¿Qué ocurre cuando la democracia ya no representa, y las voces emergentes reclaman su lugar?

En América Latina, el siglo XXI ha transformado radicalmente la política: los partidos tradicionales pierden fuerza, surgen liderazgos personalistas y movimientos sociales demandan mayor representación. Identidades en la vida pública democrática explora esas tensiones y analiza cómo la desconfianza en las instituciones abre paso a nuevas formas de participación, pero también a discursos polarizantes. ¿Cómo construyen legitimidad los gobiernos en tiempos de incertidumbre? ¿De qué manera grupos históricamente marginados –como pueblos originarios o trabajadores informales– logran visibilidad? ¿Por qué avanzan las derechas radicales en la región? A través de casos concretos, la obra examina estos desafíos y muestra que la democracia ya no se juega solo en las urnas, sino también en las calles, los tribunales y los medios.

Frente a un contexto de cambio permanente y descontento creciente, este volumen ofrece claves para comprender cómo se redefinen hoy los vínculos políticos, las identidades colectivas y el horizonte mismo de la democracia en la región.

LUCAS CHRISTEL

Es doctor en Ciencia Política y magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Actualmente es director del Centro Regional Maria Sibylla Merian CALAS Cono Sur y Brasil, investigador asistente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), director de la Licenciatura en Ciencia Política y profesor adjunto de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM.

ADRIANA PETRA

Es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) e investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con sede en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas (LICH) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Actualmente es docente de grado y posgrado en la Escuela de Humanidades y directora del Centro de Estudios Latinoamericanos en la UNSAM. A partir de 2023, es vicedirectora del Centro Regional Maria Sibylla Merian CALAS Cono Sur y Brasil.

Identidades en la vida pública democrática. Disputas y representaciones

Lucas Gabriel Christel; Adriana Petra (editores)

1.a edición - San Martín: UNSAM EDITA

Libro digital, EPUB - (Serie CALAS - Identidades estratégicas y crisis en América Latina. Procesos y tensiones)

ISBN 978-631-91210-3-2

1. Identidad. 2. Democracia. I. Christel, Lucas Gabriel II. Petra, Adriana, ed. III. Christel, Lucas Gabriel, ed. IV. Título.
CDD 323

La presente publicación ha sido financiada por el Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Avanzados Latinoamericano-CALAS Cono Sur y Brasil con fondos del Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) de Alemania.

@ UNSAM EDITA

@ Lucas Gabriel Christel

@ Adriana Petra

Imagen de tapa: Identidades. Paola Reyes / Colectivo Ocote

Coordinación editorial: Claudia Tomadoni

Queda hecho el depósito que dispone la Ley 11.723

Prohibida la reproducción total o parcial, incluyendo fotocopia,
sin la autorización expresa de sus editores.

Índice

Introducción

Lucas Christel

Las mañaneras y Conversando con el presidente

Mediatizaciones de las identidades populares en México y Argentina

Mariana Cané Pastorutti

Narrativas radicalizantes en América Latina

Los casos de Argentina, Chile, Costa Rica y México

Franco Delle Donne

Diversidades étnicas, de género y racializadas en los bicentenarios de la segunda oleada

Argentina, Brasil y México (2020-2022)

Pablo Ortemberg

Representación legislativa y trayectorias políticas de diputaciones indígenas y afromexicanas en México

Experiencias compartidas, identidades colectivas
y actores críticos

Víctor Manuel Santillán Ortega

Lenguaje de derechos y movilización legal: nuevas identidades estratégicas entre los sectores excluidos del trabajo formal

El caso de las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular en la Argentina

Gabriela Delamata

Sobre las autoras y los autores

Serie “Identidades estratégicas y crisis en América Latina. Procesos y tensiones”

Introducción

Lucas Christel

Este volumen presenta una serie de trabajos de destacadas investigadoras e investigadores sobre una problemática central, relevante y sumamente actual para América Latina y el Caribe: la crisis de representación y las nuevas identidades de la vida pública democrática.

El presente esfuerzo editorial forma parte de un proyecto colectivo, enmarcado en el Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS). Dicho proyecto, organizado en la forma de un Laboratorio de conocimiento titulado “Identidades estratégicas y crisis en América Latina. Procesos y tensiones”, se ha concentrado en el estudio y problematización de las múltiples interrelaciones entre identidades y crisis con perspectivas de comprender los procesos de construcción, disputas y transformación de las identidades en la región.

Las preguntas en torno a las crisis en América Latina han sido el núcleo central de los desafíos teóricos y analíticos del CALAS en sus distintas iniciativas y líneas de investigación dirigidas a teorizar, comprender y afrontar las crisis. Así, en un contexto de múltiples crisis –pensadas también como policrisis–, los variados esfuerzos de CALAS han problematizado la violencia y la paz, la pobreza y las desigualdades económicas, el antropoceno y los desafíos ambientales y las identidades estratégicas.

En términos generales, el Laboratorio de investigación –el cuarto en la secuencia cronológica de CALAS– ha reflexionado sobre los modos en que se intersectan crisis e identidades estratégicas y ha prestado particular atención a elementos clave tales como las formas en las cuales se (re)construyen las identidades, sus variaciones, rupturas y grietas; cómo se expresan las contorsiones tanto en imágenes, conceptos y manifestaciones estéticas que las condensan, y cómo participan los actores sociales en estos procesos a partir de problemáticas específicas, análisis empíricos o reelaboración de modelos teórico-metodológicos.

Frente a este amplio abanico de aristas de investigación, dos premisas básicas acompañaron los más de 18 meses de trabajo arduo y colaborativo. Por un lado, una profunda reflexión sobre las identidades, partiendo de una concepción amplia y heterogénea de estas y entendiéndolas, a su vez, como un problema de investigación en sí mismo. En tal sentido, desde el Laboratorio se ha priorizado una perspectiva de las identidades que evite una definición taxativa y cerrada en vistas a no restringir las fronteras analíticas de las problemáticas en estudio. Por otro lado, el abordaje del amplio espacio denominado América Latina/Abya Yala –que incluye el Caribe– como un territorio plural, complejo y atravesado por múltiples crisis, tanto históricas y presentes. Esta mirada vasta sobre la región no implica, obviamente, una noción de uniformidad sino, más bien, todo lo contrario. Un punto de partida clave es el reconocimiento de una América Latina que se expresa como una región de múltiples y diversas identidades, pero que, a la vez, se encuentra amalgamada por un pasado común de colonialismo, violencias, reivindicaciones e historias de resistencias.

Así, América Latina/Abya Yala, ante la constante necesidad de hacer frente a las múltiples, reiteradas y permanentes crisis, experimenta instancias de (re)reformulación, multiplicación y reconfiguración de experiencias atravesadas por la condición identitaria que se expresa en una alta conflictividad política, económica, social y cultural entre poderes hegemónicos e identidades subalternizadas.

Quienes ya se hayan adentrado en otros volúmenes de esta colección, sabrán que el Laboratorio se ha estructurado en cuatro ejes de investigación específicos. En cambio, si estas páginas resultan un primer contacto con el trabajo de CALAS, y específicamente con las discusiones sobre crisis e identidades estratégicas, se recuerda que tales ejes han abordado las disputas por la identidad y los sentidos de futuro; las crisis económicas y su impacto en las identidades, la crisis de representación y las nuevas identidades y las identidades estratégicas y crisis en América Latina: el ejemplo de los pueblos indígenas. Para cada uno de ellos se ha preparado un volumen que recupera los trabajos de las y los fellows de investigación y que da cuenta de la riqueza analítica, los enfoques transdisciplinares y los esfuerzos colectivos por afrontar las crisis que se proponen desde el CALAS.

El presente volumen forma parte de las actividades del tercer eje de investigación, el cual se denomina “Crisis de representación y nuevas identidades en actoras y actores de la vida pública democrática”. Una característica central del funcionamiento actual de las democracias, particularmente desde el inicio del siglo XXI, son las transformaciones y las crisis de las formas de representación que se habían afirmado desde mediados del siglo XX. Esto no debe de extrañarnos, pues el estado natural de la democracia es el cambio (Bobbio, 1986), la tensión y el cuestionamiento permanente (Rosanvallon, 2009). Así, una arena volátil y propensa a las controversias profundizará sus condiciones naturales en un escenario latinoamericano siempre tendiente a las crisis recurrentes y los desafíos contenciosos.

Asimismo, es importante priorizar una mirada amplia de la democracia y sus particularidades. En vez de centralizar los enfoques desde perspectivas minimalistas y meramente centradas en las reglas y las dinámicas electorales, los trabajos que forman parte de la presente compilación muestran la relevancia de enfoques que arrojen luz sobre la amplitud de las pujas alrededor de la representación, las disputas por el poder y el reconocimiento de las y los actores de la vida democrática.

Como ya se ha señalado, con la llegada del siglo XXI, el funcionamiento de la democracia se ha visto atravesado por una serie de transformaciones que reconfiguraron las formas más tradicionales de la representación política constituidas, fundamentalmente, durante la segunda mitad del siglo XX. Sin ánimos de realizar una descripción detallada y exhaustiva sobre ellas, se presta particular atención a ciertas características centrales que permiten repensar las reconfiguraciones esenciales del escenario político en la región.

Un punto inicial para el análisis emerge de la profunda transformación en los vínculos representativos, derivada de la pérdida de centralidad de las estructuras partidarias tradicionales y de un surgimiento cada vez más marcado de la preminencia de los líderes personales (Fabbrini, 2009; Rosanvallon, 2009, 2015; Urbinati, 2014). En la “democracia de partidos”, aquella que magistralmente definió Manin (1998), la confianza de los votantes se concentra en tales estructuras, las cuales, a su vez, representaban visiones del mundo e identidades colectivas específicas. Mutaciones mediante, en la “democracia de audiencia”, la política y sus dinámicas atraviesa un proceso de personalización y la confianza es depositada en imágenes y sentidos que los líderes crean, transmiten y difunden a través de los medios de comunicación. En tal dirección, el trabajo de Cané Pastorutti, en este volumen, muestra cómo la palabra presidencial adquiere nuevas significancias y se convierte en instrumento tanto de comunicación oficial como de construcción de identidades.

A continuación, y fuertemente relacionada con lo anterior, la representación política basada en promesas y mandatos, aspecto característico de la tradicional democracia de partidos, es puesta en jaque por las múltiples incertidumbres y la volatilidad propia de la política contemporánea. Así, entonces, antes estos escenarios marcados por la oscilación, los votantes suelen priorizar líderes considerados “brújulas”, quienes operan en forma de “guías” que favorecen la orientación ante panoramas cada vez más impredecible (Mansbridge, 2003).

Complementariamente, y de forma concurrente al corrimiento de las democracias de su dimensión electoral-representativa, en los últimos tiempos se han multiplicado las experiencias contenciosas de protestas y movilizaciones ciudadanas que cuestionan el poder y buscan influir o incluso vetar las decisiones de actores institucionales. Estas tendencias se encuentran atravesadas por un carácter de negatividad respecto de las formas tradicionales de expresión de la soberanía popular. En muchos casos, estos fenómenos de protesta a gran escala, conceptualizados como contrademocráticos (Rosanvallon, 2007), expresan un rechazo hacia la idea misma de representación, la delegación de poder y el liderazgo (Castells, 2012).

En este contexto, no es extraño que la(s) crisis y la insatisfacción con las formas de mediación entre el Estado y la sociedad civil emerjan en el amplio espacio de América Latina a través de múltiples formas, episodios y manifestaciones. En los últimos tiempos, estas tendencias se han replicado, por ejemplo, en el surgimiento de una “nueva derecha”, es decir, figuras políticas y estructuras que conjugan un discurso “antisistema” radicalizado con propuestas y discursos conservadores o reaccionarios (Stefanoni, 2021), llegando incluso a la conquista del poder estatal a través del voto popular, como lo demuestran las experiencias de Bolsonaro en Brasil o, más recientemente, Milei en Argentina. En este volumen, la contribución de Delle Donne arroja luz sobre las narrativas radicalizantes de los actores políticos de la derecha radical en América Latina.

Otra expresión de la reconfiguración del escenario democrático se expresa en la organización de actores colectivos en espacios no partidarios que, a su vez, no representan las formas organizativas más usuales o tradicionales (mayormente los movimientos sociales). Este corrimiento de los patrones usuales de representación política está íntimamente ligada a una expresión democrática que ya no es entendida en términos universalistas, sino particularistas. Este punto es central para las discusiones del presente volumen, dado que la base sustantiva de estas expresiones resulta de la extensión de derechos asociados a colectivos específicos definidos por características identitarias (Gauchet, 2008). En el presente volumen, dos trabajos logran dialogar, con distinto grado de intensidad, sobre estas reconfiguraciones. Por un lado, el trabajo de Santillán, quien estudia cómo las políticas afirmativas actúan de sustento para la consolidación de trayectorias legislativas de poblaciones vulnerables a partir de la apelación a identidades específicas, como la indigenidad y la afromexicanidad. Por otro lado, el aporte de Ortemberg, quien analiza los festejos de los bicentenarios patrios, la representación oficial de las identidades y las demandas de participación y reconocimiento de actores históricamente subalternizados.

Por supuesto que estos nuevos escenarios han tenido, también, significativos impactos a nivel institucional. Entre otros, se puede reparar en dos aspectos de creciente relevancia. Primero, la creciente judicialización de la vida pública y la consiguiente disminución de la “política” en vistas del incremento de la judicialización de las dinámicas de representación y reclamo colectivo. En tal dirección, y en creciente contexto de juridificación de las relaciones sociales (Delamata y Christel, 2023; Sieder, Schjolden y Angeli, 2005), el capítulo de Delamata muestra cómo la ampliación de los repertorios de acción, mediante la judicialización, persigue el reconocimiento y la ampliación de derechos en el marco de pujas políticas de gran relevancia. Segundo, la determinación de las políticas públicas, otrora esfera restringida mayormente a la determinación estatal, se ha transformado a partir de la complejización de la relación entre el Estado y la sociedad, superando la dicotomía exclusiva de gobierno y sociedad (Ferrajoli, 2019).

Ante la relevancia de todos estos procesos, el concepto de crisis surge como indispensable para enmarcar y reflexionar sobre los destinos de la democracia contemporánea y la representación política en América Latina/Abya Yala. Frente a un inconformismo creciente respecto de la democracia desde mediados del siglo XX y a una serie de mutaciones en curso que están reformulando conceptos clave como ciudadanía, representación y derechos, los siguientes capítulos resultan esenciales para (re)pensar las dinámicas de la democracia en la región.

En su capítulo titulado “Las mañaneras y Conversando con el presidente: mediatizaciones de las identidades populares en México y Argentina”, Mariana Cané Pastorutti se pregunta por las formas en las cuales se construye la confianza en tiempos de la desconfianza en la política. En su trabajo analiza la palabra presidencial e indaga cómo, mediante su mediatización, se busca construir una legitimidad ampliada que permita la recuperación de la confianza y la superación de la crisis. El trabajo reconstruye, con gran claridad, dos experiencias de mediatización de la palabra presidencial. Por un lado, el programa radial Conversando con el presidente, del mandatario argentino Eduardo Duhalde, y, por el otro, las mañaneras, las conferencias de prensa diarias del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Mediante su análisis, Mariana recupera casos de estudio ubicados en los extremos (en los sentidos temporales, materiales y geográficos) y propone un ejercicio comparativo centrado en tres elementos principales: el modo de construcción de la crisis, el dispositivo mediático y la escena de enunciación y la imagen de sí, o el ethos proyectado allí por los dirigentes.

El capítulo de Cané Pastorutti incorpora de manera explícita los dos ejes centrales del Laboratorio. Mientras la conceptualización de la crisis es estructurante de la estrategia de mediatización y la definición de su carácter integral habilitó, en ambos casos, las rupturas con el pasado y la proyección de futuros alternativos, la arena de las identidades arroja luz sobre las posibles vinculaciones entre las formas de (re)configuración de las identidades populares y la creación de proyectos políticos. El estudio de las experiencias de mediatización, y más allá de las diferencias de su formato de emisión, muestra cómo en ambos casos los presidentes han buscado acercarse a la ciudadanía en contextos de crisis (de tipo “espiritual” en el caso argentino, y “moral” para la experiencia mexicana) a partir de una “comunicación directa” que genere proximidad y acerque a las personas “comunes” a una esfera distante y carente de confianza como la arena política. El trabajo de Mariana resulta necesario, también, para profundizar los conocimientos sobre la capacidad transformadora de la política y su carácter ordenador. No es de extrañar que en contextos vacíos de promesas y de proyectos colectivos a futuro emerjan las discursividades antipolíticas, se maximice la erosión democrática y recrudezcan las radicalidades políticas expresadas en vertientes de derechas o libertarias.

Es justamente sobre este último fenómeno que Franco Delle Done aporta un trabajo de eminente actualidad, titulado “Narrativas radicalizantes en América Latina. Los casos de Argentina, Chile, Costa Rica y México”. En dicho capítulo, Franco identifica y reconstruye las narrativas radicalizantes de los actores políticos de la derecha radical en América Latina. A partir de este ejercicio, busca comprender su estructura, identificar sus temáticas recurrentes y establecer puntos de contacto con ideas preexistentes propias del pensamiento político de la derecha radical europea, así como de las diferentes vertientes del conservadurismo. Su propuesta se fortalece gracias a una amplia mirada regional, que incluye el análisis de las experiencias en Argentina, Chile, Costa Rica y México, a partir del estudio de las narrativas radicalizantes de Javier Milei, José Antonio Kast, Fabricio Alvarado y Eduardo Verástegui, respectivamente. Mediante este ejercicio, avanza en la comprensión de las bases ideológicas de las narrativas radicalizantes latinoamericanas, lo que le permite identificar tanto las conexiones y similitudes con casos foráneos como las particularidades propias del fenómeno en la región.

Delle Donne propone una lectura conceptual densa para mostrar cómo las narrativas, a partir de su peso en la configuración del discurso político, no solamente operan como un elemento esencial de la vida social y política de las sociedades contemporáneas, sino que, también, juegan un papel determinante en la construcción de las identidades políticas. Asimismo, la profunda discusión teórica le permite trazar vínculos entre las narrativas políticas y sus funciones básicas (reducción de complejidad, creación de orden y establecimiento de mecanismos causales) con las ideologías radicalizadas. Es mediante este análisis que Franco demuestra cómo el carácter simplificado de tales narrativas no solo refuerza las identidades colectivas, sino que, además, habilita y legitima determinados marcos de acción caracterizados por la polarización, la exclusión e, incluso, la justificación de medidas extremas.

A través de los cuatro casos estudiados, el trabajo identifica que las narrativas radicalizantes de la derecha radical en América Latina ofrecen un patrón común signado por un uso estratégico de relatos que simplifican realidades complejas para movilizar emociones, habilitar posiciones extremas y legitimar agendas polarizantes. Así, en un contexto de desplazamiento gradual pero constante hacia extremismos que tienden a la legitimación de acciones violentas, al comportamiento antidemocrático y al fomento de la polarización total, el aporte de Delle Donne se vuelve una lectura esencial para la comprensión de estos nuevos escenarios en América Latina.

Por su parte, el trabajo de Pablo Ortemberg, “Diversidades étnicas, de género y racializadas en los bicentenarios de la segunda oleada: Argentina, Brasil y México (2020-2022)”, aborda las fiestas patrias como dispositivos que escenifican la identidad nacional de un “nosotros”. A partir de un análisis pormenorizado de los festejos de los bicentenarios patrios, el trabajo problematiza los vínculos entre las representaciones oficiales de grupos y sectores históricamente subalternizados y las demandas de participación y reconocimiento de estos. El estudio de las fiestas patrias en América Latina también permite pensar en los impactos actuales de los elementos históricos y los pasados comunes de la región. Como se señaló anteriormente, la misma noción de América Latina es compleja y problemática, pero la pertenencia a un pasado común hace más rica la perspectiva sincrónica propuesta en el análisis de Pablo. Adicionalmente, la pregunta por los cambios y las modificaciones de los rostros de la identidad nacional representada en los festejos patrios abre el juego a (re)pensar los límites y alcances de las identidades plurales y las políticas del reconocimiento en la región.

Pablo parte de la premisa común que entiende las conmemoraciones como sucesos políticos del presente en los cuales hay disputas simbólicas de los distintos actores por el sentido y la ubicación dentro de la comunidad nacional, lo que produce tanto visibilizaciones recurrentes como escenarios de invisibilidad. En consecuencia, el trabajo compara los distintos impactos de las agendas de género, indígena y afrodescendiente, desde una perspectiva interseccional, en tres fiestas patrias específicas: el bicentenario del fallecimiento de Manuel Belgrano en Argentina (20 de junio de 2020); el bicentenario de la independencia del Brasil (7 de septiembre de 2022); y el bicentenario de la “consumación” de la independencia de México (27 de septiembre de 2021). A través de una minuciosa reconstrucción de las celebraciones oficiales y de las reacciones de los actores sociales, el trabajo de Ortemberg se constituye como un material indispensable para estudiar, a partir de las escenificaciones gubernamentales y las demandas de la sociedad civil, las complejas y mutantes interrelaciones entre identidades particulares e identidades nacionales.

El trabajo de Víctor Santillán, denominado “Representación legislativa y trayectorias políticas de diputaciones indígenas y afromexicanas en México: experiencias compartidas, identidades colectivas y actores críticos”, se trata de un aporte consistente a los estudios sobre representación política, en este caso la incorporación de grupos vulnerables a la arena institucional expresada por la legislatura nacional. Como bien señala Víctor en el inicio, la representación en los cuerpos legislativos ha sido una cuestión de gran importancia en las discusiones democráticas contemporáneas. La expresión de estas problemáticas en América Latina ha implicado, en la práctica, una subrepresentación sustantiva, cuando no una exclusión absoluta, de comunidades indígenas y afrodescendientes, incluso en países donde dichos grupos representan porciones muy significativas de la población nacional. Ante dicha problemática, la región ha avanzado en los últimos años con la aprobación de estrategias de acción afirmativa en vistas a incrementar la representación de grupos vulnerables en los diversos niveles de las instancias legislativas.

El trabajo de Santillán recupera la experiencia de México y el proceso federal electoral 2020-2021 a partir del cual se impulsaron acciones afirmativas orientadas a promover la representación de cinco grupos vulnerables e históricamente marginados: indígenas, afromexicanas, de diversidad sexual, con discapacidad y migrantes residentes en el extranjero. Particularmente, se analizan las trayectorias políticas de Celeste Ascencio (Diputación por acción afirmativa indígena) y Sergio Peñaloza (Diputación por acción afirmativa afromexicana) como dos casos instrumentales que muestran cómo su presencia conecta las identidades colectivas de sus electores con una incorporación efectiva a la hechura de la política legislativa. A través de ellos, el trabajo de Víctor gana densidad analítica, dado que ambas experiencias, además de explorar cuestiones teóricas, permiten iluminar aspectos clave de un fenómeno social más amplio. En la trayectoria de Celeste, se evidencia la potencia analítica de la interseccionalidad al autoadscribirse como mujer, joven, indígena y lesbiana. En tanto, la mirada retrospectiva de la carrera política de Sergio permite iluminar los bemoles, momentos y quiebres en las trayectorias de actores pertenecientes a grupos marginados.

Finalmente, el trabajo se constituye como un gran aporte a los debates sobre identidades y democracia al trascender su pretensión analítica y pasar a la implementación inmediata de las cuotas de representación. Mas bien, el estudio propone una mirada más amplia que ahonda en la calidad de la representación producida por los nuevos legisladores, problematiza el compromiso de estos actores políticos con sus comunidades de origen y muestra la relevancia de avanzar hacia una representación sustantiva que exceda los límites de lo estrictamente formal.

Por último, el capítulo de Gabriela Delamata, “Lenguaje de derechos y movilización legal: nuevas identidades estratégicas entre los sectores excluidos del trabajo formal. El caso de las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular en Argentina”, repara en una vertiente particular de repertorio de acción por parte de actores sociales, la movilización legal como estrategia para articular reivindicaciones e influir en el Estado. Su propuesta articula con significativa claridad las aristas de la crisis y las identidades como estructuradoras del análisis a partir de la experiencia argentina. Por un lado, se ofrece una contextualización detallada de los impactos de la crisis de integración social que produjo el neoliberalismo (reforzados por la omnipresente crisis del 2001-2002) sobre las identidades populares y, particularmente, sobre el mundo del trabajo. Por otro, y ante la multiplicación de propuestas asistenciales que no logran romper las nuevas dinámicas del desempleo y la pobreza, el texto reconstruye cómo la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) se concibe como una organización independiente de los partidos políticos, que brega por la restitución de los derechos laborales y sociales básicos. A los fines de las discusiones centrales de este volumen, resulta sumamente significativo el énfasis en la invención de “los trabajadores de la economía popular” como una identidad estratégica que permite pujar por el reconocimiento estatal y el cumplimiento de los mismos derechos que la clase trabajadora.

El estudio de la movilización legal como una forma particular de la sociedad civil que apela al lenguaje de derechos como estrategia de reivindicación y presión sobre el Estado muestra no solamente la productividad política de los actores sociales, sino también los márgenes amplios del juego democrático y la importancia de incluir enfoques analíticos que trasciendan las reglas electorales y la representación partidaria. Así, mediante variadas estrategias como el lobby, la judicialización y el litigio judicial, el trabajo de Delamata muestra con precisión cómo los integrantes de la CTEP han logrado su reconocimiento institucional al tiempo que siguen reclamando por la construcción de escenarios políticos, económicos y sociales más justos e igualitarios.

Tal como se indicó en las palabras iniciales de esta introducción, los capítulos comprendidos en este volumen son el fruto del arduo trabajo de investigación de las y los fellows del Merian CALAS correspondientes al tercer eje del Laboratorio sobre crisis e identidades estratégicas en América Latina. A ellos, un sincero reconocimiento por su labor, por haber deseado ser parte de las investigaciones de CALAS y por haber “puesto en pausa” sus dedicaciones y responsabilidades cotidianas para acompañarnos presencialmente en la sede principal del CALAS, ubicada en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara

Se extiende, además, un profundo agradecimiento al Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania por la financiación de Merian CALAS, a la Junta Directiva de CALAS, a Jochen Kemner, a todas y todos aquellos que construyeron colectivamente las bases teóricas del Laboratorio y sus ejes de investigación, a las autoridades de la Universidad Friedrich Schiller de Jena y de la Universidad Nacional de San Martín, especialmente a través de los decanos de la Escuela de Humanidades, la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales y la Escuela de Política y Gobierno, por el apoyo constante a la sede regional CALAS Cono Sur y Brasil. Finalmente, pero no menos importante, se agradece a la directora del Centro por la Universidad Friedrich Schiller de Jena, Prof. Dra. Claudia Hammerschmidt, y al equipo de coordinación del Laboratorio 4 por su incansable dedicación a lo largo de todo el proyecto: la Dra. Claudia Tomadoni, la Mg. Fernanda Oliveira de Souza, la Lic. Emilia Reiszer y el Dr. David Foitzick Reyes.

Referencias

Bobbio, N. 1986. El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica.

Castells, M. (2012). Redes de esperanza e indignación. Alianza Editorial.

Delamata, G. y Christel, L. (2023). Juridificación, democracia y participación ambiental. En H. Burchardt, C. Gargano y L. Christel (Coords.), ¿De la sustentabilidad al desarrollo? Entre el extractivismo verde y la transformación socioambiental (pp. 199-218). CALAS-CLACSO.

Fabbrini, S. (2009). El ascenso del Príncipe democrático. Quién gobierna y cómo se gobiernan las democracias. Fondo de Cultura Económica.

Ferrajoli, L. (2019). La democracia a través de los derechos. Trotta

Gauchet, M. (2008). La democracia: de una crisis a otra. Nueva Visión.

Manin, B. (1998). Los principios del gobierno representativo. Alianza.

Mansbridge, J. (2003). Rethinking Representation. American Political Science Review, 97(4), 515-528.

Rosanvallon, P. (2007). La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza. Manantial.

— (2009). La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad, proximidad. Manantial.

— (2015). El buen gobierno. Manantial.

Sieder, R.; Schjolden, L. y Angeli, A. (Eds.) (2005). The Judicialization of Politics in Latin America. Palgrave Macmillan.

Stefanoni, P. (2021). ¿La rebeldía se volvió de derecha? Siglo XXI Editores.

Urbinati, N. (2014). Democracy disfigured: opinion, truth and the people. Harvard University Press.

Las mañaneras y Conversando con el presidente

Mediatizaciones de las identidades populares en México y Argentina1

Mariana Cané Pastorutti

1. Mediatizaciones políticas en tiempos de crisis y desconfianza

“La historia de las democracias reales es indisociable de una tensión y un cuestionamiento permanente” (Rosanvallon, 2015, p. 23) [resaltado en el original]. Esta afirmación de Pierre Rosanvallon no pierde vigencia, al menos mientras la democracia sea la forma de sociedad sobre la que se erija nuestra vida en común. Pero, dado que ello dista hoy de ser un hecho que podamos dar por sentado, la pregunta por los modos en que nuestras democracias lidian con esa tensión y ese cuestionamiento permanentes debe ser reactualizada. Sabemos que para responder este interrogante no alcanza con dar cuenta del origen electoral de las y los representantes. Por eso, Rosanvallon distingue entre legitimidad y confianza, dos “cualidades políticas” que tienen diferente naturaleza. Por un lado, entiende la legitimidad como una cualidad jurídica, derivada del proceso de elección de las y los representantes; por el otro, vislumbra en la confianza una “institución invisible” con ribetes que exceden lo estrictamente procedimental y que funciona como una suerte de “legitimidad ampliada”. Pero ¿cómo se construye, entonces, confianza en tiempos de desconfianza en la política? En nuestras sociedades (hiper)mediatizadas, las puestas en escena de la palabra política revelan como nunca su capacidad constructora (o destructora) de confianza y creemos, entonces, que es allí a donde debemos dirigir nuestra mirada analítica.

Desde fines de la década de 1990, en América Latina la palabra política (y, en especial, la palabra presidencial) ha sido mediatizada de formas diversas a través del registro radial, televisivo e, incluso, y más acá en el tiempo, de formatos online, como el streaming y el podcast. De la radio a YouTube, los soportes han cambiado, pero el objetivo pervive: con la figura presidencial como protagonista, estas mediatizaciones buscan acercarse a la ciudadanía en contextos de crisis de confianza en la palabra política. Generar proximidad, como hombres y mujeres “comunes”, y acercar a las y los ciudadanos “comunes” a esa esfera aparentemente distante que es la política (con sus secretos, luces y sombras), ha sido el imperativo de la política de masas, pero se ha radicalizado hacia finales del siglo XX. En este sentido, en América Latina han sido particularmente relevantes los casos mexicano y argentino con, por un lado, el programa radial Conversando con el presidente, que tuvo a Eduardo Duhalde (2002-2003) como protagonista, y, por el otro, las conferencias de prensa diarias (también conocidas como mañaneras) del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Mientras el primero constituyó una de las experiencias embrionarias en la región y surgió como respuesta a una de las crisis sociopolíticas más profundas y resonantes del período (la tristemente célebre crisis de 2001), las mañaneras representan una de las formas recientes más novedosas y complejas de mediatización de la palabra presidencial que, también en un contexto crítico, combina difusión en redes sociodigitales, con una extensión y una cadencia que van a contramano del formato corto y dinámico que esos medios suelen exigir. Adicionalmente, ambos dirigentes dieron cierta continuidad a sus proyectos al lograr garantizar la sucesión con presidentes de su misma fuerza política e íntimamente vinculados a sus liderazgos (Néstor Kirchner en Argentina y Claudia Sheinbaum en México, quien incluso ha sostenido las mañaneras). Es por ello que analizar dos casos en los extremos (temporales, materiales y geográficos: uno, de principios del siglo XXI, con soporte radial y en el extremo del cono sur, y otro, ya avanzada la centuria, en el que lo digital online es protagónico y ubicado en el límite septentrional de América Latina) nos puede permitir comprender qué es lo que estas mediatizaciones pusieron en juego para alcanzar con cierta efectividad la tan deseada “comunicación directa” entre políticos y ciudadanía en contextos de crisis.

Más allá de sus múltiples diferencias y de los veinte años que los separan, las mañaneras y Conversando con el presidente comparten el haberse introducido en la escena pública de sus países y de su tiempo como formas novedosas de mediatización de la palabra política presidencial. Su emergencia se sostuvo sobre un diagnóstico relativamente compartido, según el cual era preciso establecer una nueva forma de presentación pública de la voz presidencial: con un “diálogo circular, […] con mensajes de ida y vuelta” (López Obrador, 3 de diciembre de 2018) con los periodistas y la ciudadanía, y entablando “un canal directo de comunicación entre el presidente y los ciudadanos” (Duhalde, 26 de enero de 2002). Este diagnóstico (preocupado por la legitimidad de la palabra política y las formas de la intermediación) resultaba nodal para el mapa de situación que ambos dirigentes políticos ofrecieron al momento de acceder a la primera magistratura: los países atravesaban una crisis que sus gestiones debían encarar. Esa crisis era, además, definida por ambos como efecto de un orden de cosas vigente, sostenido por un “poder” contrario a los intereses del “pueblo”; era precisamente ese estado de cosas lo que estas formas novedosas de solidaridad política vendrían a transformar. Así caracterizados, el gobierno obradorista del Movimiento Regeneración Nacional (MoReNa) y el gobierno duhaldista-peronista pueden ser estudiados y analizados como (re)formuladores de identidades políticas populares, lo que invita a preguntarnos por el rol que jugaron aquellas formas de mediatización de la palabra política en sendos procesos críticos. ¿Qué tipo de respuesta a “la crisis” ofrecieron? ¿Qué recursos, qué modalidades de enunciación, qué formas de interacción escenificaron? En otras palabras, ¿qué características tuvieron estos dispositivos de mediatización orientados a encarar la falta de confianza en la política?

El objetivo de este proyecto es identificar puntos de continuidad y de ruptura entre dos modos de mediatización de la palabra política protagonizados por los presidentes López Obrador y Duhalde. En definitiva, y como parte de una agenda de investigación de más largo aliento, lo que se busca es aportar elementos para comprender las formas del lazo representativo que han erigido las identidades políticas populares en nuestra región en el último cuarto de siglo, así como los procesos de crisis que estas atravesaron (y atraviesan). Esta indagación no deja de afincar también en una preocupación teórico-política por los posibles modos de (re)configuración de las identidades populares en un contexto regional y global crítico, de ascenso de las extremas derechas sostenido, en no poca medida, sobre el cuestionamiento de la política, en general, y sobre la deslegitimación de la palabra política, en particular.

Esta propuesta se iniciará con un breve recorrido sobre los vínculos entre política y medios, los desafíos de la sociedad hipermediatizada y el carácter crítico de la legitimidad de la política. Dedicaremos el siguiente apartado a establecer los lineamientos teórico-metodológicos de la propuesta de abordaje y a presentar los criterios de conformación del corpus investigación. Los últimos dos segmentos del escrito se abocarán, sucesivamente, a analizar los modos de presentar la “crisis” que buscaban enfrentar, las imágenes de sí proyectadas y los dispositivos mediáticos y las escenas de enunciación que Conversando con el presidente y las mañaneras delinearon durante los primeros cien días de las presidencias de Duhalde y López Obrador, respectivamente.

2. Mediaciones y mediatizaciones. ¿La política en crisis?

La lógica hipermediatizada de las sociedades contemporáneas ha traído consigo desafíos particulares. La reticularidad de la red, la pérdida de peso de la figura del gatekeeper y el solapamiento de las funciones de producción y recepción (Cardon, 2016; Carlón, 2015; Scolari, 2008; Slimovich, 2016, 2017) han tenido efectos paradójicos para el espacio público, en general, y para el lazo representativo, en particular: menos democratizadores de lo que pronosticaban los diagnósticos optimistas y bastante más fragmentadores del tejido social de lo que advertían los pesimistas. Pero lejos de ser totalmente novedosos o rupturistas, las más de las veces, esos efectos se han complementado (y no siempre virtuosamente) con las lógicas de funcionamiento de la sociedad en sus formas mediática y mediatizada. Estas dos etapas han funcionado, antes bien, como lógicas sucesivas que, en su imbricación, permiten describir las diferentes dinámicas de la circulación de discursos que predominan en cada momento.

Mientras el primer concepto describe el modo especular de “representación” (más o menos deformada) de la realidad surgida con la prensa gráfica en los inicios de la sociedad industrial, el segundo da cuenta de las formas de estructuración de esa realidad social (sus instituciones, prácticas, lenguajes) en relación directa con los medios masivos, como la radio y la televisión (Verón, 2001). Sobre esta base, la sociedad hipermediatizada ha complejizado los vínculos entre medios masivos de comunicación, entre ellos y los sistemas de medios con base en internet, y entre ambos y la esfera política, lo que configuró procesos de convergencia y divergencia (esto es, por ejemplo, de mutación de los sentidos entre contenidos producidos en una plataforma y resignificados por otra), rupturas de escala de la mediatización y solapamiento de los roles de producción y reconocimiento entre los actores (Slimovich, 2016; Verón, 2001).

Esta progresiva densificación del espacio público ha ido de la mano de las crecientes dificultades que atraviesan los discursos (de los) políticos para construir sentidos sobre lo común que sean percibidos como legítimos. Por un lado, esto ha conducido a que una parte no menor de las y los analistas atribuyeran relaciones de causalidad entre la mediatización de la política y la denominada crisis de representación. Por el otro, y buscando desarmar algunos de los supuestos axiológicos de esas lecturas simplificadoras, otros abordajes han tendido a subrayar la interrelación entre ambos fenómenos y a brindar claves de lectura para entender los cambios en el lazo representativo en clave de mutación. Los trabajos de Mariano Fernández y Gastón Cingolani (2010) y Fernández (2014) han revisitado los de Eliseo Verón (1998) para repensar el vínculo entre medios y política, y sus transformaciones, desde una clave más que de causa-efecto, de interrelación mutua. En ese sentido, estos investigadores señalan que “la mediatización no cambia la naturaleza de la puesta en escena política”, sino que su especificidad es la ruptura de escala que implica la “transferencia al nivel colectivo de operaciones de significaciones (icónicas, indiciales, simbólicas)” (Fernández y Cingolani, 2010, p. 40). En una línea similar, y siguiendo el ya clásico trabajo de Bernard Manin sobre la representación (1998), Rocío Annunziata (2012, 2013) ha sugerido analizar los cambios en el lazo representativo en clave de mutación y no de mera crisis de representación, lo que permite enfocar el análisis tanto en los elementos de continuidad como de ruptura (y no solo en estos últimos, como la noción de crisis suele suponer). En línea con Rosanvallon (2009), Annunziata ha propuesto comprender el formato de proximidad como una nueva mutación del lazo representativo, en la que prima la lógica de la identificación entre representantes y representados, por sobre la de la distinción. Así, la “representación de proximidad supone que los gobernantes y candidatos deben presentarse como ‘hombres comunes’, y disimular toda diferencia o distancia representativa” (Annunziata, 2012, p. 24). Como se intentará exponer a lo largo de este trabajo, los dispositivos de mediatización analizados configuraron un eslabón nodal en los procesos de mutación del lazo de proximidad en las matrices políticas mexicana y argentina.

Siguiendo esta senda analítica, se propone abordar dos formatos de mediatización de la palabra política que tuvieron como protagonistas a dos presidentes: el programa radial Conversando con el presidente, de Eduardo Duhalde (Argentina, 2002-2003), y las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador (México, 2018-2024). Las dos décadas que median entre ambos fenómenos revelan que los desafíos que las y los dirigentes políticos encuentran para imponer su agenda, construir representatividad y entablar un lazo de proximidad perviven como un claro aspecto de continuidad entre las sociedades mediatizadas e hipermediatizadas. Aunque esta nueva coyuntura modifica la escala de la mediatización, introduce nuevos actores y voces (los “profanos” ajenos a los medios de comunicación son ahora amateurs que también producen sus propios contenidos), al tiempo que reduce la potencia de otros (como los gatekeepers o editores cuyo rol era dar visibilidad a lo considerado público) y configura una nueva geografía para el espacio público,2 las tensiones del lazo representativo se mantienen como una constante entre las sociedades mediáticas, mediatizadas e hipermediatizadas. Si, como advirtiera Claude Lefort (1986), la disolución de los referentes de certeza es lo constitutivo de la forma de sociedad democrática, el lazo representativo y los contornos de lo considerado legítimo para las y los representantes y representados no pueden sino estar sujetos a constante revisión. De este modo, las tensiones que configuran ese lazo aparecen más como un aspecto constitutivo de la representación con el que debemos aprender a lidiar, que como una excepcionalidad que debemos corregir y buscar desterrar de una vez y para siempre.

En el escenario hipermediatizado, la legitimidad democrática de la palabra política encuentra nuevas potencialidades, pero, ante todo, retos de nuevo tipo. La preocupación de las y los dirigentes políticos por construir y/o sostener su legitimidad durante procesos de deslegitimación de la palabra política se ha plasmado en múltiples dispositivos de mediatización protagonizados por diversos presidentes. Con el antecedente clave de las Fireside Chats, la serie de discursos radiales de Franklin D. Roosevelt durante la poscrisis del treinta, los Estados Unidos iniciaron esta tradición que fue luego continuada por presidentes como Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, interrumpida por Donald Trump y retomada luego por Joe Biden.3 En América Latina, especialmente desde fines de los años noventa, diversos programas televisivos y radiales han encontrado a primeros mandatarios regionales en el rol de protagonistas. Entre los casos más significativos podemos destacar el de los brasileños José Sarney, con Conversa al pie de la radio (1985-1990), Fernando Henrique Cardoso, con Palavra do presidente (radio, 1995-2002), Luis Inácio “Lula” da Silva, con Café com o presidente (radio, 2003-2010) (Ludovice, 2011; Ludovice y Pernambuco, 2014), y Dilma Rousseff, quien continuó con Café com a presidenta (Peng, 2014); y luego el de los venezolanos Hugo Chávez, con Aló presidente (radio y TV, 1999-2012) (Ramírez Lasso, 2012), y el de su sucesor, Nicolás Maduro, con Contacto con el presidente (TV, 2013-2017) y Los domingos con Maduro (TV, 2017). También podemos señalar el caso del ecuatoriano Rafael Correa, con Enlace ciudadano (radio y TV, 2007-2017); el del boliviano Evo Morales, con El pueblo es noticia (radio y TV, 2007-2019); y, finalmente, el del uruguayo José “Pepe” Mujica, con Habla el presidente (radio, 2010-2015).

Con diferentes soportes (varios de ellos son previos a la masificación de internet y las redes sociales hipermediatizadas, y comenzaron siendo programas radiales y mutaron luego al formato broadcasting) y con variada extensión (tanto de cada emisión como del ciclo en su totalidad), un aspecto es común a casi todos ellos: el carácter público de las emisoras que los difundían. El caso más conocido (el Aló presidente de Chávez) se transmitió, primero, por Radio Nacional de Venezuela y, luego, en el Sistema Nacional de Medios Públicos de Venezuela en su formato televisivo (ViVe Televisión, Venezolana de Televisión, YVKE Mundial). Por su parte, Enlace ciudadano, con Rafael Correa, podía verse por las emisoras estatales Ecuador TV y Gama TV, mientras que Café com o presidente se emitía originalmente por Radiobras, posteriormente incorporada a la Empresa Brasil de Comunicação, y El pueblo es noticia se difundió, primero, por Radio Illimani-Red Patria Nueva y, luego, por Bolivia TV. A este aspecto, mención aparte merece el programa Habla el presidente, del uruguayo José “Pepe” Mujica. Por un lado, porque la emisora M24 no es estatal y, por el otro, porque Mujica contaba allí con su ciclo Hablando al Sur desde antes de acceder a la presidencia. Entre 2005 y 2008 este programa estuvo al aire mientras el dirigente del Movimiento de Participación Popular-Frente Amplio ocupaba el rol de ministro de Ganadería del gobierno de Tabaré Vázquez; cuando Mujica finalizó su presidencia en 2015, volvió al aire con ese mismo nombre. Esta preexistencia del ciclo al comienzo de la presidencia es un aspecto compartido con las conferencias de prensa de López Obrador, puesto que el dirigente de MoReNa había instaurado esta práctica durante su jefatura de gobierno de la Ciudad de México entre 2000 y 2005, esto es, antes de acceder a la primera magistratura. Contó, además, con el antecedente del programa radiofónico Fox en vivo, Fox contigo, en el que Vicente Fox Quesada (aún gobernador de Guanajuato) ya había instaurado esta práctica, donde incluso “los receptores planteaban directamente sus demandas y eran invitados a integrarse a los Amigos de Fox” (Borjas Benavente, 2003, p. 108). Para el caso argentino, resulta llamativo que el principal antecedente de Conversando con el presidente fuera también protagonizado por un dirigente político de menor jerarquía institucional, Antonio Cafiero, que durante su gestión al frente de la provincia de Buenos Aires había estado a cargo de El gobernador habla con el pueblo, programa radiofónico emitido por la también pública Radio Provincia. En estos casos, la apertura de un nuevo canal de comunicación entre representantes y representados parece haberse “testeado” primero en el plano regional para pasar, luego, al nivel nacional.

Adicionalmente, y a pesar de las sustantivas diferencias en relación con el acceso a la presidencia,4 cierto es que tanto Duhalde como López Obrador lograron ser sucedidos por sus “delfines”: Néstor Kirchner, en el caso del dirigente bonaerense, y Claudia Sheinbaum, en el del tabasqueño. Ambos obtuvieron ese triunfo5 diagnosticando una crisis presentada como resultado de un orden de cosas vigente, promovido y sostenido por un “poder” contrario a los intereses del “pueblo”; en defensa y en representación de ese pueblo es que MoReNa y el peronismo duhaldista se erigieron como identidades políticas populares con pretensiones refundacionales. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de “lo popular”? Aquí lo entenderemos no como una categoría sociológicamente identificable y asociada a una posición social concreta (usualmente descripta como desfavorecida), sino como “gramática de construcción identitaria que en muchos casos puede sí ser interpretada como el proceso de “construcción de un pueblo'” (Aboy Carlés, 2012, p. 5). Lo característico de esta gramática es que en ella el pueblo es presentado como lo contrapuesto a un cierto orden vigente, al que se le atribuye el origen o las causas de su condición desfavorecida o vulnerada. Esta caracterización permite tender un diálogo polémico con aquellos trabajos que han descripto como populista al obradorismo y/o al liderazgo de López Obrador (Aragón Falomir y Lucca, 2023; López Robles, 2024; Ruiz Méndez, 2021), porque, como advierte Aboy Carlés, el antagonismo pueblo-bloque de poder es característico de las identidades populares, pero lo que hace que estas puedan ser consideradas populistas es un modo específico (pendular) de la gestión de la porosa frontera entre ambos.6

3. Crisis, enunciaciones mediatizadas, identidades. Aspectos teórico-metodológicos

En resumen, dada la centralidad de la “crisis” para la configuración de sendas identidades populares y, en vínculo con ello, para la promoción de formas novedosas de mediatización de la palabra presidencial, tres serán los elementos que revisaremos para estudiar estos procesos en términos comparativos: el modo de construcción de la “crisis”, el dispositivo mediático y la escena de enunciación, y la imagen de sí o ethos proyectado allí por los dirigentes. En primer lugar, la “crisis” será abordada en cuanto objeto de los discursos políticos (Cané Pastorutti, 2023b). La ubicuidad del significante “crisis” en la escena pública (aparentemente, nunca no estamos en crisis) exige que analicemos cómo ese término difundido hasta el cansancio en prensa gráfica, medios digitales, televisión, artículos académicos y en nuestras conversaciones cotidianas adquiere contornos específicos que mutan en el tiempo y el espacio, pero que, ante todo, están siempre en disputa. De lo que se trata, entonces, es de sistematizar los diagnósticos circulantes en un tiempo y un espacio dados, para establecer comparaciones diacrónicas y sincrónicas con otras coyunturas; es decir, con el objetivo reconocer puntos de continuidad y ruptura entre coyunturas definidas como críticas en diferentes tiempos y espacios y, además, para identificar mutaciones en los sentidos públicos circulantes en procesos definidos como críticos en un lapso de tiempo/espacio acotado.

El abordaje propuesto será, entonces, de tipo discursivo y tendrá tres aristas metodológicas: la construcción discursiva de la crisis, la semiosis social y el análisis argumentativo del discurso y, finalmente, la sociología de las identidades políticas. En primer lugar, los procesos sociopolíticos de crisis no serán analizados como meras coyunturas o contextos en los cuales analizar discursos (y, por tanto, externas a las discursividades circulantes en cierta escena pública), sino que se investigarán los modos en y por los que los discursos disputan por definir ciertos procesos como de “crisis”. En lugar de reponer discursividades circulantes en la crisis, propongo analizar las discursividades sobre la crisis, esto es, aquellas que luchan por definir ciertos procesos como críticos. La “crisis” emerge, así, en las escenas públicas como un objeto privilegiado de la disputa política. Si entendemos los discursos como configuraciones espacio-temporales de sentidos que son constitutivas de la realidad social, las crisis pueden ser abordadas como objetos cuyos contornos y alcances son delineados en el interjuego polémico-discursivo que configura la escena pública. Esto nos distancia, por tanto, de aquellos abordajes que creen ver en las coyunturas de crisis una (ante la multiplicidad y la vertiginosidad del tiempo, al calor del conflicto) una cierta ausencia o falta de sentidos ordenadores. En efecto, las crisis sociopolíticas son un tiempo-espacio en el que estas mismas coordenadas (las de tiempo y espacio) atraviesan una redefinición conflictiva entre múltiples diagnósticos. Entonces, los procesos definidos como de crisis, lejos de constituirse como contextos de falta o ausencia de sentidos, se configuran como procesos de proliferación de significaciones en disputa sobre el tiempo y el espacio comunes, esto es, en definitiva, una disputa por los límites mismos de lo común.

