los pequeños productores del sector informal como fundamento del sistema capitalista (Mies y Shiva, 2016), sino organizaciones internacionales como la FAO e incluso instituciones como el Banco Mundial y el FMI. Todas estas destacan el rol fundamental, principalmente, de los pequeños campesinos para hacer frente a la compleja situación actual de crisis múltiples y a la vez dan cuenta de la funcionalidad de estos grupos para el mantenimiento y funcionamiento del sistema económico imperante (Leyva Remón, 2012).

Sin embargo, en los actuales debates sobre transformaciones socioecológicas del sistema productivo y energético capitalista, así como del metabolismo social que este conlleva –necesarias para hacer frente al cambio climático–, estos grupos no son considerados como actores estratégicos, ni menos como fuerza social de cambio. Mientras los impulsores de un “capitalismo verde” le conceden prioridad a innovaciones tecnológicas impulsadas por las grandes empresas y las políticas estatales dentro del sistema imperante (Martínez-Alier, 2016), los debates sobre transformaciones socioecológicas que implicarían la superación del sistema capitalista como tal, destacan a los movimientos sociales e indígenas, a la sociedad civil y a las organizaciones de trabajadores y obreros como actores claves (ibíd.; Acosta y Brand, 2018). En ambos casos, el campesinado y su forma de vida y producción muchas veces son vistos como una herencia premoderna y precapitalista pasajera, un grupo retrasado, improductivo, residual y mayoritariamente conservador, en pocas palabras: una no-alternativa para el futuro (de Sousa Santos, 2010; Leyva Remón, 2012, Alimonda, 2019). En ese sentido, ambos debates parecen compartir una perspectiva eurocéntrica que no incluye en el análisis y en las proyecciones, realidades (semi)periféricas como las latinoamericanas, ni en lo que se refiere a su pasado colonial, ni tampoco en cuanto a las formas productivas dominantes en estas regiones, así como los grupos sociales que están detrás de ellas.

Al mismo tiempo, tanto la evidencia empírica, por un lado, en referencia a la relevancia de la agricultura familiar para la seguridad/soberanía alimentaria y como alternativas de producción agrícola sustentables y compatibles con el medioambiente, así como, por el otro lado, el pasado histórico del campesinado como fuerza social inmanente en las grandes revoluciones del continente y, por último, su lucha y resistencia actual, revelan la necesidad de pensar el campesinado como posible actor estratégico y como fuerza social de cambio y, así, la importancia de “reabrir el debate latinoamericano sobre el campesinado como clase social” (Bartra, 2010; Leyva Remón, 2012). Siguiendo este planteo, el proyecto que da marco a este capítulo busca indagar en el potencial del campesinado como agente de cambio y adaptación frente al cambio climático, así como en sus principales desafíos, sobre todo en términos ecológicos y económicos. Para esto, un primer paso será estudiar la existencia de una identidad o identidades colectivas que permitan pensar a los campesinos (y los campesindios) como fuerza social. Este capítulo se basa en los resultados de una investigación empírica exploratoria realizada en enero del 2024 en la región chilena de O’Higgins y pretende dar cuenta de un primer boceto sobre los mayores desafíos del campesinado chileno en estos tiempos de crisis múltiples (Svampa, 2020), así como sus formas de organización y las identidades colectivas presentes en el campo actualmente. Para eso, después de presentar las bases teóricas y el actual estado de la investigación, se pasará a una breve presentación de los actuales estudios sobre el campesinado chileno y de la metodología de investigación, para luego presentar los principales resultados, dándoles un especial espacio a las voces de las personas entrevistadas, y terminar con conclusiones preliminares que permitan orientar una investigación futura de mayor envergadura sobre este tema.

1. Acercamientos teóricos al campesinado como actor estratégico

En los debates actuales sobre el desarrollo social y económico en el contexto de la crisis múltiple a nivel mundial (Svampa, 2020), se suele hacer referencia a las cifras macroeconómicas, pasando por alto los centrales argumentos feministas, que afirman que la supervivencia cotidiana de la mayoría de la población depende de las actividades cotidianas de subsistencia y, a menudo, del trabajo informal (Werlhof et al., 1988; Schultz, 2016; Meillassoux, 1983). En las (semi)periferias del sistema-mundo el trabajo asalariado, además, está lejos de ser la forma dominante y única de apropiación capitalista y la economía familiar campesina está lejos de desaparecer. Es más, esta última se ha transformado (junto con los pequeños productores en general, el sector informal y los trabajos de cuidado) en un sector funcional y necesario para el sistema capitalista, ya que asegura y permite la reproducción barata de la población y con ellos también la posibilidad de (sobre)explotación de la fuerza laboral (Graf, 2024a). La investigación feminista actual sobre la “reproducción social” retoma esta línea argumental y deja claro que el mundo se derrumbaría rápidamente sin el trabajo de cuidados en los hogares y las instituciones públicas donde se cuida a niños, familiares, enfermos y ancianos (Bhattacharya y Vogel, 2017; Fraser, 2016; Winker, 2021). En conjunto, actualmente se puede diagnosticar un cierto retorno científico a las “economías fundamentales” (Foundational Economy Collective, 2019) de la convivencia social. En ese contexto, la investigación sobre el Sur Global muestra que la agricultura familiar es una “economía fundamental” esencial de la reproducción social para los grupos vulnerables de esas regiones (Mezzadri et al., 2024; Lowder et al., 2021; FAO, 2014). La agricultura campesina, por lo tanto, es esencial para el funcionamiento del sistema económico imperante y, al mismo tiempo, está constantemente amenazada por la expansión capitalista, la mercantilización, la reestructuración productiva en el marco de la hegemonía neoliberal y, principalmente, la constante expansión de las fronteras extractivas (Svampa, 2020), produciendo transformaciones y reconfiguraciones de corte socioeconómico, político, simbólico cultural y con ello también de las identidades colectivas rurales (Alister et al., 2022).

El pensamiento crítico sobre el desarrollo señala que las sociedades del Sur Global se caracterizan generalmente por la continuidad de una estructura económica dual que consiste, por un lado, en un sector económico dominante, orientado a la exportación de materias primas y, por otro, en un sector de prácticas económicas a pequeña escala, independientes y a menudo informales (Córdova, 1973; Sanyal, 2014; Graf, 2024a, p. 122 y ss.). La supervivencia de gran parte de la población mundial se basa en este último sector que, desde la década de 1970, suele denominarse en términos generales “economía informal” (Hart, 1973). En este sentido, los enfoques feministas hablaron de una “economía de subsistencia” (Werlhof, et al., 1988; Schultz, 2016) y la ecología política analiza los conflictos socioecológicos asociados a la competencia entre la economía de exportación centrada en la explotación de materias primas y la economía de subsistencia de las comunidades locales (Martínez-Alier, 2002; Backhouse, 2022; Graf, 2022; Alimonda, 2019). La agricultura familiar es un ámbito especialmente importante de estas economías de subsistencia en el Sur Global. Según cálculos de la FAO (2014, p. 8, p. 93), las más de 500 millones de explotaciones familiares en todo el mundo representan más del 90% de las empresas agrícolas y producen alrededor del 80% de los alimentos del mundo. En ese sentido, las investigaciones y los informes actuales, confirman los planteamientos teóricos expuestos arriba, demostrando que la agricultura familiar en los países del Sur Global tiene una importancia destacada para la reproducción social y, en particular, para alimentar a los sectores vulnerables de la población (Mezzadri et al., 2024; FAO, 2014; Lowder et al., 2021). Sin embargo, esta enorme relevancia de la agricultura familiar para la nutrición y el empleo de los sectores pobres y vulnerables de la población contrasta con una crisis económica, social y ecológica ampliamente reconocida en la pequeña agricultura familiar (Grill, 2023; Bernau, 2008; Bernstein, 2010; Borras et al., 2022).

Por otro lado, el cambio climático no solo amenaza ecosistemas completos, sino también las oportunidades de empleo e ingreso y la seguridad alimentaria, sobre todo de los grupos más vulnerables de la población en el Sur Global (IPCC, 2023, p. 12; Nagcamu, 2023; Lenton et al., 2023). En ese sentido, sobre todo en las (semi)periferias latinoamericanas del sistema-mundo, los pequeños campesinos, en las últimas décadas, se encuentran en una constante tensión entre, por un lado, la amenaza existencial, tanto económica como la referente a la destrucción de sus bases productivas y de sustento de vida, y por otro, su rol fundamental en la reproducción de sociedades latinoamericanas (sobre)explotadas, semiproletarizadas y con grandes porcentajes de “superfluos” (Graf, 2024a), amortiguando a la vez los efectos negativos de las crisis económicas a nivel societal. Siendo así, por un lado, funcionales al modo de producción capitalista en esta región y representando, por el otro lado, una alternativa y persistente resistencia a este mismo. Las últimas crisis económicas aumentaron esta tensión, al precarizar la producción agrícola (Alister et al., 2022) y reafirmar a la vez su relevancia en la reproducción de sociedades precarias. Siguiendo los planteamientos anteriores, la agricultura familiar tiene una importancia crucial para la supervivencia de los sectores vulnerables de la población de estos países en tres aspectos: en primer lugar, dependen de los alimentos baratos procedentes de la agricultura familiar; en segundo lugar, crea importantes oportunidades de empleo en las zonas rurales; y, en tercer lugar, contribuye a la preservación de importantes ecosistemas locales. En la actualidad, sin embargo, la crisis existente en la agricultura familiar del Sur Global y en otros grupos vulnerables frente a cambios en su entorno, se está agravando drásticamente debido al avance de la crisis climática. En ese sentido, la subsistencia de sectores vulnerables de la población no solo depende de factores sociales y económicos, sino también de la existencia de ecosistemas locales intactos.

En consecuencia, el fortalecimiento de la resiliencia climática se está convirtiendo cada vez más en el centro de atención de las políticas y la investigación.2 El proyecto roza así la investigación sobre la resiliencia climática, pero en el contexto de las críticas de las ciencias sociales al pensamiento de la resiliencia (Bröckling, 2017; Bonß, 2015; Graefe y Becker, 2021; Chandler, 2014; Walker y Cooper, 2011), yendo más allá del enfoque de la teoría de la complejidad elegido con frecuencia (Holling, 2001). El campo de la investigación sobre la resiliencia y la adaptación al cambio climático hasta ahora se ha caracterizado por la falta de estudios sobre los “fundamentos de la supervivencia” o las “economías de subsistencia” en sentido amplio. En ese sentido, la investigación analiza la importancia de la agricultura familiar para la resiliencia de los sectores vulnerables de la población en el Sur Global, aportando así también a visibilizar un punto ciego de los actuales debates sobre resiliencia climática.

Los debates sobre la necesidad de fomentar la seguridad alimentaria tienen lugar de forma paralela, pero sin cruzarse hasta el momento. En ese contexto, incluso los ODS afirman explícitamente que es urgente seguir investigando la cuestión de cómo hacer resilientes los sistemas alimentarios locales.3 Las instituciones latinoamericanas también se centran actualmente más en la agricultura familiar. Según la Asociación Regional de Países de América Latina y el Caribe (CELAC), la “promoción de sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles y resilientes al cambio climático [...]” (CELAC, 2024, p. 30) es un pilar central de las estrategias actuales para la seguridad alimentaria en América Latina y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) aboga actualmente por una “década de la agricultura familiar”, que justifica por su contribución a la seguridad alimentaria y al desarrollo sostenible, en particular en las zonas rurales.4 En resumen, el campesinado puede identificarse tanto como actor estratégico en lo referente a la seguridad y soberanía alimentaria (FAO, 2014, Svampa et al., 2023; Mançano, 2014), en la reproducción de los hogares, para la amortiguación de crisis económicas (como se evidenció durante la escasez de suministros originados por la pandemia del COVID-19),5 como alternativa regional y sustentable frente a la agroindustria y en cuanto a la protección de ecosistemas locales y el mantenimiento de la biodiversidad local. En ese sentido, se vuelve un actor central en cuanto a la resiliencia y adaptación de sociedades frente a la crisis ecológica, siendo a la vez un actor extremadamente vulnerable frente a las crisis múltiples (Svampa, 2020). De este modo, cumple un rol funcional y al mismo tiempo, de resistencia frente al sistema económico imperante.

Hasta el momento, los estudios existentes tienden ser estimaciones cuantitativas más que análisis empíricos concretos sobre cómo la agricultura familiar local contribuye específicamente a la reproducción social de los grupos vulnerables y qué problemas y fenómenos de crisis surgen en el contexto del cambio climático. Sin embargo, existen algunas excepciones, como las obras de José Bengoa y José Tomás Ibarra, quienes han estudiado al campesinado, su historia, sus principales desafíos actuales y sus estrategias para sobrellevarlas –desde otras disciplinas–, recopilando conocimiento muy fructífero para nuestra investigación. En el siguiente apartado se presentará el campesinado chileno a través de la literatura existente, dando cuenta así del contexto y del estado de la investigación.

2. El campesinado chileno antes y hoy

2.1. El campesinado como actor de cambio: la Reforma Agraria y las herencias de la dictadura militar

Antes de la reforma [agraria] teníamos una agricultura retrasada y un sistema de relaciones laborales heredado de la Colonia. La hacienda y el latifundio se caracterizaron por poseer grandes cantidades de tierras, muchas de las cuales eran improductivas, no se pagaban impuestos por ellas y el campesino se veía carente de derechos, sometido y sobreexplotado en un sistema que les asignaba roles de afuerino, obligado o inquilino, mientras el patrón explotaba a sus trabajadores imponiendo las condiciones de trabajo y pago, y actuaba, según las circunstancias, como amo paternalista o cruel (Organizaciones Nacionales Campesinas, 2017, p. 175).

En esos tiempos las condiciones laborales y de vida eran de extrema pobreza y el analfabetismo en las zonas rurales alcanzaba cerca del 100% (ibíd.; Chonchol, 2017, p. 6). A raíz de esta situación, entre 1967 y 1973 se produjo en Chile un intenso ciclo de conflictividad social que tuvo una notable incidencia en el campo, tal y como analizaron numerosos investigadores sociales ya en la década de 1970 (Redondo, 2017, p. 176; Bengoa, 2016, p. 73 y ss.). Buscando controlar una revuelta campesina inminente a mediados del siglo XX, el gobierno de Eduardo Frei Montalva dictó las leyes N.º 16.640 de Reforma Agraria y la N.º 16.625 sobre Sindicalización Campesina (Bengoa, 2016; Chonchol, 2017, p. 9). Estas implicaron, junto con otras normativas, un cambio radical en las formas de tenencia de la tierra en Chile, al promover a la vez la organización sindical, cambiar las relaciones laborales y finalmente mejorar la calidad de vida de este importante sector productivo del país. Según datos del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP), antes de la reforma agraria, un 7% de las explotaciones (10.000 latifundios) concentraban el 81% de la superficie total y un 78% de la superficie agrícola. Mientras, el nivel de sindicalización de los campesinos era bajo, con solo 32 sindicatos y un total de 2118 afiliados en 1965. Con la reforma agraria –impulsada por Eduardo Frei y más tarde por Salvador Allende– se expropiaron 9,8 millones de hectáreas y 5809 predios y con la Ley de Sindicalización Campesina se crearon 488 sindicatos con 127.688 afiliados en 1970.6

Al aplicarse también la ley de Sindicalización Campesina, los viejos luchadores campesinos, muchos de ellos maltratados física y moralmente por patrones y autoridades, lograron consolidar organizaciones sindicales fuertes para contribuir a acelerar el proceso, logrando la intervención de fundos para luego obtener la expropiación; lo que dio pie a un proceso de cambio y el campesino que era explotado, que trabajaba de sol a sol, que vivía en condiciones miserables en casas que no eran casas, donde no había letrinas, comienza a ser actor y es parte del nuevo proceso que viene (Organizaciones Nacionales Campesinas, 2017, p. 177).

Con el gobierno de Salvador Allende luego se acordó que los consejos campesinos debían jugar un papel fundamental para llevar adelante el programa de la Unidad Popular. A fines de 1970, se conformó el Consejo Nacional Campesino, que asesoraría el proceso de la reforma agraria y la producción agropecuaria (ibíd.).

En cuanto al tema campesino-indígena en la literatura chilena, Redondo (2017) identifica que los estudios históricos sobre este tema en los años de los conflictos campesinos e indígenas entre 1967 y 1973 han manifestado visiones estáticas y uniformes:

si los primeros supeditaron los conflictos campesinos a la teoría de la lucha de clases obviando los conflictos no vinculados al movimiento obrero o a los partidos de izquierda o revolucionarios, los segundos han limitado su foco de atención a los conflictos étnicos, olvidándose de aquellos protagonizados por campesinos criollos (Redondo, 2017, p. 176).

En su investigación sobre la provincia de Cautín, Redondo destaca la complejidad de estos conflictos, con expresiones diversas,7 que fueron utilizadas tanto para reivindicar demandas tradicionales de larga data (la devolución de las tierras indígenas usurpadas) como para reclamar nuevos derechos adquiridos por reformas políticas (participación en la reforma agraria). Es decir, la protesta campesina e indígena en Cautín se destacó no por su uniformidad, sino por su heterogeneidad y diversidad (ibíd.). Y prosigue:

Es más, al analizar los sujetos que participaron en estos conflictos se observa una realidad aún más compleja. Por un lado, dependiendo del origen étnico de los protagonistas, existieron percepciones diferenciadas de los conflictos: si los campesinos criollos plantearon demandas basadas en presupuestos socioeconómicos, los indígenas lucharon por la tierra atendiendo no solo a su valor económico, sino también, y especialmente, a su valor etnocultural. Por otro lado, si se atiende a sus influencias políticas, los campesinos e indígenas asumieron posicionamientos diversos e incluso contradictorios: desde quienes se vincularon a la democracia cristiana hasta los que protagonizaron ocupaciones ilegales al amparo de organizaciones revolucionarias. Entre estos extremos, no solo otros se vincularon con asociaciones legalistas (partidos políticos, sindicatos u otro tipo de organizaciones), sino que incluso un destacado número participó en los conflictos de forma autónoma, al margen de cualquier tipo de organización formal, gestando su participación política en los espacios tradicionales de sociabilidad informal (Redondo, 2017, p. 177).

Con el golpe de Estado de 1973 y la contrarreforma agraria, en conjunto con las políticas impulsadas por el mismo régimen a mediados de la década de 1980, se inicia un acelerado proceso de modernización capitalista de la agricultura chilena (Berdegué y Rojas, 2014, p. 2; Bengoa, 1983). De los 5809 predios expropiados durante la reforma agraria, desde 1973 se entregaron 45.000 parcelas a los campesinos bajo la forma de predios familiares y a unas 2000 “sociedades de secano”. Sumadas, ambas representaban el 45% de la tierra expropiada, el resto de las tierras fueron devueltas a sus antiguos dueños (Gómez y Echenique, 1991). Así, cerca de tres millones de hectáreas se devolvieron a sus antiguos dueños o se remataron a precios irrisorios y en poder del Estado quedó otra cantidad similar (Organizaciones Nacionales Campesinas, 2017, p. 179). Gómez y Echenique (1991) estiman que, durante la segunda mitad de la década de 1980, se vendieron alrededor del 40% de las propiedades asignadas a campesinos y pequeños productores. Muchas organizaciones campesinas beneficiadas con la entrega de títulos de propiedad se vieron obligadas a vender sus predios por falta de créditos y tecnología para mantener su producción en el nuevo contexto económico (Villela, 2019). A partir de la mitad de la década de 1980 una serie de políticas aceleran una agricultura capitalista, dinámica y orientada a los mercados internacionales, comenzando la era del “boom” de la agricultura chilena (Berdegué y Rojas, 2014, p. 3; Bengoa, 1983). “Las altísimas tasas de pobreza rural y los bajos niveles salariales en el sector son la otra cara de la medalla y, de hecho, se constituyen en una de las “ventajas comparativas” del modelo agroexportador” (Gómez y Echenique, 1991), dinamizando a la vez el mercado de la tierra. Esa es la situación cuando gana el ‘No’ y comienza la transición a la democracia. Se impulsa entonces el fomento productivo en un contexto de políticas económicas de mercado abierto a la competencia internacional y a la exportación, orientación que se ha mantenido hasta el día de hoy sin mayores cambios (ibíd.).

Como resultado, Vera Muñoz (2021) identifica hoy dos sujetos que hacen el trabajo agrícola en este nuevo contexto sociocultural rural, complejo y dinámico: “el sujeto agropolitano, que corresponde a un “proletario rural” y que se desempeña como mano de obra de las agroindustrias y, por otro lado, el “pequeño campesino”, un sujeto que, pese a ser el resultado menos probable en esta trama de desposesión histórica del campesinado chileno, se mantiene como dueño de pequeñas parcelas (medios de producción)” (Vera Muñoz, 2021, p. 37). La autora identifica ambos como resultado de una compleja dinámica de diversificaciones y transformaciones sociales, donde emergen nuevos actores (temporeros, empresas exportadoras, plantaciones forestales, nuevos pueblos rurales y parcelas de agrado, entre otros) que conforman realidades que escapan a las miradas convencionales de los teóricos rurales.

2.2. Actualidad de la agricultura familiar campesina

La agricultura familiar chilena se estima hoy en día en 230.000 explotaciones, aportando más del 60% del empleo agrícola y contribuyendo con un alto porcentaje de la producción nacional de alimentos.

Más del 50% de estos productores/as reciben algún apoyo del Estado en lo que es su desarrollo o sobrevivencia, dado que cuentan principalmente con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y sus políticas […] La realidad que enfrenta la pequeña agricultura y la agricultura familiar de hoy está cruzada por las contradicciones y desafíos que les plantea un sistema de economía de mercado en competencia desigual, donde el agua y la tierra están separadas y mercantilizadas. La agricultura familiar está inmersa en una estrategia que privilegia el monocultivo y la agro-exportación (Organización Nacional Campesina, 2017, p. 181).

En el contexto de la (hoy en día fallida) posibilidad de cambiar la actual Constitución Política de Chile y en plena pandemia del COVID-19, Tomás Ibarra y José Bengoa, dos de los más destacados investigadores chilenos que trabajaron sobre el mundo campesino, escribieron un Manifiesto por la agricultura familiar: primera línea de alimentación, con el fin de incidir en la redacción de la Nueva Constitución a favor de pequeños campesinos. Esta fue firmada por 89 organizaciones y 229 personas naturales, entre ellos muchos destacados intelectuales, académicos, investigadores y activistas del país.8 En el manifiesto se denuncia el abandono (político) de la agricultura campesina, destacando las graves consecuencias que eso conlleva en momentos de crisis y describiendo muchos de los desafíos planteados con anterioridad específicamente para el caso chileno. Destacan que, en Chile, un 92% del total de las unidades agrícolas del país corresponden a la agricultura familiar y que esta da trabajo a dos de cada tres agricultores(as). Igual que la mayoría de los investigadores sobre la agricultura campesina e indígena, destacan además la gran relevancia que estos tienen en Chile para la seguridad alimentaria, pero también para la cohesión social, el suministro de energía (a partir de recursos renovables), para la conservación de la agrobiodiversidad y el cuidado de semillas tradicionales, del suelo, entre muchos otros. Al mismo tiempo, denuncian que, a pesar de ser un actor especialmente vulnerable, expuesto a la incertidumbre sobre el cambio climático y las políticas agrarias futuras, en ese momento tuvieron que aumentar su producción para enfrentar el fuerte aumento de la demanda de la población nacional debido a la pandemia. Con ello denuncian también el actual desarrollo del sector silvoagropecuario, basado en el monocultivo de larga extensión para la producción de productos de exportación y un mercado de importación y exportación impredecibles, produciendo inseguridad alimentaria local, altos precios al consumidor, monopolios de tierras y aguas, etcétera, siendo un sistema intrínsecamente no sustentable, tanto ecológica como socialmente. Finalmente, resaltan que el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Chile provienen de la agroindustria. Por eso, postulan a la inclusión en la Nueva Constitución de puntos fundamentales para fomentar la agroecología como una forma de construir resiliencia y soberanía alimentaria en el país. Para eso se proponen 12 cambios concretos necesarios a nivel legislativo para este fin, así como una serie de medidas necesarias a corto y mediano plazo para sacar a la agricultura familiar de su vulnerabilidad extrema durante la pandemia.

También la Organización Nacional Campesina destaca:

Hoy la perduración del campesino, su rol, cultura y tradiciones populares están en riesgo porque el mundo rural está siendo afectado por profundas desigualdades. Sin ir más lejos, las zonas de mayor pobreza del país se encuentran en las regiones agrarias y de pueblos originarios, y son manifestaciones de que el avance que exhibe el país es desigual y no está beneficiando a todos los chilenos y chilenas (Organización Nacional Campesina, 2017, p. 181).

Según la investigadora de la Universidad de O´Higgins, María Cristina Hernández,

al comparar al campesinado chileno de la Reforma Agraria con los actuales campesinos, se observan diferencias, donde es posible identificar algunos aspectos que amenazan su conservación, como por ejemplo, el éxodo de jóvenes rurales a las ciudades, el avance de los monocultivos y las parcelas de agrado, la crisis hídrica, el endeudamiento asociado al aumento de los precios de los insumos y la baja rentabilidad y una menor asociatividad al interior de la agricultura campesina, entre los principales temas.9

Al mismo tiempo, según un estudio de Oxfam (2016), Chile es uno de los países con la repartición de tierras productivas más desiguales del continente: más del 70% de estas tierras pertenecen al uno por ciento de terratenientes de mayores superficies (Oxfam, 2016, p. 25). De este modo, se fomenta el poder territorial de un grupo pequeño perteneciente a la clase propietaria, la concentración del control sobre los recursos naturales y la tierra en manos de ellos (Landherr y Graf, 2021), así como una captura de la democracia (Oxfam, 2016), un fenómeno común en la región que describe la obstaculización de procesos democráticos y la pérdida de control de las instituciones estatales sobre estas mismas tierras y recursos.

2.3. Investigación y literatura actual sobre el campesinado y la población rural en Chile

Existe mucha literatura sobre la relevancia del campesinado como fuerza social de cambio antes y durante el gobierno de Salvador Allende, con la desarticulación del movimiento campesino durante la dictadura militar e incluso mayormente con el retorno a la democracia, pero este actor desaparece casi por completo en la literatura nacional y en la de la investigación social, reapareciendo lentamente recién en los últimos años. En algunos países, como en México o Brasil, el campesinado jugó un rol más importante tanto en las luchas socioambientales actuales como en los debates sociológicos, en tanto en Chile los estudios sobre identidades colectivas rurales están fuertemente centradas en las identidades indígenas (ante todo la Mapuche). Más allá de los trabajos sobre la “nueva ruralidad”, el tema de los pequeños agricultores y las identidades rurales representa un tema periférico dentro de las ciencias sociales. Por esto, la presente investigación se propone estudiar las identidades rurales chilenas, enfocándose en las organizaciones, movimientos y luchas campesinas en las macrozonas centrosur y sur del país, indagando también en sus interrelaciones, alianzas y fusiones con otras identidades rurales, principalmente el pueblo Mapuche y otras minorías étnicas, tomando en cuenta el pasado colonial que ha forjado identidades complejas campesindias (Bartra, 2010). A la vez, se tomará en cuenta también la creciente participación de las mujeres y su rol cada vez más relevante en la pequeña agricultura (Mora et al., 2016).

En un informe del PNUD de las Naciones Unidas en conjunto con el gobierno de Chile de 2005, el entonces subsecretario de agricultura, Arturo Barrera, subraya que además de la escasez de investigaciones sobre el tema “cuando se estudia, se pone el énfasis en lo productivo, en los impactos de las políticas públicas, sociales o agrícolas, y muy poco en aspectos como las subjetividades, las aspiraciones, las relaciones sociales y los vínculos comunitarios” (PNUD, 2005, p. 9). En el mismo informe, Pedro Güell, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, propone que, desde los estudios agrarios de la década de 1980, que no se ha vuelto a ver un estudio sistemático del sector rural en Chile (PNUD, 2005, p. 13), destacando que la única área de estudios nueva sobre la población rural ha sido el de la “nueva ruralidad” (ibíd., p. 18). El concepto de la nueva ruralidad representa una mutación de una vida rural, tradicionalmente asociada con la actividad agropecuaria, hacia una diversidad de actividades y relaciones sociales que vinculan estrechamente a las aldeas campesinas con los centros urbanos y la actividad industrial. Lo que implicaría que el campo ya no puede pensarse sectorialmente, solo en función de la actividad agropecuaria y forestal, sino que debe tomar en cuenta las demás actividades desarrolladas por su población, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional (Arias, 1992, a y b; Lara, 1993; Reardon et al., 2001; Schejtman y Berdegué, 2003 en PNUD, 2005, p. 19). Este nuevo enfoque introdujo nuevas áreas de estudio y contribuyó de manera relevante para generar una nueva comprensión del mundo rural, ya no separado de lo urbano y mucho más diverso en sus formas de producción y vida.10 Sin embargo, con ello algunos actores como el campesinado, a pesar de su relevancia para algo tan central como la alimentación de la sociedad, se fueron dejando de lado en la literatura. No ha sido hasta en la última década que, de manera lenta y todavía moderada, ha resurgido el estudio sobre “lo campesino”, muchas veces en conjunto con el estudio de comunidades indígenas. En los últimos años, en Chile la investigación se ha dedicado a estudiar muy específicamente, por ejemplo, el tema del conocimiento campesino y los saberes locales en huertos y cultivos de pequeña extensión (Marchant et al., 2020; Ibarra et al., 2019, Barrera, 2023), el intercambio y los bancos de semillas (Ibarra et al., 2021), y yendo aún más allá, la resiliencia de sistemas de conocimiento campesinos sobre agrobiodiversidad (Ibarra et al., 2024). En cuanto al conocimiento se destacan también algunos trabajos nuevos que recopilan las percepciones y los conocimientos de comunidades indígenas y campesinas sobre los impactos del cambio climático (Reyes-García et al., 2024; Caviedes et al., 2023) y la evolución de las prácticas agrícolas para hacer frente a estos (Veas y Chia, 2020). En estos se pueden observar puntos de intersección con el interés de estudio de esta investigación. Finalmente, otras investigaciones actuales indagan directamente en la vulnerabilidad de la pequeña agricultura familiar frente al cambio climático (Oyarzo et al., 2023) o en la resiliencia de la agricultura familiar en la Araucanía y Chiloé, como lo hace el proyecto Fondecyt de José Tomás Ibarra Resiliencia de la agricultura de pequeña escala a través de escalas espaciales: agrobiodiversidad y conocimiento local en sitios importantes del patrimonio agrícola en Chile. Muy interesante para este trabajo es también la investigación de Fuentes y Marchant (2016), sobre la sustentabilidad concreta de las actividades agroecológicas, donde se concluye que estas permiten un mayor desempeño ambiental, económico y social si se comparan con las actividades agrícolas convencionales. Todas estas investigaciones representan un gran aporte para nuestra investigación, pero se acercan al objeto de estudio desde otras disciplinas, tanto con objetivos, preguntas de investigación y metodologías diferentes.

Otros estudios como el de Muñoz y Niederle (2020) sobre movimientos sociales, políticas públicas y la construcción de mercados para las agriculturas familiares campesinas en Chile estudiaron tres grandes organizaciones campesinas como la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), el Movimiento Agroecológico Latinoamericano (Maela) y el Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (Mucech), observando también el trabajo de funcionarios de INDAP y experiencias de comercialización. Proponen la existencia de una paradoja en lo referente al protagonismo del Estado en la economía neoliberal chilena (ya que INDAP es el principal articulador de las iniciativas de mercados alternativos para la agricultura familiar campesina en Chile) y de una fragmentación de los movimientos sociales, la falta de unidad en la definición de estrategias, y la existencia de conflictos de interpretación acerca de las experiencias de mercados. En el mismo contexto, autores como Fonseca López (2020) proponen la agricultura familiar como una alternativa de desarrollo inclusivo frente a los síntomas del agotamiento del modelo económico y social neoliberal chileno. También existen algunos trabajos preliminares propios y de colegas cercanos al respecto, que arrojan luz sobre el contexto socioambiental, los conflictos socioecológicos y las dinámicas de crisis (Graf, 2024a, 2024b; Alister et al., 2021; Landherr et al., 2019).

3. Fases, preguntas y metodología de la investigación empírica

El interés del estudio se centra en la posibilidad de comprender al campesinado como actor estratégico en términos de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, así como de resistencia frente a sus principales causas. Para esto se pensaron dos fases de investigación.