Los modos de construcción de la “crisis” en las mañaneras y en Conversando con el presidente se analizarán a partir de la identificación de tres dimensiones: tipológica, temporal e identitaria. Cada una de ellas puede abordarse reponiendo en los corpus de investigación las formas en que se da respuesta a una serie de interrogantes analíticos. La dimensión tipológica responde a las preguntas ¿qué está en crisis? y ¿cómo es la crisis? Nos conduce a rastrear el carácter general o el tipo de proceso crítico delineado en nuestro corpus y determinar si allí se la define como una crisis de tipo económico, social, político, moral, de representación, climática, financiera, de seguridad, etc. Esto supone situar la “crisis” en diferentes “espacios” o esferas de lo social; esta dimensión se solapa, así, con la tercera, la identitaria (que responde a la pregunta ¿quiénes?), porque, dependiendo de cómo se la defina tipológicamente y de dónde se la ubique, se podrá identificar a los diferentes responsables, pero también a los posibles actores encargados de solucionarla. Allí están en juego las reglas que pueden regir la salida de la “crisis” y quiénes son (siguiendo aquí la distinción bourdieusiana) los profesionales y los profanos (o outsiders), es decir, quiénes son los que legítimamente pueden tomar a su cargo dicha “solución”, en relación con los límites del campo en que esta sea circunscripta.

La segunda dimensión, como dijimos, remite al ¿quiénes? de la “crisis”. Implica rastrear el trazado de la frontera identitaria, en el sentido en que Gerardo Aboy Carlés (2001) define las identidades políticas, esto es, como procesos sociopolíticos de construcción de solidaridades internas y diferenciaciones externas, al tiempo que de inscripción (y, por tanto, de reformulación) en una cierta tradición política. Esa frontera puede adoptar diversas modulaciones (más o menos rígida, más o menos porosa), lo que determinará, ulteriormente, qué tipo de vínculo se puede entablar con ese otro (de diálogo, de reconocimiento de la legitimidad o de deslegitimación o, incluso, de eliminación física, etc.). Finalmente, ello dependerá del modo en que se conciba la relación tanto espacial como temporal respecto de ese otro que ocupa el lugar de la alteridad: ¿quiénes son los responsables de la crisis?; ¿quiénes son sus damnificados?; ¿quién/es es/son “el pueblo”?; ¿quién/es es/son “el poder”?

Por último, encontramos la dimensión temporal y sus dos aristas. Por un lado, permite dar cuenta de cómo se relata la historia (global, regional, nacional) en la que se inscribe la “crisis”; esto supone identificar la narrativa histórica en la que se valoran tanto positiva como negativamente diferentes períodos, en la que se ubican puntos originarios o de quiebre del proceso crítico y en la que también se evocan y reformulan ciertas memorias discursivas (Courtine, 1981) en detrimento de otras y se edifica un cierto panteón de héroes nacionales con sus respectivos hitos históricos. Por el otro, es también parte de la dimensión temporal el modo específico de comprender el devenir del tiempo común en estos discursos: ¿transcurre en forma lineal o espiral?; ¿se lo concibe como predeterminado o como abierto a la contingencia, a los cambios?; ¿comporta una lógica regresiva o progresiva? Esta última dimensión se vincula, asimismo, con la identitaria, porque el lugar de la alteridad depende íntimamente de cómo concibamos el tiempo de lo común.7

En segundo lugar, el dispositivo mediático y la escena de enunciación serán reconstruidos identificando las imágenes de sí proyectadas por los enunciadores y las voces protagonistas y las evocadas, los modos de la interacción establecidos entre ellas, las formas de transmisión y frecuencia de cada programa/conferencia, así como la construcción de las escenografías específicas. Para ello, se recurrirá, por un lado, a la semiosis social (Verón, 1993, 1998) como vía de interpretación de las formas de mediatización, en este caso, de la palabra presidencial. Por el otro, en íntimo vínculo con ella, se echará mano de los aportes de la teoría de la argumentación en el discurso y de su perspectiva de abordaje del ethos discursivo (Amossy, 2001, 2018), para comprender los modos de proyección de la imagen de sí en los discursos de cada uno de los presidentes en estudio, así como las escenas enunciativas y las escenografías que construyen para ello (Maingueneau, 1996, 2004).

Finalmente, el tercer abordaje en el que se inscribirá este trabajo es el de la sociología de las identidades políticas (Aboy Carlés, 2001; Azzolini y Giménez, 2019). Desde esta perspectiva, las identidades políticas se configuran como conjuntos de prácticas significantes sedimentadas que establecen (a través de un proceso de diferenciación externa y homogeneización interna) solidaridades estables en el tiempo, que tienen la capacidad de definir orientaciones gregarias para la acción en relación con la definición de asuntos públicos (Aboy Carlés, 2001, p. 54). Y lo que permite que a una identidad política se la califique como “popular” es un

cierto proceso de articulación y homogeneización relativa de sectores que, planteándose como negativamente privilegiados en alguna dimensión de la vida comunitaria, constituyen un campo identitario común que se escinde del acatamiento sin más y la naturalización de un orden vigente (Aboy Carlés, 2012, p. 4).

Con estas lentes teóricas, las identidades populares ya no pueden ser estudiadas como un sector sociológica o demográficamente circunscripto, sino como solidaridades políticas estructuradas sobre la contraposición discursiva entre “pueblo” y “bloque de poder”, dado que estos significantes no se corresponden necesariamente con lugares identificables topográficamente en la sociedad (los de arriba, los de abajo, los desvalidos, etc.). Esta perspectiva, además, permite distinguir diferentes tipos de identidades populares dependiendo del modo en que se gestione/construya la frontera entre ese “pueblo” y ese “bloque poder”; así, podrán definirse como totales, particulares o con pretensión hegemónica. Dentro de estas últimas, Aboy Carlés (2012) ubica las identidades populistas.

Cabe aclarar aquí que esta propuesta de abordaje traza una cierta distancia respecto de aquellos trabajos que han analizado el fenómeno de las mañaneras desde la comunicación política (Nenetzin Turri Domínguez, 2022; Samaniego Sánchez, 2023) y desde la teoría del framing (Chihu Amparán, 2023), así como de los que se han enfocado más en el tratamiento que los medios comunicación le han dado (Andrade del Cid, Flores González y Contreras, 2021; Bak Geler, 2023), aunque sin lugar a duda se nutre y dialoga con ellos. En cuanto a los primeros, podríamos decir que la distancia es epistemológica, sobre todo, respecto a una parte de los estudios de la comunicación política que han tendido a analizar la mediatización y las discursividades asociadas, exclusivamente en términos intencionales. Desde esta óptica, las mañaneras han sido interpretadas como una “estrategia comunicacional” (Samaniego Sánchez, 2023, p. 78), de modo que el foco analítico parece ser colocado sobre el aspecto intencional, mentado del enunciador, que estos trabajos creen posible reponer desde la perspectiva del/de la analista. Respecto de los segundos, la distancia es más de tipo teórico-conceptual, porque lejos de comprender el discurso “como un proceso cognitivo lingüístico” (Chihu Amparán, 2023, p. 131), aquí lo entendemos (inscribiéndonos en el entrecruzamiento entre el pensamiento político posfundacional –Marchart, 2009– y la teoría de la argumentación en el discurso) como la superficie significante de emergencia de la objetividad social, que siempre orienta en un sentido u otro, y con un carácter polémico o en disputa con otros posibles sentidos (vigentes o pasados). Finalmente, encontramos un último conjunto de trabajos que han construido su objeto de análisis a partir de los discursos mediáticos sobre las mañaneras. Aunque estos trabajos han resultado cruciales para reponer algunos aspectos del interdiscurso de las conferencias, aquí nos abocaremos, más que al tratamiento que ciertos medios le dieron, al discurso político y a la forma específica de mediatización que las conferencias matinales de López Obrador supusieron.

En este sentido, se analizarán dos conjuntos de materiales: por un lado, las emisiones de las conferencias matinales del presidente mexicano (por streaming y televisión abierta)8 y, por el otro, las emisiones del programa radial Conversando con el presidente,9 protagonizado por Eduardo Duhalde. Y, dirigiendo la mirada al período más fuertemente atravesado por la construcción discursiva de la “crisis” de cada una de estas identidades políticas, se construirá un corpus comparativo ceñido a los cien primeros días de sendos gobiernos. En el caso de López Obrador, el corpus reúne un total de sesenta y nueve conferencias regulares (del 1º de diciembre de 2018 al 13 de marzo de 2019) y cinco conferencias extraordinarias (cuatro emitidas luego de la tragedia de Hidalgo, el 18 de enero, y una dedicada exclusivamente a la presentación del informe de los 100 días, a principios de marzo). En el caso de Duhalde, el corpus está conformado por veintitrés envíos, emitidos entre el 1º de enero de 2002 y el 10 de abril de 2003.

Además de revestir especial importancia para nuestro objeto, porque, como dijimos, resultaban cruciales para la presentación de un diagnóstico inicial sobre “la crisis”, los cien primeros días suelen configurar un período “de gracia” para los gobiernos. Es allí cuando estos gozan del pico máximo de legitimidad, relativamente garantizado por el reciente voto (popular, en el caso de López Obrador; de sus pares en la Asamblea Legislativa, en el de Duhalde). Esto la convierte en una etapa ideal para llevar a cabo grandes reformas y tomar las decisiones más potentes y arriesgadas que podrían despertar un mayor descontento en la ciudadanía. Es, en definitiva, un momento crucial para la construcción de la confianza inicial que funciona como aquella “institución invisible” que (puede) sostener la legitimidad (más bien procedimental y proveniente del voto) ampliándola cualitativamente, dándole continuidad en el tiempo y, finalmente, favoreciendo cierta economización institucional que le permite prescindir de una serie de mecanismos de verificación, prueba y control para el ejercicio de la autoridad política (Rosanvallon, 2015, p. 23).

Analizaremos los dos corpus de investigación siguiendo un criterio cronológico; comenzaremos por el ciclo radiofónico del presidente argentino y luego abordaremos el de López Obrador.

4. Conversando con el presidente: “la política sin intermediarios”

Conversando con el presidente es un programa radial que abre un canal directo de comunicación entre el presidente y los ciudadanos. Un programa para que la gente conozca cada semana y sin intermediarios lo que el gobierno va realizando para encauzar la situación, resolver dificultades y construir un nuevo país.

Primera emisión, 26 de enero de 2002.

La presentación de cada una de las emisiones del ciclo radial del presidente Eduardo Duhalde era muy explícita respecto a sus objetivos: buscaba convertirse en un “un canal directo de comunicación entre el presidente y los ciudadanos”, para que estos conocieran “sin intermediarios” lo que gobierno provisional iba “realizando para encauzar la situación”. Conversando con el presidente estuvo al aire en Radio Nacional10 entre el 26 de enero de 2002 y el 17 de mayo de 2003 y acompañó a Duhalde durante toda su presidencia provisional (entre el 1º de enero de 2002 y el 25 de mayo de 2003). Sin embargo, sufrió algunas transformaciones, entre las cuales sobresale el cambio en su periodicidad. La primera transmisión fue el día sábado 26 de enero de 2002, y aunque allí se estableció que el programa se emitiría tres veces por semana (martes y jueves a las 8.30 h y sábados 9.30 h), transcurridos casi dos meses de gobierno, el 9 de marzo de 2002 se anunció que la periodicidad se reduciría a un solo envío semanal y que estaría al aire, desde ese momento, únicamente los días sábados por la mañana.

Conversando con el presidente tenía una duración muy acotada y una estructura simple: usualmente, no excedía los 15 minutos y se reducía a un intercambio dialogal entre el presidente Eduardo Duhalde y el periodista (y, por entonces, director de Radio Nacional) Mario Giorgi. Esta dinámica se mantuvo durante el casi año y medio de extensión del ciclo, a excepción de dos emisiones: una en la que el entrevistado fue el secretario de prensa Eduardo Amadeo (porque el presidente estaba recién arribado de un viaje a México) y otra en la que junto a Duhalde estuvo su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde.11 Por otro lado, y en cuanto a la locación de la escenografía dialogal sobre la que se sostenía el programa, podemos inferir que las emisiones eran en vivo (en algunos envíos Giorgi se encargaba de resaltar esa simultaneidad indicando el horario: “Nueve y treinta minutos en la Argentina y saludamos al presidente de la Nación Dr. Eduardo Duhalde. ¿Cómo está usted?” [15 de marzo de 2003]) y en los estudios de la radio. De nuevo, esta dinámica fue la predominante, a excepción de dos ocasiones (ninguna de las cuales se produjo durante los cien primeros días que aquí se analizan).12 Veamos, entonces, tres elementos centrales de la discursividad propuesta por Conversando con el presidente: la construcción de la “crisis” en clave del “modelo”, la presentación de un ethos pastoral-docente y la formulación de una lógica de mediatización no interactiva.

4.1. La “crisis” del 2001: el modelo, la transición y gobierno ongoing

En primer lugar, las múltiples dimensiones de la “crisis” se evidenciaban en el tratamiento de los también múltiples temas abordados por Conversando con el presidente. Estos eran introducidos de diversos modos, como las preguntas del entrevistador, las intervenciones de ciudadanas y ciudadanos y las respuestas de Duhalde. Sobre esta última cabe señalar que, al igual que advertía Ludovice (2011) en su análisis del ciclo Café com o presidente del presidente “Lula” da Silva, mientras las preguntas eran usualmente concisas, las respuestas eran más bien extensas y permitían cierta flexibilidad y apertura. Apenas días después de la explosión de la protesta social el 19 y 20 de diciembre de 2001, de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa y de la sucesión de presidentes y senadores/diputados al frente del Poder Ejecutivo, el programa radiofónico de Duhalde emergía como una instancia que el presidente provisional podía usufructuar (a falta de una campaña electoral previa) para presentar su diagnóstico de la “crisis” y sus propuestas para encararla. Durante los primeros cien días, los temas más invocados fueron los vinculados al estado del país “heredado” de las gestiones previas; la flexibilización del “corralito” y el “corralón” financieros, y los amparos judiciales presentados por ciudadanas/os al respecto; los avances de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional; el lanzamiento del Programa de Emergencia Alimentaria a mediados de enero y el de Reforma Política para “rebajar el costo de la política”.

La multidimensionalidad de la “crisis” tenía, en el discurso de Duhalde, una contracara acorde: como no era solamente financiera, solamente económica o solamente política, la “crisis” requería un cambio integral, esto es, un cambio de “modelo” que exigía “una Argentina nueva”.

¿Qué es esto de la transición? Es el presidente que está entre un ciclo histórico que termina con una política e instituciones de todo tipo que terminan y el nacimiento de una Argentina nueva, con una nueva organización política e institucional, es decir, absolutamente diferente. […] y aquí debemos entender que en esta situación de crisis lo que más deben pagar son los que se beneficiaron con el modelo anterior que fue enriqueciendo a pocos y empobreciendo a muchos (Duhalde, 7 de enero de 2002) [el destacado es propio].

“El modelo” operaba como un sintagma adversarial, esto es, sintagma nominal (con la fórmula artículo + sustantivo) y que, como tal, admite modulaciones: “este modelo”, “un modelo”, “el modelo económico”. El mismo funciona como una mixtura de dos de aquellas entidades que Verón (1987) había definido como características del discurso político. Por un lado, con las formas nominalizadas que el enunciador utiliza para ritmar sus argumentos, comparte el valor metafórico (de sustitución) en relación con el conjunto de la doctrina del enunciador o su adversario; y por el otro, con aquellas formas nominales que funcionan como operadores de interpretación, comparte su poder explicativo. El sintagma adversarial permite, además de reenviar a la doctrina del enunciador y tener poder explicativo propio, contribuir al trazado de la frontera temporal de la “crisis”, que distingue un pasado que es preciso dejar atrás, de un presente y un futuro que son asediados por la amenaza de su permanencia. Como resulta evidente, “el modelo” y “la crisis” aparecen en el discurso como dos caras de la misma moneda y, por tanto, el primero como un elemento central en la dimensión tipológica de la segunda.

La reforma en su conjunto la voy a anunciar mañana, y como decía antes la idea es de refundación, la idea es de poner en marcha en la Argentina lo que denominamos la segunda República, y que la gente entienda lo básico que yo debo transmitirle. Este cambio implica entre otras cosas salir de una alianza que nos llevó a esta situación, que es la alianza de los políticos con el sector financiero que fue desnacionalizando todo el empresariado argentino y fue dejando sin trabajo a la gente […] Cuando digo el sector productivo argentino me refiero al sector agropecuario, al industrial, al comercial, al de servicios, al profesional, a todo lo que sea trabajo en la Argentina se lo descuidó en los últimos años muy notablemente. Hemos construido una nueva alianza para que la gente vuelva a tener posibilidad de trabajar (Duhalde, 7 de febrero de 2002) [el destacado es propio].

Esta dimensión tipológica se entrelaza con la identitaria: el modelo productivo vs. el modelo financiero, “la gente” que trabaja y que produce vs. el sector financiero desnacionalizador. La retórica productivista (y mercadointernista) no era novedosa en el discurso de Duhalde porque encontraba ya marcas en la campaña presidencial de 1999 (elecciones en la que perdió contra De la Rúa) y se había consolidado durante el gobierno de la Alianza (1999-2001) en los discursos opositores (Cané Pastorutti, 2020). “El modelo” encontraba su nudo explicativo en el clivaje productivo vs. financiero.

Este modo de construir la “crisis” permitió, además, delinear una nueva narrativa de la historia nacional, novedosa para la escena pública del período y que, años después, sería profundizada por los gobiernos kirchneristas (cuando “el modelo” pasaría a ser “el proyecto” y la historización novedosa sería denominada por la oposición como “el relato”).

Cuando estuve en la Asamblea Legislativa dando el mensaje inaugural, que ahí se sembraron o se plantaron los cimientos de esta Argentina por goteo primero y después ya con mucha fuerza fue empobreciendo a la gente; sectores medios de trabajo fueron empobreciendo esta Argentina que dejó de producir, ramas enteras de la actividad quedaron en el olvido. En esa Argentina, efectivamente, se fueron plantando esas semillas, con el golpe militar del 76 (Duhalde, 5 de marzo de 2002) [el destacado es propio].

El viejo “modelo” era, por un lado, el de la convertibilidad cambiaria que, ya en la campaña presidencial de 1999, Duhalde había cuestionado. El tipo de cambio que hacía equivaler un peso con un dólar había funcionado durante la década 1990 en los gobiernos menemistas (del primero de los cuales, Duhalde había sido vicepresidente, para luego renunciar y asumir como gobernador de la provincia de Buenos Aires) como una verdadera institución que “estructura[ba] las prácticas cotidianas, institu[ía] formas de organización [y] se [asentaba] finalmente en la inercia, la fuerza ‘natural’ de las cosas” (Heredia, 2011, p. 216).

Por el otro, era también el “modelo” financiarizado que había introducido la última dictadura militar en Argentina, iniciada en 1976. Aunque luego de 2003 esta forma de narrar la historia resultaría ampliamente difundida, la temporalidad que proponía Duhalde era todavía novedosa a comienzos de la década del 2000; desde el campo discursivo de lo político, solo algunos dirigentes de movimientos sindicales, como Hugo Moyano, de la Confederación General del Trabajo (CGT), y Víctor de Gennaro, de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), y de fuerzas políticas de izquierda minoritarias trazaban esa línea de continuidad que reunía bajo un mismo signo la dictadura de 1976 y el menemismo de los noventa.

Esta nueva temporalidad permitía a Duhalde presentarse como el fundador de la “nueva Argentina” productivista, lejos del 1 a 1 de los noventa y la “plata dulce” de los setenta.13 Luego del default de la deuda anunciado por el presidente provisional Adolfo Rodríguez Saá, el 6 de enero de 2002 se sancionaría la Ley 25.561, de Emergencia económica y reforma del régimen cambiario, que selló el fin de la convertibilidad. Sin embargo, la desestructuración de la institucionalidad que había erigido aquel régimen cambiario no sería tan sencilla. La proliferación de demandas múltiples y divergentes (que habían estallado a fines del 2001, pero que contaban con un extenso desarrollo de décadas de crecimiento de la desigualdad y de aumento del desempleo y de la pobreza) en un contexto de desarticulación de los contornos de lo común, sería un desafío para el nuevo gobierno que contaba con una legitimidad de origen especialmente débil. La gestión de la proliferación adquiriría en el discurso de Duhalde, en general, y en Conversando con el presidente, en particular, la forma del gobierno ongoing.

La verdad es que el único sector favorecido hoy es el sector exportador con las políticas que hemos decidido, y hay otra necesidad que es la primaria en la Argentina: que era resolver el problema de por lo menos 2 millones de argentinos, la mayoría jefes o jefas de hogar sin ingresos, a los cuales tenemos que llegar en forma inmediata y en todo el país. Este es el tema que me estoy ocupando personalmente. Lo hago con todo el equipo social coordinado por mi esposa y vamos a estar recorriendo todas las provincias (Duhalde, 2 de marzo 2002) [el destacado es propio].

Las acciones de gobierno, las medidas definidas y las decisiones tomadas eran recurrentemente introducidas apelando al gerundio. La omnipresencia de estas formas verbales reenvía a un tiempo presente siempre-en-proceso que, casi en tiempo real, enfatiza la regularidad y constancia de las acciones de gobierno (Cané Pastorutti, 2021b). El “modo reality show” construye como protagonistas al gobernante y a su gobierno y es, incluso antes de que la comunicación digital lo llevara al paroxismo (Riorda, 2017), constitutivo de estas mediatizaciones de la palabra presidencial que se enfocan en mostrarlos en un rol activo, presente y próximo respecto de la ciudadanía.

El efecto de presentificación del uso recurrente del gerundio se complementa en la centralidad que tuvo el concepto de “transición” para la forma de presentarse a sí mismo del gobierno de Duhalde: “Quiero decirle con todo esto que somos optimistas. Creo que esta transición ordenará al país, lo pondrá en aguas calmas, como siempre digo, y después daremos las ¡hurras! Y dejaremos lo que la gente elija para seguir gobernando nuestra patria” (Duhalde, 14 de febrero de 2002) [el destacado es propio]. Como los análisis de la transición a la democracia en Argentina han advertido (Lesgart, 2002), el significante “transición” puede funcionar como un regulador de experiencias y expectativas. Al erigir un límite poroso entre un pasado que no lograba ser superado y un futuro de una nueva Argentina que no terminaba de nacer, aquel significante daba forma al presente como un tiempo relativamente indeterminado. La asociación del gobierno de Duhalde (que ya era en sí mismo provisional) con la idea reguladora de la “transición” permitía legitimar diferentes decisiones e inscribirlas en un presente-bisagra (ongoing), en proceso hacia un punto de llegada que no podía ser garantizado a priori. Aquella idea, entonces, contribuía a regular y gestionar los vínculos entre (y las demandas de) una multiplicidad de actores y sectores cuyas experiencias y expectativas eran a veces difícilmente compatibles, como las de los ahorristas que reclamaban la supresión del “corralito” bancario y las del movimiento piquetero, que exigía políticas de trabajo y planes sociales.

La temporalidad, tercera dimensión de la “crisis”, construida por el gobierno de Duhalde en Conversando con el presidente tenía, además, un carácter pendular: “Así que todos están dándose cuenta que la única Argentina posible para salir de esta depresión económica y evitar el caos, esto hay que recalcarlo, es la Argentina productiva que es a la que vamos” (Duhalde, 5 de febrero de 2002); “el rumbo es la reindustrialización del país y el fomento de toda actividad productiva y el fomento del trabajo; este es el rumbo. Pero entre el rumbo que hemos elegido, el objetivo de nuestro gobierno y su realización, hay un mar de dificultades (Duhalde, 13 de abril de 2002) [el destacado en ambas citas es propio].

El topos argumentativo “es esto o el caos”, ampliamente difundido en la discursividad de este gobierno, presentaba una forma de concebir el tiempo que reunía excepcionalidad de la situación (presente, producto del pasado ominoso) con “inevitabilismo” (este camino es el único posible). Pero, paralelamente, se introducía otra temporalidad más abierta, impredecible (entre este rumbo y nuestros objetivos “hay un mar de dificultades”, decía Duhalde) y en línea con aquella forma relativamente indeterminada de la temporalidad inscrita en la idea de “transición”. Mientras aquella forma de concebir el tiempo está claramente reñida con el reconocimiento de la legitimidad de posiciones alternativas en el campo político, esta última entiende el tiempo-espacio como abierto al reconocimiento de los conflictos y del desacuerdo con los que estaba sujeto el devenir de lo comunitario. El discurso de Duhalde navegó, así, entre ambas orillas con una lógica pendular de exclusión/integración de la alteridad política. Como advirtiera Aboy Carlés (2012), este tipo de gestión de la frontera con lo otro es característica de las identidades políticas populares-populistas.

4.2. Ethos pastoral-docente

El ethos discursivo no se plasma solamente en aquello que el locutor dice sobre sí mismo, sino, y sobre todo, en la forma en la que se enuncia todo aquello que se dice (Amossy, 2018; Maingueneau, 1996). De ese modo, nuestro decir (oral, gestual, nuestro habitus y nuestra hexis corporal) revela una imagen de nosotros mismos que no puede sino orientar en nuestros interlocutores ciertos sentidos en detrimento de otros; en otras palabras, las dimensiones retórica y argumentativa no pueden sino entrelazarse (Amossy, 2018). Así planteado, resulta casi evidente el intrínseco vínculo entre ethos y política: si buscamos generar adhesión en unos (y rechazo en otros), el modo con el que decimos y mostramos es crucial, aunque no por ello absolutamente controlable por la voluntad. Si bien un/a enunciador/a no es completamente dueño/a de su decir, los efectos sí son identificables en el análisis. Más allá del “qué quiso decir” (algo que, por otra parte, es irrecuperable, incluso para el/la propio/a enunciador/a), sí podemos revisar cómo su figura aparece, cómo es presentada en su discurso.

Como programa radiofónico, Conversando con el presidente se convirtió en un escenario especialmente fértil para la forma ethica pastoral-docente que se construyó en el discurso de Duhalde.

En primer lugar, la gente a veces escucha “canciller alemán” y para traducírselo ¿quién es el canciller alemán? Porque cuando se dice canciller en la Argentina nos estamos refiriendo al ministro de Relaciones Exteriores, y en realidad, el canciller es la figura más importante de Alemania, es el premier alemán y el segundo personaje más importante en el mundo político (Duhalde, 16 de febrero de 2002) [el destacado es propio].

El ethos docente, para nada novedoso en las discursividades políticas, especialmente en tiempos de crisis (Cané Pastorutti, 2024), suele aparecer asociado al recurso a la terminología técnica, a la presencia de marcadores del discurso explicativo (verbos realizativos, preguntas) y a extensos pasajes descriptivos. Duhalde explotaba al máximo la disponibilidad temporal que le ofrecía el programa, al articular fragmentos expositivos que reunían minuciosas enumeraciones y detalladas presentaciones de cifras, variables y estadísticas; de este modo, aparecía como una persona conocedora de los datos necesarios para evaluar adecuadamente la situación social, política y económica del país. Además, las zonas expositivas de su discurso se engarzaban con otras más de tipo explicativo que versaban usualmente sobre el estatuto del gobierno provisional, sus objetivos y la adopción de determinadas decisiones en la situación crítica. Pero un elemento sobresale al respecto: las preguntas polifónicas didácticas (Vitale, 2013). Los interrogantes metadiscursivos del tipo “¿quién es el canciller alemán?” permiten al enunciador volver sobre el propio decir, lo que habilita la reformulación de una idea o la introducción de nuevos elementos para mejorar la explicación ofrecida. En resumen, Duhalde podía producir diagnósticos certeros porque sabía, conocía los datos que daban cuenta de cómo estaba el país y, por eso, podía definir cuál era el mejor camino para salir de la crisis.

Pero la figura del presidente-docente, poseedor de conocimiento, toma un cariz específico en su articulación con otra imagen de sí delineada en este discurso: “Sí les pido una cosa: que tengan fe, que tengan esperanza. Yo sé que soy un ave de paso, sé que estoy por dos años y el compromiso mío es en dos años dejar un país en marcha y más justo para ustedes, más justo para todos los argentinos” (Duhalde, 26 de enero de 2002) [el destacado es propio].

El ethos pastoral de Duhalde se estructuró en torno a tres elementos centrales: el molde genérico religioso, la modalidad emotiva y la figura del renunciamiento (Cané Pastorutti, 2022). La espiritualidad del enunciador es colocada en primer plano gracias a la invocación de figuras de adoración católica y la presencia de enunciados y metáforas de emoción que, junto a la figura del renunciamiento (“soy un ave de paso”) evocan una doxa religiosa, en general, y católica, en particular, que se supone compartida con su auditorio-ciudadanía. La interdiscursividad evocada por este acervo popular-religioso tiende un puente entre el auditorio y el enunciador, que configura un lazo que remite al del pastor con su rebaño. Así, la pertinencia del liderazgo pastoral-docente solo adquiere todo su sentido en el marco de la construcción de la “crisis” como “espiritual”.

La crisis que vivimos no solo es económica, política o social, sino fundamentalmente espiritual […]. De mi parte, estoy dispuesto a dar todo: mi empeño, mi fuerza, mi experiencia, mi coraje, mi fe y el compromiso de mi acción y mi palabra. Pero sé que nada de esto alcanza si no fuera capaz, además, de entregar mi corazón en esta batalla. […] Este pueblo que ha vivido horas críticas y momentos de esplendor; que ha vivido en la guerra y en la paz; que ha sabido de dolores y alegrías; que ha tenido días aciagos y días felices, y siempre, siempre, supo atravesar la tormenta con templanza, con fe y con esperanza (Duhalde, 1° de marzo de 2002) [el destacado es propio].14

4.3. Mediatización no interactiva

¿Hasta qué punto es posible entender Conversando con el presidente como una forma de política “sin intermediarios”, como sugería su presentación? El análisis del dispositivo enunciativo y de la escenografía construida por las emisiones permiten dar a este interrogante una respuesta muy parcialmente afirmativa.

El objetivo explicitado de estas emisiones era acercarse a la ciudadanía. Sin lugar a dudas, la era pos-2001 fue el período de consolidación de la mutación hacia el lazo representativo de proximidad (Annunziata, Ariza y March, 2018) y, como señalamos, Conversando con el presidente fue un escalón determinante en ese proceso. Si aquel tipo de lazo implica un doble movimiento de acercamiento de la figura del político a la ciudadanía y, por el otro, de introducción de esa ciudadanía y su vida “común” en la escena de la figura política, es preciso señalar que las emisiones de este programa promovieron mucho más el primer movimiento que el segundo. Conversando… le permitía al presidente entrar en la casa de cada argentina y argentino en forma regular, sin necesidad de esperar la invitación de una o un periodista o de algún medio de comunicación, con una dinámica más descontracturada y en un registro no institucionalizado como el de las cadenas nacionales. Este acercamiento era complementado con marcas discursivas que mostraban a Duhalde como un “hombre común”.

La gente a veces escucha la palabra “recesión” y no sé si tiene muy claro lo que quiere decir. Quiere decir que se produce menos, que el país produce menos riqueza, y cuando el país produce menos riqueza, se empiezan a complicar las cosas porque ahí empiezan a pagar el pato todos (Duhalde, 26 de abril de 2003) [el destacado es propio].

Las expresiones informales, el lenguaje coloquial (“pagar el pato”) y la explicitación de consumos populares15 eran moneda corriente en los diálogos de Conversando… El político-como-hombre-común era escenificado en su cotidianeidad y en su simpleza, con un lenguaje llano, accesible. Sin embargo, el movimiento inverso de introducción de las mujeres y los hombres comunes (“la gente”) en la escena del programa fue más bien acotado.

La escenografía (Maingueneau, 2004) construida por el discurso era la de una entrevista cuyos protagonistas eran el locutor Mario Giorgi y el presidente Eduardo Duhalde. Ya en este punto, los ciudadanos a los que se buscaba llegar no podían sino quedar en un lugar de exterioridad. Aunque la transmisión era en vivo, el presidente hacía poco más que responder a Giorgi. Solo en contadas ocasiones eran introducidas terceras voces. Las y los oyentes-ciudadanos aparecieron en escena bajo dos formas: a) “las preguntas de la calle” (Giorgi, 7 de febrero de 2002) y b) el discurso referido. En el período analizado aquí, el primer formato fue el predominante. Estaba estructurado como breves intervenciones, intercaladas por el locutor Giorgi como interrogantes de ciudadanas y ciudadanos “comunes”, “de a pie”: “Yo soy Mirta, de Belgrano. Estoy indignada con el decreto que elimina el tope de 3 mil pesos para los sueldos de los funcionarios, que era una buena medida y ahora se echaron atras. ¿Cuándo van a recortar los gastos en política?” (26 de enero de 2002); “Mi nombre es Víctor Montes y soy operario. Me gustaría saber si va a seguir reactivando este país y si va a haber producción, porque la gente no tiene trabajo, no hay posibilidad de poder tener un trabajo y darle una comida a los hijos, nada más” (19 de febrero de 2002).

En los audios de estas emisiones se puede advertir que las preguntas eran reproducidas individualmente, como un sonido ubicado en unas coordenadas diferentes a las del programa (no en vivo) y que podía enmarcarse en el exterior solamente gracias a la huella de sonidos que parecían provenir de una calle transitada, con motores y bocinas de fondo. Duhalde respondía u ofrecía comentarios al respecto y, a continuación, Giorgi introducía la siguiente interrogación. Así, la voz “de la calle” ocupaba un rol no replicante. Como señala José Luis Fernández, el discurso radiofónico puede tener diferentes modalidades: el modo emisión, que supone la puesta al aire de un texto radiofónico “desde un ‘estudio’ con múltiples voces entrecruzándose y ruidos de papeleo”; el modo soporte, que puede, por caso, “incluir una reflexión íntima del locutor/conductor sin ruido de ambiente”; el modo transmisión, que remite a “la emisión de las alternativas de un acto político que se está realizando en ese momento” (1994, p. 68). La predominancia casi total del modo emisión en Conversando… revela lo extremadamente limitado de la presencia de la voz de la ciudadanía en su dinámica. La voz “de la calle” intervenía, entonces, en forma indirecta a través de una doble mediación: la de la palabra del conductor del ciclo y la de la producción que, podemos suponer, generaba el recorte.

Aunque Conversando con el presidente se puso al aire buscando erigirse como “un canal directo” entre el presidente y “la gente”, fue un dispositivo de mediatización indirecto, no interactivo y singularizante, que respondía al modelo uno-a-muchos característico de los medios de comunicación tradicionales de la era del broadcasting (Scolari, 2008). A pesar de no haber explotado todas las posibilidades que el dispositivo radiofónico podía ofrecer para el trazado de un lazo de proximidad (como podría haber sido la realización de entrevistas en vivo a ciudadanas/os: Duhalde no dialogó nunca directamente con ciudadanas/os en el programa), Conversando… no deja de haber sido la primera experiencia de mediatización exclusiva de la voz presidencial en la Argentina y una forma de reactualización de la identidad política peronista que parecía evocar, muy limitadamente, la cercanía del líder y sus seguidores en el espacio público común de la plaza. Como veremos en el caso mexicano, las voces ciudadanas también encontrarían allí un lugar algo acotado.

5. Las mañaneras: “un diálogo circular”

Luego de la reunión, como ahora, aunque en esta ocasión se nos hizo tarde, vamos a procurar que puntualmente a las siete de la mañana podamos hablar con ustedes, informarles, para que a través de ustedes los mexicanos tengan información de lo que acontece en nuestro país. Se va a garantizar el derecho a la información (López Obrador, 3 de diciembre de 2018) [el destacado es propio].

También, que nos permitan comunicarnos con los ciudadanos, con la gente, porque el cambio lo tenemos que hacer con la participación de todas y de todos. No es asunto de un solo hombre, no solo es asunto del presidente, no solo es asunto del Gobierno. Es un asunto de todas y de todos. [...] Y esta conferencia, este diálogo circular, nos va a ayudar mucho, porque se va a saber hasta el más apartado rincón del país, se va a abrir paso la información, ya sea por medios convencionales: periódicos, la radio, la televisión, las redes sociales. Que se informe a los ciudadanos. Repito, garantizar el derecho a la información (López Obrador, 7 de diciembre de 2018) [el destacado es propio].

Andrés Manuel López Obrador instituyó una forma de comunicación realmente novedosa, no solo para su país (más allá del ya mencionado antecedente de Fox), sino también para la región. Las conferencias matinales ofrecidas por el presidente, conocidas ya como las mañaneras, han definido un paradigma de comunicación política ciertamente original (Orozco Murillo, 2023; Velázquez Yánez, 2019) al cual incluso su sucesora, Claudia Sheinbaum, le ha dado continuidad.

Organizadas de lunes a viernes en el Palacio de Gobierno, ubicado en el corazón de la Ciudad de México, las mañaneras han logrado marcar el pulso de la agenda cotidiana de noticias y temas públicos, no solo por abrir cada jornada diaria con su transmisión alrededor de las siete de la mañana (luego de la denominada “reunión de seguridad”), sino también por la multimodalidad de canales por los que se podía acceder a ellas (YouTube, Facebook LIVE y, luego, en los canales 14 y 11 de televisión abierta).16 Como señala Axel Velázquez Yánez (2019), los otros elementos que también contribuyeron a este dominio de la agenda han sido el horario, la regularidad del ciclo y el carácter relativamente abierto del temario. La especificidad de la dinámica de intercambio propuesta por las mañaneras, con esta agenda temática semiestructurada y con multiplicidad de interlocutores, solo puede comprenderse en el contexto de la historia de la esfera pública mexicana. Y esto porque, como advierte Andrea Samaniego Sánchez, citando a Camacho Solís, en el país del norte, tradicionalmente, “los medios de comunicación [eran] considerados como una institución más dentro del Estado mexicano” (Samaniego Sánchez, 2022, p. 25), y luego, a partir de los noventa devinieron “en un grupo de presión con intereses y encargados de enmarcar la realidad desde su perspectiva para posicionar los temas con cierta tendencia” (p. 31). En este sentido, el protagonismo otorgado a los periodistas les brindó centralidad y visibilidad, al tiempo que los posicionó en un rol de mediación entre la palabra presidencial y la ciudadanía.

En cuanto a la estructura de las emisiones, en el período relevado se pueden identificar tres tipos: a) envíos que se inauguraban con una sección introductoria que incluía el tratamiento de uno o dos temas que el gobierno buscaba instalar o la presentación de una política de gobierno específica (por ejemplo, el 27 de diciembre de 2018, la emisión abrió con la presentación del plan contra el robo de combustible), seguidos de preguntas y respuestas con periodistas, que podían estar vinculadas a esos u otros asuntos; b) envíos absorbidos por temas de coyuntura (como la explosión de un ducto de combustible en Hidalgo el 18 de enero de 2019, o la caída del helicóptero que transportaba a la gobernadora de Puebla, Érika Alonso, y a su marido y exgobernador, Rafael Moreno Valle); y, finalmente, c) envíos que carecían de introducción y estaban conformados exclusivamente por la dinámica de preguntas y respuestas entre el presidente y las y los periodistas. Así, la estructura revelaba un alto grado de adaptabilidad y permeabilidad respecto de la coyuntura, no solo por la vía de las preguntas periodísticas, sino también por la de la sección introductoria. A pesar de ello, no fueron pocas la ocasiones en que las temáticas más coyunturales (como veremos luego, un ejemplo claro al respecto fue el del plan antirrobo de combustibles) eran reenviadas a la cuestión central de la “crisis”.

5.1. La “crisis” de México: la “Cuarta transformación”, transición y gobierno ongoing

Los contornos de aquello descrito como “la crisis de México” ya habían sido delineados por López Obrador en su discurso de asunción, el 1º de diciembre de 2018.

Ahora, nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. No se trata de un asunto retórico o propagandístico, estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó, no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este período de la más inmunda corrupción pública y privada (Discurso de asunción de López Obrador, 1º de diciembre de 2018) [el destacado es propio].

Muy en línea con el diagnóstico ofrecido por Duhalde veinte años antes, el presidente mexicano identificaba en el “modelo económico neoliberal” el origen de la “crisis”. Y aunque a simple vista pareciera reducirse a lo económico, López Obrador encadenaba sus aspectos económicos y morales constantemente.

Por eso hay que acabar con la corrupción, repito, no solo por razones de índole moral, sino para liberar fondos al desarrollo. Esa es la clave. Si acabamos con la corrupción se va a lograr el renacimiento de México, va a haber trabajo, bienestar, vamos a sacar de la pobreza a millones de mexicanos, la clave está en acabar con la corrupción. Ese es el plan. Acabar con la corrupción. Me canso ganso (López Obrador, 21 de febrero de 2019) [el destacado es propio].

El diagnóstico obradorista de la “crisis” se deja ver aquí con claridad: hay crisis porque los 36 años de gobiernos neoliberales fueron corruptos. Y como la corrupción no solo tiene efectos morales, sino también económicos, “limpiarla así, como se barren las escaleras, de arriba para abajo”, puede redundar en mayor desarrollo económico.

Es que estamos enfrentando una crisis, es un país en crisis. Y estamos enfrentando la crisis de México atendiendo las causas, procurando que haya trabajo, que haya bienestar, que haya paz, tranquilidad. Pero también estamos enfrentando la crisis, poniendo orden en el caos. La política es también eso, entre otras cosas, poner orden en el caos. Siempre he dicho que la corrupción se da de arriba hacia abajo, y que hay que limpiarla así, como se barren las escaleras, de arriba para abajo. Entonces, estamos cambiando la conducta del gobierno. Eso es cambio, eso es la transformación (López Obrador, 27 de diciembre de 2018) [el destacado es propio].

Este fragmento condensa los elementos centrales en la articulación de argumentos obradorista en torno a la “crisis”. En primer lugar, y en relación con la dimensión tipológica, encontramos aquí que dicha situación crítica también es descrita en términos integrales del “modelo”. “La crisis de México” es de seguridad, económica, migratoria, moral; en una palabra, es multidimensional, y por ello su solución es “política” (“poner orden en el caos”). Los soluciones parciales y enfocadas en los efectos (por ejemplo, declarar “la guerra” contra el narcotráfico) son estériles, de modo que una verdadera solución debía (y este es un argumento recurrente en la discursividad de López Obrador) “atender las causas”.

Esto lo celebramos porque significa enfrentar el fenómeno migratorio, atendiendo las causas. Siempre hemos dicho que la gente no sale de sus comunidades, no abandona sus pueblos, a sus familias, por gusto, lo hace por necesidad. Si logramos que en el sur haya oportunidades de trabajo, que se tengan buenos ingresos, si hay bienestar, vamos a atemperar, se va a poder resolver el problema de la migración forzada (López Obrador, 19 de diciembre de 2018) [el destacado es propio].

No es un asunto sencillo, estamos trabajando todos los días con ese propósito. Pero al mismo tiempo estamos optimistas, seguros de que vamos a obtener buenos resultados, porque estamos haciendo lo que no se hacía antes, ya nada más con ese componente, con ese añadido. [...] Si no hay crecimiento económico, si no hay empleo, si no hay bienestar, si no hay buenos ejemplos en la autoridad, si impera la corrupción, el resultado es inseguridad y violencia (López Obrador, 3 de enero de 2019) [el destacado es propio].

“Atender las causas” de la “crisis”, especialmente en relación con las migraciones forzadas y la inseguridad, aparecía en esta cadena argumentativa como un cambio profundo en el modo de hacer las cosas, una profunda “transformación”. Esto le imprimía un potente tono refundacional a la discursividad de López Obrador que, como veremos luego, se condensó en la fórmula “Cuarta transformación” y arraigó en la nueva narrativa de la historia mexicana propuesta.

El profuso movimiento migratorio y la proliferación de actividades delictivas (desde el asesinato o desaparición de ciudadanos hasta el robo de combustible) fueron asociados a la “crisis”. Sin embargo, no eran descritos como el problema en sí, sino, antes bien, como efectos de cuestiones que sí eran de fondo, como la pobreza, la falta de crecimiento y la corrupción generalizada. El tratamiento de la escalada de ataques posterior al anuncio del plan antihuachicoleo17 en la mañanera del 27 de diciembre es un caso paradigmático al respecto.

Por eso vamos a dar opciones, alternativas, para que la gente tenga una manera legal, una forma honesta de obtener sus ingresos, de satisfacer sus necesidades, que no se les empuje a estas actividades totalmente dañinas, deplorables, y que no sucedan desgracias como la que estamos padeciendo […] Por alguna circunstancia siempre por la pobreza, si se hace un análisis sobre dónde se arraiga más la práctica del robo de combustible, es en las comunidades más pobres. Entonces, crece la pobreza, no hay opciones, no hay alternativa, mal ejemplo del gobierno. “El que no transa no avanza”; “Si roba el de arriba, ¿por qué no voy yo a hacer lo mismo?”. Fue todo lo que creó esta situación. Entonces yo sí estoy convencido que con estos planes vamos. Me preguntaban, ¿en cuánto tiempo? En muy poco tiempo. Además, porque la gente es buena, buena, buena. Tenemos un pueblo noble, un pueblo honesto. Es que estos gobernantes han sido muy malos, muy malos; o sea, no merecemos vivir así (López Obrador, 22 de enero de 2018) [el destacado es propio].

La sucesión de ataques a camiones cisterna y a tuberías de Petróleos Mexicanos (Pemex) (y el posterior desabastecimiento de combustible) se extendió entre fines de diciembre de 2018 y aproximadamente el 20 de enero de 2019. El viernes 18 de enero un ducto intervenido ilegalmente explotó en la localidad de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, dejando un saldo total de más de 170 fallecidos. El episodio y sus derivas no solo ocuparon gran parte de los diálogos de las mañaneras, sino que además implicaron la emisión de cuatro conferencias extraordinarias, los días sábado 19 y domingo 20, que contaron con la presencia de diversos secretarios, altos mandos militares y el director de Pemex, entre otros. Ante esta situación, el gobierno se mostró muy activo y con un abordaje integral: atendiendo los efectos en el frente técnico y militar, por un lado (al identificar y cortar las tomas ilegales, garantizar el control efectivo de los ductos, etc.), y atendiendo “las causas” en el plano socioeconómico, por el otro. En ese sentido, el 22 de enero se lanzó el “plan de desarrollo para el bienestar” que constó de ocho acciones que incluían desde becas para jóvenes hasta pensiones para adultos mayores. Cada acción del gobierno para resolver la crisis de combustible fue expuesta en las mañaneras y se ofrecieron explicaciones sobre cada una de ellas. La presentación de estas acciones estuvo a cargo de múltiples funcionarios, desde la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, hasta el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, incluyendo al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Al igual que “la crisis de México”, la del huachicol, como síntoma máximo, junto a la inseguridad, de la corrupción y la pobreza, debía resolverse “atendiendo las causas”, “desde arriba” y “desde abajo”.

Hay la hipótesis de que, de todo el robo, solo el 20 por ciento se da con la ordeña de ductos, que es una especie de pantalla, que la mayor parte tiene que ver con un plan que se opera con la complicidad de autoridades y con una red de distribución. Entonces son huachicoleros de abajo y huachicoleros de arriba (López Obrador, 27 de diciembre de 2018) [el destacado es propio].

La denuncia de corrupción esgrimida en el discurso de López Obrador puede ser considerada novedosa para la región, en tanto resignificó lo que ha sido un cuestionamiento surgido principalmente desde las oposiciones políticas y, además, usualmente usufructuado por las fuerzas políticas más conservadoras o contrarias al giro a la izquierda de este primer cuarto de siglo en América Latina.18 En la voz del presidente de MoReNa, esta denuncia cristalizó en el neologismo “influyentismo” que permitía articular el aspecto moral con el económico,19 y a ambos, con una retórica de derechos e igualitarista.

Además, estoy seguro [de] que esa fórmula va a dar resultados, porque la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, hay que combatirla también porque es mucho el dinero que se va a unas cuantas manos y que ahonda las desigualdades y por eso la crisis de México. Por la corrupción hay pobreza; por la corrupción hay inseguridad, hay violencia (López Obrador, 25 de enero de 2019) [el destacado es propio].

Resulta llamativa también la desarticulación de la denuncia de corrupción y el discurso antipolítica, dado que ese tipo de acusación suele estar atravesado por un potente discurso de crítica a la política institucional que en el caso analizado no se registra. Aunque en el discurso de López Obrador podemos encontrar cuestionamientos a “la llamada clase política” (29 de diciembre de 2018), también es cierto que en sus prácticas discursivas la política era reivindicada en su capacidad transformadora: “La política es también eso, entre otras cosas, poner orden en el caos” (27 de diciembre de 2018). Además, aquí la política no es entendida únicamente “desde arriba”, sino también en su carácter transversal a la sociedad. Durante los cien días analizados, el llamado a la participación ciudadana y la consecuente asunción de responsabilidad en la puesta en práctica de las políticas públicas no fueron la excepción: desde la consulta ciudadana sobre termoeléctrica Huexca, en Yecapixtla (Morelos), hasta la convocatoria a conductores de “pipas” (para el transporte de combustible), incluyendo las medidas antihuachicoleo y contra el desabastecimiento, la política era concebida como un fenómeno de arriba y de abajo, porque “la democracia es asunto de todos, no es nada más de un gobernante o de un gobierno” (4 de enero de 2019).20 Si en este punto los extremos de “arriba” y de “abajo” eran iguales, también esa igualación también debía verificarse en términos de ingresos y calidad de vida.

Y esa es la inconformidad que existe, porque hay muchos funcionarios de arriba, en el Poder Judicial y también en el Poder Ejecutivo, y los había también en el Poder Legislativo, que estaban hasta dos, tres, cuatro veces arriba de este tope. Yo voy a ser respetuoso de lo que decidan los jueces en esta materia, pero creo que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No es posible que un servidor público gane 600 mil pesos mensuales y, que, además, todavía se diga que es el encargado de impartir justicia. Se me hace una contradicción (López Obrador, 6 de diciembre de 2018) [el destacado es propio].