3.1. Primera fase de investigación

En un primer paso, que representa la investigación realizada durante una estadía de investigación en la sede de CALAS en Guadalajara, se pretendió estudiar la existencia de identidades colectivas y la posibilidad de comprender el campesinado chileno en términos de clase y fuerza social de resistencia y cambio. Para esto se identificaron sus principales formas de organización, resistencia y lucha, así como los recursos de poder (Schmalz y Dörre, 2014) que estos poseen y utilizan. Esto se realizó desde una perspectiva interseccional (Backhouse y Tittor, 2019), considerando especialmente las complejas relaciones etnia-clase del mundo rural chileno, heredadas de su pasado colonial (Alister et al., 2022; Bartra, 2010) y el rol cada vez más importante de las mujeres en el campo (Mora et al., 2016), a partir de organizaciones campesinas y campesino-étnicas, cooperativas agrícolas, movimientos, conflictos, así como de luchas sociales y ambientales existentes en las macrozonas centrosur y sur de Chile.

Se puso un enfoque especial en las reconfiguraciones identitarias que se produjeron durante las crisis económicas de las últimas dos décadas en Chile, pero principalmente durante la actual contracción económica que vive el país, así como los efectos económicos negativos provocados por el COVID-19. Los cambios en términos productivos y distributivos han sido ampliamente documentados por las organizaciones campesinas mismas, lo cual facilitó el estudio de las reconfiguraciones identitarias. En este capítulo se presentarán los resultados de esta primera fase de investigación, con un enfoque especial en los datos empíricos recopilados durante un trabajo de campo en enero de 2024.

Algunas de las principales preguntas que guiaron esta fase de investigación fueron las siguientes: ¿Cuáles son las identidades colectivas presentes en el Chile rural? Comprendiendo estas como identidades complejas, fragmentadas y entrelazadas, sobre todo en términos campesino-étnicos ¿Existe una identidad colectiva entre el campesinado chileno? ¿Puede ser comprendido el campesinado chileno como clase y fuerza social de resistencia? ¿Se puede comprender esta como identidad subalterna de resistencia frente al avance extractivista-neoliberal? ¿Cuál ha sido su rol dentro de las luchas antineoliberales en Chile? ¿Cuáles han sido las principales fracturas, cambios y reconfiguraciones identitarias en el último tiempo y qué rol han jugado las crisis económicas en estos procesos?

3.2. Segunda fase de investigación

En una investigación posterior se estudiarán, sobre esta base, las potencialidades de las principales formas de producción tradicional, sus innovaciones y adaptaciones, así como las bases existentes en la agricultura familiar, para una agricultura sustentable y compatible con los desafíos y cambios necesarios en el escenario actual, como alternativa viable frente a la agroindustria. Más allá, se pretende dar cuenta del aporte de la agricultura familiar chilena a la seguridad (y soberanía) alimentaria y a la reproducción de la sociedad en general. Además –comprendiendo la pequeña agricultura (familiar) chilena como un sector en constante crisis (económico-ecológica)– se buscará estudiar los principales desafíos que enfrentan los pequeños agricultores frente al avance neoliberal-extractivista (Alister et al., 2022), a la constante expansión de las fronteras extractivas (Svampa, 2020) y sus consecuencias, así como frente a los efectos negativos causados por el cambio climático. Finalmente, se pretende indagar sobre la posibilidad de comprender al campesinado chileno como parte de las “alternativas radicales” y como actor estratégico en el marco de posibles alianzas post-extractivistas y de-growth a nivel global (Acosta y Brand, 2018). Dicha investigación será de carácter interdisciplinario y permitirá analizar la pequeña agricultura familiar y sus potencialidades de cambio desde una mirada agrícola, forestal y social.

3.3. Trabajo de campo exploratorio en enero del 2024

Los datos cualitativos que forman la base de los resultados presentados en este artículo fueron recopilados durante el trabajo de campo realizado junto a Jakob Graf en enero del 2024, en la Región de O’Higgins en Chile, principalmente en las comunas de Peumo, Pichidegua y San Vicente de Tagua Tagua en la provincia de Cachapoal. De acuerdo con el censo de 2017, los habitantes rurales de la región estudiada representaban un cuarto de la población total. Asimismo, el último censo agropecuario, indica que de las 9130 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA), el 67% no supera las 20 hectáreas y alrededor de un tercio las UPA (3073), corresponde a Unidades Productivas de Autoconsumo. Además, según información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), quienes se emplean en la agricultura, representan alrededor del 15% de la población regional, porcentaje dentro del cual se encuentra la población campesina.11

Debido al carácter exploratorio de la investigación, se priorizó la observación participante, complementándola con un total de diecisiete entrevistas en profundidad. Los principales actores estudiados y entrevistados fueron pequeños agricultores provenientes tanto de la agricultura convencional como de la agroecológica, además de organizaciones campesinas y campesino-étnicas a nivel regional y nacional, cooperativas agrícolas, autoridades estatales y trabajadores de programas públicos, académicos, ONG y actores del sector público-privado involucrados en proyectos de fomento agrícola. Por otro lado, se estudiaron los movimientos, conflictos y las luchas socioambientales existentes en torno al sector. En una segunda fase de investigación se pretendió ampliar el estudio, a las regiones del Maule y a la Araucanía, incluyendo además población indígena rural.

La metodología tanto de recopilación de datos, como de análisis e interpretación de estos, se basó a lo largo de toda la investigación en la Grounded Theory “clásica” de Strauss y Corbin (1996). A partir de la información recopilada se seleccionaron y elaboraron siete estudios de casos concretos para el presente capítulo, que tipifican de forma ejemplar los distintos tipos de pequeña agricultura familiar y de organización colectiva identificados, así como sus problemas, desafíos y metas específicas. De esta manera, además de presentar los principales resultados de la investigación con todos los datos recopilados, estos serán ilustrados a partir de las historias de estos siete casos: cinco campesinas y campesinos (Samuel, Marcela, Genaro, don Osvaldo y la familia de Valeria y Pedro) y dos organizaciones colectivas (una cooperativa local y una corporación nacional). Todos los nombres de los participantes fueron cambiados por seudónimos para proteger su intimidad. Además, se realizó una revisión bibliográfica sistematizada que incluye tanto los planteamientos teóricos existentes, los datos y estudios sociales, económicos y ambientales sobre el mundo rural y específicamente la pequeña agricultura familiar del sur de Chile, como los trabajos empíricos existentes sobre las identidades rurales en Chile.

4. Análisis de casos

Se seleccionó a Samuel y Genaro, así como a una Cooperativa de agricultores convencionales para así poder abarcar este sector de la agricultura. Por otro lado, se tomaron los casos de producción agroecológica de don Osvaldo, Marcela y de la familia de Pedro y Valeria. Por último, las organizaciones colectivas quedarán representadas por la cooperativa antes mencionada, así como una corporación nacional de campesinos e indígenas.

Primero se presentarán brevemente los perfiles de cada uno de los actores seleccionados para luego pasar al análisis de datos en forma conjunta. Los mismos serán presentados a lo largo de los principales problemas y desafíos ecológicos, generacionales o de traspaso de conocimiento y económicos, para finalmente pasar al tema de las organizaciones e identidades colectivas. En cada punto se presentarán los principales resultados recopilados en las diecisiete entrevistas, con citas de los siete casos seleccionados y poniendo un principal énfasis en las similitudes y diferencias entre las experiencias de la agricultura familiar convencional y la agroecológica.

4.1. Agricultura convencional

Samuel es un agricultor convencional especializado en la producción de frutas, principalmente naranjas, limones y paltas (ver imagen 1 del anexo). Además, tiene un invernadero con hortalizas y flores, tanto para el consumo propio como para la venta de excedentes. “Me gusta a mí lo que es hortalizas. Me tira la hortaliza”, comenta. Además del invernadero, tiene un área pequeña con tomates, pimentón, melones, lechuga, etcétera y un gallinero con gallinas ponedoras. Samuel tiene 56 años y hasta el día de hoy no tiene tierras propias, solo un pequeño terreno donde se ubica su casa. Las tierras en las que trabaja –6,5 hectáreas– siguen siendo de su padre, que hoy tiene casi 90 años. Trabaja solo en esas tierras, porque su padre tiene que cuidar a su madre, quien padece Alzheimer, pero hace algunos meses lo ayuda un hermano. Mientras la mayoría del tiempo durante la entrevista alaba a su padre y resalta el sacrificio que este hizo para sacar adelante a sus hijos, también se queja por trabajar mucho y solo recibir el sueldo mínimo y algunos bonos. “Me he sacado la cresta cuántos años y aquí yo no gano lo que debería ganar […] con el trabajo que yo tengo, aquí debería estar ganando unas setecientas, ochocientas lucas. Y gano el mínimo. Pero gracias a Dios, que yo sé, le he dado estudios a mis hijas con el mínimo”. Además, nos cuenta detalladamente sobre la gran carga laboral y responsabilidad que significa la agricultura, lo cual le trajo serios problemas psíquicos en los últimos años, ocasionados específicamente por las pérdidas de cosecha cada vez más frecuentes “si no se produce, no hay plata”. Además, es miembro pasivo de la cooperativa descrita más abajo. Alega la falta de ayuda estatal y de la cooperativa, sobre todo en cuanto al traspaso de conocimientos de los técnicos (que antes sí había) con consultas sobre cultivos, plagas, agroquímicos.

Genaro es un agricultor de 84 años que vive de la agricultura hasta el día de hoy. Es un antiguo miembro de la cooperativa de la que se habla más adelante y parte de su directorio. Es hijo de un parcelero de la reforma agraria que nació y se crio en el terreno en que trabaja. Excepto durante los años que pasó en asilo político en Europa, en la dictadura militar, ha sido campesino toda su vida. Después de trabajar con varias formas de cultivo a lo largo del tiempo, se especializó en los ciruelos. A pesar de que él también se vio afectado por las pérdidas de cosecha y reafirma el sacrificio que significa el trabajo en el campo, los problemas ecológicos y de relevo generacional, piensa que la pequeña agricultura persistirá y que sus principales problemas no son los nombrados, sino la necesidad de reformar el mercado.

La cooperativa estudiada es la cooperativa campesina de pequeña agricultura más grande de Chile, con trescientos cincuenta asociados, de los cuales doscientos son miembros activos y el resto semipasivos o pasivos. La cooperativa nació antes del golpe de Estado, en 1968, y tuvo sus primeros grandes problemas con el comienzo de la dictadura militar. Los militares sospechaban que ellos traficaban armas. El segundo mayor problema fue en la misma época con los grandes agricultores latifundistas que querían volver a apropiarse de las tierras. Después de esa época turbulenta se tuvieron que reorganizar y de esa manera sobrevivieron hasta el día de hoy. La única y principal restricción para hacerse socio es “vivir de la tierra”. En palabras de un miembro del directorio: “Para las personas asociadas, la agricultura es el ingreso principal”. Hoy en día tienen en total dos mil hectáreas asociadas y los principales productos son el maíz, el trigo, los tomates, las sandías y los melones, ya que estos se producen en forma de cultivos masivos. Los demás productos provienen de cultivos de menor tamaño y, en el caso de las hortalizas, en muchos casos también de policultivo.

4.2. Producción agroecológica

Don Osvaldo es uno de los pioneros en el cultivo agroecológico en la región y cambió de trabajar con la agricultura convencional a la agroecológica hace veinte años. Siente que la comunidad agroecológica ha crecido fuertemente en los últimos años y que “el gobierno está en eso, dándole a la agroecología también”. Actualmente, además, trabaja como asesor en el huerto de un hotel cercano de cinco estrellas, está empezando un proyecto de agroturismo propio, y es miembro de una cooperativa de once productores agroecológicos experimentados, que se dedican al rescate de semillas y a la venta conjunta. Don Osvaldo, además, trabajó con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y su semillero certificado.12 A largo plazo, con los otros miembros de la cooperativa, tienen planificado hacer una ruta turística y aplicar una serie de conceptos innovadores, como la cosecha propia del consumidor o clases de cocina. Hace dos años lo premió la FAO, como “Héroe de la Alimentación Saludable” y recibió a otros agricultores agroecológicos, intercambiando conocimientos, sobre todo con aquellos menos experimentados. En palabras de don Osvaldo: “Pertenezco a la soberanía alimentaria, sacamos nuestras semillas […] hacemos rescate de semillas, hacemos nuestros almácigos, hacemos todo; y tenemos una superficie de terreno de 3500 metros cuadrados. Como somos agroecológicos, tenemos nuestras estaciones marcadas, todo por estaciones, ¿ya? y aplicamos corredores biológicos, que es importante”. De todos los terrenos y los proyectos visitados durante el trabajo de campo, el de don Osvaldo es el de mayor variedad de productos y especies (papa, zapallo, cebolla, lechuga, poroto, maíz, hortalizas, frutas, berries, etcétera. Ver imagen 3 del anexo). Además, tiene todo tipo de animales, desde chanchos, vacas, caballos, burros, aves (gallinas, patos, gansos, pavos) hasta peces, abejas, entre otros, que sobre todo son fundamentales para producir el guano –del cual hacen compost para mejorar la tierra– y en el caso de las abejas y los peces, para polinizar y filtrar el agua respectivamente.

Marcela es nueva en la agricultura, llegó en 2016 desde Santiago al predio heredado de sus suegros en Peumo y empezó el 2019 con la producción agroecológica (huertera) y el agroturismo a pequeña escala (ver la imagen 6 del anexo). Comenzó sin tener ninguna relación con la agricultura, el interés se gatilló cuando tomó conciencia de que la agricultura familiar, que proveía de productos a las ferias en las que ella compraba, aparte de la escala no se distinguía mayoritariamente de la agroindustria en cuanto a la aplicación de agroquímicos. Con la idea de comer más sano montó su primer huerto y empezó a estudiar, investigar y tomar talleres, a tal punto que hoy en día tiene un gran huerto demostrativo, para el consumo personal y para vender los excedentes, e imparte talleres en la municipalidad. Marcela además, arrienda piezas y está empezando con el agroturismo. Finalmente, nos cuenta que es parte de una gran comunidad agroecológica en línea, tanto a nivel nacional como local, a través de la cual conoce también a Valeria.

Valeria y Pedro son hijos de agricultores convencionales del sector de San Vicente. Migraron a la ciudad, donde Pedro trabajó en el Banco BCI por más de nueve años, y finalmente decidieron volver al campo junto a sus dos hijas para dedicarse primero al cultivo hidropónico y ahora a la agroecología. Empezaron con lechuga hidropónica, que necesita pesticidas, fungicidas, etcétera. Luego de indagar llegaron a la agricultura ecológica de hortalizas. Son parte de una red de guardianes de semillas, que “se preocupa de resguardar y producir semillas antiguas, que son orgánicas. Entonces, eso es lo que nosotros en este momento estamos haciendo. Estamos cuidando nuestras semillas para que después, las futuras generaciones tengan las semillas originales y no intervenidas genéticamente como están ahora”, según explica Pedro. En vez de agroquímicos, hoy solo aplican compost a guano de caballo. Construyeron su casa, pagada con los ahorros del trabajo de Pedro en el banco (“entonces pude acceder a otro nivel socioeconómico”, cuenta Pedro), en una pequeña parcela, donde también instalaron los invernaderos y la mayoría de los huertos (ver la imagen 5 del anexo). “Y atrás también tenemos una parcela que cruza el canal, y allá tenemos un tío que nos dejó un pedazo, y ahí tenemos como otro poco”, comenta Valeria. Tienen muy poco terreno para poder sustentarse económicamente con la agricultura y no poseen los medios para arrendar más, por lo que, luego de algunos años, Pedro decidió volver a empezar a trabajar en la administración de una gran empresa agrícola. A pesar de mantener el sueño de algún día poder vivir de la producción agroecológica, empezó a estudiar la carrera de administración en una universidad online.

4.3. Organizaciones colectivas

Aparte de la cooperativa ya descrita anteriormente, se estudió una corporación de organizaciones campesinas e indígenas a nivel nacional, que nació en la dictadura militar, con el fin de “en vez de haber tantas organizaciones campesinas tratando de representarlos, porque no hacíamos un esfuerzo conjunto, y se logró ese acuerdo. Y de esa manera, surge esta idea de crear una agrupación, un movimiento unitario de campesinos y etnias”, nos comenta un miembro de su directorio. Las campesinas y los campesinos fueron uno de los grupos más fuertemente golpeados y las agrupaciones campesinas en su mayoría fueron desarticuladas por completo a lo largo de todo el período que duró la dictadura militar. Por esto, “junto con tratar de defendernos jurídicamente o sobrellevar la dictadura, surgió la posibilidad de hacer una acción conjunta, respecto de la eventualidad de hacer una acción política pública, que fue la campaña del ‘NO’. Nos suscribimos con mucha fuerza, veíamos una salida por ahí a nuestra situación, que fue real”, sigue contando Pedro. Y desde entonces la corporación se ha mantenido hasta el día de hoy con el fin de ser un órgano representante para los intereses conjuntos de la pequeña agricultura familiar, campesina e indígena. Hasta hace poco en gran parte se mantenían en el directorio y en los directorios de las organizaciones asociadas, sobre todo miembros antiguos, hace algunos años ha comenzado un relevo de generaciones que, según el miembro del directorio entrevistado, ha sido mucho más fructífero, de lo que la situación campesina hacía esperar.