La distinción arriba/abajo era, como ha quedo en evidencia, el núcleo de la dimensión identitaria de “la crisis de México”. Junto a “los de arriba”, el adversario del obradorismo era identificado con “el viejo régimen” del “período neoliberal”. Si en Conversando… identificamos el “modelo” como el sintagma adversarial ordenador de la disputa política, aquí es el “régimen” el que cumple ese rol.

Estamos en una etapa nueva. No fue un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Antes el poder de los poderes era el Ejecutivo, se hacía lo que ordenaba el presidente. No había Estado de derecho, era un Estado de chueco. […] Y todavía, seguramente, vamos a padecer, porque es un período de transición, todavía está ahí el viejo régimen. Pero esto va a cambiar (López Obrador, 10 de diciembre de 2018) [el destacado es propio].

Junto a la resemantización de la “corrupción” (articulada ahora con una retórica de derechos y no únicamente con un discurso fiscalista o meramente eficientista), en las mañaneras se operó también polémicamente en el mismo sentido con la idea de “crecimiento”.

Queremos crecimiento, pero también queremos desarrollo, no solo aumentar la tasa de crecimiento anual, que sea más del dos por ciento, como ha sido en 30 años, en promedio dos por ciento. Es de las tasas de crecimiento más bajas en el mundo, es otra prueba irrefutable del fracaso de la política económica neoliberal. Ni siquiera en términos cuantitativos ha habido buenos resultados (López Obrador, 24 de enero de 2019) [el destacado es propio].

La polémica se daba aquí también (como con la corrupción) desde los términos del adversario; el presidente mexicano cuestionaba el “período neoliberal” no solo por su déficit de bienestar social e igualdad, sino también por su pobre desempeño en relación con indicadores económicos que los discursos neoliberales, dice López Obrador, solían invocar para legitimarse (en este caso, el crecimiento, asociado ahora al “desarrollo”). La articulación entre un discurso eficientista y un discurso igualitarista y del bienestar y el desarrollo de las mayorías es, sin lugar a dudas, un aspecto distintivo de la identidad política obradorista.

Este fragmento revela, además, el marcado tono polémico que tuvieron las conferencias matinales de López Obrador, a diferencia del programa del presidente argentino. Los pasajes más intensos en términos de polémica estuvieron asociados a resemantizaciones como la señalada, pero también (y aquí vamos a encontrar una de las marcas por excelencia del discurso obradorista) a los recursos a la ironía y a la descalificación con lenguaje coloquial y el uso de terminología popular. Los “machuchones”,21 la “prensa fifí”22 o los “moches”23 de la corrupción fueron expresiones ubicuas en la discursividad del presidente mexicano, siempre en contextos de polemización con el adversario. Esto le ha valido a López Obrador insistentes críticas (no pocas veces por parte de esa misma prensa cuestionada) y descalificaciones por “hablar mal”, lo que revela, como señala David Bak Geler, que la disputa política en el gobierno obradorista también se convirtió en una “batalla alrededor del lenguaje” (2023, p. 11). La reivindicación de un lenguaje coloquial polémico emergió, advierte el investigador, como un gesto democratizador de puesta en escena de discursividades históricamente relegadas del poder.

En línea con esa escenificación pública de la palabra popular, la dimensión temporal de la “crisis” también tenía un tono explícitamente polémico.

Fue un fracaso, todo el período neoliberal. Es el equivalente a los 34 años del Porfiriato. Nada más que ahora son 36, dos más, pero es lo mismo. Entonces, esto no se quiere ver, y hay quienes quieren que mantengamos el mismo sistema de corrupción, de injusticias, de privilegios. Pues no, no, no. Van a cambiar las cosas (López Obrador, 4 de diciembre de 2018) [el destacado es propio].

Por un lado, inscribía el presente en una línea narrativa que articulaba tres grandes transformaciones del pasado (la independencia, la reforma y la revolución) y, por el otro, se distanciaba del pasado reciente de “36 años de neoliberalismo” (corrupto, privatizador, ineficiente), asimilado a la etapa dictatorial de Porfirio Díaz (1884-1911) y denominado, por ello, “neoporfirismo”. El clivaje transformadores/revolucionarios vs. no transformadores permitía a López Obrador presentar su gobierno como el de “la cuarta transformación de la vida pública”.

Frente a la moderación duhaldista, López Obrador ofrecía una discursividad altamente polémica y una temporalidad refundacional definida, incluso, como revolucionaria.24 Las múltiples evocaciones de la memoria discursiva de la Independencia y de la Revolución mexicana25 funcionaban como referencia legitimadora de la transformación propuesta (que buscaba terminar, al igual que aquella con la dictadura de Porfirio Díaz, con “36 años de neoliberalismo”). En ese sentido, las constantes referencias al panteón de héroes revolucionarios condensaron en la declaración al 2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” (11 de enero de 2019).

Bueno, ánimo, 12 meses [sic] y ya tenemos buenos resultados. Se va a informar que ya se estabilizó el abasto prácticamente en todo el país. Se logró esto a pesar de que hubo resistencias, de que hubo sabotaje. La gente se portó muy bien, nos respaldó, no lograron su propósito quienes pensaban que nos iban a desestabilizar, la gente fue muy consciente. Ya también se inició el plan en los municipios por donde pasan los ductos; vamos avanzando bastante, dando opciones, alternativas, para que nadie por necesidad se dedique a estas actividades. Vamos avanzando bien (López Obrador, 21 de febrero de 2019) [el destacado es propio].

Sin embargo, a pesar de la magnitud de la transformación que se buscaba, en las mañaneras encontramos un modo de gestión del tiempo similar al de Conversando…, centrado en el uso del gerundio. La alta frecuencia y la regularidad de las conferencias, junto con la presentación de las acciones de gobierno introducidas como siempre-en-progreso, contribuían a mostrar al gobierno (esto es, a López Obrador, pero también a sus funcionarios) como activo y siempre atento a los problemas cotidianos de la ciudadanía. Aquí también, entonces, los grandes cambios eran gestionados desde una temporalidad ongoing que permitía regular las múltiples y considerables demandas circulantes, y mostraba resultados, pero advertía constantemente sobre las complejidades que implicaba el cambio.

5.2. Ethos del servidor

La proximidad que trazaba la imagen del gobierno ongoing anudaba con el ethos proyectado en el discurso del propio dirigente. En el período analizado, esta imagen tuvo dos aristas, la del hombre común, pero transgresor, y la del servidor. En cuanto al primer aspecto, ya revisamos en el apartado previo cómo la diseminación de modalidades de enunciación y términos marcados (coloquiales, de uso cotidiano y popular) redundaban en la conformación de una imagen popular y, también, algo transgresora e impertinente.26

El otro elemento saliente del discurso obradorista durante sus primeros días de gobierno fue el que denominamos ethos del servidor.

Y, con todo respeto, un maestro de tiempo completo, un investigador, aunque tiene muchas satisfacciones, recibe muchas satisfacciones por estar enseñando, el servicio público es la consagración total del ser humano, porque es el servicio al prójimo, al ciudadano. Es ser un siervo de la Nación, un servidor público. Entonces, es una gran satisfacción. Y además de estar sirviendo, que le paguen a uno, es para brincar de alegría. Entonces, no es despreciable. El que quiere hacer dinero que no se ocupe de estas funciones. Puede dedicarse a cualquier otra actividad, además, es legítimo. Pero el servidor público no está para hacerse millonario. No podría un servidor público hacerse millonario, solo siendo corrupto, entonces sí se hace millonario (López Obrador, 11 de diciembre de 2018) [el destacado es propio].

La figura del servidor anudaba todos los elementos analizados en la discursividad obradorista (imagen de sí, construcción de la “crisis” y dispositivo de mediatización). La dimensión moral de la “crisis” tenía ser corregida (al igual que “la limpieza” de la corrupción) “de arriba hacia abajo”. La ejemplaridad del funcionario público (probo, sacrificado y recto) se jugaba en el plano individual, pero tenía efectos de orden colectivo.

Que sean honestos y que apliquen, en este caso, sí, el criterio de los liberales del siglo XIX, de la mejor época que se tuvo, que fue el período de la República restaurada, 10 años que en México se gobernó de acuerdo con la Constitución, con las leyes, que hubo división, que hubo equilibrio de poderes, que hubo la prensa más libre y más inteligente que se haya tenido hasta nuestros días. Entonces, ¿cuál es esa máxima? Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie (López Obrador, 10 de diciembre de 2018) [el destacado es propio].

La ejemplaridad debía aprenderse, también, por hechos.27 El panteón de héroes nacionales de “las tres transformaciones” previas debía ser el catálogo de muestra, tanto para los funcionarios como para la ciudadanía en general: el virtuosismo no era ajeno a la historia mexicana; estaba allí, pero había que extraerlo del arcón del pasado.

Y aquí recuerdo lo que decía el presidente Juárez. El presidente Juárez decía que el servidor público tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Por eso la diferencia entre funcionario y servidor. Morelos decía, siervo de la Nación, el servicio público no es para hacer dinero, es para servir a los ciudadanos (López Obrador, 4 de diciembre de 2018) [el destacado es propio].

Sí, sí, que se moderen, que sean juaristas. ¿Qué decía Juárez? Que el funcionario aprenda a vivir en la justa medianía. […] Aquí, por la corrupción, por los excesos, tenemos pobreza, inseguridad, violencia. Ojalá y todos vayan entendiendo (López Obrador, 15 de febrero de 2019).

Mientras la imagen más transgresora reenviaba a los héroes revolucionarios del siglo XX, el ethos del servidor evocaba a los héroes de la independencia en el siglo XIX. Era allí, en la conformación de una república constitucional (en la destrucción de un orden opresor y en la creación de otro, con una nueva legalidad y una nueva legitimidad), en donde la imagen del servidor público encontraba su razón de ser: solo es posible servir a lo común si rige la igualdad, porque “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

Por vía de la ejemplaridad, el ethos del servidor no solo proyectaba una imagen del enunciador, sino que también movilizaba al auditorio (funcionariado público y ciudadanía en general) a un accionar probo, un sacrificio desinteresado. No se enunciaba necesariamente desde un nosotros (el nudo de la enunciación remitía aquí a la figura individual de López Obrador como evaluador final del verdadero servicio público, aun cuando estuviera acompañado de otros funcionarios), pero sí operaba como una suerte de ethos expandido (o expansible), que no se reducía a legitimar el propio discurso, sino también, y muy claramente, a transformar al auditorio, a movilizarlo a la acción en ese mismo sentido.

Finalmente, en consonancia con el diagnóstico moral de “la crisis de México”, la figura del servidor se articulaba con una propuesta de transformación “de los valores”. En ocasión de la reimpresión de la Cartilla moral del escritor mexicano Alfonso Reyes (2018), el presidente señalaba:

Se van a imprimir 10 millones de cartillas, es un texto básico para fortalecer valores. Es un documento, un escrito de Alfonso Reyes sobre los valores, los preceptos fundamentales: el amor a la familia, el amor a la naturaleza, el amor a la patria, el amor al prójimo. Y consideramos que es fundamental porque necesitamos avanzar en el bienestar material y también en lo que se relaciona con el bienestar del alma. No solo de pan vive el hombre (López Obrador, 28/01/19) [el destacado es propio].

La imagen del servidor público (López Obrador) comparte con la del pastor-docente (Duhalde) la idea del sacrificio en pos de un bien mayor, externo y colectivo. Pero mientras en este último encontramos huellas de un interdiscurso religioso católico (Cané Pastorutti, 2021b), en esta primera etapa de la presidencia del dirigente tabasqueño se dejaba entrever la formulación inicial de una suerte de religiosidad secular y humanista, desde la que se convocaba a ciudadanos y funcionarios de todos los colores políticos por igual y más allá de sus creencias.

5.3. Mediatización interactiva jerarquizada

Sin lugar a dudas, la escena genérica estructurada en las mañaneras era la de una conferencia de prensa. Esta constituye un género ritualizado que suele tener roles y dinámicas relativamente predefinidas, además de comportar un carácter asimétrico entre el conferencista y quienes realizan las preguntas, porque, como señala Paula Salerno siguiendo a Kerbrat-Orecchioni, “quien realiza la pregunta posee un poder mayor que su interlocutor, el cual se ve obligado a responder para no generar una situación de violencia” (2016, p. 464). Sin embargo, las mañaneras de López Obrador configuraban una modulación específica que tensionaba algunas de las características usuales del género. Para dar cuenta, entonces, del tipo de mediatización propuesta se analizarán tres elementos: locación, voces involucradas y modalidades de interacción entre los elementos.

Estos “diálogos circulares” se desarrollaban en el Salón Guillermo Prieto (o Salón de la Tesorería) del Palacio de Gobierno en la Ciudad de México, en donde López Obrador decidió, al igual que Benito Juárez, establecer su morada como presidente.28 El espacio estaba conformado por dos grandes secciones: el escenario en donde se ubicaba el presidente (con una suerte de mampara en el fondo, inicialmente del mismo color bordó que MoReNa,29 un atril y una pantalla a un lado) y, frente a él, el sector del periodismo (dispuesto en sillas frente al escenario con sus trípodes para teléfonos móviles, etc., y con una serie de micrófonos que iban pasando entre quienes intervenían con preguntas y, detrás de ellos, las cámaras). La disposición del escenario, levemente elevado y a unos metros de distancia de las y los periodistas, instauraba una cierta asimetría en favor de los que ocupaban el lugar de conferencistas; como veremos, esta jerarquía se vería reforzada por la modalidad de interacción.

Por otra parte, resulta evidente que el vínculo con la prensa era, al igual que para otras identidades populares en América Latina durante este primer cuarto del siglo XXI, una cuestión de principal relevancia para el gobierno obradorista. En ese sentido, la asimetría señalada se complementaba con la institucionalidad política que el trasfondo del Palacio le brindaba a las mañaneras: eran los medios y sus periodistas los que debían asistir regular y cotidianamente hacia ese espacio políticamente marcado, regido y ordenado por la autoridad política, y no las/os dirigentes los que asistían a un set de televisión o introducían su voz en el espacio público con las reglas de una red social determinada. Las mañaneras no solo lograban marcar la agenda con sus temas a primera hora del día, sino que también “marcaban la cancha” espacialmente, otorgándole a la institución política (del presidente, de la casa de gobierno, su propia casa, de las autoridades que lo acompañaban) una potente primacía.

Con las mañaneras, la autoridad política operaba, respecto de los medios de comunicación, una suerte de movimiento centrípeto hacia sí misma que se complementó con un movimiento centrífugo complementario, respecto de las entidades federales, sus gobernantes y la ciudadanía. Sobre este último punto, el 20 de febrero, en Monterrey, capital del estado de Nuevo León, se inició el ciclo de “mañaneras itinerantes” que se sumaba, así, “las giras” por diferentes ciudades y pueblos del país que López Obrador realizaba usualmente los fines de semana.30

Estas modulaciones que fueron adquiriendo las conferencias daban cuenta de su constitutiva plurivocidad y su alto grado de dinamismo. Las voces escenificadas en las mañaneras eran múltiples, y entre ellas se pueden contar las de periodistas, funcionarias y funcionarios, autoridades de organismos extranjeros,31 pero, como ha sido advertido por otros analistas (Orozco Murillo, 2023),32 siempre con la preeminencia ordenadora de la voz presidencial. Cabe destacar, sin embargo, que, al menos en el período analizado, fueron contadas las voces ciudadanas incorporadas.33 Allí, el rol de las conferencias como “tribuna para los ciudadanos” (25 de enero de 2019) quedó ciertamente desdibujado.

Mención aparte merece la puesta en escena de la voz de las diversas y diversos funcionarios que, durante las casi setenta emisiones analizadas, López Obrador convocó a para lanzar políticas de gobierno vinculadas a sus carteras específicas (por ejemplo, el “plan de desarrollo para el bienestar” estuvo principalmente a cargo de la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores). Algunas de ellas respondían a problemáticas, conflictos o asuntos de coyuntura (por ejemplo, la tragedia aérea en Puebla, que supuso la convocatoria de, entre otros, Carlos Morán Moguel, el subsecretario de Comunicaciones y Transportes) y otras estaban vinculadas a iniciativas más propias del gobierno (como la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que contó con la presencia de su director Adelfo Regino, el 5 de diciembre de 2018, y la apertura de archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional el 1º de marzo de 2019, ocasión en la que participaron el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, y el director del Archivo General de la Nación, el historiador Carlos Ruiz Abreu).

A partir del 7 de febrero de 2019, las mañaneras incorporaron traducción simultánea en lenguaje de señas. La gran mayoría de las conferencias relevadas incorporaban soporte audiovisual, tanto en formato de diapositivas con información (datos, gráficos, imágenes) como en formato video, que se proyectaba en la pantalla que formaba parte del escenario. Dentro de este último caso, sobresalen tres tipos de videos: los institucionales (por ejemplo, los de convocatoria a jóvenes para integrarse a la novel Guardia Nacional, 2 de enero de 2019) que después serían replicados en otros medios; los testimoniales (por ejemplo, el de historias de vida de personas con discapacidad, presentado en el marco del lanzamiento del programa de pensión para personas con discapacidad, 11 de enero 2019); y, finalmente, los que podríamos denominar aleccionadores, como aquellos en los que se mostraron los automóviles de la flota oficial que se subastarían como parte del “plan de austeridad republicana del gobierno” (29 de enero de 2019).

En este marco, las y los funcionarios también respondieron preguntas del periodismo, tanto sobre asuntos específicos, como a raíz de otras cuestiones. Sin embargo, se registra una diferencia crucial en relación con las intervenciones de López Obrador; mientras este ocupaba alternativamente los registros político-polémico y técnico (con presentación de cifras y estadísticas), los primeros usualmente se limitaban a este último y eran quienes utilizaban el recurso pedagógico de las diapositivas en la gran mayoría de los casos.

Las asimetrías espaciales, la reproducción multimodal (vía streaming y televisado, potencialmente accesible para la toda la ciudadanía, sin recortes ni citas) y el protagonismo otorgado al periodismo (y con un lugar bastante secundario de las voces ciudadanas) hacían del “diálogo circular” propuesto por las mañaneras un formato de interacción jerarquizado. La interacción estaba enfocada directamente al intercambio con el periodismo (en el Palacio), e indirectamente, como en Conversando…, con la ciudadanía (vía streaming y el formato en vivo, pero siempre, en mayor o menor medida, mediada por la prensa: los medios, a través de sus periodistas, eran reconocidos como mediadores legítimos de las voces de la ciudadanía). Este último aspecto, el de la mediación periodística, estaba incorporado en el propio dispositivo de las mañaneras y era parte de su propia lógica, mucho más dinámica e interactiva que el primer caso analizado.

6. El sueño imposible de la transparencia. Reflexiones finales

Si hay algo que parece ser común a las experiencias de mediatización de la palabra presidencial analizadas es la ilusión de transparencia entre representantes y representados, esto es, la búsqueda de una forma de acercar a “los políticos” y “la gente” sin intermediarios. Este objetivo surge como una pretendida respuesta a la desconfianza de la segunda respecto de los primeros, manifestada en fenómenos como la pérdida de legitimidad de la palabra política. Con veinte años de distancia entre sí, tanto Conversando con el presidente en Argentina, como las mañaneras en México se configuraron como dispositivos de mediatización que buscaban (re)construir la confianza (aparentemente) perdida en torno a la palabra presidencial. Pero, a pesar de estos puntos de continuidad, en el análisis de las emisiones de sendos ciclos durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Andrés Manuel López Obrador pudimos identificar también una serie de divergencias que le otorgaron a cada uno una impronta diferente.

En esta investigación estudiamos aquellos modos de mediatización durante los cien primeros días de sus presidencias, con foco en tres elementos: el modo de construcción de la “crisis”, el dispositivo mediático y la escena de enunciación, y la imagen de sí o ethos proyectado por los enunciadores protagonistas en cada caso. En primer lugar, encontramos que los diagnósticos sobre la “crisis” compartieron un enfoque integral según el cual el proceso crítico era multidimensional: económico, político, social y, ante todo, “espiritual” (Duhalde) y “moral” (López Obrador). En ambos casos se configuró un sintagma adversarial sobre el cual no solo se definía la “crisis” como integral, sino que también se configuraba el lugar de la alteridad (“el poder financiero”, en un caso, y “los de arriba” o los corruptos, en el otro); ese sintagma permitía, además, trazar una ruptura con un pasado denostado y proyectar hacia futuro la transformación deseada. Aquí cabe señalar uno de los aspectos más salientes del discurso de las mañaneras en este período: el rol de la denuncia de la corrupción. Además de permitirle a López Obrador diferenciarse de sus adversarios y trazar aquella frontera temporal con el pasado que era preciso dejar atrás, “la corrupción” era resemantizada en una cadena de argumentos novedosa para la región. En el último cuarto de siglo, en América Latina las denuncias de corrupción habían sido enarboladas especialmente por fuerzas políticas opositoras a los gobiernos del denominado giro de izquierda y desde una perspectiva moral, mientras que en el discurso de López Obrador aquella era resignificada en el marco de una retórica de derechos e igualitarista que articulaba la crítica moral con la económica: acabar con la corrupción “de arriba” y también con la de “de abajo” redundaría en mayor “bienestar” para “el pueblo”. Dado que la corrupción ha sido uno de los focos centrales en el proceso de pérdida de legitimidad de la palabra política y que, además, usualmente no ha sido tematizada en los discursos de las identidades populares de la región, la configuración que tuvo en el discurso de las mañaneras sobresale como un elemento novedoso que parece haber contribuido a la consolidación del obradorismo.

Entonces, “el modelo” en Argentina y “el régimen” en México funcionaron en cada caso como el clivaje del cambio: un modelo/régimen terminaba y otro nuevo empezaba; solo a partir de esa nueva narrativa de la historia nacional el futuro podía emerger como un horizonte de cambio posible. En sendos casos esa dimensión de futuro (como horizonte de expectativas esperanzador, transformador) resultó fundamental para la construcción de legitimidad en torno a la figura de los presidentes.34 Por otra parte, la “crisis” espiritual (Argentina) y moral (México) parecía requerir, en ambas latitudes, figuras dirigenciales que, a pesar de sus diferencias, compartieron un carácter sacrificial. Tanto la figura del pastor-docente, configurada en el discurso duhaldista, como la del servidor, presente en la discursividad obradorista, proyectaron su legitimidad sobre ese elemento de sacrificio personal en pos de un bien mayor: el bien del “pueblo”. Sin embargo, el carácter polémico (constitutivo de los discursos políticos, pero que adquiere diferentes modulaciones en cada uno) fue un claro diferencial entre ambos. Tanto el recurso a un lenguaje coloquial y llano, como la evocación de experiencias consideradas propias de los sectores populares (por ejemplo, los partidos de fútbol del fin de semana) proyectaban en ambos casos una imagen de estos líderes como “hombres comunes”, cercanos a “la gente”. Sin embargo, mientras en el caso de Duhalde eso alimentó un aspecto pedagógico de su discursividad poco polémico, en el caso de López Obrador convivió con ironías, descalificaciones y una escenificación del lenguaje popular que le imprimieron un carácter altamente polémico. Las referencias a la “prensa fifí” y las críticas a los “machuchones” son solo algunos de los ejemplos que dan cuenta de la centralidad que tuvo la batalla por el lenguaje (Bak Geler, 2023) en las mañaneras.

Finalmente, y a pesar de que Conversando con el presidente fue un ciclo radiofónico, mientras que las mañaneras tuvieron un formato multimodal (streaming y televisado) pudimos comparar ambos dispositivos y encontramos que en ellos la construcción del lazo de proximidad entre representante y representados adquirió diferentes matices. En el caso argentino, se dio forma a una mediatización indirecta, no interactiva y singularizante. A pesar de tener como objetivo mentado erigirse como un canal “sin intermediarios”, la ciudadanía no interactuaba nunca directamente con Duhalde, sino siempre en forma doblemente mediada: como recorte asincrónico y en forma no replicante. En el caso de las conferencias de López Obrador, la ciudadanía también encontraba un lugar secundario: el “diálogo circular” propuesto tenía como protagonistas, antes bien, a las y los periodistas, a quienes se les reconocía su carácter mediador específico en el espacio público. Sin embargo, ese protagonismo se daba en un contexto de institucionalidad estrictamente política (el Palacio de Gobierno) y con una disposición espacial configurada sobre asimetrías espaciales que resaltaban la primacía de la autoridad política. El formato de este dispositivo, por tanto, era el de una interacción jerarquizada, tanto respecto de la prensa como en relación con la ciudadanía.

Pese a haberse originado como formas de intentar subsanar la desconfianza de “la gente” en “los políticos”, tratando de construir confianza, mostrándose capaces de capear la “crisis” y, además, cercanos a la ciudadanía, ninguno de estos dos ciclos pudo escapar a la ilusión que habita la búsqueda de la transparencia en el lazo representantes/representados. Sin embargo, Conversando con el presidente y las conferencias mañaneras de López Obrador configuraron eslabones nodales en los procesos de mutación del lazo de proximidad en las matrices políticas argentina y mexicana. Ambos pudieron, en forma relativamente exitosa, ofrecer una nueva narrativa histórica transformadora que habilitaba un futuro prometedor y legitimaba el presente de cambio. Ambos, también, (re)configuraron identidades políticas populares, pero mientras Duhalde lo hizo con un tono más moderado (en relación con la construcción del adversario), López Obrador tuvo un registro altamente polémico y logró, también con cierto éxito, disputar el significante “corrupción” a sus adversarios y revalorizar, de ese modo, el lugar de la autoridad política.

Si, como advirtió Pierre Rosanvallon, la historia de las democracias está atravesada por su cuestionamiento permanente, esa historia es también la de la desconfianza en esas democracias. Este es el escenario en el que las formas de mediatización de la palabra política analizadas han buscado (re)construir una confianza que parece, antes bien, un horizonte siempre diferido, aunque necesario para que el vínculo representativo democrático se sostenga. Si hay algo que Conversando con el presidente y las mañaneras indudablemente comparten es que, cada una a su modo parece haberse orientado a que la palabra política sea tal “en el sentido fuerte del término, es decir, como una palabra portadora proyectos y transformadora de realidades” (Montero, 2024, p. 15). Es precisamente la pérdida de esta capacidad transformadora, pero también ordenadora de un proyecto, la que parece encontrarse en el origen de la avanzada global de gobiernos y dirigencias políticas de derecha; es allí, en el vacío de promesas y en la ausencia de un proyecto de futuro deseable que parecen haber dejado los gobiernos del “giro a la izquierda” en la pospandemia, que florecieron los discursos antipolítica y promotores de agendas desdemocratizadoras y de destrucción de derechos. Ese vacío coincide con la distancia casi abismal (casi insultante, agraviante) que “la gente” ve entre sí y la política, los políticos y el Estado. En ese camino, la desconfianza en la democracia (constitutiva de esa forma de sociedad) deviene en amenaza a la democracia y en la destrucción de los lazos colectivos que hacen a lo común. Pero los casos analizados en los extremos de América Latina revelan que hay otras formas de gestionar la desconfianza y la crisis de representatividad, formas que reconocen la distancia y esa desconfianza como constitutivas de la democracia, pero que revalorizan y relegitiman la palabra política a través de modos de mediatización que buscan construir una imagen de cercanía, que producen narrativas históricas novedosas y que logran disputar polémicamente significantes afianzados en las críticas antipolíticas (como el de “corrupción”).

Mientras la política pueda mostrar su capacidad transformadora, pero también ordenadora de un proyecto común (de un pasado, de un presente y, sobre todo, de un futuro deseables), estaremos todavía viviendo la historia de las democracias. Es la duración de ese “mientras” lo que permanece abierto.

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1. Investigación realizada con financiamiento del Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS). Fellowship realizada en la Universidad de Guadalajara (México), en el marco del Laboratorio de conocimiento “Identidades estratégicas y crisis en América Latina. Procesos y tensiones”, durante 2024. Agradezco la lectura y comentarios de mi amiga y colega Sabrina Morán.

2. Cardon (2016) advierte que la pérdida de peso de la figura del gatekeeper se cristaliza en el desacople entre las nociones de visibilidad y publicidad que supone la red: los internautas definen también qué consideran público/privado y eso configura una nueva geografía del espacio público, que se convierte en un continuum (más que en una frontera) de diversos grados de visibilidad y publicidad (de modo que no todo lo visible es público, y viceversa). Así, la definición de qué es visible y qué es público para la ciudadanía se vuelve un desafío para los políticos, porque, además, se juega con reglas que no son únicamente las de la política institucional, sino las de la compleja y abigarrada esfera pública digital.

3. Roosevelt inició sus Fireside Chats cuando fue gobernador de Nueva York (1928-1932) y continuó esa forma de comunicación con la ciudadanía durante su presidencia (Ryfe, 1999). La primera de estas “charlas íntimas” se emitió el 12 de marzo de 1933; a esta le siguieron veintisiete emisiones más (Braden y Brandenburg, 1955). En 1982 Ronald Reagan retomó esta práctica dando comienzo, así, a la larga tradición de weekly addresses que Obama llevó a YouTube en 2009, y que fue continuada por Clinton y Bush en formato radiofónico (Scacco, 2011).

4. Duhalde no accedió a la presidencia por el voto popular, sino gracias al de la Asamblea Legislativa, en el marco de una de las más profundas crisis políticas, económicas e institucionales que atravesó la Argentina (Cané Pastorutti, 2021b).

5. La afirmación según la cual Duhalde “triunfó” requiere, sin lugar a dudas, tener en cuenta algunos matices. En primer lugar, el dirigente bonaerense no finalizó el mandato que le había impuesto la Asamblea Legislativa (hasta diciembre de 2003). El asesinato de dos ciudadanos a manos de las fuerzas de seguridad en el marco de una movilización popular fue uno de los eventos clave que contribuyeron al adelantamiento de las elecciones argentinas en junio/julio de 2002. En segundo lugar, dichos comicios (realizados en abril de 2003) tuvieron como resultado la asunción de Kirchner, pero este solo obtuvo el 20% de los votos y fue declarado ganador solo después de que su contrincante, Carlos Menem, renunciara al ballotage sobre la consideración de que no tenía chances de ganar. Otros dos aspectos requieren ser señalados. Por un lado, este proceso debe ser siempre enmarcado en la complejidad del período: para valorar el año y medio de extensión de la gestión Duhalde, es preciso tener en cuenta la extensión del mandato de su antecesor, quien también fue designado por el voto de la Asamblea Legislativa luego de la renuncia del electo Fernando de la Rúa: apenas una semana después de asumir, Adolfo Rodríguez Saá debió abandonar el cargo, en el marco de una reactivación del ciclo de protesta social y sin apoyo de la dirigencia política. Por otra parte, lo que se busca destacar también es la continuidad de ciertos aspectos neurales del diagnóstico de Duhalde y el de Kirchner (especialmente los vinculados a su abordaje mercadointernista sobre la crisis del 2001 y a la narrativa histórica que ambos construyeron), más allá de su posterior distanciamiento que devendría, luego, en enfrentamiento electoral.

6. Este diálogo polémico es particularmente relevante para el estudio de los casos mexicano y argentino, dado que sus matrices sociopolíticas fueron signadas, desde mediados del siglo XX, por dos de los populismos usualmente adjetivados como “clásicos” (Mackinnon y Petrone, 2011): el cardenismo y el peronismo, respectivamente. Este trabajo no estará dedicado a reflexionar sobre el carácter populista (o no populista) de estas identidades políticas; ello implicaría un análisis de más largo plazo y que dé cuenta de la dinámica entre las diferentes identidades que configuran los contornos de cada matriz política. Dada la proliferación de análisis de sendos procesos en clave populista (y, usualmente, utilizando dicho concepto como una calificación peyorativa), la cuestión del populismo no puede ser completamente dejada de lado.

7. Por ejemplo, una concepción inevitabilista (“este es el único camino posible”) del tiempo común desplaza las posiciones alternativas de ese tiempo/espacio común y las relega directamente al lugar de lo imposible e, incluso, de lo impensable, lo que configura un discurso antipolítica (Cané Pastorutti, 2018; 2019; 2020).

8. Las conferencias matinales se transmitieron durante toda la presidencia de López Obrador por YouTube (https://www.youtube.com/@lopezobrador), por Facebook (https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/) y por la televisión abierta del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (Canal 14). Para el análisis, este material audiovisual se complementó con las transcripciones estenográficas de cada conferencia. Dado que el relevamiento y la sistematización del corpus de las mañaneras se realizó mientras López Obrador aún era presidente, las transcripciones fueron extraídas de la que era la web oficial del gobierno de México (https://presidente.gob.mx/sala-de-prensa/transcripciones/). Hoy, la URL de la prensa de presidencia es https://www.gob.mx/presidencia/ (allí pueden consultarse las transcripciones de las mañaneras de Claudia Sheinbaum), mientras que las de López Obrador están accesibles todavía en la web personal del expresidente (https://amlo.presidente.gob.mx/sala-de-prensa/transcripciones/, diciembre 2024).

9. Este ciclo contó con 80 envíos, de los cuales se dispone casi en su totalidad tanto en formato MP3 (audio) como en formato escrito (transcripciones de todos los programas), gracias a la colaboración invaluable del personal del Archivo de Radio Nacional Argentina.

10. Esta emisora integraba el Sistema Nacional de Medios Públicos (SMNP), bajo la órbita de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Nación, a cargo de Carlos Ben. Mientras el programa estuvo al aire, el SMNP estuvo intervenido en el marco de una investigación sobre una serie de irregularidades en la gestión del secretario de Cultura y Comunicación del gobierno previo, Darío Lopérfido. Desde el 22 de febrero de 2002, Marcelo Simón quedó al frente del organismo, cuando la Sindicatura General de la Nación dispuso su intervención por 180 días que, finalmente, se extendieron hasta 2003. Para un análisis detallado de la política de medios poscrisis del 2001, ver Baladrón (2009).

11. La inclusión de la primera dama parecía haber sido azarosa (“[Giorgi]: Bien, muy bien. Tenemos hoy una conferencia, más que un programa. / [Hilda Duhalde] Me acabo de enterar, como estoy al lado de mi esposo, me ha incluido”, 15/03/2003), pero podemos entender que se enmarcaba en la coyuntura del lanzamiento de un programa de subsidios para personas mayores de 70 años. Hilda Duhalde tenía gran influencia sobre la cartera de Desarrollo Social.

12. Estas dos emisiones fueron la del 5 de octubre de 2002 y la del 5 de abril de 2003. En ambas, el presidente se encontraba viajando en avión (hacia la provincia argentina de Jujuy, en el primer caso, y hacia Roma, en el segundo). En sendas instancias y según indicó Giorgi, la transmisión se realizaba vía enlace satelital.

13. La reconocida película argentina Plata dulce, dirigida por Fernando Ayala, estrenada en 1982, contaba la historia de dos amigos que durante la dictadura militar dejaban de lado su empresa familiar para dedicarse al mundo especulativo de las finanzas, gracias a la sobrevaluación cambiaria del peso.

14. Este fragmento corresponde al discurso del presidente en el marco de la apertura de las sesiones legislativas que se realizan anualmente al comienzo de marzo. Excede el corpus definido, pero lo incluimos para dar cuenta cabalmente de nuestro argumento.

15. “Estaba viendo Fútbol de Primera (no me pierdo ningún Fútbol de Primera) y le preguntaban a la gente cuál era el deseo para este año y toda la gente decía lo mismo: ‘Trabajo, trabajo, trabajo’” (Duhalde, 16 de febrero de 2002).

16. Además, en el programa Mañanera 360, emitido por el canal 14, ofrecía, al final del día, un minucioso resumen de las conferencias, comentado por periodistas y protagonistas (como ministras/os y funcionarias/os).

17. En México, el término huachicoleo se utiliza usualmente para denominar la práctica del robo de combustible y su posterior venta en el mercado ilegal. Originalmente, la palabra huachicol era utilizada para referir a cualquier tipo de bebida alcohólica adulterada.

18. El propio Álvaro García Linera, vicepresidente de Evo Morales, advirtió sobre este déficit en más de una ocasión. En una conferencia en la Universidad de Córdoba (Argentina) señalaba al respecto: “parte de la debilidad de los procesos [del giro a la izquierda en América Latina] es que no hemos sabido castigar debidamente los hechos de corrupción; esto no es moralismo, es el principio de esperanza” (García Linera, 2016).

19. Por caso, la retórica fiscalista del gobierno de la Alianza (que se desintegró en el marco de la crisis de 2001, con la renuncia de Fernando de la Rúa) reunía claramente estas dos dimensiones, pero sin articularlas (más allá, y muy tímidamente, de su discurso de campaña y de asunción) a una retórica de derechos, al “bienestar” de la población ni a la mejora de sus condiciones de vida (Cané Pastorutti, 2018).

20. “Va a castigarse, tanto al que vende como al que compra, porque queremos la participación de los ciudadanos; queremos la participación de las familias, de los adultos mayores, ancianos respetables, para que aconsejen a sus hijos, a sus nietos. Todos a portarnos bien, todos a portarnos bien” (López Obrador, 27 de diciembre de 2018). “Eso lo dije desde el principio, lo reitero, que nos ayuden todos a no comprar nada robado, en este caso, combustibles. [...] La democracia es asunto de todos, no es nada más de un gobernante o de un gobierno” (López Obrador, 4 de enero de 2019).

21. Término usualmente utilizado en el estado de Tabasco (de donde es originario López Obrador) para referirse a los jefes o poderosos.

22. Fifí tiene acepciones similares en Argentina y México, como presumido o delicado en exceso.

23. Término utilizado para referir a las dádivas, similar al de “coima” en Argentina.

24. “Vamos a explicarles cómo se están dispersando los fondos para el bienestar. Esta es una revolución, es parte de los cambios de la transformación que se está llevando a cabo, la cuarta transformación de la vida pública” (López Obrador, 7 de febrero de 2019).

25. “No soy hacendado, como decía Zapata: ‘No fui a la revolución para hacerme hacendado’, cuando le ofrecieron un rancho” (López Obrador, 4 de enero de 2019).

26. Este efecto se marcaba aún más con las reflexiones metadiscursivas que el propio López Obrador ofrecía sobre su decir polémico: “También, porque no quiero que se quede esa imagen de lo de la prensa fifí, ya no lo voy a volver a repetir. Y ofrezco disculpas, pero de vez en cuando, no, denme esa licencia. Ofrezco disculpas por anticipado” (López Obrador, 18 de diciembre de 2018).

27. En este orden de la ejemplaridad, el horario de las mañaneras era concebido también como un sacrificio acorde a la investidura funcionarial. “A mí me gustaría, es un llamado respetuoso a todas las autoridades a que se levanten temprano. Miren, muy temprano se reparten los pedacitos de suerte y entonces el que se levanta tarde ya no recibe un pedacito de suerte” (López Obrador, 7 de febrero de 2019).

28. Esa decisión era presentada como un gesto de la denominada “austeridad republicana”, porque implicaba abandonar la residencia de Los Pinos, ubicada en el bosque de Chapultepec (Ciudad de México), y reconvertirla en un centro cultural.

29. La gráfica de la mampara reforzaba la narrativa histórica obradorista, porque incluía a José María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo y Costilla, Benito Juárez, Francisco Madero y Lázaro Cárdenas. Por otra parte, el color tuvo algunas variaciones: las mañaneras itinerantes tenían una mampara verde que más adelante fue adoptado para la conferencia diaria.

30. El análisis de “las giras” excede ampliamente los contornos de este trabajo, pero resulta evidente que ocuparon un lugar central en la construcción del lazo de proximidad del sexenio obradorista.

31. Como Frédéric Vacheron, representante de la oficina de la UNESCO en México (22 de febrero de 2019).

32. Agradezco especialmente al Dr. Jaime Preciado Coronado por esta referencia.

33. En el período analizado se pueden rastrear dos casos: el 25 de enero 2019 estuvo presente Griselda Triana, en su carácter de esposa del periodista Javier Valdez, y el 11 de enero, Jorge Zapata González. La primera leyó una carta exigiendo justicia por el asesinato de su marido, y el segundo hizo lo propio en homenaje a su abuelo, Emiliano Zapata.

34. Para un análisis más extenso sobre la construcción precaria de la legitimidad presidencial de Duhalde, ver Cané Pastorutti (2021b y 2023a).

Narrativas radicalizantes en América Latina

Los casos de Argentina, Chile, Costa Rica y México

Franco Delle Donne

Introducción

Desde la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos y la consolidación de la derecha radical en Europa, ha crecido en América Latina la presencia de fuerzas políticas que promueven una ideología homogeneizante que apunta a la exclusión y estigmatización de sus detractores y que tiende a la erosión de principios democráticos básicos (Mudde, 2019, 2017). Esas ideas se vehiculizan a través de narrativas políticas que promueven la normalización de esas posiciones.

Las narrativas no solo configuran el discurso político, sino que constituyen un elemento central en la vida social y en la organización política, y determinan, así, la construcción de identidades políticas. Como señala Groth (2019, p. 7), “la constitución, estabilización y transformación de identidades individuales y colectivas depende de la narración”. Cuando dichas narrativas se alimentan de ideologías radicalizadas se convierten en narrativas radicalizantes.

Su presencia en el debate público fomenta el deterioro del diálogo democrático y competitivo entre fuerzas políticas y, además, posibilita procesos de radicalización tanto de partidos políticos, sus discursos y sus acciones de gobierno, así como de personas y electorados (Lobato, 2019). Esto último se ve reflejado no solo en el comportamiento electoral, sino también en las percepciones y posicionamientos respecto a temas como la igualdad, los derechos humanos y la democracia, entre otros (Mayer, 2014; Perrino, 2019). Algo que incluso puede culminar en la justificación y el ejercicio de la violencia verbal y física (Benesch, 2023).

Latinoamérica no está ajena a este fenómeno. Las narrativas radicalizantes ocupan un mayor espacio en el debate público y en la comunicación interpersonal. También han permeado instituciones políticas propias de la democracia, como los partidos políticos. Su capacidad de resignificar conflictos, establecer antagonismos y legitimar discursos de exclusión las convierte en un factor clave para entender el ascenso y consolidación de la derecha radical en la región.

Este artículo se propone identificar y analizar las narrativas radicalizantes de los actores políticos de la derecha radical en América Latina en la actualidad, con el objetivo de comprender su estructura, identificar sus temáticas recurrentes y establecer su relación con conceptos e ideas preexistentes en el pensamiento político de la derecha radical europea en el pasado y de las diferentes vertientes del conservadurismo estadounidense (tradicional, evangélico y libertario). El interés por conocer la conexión entre aquellas ideas europeas y estadounidenses con las narrativas radicalizantes latinoamericanas radica en señalar su base ideológica y conocer sus desviaciones o diferencias, si es que existen tales, para describir y caracterizar las particularidades de la situación en América Latina, y establecer, así, similitudes y diferencias con los casos de otras latitudes.

El trabajo examina los discursos de cuatro líderes de la derecha radical latinoamericana actual en el marco de los foros internacionales que organiza la familia política de dicho espectro político. Los casos son Argentina (J. Milei), Chile (J.A. Kast), Costa Rica (F. Alvarado) y México (E. Verástegui). Se utiliza la metodología de la Narrative Policy Framework (Shanahan, Jones y McBeth, 2018), aplicada a la narrativa política (Capano, Galanti y Barbato, 2023) de doce intervenciones, en formato de discurso o ponencia con moderador, de los mencionados actores políticos entre 2017 y 2023.

1. Homo narrans

“Venimos de una decadencia de hace 100 años”. Esta breve frase del presidente argentino Javier Milei condensa el peso y la relevancia que posee una narrativa política para transmitir un mensaje y una estructura de interpretación de la realidad en su conjunto. En ella es posible identificar elementos que señalan simultáneamente diferentes aspectos movilizantes, en este caso, la existencia de un problema y su causa. Pero al mismo tiempo, y de manera implícita, se indica la presencia de una víctima en el uso del plural de la primera persona, es decir, todos nosotros. Se puede inferir la existencia de un héroe o protagonista que pretendería no solo describir la situación (rol de enunciador), sino también cambiarla (caso contrario, el problema continuaría).

Esta estructura tan simple que representa una narrativa, en este caso expresada en apenas ocho palabras, es una práctica cultural y social propia de la humanidad (Groth, 2019, p. 7). El concepto de homo narrans, es decir, el ser humano que relata historias, desarrollado por Kurt Ranke en 1967, subraya la necesidad humana y universal de reducir la complejidad del mundo a través de una narrativa. La capacidad de expresar experiencias, deseos, miedos, va más allá de la mera comunicación en sí y pasa a ser una característica propia de la naturaleza humana y su desarrollo cultural. Esa característica ubica las narrativas como un elemento central de la vida social y la organización política y, por consiguiente, de las identidades políticas en sí: “la constitución, estabilización y transformación de identidades individuales y colectivas depende de la narración” (p. 7).

En función de lo mencionado, resulta clave para el desarrollo de este trabajo establecer la definición del concepto de narrativa, sus características, su diferenciación con conceptos similares o superpuestos, sus funciones y, finalmente, su aplicación en el mundo de la política.

2. Definición de narrativa política

Para establecer una definición básica del concepto de narrativa podemos recurrir a la de Prince (1982): “Una narrativa es una representación de al menos dos eventos o situaciones reales o ficticios en una secuencia de tiempo, ninguna de las cuales presupone o implica a la otra”. Se trata de una definición que goza de un amplio consenso en la investigación sobre el tema a la hora de plantear el objeto de estudio (Richardson, 2000, pp. 169-170).

Por su parte, la narrativa política posee ciertas particularidades que necesitamos señalar, para entender su relevancia y, a la vez, diferenciarla de otras. Shenhav (2006, pp. 247-248) sostiene que, si emerge desde un foro político, como un parlamento, un congreso partidario, un acto político en general, es decir, si es producida por una persona que ejerce la política por ser miembro de un gobierno y de una fuerza política, la narrativa puede ser considerada política. Dennison (2021) agrega otro componente fundamental: el prescriptivo.

En este sentido, la narrativa política no solo presenta una sucesión de eventos o situaciones, sino que, además, agrega “el deber ser”, es decir, la acción necesaria que se desprende de la lógica propia de la narrativa (Dennison, 2021, p. 3). Este elemento podría emparentarse con la lección o la moraleja que se infiere de un relato, pero, en este caso, aplicado a la decisión política en concreto. Como consecuencia de la coherencia y la cohesión internas de la narrativa (Marcks y Pawelz, 2020, p. 1418), del relato político se desprende la necesidad de actuar en una determinada dirección. Una consecuencia casi moral para obtener un resultado concreto. Esa acción puede ser la elaboración de una política pública, la búsqueda de un cambio político, la adhesión a una ideología determinada, etcétera.

Sobre este último punto, Dennison (2021) permite identificar tres momentos de la narrativa política: dos primeros a partir de los cuales se establece un mecanismo causal, y, luego, un tercero, donde se visualiza un futuro atado a una decisión política. En el caso del ejemplo de Javier Milei (“Venimos de una decadencia de hace 100 años”), el primer momento se relaciona con el pasado, donde hace un siglo la decadencia no era tal; un segundo momento asociado al presente, donde vivimos esa decadencia efectivamente (las causas las desarrolla en su relato y están conectadas con el mal desempeño de otros actores políticos); y, un tercer momento que apunta hacia un escenario posterior, que sería consecuencia del accionar político que propone, en este caso, el actual presidente argentino.

Antes de continuar con el desarrollo del concepto de narrativa es importante abrir un inciso para diferenciarlo de otros que, en ocasiones, son utilizados como sinónimos intercambiables. Se trata de los conceptos de “discurso” y de frame. Cabe destacar que, en este apartado, no hay pretensión de ser exhaustivos con ambos conceptos.

En primer término, el concepto de “discurso” es entendido, en este caso, desde una visión amplia y abarcativa. Siguiendo a Hajer y Versteeg (2005, p. 175), se define como “un conjunto de ideas, conceptos y categorías a través de los cuales se otorga significado a fenómenos sociales y físicos”. En este sentido, el discurso opera a un nivel más abstracto y estructural y, a diferencia de la narrativa, no necesariamente presenta una historia con una estructura temporal y causal, como hemos descrito previamente (Dennison, 2021, p. 5).

En segundo lugar, el frame consiste en un marco interpretativo cuya función principal es enfocar un aspecto de la realidad desde un punto de vista determinado (Lakoff, 2004). En este sentido, define problemas, sus causas y hasta habilita juicios morales o un abanico de posibles soluciones o estrategias para seguir. En otras palabras, a partir de una selección de la realidad, el frame ofrece una interpretación que ayuda a organizar y dar significado a una situación determinada (Marcks y Pawelz, 2020, p. 1418). El frame carece de la estructura dinámica de la narrativa que conecta eventos en el tiempo.

En resumen, la narrativa posee un carácter temporal, y en ella se desarrolla un relato coherente y cohesivo que establece conexión entre dos o más eventos o situaciones y que propone un tercer elemento prescriptivo, a saber, la necesidad de realizar una acción concreta. Cabe destacar que una narrativa política puede contener uno o más frames en el relato, así como estar incluida en un discurso político determinado que la envuelve. En este sentido, la narrativa puede reforzar una determinada visión del mundo establecida por el discurso político.

2.1. Funciones de la narrativa política

A partir de lo planteado es factible enumerar una serie de funciones clave de la narrativa política. En primer lugar, cumple un rol fundamental en la reducción de complejidad. Los procesos políticos suelen ser complejos y multicausales, pero la narrativa los transforma en historias comprensibles a través de un abordaje simplificado. Si bien pueden existir subtramas, el relato se caracteriza por plantear dicotomías (buenos y malos) que reducen los matices, las contradicciones y fijan sistemas de valores elementales (Dennison, 2021, pp. 3-5; Groth, 2019, p. 5).

Además, la narrativa contribuye a la creación de orden al seleccionar eventos, y sus consecuencias, de manera que construyan una línea ordenadora y supuestamente causal entre ellos. Este proceso dota al relato de una coherencia interna que orienta la percepción de la realidad política y da sentido a acontecimientos que, de otro modo, podrían parecer inconexos o caóticos (Dennison, 2021, p. 6; Marcks y Pawelz, 2020, p. 1418). Derivado de lo anterior, el relato también establece mecanismos causales y “genealogías” para las dinámicas políticas, culturales y sociales (Dennison, 2021, p. 6; Groth, 2019, p. 3; Shenhav, 2006, p. 251).

Por otra parte, la narrativa política tiene una función persuasiva que apunta a la motivación de la acción colectiva. Al presentar explicaciones en un marco cerrado, cohesivo y coherente, refuerza creencias preexistentes y fortalece la identificación con determinadas posiciones que se traduce en movilización social y política. Asimismo, su instalación en la arena pública le permite ganar poder de influencia y ejercer el control de la discusión pública. Con ello obliga al resto de los actores a posicionarse en torno a la lógica del relato (Groth, 2019, p. 2).

Finalmente, el carácter simplificado de la narrativa favorece su propagación, lo que facilita su circulación en distintos ámbitos y aumenta su visibilidad. Esta capacidad de difusión amplifica su alcance y potencia sus posibilidades de adhesión entre los receptores (Groth, 2019, 2).

Estas funciones de la narrativa política dan cuenta del potencial que guarda en cuanto herramienta de construcción de poder y de identidades políticas. En especial cuando se la combina con una ideología radicalizada, dado que no solo refuerza aquellas identidades colectivas, sino que legitima determinados marcos de acción que se caracterizan por la polarización, la exclusión y la justificación de medidas extremas. En estos casos, las dicotomías que establece no solo simplifican la realidad, sino que deslegitiman o demonizan a los adversarios políticos y los convierte en los enemigos del pueblo y en un peligro para la identidad política en cuestión. Así se alimentan comportamientos y posiciones políticas que pueden derivar en discursos de odio, autoritarismo o violencia política.

2.2. La efectividad de la narrativa política

La popularidad, el potencial y la efectividad de la narrativa política radica en cuatro factores que enumera Dennison: necesidad, intereses, plausibilidad y “transportación” (2021, pp. 6-9).

El factor necesidad se refiere a la búsqueda social de explicaciones simples para fenómenos, situaciones o eventos complejos que ocupan espacio en el debate público. La motivación puede estar dada por un deseo personal , o por influencia del debate público del momento, y su objetivo no solo es la clarificación de un fenómeno, sino también la generación de una justificación para determinadas decisiones o posicionamientos políticos.

El interés se asocia al sesgo cognitivo de confirmación (Mercier y Sperber, 2018). Los individuos tienen tendencia a creer en narrativas que reflejan sus propios intereses o creencias preexistentes. En este sentido, el relato gana en popularidad cuando se apoya y aboga por aquellos intereses. Su carácter simplificador (por ejemplo, la división entre buenos y malos) fortalece este aspecto.

La plausiblidad depende de la coherencia interna, es decir, de la lógica dentro de la narrativa, y de la coherencia externa con la información disponible sobre el fenómeno en cuestión. Asimismo, la credibilidad del emisor es un elemento importante.

Finalmente, la transportación es un concepto que Dennison (2021, p. 9) asocia a la suspensión de la incredulidad. En otras palabras, en la medida en que el receptor acepta la narrativa y sus premisas, se favorecen el involucramiento emocional y la aceptación del relato como propio.

En efecto, los tres factores iniciales terminan por reforzar el cuarto, que se convierte en el más movilizante. La potencia emocional de la narrativa es determinante para comprender su alcance (Marck y Pawelz, 2020).

3. Las narrativas radicalizantes

¿Qué sucede cuando la narrativa política se combina con discursos radicales? En torno a este interrogante gira el presente trabajo. En función de lo expresado hasta aquí, una narrativa radicalizante es una narrativa política que inicia o profundiza un proceso de radicalización. Este proceso es de carácter gradual y lo que produce es un desplazamiento hacia el extremismo que trae aparejado la legitimación de acciones violentas, el comportamiento antidemocrático y el fomento de la polarización total en una sociedad (Küpper, Sandal-Önal y Zick, 2023, pp. 93-97). A las funciones de la narrativa política enumeradas previamente, la narrativa radicalizante agrega otras cuatro específicas que refuerzan su impacto y consolidan su capacidad de persuasión.

En primer lugar, aparece la naturalización de sus ideas, políticas y conclusiones, que convierte sus postulados en verdades incuestionables y absolutas, y dificulta cualquier posibilidad de debate o cuestionamiento (Rasheed, 2020, pp. 52-53). En segundo término, la narrativa radicalizante opera mediante un mecanismo de obfuscación, que oculta las contradicciones internas de la ideología que sostiene al minimizar las tensiones internas y proyectar una imagen de solidez ideológica. Un tercer elemento es la universalización, que disfraza los intereses particulares de una elite dirigente como beneficios para todo el grupo. En este sentido, la narrativa radicalizante construye una “causa superior” a la cual los individuos adscriben, lo que refuerza sus lazos de identidad y pertenencia colectiva sin saber que apoyan la “causa de unos pocos” (p. 54). Finalmente, la narrativa radicalizante cumple una función de estructuración al establecer rutinas, reglas y códigos propios que garantizan la preservación y reproducción de la ideología radical en el tiempo.

Estas funciones encajan con la teoría de las 3N, que explica la radicalización de individuos. En dicho modelo la narrativa juega un rol fundamental, ya que sirve de elemento justificante ideológico coherente y mecanismo movilizador que explica la causa. Al mismo tiempo satisface la necesidad de ciertos individuos de encontrar un significado, una razón de vida, y, paralelamente, funciona como conexión social entre miembros de un grupo otorgando apoyo mutuo, validación y amplificación para la radicalización de otros (Lobato, 2019, pp. 109-112).

Es importante destacar que el proceso de radicalización puede darse tanto en individuos o grupos de individuos como en organizaciones (partidos políticos, movimientos sociales, entre otros).

3.1. Narrativas radicalizantes en la ultraderecha

La circulación de narrativas radicalizantes en el espacio político ocupado por formaciones ultraderechistas es moneda corriente. Cynthia Miller-Idriss (2022) identifica cuatro grandes categorías para comprender el pensamiento de la ultraderecha, de las que se derivan las narrativas radicalizantes fundamentales de este espacio político.

Uno de los principales ejes de estas narrativas es la promoción de prácticas e ideales antigubernamentales y antidemocráticos. El desafío a los principios básicos de la democracia es recurrente en la ultraderecha, aunque, como veremos posteriormente, se aplica de diferentes maneras y con diferentes estrategias. No obstante, el fin último consiste en la erosión y socavamiento del orden democrático, lo que implica la desestabilización del sistema desde dentro a través de plataformas políticas tradicionales que forman parte del gobierno (Miller-Idriss, 2022, p. 4). La aplicación de estrategias populistas es un ejemplo claro de esta categoría, como la apelación a un discurso maniqueo y antagonista que, llevado al extremo, busca la polarización total y excluyente.

Otro rasgo central del pensamiento ultraderechista es el uso de ideologías exclusionistas y deshumanizantes. La jerarquización y la exclusión constituyen el eje principal de esta narrativa, por lo que establece categorías de superioridad e inferioridad basadas en postulados racistas, misóginos, antisemitas, entre otros. La deshumanización se convierte en una herramienta discursiva clave para justificar estos planteos y, en algunos casos, para legitimar el ejercicio de la violencia. Es importante destacar que la deshumanización se asocia a un lenguaje metafórico que otorga al grupo excluido características negativas asociándolo a imágenes como plagas, invasiones o incluso catástrofes naturales (Miller-Idriss, 2022, pp. 6-9).

La ultraderecha también recurre de manera sistemática a la idea de amenazas demográficas existenciales y a teorías conspirativas distópicas que refuerzan el sentimiento de urgencia y crisis entre sus seguidores. Esta categoría refiere a la constante referencia a la extinción inminente de una parte de la población. Así, se articulan teorías conspirativas que alimentan el miedo en sus receptores. La teoría del gran remplazo es una de las más extendidas y utilizadas particularmente en Europa, donde se expresa en la idea de Eurabia, y en Estados Unidos, bajo el concepto del White genocide (Miller-Idriss, 2022, pp. 9-13). En este contexto, la nostalgia por un supuesto pasado glorioso, al cual regresar, permite convertir ese miedo existencial en una arenga motivacional, al transformar la percepción de amenaza en un llamado a la acción para la supuesta protección de la comunidad. Este tipo de discurso encuentra puntos en común con el concepto de “palingenesia ultranacionalista” desarrollado por Roger Griffin (2020), quien analiza el anhelo del fascismo por un renacimiento desde la decadencia.

En su versión más extrema, la ultraderecha impulsa fantasías apocalípticas, aceleracionismo y desestabilización. A través de estas narrativas, se promueven visiones apocalípticas apelando a la necesidad de un colapso veloz para dar vida a un nuevo orden. El aceleracionismo busca, justamente, actuar para “purificar” y “restaurar” el mundo según las ideas propias (Miller-Idriss, 2022, pp. 13-15).

El problema que plantea Miller-Idriss (2022, pp. 46-47) es que estas categorías, junto a las narrativas radicalizantes que de ellas se desprenden, han pasado de los márgenes de la política a ocupar cada vez más espacio en el mainstream político. Se trata de un proceso de normalización progresivo que actualmente no solo ha ganado espacio en el debate político a nivel discursivo, sino que ha obtenido apoyos concretos en el marco de procesos democráticos llegando, incluso, a ocupar espacios de poder y hasta el gobierno de distintos países.

Este desarrollo ha contribuido a la creación de identidades políticas radicalizadas que no solo ocupan mayor espacio mediático y cultural en el debate público, así como en la comunicación interpersonal, sino también en instituciones políticas propias de la democracia, como los partidos políticos.

Otra de las consecuencias de este proceso de normalización se observa en el potencial violento que se incrementa gradualmente en la sociedad. Susan Benesch (2023) propone el concepto de dangerous speech [discurso peligroso] para referirse a mensajes que poseen el potencial de inspirar violencia contra otras personas o grupos. En este sentido, plantea la necesidad de diferenciar lo que comúnmente se define como hate speech [discurso de odio] del discurso peligroso, teniendo en cuenta que este último no se define únicamente por su contenido, sino también por el daño que genera. Además, el discurso peligroso es acumulativo, gradual y se amplifica a partir de su repetición. Este tipo de discurso consta de muchos elementos descritos en las cuatro categorías arriba mencionadas sobre el pensamiento de la ultraderecha, como la deshumanización, la sensación de amenaza y peligro, la poca resistencia moral hacia la violencia, entre otros (pp. 185-190).

3.2. El contenido de las narrativas radicalizantes

Luego de concentrarnos en las definiciones, funciones y consecuencias de las narrativas radicalizantes, es necesario establecer sus lineamientos de contenido, es decir, conceptos y concepciones que podemos rastrear a lo largo del último siglo. Para ello avanzaremos en la construcción de una breve genealogía del pensamiento político de las ultraderechas actuales. El objetivo no es profundizar ni analizar estas ideas, sino realizar un mero recorrido descriptivo para resaltar algunas ideas fundamentales y comprender mejor el caso latinoamericano. Esto obedece a que es imposible entender el ascenso de la derecha radical en América Latina de manera aislada. Las narrativas que hoy configuran su discurso tienen antecedentes en las estrategias utilizadas por movimientos de extrema derecha en Europa y Estados Unidos. Comprender esta interconexión permite no solo identificar influencias y préstamos ideológicos, sino también analizar las particularidades del fenómeno en la región y su impacto en la estabilidad democrática.

4. La revolución conservadora

En el período de entreguerras se desarrolla en Europa un pensamiento político crítico hacia las ideas del liberalismo establecidas en la Revolución francesa. Con la publicación del primer volumen del libro La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler en 1918, se inicia una corriente de pensamiento que buscaba ofrecer una alternativa a la democracia liberal (Rose, 2021). Durante los veinte años que tuvieron lugar hasta la Segunda Guerra Mundial surgieron varios ideólogos e intelectuales en esa línea que se encolumnaban tras aquel planteo, aunque no estaban necesariamente coordinados u organizados. Cada uno desde su producción contribuía a un análisis crítico, fortalecido por el contexto político convulsionado con el establecimiento del fascismo, el avance de la Revolución rusa y, posteriormente, la llegada del nazismo al poder, que buscaba otro orden político (Pfahl-Traughber, 2022, p. 28).

Oswald Spengler, Ernst Jünger, Carl Schmitt, entre otros, publicaron durante los tumultuosos años de la República de Weimar, momento en el que encontraron un espacio de justificación para sus ideas radicales. Armin Möhler bautizó con posterioridad (en 1949) a estos pensadores como la “revolución conservadora” (Pfahl-Traughber, 2022, p. 29), un nombre curioso ya que utiliza dos términos que, en principio, parecen contradictorios: ¿cómo una revolución puede ser conservadora? En efecto, el objetivo fundamental no era volver al pasado, al tiempo imperial. No se trataba de una restauración, sino que se proponía un orden nuevo que estableciese valores conservadores, pero para un nuevo Estado. En este sentido, Pfahl-Traughber señala cuatro posiciones fundamentales de la revolución conservadora.

La negación de la ilustración y la razón es la primera de ellas. Aquí se construye un posicionamiento contra la idea de racionalidad que, según su visión, estaría enfrentada al orden natural del mundo. El ser humano pretendería, a través de la razón, controlar la naturaleza y, con ello, corromperla. Aquí es donde la idea de decadencia de Spengler (Rose, 2021, pp. 19-20) encuentra su fundamento principal. Pfahl-Traughber (2022, p. 33) indica que estos argumentos presentan consecuencias políticas como la negación de los principios básicos del sistema democrático.

En segundo lugar se ubica la oposición a los derechos humanos y el pluralismo, al establecer una crítica de la igualdad como concepto y valor fundamental en contraposición a la idea de jerarquía por encima de todo como principio ordenador de la vida en sociedad. En consecuencia, los derechos humanos se convierten en un error conceptual, ya que promueven la percepción de todas las personas como iguales ignorando la necesidad de una jerarquía que, por definición, es desigual. Asimismo, estos pensadores plantean que el pluralismo es un elemento indeseable. Por el contrario, la “unidad política entre gobernantes y gobernados debe primar” (Pfahl-Traughber, 2022, p. 35). Es importante señalar que estos ideólogos escriben durante los años de crisis profunda que se vivían durante la fase de la República de Weimar (Mehring, 2019, pp. 41-42). En este sentido, se desarrolla la idea de un Estado autoritario y homogéneo que “no solo reprima cualquier oposición, sino que procure eliminarla” (Pfahl-Traughber, 2022, p. 35).

En tercer término, los pensadores de la revolución conservadora adhieren a la afirmación de un nuevo nacionalismo, donde se busca que la nación quede por encima de cualquier otro objetivo, incluso de las libertades y proyectos individuales. En este sentido, la idea de pueblo no se relaciona con las personas que lo componen, sino con una concepción mucho más abstracta.

Y, en cuarto lugar, se plantea la demanda de un régimen dictatorial, es decir, la necesidad de un gobierno autoritario que, en algunos casos, toleraría ciertos aspectos de una democracia plebiscitaria que la legitime (Pfahl-Traughber, 2022, p. 37).

Si bien estos pensadores no fueron necesariamente parte del posterior régimen nacionalsocialista que gobernó Alemania entre 1933 y 1945 (incluso algunos hasta lo han criticado por diversas razones), las ideas de los pensadores de la revolución conservadora han allanado el camino para la legitimación de dicho régimen (Pfahl-Traugber, 2022, pp. 39-40).

4.1. La Nouvelle Droite (la nueva derecha)

En el marco del Mayo francés de 1968 un grupo de estudiantes y jóvenes intelectuales organiza, en Francia, el Grupo de Investigación y Estudio sobre la Civilización Europea (GRECE). La base ideológica de sus miembros guardaba estrecha relación con la extrema derecha residual francesa que se encontraba en una posición sumamente marginal luego del fin de la Segunda Guerra Mundial. Se veían movilizados ante el retroceso del dominio francés en el norte de África y, a la vez, impactados por los cambios sociales exigidos por las movilizaciones del mencionado mayo del 68 y sus consecuencias (Camus, 2019, pp. 74-75; Schmid, 2009, pp. 7-9).

Su enfoque procuraba establecer los fundamentos de una nueva derecha que se diferencie de la derrotada y desprestigiada extrema derecha de posguerra, no tanto por el contenido en sí, sino por su estrategia política. Este replanteo se cristalizó, posteriormente, en la idea de la “metapolítica”, de Alain de Benoist, uno de los exponentes principales de esta corriente, que consistía en remplazar la concepción de toma del poder mediante un golpe de Estado o una victoria en la arena electoral. Su alternativa era erosionar las bases ideológicas del consenso de posguerra, esencialmente las ideas del liberalismo (Rueda, 2021, pp. 219-221). La nueva derecha se proponía algo bastante simple: “la conquista del poder solo puede llegar luego de la conquista de la cultura” (p. 219). Una batalla cultural contra el liberalismo que De Benoist no se avergüenza en calificar como “gramscismo de derechas”, en referencia a la apropiación de parte de los conceptos del pensador italiano Antonio Gramsci.

Más allá del cambio en el enfoque estratégico, se evidencia que De Benoist es un intelectual profundamente influenciado por los postulados de la revolución conservadora, ya que recupera gran parte de su contenido (Camus, 2019, p. 81). Entre otros elementos, se destaca la resignificación del concepto de pluralismo. Si bien, como se ha mencionado, los pensadores de la revolución conservadora aborrecían el pluralismo, De Benoist lo reconvierte en la idea del “derecho a la diferencia” y lo aplica como elemento legitimador de la xenofobia y de la propuesta antinmigración. Para ello desarrolla el concepto de etnopluralismo, que propone la necesidad de mantener la homogeneidad de todas las culturas impidiendo que estas se “contaminen” entre sí a partir de los flujos migratorios (Rose, 2021, pp. 90-91). Básicamente, reconvertía el racismo biológico en un racismo cultural que, en su argumentario, procuraba proteger la identidad de una civilización (Schmid, 2009, pp. 18-22).

El etnopluralismo se ha convertido en la raíz ideológica de teorías conspirativas, como la del “gran remplazo” mencionada previamente, y su influencia ha penetrado en el pensamiento político de ultraderecha en todo el mundo.

4.2. El conservadurismo y la legitimación de la Alt-Right

Las ideas de la Nouvelle Droite también fueron influyentes sobre los ideólogos de la Alt-Right estadounidense, que fue creciendo en influencia a partir de la primera década del 2000 (Hermansson et al., 2020, pp. 14-15). No obstante, para comprender esta corriente es necesario hacer una breve mención sobre el movimiento conservador en el país norteamericano, y su desarrollo, que terminará siendo fundamental en el peso actual de la Alt-Right.

En su análisis sobre el movimiento del Tea Party, Thomas Kestler (2022) realiza un recorrido exhaustivo por el desarrollo del conservadurismo definiendo las características principales que se fueron agregando o modificando a lo largo del tiempo. En primer lugar, se destaca el conservadurismo tradicionalista, caracterizado por su defensa de valores profundamente arraigados en aquella sociedad como la familia, la religión, la estabilidad social. Se trata de una visión jerárquica que busca preservar el orden y la tradición frente a cambios progresistas que comenzaban a surgir hacia los años 60. Sin embargo, es una corriente no tan alineada con el conservadurismo nacional, que en aquella época se vinculaba a las elites económicas y al anticomunismo (pp. 488-489), sino, por el contrario, aquel conservadurismo tradicionalista plantea una crítica hacia aquellas elites y a los burócratas de turno apelando a un discurso de corte populista y connotado racialmente. Además de la importancia de la jerarquía, se suma la idea de un gobierno limitado en sus funciones y la propiedad privada como elemento fundamental.

Hacia la década de 1970 surgen tensiones entre visiones tradicionalistas y libertarias. Estos últimos ponían mucha más importancia en el valor de la libertad individual entendida como opuesta al poder estatal, especialmente en la cuestión económica. Desregulación, eliminación de impuestos, Estado reducido al mínimo, son los valores que defendía esta corriente que comenzó a separarse de los tradicionalistas (Kestler, 2022, pp. 490-491). En esa misma época se produce una progresiva politización de las comunidades religiosas, esencialmente el sector más fundamentalistas de los protestantes, como reacción a cambios culturales y legales como el derecho al aborto, reformas educativas, entre otros. Esta corriente, si bien se mantiene solapada con la tradicionalista, pone el acento en la religión, los valores bíblicos y su lucha contra las reformas mencionadas a través de una agenda política que sus voceros definieron como “provida, profamilia y promoral” (pp. 489-490).

Kestler sostiene que estas corrientes, pese a sus diferencias, encontraron puntos de convergencia en momentos clave (2022, p. 491). Por ejemplo, Ronald Reagan logró una integración entre tradicionalistas, libertarios y la derecha cristiana. Sin embargo, las tensiones no desaparecieron nunca del todo. En los años 90 el periodista e ideólogo de la derecha radical, Samuel Francis, desarrolla el concepto de “paleoconservadurismo” en contraposición al imperante neoconservadurismo (Rose, 2021, p. 113). Según su visión, los conservadores le habían dado la espalda a sus votantes y, esa traición debía ser contrarrestada con lo que él denominó Middle American Revolution, en la que el partido republicano retomara sus viejos valores y se enfocara en la clase trabajadora blanca (pp. 123-125). Este discurso fue retomado veinte años más tarde por Donald Trump en la campaña electoral para su primera presidencia.

Tanto la visión paleoconservadora como la corriente libertaria encuentran refugio en el rizomático movimiento de la Alt-Right. Sería imposible realizar una descripción detallada en este apartado, pero es importante para los objetivos de este trabajo hacer referencia a tres grupos en concreto: paleolibertarios, neorreaccionarios y nacionalistas blancos.

Por un lado, el paleolibertarianismo es una corriente del pensamiento libertario que combina los principios clásicos del libertarianismo, como la idea de un gobierno mínimo o inexistente, la propiedad privada o las libertades individuales absolutas, con valores sociales tradicionalistas y políticas nativistas. Uno de sus exponentes, Murray Rothbard, ha argumentado incluso a favor de la “separación voluntaria de las razas, lo que da cuenta de una visión darwinista dentro de esta corriente que se relaciona con la cuestión de la jerarquía en términos de antigualitarismo (Hawley, 2019, pp. 96-97; Hermansson et al., 2020, pp. 60-62).

Por su parte, el movimiento neorreaccionario es una corriente dentro de la Alt-Right, que rechaza los principios de la Ilustración (democracia, igualitarismo, liberalismo moderno) y en su lugar promueve una visión regresiva que idealiza sistemas premodernos como la monarquía. Su particularidad es que combina esta visión con elementos tecnológicos del presente y desarrollan un discurso atado a la eficiencia y el mérito como elementos ordenadores (Hermansson et al., 2020, pp. 82-86).

Finalmente, en el interior de la Alt-Right se articulan grupos y formaciones de la extrema derecha estadounidense, entre otras, aquellas que adhieren al nacionalismo blanco. Uno de sus líderes más conocidos es Richard Spencer en cuyo discurso plantea la necesidad de generar comunidades segregadas en su país mediante una separación racial “voluntaria” (Miller-Idriss, 2022, pp. 39-41; Stern, 2019, 53-57). Son ideas que han recibido una profunda influencia del concepto de identidad que desarrolla la Nouvelle Droite y de su necesidad de protegerla (Hermansson et al., 2020, pp. 65-69). Detrás de este discurso se ocultan las concepciones racistas del supremacismo blanco histórico (supremacía racial, homogeneidad cultural y racial, antisemitismo, revisionismo histórico) (Hawley, 2019, p. 31).

En su conjunto, y con sus divergencias y contradicciones internas, la Alt-Right se potenció en algunos círculos reaccionarios tras el triunfo de Barack Obama en 2008. Pero el verdadero salto lo dio con la llegada de Donald Trump al poder en 2016 (Hawley, 2019, pp. 172-178), cuando el movimiento se benefició tanto de su discurso como de sus propuestas. Asimismo, ya en la presidencia, Trump rompió ciertos tabúes al integrar narrativas radicalizantes propias de la Alt-Right a su retórica, lo que generó el ya mencionado proceso de normalización que otorga legitimidad a estas expresiones políticas.

En este sentido, la expansión del trumpismo en cuanto estilo político y comunicacional, así como en términos de su contenido político, incluyendo las narrativas radicalizantes, ganó apoyos en ciertos sectores políticos latinoamericanos que abrazaron la tendencia. Así es como vemos el surgimiento, cada vez más recurrente, de una oferta política propia de la familia de partidos políticos ultraderechistas. Un crecimiento que se observa también en Europa y representa una nueva oleada de este tipo de fuerzas políticas, que, como se verá más adelante, también tiene su correlato en la región latinoamericana donde han surgido diversas voces e iniciativas políticas encolumnadas en aquella lógica.

En este apartado se ha realizado un recorrido histórico muy breve que da cuenta de los postulados teóricos e ideológicos propios de la ultraderecha actual. Son conceptos que terminan por ser transmitidos a través de las narrativas radicalizantes definidas previamente.

En este punto resulta necesario identificar con precisión qué tipo de formaciones políticas utilizan estas narrativas radicalizantes y, por consiguiente, defienden la ideología que vehiculizan. Para ello realizaremos una división importante hacia el interior de la ultraderecha.

4.3. La diferencia entre extrema derecha y derecha radical

En los medios de comunicación, redes sociales e, incluso, en ciertos debates académicos es común encontrar que los términos derecha radical y extrema derecha se emplean como sinónimos. Sin embargo, esta equiparación simplista genera confusión, ya que ambas representan fenómenos distintos, con lógicas, estrategias, narrativas y objetivos a mediano plazo diferentes. Este malentendido no solo dificulta su análisis, sino también la comprensión del peligro real que representa la derecha radical hoy en día. A esto se suma que ambos fenómenos comparten ciertos puntos de contacto, lo que complica aún más su diferenciación.

La diferencia principal radica en su relación con el orden liberal y en cómo buscan desmantelarlo. La extrema derecha tiene como objetivo final la abolición del sistema liberal-democrático para remplazarlo por un nuevo orden. Para ello, considera la violencia como un medio legítimo para alcanzar sus fines. En este sentido, su rechazo a la democracia es frontal y directo. Por otro lado, la derecha radical utiliza la democracia no como un objetivo, sino como una herramienta estratégica. En lugar de enfrentarse abiertamente al sistema, opta por erosionarlo desde dentro. La creación de partidos políticos es central en su estrategia, ya que le permite operar bajo las reglas del sistema, obtener legitimidad y normalizar progresivamente su agenda, caracterizada por su profundo carácter antiliberal (Acha Ugarte, 2021; Mudde, 2017, 2019).

Ambos fenómenos coinciden en la oposición al liberalismo, pero difieren en sus métodos: mientras la extrema derecha busca su destrucción total, la derecha radical opta por minarlo desde dentro removiendo gradualmente sus principios fundamentales. Reconocer esta distinción es crucial, ya que los impactos de ambos son diferentes. La extrema derecha, en general, sigue siendo un fenómeno marginal con poca viabilidad política, mientras que la derecha radical ha demostrado tener un mayor éxito al adaptarse a las dinámicas del sistema democrático.

No obstante, existen conexiones entre ambas. A nivel organizativo y simbólico, sus militantes y simpatizantes suelen coincidir. Es común encontrar a exmiembros de la extrema derecha ocupando posiciones dentro de la derecha radical, así como a líderes de esta última participando en actos de la primera. Estas relaciones orgánicas tienen su raíz en una base discursiva común, marcada por el ultranacionalismo y una identidad compartida. Esta conexión se amplifica cuando la derecha radical normaliza públicamente agendas ultraderechistas que contribuyen a difundir teorías conspirativas, como la del “gran remplazo”, o justifican, incluso indirectamente, actos violentos perpetrados por la extrema derecha (Griffin, 2020; Fuchs y Middelhoff, 2019).

Para autores como Mudde (2019), el concepto de ultraderecha engloba las dos anteriores. Su correspondencia en inglés es Far-Right y, en ese sentido, refiere a todo lo ubicado a la derecha de la derecha democrática en un sistema de partidos políticos tradicional. No obstante, en algunos sistemas esa división no termina por quedar zanjada, tal es el caso de Latinoamérica, donde algunos países no presentan ese tipo de espectro ideológico. Es por ello que resulta fundamental identificar esos partidos ultraderechistas en función de sus contenidos programáticos y discursivos en concreto.

5. El tráfico de narrativas

Las ideas de la ultraderecha circulan en diversos foros internacionales. Se trata de espacios de tráfico de narrativas y, a la vez, de generación de vínculo y extensión de redes de influencia entre actores y referentes de la derecha radical, no solo desde el punto de vista político, sino en otras áreas cuyo punto de coincidencia, en general, es el ultraconservadurismo. Estos espacios son producto de una estrategia propia de las derechas radicales que Sanahuja y López Burian (2020) definen como “internacionalismo reaccionario”. Consiste en la articulación transnacional promovida por sectores de la ultraderecha que buscan impugnar el orden democrático liberal internacional y sus normas cosmopolitas, al tiempo que intentan construir un sistema alternativo basado en valores tradicionales y un nacionalismo soberanista. A diferencia del internacionalismo clásico, que promueve la cooperación entre Estados y actores en función de principios universales, el internacionalismo reaccionario se estructura en torno a la dicotomía schmittiana de amigo-enemigo, donde este último es identificado como las elites globalistas, el multiculturalismo y las instituciones multilaterales que limitan la soberanía nacional.

Como se ha mencionado, los foros permiten el refuerzo de alianzas con actores afines, lo que se observa en la coordinación de discursos entre figuras como Donald Trump, Viktor Orbán y Santiago Abascal. Así, lejos de rechazar la globalización en su totalidad, estos actores la instrumentalizan para fortalecer su agenda conservadora desafiando el statu quo y promoviendo una narrativa de resistencia frente a la modernidad y el universalismo liberal.

En estos espacios se han generado conexiones entre América Latina y Europa y establecido puentes entre visiones políticas como las del “Estado iliberal”, de Viktor Orbán, o el “protocolo contra el aborto” desarrollado por el partido polaco Ley y Justicia (conocido como PiS). El partido Vox, de España, ha funcionado como facilitador en la construcción de la conexión entre aquellos países del bloque postsoviético gobernados por fuerzas políticas de la familia política de las derechas radicales. Tal como desarrolla Goldstein (2024), el trabajo de Vox y su think tank, Fundación Disenso, fue clave para el fortalecimiento de aquel nexo.

El contenido que se promueve en estos foros se centra en temas como la defensa de la familia tradicional, la libertad económica, el rechazo al aborto y la resistencia contra movimientos progresistas y feministas, entre otros. Junto a la transferencia de ideas, debates y estrategias, también se trafican las narrativas radicalizantes. Así es como los relatos de líderes que hacen política en países muy diferentes, con contextos económicos y sociales disímiles, a miles de kilómetros de distancia, manifiestan un grado de coincidencia muy importante.

No obstante, es importante subrayar que la agenda política e ideológica entre las expresiones de la derecha radical europea y latinoamericana no puede ser objeto de una extrapolación en su totalidad. Existen problemáticas y debates que no coinciden entre regiones y que, por lo tanto, son de difícil implementación, lo que conlleva la necesidad de adaptaciones profundas, como en el caso del discurso identitario atado a la cuestión migratoria en Europa o la discusión nacionalista relativa a la pertenencia a un organismo supranacional como la Unión Europea. En América Latina ambas narrativas aparecen con fuertes modificaciones, por ejemplo, en el uso del concepto de identidad en peligro, pero no a causa de la migración, sino de ideas izquierdistas, progresistas o feministas, entre otras (Zanotti y Roberts, 2021, p. 39).

La decisión metodológica de utilizar lo expresado en estos foros internacionales por parte de los representantes de la derecha radical se basa en lo mencionado anteriormente: funcionan como espacio de tráfico de narrativas donde se establecen y expanden redes entre el pensamiento, posicionamiento y visiones del mundo de diferentes regiones con sus respectivas tradiciones ideológicas. En el presente trabajo nos ocuparemos de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), la Cumbre Transatlántica (organizada por la Political Network for Values), la Cumbre de la Iberosfera (organizada por el Foro de Madrid) y Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. A continuación, se desarrolla una breve reseña de estos espacios y sus características más relevantes.

5.1. Conferencia de Acción Política Conservadora

La CPAC es un espacio político clave para la articulación de agendas conservadoras a nivel nacional e internacional. Fue fundada en 1974 en Estados Unidos y su objetivo inicial fue unificar y dar cohesión al movimiento conservador estadounidense vinculado al Partido Republicano. A partir de 2013, la presencia de representantes de partidos políticos de ultraderecha tanto europeos como latinoamericanos ha crecido significativamente (Colom, 2024, p. 17). El foro se ha expandido a países como Brasil, México, Japón, Australia y Hungría, lo que facilita la cooperación entre líderes conservadores globales y fortalece alianzas transnacionales contra enemigos ideológicos comunes (Herrán-Ávila, 2023, p. 27). En la actualidad, la CPAC ha mutado hasta convertirse en un foro internacional que permite la cooperación entre actores de ultraderecha de distintas regiones para coordinar estrategias políticas, compartir narrativas y fortalecer redes ideológicas. Ferreira (2023, p. 89) lo define como un “aparato ideológico privado”.

5.2. La Cumbre Transatlántica

La Cumbre Transatlántica es el evento insignia del Political Network for Values (PNfV), que reúne a políticos, legisladores, líderes religiosos y activistas de todo el mundo. En estas cumbres se comparten estrategias y se fortalecen las redes ultraconservadoras (Ipas y Empower, 2023, pp. 10-11). El PNfV es una organización transnacional ultraconservadora fundada en 2014, enfocada en promover valores tradicionales como la defensa de la “familia natural”, el rechazo al aborto y a los derechos LGBTQ+, y la oposición a lo que denominan “ideología de género”. Su objetivo principal es coordinar estrategias y fortalecer la influencia de políticos, líderes sociales y religiosos con estas posturas en el ámbito internacional, especialmente en foros multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) (Ipas y Empower, 2023, pp. 5-6).

5.3. La Cumbre de la Iberosfera

El Foro de Madrid es una iniciativa impulsada por el partido Vox, en España, que articula una red de actores de extrema derecha tanto en Europa como en América Latina, en el marco de un internacionalismo reaccionario (Sanahuja y López Burian, 2020, pp. 22-27). Este foro promueve el rechazo al orden internacional liberal y el multilateralismo, especialmente en temas relacionados con derechos humanos, género y medio ambiente. La Carta de Madrid es el documento sobre el que se fundamenta este espacio. En ella se mencionan los valores tradicionales, la soberanía nacional y una visión conservadora de la sociedad (Goldstein, 2022; Sanahuja y López Burian, 2022, pp. 12-15).

La Cumbre de la Iberosfera es una extensión del Foro de Madrid, que busca consolidar la identidad de la “Iberosfera” como una comunidad de valores compartidos. En él se fomenta el revisionismo histórico, destacando conceptos como el de hispanidad, para legitimar su perspectiva ultraconservadora (Sanahuja y López Burian, 2022, pp. 26-28).

5.4. Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia

El Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia es una plataforma que convoca a líderes políticos y activistas, principalmente del espacio político de los evangélicos. Defiende una agenda ultraconservadora en términos sociales y culturales. Ha promovido la “Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos” con la intención de influir en políticas públicas relacionadas con temas reproductivos y de familia. Esta actividad se concentra, sobre todo, en el lobby dentro de organismos internacionales como la OEA y la ONU.

6. Los casos: Milei, Kast, Alvarado y Verástegui

El presente trabajo utiliza los discursos difundidos en estos cuatro foros para analizar las narrativas radicalizantes de cuatro figuras políticas pertenecientes al espacio de la ultraderecha. Los casos son: Javier Milei, de Argentina; José Antonio Kast, de Chile; Fabricio Alvarado, de Costa Rica; y Eduardo Verástegui, de México, quienes han participado en estos foros en el período que va desde 2017 hasta 2023. La selección de los casos busca reflejar la situación de la ultraderecha en diferentes partes de Latinoamérica, es por ello que se han seleccionado casos de América del Norte, Centroamérica y América del Sur. Por otra parte, se ha optado por descartar los casos de Jair Bolsonaro, de Brasil; Guido Manini Ríos, de Uruguay; y Keiko Fujimori, de Perú para este trabajo. En primer lugar, para no sobrerrepresentar a América del Sur, que ya contaba con dos casos, y, en segundo lugar, por su presencia menor, o ausencia, en los foros mencionados, lo cual dificulta la comparación de discursos ya que se realizan en ámbitos y condiciones diferentes que las mencionadas.

Se agrega a continuación una breve mención descriptiva del recorrido político de estas figuras junto a algunos lineamientos de sus ideas políticas. El fin es que las personas lectoras puedan situar rápidamente a cada político, pero no es objetivo del presente texto profundizar sobre su biografía ni su pensamiento político.

6.1. Javier Milei, el paleolibertario

Javier Milei es un economista y político argentino que se ubica en el espectro del paleolibertarianismo. En 2023 fue elegido presidente de la Argentina en segunda vuelta, con el 56% de los votos. Comenzó su carrera pública en 2016, como comentarista económico en televisión, donde promovía ideas basadas, gran parte, en la corriente anarcocapitalista de la escuela austríaca de economía, con un énfasis extremo en el libre mercado, la desregulación y la propiedad privada. Su discurso se caracteriza por un fuerte tono antiestablishment, con el cual califica a toda la clase política argentina como una “casta de ladrones” y aboga por la eliminación de instituciones estatales que considera ineficaces o corruptas. Su estrategia política incluye una fuerte carga emocional en sus discursos, que utiliza para conectar con una ciudadanía descontenta. Este enfoque, aunque populista en su retórica antielite, carece de una visión centrada en un “pueblo” homogéneo, lo que lo aleja del populismo tradicional (Sendra y Marcos-Marne, 2024, pp. 5-7; Vommaro, 2023, p. 7). Milei suele utilizar el concepto de “gente de bien” o “argentinos de bien” para establecer el antagonismo.

Es importante resaltar que el rechazo de Milei hacia la intervención estatal es un eje fundamental de su comunicación. Se trata de una posición radicalmente antiestatista que considera el Estado como una organización coercitiva, a la que incluso ha llegado a definir como criminal. Promueve reformas profundas como la dolarización de la economía, la eliminación del Banco Central y una drástica reducción del gasto público (Vommaro, 2023, pp. 7-8 Zilla, 2024, pp. 3-4). Otro elemento relevante que diferencia a Milei de otros líderes de la ultraderecha en la región es la escasez de referencias nacionalistas en su discurso (Sendra y Maros-Marne, 2024, p. 12).

6.2. José Antonio Kast, el revisionista

José Antonio Kast es un político chileno de la derecha radical populista. Después de una larga trayectoria en la Unión Demócrata Independiente (UDI), en 2019 fundó el Partido Republicano, que se diferencia de la derecha tradicional por su énfasis en valores ultraconservadores y su visión revisionista de la historia. Su partido aboga por una narrativa autoritaria centrada en el restablecimiento del orden público y la defensa de la soberanía nacional frente a influencias externas de lo que él denomina como el “globalismo”, un concepto frecuente en los discursos de la familia de partidos de la derecha radical. Durante su campaña presidencial de 2021, Kast se destacó por criticar la gestión de la centroderecha tradicional y promover propuestas como el endurecimiento de políticas migratorias y la defensa de la “familia tradicional” ante lo que llama “neomarxismo posmoderno” (Díaz, Rovira Kaltwasser y Zanotti, 2023, pp. 345-349; Zanotti, 2023, pp. 7-9).

Ideológicamente, el pensamiento de Kast se basa en tres pilares de la derecha radical populista: autoritarismo, nativismo y populismo (Mudde, 2007). El primero de ellos se refleja en su retórica sobre la mano dura frente al crimen y en su oposición al reconocimiento político de comunidades indígenas como el mapuche. En términos nativistas, ha propuesto políticas restrictivas contra la inmigración y la construcción de barreras físicas en las fronteras. Desde el populismo, Kast se presenta como un defensor de los “chilenos comunes y corrientes” contra una “elite corrupta” que incluye tanto a actores políticos nacionales como internacionales. Sin embargo, a diferencia de sus contrapartes europeas, su discurso da mayor peso al autoritarismo y los valores tradicionales que al nativismo (Bellolio Badiola, 2024, pp. 45-47; Díaz, Rovira Kaltwasser y Zanotti, 2023, pp. 349-351).

El revisionismo histórico ocupa un lugar central en el discurso político de Kast, quien ha defendido aspectos del legado de la dictadura de Augusto Pinochet destacando sus supuestos logros económicos y su capacidad para imponer “orden” en el país. Este enfoque minimiza las violaciones a los derechos humanos y justifica políticas autoritarias actuales con la narrativa de preservar la estabilidad y el desarrollo económico. Además, su retórica anticomunista posiciona el comunismo como la principal amenaza histórica y contemporánea para Chile, lo que justifica su oposición a las fuerzas progresistas y a procesos de memoria histórica. Kast también critica iniciativas que buscan abordar los crímenes del pasado calificándolas como divisivas y contrarias a la unidad nacional, y utiliza este revisionismo para legitimar su agenda autoritaria y conservadora (Díaz, Rovira Kaltwasser y Zanotti, 2023, pp. 354-356; Zanotti, 2023, pp. 9-10).

6.3. Fabricio Alvarado, el pastor evangélico

Fabricio Alvarado es un político, periodista, cantante y predicador neopentecostal costarricense, que ha centrado su discurso en la defensa de valores ultraconservadores y religiosos. Como líder del Partido Nueva República, y anteriormente del Partido Restauración Nacional, Alvarado emergió como una figura clave en las elecciones de 2018 al aprovechar la polarización social generada por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del matrimonio igualitario en Costa Rica. Su campaña se basó en una narrativa populista religiosa, en la que articulaba el descontento de sectores conservadores frente a las transformaciones sociales y culturales promovidas por el gobierno progresista del Partido Acción Ciudadana. Prometió incluso retirar el país de dicha corte si llegaba al poder (Pignataro y Treminio, 2019, p. 245). Participó en las elecciones generales de 2022, aunque sin lograr pasar a la segunda vuelta. Actualmente es diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Los pilares de su propuesta política incluyen la promoción de la “familia natural”, la oposición a los derechos sexuales y reproductivos, como el aborto y la fecundación in vitro, y una reestructuración de los programas de educación sexual en escuelas y colegios para enfocarse en la abstinencia y la fidelidad. Además, su discurso enfatiza una visión nacionalista en oposición a lo que denomina “influencias foráneas” y la “ideología de género”, que percibe como amenazas a los valores costarricenses. Este enfoque lo posiciona como un actor representativo del ultraconservadurismo religioso en América Latina, que utiliza estrategias como la movilización electoral a través de redes de iglesias evangélicas y el aprovechamiento de la volatilidad del voto para consolidar una agenda cultural y moral ultraconservadora (León Carvajal, 2023, pp. 10-14; Madrigal, 2021).

6.4. Eduardo Verástegui, la promesa

Eduardo Verástegui, actor y activista mexicano, se ha consolidado como una figura emblemática de la ultraderecha en México al promover una agenda basada en valores católicos conservadores y una retórica antiabortista y profamilia. Tras no lograr reunir las firmas necesarias para competir como candidato independiente en las elecciones presidenciales de 2024, anunció la formación de un nuevo partido político centrado en la moral católica, Viva México, el cual lidera actualmente. Su activismo político se caracteriza por la vinculación con líderes y movimientos ultraconservadores, como Vox en España y el Partido Republicano en Estados Unidos, particularmente con el trumpismo (Campos López, 2024, pp. 94-97; Castro Cornejo, 2023, p. 12).

Verástegui representa una nueva derecha en México, que busca distanciarse del conservadurismo tradicional y posicionarse como una alternativa radicalmente proestadounidense y antiglobalista. Este enfoque se nutre de una reinterpretación de valores católicos y una fuerte crítica al progresismo. La figura de Verástegui se proyecta como un catalizador de la división en el voto conservador, al fragmentar el electorado entre la derecha tradicional y una emergente ultraderecha alternativa (Campos López, 2024, pp. 102-104).

La tabla 1 resume las características principales de los cuatro actores al momento de ser analizados en perspectiva comparada. Con la excepción de Verástegui, que solo ha sido precandidato, el resto de los tres políticos han competido por la presidencia de su país, pero solo Javier Milei ha conseguido ganar la elección. Tres de los cuatro son outsiders, es decir que provienen de ámbitos externos a la política (ya sea del mundo del entretenimiento y los medios como del mundo religioso evangélico). Solo Kast posee una carrera política en un partido tradicional. Todos defienden agendas ultraconservadoras en lo social y, aunque con ciertos matices, proponen una plataforma liberal en lo económico con una intervención estatal mínima. No obstante, Kast le asigna un rol relevante en temas de seguridad y orden público, mientras que tanto Alvarado como Verástegui proponen un Estado que promueva valores religiosos y conservadores actuando como regulador de las cuestiones morales de la sociedad.

Tabla 1. Casos.

Caso

Profesión

Cargo político

País

Outsider

Javier Milei

Economista,

comentarista en televisión

Diputado nacional (Electo presidente de la Nación en 2025)

Argentina

Sí

José Antonio Kast

Político

Diputado

Chile

No

Fabricio Alvarado

Pastor evangélico, cantante, periodista

Diputado

Costa Rica

Sí

Eduardo Verástegui

Actor, productor y director de cine y televisión

Líder del

movimiento

Viva México

México

Sí

Fuente: Elaboración propia.

7. Abordaje metodológico Narrative Policy Framework

Para identificar y analizar las narrativas radicalizantes de cada uno de los cuatro actores en cuestión se ha optado por aplicar el Narrative Policy Framework (NPF). El NPF es una metodología que permite analizar narrativas políticas de forma sistemática y estructurada y entender cómo los relatos influencian la percepción pública (Shanahan, Jones y McBeth, 2018). Cabe destacar que, si bien esta metodología fue diseñada en su origen para estudiar la narrativa en políticas públicas, ha tenido lugar un desarrollo posterior que permite su aplicación a otro tipo de discurso político más amplio (Capano, Galanti y Barbato, 2023, pp. 237-238).

El NPF se fundamenta en cinco supuestos clave (Jones, McBeth y Shanahan, 2022, p. 2). En primer término, las realidades políticas no son absolutas ni objetivas, sino construcciones sociales. Los significados y valores atribuidos a los problemas, soluciones y actores políticos emergen a través de narrativas que reflejan las creencias y percepciones de los actores involucrados.

En segundo lugar, aunque las construcciones sociales pueden variar, esta mutación no es infinita ni arbitraria, sino que está delimitada por sistemas de creencias, ideologías y valores compartidos. Esta relatividad acotada aporta estabilidad a las narrativas y permite que las interpretaciones de las decisiones o posicionamientos políticos sigan patrones recurrentes y predecibles a lo largo del tiempo y en diferentes contextos.

En tercer lugar, las narrativas poseen elementos estructurales identificables y generalizables, como personajes, trama, contexto y moraleja. Estos componentes permiten que sean analizadas de manera sistemática y comparativa, a partir de lo cual se logra diferenciarlas de otros tipos de comunicación, como los informes técnicos o los datos estadísticos.

En cuarto lugar, las narrativas operan simultáneamente en tres niveles interconectados. En el nivel micro, influyen en las preferencias y cogniciones individuales. En el nivel meso, son construidas y comunicadas por grupos y coaliciones políticas. Y en el nivel macro, se integran en instituciones, culturas y normas sociales. Estos niveles interactúan entre sí, ya que las narrativas individuales pueden influir en las colectivas, mientras que las macro pueden establecer límites y condiciones para las de niveles inferiores.

Por último, los seres humanos son narradores por naturaleza y procesan la información principalmente a través de historias. La predisposición a organizar la experiencia en forma de relatos convierte las narrativas en un vehículo especialmente efectivo para la transmisión de significados, ya que las personas son más receptivas a ellas que a otros formatos de comunicación. Esta característica, conocida como homo narrans, explica por qué las narrativas políticas tienen un impacto tan profundo en la configuración de identidades y en la movilización de los actores sociales.

Por otra parte, el NPF establece dos dimensiones para el análisis: la forma narrativa, por un lado, y el contenido narrativo, por otro (Jones, McBeth, Shanahan, 2022, p. 3). Con respecto a la primera dimensión, la forma está dada por los cuatro elementos principales, a saber:

1) Escenario, es decir, el contexto espacial y temporal de la historia.

2) Personajes, héroe (quien soluciona el problema y usualmente lo plantea o diagnostica), villano (quien lo causa), víctima (quien sufre el daño o está en riesgo).

3) Trama, referida a la organización de los eventos que conecta personajes y contexto. Describe el desafío al que se enfrentan esos personajes. Aquí se pueden identificar varios tipos de trama. La historia de decadencia describe un pasado positivo que ha derivado en una crisis actual; mientras que la historia de ascenso narra la transformación de una situación negativa en exitosa. En el progreso obstaculizado un héroe logra avances que son frenados por fuerzas contrarias; y en viviendo una mentira se revela que la percepción del problema era errónea. Otras tramas incluyen la historia de desamparo, que sugiere que un problema aparentemente inmutable puede cambiar; la conspiración, que denuncia el control de un grupo en beneficio propio; y culpar a la víctima, que atribuye la responsabilidad del problema a quienes lo padecen. Finalmente, la historia de revelación introduce un descubrimiento que transforma la comprensión del problema y ofrece una nueva solución.

4) Moraleja, en el caso de narrativas políticas se trata de la solución propuesta al tema planteado.

En cuanto a la segunda dimensión, el contenido narrativo, se subdivide: por un lado, está el sistema ideológico subyacente, es decir, las creencias y valores políticos tales como liberalismo, conservadurismo, socialismo, etc. Y por otro, están las estrategias narrativas, que son las técnicas empleadas para influir en la percepción del público. Algunas estrategias narrativas relevantes son:

1) Mecanismo causal: Identifica relaciones causa-efecto para explicar un problema o justificar soluciones. Ejemplo: “El comunismo causa pobreza” (Javier Milei).