5. Resultados de la investigación empírica

Los principales resultados de esta investigación exploratoria se dividen en un primer grupo correspondiente a los principales desafíos para la agricultura familiar, tanto convencional como agroecológica, identificados por las personas campesinas y las organizaciones, divididos en desafíos ecológicos, de relevo de generaciones y traspaso de conocimiento, así como económicos. En una segunda parte se ahondará en el tema tanto de las organizaciones como de las identidades colectivas existentes y, por último, se finalizará con la perspectiva de estas personas sobre el futuro de la agricultura familiar, pasando luego a las conclusiones sacadas de los mismos resultados antes presentados.

5.1. Principales desafíos ecológicos de la agricultura familiar campesina

Aunque la corporación de organizaciones campesinas e indígenas identifica el problema del agua como el más grave para todos a nivel nacional, en las comunas estudiadas la escasez de agua no es un tema tan urgente como otros. Esto se debe a la existencia de una extensa red de canales de riego a la que acceden varios de los entrevistados, tratándose de a una situación local específica (ver imagen 2 en el anexo). El acceso al agua, a través de derechos de aguas, sin embargo, es igual que en todo Chile. Las grandes empresas agrícolas rápidamente se apropiaron de los cauces de agua, de los pozos de aguas naturales, según nos comenta el miembro del directorio de la corporación campesino-indígena. Además, menciona otra especificidad del sistema chileno: legalmente el agua y la tierra están separados, por lo que los campesinos, al poseer un terreno, no necesariamente tienen acceso a las aguas que pasan por él o se encuentran allí. “La única vez que yo he escuchado que se ha separado el agua de la tierra, lo hizo Moisés”, dice de forma irónica y agrega, “y Chile, repitió el milagro”. En esta investigación, todos los entrevistados, excepto Marcela, poseen derechos para extraer agua de los canales. “No hemos tenido problemas de agua, así exagerados no, pero sí un poco más de escasez”, comenta don Osvaldo sobre la situación. Sin embargo, la cooperativa local sigue identificando la sequía como el mayor desafío de la agricultura familiar, ahora y sobre todo a futuro, apostando por la masificación del regadío tecnificado.

Aunque el sistema de canales parece ser una buena forma de amortiguar temporalmente los efectos de la sequía, cada vez más predominante en el país, tiene una gran desventaja para los agricultores que dependen de ellos y no tienen un pozo profundo: la contaminación. Samuel y don Osvaldo nos cuentan que la contaminación se debe a que los canales son usados también por los grandes agricultores que aplican elevadas cantidades de agroquímicos y luego devuelven las aguas al canal. Cuenta Samuel que ese es su mayor obstáculo para cambiarse al cultivo y la producción de hortalizas. “Tendríamos que purificar el agua no ma´ para las hortalizas”, ya que la mayoría de los pequeños agricultores no podrían financiar un pozo profundo. Don Osvaldo, por ejemplo, tiene derechos de agua (incluso es administrador de un canal) y posee noria, acumulador de aguas y regueras, pero como las aguas de los canales son muy contaminadas y él tiene una producción agroecológica, tuvo que instalar un biofiltro. “Mirá, esto lleva unos tubos, y estos tubos llevan unos hoyos abajo, y eso da grava, gravilla y arena. Y por succión hacia arriba va saliendo el agua como filtrándose. Después las plantas acuáticas, los pescaditos te van a limpiar bien esta agua, ¿ya? […] La universidad me lo hizo”, nos cuenta don Osvaldo. Además, tanto él como Samuel tienen planificado poner riego tecnificado para ahorrar agua.

En los años 2023 y 2024, el exceso de agua fue un problema mayor que la sequía. Valeria y Pedro, al igual que Marcela, perdieron casi toda la producción debido a fuertes inundaciones que mantuvieron sus predios bajo el agua por más de veinte días. Las áreas que pudieron volver a sembrar ahora están muy atrasadas en la temporada, por lo que se acorta el tiempo de cosecha y por ende toda la producción y la venta.

Además de las inundaciones, otros factores climáticos han llevado a cambios en las estaciones y épocas de cosecha e incluso a la reducción o pérdida de cosechas completas. Inviernos más largos de lo normal, como el del 2023, por ejemplo, atrasaron severamente la época de los tomates. A principios del 2024, durante nuestra estadía, seguían verdes, cuando normalmente a más tardar para navidad alcanzan la madurez. Por otro lado, “los calores extremos perjudican la producción oye el sol mata las plantas también, se estresan las plantas”, nos cuenta el miembro del directorio de la cooperativa y comenta que esto ha llevado a que tengan problemas con el invernadero de la cooperativa, ya que tienen que encontrar nuevas formas para climatizarlo y extraer el calor, para que las plantas puedan sobrevivir. Otros entrevistados nos comentan que los días de calor extremo llevan a que las frutas se caigan de los árboles antes de tiempo y se pierda parte de la cosecha.

Sin embargo, el mayor desafío para el campesinado en los últimos años no ha sido el calor sino el frío: una serie de heladas fuera de temporada de invierno ocasionaron grandes pérdidas a los entrevistados. Samuel nos muestra sus árboles y nos cuenta “hace dos años ya que estamos arrancando los árboles, por el cambio climático, por las heladas. Nos están afectando harto. Mucho”. Y agrega “tenemos paltos. Pero los paltos ya hay que empezar a cambiarlos. La palta Hass en esta zona ya va a ver que olvidarse de ella, porque es muy sensible a las heladas. El año pasado nosotros perdimos, se nos cayó con la helada como doscientas cincuenta cajas. Toda la producción de un año. […] Antes no po’. Pero ya esto con el cambio climático que ya viene, esto ya está pasando casi unos diez años. Y año por año va peor. El año pasado nos cayeron tres heladas en tres días, y eso nos perjudicó todo el año. Perdimos toda la producción. La naranja teníamos cien cajas grandes de estos”. Para prevenir mayores pérdidas empezó a podar los árboles quemados con las heladas, sin embargo, esa medida detiene la producción por lo menos por dos años, hasta que el árbol lentamente empieza a recuperarse. Genaro también perdió toda su producción de ciruelas de los últimos dos años. “Estamos todos bajo el clima. Yo tengo una quinta de ciruelas. Dos hectáreas que este año no voy a cosechar, porque no me conviene. Nosotros sacamos cuentas. Costos y beneficios. ¿Cuánto es el costo que tengo para producir yo este año? Son como tres millones y medio, más o menos ¿Y cuánto es lo que estimo en producción? No alcanzo a llegar a esa cifra. Me es más económico dejar las ciruelas en los árboles”, nos explica Genaro.

Lo interesante es que los diecisiete entrevistados estaban de acuerdo en que estos cambios y sus efectos negativos, eran producto del cambio climático y que aumentarían con el paso del tiempo. Por otro lado, el tema de la impredecibilidad es el que más les afecta y que hace difícil tomar medidas concretas para afrontarlo. Don Osvaldo nos responde: “¿Los desafíos? Yo creo que en este tiempo es el clima […] a veces mucha calor [sic] y poca agua, o mucha agua, mucho frío, que es lo que es el cambio climático”. Mientras que algunos apuestan por el regadío por goteo y la tecnificación, otros ven la solución en un cambio de cultivo. Algunos proponen la vuelta a los cultivos clásicos como el trigo o el maíz porque apuestan por su mayor resistencia a los cambios, pero alegan la falta de regulación de precios, lo que los hace riesgosos. Otros, como don Alberto de San Fernando, apuestan por cultivos poco comunes, pero altamente aptos para los cambios esperados, como lo es el cultivo de azafrán, con los que esperan llenar un nuevo nicho en el mercado. Este tipo de decisiones se presentan como extremadamente difíciles para las campesinas y los campesinos, sobre todo debido a la incertidumbre y la falta de conocimiento sobre los cambios a venir, pero también por las grandes inversiones y los ciclos vitales de muchos cultivos. Así, Samuel nos cuenta que la inversión en árboles frutales, por ejemplo, no solo implica la inversión económica directa, sino varios años sin cosecha, hasta que los árboles lleven sus primeras frutas. Igualmente difícil se hace la decisión de cortar un árbol grande que está en el clímax de su producción, sabiendo que este se demoraría décadas en volver a ese nivel de producción. Eso hace que los agricultores sean menos flexibles a la hora de reaccionar, por ejemplo, frente a repetidas pérdidas de cosechas.

La mayoría de los desafíos ecológicos descritos más arriba parecen afectar de manera similar o idéntica a los productores convencionales y a los agroecológicos, con la diferencia específica ya descrita para los últimos, que está en la necesidad de filtrar el agua o hacer un pozo profundo para poder cultivar de manera agroecológica y no regar sus cultivos con los agroquímicos presentes en el agua. La agricultura convencional, por otro lado, sí presenta algunos problemas ecológicos específicos descritos por las personas entrevistadas. En primer lugar, se nombra también la pérdida de la calidad de suelos. Samuel, por ejemplo, nos cuenta que, debido a una nueva peste de cítricos que se propaga por la tierra, hizo un análisis de suelo y “nos salió harto mal en todo sentido”. Genaro además, nos cuenta del problema de la maleza que crece mucho en los años lluviosos y se ha vuelto resistente a los agroquímicos. “La maleza este año ha sido pero terrible. Fíjate que hay trigos que no se han podido cosechar, porque no fueron capaces de controlar la maleza”, nos comenta.

Finalmente, hay un problema proveniente de la agricultura convencional que afecta a todos los habitantes de la zona: la contaminación por agroquímicos. Estos no solo vienen en el agua de los canales, sino que se propagan por el aire en el momento de la aplicación y a través de los alimentos a la hora de ser consumidos. Genaro nos cuenta que hace dos años que está fumigando sus ciruelas con un dron, servicio que arrienda a un privado, pero que quiere proponer también para la cooperativa. El dron pasa por arriba y en una hora esta lista la pega. Valeria, en cambio, nos cuenta el otro lado de la historia: “Mis hijas van al colegio rural un poco más allá, y la educadora diferencial me contaba que esta zona, la sexta región, es la zona con más niños con capacidades diferentes […] por los pesticidas. Así que me decía la educadora diferencial que eso está en estudio. De hecho, al frente del colegio de mis hijas, hay una agroindustria, la XX, que es como una de las grandes agroindustrias que ocupan el cultivo industrial acá. Y un día, me di cuenta que le estaban echando pesticida a todo el cultivo directamente al frente del colegio. […] Y la educadora me decía, que más allá del químico que está en suspensión en el aire, el problema era el papá y la mamá que esta con su ropaje, ya que el cincuenta por ciento de las personas trabajadoras aquí, es temporera”.

5.2. Difícil relevo de generaciones

Otro desafío que parece ser un problema generalizado entre el campesinado es el difícil relevo de generaciones. Aunque parece ser un fenómeno común, las experiencias de personas entrevistadas son diferentes. Constantes son por un lado, el hecho de que las personas con las que hablamos o sus abuelos siguen trabajando hasta una edad muy avanzada sus tierras (varios tienen más de 80 años), entre otras cosas porque no tienen ningún tipo de pensión y dependen de los ingresos agrícolas. El otro problema común, como lo mostrará también el caso de Samuel, es el de la repartición de tierras, ya que quedan predios demasiado pequeños para poder vivir de la agricultura familiar. Finalmente, las personas entrevistadas de forma unánime invirtieron gran parte de sus ganancias en la educación de sus hijos para permitirles salir de la dureza de la vida en el campo.

En el caso de Samuel se pueden observar varios de estos temas. Su padre tiene casi 90 años y todavía no traspasa su tierra a sus hijos. Sin embargo, ya hay problemas para la división de tierras y peleas por la herencia. A Samuel le pasó 5000 metros cuadrados de antemano, para que construyera su casa. En total la parcela del padre es de 6,5 hectáreas y son cuatro hermanos: dos hombres y dos mujeres. Su padre ahora anunció que quiere repartir la tierra, para eso hay que pagar un abogado para que nos haga las escrituras, pero él dice: “‘Mientras yo esté vivo…’, dice que él va a seguir mandando”, nos cuenta Samuel. Como toda familia […] todos queremos agarrar lo más que podamos. […] Y ya estamos viendo diferencias ya. Porque como yo he trabajado casi toda una vida con mi papi aquí, me dicen que yo me estoy aprovechando de él. Yo, con permiso de ustedes, yo me saco la cresta aquí […] eso no se dan cuenta. Ojalá que sea a todo por igual, para que después no hayan [sic] problemas”. El otro tema al momento de la herencia son las inversiones previas y la productividad del predio. “Suponga que yo tenga tierra pelada y mis hermanos se queden este pedazo, ellos van a ganar porque ya tiene arboles grandes y yo no po’”. Después nos cuenta que el será la última generación campesina de su familia, porque sus hijas estudiaron biología y fonoaudiología y sus yernos “son cero de trabajo de campo y, entonces, ahí se corta la cadena cuando uno ya no esté”, comenta.

Al menos la mitad de las personas nos contaron que sus hijos no iban a seguir en la agricultura una vez que ellos se murieran. En todos los casos, los hijos estudiaron y hoy se dedican a otros rubros. En la corporación nos cuentan que desgraciadamente, hubo una muy fuerte acción de los propios campesinos, a sus hijos, hijas, que estudiaran para que no sufrieran los padecimientos y sacrificios del trabajo agrícola. Y, por lo tanto, hicieron tremendos esfuerzos para que los niños y niñas salieran del campo, a estudiar y a buscar otras alternativas […] Por lo tanto, esa realidad está pesando fuerte. Muchos niños y niñas nuestros no están vinculados con el campo. No han dejado de ser cercanos a la realidad de sus familiares, de sus padres, de sus madres. Pero están volcados en actividades más urbanas. Genaro, de 84 años, agrega, “la generación mía se está yendo, las generaciones viejas se están yendo. Mi padre, ambos están fallecidos. La mayoría son, más o menos, gente de mi generación que también, de a poco, nos estamos yendo ¿Me entiende? Y los nuevos, han vendido algunas parcelas”. Además, agrega: “Cuando todos los hijos todavía están vivos, una parcela no da para sostener a tantos niños. Antes podíamos sostener lo que era una familia con tres chiquillos, cinco chiquillos. Se podía. Pero después cuando crecen y empiezan a formar nuevas familias […]. Pedro nos cuenta que como por lo general son familias grandes con hartos hijos, en los mil metros hacen cuatro casas. “Entonces, ¿qué espacio le va a quedar para la huerta? No les queda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a buscar trabajo por ahí […]. Se van a la ciudad, duran tres o cuatro años, después acá trabajan un poco en los fundos, y después vuelven a la ciudad de nuevo”. Finalmente, explica Samuel, “muchos terminan vendiendo sus tierras A los ricos. A los más ricos. Ellos se las compran y por una miseria de plata”.

Por otro lado, tanto Marcela como Pedro y Valeria transformaron terrenos de uso no agrícola en tierras de producción agrícola. En el caso de Marcela, incluso se trataba de una parcela de agrado sin ningún tipo de producción previa. A diferencia de Pedro y Valeria, muchas de las personas que migran de la ciudad al campo, no tienen experiencia en la agricultura, tal como comenta un miembro del directorio de la cooperativa. “Los agricultores jóvenes quieren hacerse ricos en dos años, y no ven que la línea del tiempo es mucho más extensa que eso. […] La nueva gente de la ciudad ha venido sobre todo después de la pandemia, ha llegado mucha gente a vivir acá. Pero es gente que no está en la agricultura. […] Pero hay que producir algo. Como generar ingresos tú para vivir. Y ahí se han topado. Muchos se han vuelto para Santiago. Muchos de ellos no saben nada de agricultura. Algunos han llegado acá, han llegado a arrendar tierras. Pero no tienen ni los conocimientos, ni la maquinaria para trabajar la tierra. Entonces se empieza a pagar en todo. En arriendo, en maquinaria, en todo. No van a ganar nunca nada”.