2) Recurso del diablo: Magnifica el poder o la amenaza del villano para provocar rechazo o miedo hacia él. Ejemplo: “La izquierda global destruye nuestros valores” (José Antonio Kast).

3) Alcance del conflicto: Define cuán amplio es el impacto del problema narrado buscando movilizar un público mayor o más específico. Ejemplo: “Atentan contra nuestra soberanía y la identidad de todos los mexicanos” (Eduardo Verástegui).

7.1. Corpus

El corpus seleccionado para este análisis consta de doce intervenciones en los foros internacionales anteriormente mencionados: CPAC, Cumbre Transatlántica, Cumbre de la Iberosfera y Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Todas fueron realizadas en el período entre 2017 y 2023, en diferentes lugares que permiten identificar metodológicamente los contextos de enunciación (ver tabla 2).

Tabla 2. Corpus.

Caso

Lugar

Año

Observaciones

1

Fabricio Alvarado

Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia (México)

2017

Discurso

2

José Antonio Kast

III Cumbre Transatlántica (Colombia)

2019

Discurso

3

Eduardo Verástegui

CPAC (México)

2022

Discurso de apertura

4

Eduardo Verástegui

CPAC (México)

2022

Discurso de cierre

5

Fabricio Alvarado

Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia (Guatemala)

2022

Discurso

6

Javier Milei

CPAC (Brasil)

2022

Ponencia/entrevista

7

Javier Milei

CPAC (México)

2022

Discurso

8

José Antonio Kast

CPAC (Brasil)

2022

Ponencia/entrevista

9

José Antonio Kast

II Cumbre de la Iberosfera (Madrid)

2022

Ponencia/entrevista

10

José Antonio Kast

IV Cumbre Transatlántica (Budapest)

2022

Discurso de apertura

11

Eduardo Verástegui

CPAC (EE.UU.)

2023

Ponencia/entrevista

12

José Antonio Kast

V Cumbre Transatlántica

(Nueva York)

2023

Discurso

Fuente: Elaboración propia.

Las intervenciones han sido realizadas en dos formatos expositivos, por un lado, el discurso ante una audiencia, por otro, la presentación de una ponencia guiada por una persona entrevistadora. La selección de estos textos se realizó de entre todos los discursos identificados en un trabajo de investigación preliminar, y antes de integrarlos al corpus se los transcribió y depuró. El espacio temporal seleccionado inicia en el año 2017 y finaliza en el 2023, y obedece a la necesidad de comparar los discursos de cuatro políticos en relativa igualdad de condiciones, es decir, sin tener un cargo político en el Poder Ejecutivo (al momento de la realización de estas intervenciones Javier Milei todavía no era presidente de su país), sino siendo parte de la oposición, parlamentaria o extraparlamentaria, pero todos con intenciones de ocupar la presidencia de sus respectivos países.

7.2. Narrativas radicalizantes identificadas

El análisis de las intervenciones de los cuatro casos, a partir de la aplicación del NPF, ha dado cuenta de una serie de narrativas radicalizantes recurrentes. En este apartado se describen las más relevantes en función del espacio que cada político le dedicó en sus intervenciones (repetición y duración). Las narrativas radicalizantes para analizar tienen que ver con: la batalla cultural; la cancelación compulsiva (subnarrativa); la mentira del cambio climático (subnarrativa); el Estado empobrecedor; la justicia social es injusta (subnarrativa); la izquierda inmoral (metanarrativa); la familia en riesgo; la derechita cobarde; y la reescritura de la historia. Además, en algunos casos se ha identificado la presencia de subnarrativas que se desprenden de la original.

Antes de iniciar el recorrido por las narrativas, es importante destacar que los fragmentos recogidos no expresan la narrativa en su totalidad, sino que solo ilustran su esencia o resaltan elementos importantes de ella. Es por ello que en el análisis (según NPF) aparecen elementos que tal vez no figuren expresamente en los ejemplos citados.

• La batalla cultural

La batalla cultural es una de las narrativas más recurrentes de la ultraderecha actual, no solo en Latinoamérica, sino a nivel global. Reúne varios elementos de las luchas actuales de relativas a lo que ellos definen como un ataque a los “valores tradicionales y naturales” del ser humano. Resulta relevante destacar que en esta narrativa se identifican dos elementos de las corrientes de pensamiento del siglo XX mencionados en el presente trabajo. Por un lado, la idea de decadencia, en algunos casos connotada como “decadencia moral”, como estado general de situación. Un concepto del pensamiento de la revolución conservadora que justificaba la necesidad de un cambio de régimen político en una época de caos e inestabilidad que caracterizaban a aquel período de entreguerras. Por otro lado, esta narrativa refiere de forma directa a la estrategia de la metapolítica desarrollada por Alain de Benoist, ideólogo de la Nouvelle Droite. Aquí se plantea la necesidad de disputar el sentido del debate y resignificar los planteos del “villano”. El siguiente fragmento del discurso de José Antonio Kast ejemplifica esta narrativa:

La izquierda cambió su método. Ya no es la lucha de clases, ya no es la lucha armada, sino es la lucha por las causas que ellos encuentran. Ciertas causas que pueden ser el animalismo, el ambientalismo, el género, el abuso, y luego lo reflejan en un caso puntual y ese caso puntual lo extrapolan a que todos son iguales. ¿Y por dónde llegan? Por el aleccionamiento y la educación a los jóvenes. Porque ¿quiénes son más permeables a la violencia, al abuso, a todas las maldades que ellos grafican en un ejemplo? Los jóvenes. Ellos se fueron tomando la educación, se toman la justicia. Y el joven vive el día. El joven no vive la historia. No dice “Ah, yo voy a ver qué pasó en Cuba en el año 1900 y tanto. Voy a ver lo que pasó en Chile en el año 1960”. […] La izquierda esperó su momento, esperó su momento en el tema de la educación media, de la educación escolar, esperó su momento y reventó un gobierno. Después esperaron su momento en el tema de la educación universitaria y reventaron otro gobierno. Y después esperaron su momento en el tema del transporte público y reventaron otro gobierno. Pero ellos están ahí agazapados preparándose, trabajando. Esperan un momento y dan el golpe (Kast, 2022, Madrid).

En el fragmento, Kast articula una narrativa de “decadencia y revelación”. Según él, la izquierda ha abandonado la lucha de clases tradicional y la lucha armada, optando por una “lucha por causas” (feminismo, ambientalismo, género). Estas causas son percibidas como herramientas para desestabilizar valores tradicionales y generar conflicto en sectores específicos de la sociedad, especialmente en los jóvenes, considerados “permeables” a estas influencias. La trama describe cómo la izquierda actúa estratégicamente para infiltrarse en áreas clave (educación, justicia, transporte) y derrocar gobiernos, presentándose como una amenaza constante y organizada. Veamos el análisis de este caso en la tabla 3:

Tabla 3. Narrativa radicalizante: La batalla cultural (análisis según NPF).

Componente

Objeto o descripción

Héroe

Nosotros

Villano

Izquierda

Víctima

Sociedad, familia, jóvenes

Trama

“Historia de decadencia y revelación”. La izquierda ha cambiado la lucha de clases por la lucha “por causas” (feminismo, medio ambiente). Ha inventado el “neomarxismo” o “marxismo cultural”, que está en contra de las
instituciones naturales y fundamentales. La izquierda genera luchas donde no las había (hombres vs. mujeres, blancos vs. negros)

Moraleja

La izquierda es peligrosa porque ha sido astuta. Nosotros nos dejamos
conquistar. Hay que dar la batalla cultural

Estrategia

Recurso del diablo: se magnifica el poder de la izquierda frente al del héroe

Subnarrativas

La cancelación compulsiva, la mentira del cambio climático

Fuente: Elaboración propia.

Esta narrativa radicalizante otorga al accionar del “villano” un carácter premeditado y calculado. Se la describe como astuta y paciente, con un poder desproporcionado para desestabilizar instituciones. Kast utiliza el recurso del diablo [devil-shift] para magnificar el poder de la izquierda como una amenaza omnipresente, paciente y destructiva. La izquierda es presentada como un enemigo que conspira en las sombras, agazapado, lo que eleva el nivel de alarma en el receptor de la narrativa y, eventualmente, activa la movilización.

De aquí se desprende la moraleja, es decir, la acción política propuesta: tomar conciencia de la amenaza, reorganizarse y confrontar la izquierda en el terreno ideológico combatiendo las ideas que ellos han “impuesto” y devolviendo la hegemonía cultural a los valores tradicionales.

• Subnarrativa: Cancelación compulsiva

La subnarrativa de la “cancelación compulsiva” es un ejemplo de cómo las narrativas radicalizantes pueden desglosarse en relatos más específicos, con autonomía, pero que refuerzan la narrativa principal (en este caso, “la batalla cultural”). Veamos este fragmento:

El comunismo ha asesinado a millones de personas para imponer su ideología [...] Hoy día ese mismo terror, que antes se aplicaba por la fuerza o por las armas, hoy día es la cancelación de la persona. Pero es lo mismo, quizá no con el sufrimiento físico, pero la cancelación verbal, virtual, psicológica es permanente (Kast, 2022, Madrid).

La trama sigue un patrón de decadencia, donde el pasado sirve como advertencia del presente. Kast emparenta la situación actual con el accionar estalinista de utilización de la fuerza y el terror para imponer su ideología, que causó millones de muertes. Según él, esta misma lógica seguiría vigente, pero con una aplicación diferente, que pasa de la violencia física a la psicológica. Esto convertiría la cancelación compulsiva en una herramienta moderna para silenciar y deslegitimar a quienes se oponen a la izquierda. Pero la decadencia no es el único elemento que relaciona esta narrativa con las ideas de la revolución conservadora de entreguerras. En efecto, la idea de que la izquierda impone una censura ideológica mediante la “cultura de la cancelación” refleja la oposición de aquellos pensadores a la pluralidad y recupera su defensa de un orden jerárquico donde solo ciertas voces son legítimas (ver tabla 4).

Tabla 4. Subnarrativa radicalizante: Cancelación compulsiva (análisis según NPF).

Componente

Objeto o descripción

Héroe

[No se menciona]

Villano

Izquierda, comunismo

Víctima

Nosotros, “yo” (J.A. Kast)

Trama

“Historia de decadencia”. El comunismo ha asesinado a millones de personas para imponer su ideología en el pasado. Hoy la izquierda lo mismo, pero sin matar físicamente, sino psicológicamente a través de la “cancelación”

Moraleja

La izquierda es peligrosa porque ha sido astuta. Nosotros nos dejamos conquistar. Hay que dar la batalla cultural. Puede “matar” al que dice lo que piensa

Estrategia

Recurso del diablo: se magnifica el poder de la izquierda frente al del héroe

Fuente: Elaboración propia.

En esta subnarrativa el héroe no está explícitamente mencionado, pero se trata de quienes resisten la cancelación y las ideas de la izquierda. Esta última es representada por el relato como la perpetradora de una acción, la supuesta cancelación, que al estar asociada a crímenes del pasado se convierte en un crimen actual del mismo nivel. Solo tuvo lugar la adaptación de sus tácticas de opresión. La censura que sufren las víctimas de la cancelación, empezando por el mismo Kast, se equipara con asesinatos mediante aquella analogía histórica.

• Subnarrativa: La mentira del cambio climático

El negacionismo climático es uno de los tantos negacionismos que caracterizan las expresiones políticas de la ultraderecha. Generalmente, la intención es aprovechar cierto escepticismo de parte de la población o, incluso, la necesidad de encontrar explicaciones alternativas a fenómenos difíciles de asumir. Este tipo de negacionismo suele articularse con estrategias de desinformación, manipulación y negligencia. En otras palabras, el escepticismo sobre el cambio climático utilizado como arma que en muchos casos se fortalece promoviendo la desconfianza hacia la ciencia. Esta acción tiene puntos de conexión con aquel rechazo al racionalismo de parte de la revolución conservadora, que consideraba que la razón moderna había socavado el orden natural y la identidad cultural. No obstante, la diferencia entre aquellos pensadores y los actores políticos actuales no es menor. Sin intención de justificarlos, es cierto que los horrores de la Primera Guerra Mundial todavía estaban muy presentes cuando escribían esas ideas. Para muchos aquel progreso tecnológico era causa directa de la muerte y destrucción generadas por las máquinas de guerra. En el caso actual, el rechazo del desarrollo científico y sus conclusiones apuntan a argumentaciones mucho más cercanas a las teorías conspirativas similares a las de la Alt-Right, donde un complot internacional busca perjudicar o modificar nuestro estilo de vida.

En este caso en particular, la narrativa funciona como refuerzo de la lucha contra la izquierda que hemos mencionado previamente. Es decir, aceptar la existencia del cambio climático o la necesidad de realizar determinadas acciones costosas para combatirlo también implica otorgar otra victoria cultural a la izquierda. Este fragmento de Javier Milei ilustra esta narrativa:

Otra de esas peleas que ellos plantean es la del hombre contra la naturaleza [...] La discusión del cambio climático donde esta gente termina abogando por una cuestión de que los seres humanos dañamos el planeta y que hay que preservar el planeta y lo pueden llevar en una situación tan extrema donde mueran todos los seres humanos y solamente queda el planeta lo cual constituye una contradicción en sus términos una verdadera ridiculez (Milei, 2022, Ciudad de México).

La trama sigue un patrón de “historia de decadencia y confrontación ideológica”, donde Milei presenta el cambio climático como una construcción ficticia de la izquierda y de ambientalistas (ver tabla 5). Según él, esta narrativa busca enfrentar al ser humano contra la naturaleza en una lucha “innecesaria” y describe escenarios absurdos como la extinción humana para preservar el planeta. Además, argumenta que los datos científicos que demuestran el cambio climático son falsos o mal interpretados, lo que refuerza la idea de que es una mentira con fines ideológicos.

Tabla 5. Narrativa radicalizante: La mentira del cambio climático (análisis según NPF).

Componente

Objeto o descripción

Héroe

Nosotros. Liberales

Villano

Izquierda, referentes culturales y ambientalistas

Víctima

Individuos, seres humanos

Trama

“Historia de decadencia”. Otra lucha innecesaria que plantea la izquierda:
hombre vs. naturaleza. La izquierda culpa al hombre por el cambio climático y quiere llevarlo a situaciones extremas donde el hombre se extinguiría y quedaría un planeta despoblado. Ignora datos que demuestran que el cambio climático es normal y las temperaturas no son altas

Moraleja

La izquierda es peligrosa porque plantea peleas inexistentes y con su ignorancia perjudica el desarrollo económico de las personas. La izquierda miente

Estrategia

Mecanismo causal: sobreabundancia de datos (caso de Milei)

Fuente: Elaboración propia.

Los héroes en este relato son los liberales que defienden el progreso económico y cuestionan las narrativas climáticas alarmistas. Se trata de héroes racionales frente a la “ridiculez” planteada por la izquierda. El problema con los villanos, además de inventar un conflicto, es que también restringen libertades. Así, individuos y la humanidad en su conjunto se ven perjudicados.

Milei aplica el mecanismo causal como estrategia narrativa. Lo hace apelando a la sobreabundancia de datos para desacreditar las afirmaciones científicas sobre el cambio climático. Presenta argumentos técnicos o pseudocientíficos y así cuestiona la validez de las políticas ambientales.

Otro aspecto interesante de este relato tiene que ver con la ridiculización del enemigo. Al contrario que en el caso anterior, el enemigo es presentado como contradictorio y ridículo, lo que debilita la legitimidad de sus reivindicaciones.

• Estado empobrecedor

Esta narrativa radicalizante guarda una estrecha relación con los postulados del libertarianismo así como con las posiciones de los neorreaccionarios. En efecto, el Estado no es más que un estorbo, un problema, y hasta un enemigo. Sus regulaciones solo impiden que una sociedad determinada pueda abandonar la decadencia. Aquí el villano no solo es el mismo Estado, sino también quienes promueven su intervencionismo y presencia, es decir, la izquierda. Sin embargo, el relato de Milei va aún más lejos y, al igual que en el caso previo de Kast, apela a la analogía histórica para reforzar el aspecto emocional:

ellos también se nutren de un autor bastante nefasto para la historia del pensamiento económico, un señor que llamaba Wilfredo Pareto. Y que dentro de sus tantas virtudes era asesor de Mussolini. Y una de las cosas que descubrió Wilfredo Pareto es que la distribución del ingreso en distintos países que él había estado estudiando […] entre el 70 y el 80% de la población vive con menos del ingreso promedio. Y eso es lo que le transmite Pareto a Mussolini como guía de la política. Ahí es donde toman todavía más fuerza las ideas que utilizan los marxistas, la idea del polilogismo a la Hegel, que nosotros somos los buenos y ellos los malos. Y, entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es ir contra los ricos en favor de los pobres, porque como el 70-75% de la población está por debajo del ingreso promedio, eso le asegura una gran base electoral […] Hayek, en uno de sus libros, lo llama democracia ilimitada, es decir, uno de los vicios de la democracia justamente es el populismo (Milei, 2022, Ciudad de México).

Javier Milei se centra en criticar el rol del Estado como una entidad que, bajo pretextos de justicia social e igualdad, opera de manera inmoral e ineficiente y perjudica a los ciudadanos y a las generaciones futuras. En este fragmento en particular combina argumentos económicos y morales. Esto último queda plasmado cuando sostiene que las políticas redistributivas propuestas por la izquierda están basadas en la manipulación ideológica de autores como Pareto, asociando así ese accionar con Mussolini y el fascismo.

En sí, la estructura es sencilla: “nosotros”, los defensores del capitalismo, seguidores de autores como Hayek, ofrecemos soluciones como las del libre mercado y el no-intervencionismo estatal. “Ellos”, la izquierda, son presentados como los destructores de ese proceso. La moraleja es interesante porque al plantear que en realidad una política redistributiva no es más que una estratagema del villano para ganar elecciones, el relato de Milei ofrece una suerte de solución: desmantelar el “programa inmoral” de la izquierda, ergo, eliminar políticas redistributivas y de intervención estatal (ver tabla 6).

Tabla 6. Narrativa radicalizante: Estado empobrecedor (análisis según NPF).

Componente

Objeto o descripción

Héroe

Nosotros. Capitalismo. Autores (Hayek)

Villano

Izquierda, comunismo, socialismo, gobierno, Estado, políticos =“ellos”

Víctima

“Yo” (Milei representando al ciudadano común), generaciones futuras

Trama

“Viviendo una mentira”. La izquierda acepta que el capitalismo es el sistema más productivo, pero quiere intervenir porque dice que “es desigual”.
Interviene usando la idea de Pareto (Mussolini, fascismo). Así ganan
elecciones poniendo a ricos contra pobres. Lo que hace la izquierda se llama populismo. Toma deuda perjudicando a generaciones futuras, o estafa
emitiendo moneda

Moraleja

Hay que desmantelar el “programa inmoral” de la izquierda para que no ganen más elecciones

Estrategia

Mecanismo causal: sobreabundancia de datos

Alcance del conflicto: se benefician “ellos” (ganan elecciones), mientras se perjudican “las futuras generaciones” (endeudadas) 

Recurso del diablo: magnifica poder de la izquierda para ganar elecciones

Subnarrativa

Tiranía de la igualdad, justicia social injusta (selección)

Fuente: Elaboración propia.

• La justicia social es injusta (subnarrativa)

El concepto de justicia social es un objetivo principal de las narrativas radicalizantes de la ultraderecha, en especial de Javier Milei. Aquí se pueden encontrar rastros del pensamiento del viejo conservadurismo, e incluso de la revolución conservadora, relativos a la importancia de la jerarquía en detrimento de la búsqueda de la igualdad. En este caso aplicada a la cuestión económica, la igualdad para Milei es sinónimo de injusticia. El siguiente fragmento ilustra la base de esta narrativa:

Supongamos que tenemos una persona que gana 99 y la otra gana 1. Vendría un socialista y diría: “Qué injusto que es esto, hay que redistribuir el ingreso. Vamos a sacarle 49 al primero y darle 49 al segundo, y así van a quedar ganando los dos 50, suponiendo que en el medio no pasó por las porosas manos de los políticos […]. Pero, al margen de eso, primero que es un acto violento porque le están robando la plata a uno para dársela a otro. Quiere decir que no están siendo tratados igualmente frente a la ley. Entonces, lo primero que nos tendría que quedar claro es que la justicia social es injusta porque está basada en el robo y en el trato desigual frente a la ley. Dos aberraciones […]. El punto es el siguiente: todavía no hemos visto nada sobre cómo se generaron esos 99. Y sucede que el hombre que ganó 99 lo ganó porque trabaja 16 horas por día. Lo único que hace es trabajar y crear riqueza. Y el que gana uno, en realidad, gana uno por la cantidad de sangre que dona y que tiene acumulada en las uñas de tanto rascarse. En ese sentido, si nadie tiene en cuenta lo que ha pasado, cómo se ha generado la situación de la distribución del ingreso, cómo van a decir que eso es injusto, a redistribuir y a aplicar todas estas medidas salvajes de expropiación y de trato de desigual frente a la ley (Milei, 2022, Ciudad de México).

Javier Milei se enfoca en deslegitimar la redistribución de ingresos como una práctica injusta e inmoral. Este relato busca desacreditar los principios de igualdad y justicia social al calificarlos como actos de violencia económica que penalizan a los trabajadores productivos en favor de quienes no generan riqueza. Es decir, divide a la población entre “buenas y malas personas”.

La trama planteada aplica al esquema de “viviendo una mentira”, ya que busca desterrar el componente positivo de la redistribución y transformarlo en un robo institucionalizado. El héroe, individuos y empresas son presentados como ejemplos y a la vez como víctimas (ver tabla 7).

Tabla 7. Narrativa radicalizante: La justicia social es injusta (análisis según NPF).

Componente

Objeto o descripción

Héroe

Individuos y empresas productivas (benefactores sociales)

Villano

Izquierda, comunismo, socialismo (“Mayores ladrones de la historia”)

Estado = manejado por esa izquierda

“Los que no trabajan” = aprovechadores del trabajo ajeno

Víctima

“Los que trabajan” (y generan riqueza), los honestos

Trama

“Viviendo una mentira”. Nos hacen creer que un mal es aceptable o no
que puede cambiar. El socialismo perjudica “a los que trabajan” y ayuda a “los
que no trabajan”. El socialismo es injusto. El Estado manejado por la izquierda
roba a “los que trabajan”

Moraleja

No hay nada para compartir, cada individuo es dueño de lo que generó con su trabajo

Estrategia

Mecanismo causal: sobreabundancia de datos (caso de Milei)

Fuente: Elaboración propia.

La moraleja nos refleja, por un lado, su sistema de creencias en el que no existe la justicia a través de compartir la riqueza, ya que el relato presume que fue obtenida mediante el esfuerzo y el mérito. En este sentido, la intervención estatal solo puede corromper esa máxima. Por otro, el Estado presente representaría, además, una violación del principio de igualdad ante la ley.

• Metanarrativa: Izquierda inmoral

Las narrativas radicalizantes abordadas hasta aquí poseen un denominador común que en sí puede ser calificado como Master-Narrative o metanarrativa (Marcks y Pawelz, 2020, 1418). Es decir, un relato global y los suficientemente elástico para funcionar como marco general que contenga otras narrativas. La narrativa de la “izquierda inmoral” permite interpretar globalmente la izquierda como la gran villana de la historia. Una suerte de amenaza existencial que requiere una respuesta excepcional que justifique posiciones políticas extremas e inicie, así, procesos de radicalización. La idea de que la izquierda es intrínsecamente inmoral se conecta con la tradición conservadora cristiana en Estados Unidos, mencionada previamente en la genealogía del pensamiento político de la Alt-Right, que ve en los cambios sociales una amenaza a la moral tradicional. En el caso actual, se ven enlazados con temas como el feminismo, los derechos LGBTQ+ o, incluso, la secularización. Asimismo, y retomando el elemento de la narrativa de la batalla cultural analizada más arriba, la izquierda inmoral es un concepto que conecta con aquella idea de decadencia que habían desarrollado inicialmente los pensadores de la revolución conservadora.

Siguiendo los principios del análisis del NPF esta narrativa se estructura la descripción de la tabla 8.

Tabla 8. Metanarrativa: Izquierda inmoral (según análisis NPF).

Componente

Objeto o descripción

Héroe

Nosotros, líderes valientes, liberales, conservadores

Villano

Izquierda, comunismo, socialismo (global)

Víctima

Pueblo, ciudadanos, nuestros países

Trama

“Historia de decadencia”. La izquierda genera todo tipo de estrategias
para empeorar la vida de la gente y quitarle su libertad. Allí donde triunfa
su sistema todo es peor

Moraleja

La izquierda es el enemigo, no un adversario político. Debe y merece ser
extirpada

Estrategia

Recurso del diablo: se magnifica el poder de la izquierda frente al del héroe

Fuente: Elaboración propia.

Esta metanarrativa está presente en los cuatro casos del presente trabajo y se activa constantemente a partir de la estrategia narrativa del ya mencionado “recurso del diablo”, es decir, una amplificación exagerada del poderío de la izquierda para realizar aquellas acciones que los ultraderechistas consideran perjudiciales. Es importante tener en cuenta que para que una metanarrativa funcione, precisa de la circulación de otras que la alimenten. En este caso, y como ya se ha mencionado, una “izquierda inmoral” promueve la “batalla cultural” forzada en su propio beneficio, se apoya en la “cancelación compulsiva”, fomenta un “Estado empobrecedor” y actúa en función de una “justicia social injusta” .

• Familia en riesgo

La familia es un concepto clave en el discurso ultraderechista. Con él se activan aspectos clave relativos a creencias, valores tradicionales, comportamientos y roles sociales. Temas como el aborto, la educación, la orientación sexual, entre otros, son ejes estratégicos del discurso ultraderechista, y la “familia” es un elemento capaz de aglutinarlos, ya que es entendida como núcleo moral, social y cultural. Es por ello que en los casos analizados la narrativa radicalizante de la familia en riesgo aparece regularmente.

Hemos analizado de forma comparada la forma y el contenido de esa narrativa en función del NPF. El resultado se puede apreciar en la tabla 9.

Esta narrativa presenta diferentes tramas que convergen en la idea de “decadencia” o “progreso obstaculizado”, donde la izquierda y sus aliados atacan directa o indirectamente a la familia.

Javier Milei introduce el elemento conspirativo al acusar al Club de Roma de buscar la reducción de la población para evitar, supuestamente, futuras guerras por recursos. En este sentido, asocia el aborto con dicha conspiración. Este planteo de Milei evidencia una adaptación de la teoría del gran remplazo, ya que retoma la idea de reducir la población. Según él, estaríamos frente a un complot de “la izquierda” que querría utilizar al aborto como una suerte de herramienta para controlar la natalidad.

Tabla 9. Narrativas radicalizantes analisis NPF comparado.

Javier Milei

Fabricio Alvarado

Eduardo Verástegui

Héroe

Nosotros, liberales

Nosotros, defensores provida, iglesias, Yo

Movimiento, conservadores, líderes valientes

Villano

Izquierda, neomalthusianos (Club de Roma)

Ellos, los antivalores,
proaborto, proLGBT, medios

Izquierda radical, crimen
organizado, socialismo (global)

Víctima

Niños por nacer, individuos, seres humanos

No nacido, hijos, iglesias, nosotros

Mexicanos asesinados, instituciones

Trama

“Historia de decadencia”.
Reducir la población para evitar guerra futura por recursos. Elemento
“Conspirativo”

“Progreso obstaculizado”. Adoctrinamiento
ideológico (AI).
Persecución de medios. Dios y la verdad de
su lado

“Historia de decadencia”. AI + Asesinatos en México por armas y por abortos. Colonialismo cultural

Moraleja

La izquierda violenta
y asesina

Ser agresivos y
contundentes

La izquierda es el enemigo, no un adversario político 

Estrategia

Mecanismo causal:
Intencional

Recurso del diablo

Alcance de conflicto

Fuente: Elaboración propia.

Fabricio Alvarado, por su parte, se enfoca en el adoctrinamiento ideológico por parte de sectores proaborto con el apoyo de los medios de comunicación tradicionales. En su relato, las víctimas no solo son los no nacidos y los “provida”, sino también las iglesias.

Eduardo Verástegui profundiza el relato de Alvarado al realizar paralelismos forzados como el siguiente:

México no va bien. No va bien por quienes lo dirigen. Tenemos muchos problemas, problemas evidentes. Miles de mexicanos están siendo asesinados por armas de fuego y por el aborto. No tenemos suficientes medicinas y servicios para atender nuestra salud, nuestras familias son atacadas por políticas copiadas de los peores modelos socialistas antifamilia y antivida (Verástegui 2022, Ciudad de México).

Verástegui mezcla el aborto, las armas, la falta de medicinas y la reproducción sexual, todo en una misma narrativa. Con ello equipara también a dirigentes partidarios locales con el crimen organizado y lo que él suele llamar “socialismo global”, que lo aglutina. A lo anterior agrega:

Hay una agenda radicalmente progre que va en contra de los principios y la cultura y tradiciones de nuestro país. Se promueven cambios transgénero que desafían la ciencia y el sentido común. Se imponen límites inaceptables al derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos de acuerdo con sus valores. Se pretende imponer limitaciones a la libertad de conciencia y religión y a la libertad de expresión de todo ciudadano que piense distinto a lo que impone el oficialismo. Estas ideas proceden de afuera, del extranjero. Estas ideas no son mexicanas, atentan contra nuestra soberanía y la identidad de nuestro pueblo. Esto no es otra cosa que colonialismo cultural (Verástegui, 2022, Ciudad de México).

El elemento del colonialismo cultural como factor explicativo incorpora variables patrióticas a los lineamientos ultraconservadores que se enumeran. Lo que consigue Verástegui es incorporar un elemento ordenador novedoso a su relato y hasta factible de convertirse en una subnarrativa autónoma. Aquí resurge la idea de Nouvelle Droite sobre los perjuicios de las injerencias de culturas foráneas.

Es interesante que la narrativa de la familia en riesgo refleje una suerte de fusión entre etnopluralismo de la Nouvelle Droite, que aboga por la preservación de identidades culturales homogéneas, y el conservadurismo religioso, que ve la familia tradicional como el núcleo de la sociedad.

La moraleja de cada relato varía un poco en cada caso. Mientras Milei se limita a referirse de manera más abstracta a la izquierda, ubicándola como cabeza de esa conspiración internacional, el relato de Alvarado apela al contraataque: “Por favor no callemos. Ellos no callan. No descansemos. Ellos no descansan [...] Seamos valientes. Ellos son violentos. Nosotros no tenemos por qué ser violentos, pero sí agresivos y sí contundentes, porque tenemos los argumentos, porque tenemos la verdad” (Alvarado, 2022, Guatemala).

Esta narrativa de Alvarado genera una clara dicotomía entre héroe y villano, donde el comportamiento y línea de acción son opuestos en contenido. No obstante, el político exige igualar las fortalezas del enemigo para generar una contienda pareja que, según su historia, culminaría con la victoria porque “la verdad” estaría de su lado. En este punto, el debate político en términos de intercambio de ideas y competencia de proyectos pareciera disolverse en una contienda sin posibilidad de consenso alguno.

Finalmente, Verástegui le pone nombre y apellido al enemigo político cuando menciona al gobierno de su país como agente clave para que se vehiculice ese pensamiento. Sin embargo, el mexicano suele referenciar a los opositores al gobierno también como enemigos, pese a coincidir ideológicamente en varios aspectos. En este punto se inicia otra narrativa que desarrollaremos a continuación.

• La “derechita” cobarde

Por demasiado tiempo los conservadores en la región hemos estado desamparados. Muchos de los líderes que dicen ser de derecha, pero que no lo son, no han tenido la fortaleza de luchar por nuestras culturas y por nuestros derechos fundamentales. Muchos incluso han acogido las ideas y agendas promovidas por intereses globalistas que socavan nuestra soberanía, así como los valores de nuestros pueblos. A esos yo les llamo lobos disfrazados de oveja. Hay muchos. La verdadera derecha está huérfana. No la derechita cobarde. Y es por culpa de sus acciones que se daña la reputación de los verdaderos conservadores. Pero poco a poco está surgiendo una nueva generación de líderes coherentes comprometidos en dar la batalla por una sociedad verdaderamente libre en la que se atesora la libertad de expresión, sin censuras ni cancelaciones, la libertad religiosa, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Si no protegemos la vida de los más vulnerables, de los mexicanos por nacer, ¿a quién vamos a proteger entonces? (Verástegui, 2022, Ciudad de México).

En este discurso, Eduardo Verástegui elabora un relato de confrontación interna dentro del espectro político conservador. Se observan elementos de la Alt-Right en este sentido, con los que se acusa a sectores supuestamente moderados o tradicionales de complicidad con la izquierda. Esta narrativa define un doble enemigo: uno interno (derechas tradicionales) y uno externo (izquierdas).

El esquema de “progreso obstaculizado” es empleado en esta narrativa radicalizante para explicar que los verdaderos conservadores avanzan hacia su objetivo, pero en lugar de avanzar se ven obligados a superar los obstáculos que les ponen otros conservadores (ver tabla 10). Es interesante que, en el relato, Verástegui culmina con una mención optimista en la que “los valientes y comprometidos” triunfarán.

Tabla 10. Narrativa radicalizante: La “derechita” cobarde (análisis según NPF).

Componente

Objeto o descripción

Héroe

Nosotros, líderes conservadores (verdaderos, valientes, coherentes,
comprometidos)

Villano

Derecha tradicional, lobos con piel de oveja, tibios

Medios tradicionales

Víctima

Padres, pueblo, nuestra soberanía

Aliados

Partidos como Vox/Fidesz, medios no tradicionales (redes sociales)

Trama

“Progreso obstaculizado”. El héroe avanza, pero encuentra dificultades en
el camino, traidores, o tibios en este caso, que confunden a la gente y son
funcionales a la izquierda. Cierra con “Ascenso”. La verdadera derecha, los
verdaderos conservadores se unen al héroe para conseguir el objetivo

Moraleja

Todos los políticos (excepto nosotros) son egoístas o cobardes. Solo nosotros podemos representarte. Debemos unirnos

Estrategia

Mecanismo causal: combina “consecuencia inadvertida”, errores no forzados
o negligencia con “acción intencional”

Fuente: Elaboración propia.

En esta narrativa también se apela a otro tipo de personaje, los aliados. Partidos como Vox, de España, o Fidesz, de Hungría, ambos representantes de la derecha radical en sus respectivos países, funcionan como apoyos ideológicos y modelos para seguir. También los medios de comunicación surgen como enemigos, cuya contraparte serían los medios no tradicionales o las redes sociales. Por otra parte, la narrativa de la “derechita cobarde” se enmarca en la crítica paleoconservadora, expresada por Samuel Francis durante la década de 1990, hacia la derecha tradicional, a la que acusa de haber abandonado sus principios y sucumbido ante la hegemonía progresista. Unos postulados que serán retomados posteriormente por la Alt-Right y eventualmente por el discurso de Donald Trump.

José Antonio Kast se refiere con asiduidad a la narrativa de la “derecha cobarde”. En su caso, suele argumentar con su propia biografía, ya que, a diferencia de Verástegui, el sí tiene un largo pasado partidario en la derecha tradicional de su país. En ese sentido, en su relato se autodefine como un héroe que entendió que estaba del lado equivocado.

• Reescritura de la historia

Una última narrativa radicalizante para destacar del análisis de los cuatro casos es la relativa al revisionismo histórico. De los cuatro casos, es el de José Antonio Kast el que más se ocupa de la cuestión.

Vivimos 30 años de un progreso ejemplar. Desde el año 1980 donde se propone esta Constitución que dicta el gobierno militar. Gobierno militar que, dicen, produjo un quiebre en la democracia. El gobierno militar interrumpió una dictadura marxista que se instaló vía democrática. El presidente Allende se instaló de manera democrática con un acuerdo discutible. No tuvo nunca mayoría. Él no fue electo por dos tercios, él fue electo por menos de un tercio de la población chilena y con un acuerdo político en el Parlamento. Tenían que elegir entre el primero y el segundo, con una diferencia de 30.000 votos aproximadamente, y se elige a este presidente de izquierda en su cuarto intento en llegar a la presidencia. Y él firma un pacto de garantías. Esto quiero mencionarlo, porque la izquierda firma lo que sea con tal de llegar al poder, poder que después nunca entrega (Kast, 2022, Madrid).

La intención de reinterpretar el pasado y reconvertir el rol de la dictadura en algo positivo es evidente. Pero, si lo analizamos desde su estructura narrativa, podemos encontrar algunas claves interesantes, por ejemplo, que para forzar la reivindicación del gobierno de Augusto Pinochet, Kast propone una historia de decadencia y regeneración invertida. Es decir, el dictador que produce un golpe de Estado en realidad estaba salvando al país de la decadencia. Y el presidente elegido democráticamente era un peligro para el país. Esto invierte los roles de héroe y villano que, según Kast, expresa la izquierda, pero mantiene la misma víctima: el pueblo chileno engañado y amenazado por un supuesto marxismo.

Pero lo que es aún más interesante es el anclaje temporal contemporáneo que realiza al sostener que la izquierda no es confiable y solo quiere el poder para nunca entregarlo. Una conclusión que solo puede obtenerse a partir de la narrativa que ha construido.

Es posible afirmar que todas las narrativas previamente analizadas guardan una estrecha relación con la estrategia de la metapolítica propuesta por la Nouvelle Droite, donde lo primordial es conquistar las mentes y la cultura para luego avanzar hacia la política. No obstante, en el caso del revisionismo histórico, es decir, de la narrativa “reescritura de la historia”, esta lógica cobra aún mayor importancia tanto en Europa como en Latinoamérica. Los horrores del fascismo en el Viejo Continente, así como las atrocidades cometidas por las últimas dictaduras militares del siglo XX en América Latina, han generado consensos en torno a la idea del “nunca más”. Desde ya con diferencias entre países y diversos tipos de resolución.

Esos consensos son los que esta narrativa radicalizante pone en cuestión. Su intención no es otra que resquebrajar aquel consenso. Por ejemplo, mediante la idea del olvido como en el caso de Giorgia Meloni, primera ministra de Italia y líder del partido Fratelli d´Italia, que en pos de defender el fascismo plantea la necesidad “mirar hacia adelante” o de “no cargar las espaldas de los jóvenes con viejas peleas” (Broder, 2023). También se lo intenta mediante la resignificación, como se observaba previamente en el caso de José Antonio Kast.

7.3. Estrategias narrativas, roles y singularidades

El análisis de las narrativas radicalizantes empleadas por Javier Milei, José Antonio Kast, Fabricio Alvarado y Eduardo Verástegui revela patrones narrativos comunes, pero también singularidades que distinguen sus estrategias discursivas. Posiblemente estas diferencias reflejen tanto las ideologías personales de los líderes como los contextos políticos y culturales en los que operan.

• La sobreabundancia de datos

Milei recurre con frecuencia al mecanismo causal utilizando cifras, argumentos técnicos y ejemplos hipotéticos para reforzar sus afirmaciones. Esta estrategia le permite construir una narrativa de autoridad y rigor, pero al mismo tiempo puede alienar a ciertos sectores al ser percibida como tecnocrática o excesivamente compleja. Por ejemplo, en la narrativa del “Estado empobrecedor”, Milei usa datos económicos para argumentar que la redistribución de la riqueza es inmoral y contraproducente. Sin embargo, en ocasiones se embrolla y pierde el hilo del argumento, lo que genera distracciones en la audiencia.

• Enemigo exagerado

En el caso de Kast, destaca su uso exagerado del recurso del diablo, que amplifica el poder y la amenaza de la izquierda como un enemigo omnipresente. Aunque esta estrategia refuerza la polarización y moviliza a sus seguidores, en ocasiones puede restarle credibilidad al simplificar excesivamente sus argumentos o desviar la atención de soluciones concretas.

• Dios de su lado

Alvarado también utiliza el recurso del diablo en sus estrategias narrativas para agigantar el poder del enemigo de su relato, pero, a diferencia del resto, incorpora el componente religioso. Incluso suele referirse a Dios como su aliado.

•La lucha global

Si bien los cuatro políticos suelen referirse a la lucha global contra la izquierda, es Verástegui el que plantea ese conflicto con mayor asiduidad. Habla de una moral conservadora amplia y, al igual que Alvarado, incorpora figuras religiosas como la Virgen de Guadalupe a sus narrativas para conectar emocionalmente con la audiencia.

• Distribución de roles

Resultan interesantes algunas diferencias entre los casos en cuanto a la distribución de roles en las narrativas. Por ejemplo, para referirse al villano, tanto Milei como Alvarado emplean recurrentemente el pronombre “ellos”, posiblemente como una estrategia para simplificar la identificación del enemigo y hasta despersonalizarlo, lo que facilita la demonización. Llama la atención que Alvarado prácticamente no se refiera al concepto de izquierda, algo que sí hacen los otros tres casos.

Con respecto al rol de víctima, Milei habla de “individuos” o “personas”, pero es raro escuchar la palabra pueblo o nación en sus narrativas. Es probable que tanto la mencionada falta de componente nacionalista en su discurso como su ideología libertaria justifiquen este punto. En el caso de Kast sucede todo lo contrario, lo cual da cuenta de esa visión mucho más nacionalista. En la cuestión de los aliados, se ha mencionado que tanto Verástegui como Alvarado apelan a la religión y con ello incorporan a Dios, y “la verdad”, como aliado central.

• Ridiculización vs. moralización

Javier Milei se diferencia de los demás líderes por su estrategia narrativa. En ella apela a la la ridiculización inicial de las posturas de sus oponentes, a las que califica como absurdas o irracionales, para luego denunciarlas como inmorales o criminales. Esta doble aproximación, que alterna entre el sarcasmo y la moralización, le permite desacreditar a sus adversarios en varios niveles. En contraste, José Antonio Kast, Fabricio Alvarado y Eduardo Verástegui optan por centrarse directamente en la denuncia moral y presentar a sus enemigos como inmorales o peligrosos, sin recurrir al sarcasmo o la burla.

Conclusiones

El análisis de las narrativas radicalizantes en América Latina evidencia no solo su impacto en el contexto regional, sino su relación con tendencias globales de la extrema derecha. La circulación de ideas, estrategias y discursos entre Europa, Estados Unidos y América Latina muestra la necesidad de comprender estos fenómenos de manera integrada evitando lecturas aisladas que subestimen su alcance y profundidad.

Conceptos como el “globalismo”, la “ideología de género” o el “marxismo cultural”, presentes en el discurso de las figuras analizadas en el presente trabajo, tienen paralelos directos en los discursos de Marine Le Pen, Viktor Orbán o Santiago Abascal. En el caso particular del rechazo al globalismo y a las elites cosmopolitas, se comparte la acusación de ser responsables de todos los males de la nación. Si bien en los casos europeos, la erosión de la soberanía nacional ocupa un espacio más relevante que en los latinoamericanos, la mención no es inexistente. En efecto, aparece cuando se habla de la pertenencia a organismos internacionales, como la ONU o la Organización Mundial de la Salud, así como cuando se discute su injerencia en asuntos internos, como por ejemplo las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También ese globalismo es culpable de una supuesta imposición de una agenda progresista que atenta contra los valores tradicionales.

En cualquier caso, la denuncia de una supuesta conspiración globalista sirve para justificar medidas restrictivas en materia de derechos civiles y para reforzar discursos que apelan a la restauración de un orden perdido.

Otro punto para tener en cuenta es el uso de narrativas antinmigración y teorías sobre la sustitución demográfica basadas en el etnopluralismo. En Europa, la ultraderecha ha promovido la teoría del gran remplazo con el argumento de que la inmigración masiva de países musulmanes amenaza con destruir la identidad cultural europea. Algo similar sucede en Estados Unidos cuando se habla de White genocide. En América Latina, por el contrario, el inmigrante todavía ocupa aquel espacio en la derecha radical local, posiblemente debido a que la construcción de una identidad en riesgo se ha desarrollado en el discurso de los exponentes latinoamericanos de la ultraderecha. Al menos no en términos étnicos.

Esto no significa que exista un desprecio por el extranjero de países limítrofes o que pueda crecer un sentimiento xenófobo. Pero el rol que ocupa esa figura en las narrativas radicalizantes europeas es distinto. Primero, porque en Europa este desarrollo lleva alrededor de 50 años y en los últimos tiempos ha recibido una fuerte legitimación por parte de los partidos tradicionales incorporando a su agenda reivindicaciones propias de la derecha radical. Y, en segundo lugar, porque ese rol se ve reforzado por el elemento cultural y religioso que vehiculiza la islamofobia, ampliamente expandida entre los simpatizantes de esas fuerzas políticas.

No obstante, hemos mencionado que Javier Milei, al desarrollar su versión de la narrativa de la “familia en riesgo”, apela a una variante de la lógica de la antinmigración. En este caso, emplea el aspecto conspirativo de representa un presunto remplazo masivo, pero, en su argumentación, no por llegada de extranjeros, sino por aplicación del aborto.

Justamente esto último nos lleva a otro aspecto para tener en cuenta en la comparación: la lucha contra la llamada “ideología de género”. Este es otro elemento común en las derechas radicales de ambos continentes. Las narrativas antifeministas ocupan un lugar fundamental en su discurso político. Pero lo más importante es que esta cuestión genera otros beneficios para estas fuerzas políticas. Por un lado, se fortalece el networking y los niveles de cooperación e intercambio; por otro, se agilizan y activan las fuentes de financiamiento. De hecho, algunos de los foros internacionales mencionados en este trabajo se articulan en torno a este tema. A diferencia de Europa, en Latinoamérica son los sectores religiosos, en particular los evangélicos, quienes llevan adelante esta agenda con una ocupación del espacio político cada vez mayor. La estrecha relación entre religión y política en la región ha permitido que estos discursos calen profundamente en el electorado y le otorguen legitimidad a proyectos políticos que buscan restringir derechos en nombre de la moral tradicional.

Con respecto al rol del Estado, las narrativas radicalizantes latinoamericanas que hemos identificado en el presente trabajo comparten algunos aspectos con los planteos libertarios de Estados Unidos, es decir, la idea de un Estado pequeño y eficiente. Sin embargo, el discurso de las derechas radicales europeas apunta a un rol del Estado presente, aunque solo para los nativos. En este sentido, estas últimas priorizan la cuestión migratoria.

Además de las coincidencias y diferencias en las narrativas, resulta importante destacar los mecanismos de circulación de ideas entre ambas regiones mencionados previamente. La presencia de líderes latinoamericanos en foros internacionales organizados por el internacionalismo reaccionario, como la CPAC o la Cumbre de la Iberosfera, demuestra la existencia de redes de articulación transnacional que facilitan la transferencia de estrategias, narrativas y fondos. Think tanks como la Fundación Disenso, vinculada a Vox, trabaja activamente en la divulgación de una agenda de combate al progresismo y de reivindicación de la identidad nacional en este tipo de foros.

El análisis realizado sobre las narrativas radicalizantes de la derecha radical en América Latina evidencia un patrón común: el uso estratégico de relatos que simplifican realidades complejas para movilizar emociones, justificar posiciones extremas y legitimar agendas políticas polarizantes. Las narrativas identificadas (como “la batalla cultural”, “Estado empobrecedor” o “la justicia social es injusta”) comparten elementos estructurales clave que refuerzan las dicotomías entre “nosotros” y “ellos”, donde la izquierda o actores progresistas son sistemáticamente presentados como villanos que amenazan valores fundamentales.

Este enfoque narrativo no solo refuerza identidades políticas radicalizadas, sino que también fomenta un clima de polarización extrema que dificulta el diálogo democrático y habilita comportamientos antidemocráticos. La consolidación de estas narrativas radicalizantes opera a través de la repetición y la amplificación en foros digitales y discursos políticos, y crea un marco de referencia donde el adversario es percibido como una amenaza existencial. En este contexto, el proceso de “transportación narrativa” (Dennison, 2021) permite que los individuos interioricen estos relatos como experiencias propias, y aumente su adhesión reduciendo su apertura a discursos alternativos.

De esta forma, se alimenta la progresiva legitimación de expresiones de odio y exclusión, lo que erosiona los límites normativos que sustentan el debate democrático. Estas narrativas no solo refuerzan posiciones preexistentes, sino que también transforman el sentido de pertenencia política. Al estructurar la identidad colectiva en función de antagonismos irreconciliables, facilitan la construcción de un “nosotros” homogéneo y un “ellos” deslegitimado, lo que profundiza la fragmentación social y la radicalización de posturas.

Este proceso, lejos de ser un fenómeno espontáneo, responde a estrategias comunicacionales deliberadas que buscan movilizar políticamente a ciertos sectores a través de emociones como el miedo, la indignación o el resentimiento. Como resultado, los límites de lo aceptable en el discurso público se desplazan progresivamente normalizando la exclusión y debilitando los principios democráticos fundamentales. En este contexto, la creciente rigidez de las identidades políticas radicalizadas no solo impide el debate, sino que configura una realidad en la que el compromiso con valores democráticos se subordina a la lealtad al grupo, lo que deja poco margen para la deliberación o el disenso.

Un elemento central en estas narrativas es la reinterpretación del concepto de igualdad, que es presentada por estos actores como un error o imposición que amenaza las libertades individuales y fomenta el conflicto social. Este argumento tiene raíces profundas en las ideas de las derechas radicales de la revolución conservadora y la Nouvelle Droite, que planteaban que la igualdad es un principio artificial e inalcanzable, y que su imposición conduce al deterioro social y moral. Desde la “tiranía de la igualdad” hasta el rechazo a políticas redistributivas, estas narrativas resignifican la igualdad como un valor peligroso. En este sentido, los discursos contemporáneos de la derecha radical latinoamericana no solo amplifican estas ideas, sino que las adaptan a los contextos locales donde se polarizan aún más los debates públicos y convierten un valor democrático esencial en un terreno de disputa ideológica.

Asimismo, las narrativas radicalizantes no operan de forma aislada, sino que se integran en una metanarrativa más amplia que busca deslegitimar principios democráticos y promover la exclusión. Esta dinámica resalta cómo la derecha radical en América Latina se nutre de ideologías globales como el paleolibertarianismo, el revisionismo histórico y el conservadurismo evangélico, adaptándolas a contextos locales mediante el tráfico de ideas en foros internacionales. Los resultados de este análisis permiten no solo caracterizar la especificidad de las narrativas en la región, sino también advertir sobre su impacto potencial en la erosión de valores democráticos fundamentales.

En resumen, el estudio de las narrativas radicalizantes en América Latina no solo permite comprender su impacto en la región, sino que también ofrece una clave para analizar las dinámicas globales de la ultraderecha. La circulación de ideas, discursos y estrategias entre América Latina, Europa y Estados Unidos muestra la necesidad de abordar estos fenómenos de manera integrada, de manera de evitar interpretaciones aisladas que subestimen su alcance y profundidad.

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Diversidades étnicas, de género y racializadas en los bicentenarios de la segunda oleada

Argentina, Brasil y México (2020-2022)

Pablo Ortemberg

Introducción

Las fiestas patrias son dispositivos conmemorativos estatales que periódicamente ponen en escena la identidad de un “nosotros” nacional mediante distintos recursos estéticos, artísticos e intelectuales en el espacio público, con participación de una variedad de actores gubernamentales y de la sociedad civil. Desde hace unos años llevo adelante una agenda de investigación, tanto individual como en equipos bajo mi dirección, sobre festejos de los bicentenarios, inspirada en las siguientes preguntas: ¿en los últimos años han cambiado los rostros de la identidad nacional escenificada en las fiestas patrias por los programas gubernamentales? ¿Se han modificado las formas en que los festejos oficiales hacen alusión, participan en ellos o son impugnados por los pueblos originarios, agrupaciones afrodescendientes, movimientos de mujeres y colectivos de la diversidad sexual? ¿De qué modo las escenificaciones que conmemoran el mito de origen de la nación nos dicen algo sobre la relación tensa y cambiante entre gobiernos nacionales (y subnacionales) con respecto a la heterogénea miríada de activismos indígenas, afrodescendientes, de mujeres y colectivos de la diversidad sexual?1

A partir de aquellos interrogantes, el presente capítulo compara los modos en que los grupos históricamente subalternizados en los relatos dominantes de la identidad nacional son representados o participan en los festejos oficiales de los bicentenarios patrios más recientes en Argentina, Brasil y México, países en muchos aspectos distantes y a la vez cercanos en el orbe latinoamericano, que han experimentado procesos políticos presentados como refundacionales en los últimos lustros. Se parte de la premisa común en el campo de que las conmemoraciones son hechos políticos del presente en el que distintos actores disputan simbólicamente el sentido y lugar dentro de la comunidad nacional. De ese modo, son configurados escenarios de (in)visibilidad, los cuales, lejos de ser meros reflejos de las luchas legales, institucionales y políticas, contribuyen a su definición.

Nancy Fraser distingue tres dimensiones de la justicia social: el reconocimiento de identidades y derechos, la distribución material y simbólica y la representación política (Fraser, 2007).2 La problemática de la inclusión y la exclusión y la afirmación identitaria también podrían ser retomadas a la luz de las viejas y nuevas discusiones en torno a las formas de ciudadanía y representación política en América Latina. La presente investigación analiza el reconocimiento de las identidades en las fiestas patrias como un aspecto imbricado con otros en esa concepción multidimensional de la justicia.

En consecuencia, el objetivo es comparar los distintos impactos (con sus avances y retrocesos) de las agendas de género, indígena y afrodescendiente, desde una perspectiva interseccional, en las fiestas patrias más importantes de los últimos años en esos tres países: el bicentenario del fallecimiento de Manuel Belgrano en Argentina (20 de junio de 2020); el bicentenario de la independencia del Brasil (7 de septiembre de 2022); y el bicentenario de la “consumación” de la independencia de México (27 de septiembre de 2021), aunque sin dejar de considerar, según los casos, los festejos previos en cada país. Este ejercicio es en particular relevante para ponderar el caso argentino, pues la efeméride no goza de la centralidad del 25 de Mayo o 9 de Julio, además haberse desarrollado accidentalmente en el seno del año pandémico. Algo similar ocurre con el 27 de Septiembre mexicano en relación con el bicentenario del 16 de Septiembre de 2010. En este sentido, la comparación (casi) sincrónica entre los tres países se combina con otra diacrónica dentro de cada país, con referencias a festejos patrios previos, especialmente a los bicentenarios de 2010 (Revolución de Mayo en Argentina y el del “inicio” de la independencia en México) y el de 2016 (declaración de la independencia en Argentina). Además de nutrirse de bibliografía secundaria, este trabajo se sustenta en prensa, sitios web gubernamentales y no gubernamentales, registros audiovisuales de YouTube, observación directa y entrevistas presenciales y virtuales no estructuradas a personas vinculadas con la organización gubernamental de los festejos o bien a referentes de colectivos y movimientos estudiados.

Cada celebración patria posee su propia historia de cambios y continuidades, así como de usos políticos diversos por parte de actores en un tablero cambiante. Además, cada celebración contiene en sí misma numerosas ceremonias, eventos, escenificaciones y actividades desplegados en un tiempo y espacios dilatados. Esta heterogeneidad de acciones, objetos, actores, emociones y espacios, es decir, de las formas de celebrar la gran efeméride, se multiplica sustantivamente si consideramos los modos de celebrar estas fechas en numerosas localidades a escala subnacional.3 Las páginas que siguen se concentrarán en las expresiones conmemorativas que consideramos más significativas para responder a nuestros interrogantes generales de los cambios en la inclusión-exclusión, pero sin pretensión de exhaustividad o caracterización completa de cada festejo. Por razones metodológicas, el análisis se concentrará en las capitales o las ciudades que contaron con la presencia de las máximas autoridades nacionales, pues es allí donde se desarrollaron los mayores programas conmemorativos estatales, los cuales concitaron el mayor foco mediático como vitrina orientada al conjunto del país y al mundo. Investigaciones posteriores podrán comparar la diversidad de expresiones dentro de cada Estado nacional, una importante tarea pendiente para dar cuenta cabal del mapa de la diversidad conmemorativa.

Lo particular/mundial en el establecimiento de los días de visibilización y lucha por la ampliación de derechos dentro del Estado nación

En las últimas décadas, diversos activismos han conquistado (y continúan en plena disputa por) sus propias efemérides como forma de afirmar su visibilidad y potenciar las batallas por el cumplimiento o ampliación de derechos frente al resto de la sociedad y el Estado. Algunas de estas efemérides particulares se remontan a la segunda mitad del siglo XX.4 Por ejemplo, el 15 de febrero en México es, desde 1960, el Día de la Mujer Mexicana (Consejo Nacional de Población, 15 de febrero de 2023). La construcción de las efemérides particulares por parte de los activismos se articula con frecuencia a escala internacional en un movimiento de entramado mundial. En este sentido, ese mismo país, al igual que Argentina y Brasil, también conmemora el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 6 de marzo de 2018).

Si bien el 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, las marchas del orgullo tienen fecha variable según los países y las ciudades. En Argentina se llevan a cabo desde 1992 y suelen realizarse en el mes de noviembre, en conmemoración de “Nuestro Mundo”, primera organización homosexual del país, fundada el 1º de noviembre de 1967. En 2018 el gobierno de ese país publicó en su portal oficial el texto “Efemérides y símbolos de la diversidad sexual”, editado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuyos autores compilan 15 “días de celebración, conmemoración y visibilización” que desde el orgullo “busca terminar con el estigma, la vergüenza, la invisibilidad, la criminalización y la patologización” (Otero Torres y Borisonik, 2018, p. 1). Este nutrido calendario conmemorativo revela tanto la pluralidad existente en los colectivos de la diversidad sexual, como las barreras que todavía impiden la igualdad de trato y la ausencia de discriminación. Algunas de estas fechas son de carácter internacional y son compartidas por México y Brasil.

Muchos países de la región han incluido derechos de los pueblos indígenas en las reformas constitucionales de finales de 1980 e inicios de 1990, en un movimiento catalizado, entre otros factores, por el impacto simbólico-político que tuvo la controvertida celebración del quinto centenario de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. México estableció el 9 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una efeméride propuesta por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994 (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 8 de agosto de 2018). Años más tarde, la mayoría de los países hispanoamericanos resignificaron el 12 de octubre y dejaron de denominarlo Día de la Raza y lo convirtieron en un día de reivindicación de los pueblos originarios. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió en 2020 un decreto que lo designa Día de la Nación Pluricultural (Huitrón, 12 de octubre de 2024; Secretaría de Gobernación, 18 de diciembre de 2020). Esto se fortaleció desde el plano internacional cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Decenio de las Lenguas indígenas 2022-2032 dando prioridad a México para la realización de los eventos más importantes en este marco. En Argentina, durante el primer año del gobierno de Javier Milei, la Casa Rosada desconoció el decreto de 2008 que había rebautizado el 12 de octubre como Día del Respeto a la Diversidad Cultural y lo volvió a llamar Día de la Raza, con una concepción similar al del actual partido Vox, de España (Casa Rosada, Presidencia, 12 de octubre de 2024). En Brasil, una ley de 1943 instituyó el 19 de abril como Día del Indio, pero en un contexto de políticas integracionistas. En julio de 2022, por impulso del activismo indianista, la fecha pasó a llamarse oficialmente Día de los Pueblos Indígenas, reconociendo la diversidad de pueblos originarios del país, con la expectativa de que ello contribuya a la toma de conciencia de su lucha por la realización plena de la demarcación de tierras (Dia dos Povos Indígenas, s/f; Pajolla, 19 de abril de 2023).

Resultado en buena medida de la lucha secular de los movimientos afrobrasileños, la Constitución de 1988 reconoce el derecho territorial de las comunidades quilombolas. Aunque todavía queda pendiente la concreción de muchos avances institucionales, legales y sociales, en los últimos años Brasil ha consolidado, por ejemplo, una política de acciones afirmativas para el ingreso de afrobrasileñas/os a la educación superior con el fin de reducir las desigualdades sociorraciales (Bayma, 2012; Gomes, Da Silva y De Brito, 2021).

En 1971, en plena dictadura, un grupo de estudiantes afrobrasileños escogió conmemorar el 20 de noviembre, día del aniversario del asesinato del líder quilombola, Zumbi de los Palmares, ocurrido en 1695, como símbolo de la resistencia contra la esclavitud, en contraposición a la centralidad que se le daba en la historia oficial al 13 de mayo, día en que la princesa Isabel firmó la Ley Áurea en 1888. En 2003 el 20 de noviembre fue adoptado como Día de la Conciencia Negra, y extendido por ley a nivel nacional en 2011, durante el gobierno de Dilma Rousseff. A finales de 2023, durante la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, una ley lo convirtió en feriado nacional (Ciscati, 2 de octubre de 2020; Con feriado nacional. Brasil celebra Día de la Conciencia Negra, 20 de noviembre de 2024; Mazul, 21 de diciembre de 2023). Así, la fecha remite a un héroe de la resistencia antiesclavista del período colonial, la misma cantera epocal de la cual, en sus inicios, la república extrajo al héroe mártir Tiradentes (Murilo de Carvalho, 1990).

El activismo afromexicano se inicia a mediados de la década de 1990 y desde entonces ha logrado importantes avances frente al Estado, especialmente en los últimos cinco años, con el reconocimiento constitucional de las poblaciones afromexicanas en 2019, la inclusión en el censo 2020 y las acciones afirmativas para acceder a la representación política. Simultáneamente, el gobierno adoptó en 2019 la decisión de la UNESCO que establece el 24 de enero como Día Mundial de la Cultura Africana y los Afrodescendientes, en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024) y del Plan de Acción del Decenio de las y los afrodescendientes en las Américas (2016 -2025) (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 24 de enero de 2022). Sin embargo, recientemente se ha impulsado una iniciativa de organizaciones, activistas y representantes parlamentarios para que se establezca el 10 de agosto como Día Nacional de los Pueblos, Comunidades y Personas Afromexicanas, para deslindarlo del 9 de agosto, que reconoce a los pueblos indígenas. El proyecto de decreto presentado en abril de 2021 por senadoras y senadores a la Cámara argumenta la importancia de las conmemoraciones para “dar a conocer temas que suelen estar invisibilizados o ser tratados de manera insuficiente o inadecuada” y destacan el valor estratégico de esta conmemoración en particular para aumentar la visibilización de estas poblaciones y valorar su aporte histórico a la nación; fortalecer el activismo afromexicano; reconocer sus derechos jurídicos e institucionales y combatir la discriminación y el racismo.5 Aunque el proyecto no pasó a ser discutido en la Cámara de Diputados y, por el momento, quedó desechado, diversas organizaciones afromexicanas han asumido en la práctica la fecha como propia.

Por su parte, el gobierno argentino sancionó en 2013 la ley 26.852 que determina el 8 de noviembre como Día Nacional de las/os Afroargentinas/os y de la Cultura Afro, “en conmemoración de María Remedios del Valle, a quien el General Manuel Belgrano le confirió el grado de Capitana por su arrojo y valor en el campo de batalla” (Ley 26.852/2013). En este caso, es directa la vinculación de la efeméride con el mito de origen de la nación y con una de sus figuras centrales del panteón de próceres. No es casual, además, que se escogiera a una mujer.

También existen fechas internacionales con perspectiva interseccional que visibilizan las identidades de género en personas racializadas. Desde 1983, luego del Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, se estableció el 5 septiembre como Día Internacional de la Mujer Indígena.6 Asimismo, el 25 de julio se reconoce como Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente (CLACSO, 22 de julio de 2024), también denominado Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, establecido desde 1992 a raíz del Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (UNESCO, 26 de julio de 2020).7

Esta breve introducción tiene como objetivo plantear un mapa de la lucha que ocurre en el terreno de la creación de fechas conmemorativas, simultánea a los demás combates seculares que encaran los distintos grupos. Las batallas de los calendarios son un tema que merecería una investigación en sí misma, pues se trata de una arena de disputa que presenta sus propias estrategias y actores. Ahora bien, cabe preguntarnos: ¿estas fechas particulares, nacionales y transnacionales, coexisten en tensión o complementariedad con las fechas patrias tradicionales cuyo origen en el siglo XIX tenían como objetivo construir la comunidad política imaginada nacional? ¿Existen vasos comunicantes entre estos calendarios o transitan carriles separados?

Las fiestas patrias y la identidad nacional

Las llamadas fiestas patrias de nuestros países nacieron del seno de las guerras y declaraciones de independencias, con elementos de las fiestas monárquicas resignificados e influencias de las reformas y revoluciones del espacio atlántico, junto con invenciones locales (Ortemberg, 2013). Sus características y usos son diversos, más allá de que en líneas generales estos rituales patrióticos contribuyeron a la forja de una nueva comunidad política (una patria polisémica), sirvieron para diferenciarse del bando enemigo (eliminación de la polisemia), así como para legitimar nuevas autoridades, jerarquías e instituciones. Muchas de estas funciones, por cierto, ya estaban presentes en el ceremonial virreinal borbónico, pero se intensificaron durante la crisis de la monarquía (Ortemberg, 2014). Los nuevos calendarios de fiestas patrias se fundamentaban a partir de aniversarios de batallas, sanción de constituciones, revoluciones y onomásticos de generales, y mostraban una gran plasticidad e inestabilidad, no solo en el período previo a la batalla de Ayacucho de 1824, o a la “consumación” de la independencia en el México de 1821 (en el orbe hispano), sino también a lo largo de todo el siglo XIX. En un ensayo fundamental, Burucúa y Campagne (1994) distinguen tres grandes momentos de legitimación en la construcción de las nuevas naciones según la dominancia del tipo de recurso simbólico. No se trata de etapas que se superen o remplacen unas a otras, sino que se caracterizan por la dominancia de un tipo de recurso legitimador en coexistencia con los otros: primero, en la mitopoiesis de la nación, al calor de la guerra y en los años inmediatos de la posindependencia, predomina la invención de banderas, himnos y emblemas. Segundo, a mediados del siglo XIX adquieren protagonismo las primeras historiografías que narran el proceso de nacimiento de la nueva nación; y a finales de ese siglo (incluso hasta las primeras décadas del siguiente), por último, prolifera el recurso de los monumentos. Las fiestas patrias se estructuraron a partir de estos recursos, y otros, en los cambiantes procesos de más de doscientos años de una comunidad nacional en constante formación y reconfiguración.

La historiografía suele partir de los conceptos de “comunidad imaginada”, de Anderson, y el de “invención de tradiciones”, de Hobsbawm y Ranger quienes, en 1983, sentaron las coordenadas conceptuales para comprender la “nación” y “la identidad nacional” como construcciones modernas y relativamente tardías en la historia occidental. Sin embargo, pese a la importancia de estas nociones, desde entonces han surgido muchas revisiones críticas sobre estas perspectivas. Por ejemplo, Smith (1986), desde la corriente que se denominó “etnosimbolismo”, recupera una historicidad larga de las naciones previa al siglo XIX. También hay trabajos que ven la construcción de la identidad nacional en una circularidad bajtiniana entre alta cultura (o las elites gobernantes) y la cultura popular. Por ejemplo, para el México del siglo XIX, Beezley (2007) analizó esta construcción popular de la identidad nacional a partir de las funciones de títeres populares que incluían a héroes del pueblo que se enfrentaban contra extranjeros. Asimismo, existen trabajos que prestan atención a la dimensión internacional de la construcción de las identidades nacionales, como el de Thiesse (2001). Esta autora encuentra una receta repetida que circula internacionalmente en el siglo XIX entre varios países europeos para inventar sus naciones. Por su parte, los trabajos de Billig (1995) se enfocan en lo que llamó “nacionalismo banal”, es decir, las formas cotidianas naturalizadas en las que aparecen referencias simbólicas a la nación y la identidad nacional, más allá de los festejos y otros momentos extraordinarios de expresión patriótica.8 Con todo, lo cierto es que, parafraseando el famoso cuento de Augusto Monterroso, cuando despertamos, todavía las fiestas patrias están aquí. Cada gobierno, país y época han gestionado los programas festivos oficiales de acuerdo con la propia tradición conmemorativa que se fue consolidando y en la que las autoridades y los sectores populares potencialmente se atreven o intentan introducir elementos nuevos, según los usos políticos que se pretende ejercer con ellas.

Así, los distintos contextos epocales fueron evidenciando importantes diferencias en los sentidos de la construcción simbólica de la nación mediante las fiestas patrias: si durante la guerra de independencia fueron importantes para construir el enemigo “godo” y afirmar la existencia de una nueva comunidad política de límites inciertos, a finales de siglo los gobiernos vieron su utilidad para nacionalizar los contingentes migratorios, neutralizar las llamadas “ideologías disolventes” e intentar “desindianizar” la nación acorde con los valores civilizatorios imperantes. Sin embargo, durante los llamados regímenes oligárquicos del cambio del siglo XIX al XX, las fiestas patrias incorporaron de distintos modos a los pueblos originarios, la cultura afro y a las mujeres en la narración performática de la identidad nacional. Los momentos conmemorativos son tan excepcionales como reveladores de un orden sociocultural.

Durante los festejos de los centenarios patrios en los países latinoamericanos, los gobiernos organizaron la celebración para ostentar no solo el progreso nacional, sino también el carácter “viril” (término empleado entonces) del Estado. En este sentido, en esa época fueron tan importantes las exposiciones artísticas, industriales y de higiene, como los desfiles de las Fuerzas Armadas, en las que eran esperadas con entusiasmo las visitas de buques de guerra (Ortemberg, 2020) y las famosas revistas navales, junto con las paradas militares, los batallones escolares (Bertoni, 2007) y, en general, la exposición de armamento en el espacio público. Los grupos subalternizados fueron representados de determinadas maneras en los programas festivos gubernamentales.

Los mecanismos de inclusión-exclusión social presentes en los eventos por los centenarios deben ser analizados en cada coyuntura y desde varias dimensiones. Las autoridades organizadoras de estos festejos reforzaron la invisibilización de los sectores populares en el espacio ritual. Las transformaciones urbanas emprendidas con motivo de las grandes celebraciones tendieron a acentuar las fronteras sociales (y crear nuevos márgenes) de manera temporaria o permanente. Un ejemplo de lo primero fue la expulsión, en 1910, en la Ciudad de México bajo el porfiriato, de mendigos de las calles principales en las cuales se desarrollarían los grandes desfiles (Lacy, 2001). En el segundo caso, fue resonante la erradicación de la población popular del Morro do Castelo, de la capital brasileña, que se demolió y aplanó para convertirse en un espacio destinado a los pabellones de la exposición del centenario de 1922. Al mismo tiempo, en las dos oleadas de festejos centenarios (en torno al año 1910 y los iniciados en 1920) se intensificó con éxito la industria del espectáculo popular. La afluencia de estos sectores fue notoria no solo como público pasivo de desfiles y consumidores de entretenimientos. Desde la escala municipal o barrial, la trama asociativa de sectores medios y populares adhirió con sus propios programas a la fiesta nacional mediante diversos canales, como las suscripciones para encargar un busto de un prócer para su localidad o la donación de óvolos patrióticos para la compra de armamentos (como ocurrió en el centenario de la independencia del Perú en 1921, país que arrastraba graves problemas para definir sus fronteras soberanas). Según el punto de observación que se adopte, estas conmemoraciones fueron la fiesta para unos pocos y, al mismo tiempo, la fiesta de todas/os, o de muchas/os.

Los programas festivos oficiales podían poner en escena figuras heroicas o mártires de las civilizaciones derrotadas pero prestigiadas, mientras excluían del festín moderno a los indios (e indias) contemporáneos.9 Por caso, el panteón liberal porfirista celebraba la figura de Cuauhtémoc, junto con la de Juárez e Hidalgo. Incluso el régimen que avanzó como nunca antes sobre las tierras de la comunidad, disciplinando y reprimiendo cualquier cuestionamiento al orden, aprobó la instalación de una efeméride propia dedicada al culto cívico del héroe azteca en la Ciudad de México (Campos Pérez, 2017). En su estudio comparado de los álbumes oficiales de los centenarios, Martinez (2017) ha demostrado que los indios (e indias) estaban casi invisibilizados o bien aparecían de determinados modos para evitar que la identidad nacional quedara asociada con ellos. Al contrario, la nación debía mostrarse civilizada de acuerdo con la senda del blanqueamiento, una operación por demás central durante la República Velha en Brasil relacionada con su población afrodescendiente (Schuster, 2014).10 Asimismo, la presencia activa de las mujeres en los centenarios podía disputar su lugar en la arena de la identidad nacional desde el accionar asociativo mediante la organización de congresos de mujeres en el marco de la conmemoración, por ejemplo, pero también su presencia podía ser instrumentalizada por los organizadores como “soporte” de representaciones estereotipadas, como el concurso de la “India bonita” realizado durante el centenario de la “consumación” de la independencia en México en 1921.

En definitiva, la tendencia general de los festejos centenarios de las independencias orientó sus representaciones oficiales para exhibir una nación homogéneamente blanca, con una elite política “viril” acorde a los progresos estatales, unos sectores populares encuadrados y un “bello sexo” (expresión de época) educado para ocupar los roles tradicionales vinculados a la maternidad o a ciertas artes permitidas. No obstante, en los mismos escenarios conmemorativos se desplegaron numerosas batallas individuales y colectivas que cuestionaban los valores oficiales imperantes, como el boicot anarquista en los festejos argentinos, o bien intentaban encontrar un mejor posicionamiento dentro de ellos (Ortemberg, 2023).

A partir de estos marcos conceptuales y reflexiones sobre distintos contextos históricos, podemos extender la pregunta sobre la inclusión-exclusión a los festejos patrios durante las dos oleadas de los bicentenarios de nuestros países e intentar relacionar posibles impactos de las agendas recientes de activismos y movimientos populares, indígenas, afrodescendientes y de mujeres en los modos de representar en el espacio público el rostro de la nación. Por supuesto, las sociedades del momento bicentenario son muy distintas a las de inicios del siglo XX.

Según Pierre Nora (1992) y más tarde François Hartog (2003), después de la caída del bloque socialista, los Estados parecerían perder el control unitario en la organización de las fiestas patrias y se acentuaría lo que llamaron “bulimia conmemorativa” o “época de la conmemoración”, en la que regiones y grupos particulares batallan para instalar fechas conmemorativas y, a través de ellas, juzgar las desigualdades cometidas en el pasado y que se perpetúan en el presente. En la sección anterior hemos repasado las numerosas fechas conmemorativas que impulsaron los activismos latinoamericanos en las últimas décadas. En el análisis que sigue veremos si en la fiesta patria contemporánea los gobiernos han dado espacio, y de qué modo, a estas luchas por la visibilización de actores marginados históricamente, y si estos mismos actores han participado o batallado de algún modo por su inclusión en los bicentenarios. Junto con ello, intentaremos responder a la pregunta formulada en la sección precedente: ¿existen vasos comunicantes en los usos entre las fechas particulares/internacionales y las fechas nacionales (patrias)?

1. Argentina, 2020: Belgrano junto a Catalina y el péndulo conmemorativo

Una década antes del bicentenario del fallecimiento de Manuel Belgrano (20 de junio de 2020), el gobierno argentino bajo la presidencia Cristina Fernández de Kirchner (CFK) había llevado a cabo la gran celebración del bicentenario de la Revolución de Mayo, con una serie de festejos innovadores, por su despliegue artístico (performances acrobáticas con uso de grúas, por ejemplo) y estreno de nuevas tecnologías como el videomapping. A pesar de que ni el gobierno ni la oposición parecían albergar demasiadas expectativas en los días previos, el evento convocó a un público masivo que inundó el centro porteño para presenciar los numerosos espectáculos, al punto de que este hito conmemorativo inauguró una nueva forma de celebrar los actos políticos y grandes acontecimientos en el espacio público los siguientes años del gobierno kirchnerista (CFK fue reelecta para el período 2011-2015).11

En 2010 se destacaron cuatro grandes desfiles. El más impresionante por originalidad, centralidad en el programa y convocatoria de público fue el desfile del bicentenario, organizado por el grupo artístico de vanguardia Fuerza Bruta. Con asesoramiento del historiador-divulgador Felipe Pigna, las 19 carrozas temáticas narraban la historia argentina a partir de sucesos y actores considerados emblemáticos. También se realizaron el desfile federal de las provincias, el desfile de la integración y, para esa ocasión, se restituyó excepcionalmente el desfile militar, que había sido abolido de las fiestas patrias por decisión de Néstor Kirchner bajo su presidencia iniciada en 2003, luego de su suspensión en 2002 a raíz de la crisis de diciembre de 2001. Dado que un análisis exhaustivo de la eventual representación de los pueblos originarios y el lugar de las mujeres en estos desfiles sería demasiado extenso, nos atenemos a continuación a las líneas de problematización que consideramos más significativas.

En los tres desfiles cívicos mencionados hubo representaciones de los pueblos originarios de distintas maneras. Durante el desfile federal, algunas provincias destacaron como parte de su identidad la presencia de grupos originarios, en general interpretados por personas no originaria.12 Por su parte, en el desfile de la integración, protagonizado por colectividades de inmigrantes, Bolivia hizo alusión a símbolos (como la bandera wiphala) y danzas “típicas” de patrimonio indígena como parte de la identidad plurinacional, algunos países como Chile priorizaron el folklore criollo (la cueca), y cuando pasó la comitiva de Colombia también se observó la participación de una mujer con atuendos de mujer indígena. En el desfile del bicentenario se dio mayor centralidad a la representación de los pueblos originarios, afrodescendientes y los procesos de mestizaje en varias carrozas. En ninguno de los casos, sin embargo, actuaron integrantes de colectivos y organizaciones de pueblos originarios, sino artistas caracterizados. En las carrozas de Fuerza Bruta, no obstante, se realizó un casting para incluir artistas de rasgos mestizos y afrodescendientes en las carrozas. De hecho, la alegoría de la “Argentina” fue interpretada por dos jóvenes seleccionadas por sus rostros mestizos.

Según Molinaro, estas operaciones artísticas estatales de inclusión (aunque más por representación que por participación) marcaron un hito en la historia de las recientes celebraciones de la fiesta patria en Argentina. No obstante, diversos trabajos examinaron distintos aspectos problemáticos de esta inclusión, como por ejemplo la exotización visual o la incorporación de estos grupos dentro de la narración del pasado pero disueltos en lo “popular” en las representaciones de tiempos más contemporáneos; o bien la incómoda persistencia de la narrativa de la Argentina blanca producto de la inmigración europea junto con las reivindicadas narrativas que destacaban la presencia originaria y afrodescendiente, anterior a la configuración del Estado nacional (Adamovsky, 2012; Citro, 2017; Enrique, 2023; Molinaro, 2012; Rufer, 2012). Incluso es posible leer una tensión entre el discurso de la diversidad étnica y la narrativa del mestizaje.

En el bicentenario, la participación directa de integrantes de pueblos originarios organizados en colectivos y movimientos se desplegó por fuera y en contraste con estos programas festivos estatales. Junto con otras organizaciones campesinas y ambientalistas, distintos activistas e integrantes de pueblos originarios que marcharon a la capital del país llevaron a cabo un contrafestejo, es decir, jornadas de crítica, reivindicación y reclamos de derechos, eventos alternativos al festejo estatal. Este contrafestejo se materializó en una marcha, acampe, asambleas, mesas de debate y diversas actividades artístico-culturales en Plaza Congreso.13 La presidenta CFK llegó a recibir personalmente un reclamo de manos de sus representantes en el que se le exigía al gobierno la creación de un Estado plurinacional argentino y una respuesta inmediata ante demandas de títulos de tierras, la terminación de las represiones sufridas en sus provincias y la extensión de la enseñanza bilingüe, entre otras cuestiones. Las organizaciones afrodescendientes en este contrafestejo fueron minoritarias y, tal como señala Enrique (2023), fragmentadas. Así, separados, a una distancia de diez cuadras convivieron al mismo tiempo en el centro de Buenos Aires el reconocimiento simbólico por parte del Estado de una nación con rostro originario, mestizo y afro, por un lado; y por otro, las iniciativas de originarios, mestizos y afrodescendientes, junto con otras organizaciones, que efectuaban su propia conmemoración alternativa del bicentenario y utilizaban la fecha patria para hacer visibles sus reivindicaciones frente al Estado.

En esos días, la presidenta CFK nombró a Eva Perón como “Mujer del Bicentenario” e inauguró en la Casa Rosada el “Salón de las Mujeres del Bicentenario”, con catorce retratos de mujeres destacadas de la historia argentina.14 Al año siguiente se exhibió en la Casa Nacional del Bicentenario la muestra Mujeres 1810-2010. Como otro corolario de los festejos, el presidente boliviano Evo Morales obsequió al país la escultura de la heroína de la independencia, Juana Azurduy, cuya inauguración tuvo lugar en 2015. Por orden de CFK, el monumento remplazó al de Cristóbal Colón, obra obsequiada por la colectividad italiana con motivo del centenario (aunque inaugurada en 1921), que estaba ubicada en la plaza detrás de la Casa Rosada, una decisión que generó intensas discusiones (Ortemberg, 2016).15 Este remplazo simbolizaba el mensaje que el gobierno nacional había decidido dar con los festejos del bicentenario, al marcar el contraste con el centenario, otra celebración que también pervive aún hoy en la memoria colectiva. A modo de síntesis, según el discurso político oficialista (con sus expresiones performáticas y estéticas), el centenario había sido centralmente oligarca, masculino y europeizante, mientras que, ahora, el bicentenario (y, en consecuencia, el rostro de la nación) se destacaría por el carácter popular, femenino y latinoamericano (de hecho, para la celebración asistieron siete presidentes sudamericanos). Por su lado, la oposición al gobierno resaltaba discursivamente las virtudes de la Argentina del centenario para criticar los problemas de la Argentina del bicentenario. En varios trabajos insisto en la idea de que una conmemoración suele referir más a una conmemoración anterior que al acontecimiento celebrado.

En este sentido, con el fin de diferenciarse de las políticas festivas asociadas al kirchnerismo, el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) se inclinó por un programa de “austeridad” para realizar los festejos por el bicentenario de la declaración de la independencia en 2016, en explícito contraste con el gobierno anterior, al que acusaba de “despilfarro” y “poca transparencia”. Macri acentuó la oposición al restablecer como evento central el desfile cívico-militar en Tucumán y el desfile militar en Buenos Aires, que, como mencionamos, había sido suprimido por las gestiones anteriores. En lugar de contar con la presencia de presidentes de la región, esta vez concurrió el rey emérito de España, a quien el presidente le dedicó su más sentido discurso (en esos meses el ministro de finanzas argentino había viajado a España en busca de inversiones para el país, donde pidió perdón ante empresarios españoles por las medidas económicas kirchneristas).16

Pese a esta alternancia en los programas festivos, según los gobiernos de centro-izquierda y de derecha, los movimientos de mujeres y los activismos de género fueron dejando su influencia en la configuración de las fiestas patrias oficiales, por lo menos hasta la asunción, en diciembre de 2023, del presidente Javier Milei, declarado antifeminista y decidido a dar lo que denomina “batalla cultural”, es decir, una oposición sistemática a los avances vinculados con la ampliación de derechos y políticas de visibilidad de sectores sociales marginados, vulnerabilizados o subalternizados. En una investigación publicada en coautoría con Mariana Caminotti, hemos analizado cambios y continuidades en este sentido en las conmemoraciones del 20 de junio, Día de la Bandera, asociado al aniversario del fallecimiento de su creador, Manuel Belgrano, un ritual nacional con epicentro en el Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario al que acude la primera o el primer mandatario. El objetivo de la investigación consistió en analizar la relación entre los avances societales, jurídicos e institucionales fruto de los activismos feministas y la agenda de género estatal, y las eventuales modificaciones en la realización del festejo patrio oficial. Según argumentamos, las conmemoraciones del 20 de junio desde 2003 hasta el 2020, año del bicentenario del fallecimiento y 250 años del nacimiento de Manuel Belgrano, evidencian una progresiva visibilización de las mujeres y colectivos LGBTIQ+ en el ritual patrio (Ortemberg y Caminotti, 2022).17

La ceremonia oficial en el monumento, recordamos en nuestro trabajo, cuenta tradicionalmente con un discurso de la presidenta o presidente, con presencia de autoridades provinciales y municipales y, sobre todo, de instituciones educativas, pues un elemento importante de ese día es la promesa a la bandera realizada por escolares. Si antaño la ceremonia era protagonizada por militares que juraban lealtad al símbolo patrio, desde hace tiempo está centralmente dirigida a los contingentes de niñas y niños de cuarto grado provenientes de numerosas escuelas del país que asisten al monumento para realizar lo que pasó a denominarse “acto de promesa de lealtad a la bandera”. Además de las autoridades, también suelen estar presentes asociaciones de excombatientes de Malvinas. La ceremonia forma parte de un programa más amplio que incluye espectáculos de música folklórica, concurso de asado, representaciones teatrales relacionadas con la gesta belgraniana, entre otras expresiones, en las que participan activamente asociaciones y grupos diversos de la sociedad civil. De esta manera, con estas manifestaciones conmemorativas, la ciudad de Rosario, escenario de un festejo nacional, también se celebra a sí misma, en términos durkheimianos. Así, como en muchas fiestas patrias, cada 20 de junio se observa la cambiante combinatoria, según gobiernos y coyunturas, de momentos y espacios solemne-sagrados con otros lúdico-profanos, animados por la masiva asistencia de distintos sectores sociales.

El Monumento Histórico Nacional a la Bandera se inauguró el 20 de junio de 1957 y durante la ceremonia se representó una constante de la mitopoeisis nacional: una delegada de una comisión de “damas rosarinas” obsequió una bandera argentina. Evocaba un episodio consagrado por la historia oral, según el cual la rosarina María Catalina Echevarría de Vidal, hermana de un amigo de Belgrano, habría cosido (u ordenado coser) la bandera por pedido del general. Al igual que las “damas cuyanas” en Mendoza, se destacaba el papel patriótico de las mujeres con sus actividades de costura, uno de los roles permitidos por la cultura patriarcal. Sin embargo, la presencia de Catalina empezará a estar más presente en los festejos desde finales de la década de 1990, con la obra de teatro Visita guiada a la vida de Belgrano. Su presencia aparece al comienzo, en los márgenes del programa conmemorativo, sin llegar todavía a los actos centrales de la ceremonia en el monumento.

Los activismos feministas tuvieron un momento clave en agosto de 2003, con la realización del XVIII Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Rosario. En ese marco se desarrolló la asamblea por el derecho al aborto, una demanda que sería central en la agenda del activismo feminista de los años posteriores. En ella se usó por primera vez el pañuelo verde como símbolo de la lucha a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Además, según Ruperta Pérez, referente de la comunidad qom entrevistada en la referida investigación, en aquella ocasión las mujeres decidieron participar en la marcha del orgullo. En la entrevista, Pérez se emocionó al recordar que, junto a un grupo de mujeres de pueblos originarios, en aquel Encuentro recibieron a las delegaciones con una danza típica en el monumento (el monumento, ciertamente, ha sido lugar para expresiones de protestas, reclamos y reuniones políticas a lo largo de décadas). Por aquellos años, el actor Matías Martínez comenzó a representar a Belgrano, a caballo, en la fecha belgraniana. A partir de entonces, el gobierno municipal lo convoca cada año para representar al prócer en el monumento en los 20 de Junio.

Otro momento importante de concordancia entre la fiesta patria (y el monumento) con los activismos de género sucedió durante el bicentenario del 27 de febrero de 2012, aniversario de la creación de la bandera nacional. El 9 de mayo de 2012 se sancionó la Ley de Identidad de Género, dos años después de la Ley de Matrimonio Igualitario. En el acto central del 27 de febrero pudieron observarse tres banderas del orgullo frente al palco mientras la presidenta daba su discurso. La ciudad de Rosario inauguró para la ocasión un pasaje peatonal con el nombre Catalina Echevarría, y los medios realzaban cada vez más su figura en la gesta patria. La intendenta Mónica Fein (2011-2019), años después, destacó el valor revolucionario de Catalina en la acción de coser el símbolo, y resignificó, así, el rol subordinado y tradicional de género en cuanto costurera dentro del ámbito doméstico.

La irrupción del movimiento “Ni Una Menos” en 2015 generó su propia fecha para las marchas anuales. Fueron los “pañuelos celestes” (“provida”) los que se presentaron el 20 de junio de 2018 en el monumento para hacer visible su posición ante las autoridades mientras se debatía el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito en el Parlamento. El paisaje conmemorativo parecía fusionar el celeste provida con el celeste patrio de la bandera. La disputa política por la lucha de derechos de género en el lenguaje de las banderas y pañuelos también involucró ese año la reacción de distintos sectores ante el izamiento en el mástil de algunas escuelas la bandera del orgullo LGBTIQ+. Simultáneamente, en el ámbito educativo oficial se incluía cada vez más la figura de Catalina, asociada al 20 de junio, para debatir en clase sobre las desigualdades de género. En el portal nacional Educ.ar de ese mismo año, las actividades conmemorativas proponían trabajar con el alumnado las siguientes preguntas: “¿Por qué creen que no conocemos el nombre y la historia de María Catalina Echevarría? ¿Pasará lo mismo con otras mujeres? ¿Por qué?”. También decía: “En algunos textos María Catalina aparece solo con su apellido de soltera […] pero en otros se la nombra con su apellido de casada (de Vidal). ¿Ustedes cómo la nombrarían y por qué?”. Finalmente, se proponía a las y los alumnos que “escriban un discurso imaginando que, en el acto del 20 de junio, la historia de Catalina se cuenta a la par de la de Belgrano” (cit. en Ortemberg y Caminotti, 2022).

Al cumplirse 250 años del nacimiento y 200 años de su fallecimiento, el Gobierno nacional declaró el 2020 “Año del general Manuel Belgrano”. En un contexto de fuerte politización por las demandas de género, junto con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la expectativa feminista por la promesa del presidente Alberto Fernández (2019-2023) de apoyar la legalización de la IVE, distintos discursos buscaron instalar una imagen del prócer vinculada a estas reivindicaciones. El Ministerio de Cultura de la Nación publicó en su portal la nota titulada “Manuel Belgrano: su visión sobre el rol de la mujer y los pueblos originarios”. Tras destacar que Belgrano “conoció de cerca la capacidad heroica de mujeres y fue el único militar en nombrarlas capitanas de su Ejército”, la nota refiere los casos de Juana Azurduy, María Remedios del Valle y Martina Silva de Gurruchaga. Así, el heroísmo militar regresaba como valor a fin de destacar el papel de las mujeres en el proceso histórico. El mes de marzo, la figura de Catalina hizo su aparición encarnada por una actriz en el recital conmemorativo organizado por la Secretaría de Género y Derechos Humanos y la Secretaría de Cultura y Educación llevado a cabo en el anfiteatro municipal en el marco del Día Internacional de la Mujer. Asimismo, al día siguiente, el 9 de marzo, el Ministerio de Cultura subió a su portal oficial un texto con el título: “¿Quién fue Juana Azurduy y por qué es una heroína popular?” (Secretaría de Cultura, Ministerio de Capital Humano, 9 de marzo de 2020). Ambos episodios evidencian cómo operan los vasos comunicantes entre fechas particulares/transnacionales y fechas nacionales o patrias (si consideramos en ellas a sus personajes, símbolos y monumentos).

El 20 de marzo de ese año, el presidente Alberto Fernández decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y los programas conmemorativos para el bicentenario del 20 de junio debieron reducirse a una mínima expresión y al mundo virtual (paseos museísticos virtuales, grabaciones web, etc.) o bien directamente anularse. En el acto del 20 de junio realizado en forma presencial, sin gran público asistente, pero grabado para su proyección televisiva y vía web, el intendente Pablo Javkin (Partido Creo/Frente Progresista) arengó: “Que viva para siempre la unión. Que viva para siempre la unidad de la patria. Ese será nuestro mejor homenaje. ¡Arriba don Manuel Belgrano, arriba Catalina, arriba la celeste y blanca, arriba Argentina!” (La Capital, 20 de junio de 2020, cit. en Ortemberg y Caminotti, 2022) [subrayado nuestro]. En esa ocasión, el actor Martínez, nuevamente en el papel de Belgrano, se refirió a “todas, todos y todes”, apartándose del guion que no empleaba el lenguaje inclusivo. El uso del “todes” en la boca del prócer generó una intensa polémica. En primer lugar, “apareció la sociedad belgraniana cuestionando lo no fidedigno”, comentó el actor entrevistado para la investigación citada. Según señaló, lo que más le sorprendió del ataque en redes fue la gran presencia de jóvenes. Por su parte, muchos excombatientes, protagonistas en el acto, tampoco aprobaron el gesto asumido por el actor. A esas alturas, era notorio cómo los vasos comunicantes entre fechas se habían convertido en espacios de lucha complementarios, en este caso, por la igualdad de género. Colectivos LGBTIQ+, por su parte, escogieron el 28 de junio, Día del Orgullo, para izar la bandera del orgullo en plazas de algunas ciudades del país,18 lo cual no dejó de generar una reacción de hostigamiento por parte de algunos sectores conservadores.

Al año siguiente, para el 25 de Mayo, la cantante Evelina Sanzo entonó y grabó en Youtube el himno nacional por encargo del gobierno de la provincia de Santa Fe. La artista remplazó el verso “los libres del mundo” por “las libres”, y finalizó su versión cantando “o juremos con gloria vivir” (en lugar de “morir”). Sostuvo que había querido homenajear la sanción de la Ley IVE (en vigencia desde el 24 de enero de ese año) y también a las y los fallecidos por la pandemia de Covid-19. Eso no impidió que varios sectores reaccionaran al ver en ello un ultraje a los símbolos patrios (bandera e himno, al que debería sumarse el símbolo también sacralizado del prócer Belgrano). Por ejemplo, el periódico La Nación tituló: “Cambian en un acto la letra del himno nacional para incluir consignas feministas” (cit. en Ortemberg y Caminotti, 2022). En lo sucesivo, la fiesta belgraniana no dejará de mencionar y mostrar a Catalina (muchas veces a la par de Belgrano) en los momentos conmemorativos. Actualmente, esta tendencia parecería estar en jaque ante las políticas antifeministas del gobierno nacional de Javier Milei, como hemos mencionado anteriormente. Su gestión ha iniciado una cruzada cultural conservadora contra todas estas políticas que modifican órdenes tradicionales, visibilizan grupos subalternizados, ponen en agenda sus reclamos y, como parte de ellas, de a poco habían empezado a modificar las escenificaciones sacralizadas de la identidad nacional en el rito conmemorativo de las fiestas patrias.

2. Brasil, 2022: Brasil: 200 anos de (in)dependência. Para quem?

El bicentenario de la independencia del Brasil de 2022 se conmemoró en pleno año electoral, luego de la primera vuelta y antes del balotaje disputado entre el presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo cual imprimió un carácter extremadamente electoralista a la conmemoración. Sin embargo, para un análisis consistente sobre las formas que adoptó esta celebración, deberíamos comenzar por contextualizar los significados que tiene en Brasil el 7 de septiembre, Día da Patria.

El lugar social de la fecha patria de la independencia en Brasil posee muchos puntos en común, pero también grandes diferencias, con las formas de concebir y conmemorar efemérides análogas en los países hispanoamericanos. Mientras que en estos últimos las fechas patrias están asociadas, junto con los desfiles, a costumbres folklóricas, gastronómicas (locro, asado, etc.) y artísticas, el Dia da Patria en Brasil parece desde hace tiempo estar circunscripto al desfile cívico-militar y a los desfiles de fanfarrias escolares, sin aquella proyección cultural más extendida. Es tal vez el 2 de julio, Día de la Independencia del Brasil en Bahía, un festejo patrio que posee esos ingredientes identitarios múltiples y de arraigo extendidamente multiclasista, similar en estos sentidos a las conmemoraciones hispanoamericanas.19 Eso no significa que en la historia del 7 de Septiembre en los siglos XIX y XX, al igual que las fiestas hispanoamericanas, no haya tenido momentos de mayor o menor participación e involucramiento popular, tal como repasa en su estudio Kaori Kodama.20 Con estos recaudos para la comparación, el desfile del 7 de Septiembre, ciertamente, se presenta igualmente como un rito de escenificación de la identidad nacional. De hecho, en 1979, el antropólogo brasileño Roberto DaMatta publicó un clásico ensayo en el que sostenía que los valores que vertebraban la identidad brasileña podían definirse a partir de tres vértices rituales: el carnaval (fecha movible), el Día de la Virgen Aparecida (12 de octubre) y el desfile militar por el Día de la Independencia (7 de septiembre).

A fin de analizar formas de inclusión-exclusión de sectores sociales diversos en la conmemoración del bicentenario de 2022, decidimos centrarnos, por lo tanto, en el desfile cívico-militar tradicional ordenado por el Poder Ejecutivo, pero también en otras iniciativas de este Poder y de la Cámara de Diputados y de Senadores. Partimos de la premisa de que el Estado no es un ente monolítico, sino que sus distintos poderes y dependencias pueden tener sus propias agendas, en ocasiones en disonancia entre sí, por no mencionar nuevamente la heterogeneidad conmemorativa existente entre los gobiernos a nivel subnacional. Además de los actores estatales, el examen se detendrá en el contrafestejo conformado por una red nacional de movimientos sociales, partidos políticos de izquierda, sindicatos y activismos diversos, impulsado desde 1995 por sacerdotes católicos, llamado Grito de los Excluidos y Excluidas.21 Desde entonces, este conjunto de movimientos, que tomó ese nombre para contrastar con el Grito de Ipiranga estatal, convergen una vez al año,22 cada 7 de septiembre y expresan en distintas ciudades del país demandas de reformas sociales y eventualmente distribuyen alimentos a sectores vulnerables (fueron clave en el año de la pandemia). El sitio web oficial señala: “el Grito se propone superar un patriotismo pasivo en vistas de una ciudadanía activa y de participación, colaborando en la construcción de una nueva sociedad, justa, solidaria, plural y fraterna” (Grito dos Excluídos e Excluídas, s/f.) [trad. propia]. Para Ari Alberti, coordinador nacional del “Grito”, entrevistado en septiembre de 2022, la intención es cambiar “la cara de la semana de la patria, para que deje de ser un evento militar repetitivo y pase a ser la expresión plural de un movimiento ciudadano”. Las manifestaciones de este conjunto de movimientos en el año del bicentenario llevaron el lema Brasil: 200 anos de (in)dependência. Para quem?

Para dar mayor inteligibilidad a lo sucedido en el bicentenario 2022, conviene iniciar el análisis en los años precedentes, precisamente siete años atrás.23 Las multitudes opositoras que salieron a la calle en 2015 y 2016 a manifestarse a favor del impeachment contra Dilma Rousseff se identificaron con los colores nacionales verde-amarelho y el amarelho (característico de la camiseta de la selección de futbol), en contraste con el color vermelho de los manifestantes del Partido de los Trabajadores (PT) que salían en defensa de la presidenta. En 2017, luego de la destitución, un sector de productores rurales creó el Movimiento Verde e Amarelo para defender sus intereses corporativos y a la vez publicitar abiertamente la candidatura de Jair Bolsonaro, favorable al agronegocio (Criação do Movimento Brasil Verde e Amarelo, 16 de agosto de 2021). Durante el período presidencial de Bolsonaro (2018-2022), este movimiento participó activamente en las manifestaciones del 7 de septiembre, incluso en la movilización de tractores en rutas y ciudades. También se manifestaron en otras fechas nacionales, como el 21 de abril, Día de Tiradentes.24

Desde tiempos del impeachment, amplios sectores de opinión comenzaron a denunciar lo que llamaron “secuestro” de los símbolos patrios por parte de la derecha, llevado al paroxismo durante los años de Bolsonaro en combinación con el mesiánico eslogan “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”. En varios momentos el color rojo del PT intentó sin éxito combinarse con el verde-amarelo nacional, según comenta, Gilney Viana, exdiputado federal y militante del PT en una entrevista realizada en Brasilia el 9 de septiembre de 2022. Así, la polarización política se expresó durante estos años visualmente en una disputa por la bandera y sus colores. Desde el comienzo de su gobierno, Bolsonaro profundizó, ya no como candidato en campaña sino desde la jefatura de gobierno, el “secuestro” de los colores patrios al encontrar un dispositivo ideal para ello en el tradicional desfile cívico-militar del 7 de Septiembre.25 Con el fin de atraer simpatizantes, apuntalar su legitimidad y mostrar para ello su vínculo con las Fuerzas Armadas (es un exmilitar, como también su vicepresidente y parte del gabinete), convirtió el desfile patrio en un acto de adhesión política (desde el primer desfile de su gobierno pedía que los asistentes vistieran con camisetas verde-amarelas) (Mientras Bolsonaro participa de un desfile militar, los estudiantes se movilizan, 7 de septiembre de 2019) y, por momentos, en una potencial plataforma de acción golpista.