El caso de don Osvaldo es un caso excepcional, porque no solo tiene relevo de generaciones, sino que todas sus hijas se dedican al mismo proyecto agroecológico y logran vivir como familia ampliada (con nietos y yernos) del pequeño predio de 3500 metros cuadrados. Todos participan de la producción de algunos productos específicos e, incluso, una de sus hijas está estudiando agronomía. La corporación campesino-indígena nos contó que últimamente se ha revertido la situación y que son cada vez más jóvenes, hijos de campesinos, que vuelven al campo después de haber estudiado y trabajado en la ciudad, como el caso de Valeria y Pedro. “Ahí los papás que alentaron estas salidas al extranjero [ríe], del campo, se han dado cuenta que fue un error y están permitiendo, facilitando esta reincorporación de los jóvenes, hombres y mujeres, a la actividad de la agricultura”, nos cuenta un miembro del directorio de la corporación.

Por lo tanto, se pueden observar dos tendencias opuestas y simultáneas, por un lado, el envejecimiento de la antigua población campesina y la falta o los problemas de relevo de estas generaciones, debido a que sus hijos se dedican a empleos típicos de zonas urbanas. Y, al mismo tiempo, una generación joven, tanto de aquellos hijos de campesinos que migraron a la ciudad, como personas sin ningún tipo de relación con el campo, que se están asentando en zonas rurales y en parte integrando en el mundo agrícola.13

5.3. Traspaso de conocimientos

El punto antes descrito también dificulta el traspaso de conocimientos entre las generaciones. Mientras que los convencionales cuentan haber aprendido todo de sus padres y/o en algunos casos de programas del gobierno y la cooperativa que ofrece capacitaciones y cursos a sus miembros para aprender, sobre todo de nuevos métodos de cultivo, de tecnificación de riego o identificación de enfermedades y plagas, así como la aplicación correcta de agroquímicos; los agroecológicos enumeran una gran variedad de fuentes de conocimiento. Mientras los productores agroecológicos más antiguos, como don Osvaldo, destacan la relevancia de las generaciones más antiguas que practicaban la agricultura familiar antes de la introducción masiva de la agricultura convencional, las generaciones más jóvenes parecen preferir talleres, cursos, estudios y con cada vez mayor fuerza los medios sociales de la comunidad agroecológica y cursos online.

Osvaldo, quien proviene de una familia de agricultores convencionales y practicaba ese tipo de cultivo antes de comenzar con el cultivo agroecológico, comenzó indagando en el tema a partir de la enfermedad de una de sus hijas, que gatilló la necesidad de comer más sano, refiriéndose a alimentos libres de pesticidas. “Nosotros lo vimos por necesidad de comer más saludable y empezamos a preguntar a los abuelitos. Claro, porque, ¿qué pasa? Que pa’ mí es intercambio de saberes, esa es la palabra que nosotros siempre usamos. Porque antes no existía el internet como ahora po’, 20 años atrás estaba la cuestión en pañales y tú necesitabas saber un poco más lo que es, cómo se sembraba la papa antiguamente, cómo creaban líquido los viejos, cómo era eso. Así que ahí empezamos, y después ya empezó el Jairo, el Julio y después ya empezaron los otros”. Pedro dice que adquirió los conocimientos básicos de la agricultura de sus padres y suegros que practican agricultura convencional y luego fue indagando en distintas formas de cultivo y aprendiendo en la práctica. Pedro también contó que ha aprendido mucho de otro agricultor experimentado, que se cambió hace mucho tiempo a la agroecología, y ha rescatado las antiguas prácticas campesinas e indígenas. Sin embargo, tanto él como Valeria, alegan la falta de solidaridad entre la comunidad agroecológica al momento del traspaso de conocimientos.

“Marcela, que viene de la ciudad, tiene una experiencia parecida Aquí es súper difícil que te enseñen. […] Encontré a una persona que me enseñó, y lo que te enseñan, te lo enseñan de acuerdo a lo que les han ido transmitiendo sus familias. Entonces bien, pero cuando tú preguntas el porqué, no saben el porqué. ‘Porque sí no más, porque así se hace’. Ese es como el mundo. Entonces empecé a buscar por qué se hace así. Buscar las técnicas culturales del trabajo del huerto, y empecé a encontrar un montón de información. Fue como una revelación. Y ahí empecé con las ‘juntas huerteras’ de Instagram”. A partir de ese momento, ha tomado varios cursos y talleres online e incluso se certificó en el tema y ahora da talleres. “Mis talleres son de huerto, donde parto desde el suelo hasta la conservación de los alimentos. El último que hice sí es largo […], lo hice para la municipalidad de Peumo, y fue para las mujeres jefas de hogar. […] Y lo primero que parto, es enseñando a hacer almácigos, porque la idea es que se lleven una experiencia de éxito al tiro. Entonces, iban viendo todos los días el avance de eso, que poco a poco, los almácigos de todas estaban listos, y terminaron plantando en sus casas. Entonces, eso es súper emocionante para ellas. Don Osvaldo, en cambio, no cree en la certificación ni en los títulos universitarios en cuanto a la agricultura. Sin embargo, es un renombrado referente en el tema, que imparte clases tanto a otros agricultores, por ejemplo, en el marco del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) y otros programas del gobierno, como a personas interesadas que participan de visitas guiadas en su granja. La opinión de don Osvaldo sobre la certificación es clara: “Los orgánicos son certificados, los agroecológicos somos así no más, pase libre[…] Lo orgánico, certificarme, significa más gasto pa’ mi. Significa que, ¿cómo es que se llama? Tengo que estar pagando anual, no sé po’, y no veo pa’ qué […]. Puedo vender igual mis productos, viene gente acá, hablamos del precio justo, de la confianza. La gente queda feliz po’.”

Ambos también practican agroturismo a pequeña escala y don Osvaldo es visitado con frecuencia por universidades como productor agroecológico ejemplar. “Y recibimos a las universidades también, hacemos varios convenios con las universidades y también, ¿cómo es que se llama?, la universidad nos trae muchos profesores cubanos. Cuba es uno de los países más, ¿cómo es que se llama?, los líderes de la agroecología po’, por el embargo económico que les hizo Estados Unidos ahí ya ellos se tuvieron que independizar. Ellos llegaron con los bancales acá, nosotros empezamos en todos lados bancales, bancales; y ahí produjimos harto”.

Otro tema muy importante es el rescate de semillas y los bancos de semillas, de los que son miembros todos los casos agroecológicos estudiados. Este aspecto parece ser de especial relevancia no solo para las y los entrevistados, sino también para las organizaciones campesinas y campesino-indígenas, ya que las semillas propias y libres, en palabras de don Osvaldo y Pedro, aseguran la independencia y permiten la soberanía alimentaria.

Un tema que fue nombrado varias veces, tanto por aquellos productores que se iniciaron en la agroecología, como por los convencionales que han pensado en cambiar la forma de cultivo, es el difícil acceso al conocimiento específico necesario para el cambio de cultivo convencional a agroecológico. Según varios de los entrevistados, esto se debe también a los programas (estatales) de integración al mercado nacional y a cadenas productivas globales, que conllevan la pérdida de conocimientos y prácticas. Con ellos se han desplazado los conocimientos tradicionales y se ha fomentado la agricultura convencional, en parte tecnificada, enfocada en la producción de un solo producto, muchas veces en forma de cash crops, muy alejadas de la idea del policultivo. Eso cuenta también para los conocimientos entregados, por ejemplo, por la cooperativa local que, según se nos dice, está en permanente capacitación, traspasando este tipo de conocimiento a sus miembros y otras cooperativas que se están empezando a formar.

5.4. Desafíos económicos

Muchos de los desafíos antes descritos tienen un impacto directo en las ganancias de los pequeños agricultores y por ende en la rentabilidad y atractividad del rubro. Los desafíos económicos más grandes que están enfrentando las y los campesinos en este momento están directamente ligados a las pérdidas de cosecha cada vez más frecuentes, descritas con anterioridad. Las pérdidas de cosecha para algunos de los entrevistados han sido una realidad en varios años consecutivos, conllevando no solo la ausencia de ingresos durante todo ese periodo, sino también problemas para invertir en los insumos necesarios para la próxima temporada y cosechas futuras. Incluso en aquellos casos dónde la mayor parte de la inversión ya ha sido hecha con anterioridad, como en el caso de los árboles frutales de Genaro y Samuel, la falta de ingresos los ha obligado a ahorrar en agroquímicos. Entre los entrevistados esto parece afectar mayoritariamente a los agricultores convencionales, sobre todo a aquellos especializados en pocos o un solo producto, que son más dependientes de insumos y menos flexibles a la hora de innovar. Samuel, por ejemplo, a falta de agroquímicos, ha tenido que podar y cortar muchos árboles, no solo por las heladas, sino una serie de plagas que los han afectado últimamente y que no ha podido controlar. Además, sin fertilizantes las frutas crecen más pequeñas y los compradores pagan menos. Cuenta que los pesticidas y fertilizantes están especialmente caros últimamente y han subido casi al triple en precio. Los largos ciclos de inversión descritos con anterioridad en el caso de árboles frutales, por ejemplo, hacen que las inversiones en un nuevo tipo de cultivo impliquen la pérdida de inversiones anteriores en muchos casos, así como un nuevo periodo de varias temporadas sin ingresos hasta que los árboles vuelvan a llevar frutas. También el cambio a cultivos con un ciclo de inversión menor, como por ejemplo de frutales, trigo o maíz a hortalizas, para la mayoría de los entrevistados parece demasiado caro, debido a la necesidad de hacer un pozo profundo, por la mala calidad del agua de los canales.

A los insumos caros, los largos ciclos de inversión y a la inseguridad de ingresos se suma el difícil acceso a los mercados, la existencia de múltiples intermediarios que se quedan con la mayor parte de las ganancias y, en general, precios demasiado bajos y directamente influidos por mercados internacionales. “Aquí el perjudicado siempre va a ser el agricultor, el chico. Los fundos no po’. Los fundos tienen a sus supermercados, tienen contactos, pero el productor chico no po’. Tiene que ir a La Vega a pelear por los precios”, dice Samuel. Y sigue: “Aquí cada uno no ma’ batalla con lo de uno. En cambio, los fundos no. Los fundos entregan a supermercados grandes. Exportan ellos también. Casi toda la fruta la exportan. […] A mejor precio que uno. Y uno no po’. Para poder exportar, tiene que apegarse a algún ricachón para poder exportar. Pero le piden una de requisitos. No es llegar y exportar. ¿Y uno? ¿Cómo? Si no tiene los medios como para hacer las cosas en su predio. No puede. Tiene que vender la fruta aquí al mercado chileno no ma’. Casi regalarla la fruta a veces. Es difícil po’”.

Samuel, que por las pérdidas de cosecha ha vuelto a plantar más trigo y maíz, ejemplifica el problema de los precios en su caso: “El maíz el año pasado estuvo malo el precio, malo. Salimo’ pa’ atrás. Trabajas por trabajar. Y este año, dicen que no va a venir na’ tan bueno. […] Porque el año pasado trajeron maíz de Argentina, más barato que aquí en Chile. Y prefieren traer maíz de afuera, y si le faltan, le compran al productor chileno […] ellos ponen los precios. En la cooperativa nos corroboran esa información. El año antes de la pandemia teníamos unas mil quinientas hectáreas de maíz; y de trigo, como unas setecientas hectáreas, aproximadamente. Pero en la pandemia, todo se hizo muy problemático, se redujo la superficie. Pasó el trigo a ser de mil quinientas hectáreas y el maíz con setecientas cincuenta. Y este año, creo que va a ser más la diferencia. Porque el maíz dejó de ser rentable. En cambio, el trigo sigue siendo rentable porque tenemos convenios con Lucchetti y con Carozzi”. Nos cuentan lo difícil que es hacer este tipo de convenios para sus socios, porque las grandes empresas tratan de bajar los precios de cualquier manera, imponiendo requisitos casi imposibles de cumplir para el precio acordado.

De las personas entrevistadas, la mayoría vende sus productos en pequeñas ferias locales, por internet o viajan directa –y personalmente– a los grandes mercados para vender sus productos, dónde pasan por varios intermediarios antes de terminar en un puesto de venta directo al consumidor. Un miembro del directorio de la cooperativa nos cuenta cómo funcionan los mercados agrícolas para los pequeños productores hoy en día. “En los mercados todo se vende por caja. Hay un patio donde se ponen los camiones con los productos, y ahí llegan los compradores a comprar. […] Se daba lo siguiente: A veces productos que se vendían en Santiago, los embarcadores o grandes comerciantes, comerciaban en Lo Valledor, lo traían de vuelta y aquí lo entregan a las ferias libres y lo vendían. [Produciendo] un sube de precio espectacular, porque primero es el de la feria, ahí los comerciantes reparten propuesto por el negocio, que se yo. Y después vuelve acá a un precio más alto. De aquí un tomate salió, suponte un ejemplo, a cien pesos y de vuelta llega costando doscientos pesos. […] Y eso pasa porque aquí no puede ponerse un camión, que te lleva quinientas cajas de tomate para venderlas aquí en esta comuna, por ejemplo ¿Cuándo va a vender quinientas cajas aquí? El gran comprador esta allá en Santiago o en Rancagua, y aquí está el consumidor pequeño. Por eso en la cooperativa estamos armando un mercado en Santiago con todos los productos fresquitos. A la pasa’. En Tobalaba, ahí en Santiago. En una parte muy estratégica. Entonces, paran los vehículos y tú llamas antes: ‘Necesito cinco kilos de papas’; ‘Tomate, Apio’, que se yo. Tienen el paquete hecho, listo”. Varios de los otros entrevistados, que no son parte de la cooperativa, nos contaron que tratan de organizar formas de vender sus productos directamente al consumidor junto a otros productores, para esquivar la gran cantidad de intermediarios, que son los que reducen los precios a los campesinos. Mientras don Osvaldo apuesta por los mercados locales (ver abajo), Valeria y Marcela intentan llegar a una clientela en Santiago que valorice los productos agroecológicos, ya que normalmente compiten directamente con los agricultores convencionales. Además de la carga de trabajo distinta entre las dos formas de cultivo, en el caso de la producción agroecológica lo que dificulta cerrar convenios de venta es la diversidad de productos con una gran variación estacional. Además, la competencia de productos conlleva problemas como la almacenabilidad del producto. “Aquí, en verano, los tomates valen quinientos pesos, que son variedades comerciales, algunas hibridas donde juntaron dos, tres tomates, para poder hacer la cascara más gruesa, y que se puedan mover más de doscientos kilómetros. Esa es como el máximo de la agricultura convencional. Los míos no. Los míos son suavecitos, la cascara delgadita, y probablemente si los sacas, de aquí a mañana se van a empezar a descomponer. Y eso es la maravilla de la comida”, cuenta Marcela, refiriéndose al hecho de que la mayoría de los productos agroecológicos, que no fueron cruzados o manipulados genéticamente para ser más resistentes, no pueden competir con estos productos, porque necesitan otra forma de comercialización.

Otro tema que las personas entrevistadas tocaron con frecuencia, es el de la informalidad y la falta de certificación. Casi todos los entrevistados, con excepción de una pareja de apicultores de exportación, no están certificados ni tienen la infraestructura necesaria para pasar el control sanitario del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) necesario para la exportación, por lo que están limitados al mercado nacional y algunos incluso a la informalidad, porque no cuentan con ningún tipo de inscripción sanitaria. En el caso de Pedro, por ejemplo, esto se debe a que su casa es nueva y todavía no la ha inscrito, por ende, su fosa tampoco está inscrita y con ella el tema sanitario. Pedro alega que la burocracia no está adaptada a la realidad del campo y, por lo tanto, empuja a muchos a la informalidad.

En general, la mayoría de los entrevistados, pero sobre todo campesinos de la agricultura convencional, comentan tener problemas económicos con frecuencia. Genaro lo resume así: “Es que la agricultura oye, es una cuestión que hoy día ganaste, mañana la perdiste. La agricultura es bien riesgosa […] Si el mercado hoy día, la papa, por ejemplo, la papa tú sabes que ha estado horrible. Ha sido una joya la papa aquí. Llegando a costar cuarenta mil pesos el saco, cuarenta y cinco kilos. Imagínate. Horrible. Nosotros en mi casa dejamos de comer papa. No podemos comer papa”. Samuel nos cuenta de una experiencia parecida: “Para mí, es sacrificado el campo. Es sacrificado. Y si no hay los medios como para trabajar, es difícil po’ oiga. Uno tiene que rasguñar por todos lados para poder tener plata, para poder tener para comer, para pagar sus gastos. […] Nunca me he dado unas vacaciones, sinceramente”. La gran responsabilidad e inseguridad incluso le ha llevado a tener crisis de ansiedad e ir regularmente al psiquiatra por más de un año. Su padre, en el pasado calmaba sus preocupaciones con alcohol, volviéndose fuertemente alcohólico. Un fenómeno muy común, sobre todo entre las generaciones campesinas mayores, como nos comentan varios entrevistados. Muchos nos relataron también de sus problemas de salud, relacionados con un trabajo físicamente muy duro.