El 10 de agosto de 2021 Brasilia fue escenario de una exhibición de tanques y armamentos de la Marina en un desfile sin precedentes dirigido hacia la Explanada de los Ministerios. La ceremonia fue presidida por Bolsonaro y tuvo lugar el mismo día en que la Cámara de Diputados debía deliberar sobre el voto electrónico, rechazado por el presidente. El Poder Legislativo, y gran parte de la población, leyó esto como un mensaje de intimidación y amenaza a la democracia (Pignotti, 11 de agosto de 2021). El 28 del mismo mes el presidente declaró, como si fuera un mártir-mesías, que solo vislumbraba tres alternativas para su futuro: “estar preso, ser morto ou a vitória”, al enfrentar acusaciones del Supremo Tribunal Federal (STF) por difundir fake news. Con este antecedente, se temió que él y sus seguidores, en arreglo con las Fuerzas Armadas, utilizaran el desfile militar del 7 de septiembre de 2021 para efectuar un golpe de Estado.26 De hecho, algunos discursos oficialistas convocaban a tomar el STF, un acto semejante a la toma del Capitolio de enero de ese año.27

Llegado el día patrio, tuvieron lugar las manifestaciones bolsonaristas que portaban consignas antidemocráticas y anticonstitucionales y, al mismo tiempo, también salieron a la calle organizaciones antibolsonaristas en muchas ciudades de Brasil. A causa de la pandemia de Covid-19, por segundo año consecutivo no hubo desfile cívico-militar, apenas el izamiento de la bandera en el Palacio de la Alvorada, entonación del himno y una modesta maniobra de paracaidistas y elementos de guerra. Se trató de una conmemoración sin menciones al proceso independentista, con una extrema polarización de expresiones callejeras.

El presidente dio un primer un discurso en Brasilia frente a una inmensa masa de simpatizantes con camisetas amarelas y verde-amarelas en el que impugnó las resoluciones del STF que, según él, hacía peligrar la libertad. En su segundo discurso de ese día, pautado a las 14 h en la avenida Paulista (São Paulo), también frente a numerosos simpatizantes (muchos llegados desde otras partes del país), pidió la renuncia del ministro del STF, Alexandre de Moraes, y lo insultó llamándolo “canalla”. Exigió la “liberdade para os presos políticos” acusados de crimen de opinión. La masa repetía en coro: “Liberdade, liberdade, liberdade!”. El presidente también aseguró que dejaría de cumplir las decisiones emanadas de este funcionario, porque “não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas turve a nossa liberdade” (cit. en Ortemberg, 2022). De este modo, este 7 de Septiembre, Bolsonaro y los bolsonaristas “secuestraban” no solo el emblema nacional, sino también los conceptos de libertad, constitucionalidad y democracia, a tono con una operación cada vez más presente en partidos y movimientos reaccionarios en otros países.

La oposición al gobierno, señalamos, se manifestó en las calles de muchas ciudades de Brasil, con sus pancartas predominantemente rojas para expresar su rechazo a la avanzada contra la democracia y en respuesta a las políticas antipopulares del gobierno. Las pancartas lo acusaban de “genocida” y exigían un impeachment inmediato con la consigna “Fora Bolsonaro”. Ese día también se realizó la vigésima séptima edición del movimiento O Grito dos Excluidos e Excluidas, con el lema “¡Vida em primero lugar!”.

En el Vale do Anhangabaú, corazón de São Paulo, uno de los primeros oradoras y oradores de Grito dos Excluidos y Excluidas citó la Biblia para acusar de “genocida” a Bolsonaro, “aquel que secuestró el Palacio del Planalto”, porque “tira o pan do pobre” (ese día, como es habitual, hubo reparto de alimentos). Otro orador remarcó, orgulloso, que el pueblo continúa movilizado por la vacuna, por el empleo, contra el hambre y para mejorar las condiciones de vida, y por ello el grito era “¡Fora Bolsonaro!”. Exhortó al público bien fuerte “para que lo escuchen en la avenida Paulista”. Finalizó con aclamaciones: “¡Viva el pueblo negro!, ¡el pueblo indígena!, ¡viva el pueblo que está con hambre!” (Rede TVT, 7 de septiembre de 2021) [trad. propia]. En muchas otras ciudades del país hubo manifestaciones similares con miles de personas que portaban barbijo. En Belo Horizonte, por ejemplo, el color rojo se mezclaba con el violeta del activismo feminista contra la violencia de género y el arcoíris de algunas banderas del orgullo. La marcha al ritmo de batucadas ostentaba pancartas que denunciaban la pérdida de derechos de “as classes trabalhadoras”, el hambre, el desempleo y la falta de vivienda digna de los sectores más desfavorecidos (Sind-REDE, 8 de septiembre de 2021).

En ese polarizado 7 de Septiembre también comenzaron a llegar a Brasilia miles de mujeres de más de 150 pueblos originarios, para acampar frente a los edificios de gobierno en el marco de la “Segunda Marcha das Mulheres Indígenas” (del 7 al 11 de septiembre). La acción fue convocada por la Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (Anmiga).28 Uno de sus objetivos más urgentes era presionar a los gobernantes, especialmente al STF, para que en esos días no avanzaran con la tesis jurídica del “marco temporal”, apoyada por los productores rurales (Pajolla, 7 de septiembre de 2021). Christiane Julião, una de las organizadoras de la marcha, declaró a la prensa que los pueblos originarios no tienen mucho para celebrar ese día patrio y, tal como declaró a Brasil de Fato, “eu não sei qual independência o Brasil busca, se vive numa represa colonialista, represado psicologicamente e afetuosamente num sistema patriarcal e não sabem o que é realmente liberdade. Não sabem” (Pajolla, 7 de septiembre de 2021). Muchas mujeres en el acampe fueron víctimas de insultos racistas y sexistas por parte de algunas personas que asistieron para mostrar su apoyo al presidente Jair Bolsonaro.

Las experiencias observadas en la celebración del 7 de Septiembre de 2021 dieron la pauta de los temores y esperanzas puestos en la conmemoración del bicentenario de la independencia del año siguiente. En comparación con otros bicentenarios latinoamericanos, el ejecutivo brasileño no concentró energías en coordinar acciones conmemorativas con los estados (unidades subnacionales) ni proyectó grandes festejos, más allá de participar de la acostumbrada (y ahora “secuestrada”) parada militar con una deliberada utilización de la fecha como plataforma electoral, en vísperas de un reñido balotaje pautado para el 2 de octubre. Bolsonaro apenas impulsó iniciativas conmemorativas puntuales, como pedir prestado a Portugal el corazón en formol de Don Pedro I por unos días para exhibirlo en Brasilia (CanalGov, 22 de agosto de 2022; Constenla y Galarraga Gortázar, 25 de junio de 2022). La simbología se apoyaba en una narrativa tradicional de la independencia, centrada en la supuesta épica del monarca a orillas del río Ipiranga, es decir, una idea de la independencia como fruto de la decisión individual emanada de la autoridad máxima, encarnada en un varón blanco y aristócrata. La reliquia fue recibida con un ceremonial de Estado, que contó con la participación de regimientos históricos, bandas militares y disparos de artillería. El presidente encabezó la recepción desde una tribuna, acompañado por su mujer y rodeado de niñas y niños que agitaban banderitas de Brasil (CanalGov, 23 de agosto de 2022).

En 2022, registré directamente el desarrollo del desfile cívico-militar del 7 de Septiembre por el bicentenario en Brasilia, observación directa que se suma a las entrevistas, notas de prensa y registros audiovisuales en YouTube.29 Ese día, Jair Bolsonaro se mostró en la tribuna junto a un empresario incondicional y, más allá, los presidentes de Portugal, Guinea-Bisáu y Cabo Verde. No asistieron las autoridades de ambas Cámaras ni jueces del STF, como tampoco expresidentes, lo cual dejaba en evidencia el aislamiento institucional del Ejecutivo. Concluido el desfile, el primer mandatario se sacó la banda presidencial y subió a un camión de sonido contiguo para dar un discurso de campaña. Señaló que estaba en juego una lucha del bien contra el mal y utilizó a su mujer para realzar su propia virilidad. El público del desfile-campaña componía un paisaje de personas mayormente blancas y en grupos familiares, o parejas heteronormativas, con camisetas amarillas. Los conceptos vertidos por el presidente en su discurso de candidato podían verse replicados en frases estampadas en camisetas, objetos, símbolos y cánticos de la multitud exultante y feliz: culto marcial, discurso de guerra del bien contra el mal (el comunismo), antiaborto, anti “ideología” de género, ataque a la prensa crítica, celebración de la elite empresarial y ruralista y machismo desbordante.

A diferencia del 7 de Septiembre anterior, esta vez el presidente evitó atacar el STF, aunque no faltaron alusiones en este sentido en el público. Desplegada al final del desfile por un grupo de señoras de edades diversas, apareció una pancarta que decía: “Presidente, acione as FA. do Brasil para colocar orden nesse país!”. No podemos dejar de encontrar similitudes con el movimiento “Marcha de Familia con Deus pela Liberdade”, también encabezado por mujeres (la cual exigía, en 1964, la destitución de João Goulart). Este mensaje también había aparecido entre las primeras manifestaciones que reclamaban el impeachment contra Dilma Rousseff en 2015. Más tarde, Bolsonaro dio otro discurso de campaña en Rio de Janeiro frente a miles de simpatizantes.

La relación del bicentenario con la dictadura iniciada en 1964 no se redujo a la aparición de esa pancarta. Por la mañana, el jefe de Estado había invitado a un desayuno de honor a sus ministros, con un breve discurso en el que por única vez en toda la jornada conmemorativa hizo referencia a la historia. Sus palabras fueron: “Queria dizer que o Brasil já passou por momentos difíceis, mas por momentos bons: 22, 65, 64, 16, 18 e agora 22. A história pode se repetir, o bom sempre venceu o mau” (Bolsonaro diz que o “bem sempre vence o mal” ao citar rupturas e eleição, 7 de septiembre de 2022). Además, la exhibición del corazón de Pedro I en aquellos días mostraba una afinidad electiva con la ceremonia de repatriación de su cuerpo en la conmemoración del sesquicentenario de la independencia organizada por la dictadura militar.30

Ese mismo día volvieron a manifestarse en numerosas ciudades del país grupos pastorales, agrupaciones de izquierda y movimientos sociales alineados en el Grito dos Excluidos y Excluidas.31 En São Paulo, por ejemplo, la jornada comenzó con un desayuno ofrecido a los sin techo en Praça da Se. En Rio de Janeiro, integrantes de movimientos sociales, colectivos, pastorales y sindicatos marcharon desde el centro hasta la zona portuaria para recordar, allí, a las personas esclavizadas que desembarcaron en Brasil durante siglos y para quienes no significó un cambio la independencia. En el homenaje se leyó la “Carta de los excluidos” (Máximo, Maciely Nitahara, 8 de septiembre de 2022). Entrevistada por la periodista Gabriela Moncau, Ângela Guimarães, presidenta da União de Negras e Negros pela Igualdade UNEGRO e integrante de la Coalizão Negra por Direitos, dio su interpretación sobre el bicentenario: “É simbólico que a gente esteja realizando o Grito no momento mais grave que o país vive desde a sua redemocratização. Questionar e refletir sobre as bases fundantes da nação brasileira tem muito a ver com o que a gente está vivendo” (Moncau, 1º de septiembre de 2022).

En esta edición tan especial del Grito de los Excluidos y Excluidas fue necesario evitar el miedo creciente y, sobre todo, eludir los espacios donde se concentraban las multitudes simpatizantes del presidente. Según el padre Alfredo José Gonçalves (“Pe Alfredinho”), uno de los coordinadores a nivel nacional del Grito, esta vez había que vencer el miedo y evitar la confrontación escogiendo lugares alternativos en las ciudades (Entrevista, 26 de septiembre de 2022). Por ejemplo, en Belo Horizonte, el Grito se manifestó en la periferia para evitar encontrarse con los simpatizantes del presidente concentrados en el centro (Lopes, 3 de septiembre de 2022). Las marchas no se circunscribieron a las ciudades del sur y sudeste del país (aunque en Brasilia no se realizó; apenas hubo una pequeña manifestación de protesta universitaria alejada del centro político) (Rede TVT, 7 de septiembre de 2022). Con todo, predominó la orientación del PT de no disputarle la calle a las masas bolsonaristas y evitar, así, la confrontación vivida en 2021 (Falcão, 8 de agosto de 2022; Oliveira, 5 de septiembre de 2022). En aquellos días, las encuestas daban una ligera ventaja a Lula.

No obstante, las acciones conmemorativas por el bicentenario impulsadas por el Estado brasileño no se redujeron al desfile cívico-militar (“secuestrado” por el presidente y sus simpatizantes) o la exhibición del corazón de Pedro I. El evento motivó diversas publicaciones, exposiciones, seminarios, recursos pedagógicos y encuentros, iniciados con años de anticipación, en todos los ministerios, poderes estaduales, institutos y universidades. La narrativa tradicional de la independencia expuesta por el Poder Ejecutivo se pareció a las propuestas de exposiciones y editoriales emanadas por la Comisión Bicentenario de la Cámara de Diputados (creada en 2019).32 En contraste con ellas, la Comisión Bicentenario del Senado se caracterizó por difundir en exposiciones, encuentros y publicaciones una narrativa en sintonía con las perspectivas historiográficas más actuales que visibilizan el papel de los sectores populares, las mujeres, poblaciones originarias y afrodescendientes en la independencia, entendida como un proceso que se extiende regional y temporalmente más allá del mítico episodio del Grito de Ipiranga en São Paulo. Estos cambios de énfasis, temas e interpretaciones en las historiografías de las independencias vienen resultando cada vez más notorios en el orbe latinoamericano desde los bicentenarios en torno al año 2010.33 En este caso, la Comisión del Senado (creada en 2019) trabajó con parcerias de universidades del país y con asesoramiento de historiadores profesionales como, por ejemplo, Heloisa Starling, para la edición de textos, dictado de seminarios abiertos y realización de muestras itinerantes que invitaban a la interacción de públicos diversos en varias ciudades del país.34 Así, en el seno de los poderes del Estado nacional hubo una colisión de narrativas sobre la independencia, y en cada una, un lugar diferente asignado a los grupos marginalizados.

Pero si el 7 de Septiembre está asociado comúnmente con lo militar y con los estados de São Paulo y Rio de Janeiro (excapital del Imperio y la República hasta 1960), la narrativa que recupera la participación popular de afrodescendientes, indígenas y mestizas/os y el papel de las regiones se acomoda más con la celebración del 2 de Julio, Día de la Independencia del Brasil en Bahía. Tanto el acontecimiento histórico como la historia de esta conmemoración dan cuenta de esta participación popular racializada y con valorización de personajes femeninos. Asimismo, es en el nordeste del país donde Lula tiene mayores simpatizantes, con una gran población afrodescendiente. En 2024, ya como presidente en ejercicio, Lula propuso que el 2 de julio fuera declarado segundo feriado nacional, después del 7 de septiembre, con la siguiente justificación:

Tem a independência que foi o grito do imperador, que a gente nem sabe se deu o grito mesmo […] Mas nós tivemos a verdadeira independência do Brasil, que foi o resultado final da expulsão dos últimos portugueses em 2 de julho em Salvador, na Bahia. Ali houve luta e houve mulheres heroínas. Muitas mulheres que lutaram para garantir a independencia (Lula diz que pretende transformar o 2 de Julho em 2ª data oficial da independência brasileira, 5 de julio de 2024).35

En fin, las batallas conmemorativas concentran distintas líneas de disputas políticas para la representación del rostro de la nación. También, durante 2024 se reanudaron los intentos para revertir el “secuestro” bolsonarista de los colores nacionales. Esta vez, la iniciativa no provino del PT. A raíz de la fecha particular/internacional del 28 de junio, Día del Orgullo LGBTIQ+, para la marcha de São Paulo programada para octubre (una de las mayores del mundo) circuló la propuesta de reapropiarse de los colores verde-amarelo (La marcha del orgullo LGTBIQ+ de São Paulo se “reapropia” de la bandera de Brasil, 2 de junio de 2024; Marcha LGBTQ+ “recupera” los colores de la bandera de Brasil, 3 de junio de 2024). Esto evidencia, una vez más, las dinámicas que adoptan las luchas mediante vasos comunicantes entre conmemoraciones particulares/internacionales y las efemérides nacionales con sus emblemas asociados.

3. México, 2021: incluidas/os y excluidas/os de la “cuarta transformación”

El año 2010, al igual que el caso argentino, también fue para México el momento de su gran celebración por el bicentenario del “inicio” de la independencia (16 de septiembre), al que se le añadió el centenario de la Revolución mexicana (20 de noviembre).36 Si el centenario del inicio de la insurgencia fue celebrado por el gobierno conservador de Porfirio Díaz, el centenario de la llamada “consumación” de la independencia protagonizada por el conservador Agustín de Iturbide fue conmemorado bajo el gobierno revolucionario de Álvaro Obregón en 1921 (Lempérière, 1995). La ironía pareció presentarse nuevamente en los bicentenarios: la Insurgencia (¡y la revolución!) debió ser conmemorada por el gobierno conservador del Partido Acción Nacional (PAN) de Felipe Calderón (FP), mientras que la “consumación” tocó ser celebrada durante el gobierno centroizquierdista de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A diferencia del caso argentino, el bicentenario mexicano de 2010 fue objeto de caudalosas críticas por distintas razones: desde el polémico gasto para la construcción de la “Estela de Luz” hasta la dificultad del público para comprender la identidad del “Coloso” (escultura gigante móvil que representaba a un revolucionario). No faltaron, incluso, algunos sabotajes al programa festivo estatal.37 Si bien la conmemoración contemplaba representaciones de pueblos indígenas y una preocupación por la agenda de género en la construcción de la nación (sobre todo con textos en portales web y exposiciones), al igual que en el caso argentino, hubo importantes contrafestejos en los que diversos actores expusieron su propia voz para expresar sus demandas y, de ese modo, proyectar el rostro deseado para la nación celebrada.38 Vargas Álvarez analiza la variedad de esos “otros bicentenarios” o conmemoraciones disidentes, como la de los indígenas coca de Mezcala (Jalisco), los festejos-reclamos de los maestros en Chilpancingo (Guerrero) o la realización de la 1ra Asamblea latinoamericana de las voces de los pueblos “El otro bicentenario”: visiones indígenas de futuro (Ciudad de México) (Vargas Álvarez, 2018, pp. 97-104).

Aquella asamblea fue organizada por la Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México, Asociación Civil (creada en 2006), junto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estaba integrada por investigadores e investigadoras indígenas mexicanas con el objetivo de que los pueblos indígenas se apropiaran de los saberes académicos: “más que festejar buscamos […] conjuntar e idear estrategias de lucha y reflexión en nuestras historias y destacar la memoria de nuestros pueblos en nuestro futuro andar” (Méndez Torres et al., 2013, p. 12).

En esta asamblea se evidencia una vez más el vínculo de la fecha nacional con un reclamo particular/internacional, pues en las mesas de debate y otras actividades participaron representantes de pueblos originarios de México, Ecuador y Guatemala. En el evento quedaba cada vez más expuesta la importancia de la interseccionalidad,39 aunque todavía con limitaciones, pues, si bien desde 1997 existía el movimiento México Negro (fundado por el exdiputado afromexicano Sergio Peñaloza Pérez), aún la población afrodescendiente en México resultaba extremadamente invisibilizada en los festejos y antifestejos mexicanos de 2010. En su nota de aquel año, “Afromexicanos, olvidados por 200 años”, el periodista Aberto Nájar (s/f) señalaba que comunidades afromexicanas como la de Melchor Múzquiz, Coahuila, preferían celebrar el 19 de junio, Día de la Abolición de la Esclavitud para los Negros Moscongos, antes que el 16 de septiembre. Asimismo, afirmaba que no había todavía en México siquiera estadísticas gubernamentales confiables para conocer su volumen. En una entrevista del 23 de agosto de 2024 Peñaloza mencionaba la dificultad que tuvo el movimiento, por ejemplo, para hacer valorar e incluir las danzas afromexicanas en festivales artísticos tradicionales.

Un elemento central del festejo patrio mexicano es la arenga que dan los presidentes desde el balcón del Palacio Nacional cada 15 de septiembre por la noche, conocido como el “Grito”, en homenaje al “Grito de Dolores”, del cura Hidalgo, con el que supuestamente convocó a la insurgencia. Miles de personas asisten a la ceremonia en el Zócalo, a veces para avalar al mandatario y, en ocasiones, son grupos de protesta que quieren “comunicarle” su disgusto. Cada presidente ha sabido poner su sello en la arenga ritual. Según AMLO, su derrota en las elecciones presidenciales de 2006 se debió al fraude, por lo tanto, se consideraba “presidente legítimo” y, como tal, dio sus propios “Gritos” alternativos en varias ocasiones, incluso en 2008 lo dio en el mismo Zócalo dos horas antes del presidente en ejercicio. Así, un rito propio de la fecha patria adquirió un alto valor proselitista para el arco opositor de izquierda. En su primer “Grito” de 2007 dado en Oaxaca, AMLO arengó: “¡Abajo los privilegios, vivan los indígenas!” (¿Cómo han sido los otros Gritos de Independencia de AMLO?, 17 de septiembre de 2019). Por primera vez un “Grito” mencionaba a los indígenas, aun cuando no se tratase de un presidente en funciones. A partir de ese año, incluyó en sus frases a los migrantes, campesinos, obreros y otros actores. En el bicentenario de 2010 pronunció el “Grito” en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, de la siguiente manera:

¡Vivan los indígenas! ¡Vivan los campesinos! ¡Vivan los obreros! ¡Vivan los migrantes! ¡Vivan los artistas! ¡Vivan los maestros! ¡Vivan los profesionistas! ¡Vivan los jóvenes! ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan los dirigentes sociales y políticos asesinados o desaparecidos por defender las causas populares! (¿Cómo han sido los otros Gritos de Independencia de AMLO?, 17 de septiembre de 2019).

El contraste con el “Grito” oficial de Felipe Calderón fue notorio, quien se ajustó a una arenga tradicional, sin grandes añadidos:

¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Vivan Aldana y Matamoros! ¡Viva la Independencia nacional! ¡Viva el Bicentenario de la Independencia! ¡Viva el Centenario de la Revolución! ¡Viva México! (tres veces) (dfn, 20 de julio de 2020).

Cuando fue electo presidente en 2018, AMLO reforzó un discurso legitimador a partir de un proyecto de futuro anclado en una determinada interpretación del pasado nacional que se reduce a la lucha entre los de arriba y los de abajo (Perochena y Villalobos, 2024). Se asumió como el gobierno de la “cuarta transformación”, porque vendría a completar teleológicamente a favor del pueblo, las transformaciones anteriores: la primera, la independencia política; la segunda, la reforma liberal; y la tercera, la revolución contra la autocracia de Porfirio Díaz (¿Qué es la cuarta transformación en México y qué plantea?, 2 de febrero de 2024).40 Este relato se vio reflejado en una intensa preocupación del presidente por las conmemoraciones nacionales (a los primeros meses de asumir organizó la conmemoración de la Revolución con un despliegue poco frecuente).

Los “Gritos” de AMLO en campaña, ampliamente inclusivos, continuaron con la misma tónica como presidente legal. El día patrio de 2019 también incluyó a los pueblos indígenas en otro momento de la conmemoración, ya no solo como representados (hablados por), sino como participantes directos. Para la ocasión, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) anunciaba la participación de la orquesta del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (CECAM) integrada por artistas indígenas:

Como parte del reconocimiento que el Gobierno de México hace a la participación de los pueblos indígenas en la historia nacional, la Banda se presentará este 15 de septiembre en la Plaza de la Constitución, durante la Ceremonia Presidencial Conmemorativa por el CCIX Aniversario de la Independencia de México, en la que representará a los pueblos indígenas del país (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 15 de septiembre de 2019).

Entrevistada en julio de 2022, María Celeste Sánchez Sugía, primera senadora afromexicana en la historia de México (2020-2022), comentaba que muchas personas que forman parte del activismo afrodescendiente suelen estar pendientes de las arengas del “Grito” de AMLO, pero se decepcionan al no escucharse mencionados por el presidente (aunque, desde hace un tiempo, la arenga incluye vivas por Vicente Guerrero, oficialmente reconocido hoy como afrodescendiente) (Entrevista a Sánchez Sugía, 9 de agosto de 2024). El “Grito” del 15 de septiembre de ese año, el presidente volvió a romper el formato de la arenga para gritar tres “mueras”: a la corrupción, al clasismo y al racismo (esto último abarca tanto a las poblaciones indígenas como a las afrodescendientes) (Grito de Independencia de 2022: Así se vivió el cuarto grito de AMLO en el Zócalo capitalino, 16 de septiembre de 2022). En los dos últimos años de su sexenio, agregó “mueras” a la discriminación. Sin embargo, según la exsenadora, el movimiento se pregunta “¿dónde estamos nosotros?”.

En este punto retomamos el interrogante sobre si los activismos se proponen, como estrategia, intentar modificar o incidir de algún modo en los ritos más sacralizados de las fiestas patrias con el fin de cambiar el rostro de la nación, o si priorizan la estrategia de visibilizar la lucha en y por fechas particulares/internacionales. A lo largo de estas páginas hemos visto los posibles vasos comunicantes entre ambas estrategias. En el caso del movimiento negro (tal como definen sus integrantes a un conjunto de asociaciones, organizaciones y activismos afromexicanos), las energías al menos en 2022 estaban sobre todo puestas en establecer una fecha particular nacional de la afromexicanidad (Entrevista a Sánchez Sugía, 9 de agosto de 2024). Sánchez Sugía reconoce que, durante la administración de AMLO, el activismo afrodescendiente en México obtuvo dos importantes logros por los que batallaba hacía tiempo: el reconocimiento constitucional en 2019, con el agregado del inciso C al artículo 2, y la inclusión de esta población en el censo de 2020 (2% de las personas del país es afromexicana) (Celeste Sánchez y la lucha por el reconocimiento legal de las poblaciones afromexicanas, 31 de agosto de 2021). Las acciones afirmativas, otro triunfo del movimiento, comenzaron en 2021, con el ingreso como diputado de Sergio Peñaloza Pérez (fundador en 1997 de la Asociación México Negro) y su posterior relevo por la diputada Rosa María Castro Salinas (fundadora de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca y de la Cátedra Itinerante de Mujeres Afromexicanas), ambos de MORENA.

Aunque los “Gritos” de AMLO arenga vivas “a las mujeres”, nunca hizo alusión a las diversidades sexuales. Si en los primeros “Gritos”, el mandatario mencionaba a “los héroes anónimos”, en el último arengó vivas por “las heroínas y héroes anónimos” (Tapia Sandoval, 16 de septiembre de 2024). Entonces ya había sido electa presidenta su sucesora, Claudia Sheinbaum, quien en su etapa de jefa de gobierno de la Ciudad de México, impulsó la construcción del conjunto escultórico “Paseo de las Heroínas”, en la avenida Paseo de la Reforma, un proyecto iniciado en 2020 e inaugurado oficialmente el 5 de marzo de 2023 con asistencia de cinco gobernadoras.41 No obstante, son muchas las voces de mujeres activistas que cuestionan la insuficiencia de estas expresiones simbólicas frente a la ineficiencia de las políticas para combatir los femicidios y la violencia de género. En 2021, así lo exponía Lucía Melgar, investigadora de la UNAM, especialista en estudios de género, cuando fue entrevistada por Mario Carbonell para France24 a raíz de la conmemoración del bicentenario de la consumación de la independencia:

Por más que haya este tipo de gestos (como el Paseo escultórico de las heroínas), o que haya paridad en el Congreso, o que haya unas cuantas secretarias de Estado, pues finalmente es una cáscara vacía estas estatuas. Porque no están cambiando, no están yendo junto con un cambio para la mejoría de la vida de las mujeres (Carbonell, 15 de septiembre de 2021).

El 27 de septiembre de 2021 AMLO debió celebrar el bicentenario de la consumación de la independencia. Si por la mañana defenestró en sus Mañaneras la figura de Agustín de Iturbide, tradicional símbolo del conservadurismo, por la noche asistió a la conmemoración espectacular en el Zócalo que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en la que Iturbide era uno de los protagonistas más importantes.42 Sin embargo, esta conmemoración quedó diluida en otras 15 “conmemoraciones emblemáticas” para ese año, de espíritu indigenista y federal (y con los debidos recaudos por la pandemia de Covid-19 que todavía azotaba al planeta), acorde con el discurso de AMLO. De hecho, en septiembre de 2020, el presidente decretó que 2021 sería el “Año de la independencia y la grandeza de México” (Secretaría de Cultura, 30 de septiembre de 2020). Tres meses después, tal como mencionamos en la introducción, emitió el decreto que rebautizó el 12 de octubre como Día de la Nación Pluricultural. La programación para el 2021 estuvo a cargo de la Coordinación Nacional Memoria Histórica y Nacional, un organismo creado por iniciativa del mandatario y presidido por la investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa; pero funcionó solamente tres años.43 Además del 27 de Septiembre, sobresalieron los 500 años rebautizados como de “Resistencia indígena”, los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan (una fecha discutida por historiadores) y una serie de ceremonias de pedido de perdón por agravios a pueblos indígenas y a la comunidad china por parte del presidente en nombre del Estado mexicano (con el polémico intento previo de que el rey de España y la Iglesia católica hicieran lo propio).44

La primera de las conmemoraciones se realizó en Culiápam de Guerrero (Oaxaca) el 14 de febrero, por el 190 aniversario del fusilamiento del presidente afromexicano Vicente Guerrero. La exsenadora Sánchez Sugía valora el hecho de que, en los últimos años, de manera institucional, cada vez que se lo recuerda por su natalicio o año de su muerte se hace explícito su origen afrodescendiente (Entrevista a Sánchez Sugía, 9 de agosto de 2024). Su exasesor, Sergio Ramírez Caloca, subraya la importancia de recuperar este prócer nacional para el activismo afromexicano, pues no solo, sostiene, debe recordárselo como insurgente, sino también como el presidente que decretó la abolición de la esclavitud (sin desconocer el bando previo emitido por Hidalgo).

El evento en Culiapám de Guerrero tuvo un público mínimo, con barbijo y aislamiento personal por los protocolos debidos a la pandemia de Covid-19. Además del discurso de AMLO y de los gobernadores de los estados de Oaxaca y Guerrero, subió al presídium como orador Martin Luther King III, hijo del conocido defensor de los derechos afrodescendientes en Estados Unidos, invitado por el gobierno para la ceremonia (El hijo de Martin Luther King estará presente en la conmemoración dedicada a Vicente Guerrero, 11 de febrero de 2021; López Obrador, 14 de febrero de 2021). Ramírez Caloca lamenta que si bien fueron invitados activistas afromexicanos, estos no fueron convocados para la lista de oradores (ni tampoco hubo mención al movimiento en la ceremonia). Según él, “esto habla de su [referido a AMLO] desvinculación con la comunidad. Esto es muy recurrente. Hacen actos, pero no los conectan con las comunidades” (Entrevista, 9 de septiembre de 2024).

Vargas Álvarez advirtió esta desconexión en su análisis de la conmemoración del 13 de mayo en la Ciudad de México, por los siete siglos de México-Tenochtitlan, y también en la del 13 de agosto, por los 500 años de resistencia indígena. Si bien en la primera participaron varios representantes de pueblos indígenas, los cuales obsequiaron una ofrenda floral a AMLO, y un coro infantil cantó el himno nacional en náhuatl, ninguno de ellos tuvo lugar en el listado de oradores. En la segunda conmemoración estuvieron como invitadas de honor lideresas indígenas de Estados Unidos y Canadá, pero no mexicanas (Vargas Álvarez, 2023).

En el “Año de la independencia y la grandeza de México”, el presidente incluyó, como indicamos, tres ceremonias de perdón estatal dirigidas a los pueblos yaqui y maya y a la comunidad china, por agravios cometidos en el pasado. La primera fue acompañada de la firma para implementar también reparaciones materiales: el otorgamiento de tierras, el acceso al agua y la asignación de presupuesto para acciones integrales de bienestar. Las dedicadas al pueblo maya, en cambio, generaron divisiones en y entre pueblos, tal como analizó Verdú Sánchez. El argumento común de rechazo sostenía que el perdón institucional no servía de nada si no iba acompañado de otras reparaciones y, en particular, afirmaban unos sectores, si no se detenían los megaproyectos empresariales, como la construcción del Tren Maya,45 obra defendida por el presidente (Verdú Sánchez, 2023).

La impugnación a la conmemoración indigenista de AMLO también tuvo ese año festejos alternativos a los estatales, organizados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) asociado con el Concejo Indígena de Gobierno, el Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra y el Agua y el Congreso Nacional Indígena. Para los 500 años de resistencia indígena, decidieron realizar un viaje en barco a Europa, en una suerte de contraconquista, con especial participación de mujeres indígenas, un programa al que añadieron un desfile de carrozas en el centro de Madrid. El objetivo era denunciar el colonialismo vigente y el flagelo del capitalismo transnacional en los territorios indígenas, además de establecer canales de encuentro con otras resistencias anticapitalistas en el Viejo Mundo (Vargas Álvarez, 2023). En un comunicado afirmaban que iban a decirle al pueblo de España “que no nos conquistaron. Que seguimos en resistencia y rebeldía. Dos: Que no tienen por qué pedir que les perdonemos nada”46.

Conclusiones: líneas de comparación en una agenda abierta

El desarrollo de este trabajo permitió problematizar los modos en que los grupos históricamente subalternizados en los relatos dominantes de la identidad nacional son representados o participan en los festejos oficiales de los bicentenarios patrios más recientes en Argentina, Brasil y México, o bien las formas en que estos grupos ignoran o impulsan contrafestejos. Esa representación o participación (o participación alternativa, con o sin impugnación del festejo estatal) en cada coyuntura, puede ilustrar sobre la relación entre los gobiernos y las luchas por la visibilidad y la ampliación de derechos de movimientos, asociaciones y colectivos definidos por sus identidades de género, étnicas y racializadas. Por ello examinamos lo que concebimos como vasos comunicantes entre la conmemoración de fechas particulares (nacionales e internacionales) y las fechas patrias tradicionales. Los gobiernos y movimientos sociales tienen momentos de mayor o menor encuentro-desencuentro, y la forma de esa relación también se modela en el terreno simbólico de las conmemoraciones, de modo que las posibles referencias al pasado (personajes y acontecimientos) siempre constituyen una acción política del presente. Es en los momentos de mayor encuentro entre los activismos con las políticas conmemorativas estatales (relacionadas no linealmente con las políticas sociales de otro orden) cuando la fiesta patria asume mayores transformaciones en beneficio de la inclusión de sectores subalternizados. Pero esto no ocurre, sin embargo, de la misma manera en cada país y en cada coyuntura.

Para comprender las dinámicas de la inclusión/exclusión en la conmemoración del bicentenario belgraniano argentino de 2020, el de la consumación de la independencia mexicana de 2021 y el de la independencia brasileña de 2022 emprendimos, en primer término, una comparación diacrónica entre festejos patrios (de la misma fecha y de otras asociadas a las independencias) dentro de cada país: para los casos argentino y mexicano, nos remontamos a sendos bicentenarios de 2010, mientras que para el caso brasileño comenzamos con el contexto del impeachment contra Dilma Rousseff en 2015. En los tres casos extendimos las cronologías para mencionar algunos cambios significativos ocurridos en los festejos inmediatamente posteriores; en el caso mexicano, llegamos hasta el momento de escritura de este trabajo (inicios de 2025). Por lo tanto, la comparación (casi) sincrónica entre los tres países implicó el análisis de tres procesos antes que la descripción de tres “fotografías”.

En los tres casos, los bicentenarios estudiados se inscriben en procesos políticos de gobiernos que se presentan como refundacionales, carácter que no deja de tener su expresión también en las políticas conmemorativas. Esto refuerza una idea sobre la que insisto en varios trabajos ya publicados: una conmemoración suele remitir más (por contraste o continuidad) a una conmemoración anterior antes que al acontecimiento conmemorado. El caso argentino es donde se evidencia con mayor claridad este supuesto: el bicentenario de 2010 se contrastó con el centenario de 1910, y el bicentenario de 2016 se contrastó con el de 2010, y el juego de espejos se reiteró en las dos administraciones siguientes. El modo de celebrar las fiestas patrias por parte de la actual gestión confirma ese péndulo, pero ahora con una órbita cada vez más corrida a posiciones ideológicas cada vez más a la derecha y en el marco de lo que el gobierno y sus adeptos denominan “batalla cultural”. Especialmente empecinado en destruir las conquistas del movimiento de mujeres y de los colectivos de la diversidad sexual, el gobierno de Javier Milei arrasa tanto con las fechas particulares (nacionales e internacionales) mediante, por ejemplo, la resignificación reaccionaria del 8 de Marzo, o, en general, frente a las formas de escenificar la inclusión en las fiestas patrias durante los gobiernos kirchneristas. El juego de contrastes emprendido por el actual gobierno aparece condensado en el posteo de Agustín Romo (diputado, líder del bloque oficialista en la Cámara de la Provincia de Buenos Aires) en su cuenta de la red social X a propósito del impresionante desfile militar realizado en Buenos Aires por el 9 de Julio, que había sido restituido previamente durante la administración de Mauricio Macri y ahora es recuperado (y amplificado) por el gobierno de Milei: “Qué lindo ver un acto patrio con bandas militares, granaderos, el Ejército, la Fuerza Aérea y los héroes de Malvinas. Al fin dejamos atrás los desfiles de travestis comunistas y faloperos” (Romo, 9 de julio de 2024).47

En Brasil, el contraste entre las políticas conmemorativas estatales se evidenció con la llegada a la presidencia de Jair Bolsonaro en 2018, donde el desfile cívico-militar y los colores patrios, con apoyo en un proceso previo iniciado en 2015 en las calles, fue “secuestrado” por esa nueva derecha, ahora, desde el Estado. Así, el bicentenario de 2022 fue devorado por la coyuntura electoral en medio de la definición de un balotaje que enfrentaba dos proyectos de país antagónicos. El presidente en ejercicio, con leve desventaja en las encuestas, convirtió la conmemoración en un evento de campaña, sin referencias a la historia de la independencia, más allá de un breve discurso dedicado a sus ministros por la mañana, en el que comparaba los desafíos de la coyuntura con el año del golpe militar de 1964. Desde 1995, el Grito de los Excluidos y Excluidas contrasta con el Grito de Ipiranga en cada Día de la Patria. Durante la administración de Bolsonaro esta manifestación adquirió un intenso protagonismo en su vocación de reunir un conjunto de movimientos, partidos, sindicatos, asociaciones y colectivos que levantaran la consigna de “¡Fora Bolsonaro!”. Entretanto, en el arco opositor crecía el miedo de que el gobierno utilizara las fechas patrias y el despliegue militar para efectuar un autogolpe.48 Con el cambio de gobierno, Lula propuso que se elevara el popular 2 de Julio, Día de la Independencia del Brasil en Bahía, a segundo feriado nacional, para horadar, de esta manera, la exclusividad del tradicional 7 de Septiembre, donde la inclusión de las diversidades está más limitada por la centralidad del desfile cívico-militar. A diferencia del caso argentino, sin embargo, la continuidad de este tipo de desfile (acto principal del 7 de Septiembre estatal) nunca fue puesto en entredicho por los gobiernos, por más contrastantes que fueran. El caso brasileño permite, a su vez, ratificar la importancia metodológica de evitar concebir el Estado como bloque homogéneo, pues el bicentenario estudiado evidenció una colisión de narrativas sobre la independencia y, por ende, sobre la relevancia de observar las disputas que existen también dentro de las instituciones de gobierno por la definición del rostro de la nación. Así lo demostraron las disímiles lecturas del pasado y las iniciativas conmemorativas propuestas por el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados con respecto a las impulsadas por el Senado Federal.

El bicentenario de la consumación de la independencia fue celebrado por el gobierno de AMLO en un 2021 declarado “Año de la independencia y la grandeza de México”, y estuvo compuesto por quince conmemoraciones emblemáticas, además de la del 27 de Septiembre. Muchas de ellas convergían en exaltar fundamentalmente el reconocimiento de los pueblos indígenas. El indigenismo panista de Felipe Calderón, estudiado por Vargas Álvarez (2018) y Gutiérrez Chong (2015), contrasta con el impulsado por AMLO, quien considera la historia nacional como un importante insumo en su discurso legitimador de la “cuarta transformación”. Desde su asunción como presidente, en 2018, su gobierno tuvo una intensa labor en las políticas conmemorativas. Una de las características de las fiestas patrias bajo su presidencia fue el lugar cada vez más protagónico dado a la SEDENA, acorde con la creciente asignación a esa Secretaría del control de áreas civiles.

A continuación, se esbozan unas líneas comparativas a partir de las distintas formas de representación o participación (o impugnación) de los grupos subalternizados en los bicentenarios estudiados. Así como el Estado no es un ente monolítico, el análisis que sigue no pretende agotar la caracterización de cada fiesta patria estatal, cada una compuesta por numerosas ceremonias, eventos, discursos, banquetes, publicaciones y espectáculos de distintos tipos. Quedan fuera elementos de análisis como, entre otros, la participación de las mujeres en los desfiles cívico-militares o bien el lugar del género, la etnicidad y la racialización en la recreación histórica efectuada el 27 de septiembre por más de 1400 militares (hombres y mujeres de la SEDENA), en el espectáculo que dieron en llamar “representación histórico-cultural”.49 Tampoco fue eje de este trabajo el análisis de las transformaciones sufridas por la fiesta patria a raíz de la pandemia de Covid-19, como, por ejemplo, el aceleramiento de la hipermediatización del ritual conmemorativo en el contexto de millares de muertes e incertidumbre generalizada de 2020 y buena parte de 2021.

Tanto en el bicentenario argentino de 2010 como en el de México de 2021, los festejos estatales representaron a los pueblos originarios y, en algunas conmemoraciones mexicanas de las quince emblemáticas, invitaron a participar a distintos referentes indígenas. En este último país, además, el presidente AMLO los incluyó sistemáticamente en el rito sacralizado del “Grito” e, incluso, convocó a la orquesta del CECAM a ser parte del programa del 15 de septiembre en el Zócalo. Pese a esto, en el bicentenario de 2021 el gobierno invitó a lideresas indígenas de Canadá y Estados Unidos a un importante evento, en lugar de incorporar a mujeres indígenas de su propio país. En ninguno de los casos, el festejo estatal previó un lugar central como oradores para personas indígenas locales. Paralelamente, en ambos países, agrupaciones indígenas críticas de las políticas gubernamentales encararon contrafestejos con el formato de mesas de reflexión y asambleas en diálogo con otros activismos. En el caso mexicano, además, se organizó una “contraconquista”, que consistió en un viaje en barco a Europa, en la que impugnaron el reconocimiento del gobierno, incluidas las demandas de perdón, y acusaron al presidente de “jugar con el pasado, con demagogia e hipocresía”. Por su parte, en 2022, Bolsonaro decidió repetir el acostumbrado desfile cívico-militar del 7 de Septiembre sin preocuparse por incluir diversidades en la parte cívica del desfile. Antes bien, se observó el desfile de tractores verde-amarelos, emblema del agronegocio que atenta contra los pueblos originarios y el ecosistema amazónico. El Grito de los Excluidos y Excluidas agrupó, como acostumbra desde hace décadas, a múltiples movimientos, entre ellos activistas indígenas y militantes no indígenas que concientizaron sobre sus derechos. El 7 de septiembre anterior al año del bicentenario, había tenido lugar en Brasilia la “Segunda Marcha das Mulheres Indígenas”. En esa jornada se impuso una reflexión sobre la fecha nacional, que fue aprovechada para recordar las deudas de la nación “independiente” con los pueblos originarios.

El activismo afrodescendiente tiene una dilatada historia de luchas en el Brasil contemporáneo y, más tardíamente, comenzó a cobrar fuerza en Argentina y México (en este país, desde 1997). Durante el gobierno de AMLO, estos activismos han cosechado importantes logros: reconocimiento constitucional en 2019, inclusión en el censo en 2020 y, junto con otros grupos subalternizados, su participación en las acciones afirmativas para el acceso a la representación política. Pese al reconocimiento estatal constante de la afrodescendencia de próceres, como es el caso emblemático de Vicente Guerrero, el movimiento aún busca conquistar mayor visibilidad como parte del rostro de la nación. Por el momento, el proyecto del Senado de instalar un día conmemorativo de las personas afromexicanas ha naufragado en la Cámara de Diputados.

En los elaborados “gritos” de AMLO, sus miembros esperaron en vano ser mencionados alguna vez por él. Al igual que ocurrió con la participación indígena en las ceremonias estatales de 2021, durante la de febrero de ese año, en honor a Vicente Guerrero, el gobierno invitó como orador al hijo de Martin Luther King, en lugar de convocar a la tribuna a activistas del movimiento afromexicano. En el bicentenario argentino de 2010, los desfiles representaron a afrodescendientes, pero estos tampoco participaron directamente en los espacios centrales de las ceremonias. No obstante, en este país se instalaron progresivamente como símbolos de la identidad nacional figuras históricas femeninas vinculadas a la gesta de la independencia desde una perspectiva interseccional: la mestiza Juana Azurduy, la afrodescendiente María Remedios del Valle, además de la criolla María Catalina Etchevarría.

Estos procesos de visibilización crecieron al calor del fortalecimiento de los movimientos de mujeres en los últimos años. Sin embargo, al igual que ocurrió durante la administración de Bolsonaro, en la actual presidencia de Javier Milei los avances en aquella simbólica estatal (junto con las demás políticas sociales vinculadas a ella) se encuentran abiertamente en jaque. En contraste, la asunción de Claudia Sheinbaum como jefa de la nación abre nuevas posibilidades para que la fiesta patria mexicana incorpore más elementos con perspectiva de género; si además fueran de la mano con los prometidos avances institucionales en el combate de los femicidios y la violencia de género, podrían dejar de ser considerados por las activistas más críticas como una “cáscara vacía” (expresión empleada por Lucía Melgar).

A diferencia de los casos anteriores, hasta el momento los colectivos de la diversidad sexual no han sido incorporados ni mencionados en las celebraciones estatales de las fiestas patrias. La principal estrategia de visibilidad de estos colectivos ha sido la construcción de sus propias efemérides y formas de celebrar el orgullo LGBTIQ+. Sin embargo, al igual que en los demás movimientos, existen vasos comunicantes entre sus propias fechas y las conmemoraciones nacionales. Estas conexiones (y reacciones) en los casos estudiados se manifestaron especialmente en la utilización de las banderas o los colores nacionales combinados con la bandera del orgullo, tal como se examinó durante los altercados de las banderas en el caso argentino, en 2020, y con la propuesta de reapropiación de los colores nacionales brasileños durante la última marcha del orgullo en São Paulo.

Estas líneas de comparación constituyen avances de estudios en curso sobre una agenda todavía abierta, en la que deben incluirse más ejes de análisis, así como países de la región que también festejaron y que están por festejar sus bicentenarios. Este recorrido ha dejado en evidencia cómo los programas conmemorativos impulsados por los gobiernos son acciones políticas en el plano de la representación que, lejos de resultar un mero reflejo de las políticas “materiales” que ocurren a otro nivel, contribuyen a afirmarlas y a preparar el terreno para su ampliación. O bien, al contrario, los activismos disconformes con esas políticas las ponderan como actos de demagogia que ocultan las otras reparaciones. En todo caso, tal como resumía el antropólogo Georges Balandier, si todo poder dirige lo real a través de lo imaginario (1994, p. 17), del mismo modo las luchas de los colectivos históricamente marginalizados en las representaciones de la identidad nacional encaran diversas estrategias de impugnación o participación crítica en la construcción estatal de esos imaginarios. Por último, solo el análisis pormenorizado de actores concretos (y de sus voces, restituidas en este trabajo mediante entrevistas) en coyunturas específicas de interacción con las políticas conmemorativas de los gobiernos de turno podrá aportar elementos para comprender de manera más integral las relaciones entre la sociedad y el Estado. De ese modo, en cada situación podrá comprenderse cuándo la representación (de un grupo “hablado” por otro) o la participación son concesiones “desde arriba” o una victoria de luchas “desde abajo” en la definición de los nuevos rostros de la identidad nacional.

Si el estudio de los festejos patrios constituye una rica entrada para examinar, mediante las escenificaciones gubernamentales y de la sociedad civil, el vínculo entre identidades particulares e identidades nacionales (y, con ello, para dar cuenta del momento de la articulación de las demandas “desde abajo” en relación con los programas “desde arriba”), también ofrece elementos para una reflexión más general sobre la crisis de las identidades y las democracias en la actualidad. La utilización de la simbología patria por parte del arco bolsonarista y los usos ya no proselitistas, sino potencialmente golpistas de las fechas patrias, así como la escalada vindicativa en los festejos patrios fomentada por el gobierno de Milei como parte de su “batalla cultural” (neorreacción estimulada por el reciente triunfo electoral de Donald Trump), profundizan, por cálculo político o convicción, la construcción del adversario político como un “enemigo por destruir”, a la par que promueven la deslegitimación sistemática de las diversidades. Para esas administraciones en ejercicio (que representan distintas variantes de las ideologías de derecha), los rostros de la nación debieran graficar nuevamente la ilusión de homogeneidad, en perjuicio de la convivencia democrática y la igualdad social.