Valeria y Pedro estuvieron un tiempo viviendo de la agricultura, pero ahora Pedro tuvo que volver a buscarse un trabajo asalariado, porque con el terreno que tienen no les alcanzaba para sustentarse. “La agricultura te llena el alma, pero no el bolsillo”, dice riendo Pedro y agrega, “si no es por una necesidad económica, no haríamos otra cosa. Te lo juro”. Otro entrevistado, don Mauricio, que ahora es dueño de un negocio entre La Ratonera y Ruedas de Larmahue, dejó la agricultura convencional el año pasado, por los malos precios de sus productos. Por una caja de 80 pepinos le estaban pagando solo 6000 pesos (75 pesos por pepino), “siendo que para venderlos tenía que viajar a Talca y alojar allá”. Un hijo que estudió ingeniería comercial le había hecho un análisis de coste-beneficio y había llegado a la conclusión que la agricultura de esa manera no era rentable. Antes no lo había visto de manera tan fría, pero después del cálculo, dejó la agricultura.

Las otras dos razones que más nos nombran los entrevistados, aparte de la inseguridad e inestabilidad económica sobre todo en tiempos de crisis ecológica, descritas anteriormente, es el hecho de que los pequeños agricultores asumen todo el riesgo económico, mientras no tienen ningún tipo de seguro o previsión social, por un lado, y por el otro lado, que lo perciben como un trabajo física y mentalmente muy duro y “sin fin”, porque la gran mayoría no tiene pensión y por ende tiene que trabajar hasta el final de sus vidas o depender de algún familiar que lo haga.

Don Osvaldo es un caso excepcional, tiene una gran variedad de productos y por ende no depende de ningún producto en particular (ni de su precio en el mercado). La producción agroecológica implica más trabajo, pero casi no necesita de insumos, nos cuenta: “La mayoría de los pequeños campesinos producen con químicos, yo creo que el 90% produce con químicos. A ver, es que para ellos es más fácil producir. Por ser, mira, yo hago mis compost, hago mi humus, hago mi fertilizante po’. Una persona convencional va y compra un saco de urea, no sé, por 15 lucas y se quita todo ese trabajo que tú tienes que hacer de preparar el compost con tiempo, tenís que estar preparando la tierra, abonando la tierra”. Sin embargo, todo ese trabajo tiene su recompensa: “Lo que yo produzco va pa’ mi cartera no más. Porqué ¿qué pasa? Que yo no estoy aplicando, no voy a comprar cuestiones, las produzco yo mismo. Eso es soberanía, que uno alimentarse con lo que uno produce po’. Los líquidos [los agroquímicos] además son re caros po’, re carísismos […] son gastos extra que tú nos los tienes, pero ellos los tienen, ¿ya? […] Si tú te pones a contar un saco de urea, no sé po’, 15 a 20 lucas, un kilo de semillas, de maíz choclero vale 50 lucas, ¡y es plata! Porque tenís que generar lucas. Así que eso es lo que pasa”. (ver la imagen 4 del anexo).

Además, junto a su cooperativa agroecológica han tratado de independizarse de los mercados y de los intermediarios, insertándose directamente en el mercado local a través de puestos en las ferias, en vez de vender en los grandes mercados y diversificando sus ingresos más allá del puro producto. “Tenemos una filosofía de producción que es de circuitos cortos, precios justos, y la confianza. Esos son nuestros tres principios […] Nosotros primero comemos y después se vende el resto, esa es la visión”, cuenta don Osvaldo y luego agrega, “nosotros lo que vemos siempre es en los 80k. 80k quiere decir que la fruta no puede andar más de 80 kilómetros. […] Por la huella de carbono y por los precios”.

A eso se suma el principio de los precios justos, explicado en palabras de don Osvaldo: “Mira, nosotros hablamos de precio justo, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice el precio justo? Es el costo de producción, más lo que tú quieres ganar. Por ser, producir una lechuga desde que hiciste el almácigo hasta que estuvo la lechuga lista, vale 130 pesos. Pero tú dices, yo creo que quiero valorizar mi trabajo, ¿ya? entonces 200 pesos. El doble al tiro, ¿ya? Y eso, o tú estás hablando de 3 lechugas por 1000, ¿ya? ¿Y cómo los juntamos los productores con los consumidores? Hacemos una comida una vez al año y decimos, ya, mira, ¿sabes qué? Vamos a ver lo que es el precio justo. ¿El tomate a cómo va a estar este año?, a 600 pesos. Durante todo el año ¿ya? No es como el otro mercado, que hay harto y está barato, hay poco, y está caro, ¿ya?”.

Mientras muchos convencionales hablan de las limitaciones que significa el porte del terreno para la producción, sobre todo en cuanto a la división de tierras con el relevo generacional, don Osvaldo, teniendo uno de los predios más pequeños y alimentando de él 4 generaciones, a la pregunta de querer expandir, responde: “No, mira, nosotros no, no. Por la mano de obra no queremos expandir, no queremos nada. Queremos con lo que está explotarlo más, eso es lo que queremos”. Una de las razones es que “la mano de obra está muy escaza y muy cara”, cuenta Osvaldo y confirma Samuel: “Si pago por día ahora, nadie le trabaja por menos de treinta mil pesos […] por medio día, de siete a una”.

Todos los entrevistados reciben algún tipo de ayuda estatal,14 lo que se debe a que el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), entre otras cosas, permite la postulación a proyectos pequeños de fácil acceso para las y los campesinos a través del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL). Por lo general, se trata de cursos o montos de dinero con un destino específico al que se postuló. En el caso de Samuel, por ejemplo, ha postulado a un proyecto de paneles solares y quiere postular a otro de riego tecnificado. Valeria se acaba de ganar hace poco un proyecto para el cambio del cultivo hidropónico al agroecológico que se llama “transición a la agricultura sustentable”. Don Osvaldo, que imparte cursos de PRODESAL nos cuenta: “Es que por INDAP tienes a todo el país con pequeños productores, que serían los PRODESALes. Y después ya vas escalando”. Según él y Pedro, estos proyectos son más que nada para sacar a las y los campesinos de la pobreza, pero tanto los subsidios, como los créditos no alcanzan para cambios de mayor envergadura, como por ejemplo un cambio de cultivo de convencional a agroecológico, que en la realidad implica una inversión mucho mayor. “Porque el Estado solo apoya, principalmente, a los medianos y mayores agricultores. A ellos son los que les ponen todas las facilidades. Y a nosotros, que abastecemos acá, no nos apoyan porque somos muy chicos. Entonces ¿Cómo vamos a poder surgir y hacer cosas sin un apoyo económico fuerte?”, pregunta Pedro y sigue: “Imagínate que nosotros hacemos todo bien, para que se lleven la plata las personas que lo hacen todo mal ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos a un sistema que es totalmente orgánico; que es totalmente con semillas ancestrales, donde tú vas rescatando la genética de la semilla, la potencia. Porque yo te aseguro que este tomate que está podrido aquí, tiene tres veces más nutrientes que uno que está en el supermercado. Te lo aseguro. Entonces, del mediano y el pequeño agricultor, no se ve el trabajo que está atrás, la pasión que le pone. En cambio, los que tienen la plata: Te pago aquí, te pago allá”.

La corporación nacional enumera las posibilidades de financiamiento: Está CORFO, INDAP, PROCHILE, el INIA, SERCOTEC, en fin.15 Hay varias instituciones estatales que se puede acceder a créditos. Y ejemplifica: “Existe el “Programa Estratégico Regional [de la CORFO]. […] En el caso nuestro, en nuestra región, habíamos avanzado bastante en el tema de las hortalizas. Nos llamaron a participar de un programa, a partir de la intendencia regional, que una intendenta tiempo atrás, que venía con la idea de la ‘Inocuidad alimentaria’. Pucha, coincidimos en muchos aspectos de su plan. Y apareció este programa de la CORFO, y quedamos instalados inmediatamente en este Programa Estratégico Regional, que ya va en el octavo año de apoyo. Esto permitió, en este caso de las hortalizas, se creó una entidad denominada DICRECE […]. Los avances de estas experiencias, se han incorporado cosas nuevas, se ha mejorado las tecnologías de producción de las hortalizas. Se ha avanzado en innovación importante, por ejemplo, los invernaderos o en agricultura protegida. […] Eran alrededor de trescientas hectáreas. Hoy día hay más de cuatrocientas hectáreas con este programa de apoyo, en que el productor se arriesga a asumir esta inversión, por la asesoría de otros organismos al respecto, y el resultado ha sido hasta ahora, muy positivo”.

5.5. Organizaciones e identidades colectivas

Para entender a las actuales organizaciones campesinas, las identidades colectivas rurales y el tejido social en el campo, es importante destacar la ya descrita violenta desarticulación del movimiento campesino durante la dictadura militar, perpetuándose el miedo a la participación de la organización colectiva y la despolitización del campo hasta el día de hoy. Esto lo confirman tanto algunos de las y los campesinos entrevistados como también la cooperativa local y la corporación nacional. Como contó el miembro de la cooperativa con anterioridad, la esta fue fundada antes de la dictadura militar y durante la reforma agraria, lo que le supuso fuertes problemas con los militares después del golpe de Estado. El mismo entrevistado estuvo exiliado en Europa por casi dos décadas debido a su participación del proyecto político de Salvador Allende. En la corporación nacional nos cuentan que a los dirigentes de ese entonces “los detuvieron, los torturaron, desaparecieron. Entonces, recomponer esa área también ha sido una tarea muy vital y bien complicada, porque los jóvenes vieron qué les paso a los mayores, les ha costado matricularse de forma organizada”. Durante la dictadura los principales problemas fueron “la pérdida de derechos en general, la pérdida de propiedades, que el golpe arraso con las parcelaciones con el tema de la Reforma Agraria, con los derechos sindicales, etcétera. Y, por lo tanto, esa fue la motivación que nos une originalmente y que nos ha mantenido, más o menos unitariamente trabajando, independiente de que cada organización que compone el movimiento tenga su vida propia. Pero los grandes problemas que hay que abordar, lo tratamos de hacer de conjunto”, comenta un miembro del directorio de la corporación nacional.

Mientras las grandes agrupaciones nacionales parecen optimistas en cuanto a la organización colectiva actual, la mayoría de los entrevistados a nivel local diagnostican un panorama de individualización y aislamiento del campesinado. Hoy en día, “aquí cada uno no ma’ rasguña como puede. No hay un grupo como en unión”, cuenta Samuel y agrega: “Es que aquí el campesino no es como de esa onda de andar[…]. Es como muy tímido. No le nacen las palabras de ir a pelear por algo arriba, a Santiago en este caso. Sí no es una agrupación bien formada, quedamos aquí no ma’. Para eso harían falta unos buenos dirigentes […]. Porque ahora, un buen dirigente es difícil. Hay mucha desconfianza”. El miembro de la directiva de la cooperativa, describe una situación parecida: “El individualismo todavía nos está matando, realmente. La gente no entiende que juntos somos muchos más po’. Tenemos mucha más fuerza. […] La asociatividad no es cuestión de los humanos. No. Esto desde que aparecieron los primeros animales, insectos, lo que sea; ellos se han asociado naturalmente”, opina un miembro de la directiva de la cooperativa.

En este punto se pudo observar una diferencia entre los campesinos convencionales y los agroecológicos. Mientras los primeros tienen grandes cooperativas de larga data, estas parecieran funcionar sobre todo en cuanto a su asociatividad estratégica en términos económicos, como el acceso a convenios con supermercados, a créditos y a ayudas concretas. En cambio, solo uno de los agroecológicos era parte de una cooperativa, de solo 11 miembros. La mayoría de los productores agroecológicos comentaron tener que buscar solos, o asociados entre pocos, la forma de vender sus productos. Sin embargo, todos contaron de la existencia de una comunidad, que se encuentra en constante intercambio de conocimientos, tanto físicamente como online y que tienen una cierta identificación grupal común. Aparte de don Osvaldo, que originalmente viene de la agricultura convencional y lleva mucho tiempo en la agricultura, ninguno de ellos se considera a sí mismo como campesino, sin embargo, se puedo observar una identidad colectiva más pronunciada que en el caso de los convencionales, que se compone de nuevos términos como agroecología, orgánico, huerto/huertero, sustentabilidad, etcétera. En el caso de los agricultores convencionales, solo los antiguos, mayores de ochenta, presentaban una clara identificación como parte de una identidad colectiva de campesinos.

Ya no existe UNA identidad colectiva, sino muchas. Según las organizaciones colectivas entrevistadas, esto se debe principalmente al envejecimiento del campesinado en general y la vuelta al campo de una nueva generación “inexperta”, sin mayor continuidad y/o traspaso de conocimientos. Un miembro de la directiva de la cooperativa nos cuenta sobre la diferencia de los antiguos socios y los nuevos: “Hay de todo un poco. Hay unos socios nuevos. Unos muchachos jóvenes que se están iniciando sin tener nada. Por lo tanto, tienen un crédito inicial solamente de cien UF. No más que eso. Porque los socios nuevos son más avasalladores. Quieren hacerse ricos en dos días. Entonces, no son como los antiguos socios. Los antiguos socios no necesitaban firmar un pagaré por el crédito. Nada. Bastaba una mano. Eran muy leales los socios antiguos. Eso se ha ido perdiendo y hemos tenido que ir adecuando nuestras políticas crediticias, porque los socios nuevos son diferentes”. En la corporación nacional nos cuentan que por eso los mayores desafíos que tienen actualmente son: “Persistir en los temas sindicales. El tema del desarrollo de la agricultura propia que tenemos, que no es menor y el tema de las capacitaciones de los nuevos integrantes a las organizaciones, porque el trabajo desarrollado durante todo este periodo fue una cantidad de dirigentes con distintos resultados […] quedaron varios en el camino”.

Otro fenómeno nuevo en la organización colectiva es que varias de las nuevas grandes cooperativas han dejado de tener la asociatividad en el centro y funcionan más bien como empresas, es decir le compran los productos a sus asociados y los revenden a grandes cadenas de supermercados, con la principal meta de generar mayores ganancias, en vez de fomentar la organización campesina y apoyar a los socios en distintos aspectos relacionados a la producción (al menos que sea para la estandarización del producto). Según los miembros de la cooperativa local, este formato perjudica especialmente la organización colectiva, tergiversando la función de las cooperativas y fomentando malas experiencias con la asociatividad para las y los pequeños campesinos.

Samuel, al ser preguntado directamente por la existencia de una identidad colectiva del campesino o fiestas conjuntas, responde: “Ni eso se hace. Antes se hacía eso po’ oiga. Cuando era fundo aquí po’, ahí mismo en la bodega teníamos un galpón donde guardábamos la maquinaria, el tractor y todo eso. Ya terminándose la cosecha, hacían pero unas fiestas. Pero ahora nada. Hasta el folklore se está perdiendo po’ oiga. Para los dieciocho me acuerdo yo, para los años nuevos, se bailaba la cueca. Ahora ¿Quién le baila cueca? Hasta las tradiciones se están como, no sé si perdiendo o […] pero algo está pasando”.

En cuanto a la relación entre el campesinado y el mundo indígena existen estudios con resultados muy diversos y en nuestra propia experiencia como investigadores, según región y caso, la cooperación y convivencia se presentan de manera muy diferente. Sin embargo, la respuesta del miembro del directorio de la corporación nacional campesino-indígena sobre el movimiento conjunto es clara: “Bueno, es un fenómeno social que ocurrió con la dictadura, que nos maltrató a todos por parejo, felizmente [ríe], para efectos de los resultados nuestros, independiente de color político, religioso, sean de este color o de otro, o de algún pueblo originario. Por parejo, nos encontramos tratando de resolver situaciones habitualmente. Entonces, dijimos ¿Para qué andamos leseando cada uno por su santo? Mejor, trabajemos en conjunto. Y esa unidad se ha mantenido ¿ah? Mucha gente se pregunta ¿Cómo es posible? Bueno, porque tenemos los mismos intereses no ma’, y hemos vivido los mismos maltratos. Entonces, eso ha ayudado. Y, además que, en momentos de buena convivencia, buenos vínculos, de dirigentes que ha logrado mantener el sistema. Y ahora, felizmente en el caso nuestro, se han ido incorporando una buena cantidad de gente joven de pueblos originarios, de parceleros, de pequeños agricultores, propietarios, a la organización y al esfuerzo nuestro de convocarlos a participar. […] Y están haciéndolo con mucho entusiasmo, entonces… pareciera que vamos a poder jubilar los dirigentes [ríe], y va a quedar un equipo funcionando”. Pero también cuenta de rivalidades y problemas entre campesinos y grupos indígenas, que se han generado sobre todo a partir de becas y beneficios estatales para uno solo de los dos grupos, mayoritariamente el indígena: “Lo que ha ocurrido es que, como decía, en cada región hay realidades distintas. Y, por otro lado, ha sido el desgraciado comportamiento del funcionario público, de las instituciones públicas también. Y para el caso de los pueblos originarios hay una entidad para ellos de apoyo. Pero resulta que no tienen la experiencia […] que somos de la misma región, de la misma localidad, de la misma comuna. Incluso dentro de cada una de estas divisiones, propuestas, el servicio público crea sus divisiones […]. Entonces, es una brutalidad que también estamos tratando de combatir con más fuerza todavía, porque a título de quién se arrogan esa forma de trabajo, para perjudicar esa unión básica”.

6. Análisis y Conclusiones: Tendencias opuestas en el futuro de la agricultura familiar

Tratándose de un estudio cualitativo exploratorio los resultados obtenidos deben interpretarse como de carácter tentativo. Tienen la finalidad de arrojar un primer bosquejo de la situación actual de la agricultura familiar en la región de O´Higgins y, con ello, (re)formular nuestro interés de estudio y/o preguntas de investigación para la segunda etapa de investigación y contrastar también los resultados de las investigaciones ya existentes. Una diferencia con estos últimos, es que la mayoría de ellos se enfocaron en una forma de cultivo mientras nosotros justamente tratamos de abarcar la mayor variación posible dentro de la agricultura familiar, para poder percibir también diferencias y tensiones en cuanto a los desafíos, la organización y las identidad(es) colectiva(s) observables. En el estudio posterior debe ser incluido con urgencia un grupo de campesinas y campesinos, que no son estudiados con frecuencia y que no pudieron ser abarcados en este estudio exploratorio: las y los campesinos sin ningún tipo de ayuda estatal o participación en programas de INDAP, que según las cifras representan el cincuenta por ciento y son en potencia especialmente vulnerables dentro del campesinado.

En cuanto a las identidades colectivas, se puede constatar que la identidad de campesina y campesino parece ser, en la región estudiada, más bien una reliquia de la generación antigua de campesinos que hoy en día está en edad de adulto mayor y sus hijos. Y, por lo menos en nuestra muestra de estudios, son justamente ellos, los que actualmente tienen problemas de encontrar un relevo. Son un grupo de campesinos y campesinas que forjaron esta identidad en tiempos de la reforma agraria, con un campesinado entendido como actor social de cambio y a la vez con un enfoque de modernización y/o optimización del campo, que los ha llevado por el lado del cultivo convencional. Todos ellos hablan de sus labores como extremadamente agotadoras y sacrificadas, pero sobre todo económicamente muy inseguras y precarias, sobre todo debido a la fuerte dependencia de los mercados y los insumos. Las personas de este grupo destacan también la pérdida paulatina de tradiciones, fiestas y del folclore que antes formaba parte de su identidad.

Entre los entrevistados y sus relatos de este grupo proviene también un conjunto de agricultores, hoy de tamaño mediano y/o especializados en un producto específico de exportación, que “lo lograron” y con ello dejaron atrás su identidad de campesinos, convirtiéndose en “agricultores”. Existe también otro grupo de campesinos más pequeño, perteneciente a la misma generación, proveniente también en parte de una identidad colectiva de “campesinado”, que rehuyeron la modernización agrícola y siguieron con las tradiciones y formas de cultivo ancestrales y tradicionales. Ellos hoy en día se han convertido en pioneros del cultivo agroecológico. Este último grupo –el de los agroecológicos– es un grupo creciente y extremadamente diverso, compuesto por los pioneros recién mencionados, por hijas e hijos de agricultores convencionales, por personas que vienen de la ciudad y no tienen un pasado agrícola, hasta hijos de campesinos (retornados) que vuelven al campo después de haber estudiado y/o trabajado en la ciudad. Todos definen su actividad como “campesina”, pero –aparte de los pioneros– nadie se siente parte del campesinado mencionado con anterioridad. Aunque no hay definición única, existe una fuerte diferenciación y demarcación frente al cultivo convencional (agricultura no-convencional) y una identidad colectiva en construcción, que parece formarse bajo el concepto de agroecológico, pero presenta variaciones y “segundos nombres”, como tradicional, orgánico, ancestral, etcétera, que da cuenta de los subgrupos y su especificidad.

Mientras los convencionales dan cuenta de que se dedican a este tipo de agricultura sobre todo por tradición y/o porque “así se ha hecho siempre”, porque es la forma en que se lo enseñaron sus padres o que fomentó el Estado, la decisión por la producción agroecológica en todos los casos fue una decisión activa e informada, motivada muchas veces por una experiencia personal. En la gran mayoría de los casos, esa experiencia fue de (auto)cuidado y/o de pérdida de calidad de vida o salud de un ser querido. En este tipo de producción agrícola se encontró una mayor predominancia de mujeres que en la convencional. Además, se encontraron muchas coincidencias con planteamientos y resultados de investigación ecofeministas y de los feminismos del sur (Mies y Shiva, 2016; Svampa, 2020; Herrero y Gago, 2023).

Los convencionales se organizan principalmente en antiguas cooperativas y están más presentes en las grandes confederaciones campesinas nacionales, lo cual en parte se debe a que representan un grupo mucho más grande frente a los no convencionales, observan cómo estas viejas estructuras organizativas, aunque han logrado renovarse y representar las necesidades del mundo campesino, han perdido el poder y la fuerza originales en las últimas décadas. Por otro lado, han surgido nuevas cooperativas, bajo una lógica meramente mercantilista (parecida al subcontrato y en lógica de cash crops), que han dañado la imagen del cooperativismo entre las y los campesinos. Los agroecológicos, por otro lado, parecen organizarse en estructuras cooperativas más pequeñas y/o menos formales, a través de talleres o ferias agroecológicas y muy comúnmente también a través de comunidades online. Al parecer esto se debe, por un lado, a que se trata de un grupo relativamente “joven”, que recién está tomando mayor fuerza y a que, debido a que en relación a los convencionales, es un grupo pequeño, muchas veces se encuentran geográficamente más alejados entre ellos. Según los entrevistados, a pesar de la creciente organización e intercambio, la diversidad de este grupo también dificulta su organización y, sobre todo, el intercambio de conocimientos entre los subgrupos (por ejemplo, los pioneros y/o ancestrales con los nuevos sin experiencia agrícola). Tanto los convencionales como los no-convencionales presentan, además, formas de organización conjunta con comunidades indígenas, como por ejemplo ANAMURI o MUCECH,16 que será de gran relevancia en la segunda fase de investigación, pero que en esta no puedo ser estudiada suficientemente, debido a la débil presencia de comunidades indígenas en la región analizada. Entre nuestra muestra de entrevistados tampoco encontramos formas de organización conjunta entre las y los campesinos de distintas formas de cultivo.

En cuanto a los desafíos, se puede decir que a marcos generales todos los entrevistados presentaron problemas parecidos, sobre todo en cuando a los problemas ecológicos y la variación climática. Se pudieron observar, sin embargo, algunas diferencias importantes. Mientras los convencionales, que apuestan por uno o pocos productos, se vieron afectados con mayor fuerza y frecuencia por las pérdidas de cultivos, los agroecológicos, no sufrieron pérdidas de gran envergadura debido al policultivo que practican. Estos últimos también presentan una mayor independencia (en algunos casos casi absoluta) frente a los insumos, mientras los convencionales son fuertemente dependientes de los agroquímicos y observan una demanda cada vez mayor de ellos, debido al aumento de plagas y enfermedades. En cuanto a los mercados, todos los entrevistados comentan la fatalidad de la volatilidad de los precios y de la competencia con productos en los mercados internacionales, así como el problema de los múltiples intermediarios que se llevan la mayor parte de la ganancia, destacando la necesidad de imponer precios fijos y conseguir un acceso más directo a las ferias/mercados y al consumidor. Mientras los convencionales, en algunos casos excepcionales, logran tratados de compra con supermercados, por ejemplo a través de cooperativas, los agroecológicos tratan de acceder a ferias libres y crear nichos para productos agroecológicos, lo cual se ha relevado como bastante difícil, entre otras cosas también, porque ninguno cuenta con una certificación de producción “orgánica”, varios se mantienen en la informalidad y sus productos por lo general no presentan la conservabilidad como los convencionales, especialmente modificados para aguantar el transporte a largas distancias.

El mercado internacional parece estar reservado para los medianos y grandes agricultores, así como para los agricultores que producen productos “nicho” para el mercado internacional, ya que los demás por lo general no tienen los medios para pagar la infraestructura necesaria para pasar el control sanitario. Finalmente, todos compiten en el mismo mercado nacional (con precios dependientes del internacional), a pesar de las diferencias en las cargas laborales y las necesidades de insumos de su producción y en general se encuentra en una situación bastante precaria. Algunos de los convencionales, empujados más por factores económico, que ecológicos –quizás influidos también por el creciente apoyo estatal hacia una “agricultura sustentable”– han pensado cambiarse de forma de cultivo y no pueden hacerlo debido a la falta de financiamiento para la inversión, por ejemplo, en un pozo profundo y/o filtro de agua, o simplemente aún no han recuperado la inversión anterior (por ejemplo, en árboles frutales).

A pesar de las diferencias descritas y de cierto pesimismo de varios de los entrevistados, todos –absolutamente todos– resaltan la relevancia de la agricultura familiar para la alimentación de la población del país y para poder lograr una soberanía alimentaria a futuro. Todos tienen la conciencia, y la mayoría un gran orgullo, de alimentar a gran parte de la sociedad chilena. Un miembro de la corporación destaca: “A nivel nacional, lo reconocimos con la pandemia, de que nosotros como sociedad seguíamos cultivando en el campo. Así que ha sido fuertemente reconocido el esfuerzo de nuestra gente”.

En general se observan, entonces, dos tendencias opuestas. Por un lado, la pérdida de conocimientos, prácticas, tradiciones, cultura, la falta de relevo generacional y con ello de la identidad campesina entre los campesinos convencionales de la “vieja escuela” y, por el otro lado, una “nueva escuela” de un conjunto de subgrupos, posibles de unir bajo el concepto de “agroecológicos” que no necesariamente se identifica como parte de ese campesinado y está recuperando conocimiento y prácticas, tanto tradicionales y ancestrales, nacionales y de otras regiones, y al mismo tiempo innovando en la práctica para hacer frente a los nuevos desafíos que enfrenta la agricultura familiar. Según nos contaron las organizaciones campesinas entrevistadas, este relevo se está observando también lentamente dentro de las mismas organizaciones. A nivel nacional, además, se puede observar una serie de resistencias y nuevas luchas, provenientes tanto de estas mismas organizaciones campesinas, de alianzas campesindias y con un fuerte protagonismo de mujeres rurales, hasta el aumento de conflictos socioecológicos, donde las y los campesinos juegan un rol fundamental, sobre todo en la lucha por el agua. Además, también estuvieron presentes en las grandes revueltas del país en el marco del estallido social. El mundo campesino se ve afectado entonces por múltiples crisis, pero a la vez –y a pesar de su precariedad generalizada– parece estar más en un proceso de renovación que de desaparición, sin olvidar la relevancia de su sector para la reproducción de la sociedad.

La doble tendencia opuesta descrita arriba, se observa también en las opiniones de los entrevistados sobre el futuro de la pequeña agricultura familiar. Mientras algunos, como Samuel, comentan que el futuro: “se ve difícil. Si no hay ayuda, si no hay un cambio en la agricultura para el pequeño agricultor, estamos perdidos”. Los miembros de la cooperativa creen que aquí seguirá siendo más o menos igual. “Lo que sí me gustaría que [fuera…] que todos los precios fueran uniformes en el país ¿Me entiendes? Que saquen sus utilidades, sí. Porque todo el mundo tiene que tener utilidades, si no el negocio no funciona. Pero el libre mercado, yo lo que haría, es reformarlo”. Los agroecológicos, a pesar de presentar fuertes problemas económicos, también parecen estar unánimemente seguros de que su forma de cultivo es el cultivo del futuro y que su forma de producción va a seguir creciendo en los próximos años, reemplazando la agroindustria, como forma de cultivo social y ecológicamente sostenible y necesaria –para hacer frente a los desafíos de la crisis ecológica–. El policultivo parece ser la única forma de independizarse parcialmente frente a los cambios en el clima –para hacer frente y a la vez hacerse resistente frente a los desafíos ecológicos–, pero también para enfrentar la creciente demanda de agroquímicos, que ha hecho que la agricultura convencional deje de ser económicamente rentable, como sucedió, por ejemplo, en varias regiones de argentina en los últimos años.17 Otro ejemplo es el caso cubano, que por la falta total de insumos agroquímicos, tuvo que innovar en el tema y ha logrado convertirse en país pionero de la agroecología, totalmente independiente de este tipo de insumos, logrando el autoabastecimiento y la soberanía alimentaria.

Para eso haría falta un mayor intercambio tanto entre los productores agroecológicos viejos y nuevos, pero sobre todo también con los convencionales, tanto de conocimientos de cultivo como de organización colectiva, de resistencia y de protección frente al avance neoliberal extractivista y frente a los mercados. En cuanto a los programas estatales, se puede observar un comienzo hacia un enfoque agroecológico, pero el fuerte del financiamiento sigue favoreciendo los cash corps y la integración de los productores en largas cadenas productivas, en vez de priorizar los mercados regionales y los caminos cortos. Como destacó la mayoría de los entrevistados, un primer paso muy importante sería la regularización de los precios y la incorporación de ideas como el precio justo, el fomento de mercados regionales y el compromiso de compra. Sobre la base de los resultados presentados en este capítulo, ahora nos (re)plantearemos el proceso y los siguientes pasos de la segunda fase de la investigación, bajo los principios de la Grounded Theory, siguiendo los resultados obtenidos y sobre todo retomando las preguntas que permanecen abiertas.

1 Mientras que los resultados del reporte se basan en la agricultura familiar en cuanto a su estructura operativa, hubo diversas malinterpretaciones de este número porque se lo igualó al de la pequeña agricultura familiar. Para un mejor desgloce del aporte de los diferentes portes de predios ver Lowder, Sarah K., Marco V. Sánchez y Raffaele Bertini (2021). Which farms feed the world and has farmland become more concentrated?, World Development, Volume 142, 105455,ISSN 0305-750X, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105455.

2 Según el Centro para la Resiliencia Climática (ZfK) de la Universidad de Augsburgo, la resiliencia climática significa “[...] reducir las vulnerabilidades y reforzar la capacidad de resistencia y adaptación a las consecuencias del cambio climático. La resiliencia climática debe abarcar un espectro que va desde los ecosistemas y la salud humana hasta la sociedad, la economía, la política y la jurisdicción” (ver Zentrum für Klimaresilienz URL: https://www.uni-augsburg.de/de/forschung/ einrichtungen/ institute/zentrum-fur-klimaresilienz [01.10.24]).

3 Ver https://sdgs.un.org/topics/food-security-and-nutrition-and-sustainable-agriculture [01.10. 20.24.].

4 Ver Vgl. “Introducing the UN Decade of Family Farming”; URL: https://www.fao.org/family-farming-decade/home/en [01.10.24].

5 Ver por ejemplo RIMISP https://rimisp.org/chile-el-impacto-del-covid-19-en-la-seguridad-alimentaria-y-la-agricultura-familiar/ [01.10.24].

6 Ver INDAP: https://www.indap.gob.cl/ [02.10.2024].

7 “Desde tradicionales formas de rebeldía campesina vinculada a actividades delictuales (cuatrerismo) hasta modernas formas de movilización colectiva basadas en el asociacionismo (sindicalismo) y el planteamiento de protestas legalizadas (pliegos de peticiones); pasando por expresiones de protesta que, aunque tenían un carácter tradicional (tomas de fundos)” (Redondo, 2017, p. 176).

8 Ver CIPER https://www.ciperchile.cl/2020/07/11/manifiesto-por-la-agricultura-familiar-primera-linea-de-la-alimentacion/ [01.10.2024].

9 Ver Universidad de O´Higgins (https://www.uoh.cl/realidad-y-necesidades-de-los-campesinos-en-el-chile-actual/) [06.10.2024].

10 “Otro de los puntos en donde puede verse una contribución del concepto de nueva ruralidad es en la ruptura de la dicotomía urbano-rural y en la búsqueda de interrelaciones y vínculos más complejos que los asignados hasta hace algún tiempo a los habitantes rurales y urbanos como productores y consumidores de alimentos, respectivamente. Hoy en día se reconoce la enorme interdependencia entre un espacio y otro, tanto en la generación de actividades productivas, de empleo, de lugar de residencia, como en el entrelazamiento y la complejidad de las relaciones sociales, políticas y económicas”. Agrega Pérez (PNUD, 2005, p. 19 y ss.) y sigue “La población rural ya no es solo la población campesina dedicada a las labores agropecuarias, como solía aparecer en toda la literatura sobre el tema: la nueva ruralidad reconoce a campesinos, mineros, pescadores, artesanos, empresarios agrícolas y los dedicados al sector servicios como pobladores rurales. Se hace un reconocimiento explícito a los grupos étnicos y se incorpora la variable de equidad de género como elemento fundamental para entender el mundo rural e intervenir en él. […] La nueva ruralidad también enfatiza el concepto de multifuncionalidad del territorio y el reconocimiento de la pluriactividad y de la importancia de los ingresos extraprediales para la preservación de las economías rurales y el mantenimiento de la población rural para evitar el despoblamiento de las áreas rurales, que ha producido graves problemas en los países desarrollados” (PNUD, 2005, p. 20 y ss.). También pone énfasis en el manejo, uso y conservación de los recursos naturales y el suelo: Conllevando la concentración de la riqueza y de la tierra como determinantes de exclusión social en el campo.

11 Ver https://www.campoytecnologia.com/realidad-y-necesidades-de-los-campesinos-en-el-chile -actual [01.10.2024].

12 Don Osvaldo sobre la relevancia de producir semillas con los convenios con la INIA: “Porque, ¿qué pasa? Tú vas a un trafkintu, un intercambio de semillas, no sabes la trazabilidad que hay detrás de esa semilla. Y a cambio, con el INIA sabes que viene de un banco de semillas o un germoplasma. […] Porque, mira, hay muchas semillas ahora con el TPP11, ¿ya? Tú tienes que saber el origen de la semilla o sino, llegan estos señores y te dicen ‘esta semilla tiene gen de esta semilla que está patentada’ y tenís que pagarles po’, y te demandan y, así que eso es lo que tiene que uno ir viendo: cuál es la trazabilidad de la semilla”.

13 Sin poder abarcar el tema en este artículo es importante mencionar, que esta doble tendencia conlleva también la parcelación masiva de antiguos predios agrícolas, convirtiéndolas en parcelas de agrado.

14 Para una investigación futura nos parece imprescindible incluir también a campesinas y campesinos que no reciben ningún tipo de apoyo estatal ni de otro tipo.

15 Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Dirección General de Promoción de Exportaciones (PROCHILE), Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC).

16 Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) y Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (MUCECH).

17 Problemas que impulsaron varios programas agroecológicos estatales. Véase por ejemplo: https://www.argentina.gob.ar/economia/planificacion-del-desarrollo-y-la-competitividad-federal/prosaf/enfoque-agroecologico [05.10.24].

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Anexo

Imagen 1. Bajo los naranjos de Samuel.

Imagen 2. Sistema de canales de riego en el predio de Samuel.

Imagen 3. Policultivo de don Osvaldo.

Imagen 4. Producción de compost y humus de don Osvaldo.

Imagen 5. Cultivo de Valeria y Pedro.

Imagen 6. Almácigos de Marcela.

Sobre las autoras y los autores

David Foitzick Reyes

Es doctor en Filología Románica por la Universidad Friedrich Schiller de Jena (Alemania), magíster en Ciencias de la Educación con mención en Gestión y Administración Educacional por la Universidad Mayor de Santiago de Chile. Es también profesor en Lengua Castellana y Comunicación y licenciado en Educación. Ha participado en calidad de expositor en diversos congresos internacionales y ha publicado libros y artículos en ediciones conjuntas y en revistas universitarias. Ha desarrollado docencia y estancias de investigación en diversas universidades internacionales. Entre los años 2015 y 2020 fue coordinador científico de la Red temática internacional e interdisciplinaria “Cambio transnacional, desigualdad social, intercambio intercultural y manifestaciones estéticas: el ejemplo de Patagonia”, en cooperación con ocho universidades chilenas y argentinas (financiada por el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania, BMBF, y dirigida por el Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD). Actualmente se desempeña como investigador posdoctoral en el Centro Internacional de Estudios Transdisciplinarios Argentina/Cono Sur (ARCOSUR) y en el Centro Regional Maria Sibylla Merian-CALAS Cono Sur y Brasil, y como docente en el Instituto de Filología Románica de la Universidad Friedrich Schiller de Jena. Sus enfoques de investigación son: poesía latinoamericana, historia, memorias, identidades, territorios, saberes, epistemes y matrices simbólico-culturales de Abya Yala. Entre sus publicaciones se destacan Patagonia Literaria IX. Aluvialidad en la poesía del sur de Chile (en 2024) y en coautoría con Sergio Mansilla Torres Patagonia literaria VII. Antología de poesía del sur chileno (en 2020).

Jakob Graf

Es doctor en Sociología y trabaja en el Centro de Resiliencia Climática de la Universidad de Augsburg (Alemania). Además, es parte de la editorial de la revista alemana PROKLA (Revista de ciencias sociales críticas). Su investigación se centra en temas de desigualdad social, relaciones de clase y conflictos socioecológicos en América Latina y la India. En su doctorado analizó la industria forestal y el conflicto entre empresas forestales y comunidades mapuches en el centro sur de Chile desde una perspectiva de la ecología política y de la economía política. Actualmente, trabaja principalmente sobre la soberanía alimentaria y hogares rurales en América Latina en el marco del cambio climático.

Claudia Hammerschmidt

Es doctora en Filología Románica por la Universidad de Köln. Ha sido profesora titular en el Instituto de Filología Románica de la Universidad de Trier (2009-2011) y, desde 2011, es catedrática de Literatura Española, Latinoamericana y Francesa en el Instituto de Filología Románica de la Universidad Friedrich Schiller de Jena (Alemania). Fue directora del Centro Regional María Sibylla Merian CALAS Cono Sur y Brasil (con sede en UNSAM) entre 2017 y 2025. Actualmente es directora del Centro Internacional de Estudios Transdisciplinarios Argentina/Cono Sur (ARCOSUR) de la Universidad Friedrich Schiller de Jena y directora del Instituto de Filología Románica de la misma universidad. Hasta fines de 2021, dirigió la Red temática internacional “Cambio transnacional, desigualdad social, intercambio intercultural y manifestaciones estéticas: el ejemplo de la Patagonia”, en cooperación con ocho universidades argentinas y chilenas. De 2016 a 2020 fue presidenta del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana (con sede en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos). De 2015 a 2019 fue codirectora del proyecto binacional Fundación Alemana de Investigación Científica (DFG)-CONICET-Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT), “El paradigma Marechal o la ‘tercera posición’ de la literatura argentina”. Es editora de las colecciones Fines del Mundo. Estudios culturales del Cono Sur (que contiene la serie “Patagonia literaria”) y “Estudios culturales de Latinoamérica y el Caribe” (todas por INOLAS). Ha organizado cerca de 60 congresos, coloquios y plataformas internacionales (en Alemania, Francia, Argentina, Chile, México y Estados Unidos), 10 ciclos de conferencias (en la Universidad Friedrich Schiller de Jena), 4 exposiciones de pósteres (en Alemania y Argentina) y cerca de 25 lecturas de poesía latinoamericana (en Alemania, Argentina y Chile). Su tesis doctoral versó sobre Guillermo Cabrera Infante y su literatura del exilio (publicado por Vervuert en 2002; traducido al castellano en 2015 con el título de Mi genio es un enano llamado Walter Ego. Estrategias de autoría en G. Cabrera Infante). Su tesis de habilitación se dedicó a la constitución de la autoría moderna en la literatura francesa (Autorschaft als Zäsur. Vom Agon zwischen Autor und Text bei d'Urfé, Rousseau und Proust, Fink, 2010). Desde entonces ha editado más de 20 libros y publicado cerca de 60 artículos y capítulos de libros, en particular sobre literatura latinoamericana. Ha sido profesora o investigadora invitada en distintas universidades nacionales y extranjeras.

Osnaide Izquierdo

Es doctor en Ciencias Sociológicas por la Universidad de La Habana. Es profesor titular y director del Departamento de Sociología de esta universidad. Ha publicado varios textos relacionados con los estudios laborales y sobre economía. Sostuvo intercambios académicos y fue profesor invitado en universidades y centros de investigación de la región y Europa, tales como la Universidad de la República de Uruguay, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) (Argentina), la Universidad de Stavanguer (Noruega), la Universidad de Kassel (Alemania), la Universidad de Malmö (Suecia), la Universidad Pública de Navarra (España), y la Universidad Estatal de San Pablo, campus de Franca (Brasil).

Anna Landherr

Es doctora en Sociología. Es docente e investigadora en el Centro de Resiliencia Climática (Zentrum für Klimaresilienz, ZfK) de la Universidad de Augsburg (Alemania). En los últimos años, ha dedicado su investigación a los conflictos socioecológicos que se dan como resultado de distintos sectores extractivos, así como a las luchas y relaciones de poder que emergen de ellos, enfocándose principalmente en la industria minera chilena y sus residuos tóxicos. Su trabajo se centra en las consecuencias socioambientales que, a pesar de su gravedad, permanecen mayoritariamente invisibles a nivel societal, entendiéndolos como fenómenos de violencia lenta (slow violence). Actualmente, se encuentra indagando sobre la posibilidad de entender al campesinado como fuerza social de cambio y su potencial como un actor clave para una transformación socioecológica en tiempos de crisis climática.

Adriana Petra

Es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Es docente de grado y posgrado en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de esta misma casa de estudios e investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con sede en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas (LICH-UNSAM). Es especialista en historia intelectual, cultural y de las izquierdas argentinas y latinoamericanas. Sus trabajos se interesan por las elites culturales, las redes político-intelectuales transnacionales y los artefactos culturales impresos. Ha recibido becas y premios de los ministerios de Educación, de Cultura y de Relaciones Internacionales y Culto de la Nación Argentina, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), del programa Secyt/Ecos (Francia), de la Librería de la Universidad de Princeton (Estados Unidos) y de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional. Actualmente, es vicedirectora del Centro Regional Maria Sibylla Merian CALAS Cono Sur y Brasil (con sede en la UNSAM).

Serie “Identidades estratégicas y crisis en América Latina. Procesos y tensiones”

Merian CALAS, o “Maria Sibylla Merian Center for Advanced Latin American Studies”, es un centro pluritópico de estudios avanzados creado en marzo de 2017 y dedicado a “afrontar las crisis desde América Latina”. Está codirigido por las universidades alemanas de Bielefeld, Kassel, Hannover y Jena, y cuatro universidades latinoamericanas: Universidad de Guadalajara (México), Universidad de Costa Rica, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador) y Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) (Argentina). Tiene su sede principal en Guadalajara y es financiado por el programa “Maria Sibylla Merian” del Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) de Alemania. Representa actualmente uno de los proyectos de investigación científica más grandes respaldados por Alemania acerca de América Latina.

Una de las metas del Merian CALAS es la intensificación de la cooperación científica entre América Latina y Alemania en el sector de las humanidades y ciencias sociales desde una perspectiva decolonial, como también la internacionalización de la investigación sobre Latinoamérica a través de proyectos de cooperación directos, horizontales y dialógicos. Al mismo tiempo, se propone abordar temas de alta relevancia en las humanidades y ciencias sociales en y desde América Latina y formar una nueva generación de investigación transregional orientada al diálogo a nivel internacional.

Para lograr esta meta, por un lado, Merian CALAS se centra en formatos de apoyo como el fellowship para investigadoras e investigadores juniors y seniors de Latinoamérica y Alemania. Por el otro, subdivide su enfoque temático de “afrontar las crisis desde América Latina” en cuatro líneas de investigación o laboratorios de conocimiento, desarrollados cada uno por la asociación entre una universidad alemana y otra latinoamericana. De esta manera, además de la sede principal en Guadalajara, se formaron tres subsedes regionales de CALAS, cada una codirigida por una universidad latinoamericana y otra alemana.

En nuestro caso, es decir, en la sede regional Merian CALAS Cono Sur y Brasil, desde 2017 hasta 2025 se trató de una intensa cooperación entre la Universidad Friedrich Schiller de Jena y la UNSAM, acerca del tema de “Identidades estratégicas y crisis en América Latina. Procesos y tensiones”. Esta línea de investigación se intensificó entre julio de 2023 y diciembre de 2024, cuando la sede entró en su fase álgida y coordinó con el laboratorio homónimo el trabajo científico de Merian CALAS, invitando a proyectos y estadías de investigación, conferencias y actividades académicas y artísticas dedicadas a dicho tema.

El propósito del Laboratorio de conocimiento Merian CALAS Cono Sur y Brasil “Identidades estratégicas y crisis en América Latina. Procesos y tensiones”, cuyos resultados se dan a conocer en la serie homónima, consistió en articular el estudio de las identidades con las crisis de representación, artísticas, políticas, sociales, culturales (incluyendo los procesos asociados a su transmisión), ambientales, económicas y sanitarias, desde un enfoque transdisciplinario que aborde la construcción de identidades en diferentes actoras, actores y movimientos sociales, como en el caso de pueblos indígenas, migrantes, afrodescendientes, mestizajes, identidades LGTBIQ+ y movimientos de mujeres.

En este sentido, por un lado, se impulsó la reflexión a partir de estudios empíricos situados. Por el otro, también se alentó la reflexión teórica sobre las implicaciones ideológicas de conceptos como (pos)identidad, (pos)feminismo, (pos)etnicidad o interculturalidad/transculturalidad. Al mismo tiempo, se propuso reflexionar sobre las transformaciones y reconstrucciones de identidades colectivas tradicionales, desde las identidades nacionales, regionales, las identidades étnicas, las vinculadas al mundo del trabajo, las juventudes, las y los pobres o nuevos pobres, de acuerdo con el momento histórico. Partimos de la base de que las crisis son también un excepcional momento de innovación en términos de transformación de repertorios de acción y formas de protesta, donde las actoras y los actores sociales se constituyen en el conflicto.

La articulación entre crisis, identidades e irrupción en el espacio público de nuevas formas de visibilización y protesta frente a las consecuencias sociales de la modernización y los procesos de urbanización también fueron parte de la reflexión en el laboratorio de conocimiento. Esto supuso abordar los procesos de equivalencia y divergencia entre las demandas emergentes y su potencial de fragmentación y articulación en los Estados nación latinoamericanos. En este sentido, uno de los focos se puso en identidades regionales y locales, y en construcciones y deconstrucciones de la región a través de invenciones simbólicas con potencial estético-político. Y también supuso diferenciar procesos de invención, redefinición y naturalización de identidades diversas, que incluyeron su reconfiguración y los procesos de su institucionalización.

Consecuentemente, durante todo el laboratorio de conocimiento se analizaron diferentes modalidades identitarias a través de prácticas sociales y culturales (acciones individuales y colectivas, discursos, narrativas, poéticas) basadas en procedimientos de inclusión y exclusión, especialmente atendiendo a procesos de intersección y a sus articulaciones interculturales estéticas. Una de las metas transversales del laboratorio fue poner en cuestión conceptos teóricos ya largamente aceptados (como el mencionado de la interculturalidad) en contextos de discursos hegemónicos basados en el racismo, la xenofobia en sus múltiples manifestaciones, la violación de derechos humanos y la misoginia.

La presente serie de publicaciones de UNSAM Edita, que se agrupa bajo el mismo nombre del Laboratorio de Merian CALAS Cono Sur y Brasil, “Identidades estratégicas y crisis en América Latina. Procesos y tensiones”, quiere dar cuenta de una parte de este trabajo. Por eso presenta los resultados de los cuatro grupos de fellows dedicados a las respectivas líneas de investigación en las que se dividió el laboratorio, en cuatro tomos:

– Tomo 1: Identidades en disputa y sentidos de futuro. Saberes, ideas y lenguajes de las crisis.

– Tomo 2: Identidades y crisis económicas. Reconfiguraciones, rupturas y marcas.

– Tomo 3: Identidades en la vida pública democrática. Disputas y representaciones.

– Tomo 4: Identidades estratégicas en los pueblos indígenas. Narrativas, producciones y representaciones.

Agradecemos a UNSAM Edita por su rigurosa labor y le deseamos un amplio público lector a la serie.