Fuentes

Entrevistas

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Gilney Viana, exdiputado federal y militante, durante un “bandeiraço” en la calle a favor del candidato del PT, Brasilia, 9 de septiembre de 2022.

Fernando Jerónimo Juárez, originario de Cherán, Cherán, 12 de julio de 2024.

María Celeste Sánchez Sugía, exsenadora afromexicana y activista, Ciudad de México, 9 de agosto de 2024.

Padre Alfredo José Gonçalves (“Pe Alfredinho”), vicepresidente do Serviço Pastoral dos Migrantes (SPM), entidad que integra la Coordenação Nacional do Grito dos/as Excluídos/as, São Paulo, 26 de septiembre de 2022.

Sergio Peñaloza, exdiputado afromexicano y fundador de México Negro, por medio virtual, 23 de agosto de 2024.

Sergio Ramírez Caloca, asesor legislativo de la senadora afromexicana María Celeste Sánchez Sugía, Ciudad de México, 9 de septiembre de 2024.

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1. Este trabajo contó con el financiamiento de la Beca CALAS Maria Sibylla Merian Center con el proyecto “Identidades en crisis desde las conmemoraciones de los bicentenarios patrios latinoamericanos: cruce comparativo entre Argentina, Brasil y México (2010-2022)”. En etapas anteriores, se benefició de los subsidios del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) y de un proyecto PICT de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica Argentina, así como del programa ECOS-Sud Argentina-Francia, que codirigí junto con Françoise Martinez. Muchas publicaciones que resultaron de estos proyectos que he dirigido integran la bibliografía secundaria utilizada.

2. Este planteo ha sido retomado por diversos trabajos, ver Marques y Gomes (2013).

3. Entre innumerables ejemplos sobre especificidades locales, para el caso del 16 de Septiembre en México podemos mencionar la guerra de las flores de Tapalpa, Jalisco (con elementos de travestismo carnavalesco y combate ritual); la cabalgata del combate de flores en Arandas (Altos de Jalisco); o el combate de flores de León (Guanajuato), con sentidos y dinámicas muy contrastantes. O con mayor solemnidad, el desfile escolar purépecha en la ciudad de Cherán (Michoacán), en el que se exhibe la bandera mexicana junto a la Purépecha (entrevista a Fernando Jerónimo Juárez, originario de Cherán, Cherán, 12 de julio de 2024).

4. Sobre las batallas por las fechas “in-felices” en la construcción de memoria, Jelin (2002).

5. Agradezco a Sergio Ramírez Caloca, asesor legislativo de la exsenadora afromexicana María Celeste Sánchez Sugía, por enviarme el proyecto presentado.

6. Entre numerosos sitios que lo mencionan, por ejemplo, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Argentina (5 de septiembre de 2023) y ONU MUJERES, América Latina y el Caribe (s/f). En 2020, en Perú un decreto estableció también el 18 de mayo como Día Nacional de la Mujer Indígena u Originaria (Municipalidad Provincial de Puno, 17 de mayo de 2024).

7. En Perú, la fecha se celebra como Día de la Mujer Afroperuana (Biblioteca Nacional del Perú, s/f; Congreso de la República, 22 de junio de 2020).

8. En América Latina también han surgidos críticas tanto a la mirada excesivamente estatal o “desde arriba” en la “invención de la tradición” en Hobsbawm y Ranger (Díaz Arias, 2006-2007) como a la perspectiva constructivista (Grimson, 2011).

9. Sobre la construcción del “mito prehispánico” a partir de la pintura histórica decimonónica en México, ver Pérez Vejo (2003).

10. Era frecuente en el Segundo Imperio el uso oficial de la alegoría de un indio o una india como símbolo del Imperio (Bezerra y Mendes, 2022, p. 98).

11. Durante el gobierno de Alberto Fernández (presidente) y Cristina Fernández de Kirchner (vicepresidenta) (2019-2023), la página oficial recordó ese gran festejo que cumplía diez años, al que calificó como “la fiesta popular más grande de la historia argentina” (Secretaría de Cultura, Ministerio de Capital Humano [ex Ministerio de Cultura], 24 de mayo de 2020). Sobre el registro de los usos del espacio público en el festejo, ver Gutman, Lacarrieu y Villavicencio (2016). Es importante aclarar que los otros festejos bicentenarios en torno al año 2010 en la región también desplegaron novedosas tecnologías del espectáculo de masas y, más en un país que en otro, han dejado marcas en el recuerdo. Para una comparación sobre la tecnología del videomapping estrenada en estas celebraciones y los relatos audiovisuales narrados en varios países, ver Ortemberg (2013-2014).

12. “Se combinaban trajes típicos gauchescos, de los pueblos originarios, alegorías de la producción de cada una de las regiones y los estandartes de cada uno de los estados” (Festejos del Bicentenario: colorido desfile “federal”, 22 de mayo de 2010).

13. Para un examen reciente sobre estos contrafestejos, ver Enrique (2023). Un estudio de distintos festejos alternativos a los programas gubernamentales, en Amati (2018).

14. El decreto fue firmado el 8 de marzo de 2010, Día Internacional de la Mujer (Decreto Nacional 329/2010). Por su parte, el Salón de las Mujeres era el espacio desde donde la mandataria solía emitir sus mensajes presidenciales. Fue reconvertido en oficina por Mauricio Macri, reestablecido por Alberto Fernández y luego vuelto a cerrar para ser rebautizado “Salón de los Próceres Argentinos”, por iniciativa de Karina Milei, secretaria general de la presidencia de su hermano, Javier Milei. A modo de provocación, el cambio se anunció un 8 de marzo y se eligieron exclusivamente retratos de 19 hombres. En ambos casos antagónicos, quedan en evidencia los vasos comunicantes existentes entre fechas conmemorativas particulares/universales y nacionales, incluida la construcción del panteón de próceres.

15. En julio de 2009 la presidenta CFK había firmado el decreto de ascenso de grado post mortem a Juana Azurduy, “primera mujer incorporada al Ejército argentino” (Casa Rosada. Presidencia, 14 de julio de 2009). Desde entonces, Juana Azurduy es rememorada institucionalmente en numerosas circunstancias y su imagen reproducida en distintos soportes.

16. Rodríguez Yebra, M. (30 de mayo de 2016). “Prat-Gay pidió 'perdón' a los inversores españoles por los 'abusos' del kirchnerismo”. La Nación. Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/economia/prat-gay-pidio-perdon-a-los-inversores-espanoles-por-los-abusos-del-kirchenrismo-nid1903877/.

17. Los párrafos que siguen están basados en esta investigación. El 20 de Junio es una de las fechas patrias argentinas más importantes asociadas a la gesta independentista, junto con el 25 de Mayo, 17 de Junio, 9 de Julio y 17 de Agosto.

18. La marcha del orgullo en Rosario suele realizarse durante el mes de octubre. Debido a la pandemia de Covid-19, ese año se la convirtió excepcionalmente en un evento virtual.

19. Sobre la invención del 7 de Septiembre y el 2 de Julio bahiano durante el siglo XIX y parte del XX, ver Kraay (2013, 2019).

20. El estudio forma parte de un texto comparativo, realizado en coautoría, entre fiestas patrias argentinas y brasileñas (Grimson, Amati y Kodama, 2007).

21. La idea surgió en la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil de 1993 y 1994.

22. Según su sitio oficial: “Entre as motivações que levaram à escolha do dia 7 de setembro para a realização do Grito estão a de fazer um contraponto ao Grito da Independência, proclamado por um príncipe, em 1822” (Grito Dos Excluídos e Excluídas, s/f).

23. Los párrafos que siguen están basados en Ortemberg (2022).

24. Para el 21 de abril de 2021 convocaron a “um ato cívico que será denominado de “*ABRIL VERDE E AMARELO* preferencialmente com carreatas e tratoraços, em defesa da PÁTRIA, da DEMOCRACIA, da FAMÍLIA e da LIBERDADE” (Movimento Brasil Verde Amarelo convoca ato em apoio ao governo Bolsonaro, 24 de marzo de 2021) [mayúsculas en el original].

25. El tema es eje de investigaciones actuales, por ejemplo, Franco Pereira do Vale (2023).

26. “El presidente Jair Bolsonaro pretende que la fecha simbolice el apoyo que tiene de los brasileños en contra de los otros poderes del Estado, principalmente la Suprema Corte de Justicia, donde los jueces lo investigan por posibles vínculos con una organización que produce y distribuye fake news” (Davis, 4 de agosto de 2021).

27. Estos fantasmas se concretarían con el asalto por parte de multitudes bolsonaristas a la Plaza de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023, con el fin de evitar una nueva presidencia de Lula, iniciada la semana anterior.

28. En el sitio web de Anmiga se presentan como: “Nós, Mulheres Indígenas, estamos em muitas lutas em âmbito nacional e internacional. Somos sementes plantadas através de nossos cantos por justiça social, por demarcação de território, pela floresta em pé, pela saúde, pela educação, para conter as mudanças climáticas e pela ʻ‘Cura da Terra’”. La primera marcha se realizó en agosto de 2019. En la de 2021, según el sitio, acamparon 5000 mujeres en la capital del país. Más información sobre esta marcha junto con un registro fílmico de las actividades realizadas se puede ver en: https://anmiga.org/marcha-das-mulheres/.

29. El desfile completo en Notícias do Governo Brasileiro (8 de septiembre de 2022).

30. Sobre las exclusiones e inclusiones en distintos momentos conmemorativos del 7 de Septiembre, ver Pimenta y Martins Cordeiro (2023).

31. Por ejemplo, el Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (SINTEPE) (fundado en 1990) describía de esta manera el evento desde su propio canal de TV: “Presentes direção, base, Batucada do Sintepe e dezenas de movimentos sociais, entidades do movimento sindical e partidos de esquerda. Estamos na luta por um Brasil soberano, terra, teto, trabalho, educação e democracia!” (Grito dos Excluídos 2022, 7 de septiembre) .

32. En el sitio web de la Cámara de Diputados se comentan dos exposiciones. Una de ellas se organiza en torno a los hechos de la narración clásica, según la “Revolução do Porto, as Cortes de Lisboa, a expulsão das tropas portuguesas do Rio de Janeiro, o Dia do Fico e a administração de José Bonifácio, culminando com o Grito do Ipiranga por D. Pedro” (Câmara dos Deputados, 27 de junio de 2022).

33. La relación entre movimientos sociales y políticas festivas estatales debería integrar, en futuros trabajos, la incidencia de los cambios en la producción académica, pues la historiografía profesional constituye un tercer actor que suele proveer narrativas para las performances identitarias de la nación.

34. Esta renovación de perspectiva y el desafío de vencer las narrativas oficiales fueron resaltados en una entrevista realizada presencialmente en Brasilia, el 5 de septiembre de 2022, a Esther Bemerguy de Albuquerque, secretaria de la Comissão Curadora do Bicentenário da Independência del Senado. La funcionaria también señaló que el “7 de Setembro sempre foi no Brasil uma coisa militar”. La Comisión publicó un informe con las actividades realizadas y enlaces de descarga de libros y materiales sobre la independencia (ver Conselho Editorial do Senado Federal, 2022).

35. Recientemente, el presidente sancionó la ley para incluir a Hipólita Jacinta, única mujer que participo del movimiento anticolonial de la Inconfidencia mineira, en el Livro dos Heróis e das Heroínas da Pátria (Brasil, 6 de enero de 2025).

36. Para una comparación sobre los usos del pasado por los poderes ejecutivos de ambos países en sus bicentenarios, ver Perochena (2021); y para otra entre el bicentenario mexicano y el colombiano del mismo año, ver Vargas Álvarez (2018).

37. Como señala Vargas Álvarez, la canción oficial “El futuro el milenario” fue tapada por “Cielito lindo…” por parte de la multitud (2018, p. 97).

38. La forma en que el gobierno panista consideró a los pueblos indígenas en el programa de festejo también fue objeto de crítica por Gutiérrez Chong (2015). La autora centra su análisis en el indigenismo institucional y destaca la importancia de las voces críticas emitidas por intelectuales indígenas. La preocupación estatal por la cuestión de género se evidencia, por ejemplo, en el video institucional (Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INEHRM, Instituto Nacional de las Mujeres, México, 9 de marzo de 2010) o bien en el informe gubernamental sobre equidad de género (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010).

39. La asamblea contó con la mesa “Equidad de género en el siglo XXI: las luchas desde las miradas de las mujeres y hombres indígenas”, en la que participaron también dos integrantes de la Red de Feminismos Descoloniales (Espinosa Damián, 2015). Aunque la interseccionalidad y las bases para el feminismo Abya Yala ya se plantaban desde años anteriores, es interesante notar, de todas maneras, la novedad que todavía representaba para el activismo en México el cruce entre perspectiva de género y la problemática indígena. En ese evento hubo voces que formulaban la necesidad de “descolonizar” las teorías feministas (Camacho Servín, 29 de octubre de 2010). Sobre el feminismo latinoamericanista interseccional, ver Korol (23 de octubre de 2020) y Gargallo (2012).

40. En 2018, la coalición electoral triunfante tenía el lema “Juntos Haremos Historia” (Hernández Cortez, 2023).

41. Sobre la historia del Paseo de la Reforma como eje monumental, ver Zárate Toscano (2004).

42. Sobre la conmemoración del 27 de Septiembre durante el siglo XIX, ver Zárate Toscano (2021).

43. Sobre la comisión, ver Archivo General de la Nación (9 de enero de 2019), y sobre su disolución, Quiroga (24 de enero de 2023). Sobre las conmemoraciones emblemáticas, ver Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (5 de febrero de 2021) y Secretaría de Cultura (5 de febrero de 2021).

44. El listado completo, por orden cronológico: 14 de febrero, 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero; 24 de febrero, 200 años de la promulgación del Plan de Iguala/Día de la Bandera; 25 de marzo, Día de la Victoria de Chakán Putum; 3 de mayo, fin de la Guerra de Castas (pedido de perdón por agravios al pueblo maya); 13 de mayo, México-Tenochtitlan, siete siglos de historia; 17 de mayo, Petición de perdón por agravios a la comunidad china en Torreón; 19 de junio, 100 aniversario luctuoso de Ramón López Velarde; 24 de julio, natalicio de Simón Bolívar, con perspectiva latinoamericana; 13 de agosto, 500 años de resistencia indígena, 1521, Toma de México-Tenochtitlan; 24 de agosto, 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba; 15 de septiembre, Grito de independencia; 12 de septiembre, desfile cívico-militar, 27 de septiembre, 200 años de la consumación de la independencia; 28 de septiembre, Justicia al pueblo yaqui, petición de perdón por agravios a los pueblos originarios; y 30 de septiembre, natalicio de José María Morelos y Pavón.

45. El Tren Maya es uno de los principales megaproyectos propuestos por AMLO, cuyo objetivo es “impulsar el desarrollo económico y turístico del sureste”, tal como indica el sitio web gubernamental (https://www.trenmaya.gob.mx/). Sin embargo, los movimientos ambientalistas y un importante sector de activistas de pueblos originarios consideran que atenta contra sus derechos territoriales y será perjudicial para el ecosistema (Casanova Casañas, 2021).

46. El comunicado continuaba: “Que no tienen por qué pedir que les perdonemos nada. Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar, con demagogia e hipocresía, los crímenes actuales y en curso: el asesinato de luchadores sociales, como el hermano Samir Flores Soberanes; los genocidios escondidos detrás de megaproyectos, concebidos y realizados para contento del poderoso (el mismo que flagela todos los rincones del planeta); el aliento monetario y de impunidad para los paramilitares; la compra de conciencias y dignidades con 30 monedas” (reproducido en “No nos conquistaron. Seguimos en resistencia y rebeldía”: el EZLN anunció una gira por Europa en 2021, 6 de octubre de 2020).

47. Sobre el eco del posteo en la prensa y en el Congreso, ver Agustín Romo usó una polémica frase para celebrar el desfile del 9 de Julio y presentaron un proyecto para repudiarlo (10 de julio de 2024).

48. Actualmente están siendo juzgados el expresidente y varios militares por conspirar a favor de un golpe el 8 de enero de 2023, día del asalto a la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, para impedir el inicio de la tercera gestión de Lula.

49. Las y los militares actuaron caracterizadas en personajes históricos, huestes campesinas y regimientos de época que narraban la “consumación” de acuerdo con un extenso guion teleológico compuesto por 7 pasajes históricos (Bicentenario de la Consumación de la Independencia: cómo y dónde ver la escenificación de la Sedena, 27 de septiembre de 2021).

Representación legislativa y trayectorias políticas de diputaciones indígenas y afromexicanas en México

Experiencias compartidas, identidades colectivas
y actores críticos

Víctor Manuel Santillán Ortega

Introducción

Para los especialistas de la representación política, la incorporación de poblaciones vulnerables, discriminadas, excluidas y subrepresentadas políticamente a las asambleas legislativas de sus respectivos Estados representa un progreso evidente en la calidad democrática (Phillips, 2020). En más de 130 Estados se han impulsado disposiciones para la inclusión de cuotas destinadas a mujeres en candidaturas o cargos electos. En menor medida, alrededor de 40 países cuentan con políticas dirigidas a otros grupos, basadas en criterios de etnia, nacionalidad, profesión, discapacidad o religión (Krook, 2020).

Mujeres y minorías étnicas son las poblaciones que, en mayor medida, se han incorporado a los congresos nacionales en diferentes Estados del mundo. En diversas regiones se ha transitado de una composición legislativa predominantemente masculina y étnicamente uniforme a legislaturas que reflejan un mayor grado de diversidad. En Europa se han impulsado medidas legislativas que obligan a los partidos políticos a establecer esquemas de paridad de género en la selección de candidaturas, mientras que en América Latina las cuotas para mujeres en diferentes ámbitos de la vida política están cada vez más extendidas (Phillips, 2020). Por otra parte, para las cuotas étnicas adoptan diversos esquemas de representación, aunque generalmente se materializan en escaños reservados (Htun, 2004).

La representación política legislativa de poblaciones vulnerables constituye un tema central en las democracias contemporáneas, puesto que busca garantizar la participación e inclusión de grupos históricamente marginados y subrepresentados en los órganos de toma de decisiones. A lo largo de la historia, América Latina ha sido testigo de la exclusión sistemática y la marginación de las comunidades indígenas y afrodescendientes, quienes han enfrentado persistentemente desigualdades estructurales, discriminación y una escasa presencia en los espacios legislativos (Durango Álvarez, 2016). En respuesta a esta problemática, diversos países de la región han implementado estrategias de acciones afirmativas con el propósito de asegurar una representación menos desigual de estos grupos en las instancias legislativas. En Brasil se han implementado cuotas raciales en universidades públicas, mientras que en Bolivia, la creación de circunscripciones especiales ha garantizado la representación indígena en el Parlamento. Por su parte, en Argentina y Colombia se ha establecido una cuota de género del 30% en las listas electorales de los partidos políticos.

En el caso de México, en el Proceso Federal Electoral (PEF) 2020-2021 se implementaron acciones afirmativas destinadas a promover la representación de cinco grupos vulnerables e históricamente marginados del proceso político: personas indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual, con discapacidad y migrantes residentes en el extranjero. Estas medidas permitieron la elección de 65 diputaciones, entre las cuales 36 son de personas indígenas y seis de personas afromexicanas. Como resultado de esta configuración, la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados fue reconocida como la “Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad”.

La puesta en funcionamiento de acciones afirmativas en México representa una búsqueda de equidad, inclusión y diversidad en los espacios legislativos. Estas medidas, diseñadas para corregir desigualdades históricas, han posibilitado que poblaciones tradicionalmente subrepresentadas o marginadas del proceso político de toma de decisiones accedan a estos sitios. No obstante, el impacto de estas medidas no se limita a su implementación inmediata, sino que, también, plantean interrogantes sobre la calidad de la representación que producen y la capacidad de los representantes para articular los intereses de las poblaciones por las que fueron electos. En este sentido, la representación descriptiva, en forma de presencia física de grupos vulnerables, puede complementarse con representación simbólica y sustantiva que aborde las demandas específicas de estas poblaciones. Por lo tanto, este capítulo se enfoca en analizar las trayectorias políticas de Celeste Ascencio (diputación por acción afirmativa indígena) y Sergio Peñaloza (diputación por acción afirmativa afromexicana), con el propósito de explorar cómo se conectan con las distintas dimensiones de la representación política y cómo impacta la identidad colectiva indígena y afromexicana, las experiencias compartidas de grupo vulnerable y la noción de actores críticos en el proceso legislativo.

En este sentido, el enfoque conceptual considera la representación política como un fenómeno multidimensional, de acuerdo con la perspectiva teórica de Hanna Pitkin (1985). La representación formal involucra autorización y responsabilidad, lo que le confiere autoridad para actuar en nombre de otros y establecer mecanismos de rendición de cuentas. Esto se realiza mediante el proceso electoral en las democracias contemporáneas (Krook, 2020). La representación descriptiva se relaciona con la composición de las asambleas políticas y la similitud entre representantes y representados (Pitkin, 1985), en la que se destaca la experiencia compartida (Mansbridge, 1999). La representación simbólica se centra en cómo los representantes adquieren significado para sus representados (Dovi, 2006) transmitiendo identidad colectiva. En último término, la representación sustantiva implica la acción en beneficio de los representados, al abarcar la toma de decisiones y promoción de políticas (Pitkin, 1985). La noción de actores críticos se inscribe aquí y enfatiza que no se necesita una masa crítica, sino individuos comprometidos con sus comunidades de origen que impulsen legislación para lograr representación sustantiva (Freidenberg et al., 2022). En síntesis, este enfoque conceptual abarca diversas dimensiones de la representación política y su interrelación, y destaca la relevancia de experiencia compartida en la representación descriptiva, la identidad colectiva en la representación simbólica y la noción de actores críticos en la representación sustantiva.

En alusión a lo anterior, conviene señalar que el presente estudio sitúa en primer plano las experiencias compartidas contemporáneas desde el punto de vista de las diputaciones entrevistadas, y se distancia del enfoque dominante que privilegia una perspectiva histórica sobre estas experiencias compartidas. Esta elección analítica pretende poner de relieve las dinámicas actuales que configuran la relación entre representante y representado por medio de las experiencias compartidas.

En este mismo sentido, la identidad colectiva constituye un elemento nodal en la dimensión simbólica de la representación política, puesto que no solo da cuenta del vínculo con la comunidad, sino que también influye en la trayectoria de los representantes legislativos. A través de narrativas y símbolos, en cierto sentido, estos representantes encarnan las identidades colectivas de sus electores y las incorporan a sus discursos para hacer presentes a estas poblaciones en el proceso legislativo. Asimismo, las trayectorias políticas no solo reflejan identidades preexistentes, sino que las reconfiguran para ampliar sus significados. En suma, la identidad es un proceso dinámico que influye en percepciones de legitimidad, inclusión y exclusión dentro del espacio legislativo y adquiere una especial relevancia en sociedades multiculturales donde distintos grupos buscan visibilizar sus demandas.

Por otra parte, la estrategia metodológica centrada en las trayectorias políticas deriva del proyecto “Estudio especializado sobre la efectividad en la aplicación de acciones afirmativas y las barreras que enfrentan los grupos en situación de discriminación en la representación política en el Proceso Electoral Federal 2020-2021”, llevado a cabo por un equipo de El Colegio de México (COLMEX), en el cual quien suscribe este capítulo participó como investigador asociado al proyecto.1

En el marco de esta extensa investigación, uno de los propósitos relacionados con el enfoque cualitativo fue desarrollar una tipología sobre los efectos transversales de las acciones afirmativas en las trayectorias políticas de las diputaciones electas bajo estas medidas. Para alcanzar este objetivo, llevamos a cabo entrevistas narrativas desde el enfoque de trayectoria, concentradas en los diversos itinerarios políticos de las diputaciones como:

el ingreso a la vida política; las trayectorias políticas personales, los itinerarios partidistas y los cargos previos de elección popular; el proceso de registro de la candidatura; la campaña electoral y las temáticas enfatizadas en ésta; los principales contenidos y las prioridades en la agenda legislativa impulsada durante el primer año en la Cámara de Diputados; y la existencia de eventuales barreras partidistas para legislar, individualmente y en cooperación con integrantes de otras bancadas y/o grupos parlamentarios, en beneficio de los intereses de las personas/grupos que se buscan representar (Martínez et al., 2022, p. 257).

Con base en un guion de entrevista semiestructurada en profundidad, entre octubre del 2021 y octubre del 2022, el equipo del COLMEX llevamos adelante 26 entrevistas en distintos formatos y lugares de investigación. Algunas se llevaron a cabo de manera presencial en la Cámara de Diputados, otras se llevaron a cabo de forma remota a través de plataformas digitales y algunas más en el lugar de residencia de los diputados. La distribución de las entrevistas, según la acción afirmativa, resultó de la siguiente manera: 12 personas indígenas, 3 afromexicanas, 5 personas con discapacidad, 4 migrantes y residentes en el extranjero y 2 personas de la diversidad sexual. Con ese material empírico, en triangulación con diversas fuentes secundarias, construimos la tipología previamente mencionada.

De esta experiencia previa retomamos la trayectoria política como una herramienta que nos permite adoptar una perspectiva longitudinal sobre los aspectos biográficos de las diputaciones, puesto que examina el desarrollo a lo largo del tiempo y cómo las experiencias y oportunidades previas en el ámbito político influyen en las perspectivas, ideologías y acciones presentes de un individuo. Al abordar múltiples dimensiones, esta herramienta nos permite entender la intrincada y diversa naturaleza de los caminos que los individuos transitan en su participación política y su relación con las diversas facetas de la representación política, enfocándonos en la influencia de las identidades colectivas, las experiencias compartidas de grupo y la noción de actores críticos en el proceso legislativo.

Como parte del proceso metodológico para la investigación que se presenta en este capítulo, se emplearon las 12 entrevistas a diputaciones indígenas y las 3 entrevistas de diputaciones afromexicanas como base para llevar a cabo un análisis fundamentado en una perspectiva de análisis de estudio con casos. Dentro del amplio espectro de la terminología de clasificación de los casos, se optó por utilizar las trayectorias políticas de Celeste Ascencio y Sergio Peñaloza debido a que representan casos instrumentales. De acuerdo con Robert Yin (2009) y John Gerring (2007), los casos instrumentales no se seleccionan por su singularidad intrínseca, sino porque proporcionan un vehículo para explorar cuestiones teóricas y conceptos que van más allá del caso específico, además de iluminar aspectos clave de un fenómeno social más amplio. Asimismo, Bent Flyvbjerg (2004) sostiene que este tipo de casos resultan particularmente útiles cuando se busca examinar un fenómeno desde una perspectiva innovadora o diferente. Para esta investigación, las trayectorias políticas de las dos diputaciones seleccionadas permiten comprender nuestro eje central de análisis (cómo se conectan con las distintas dimensiones de la representación política) enfatizando cómo impacta la identidad colectiva indígena y afromexicana, las experiencias compartidas de grupo vulnerable y la noción de actores críticos en el proceso legislativo.

Por lo tanto, la selección de los casos se justifica, puesto que tanto Celeste Ascencio como Sergio Peñaloza encarnan estas nociones en sus trayectorias políticas. No solo representan descriptiva y simbólicamente a sus respectivas poblaciones, sino que también actúan como agentes que movilizan una serie de recursos para incidir en el proceso legislativo. Esto da cuenta de cómo la acción individual, en calidad de actores críticos, puede generar un impacto en la producción legislativa sobre grupos vulnerables, marginados e históricamente subrepresentados del proceso político.

Celeste Ascencio es una legisladora que encarna múltiples intersecciones al autoadscribirse como mujer, joven, indígena y lesbiana. Se trata de un caso instrumental, puesto que su trayectoria política permite iluminar aspectos más amplios de la representación política de los pueblos indígenas en México. A lo largo de su itinerario político, ha enfrentado barreras como el machismo y el adultocentrismo en su municipio de origen, Paracho, Michoacán. En particular, su activismo en temas de diversidad sexual y su lucha contra la exclusión por razones etarias y de género resultan clave para ilustrar cómo la experiencia compartida y la identidad colectiva inciden en la construcción de una representación política sustantiva.

Por otra parte, Sergio Peñaloza es un afromexicano cuya trayectoria política combina militancia en partidos políticos y defensa de los derechos de su población de origen en México. Su activismo inició con un enfoque en la promoción cultural y posteriormente se orientó a la lucha por el reconocimiento constitucional de los afromexicanos. Al igual que el caso de Celeste Ascencio, la trayectoria política de Sergio Peñaloza constituye un caso instrumental, puesto que da cuenta de cómo un representante afromexicano emplea su identidad colectiva y experiencia compartida con su comunidad para impulsar iniciativas legislativas orientadas a los intereses de esta población.

De acuerdo con esta orientación metodológica sobre la selección de casos, las demás trayectorias políticas quedaron descartadas, puesto que no cumplían a cabalidad con las características antes mencionadas. Además de las entrevistas originales, se llevaron a cabo entrevistas adicionales con ambos legisladores seleccionados para este capítulo, con el propósito de profundizar en la reconstrucción de sus trayectorias políticas. Este proceso se llevó a cabo en el marco de la investigación desarrollada en el Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS), sede Guadalajara, como parte de la beca que recibí dentro del laboratorio “Identidades estratégicas y crisis”. La entrevista a Celeste Ascencio se llevó a cabo en su localidad de origen, Paracho, Michoacán, el día 24 de agosto del 2024, mientras que la entrevista con Sergio Peñaloza se llevó adelante mediante una plataforma digital el 20 de agosto del 2024.

El capítulo se encuentra dividido en cuatro apartados. El primero ofrece una breve aproximación sobre el concepto, los antecedentes históricos y la implementación de las acciones afirmativas en México, con un enfoque particular en las medidas adoptadas para personas indígenas y afromexicanas en el ámbito legislativo.

En el segundo apartado explora el concepto de representación política desde una perspectiva multidimensional basada en la teoría de Hanna Pitkin. Asimismo, se da cuenta de cómo las diferentes dimensiones de la representación política presentan nociones centrales como las de experiencia compartida, identidad colectiva y actores críticos. Finalmente, se aborda el concepto trayectorias políticas y su diferenciación con las carreras políticas.

La tercera sección se enfoca en la trayectoria política de Celeste Ascencio. Se analizan, entre otros elementos, su incursión en la política, las experiencias compartidas de discriminación que marcaron su vida y cómo estas influencias moldearon su agenda legislativa interseccional. Asimismo, se examina su rol como actor crítico tanto en la promoción de iniciativas legislativas como en su impacto fuera del ámbito político formal.

El último apartado examina la trayectoria política de Sergio Peñaloza, en la que se da cuenta de su incursión en partidos políticos, el trabajo con la Asociación Civil México Negro y sus iniciativas legislativas a favor de la población afromexicana. El capítulo concluye con una síntesis de los principales hallazgos y reflexiones derivadas del análisis sobre representación política y las trayectorias de los legisladores analizados. Se destaca que, si bien las acciones afirmativas han contribuido a la inclusión de grupos tradicionalmente marginados y subrepresentados del proceso político legislativo, es necesario continuar con análisis que destaquen que no es suficiente un aumento numérico en la representación descriptiva, sino que resulta necesario la presencia de legisladores que, además de representar simbólicamente a sus poblaciones, puedan enfocarse en una representación sustantiva que traduzca los intereses y necesidades de estas poblaciones en acciones concretas.

1. Acciones afirmativas y representación política legislativa de afromexicanos e indígenas en México

Las acciones afirmativas han ocupado un tema central en los debates sociopolíticos desde su aparición en la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos. En esencia, las acciones afirmativas son un conjunto de políticas y prácticas temporales, diseñadas con el objetivo de equilibrar desigualdades histórico-estructurales de grupos vulnerables, marginados y subrepresentados en diferentes esferas sociales, como las relacionadas con la educación, el empleo y la representación política. Este tipo de políticas comúnmente implica la adopción de medidas proactivas que pretenden impactar en la nivelación de oportunidades para mujeres, minorías étnicas, grupos racializados, personas con discapacidad y otros sectores como migrantes o personas de la diversidad sexual. Estas disposiciones pueden incorporar cuotas, metas estadísticas en contrataciones o admisiones y programas de desarrollo pensados para favorecer el acceso de miembros de estos grupos a posiciones no marginales (Holzer y Neumark, 2000; Morgenroth y Ryan, 2018; Wasson, 2004).

Un elemento central del concepto de acciones afirmativas es su interrelación con la idea de reparación histórica. De acuerdo con Wasson (2004), estas medidas pretenden compensar injusticias del pasado mediante la implementación de prácticas, políticas y marcos normativos que beneficien a grupos históricamente marginados. De este modo, se pretende remediar los efectos de desigualdades estructurales acumuladas a lo largo del tiempo por medio de acciones concretas en el presente.

En este sentido, el carácter temporal de las acciones afirmativas es un aspecto cardinal para su comprensión. Nicole Lederer (2013) sostiene que la naturaleza temporal de estas medidas radica en que, para ser justificables, deben ser limitadas en el tiempo, es decir, su implementación debe suspenderse una vez que se hayan alcanzado los objetivos de equidad planteados. Esto significa que, aun cuando las acciones afirmativas tienen el objetivo de corregir diversos tipos de desigualdades histórico-estructurales, su permanencia indefinida en el tiempo podría interpretarse como una forma de “discriminación inversa”. Por lo tanto, deben limitarse a metas temporales concretas y estar sometidas a revisiones periódicas para evaluar si han cumplido o no con sus objetivos de producir condiciones tendientes al establecimiento de una igualdad sustantiva en las esferas sociales que fueron implementadas.

El desarrollo de este fenómeno sociopolítico es posible ubicarlo en los movimientos por los derechos civiles en la década de 1960 en los Estados Unidos. Estas movilizaciones condujeron a la creación de marcos legales que promovieron la igualdad racial en contra de la discriminación sistemática de la que fue objeto la población afroamericana, principalmente (Holzer y Neumark, 2000). La primera vez que el concepto de acción afirmativa se incorporó a un ordenamiento legal fue en la Orden Ejecutiva 10.925, firmada por el presidente John F. Kennedy en 1961, la cual estuvo encaminada a impulsar un trato equitativo de los trabajadores sin importar su raza, credo, color o nacionalidad de origen.

Más adelante, por medio de la Orden Ejecutiva 11.246 firmada por el presidente Lyndon B. Johnson en 1965, estas políticas se ampliaron para demandar que se evitara la subrepresentación de grupos minoritarios y mujeres en el lugar de trabajo (Holzer y Neumark, 2000; Katznelson, 2005). Esta Orden Ejecutiva constituyó un punto de inflexión, puesto que amplió la adopción de este tipo de medidas hacia el sector privado. Con el tiempo, su uso se expandió a otros grupos marginados, como las mujeres, minorías étnicas, personas discapacidades y de la diversidad sexual, entre otros (Begné, 2011).

Este contexto histórico signó el comienzo de un proceso que se extendió a otras latitudes del planeta. Como muestra, en Sudáfrica, en 1994, tras finalizar el apartheid, el nuevo gobierno democrático adoptó políticas de acciones afirmativas para impulsar la corrección de desigualdades raciales constituidas por décadas de segregación institucionalizada (Morgenroth y Ryan, 2018).

En América Latina, en términos generales, estas disposiciones han sido el resultado de las luchas emprendidas particularmente por los movimientos indígenas, afrodescendientes y feministas, quienes durante décadas han exigido la corrección de desigualdades histórico-estructurales que han afectado sus derechos políticos, sociales y económicos (Ramírez-López, 2023). Estas medidas se han puesto en práctica en diferentes sectores, con distintos grados de profundidad y con un éxito desigual en países de la región como Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia y México. El caso argentino fue pionero en la implementación de acciones afirmativas para la representación política femenina. En 1991, mediante la Ley 24.102, se estableció que al menos 30% de las candidaturas en las listas electorales debían ser ocupadas por mujeres, con el propósito de reducir la subrepresentación de género (Allegrone, 2002). Además, esta legislación no solo estableció un cupo mínimo, sino que también garantizó la ubicación de las candidatas en posiciones estratégicas para asegurar su elegibilidad. Una situación similar aconteció en Colombia en el año 2000, cuando, por medio de la Ley 518, se estableció una cuota de género del 30% en las listas electorales de los partidos políticos. Desde 2012, Brasil ha impulsado la implementación de cuotas raciales en universidades públicas para favorecer el acceso de estudiantes afrodescendientes, indígenas y de bajos ingresos. En Bolivia, con la Ley de Régimen Electoral de 2010, se implementaron circunscripciones especiales para que los pueblos indígenas tengan representación en el Parlamento. Además, en materia de género, dicha ley exige a los partidos políticos presentar listas de candidatos con alternancia sucesiva entre hombres y mujeres (Durango Álvarez, 2016).

En México, estas medidas han encontrado un terreno fértil en el ámbito legislativo federal,2 principalmente en la Cámara de Diputados. A este respecto, para el Proceso Federal Electoral 2020-2021 se implementaron acciones afirmativas dirigidas a cinco grupos vulnerables: personas indígenas, personas afromexicanas, personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad y personas migrantes y residentes en el extranjero. Estas medidas dieron como resultado la elección de 65 diputaciones, de las cuales 36 son de personas indígenas y seis de personas afromexicanas. A raíz de estos resultados electorales, la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados fue denominada como la “Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad”. Esta implementación se vincula estrechamente con el normativo de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que identifica a las personas indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, jóvenes, personas de la diversidad sexual y mujeres como grupos vulnerables, marginados e históricamente subrepresentados en distintas esferas sociales, donde la política ocupa un lugar central (Ramírez Hernández, 2023).

Uno de los momentos clave en la historia de las acciones afirmativas en México fue la implementación de las cuotas de género. Este movimiento, iniciado en la década de 1990, allanó el camino para el desarrollo de medidas similares dirigidas a otros grupos (Flores-Ivich y Freidenberg, 2017), como los pueblos indígenas. En el caso de las mujeres, la reforma del 2002 implementó una cuota obligatoria de género del 30% en candidaturas al Congreso de la Unión; en el 2008 esta cuota se elevó al 40%, y en el 2014, el principio de paridad de género fue incorporado a la Constitución, lo que mandató a los partidos políticos postular un 50% de mujeres y un 50% de hombres en sus respectivas candidaturas en todos los cargos de representación popular (Hevia Rocha, Alanis Figueroa y Peña Molina, 2019). Estas medidas, iniciadas para garantizar la paridad de género, marcaron el punto de partida para la implementación de acciones afirmativas dirigidas a otros grupos vulnerables, como pueblos indígenas y personas afromexicanas.

1.1. Acciones afirmativas para personas indígenas

En materia de pueblos indígenas, el punto inicial de la historia de las medidas afirmativas se remonta a 1992, cuando en la Constitución de los Estados Políticos Mexicanos (CEPM) se reconoció el carácter pluricultural de la nación mexicana. Durante varias décadas, mediante la firma de diversos tratados internacionales,3 este proceso de reconocimiento se fue consolidando. Sin embargo, fue en el 2015 cuando una nueva reforma constitucional se aseguró el derecho de hombres y mujeres indígenas a votar y ser votados en condiciones de igualdad (Martínez Navarrete et al., 2022). Dos años más tarde, en 2017, el Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo una reorganización de los 300 distritos electorales federales uninominales, en la que se incluyeron 28 distritos con una población indígena igual o superior al 40% (Consejo General, 2017a). Esta reorganización sentó las bases para los procesos electorales de 2018 y 2021, en los que se implementaron medidas afirmativas para garantizar la representación legislativa de los pueblos indígenas.

De acuerdo con el Consejo General (2017b), para el PEF 2017-2018, los partidos políticos nacionales estaban obligados a postular 12 candidaturas indígenas con paridad de género en 28 de los distritos electorales indígenas seleccionados en la redistribución de 2017. Sin embargo, este acuerdo fue impugnado4 y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió un distrito más y elevar el porcentaje de población para que fueran considerados distritos indígenas, al establecer que debían contar con 60% o más de población indígena (Hevia Rocha, Alanis Figueroa y Peña Molina, 2019). En este sentido, la acción afirmativa produjo la cuota legislativa de 13 personas indígenas como candidatas exclusivas en igual número de distritos electorales federales para las elecciones del 2018.

Con el ánimo de evitar la suplantación de la identidad indígena, el TEPJF determinó que las candidaturas indígenas debían acreditar la pertenencia a un pueblo o comunidad indígena mediante un mecanismo denominado “autoadscripción calificada”. Este mecanismo implica que las candidaturas acrediten un vínculo con las comunidades indígenas de acuerdo con los siguientes parámetros:

a) Haber prestado en algún momento servicios comunitarios o haber desempeñado cargos tradicionales en la comunidad, población o distrito por el que pretenda ser postulado.

b) Participar en reuniones de trabajo tendentes a mejorar dichas instituciones o para resolver los conflictos que se presenten en torno a ellas, dentro la población, comunidad o distrito indígena por el que pretenda ser postulado.

c) Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones” (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2017).

Estas medidas afirmativas continuaron y se extendieron para el PEF 2020-2021. Para esta elección, el INE determinó ampliar a 21 el número de distritos electorales federales con población indígena predominante, donde los partidos políticos nacionales estaban obligados a presentar candidaturas indígenas. Además, para el caso de Diputaciones de Representación Proporcional, se estableció la postulación de 9 fórmulas distribuidas en las 5 circunscripciones plurinominales (Consejo General, 2020b). Con ello, la acción afirmativa en materia indígena se tradujo en la asignación de cuotas legislativas que representaron 30 curules para la Cámara de Diputados. En cuanto a la autoadscripción calificada, además de los lineamientos establecidos en el PEF 2017-2018, se adicionó el criterio de “Ser originaria/o o descendiente de la comunidad y contar con elementos que acrediten su participación y compromiso comunitario” (Consejo General, 2020b). Con todo ello, 36 candidaturas resultaron electas: 21 provenientes de los distritos uninominales y 15 bajo el sistema de representación proporcional (Martínez Navarrete et al., 2022). Estos números superaron las cuotas de representación legislativa establecidas en los lineamientos de la acción afirmativa para personas indígenas.

1.2. Acciones afirmativas para personas afromexicanas

A diferencia de la acción afirmativa dirigida a los pueblos indígenas, la acción afirmativa para personas afromexicanas presenta una trayectoria histórica considerablemente más breve, reflejo de un reconocimiento reciente en los marcos normativos a nivel federal. Fue en el año 2019 que se modificó el artículo 2 constitucional para reconocer la presencia de la población afromexicana y dotarla de un carácter similar a los pueblos y comunidades indígenas en cuanto a los derechos de autonomía, autodeterminación y desarrollo social (Martínez Navarrete et al., 2022).

Para el PEF 2020-2021, la acción afirmativa para personas afromexicanas surgió a raíz de la sentencia SUP-RAP-121/2020 Y ACUMULADOS, derivada de un juicio promovido por actores políticos como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido Acción Nacional (PAN) y ciudadanos como José Alfredo Chavarría Rivera. En dicha resolución, el TEPJF ordenó al INE emitir lineamientos para el registro de candidaturas de personas afromexicanas. A partir de ello, el INE emitió el acuerdo INE/CG18/2021, en el que, con base en el número de población afrodescendiente en México, se determinó que, en el caso de diputaciones por el principio de Mayoría Relativa, los partidos políticos y coaliciones estaban obligados a postular por lo menos tres fórmulas en cualquiera de los 300 distritos electorales federales uninominales, y para el caso de Representación Proporcional, se debía postular una fórmula en cualquiera de las 5 circunscripciones, la cual debía ubicarse en los primeros 10 lugares de las listas plurinominales (Consejo General, 2020a). A diferencia de la acción afirmativa indígena, como requisito para acreditar la pertenencia a la población mexicana, únicamente se solicitó una carta de autoadscripción simple, sin necesidad de mostrar un vínculo comunitario adicional.

Con ello, la cuota afirmativa para personas afromexicanas quedó fijada en cuatro curules para la Cámara de Diputados. No obstante, los resultados superaron las cuotas establecidas, por lo que resultaron electas 6 personas afromexicanas: 4 por el principio de Mayoría Relativa y 2 por el de Representación Proporcional (Martínez Navarrete et al., 2022).

2. Dimensiones de la representación y trayectorias políticas

La representación política es un tema fundamental en las democracias contemporáneas. A través de la representación, los ciudadanos delegan su poder y voz en representantes elegidos para que actúen en su nombre y defiendan sus intereses en los espacios políticos. En este sentido, los diputados desempeñan un papel central en este proceso, ya que son los encargados de legislar y tomar decisiones en nombre de la ciudadanía. Sin embargo, la representación política no es un fenómeno homogéneo, sino que, desde la óptica de Hanna Pitkin (1985), presenta múltiples dimensiones.

En su influyente obra El concepto de representación, Pitkin (1985) exploró en profundidad el concepto de representación política y dio cuenta de su complejidad a través de las diferentes dimensiones que lo componen. Desde su perspectiva, la representación política no se reduce a actuar en nombre de otros, sino que implica una relación multifacética entre representantes y representados, cuestión que la condujo a identificar cuatro dimensiones: formal, descriptiva, simbólica y sustantiva. A través de esta taxonomía, enfatizó la importancia de considerar las múltiples dimensiones de la representación política para el análisis de la realidad empírica.

La representación formalista se relaciona con los procedimientos de autorización y responsabilidad que otorgan la autoridad para actuar en nombre de otros, así como con los mecanismos para exigir cuentas a los representantes por sus funciones (Pitkin, 1985). En el contexto de las democracias contemporáneas, estas funciones se concretan a través del proceso electoral, en el cual se determina quiénes son elegidos y, en su caso, reelegidos (o no) para desempeñar cargos políticos (Krook, 2020). En este tenor, la representación formalista establece las bases legales y los mecanismos para la delegación de poder, y la representación política (Freidenberg et al., 2022), en el escenario de nuestro estudio, se vincula con el marco institucional de emergencia e implementación de las acciones afirmativas.

Por otra parte, la representación descriptiva alude a que los representantes reflejan las características sociales, identitarias o demográficas de los representados. Con ello, se centra en el grado de similitud entre los representantes y sus representados, como “un cuadro representativo o como una muestra representativa de la nación” (Pitkin, 1985, p. 251). En este sentido, hace referencia a la semejanza de características entre los representantes y representados en términos de género, etnia, identidad sexual, clase social, entre otras. Esta concepción parte del supuesto de que dicha correspondencia posibilita una mejor comunicación, identificación y representación de los intereses no articulados o subrepresentados en los sistemas políticos tradicionales (Phillips,1998). Por lo tanto, esta perspectiva enfatiza la presencia física y experiencial dentro de las instituciones políticas de grupos históricamente excluidos, marginados y subrepresentados, en nuestro caso, las poblaciones indígenas y afromexicanas en la Cámara de Diputados.

En tercer lugar, la representación simbólica es definida por Hanna Pitkin (1985) como el proceso por el cual un símbolo, por convicción o asociación, se presenta en lugar de una entidad o una comunidad, lo que genera emociones y evoca significados de legitimidad e identidad colectiva. En este sentido, esta dimensión de la representación apunta a un nivel de justificación no racional sobre la elección del representante, sino hacia el plano emocional y simbólico, por lo que, se relaciona con lo que un representante significa para sus representados (Dovi, 2012). Por lo tanto, se enfoca en la capacidad de los representantes para transmitir un sentido de identidad colectiva y de pertenencia a una comunidad política, y en hacer visibles a los representados en diversos espacios políticos, aunque sin que necesariamente actúen en su nombre (Lombardo y Meier, 2018). De acuerdo con Hanna Pitkin (1985), los representantes de esta dimensión evocan sentimientos y emociones colectivas en los representados. Finalmente, a diferencia de la representación descriptiva, la representación simbólica no precisa una correspondencia directa entre las características sociodemográficas de los representados y los representantes, ni implica la cristalización de los intereses de los representados, como acontece en la dimensión sustantiva, que se verá a continuación.

Por último, la representación sustantiva está asociada a la actuación del representante en interés de los representados, es decir, implica actuar en beneficio de los representados de forma autónoma, al ser el agente activo en la acción de representar. Para Pitkin, esta dimensión de la representación es “la misma esencia de lo que acontece, políticamente hablando” (1985, p. 251). Esta dimensión implica impulsar políticas y promover los intereses de los representados en la esfera política, en nuestro caso, en el ámbito legislativo.

2.1. Representación descriptiva y experiencia compartida

En términos generales, la representación descriptiva como política de la presencia (Phillips,1998) hace referencia a dos aspectos: la cantidad y las cualidades de las personas que obtienen cargos representativos (Freidenberg et al., 2022). En términos generales, en las investigaciones empíricas sobre el espacio legislativo, la representación descriptiva se conceptualiza y operacionaliza predominantemente a partir de su aspecto cuantitativo, mientras que, en menor medida, se aborda el aspecto cualitativo relacionado con las características sociales de los representantes. Por ejemplo, esta tendencia se observa cuando se enfatiza el incremento del número de mujeres o de representantes de minorías étnicas en los congresos nacionales (Mansbridge, 1999; Phillips, 1998). Generalmente, estas exploraciones se enfocan en cuantificar el número de representantes como un indicador de la representación descriptiva, sin embargo, omiten analizar las características sociobiográficas de estos representantes.

Un componente clave de la representación descriptiva que permite adentrarnos en la perspectiva cualitativa es la noción de experiencia compartida. Joan Mansbridge (1999) sostiene que esta noción constituye el núcleo de la representación descriptiva, una concepción que trasciende la mera composición demográfica de la relación entre representantes y representados. Este enfoque prioriza la conexión de los representantes con la población representada, con el fin de comprender las necesidades, intereses y perspectivas de los representados desde el punto de vista de un miembro del grupo. Para esta misma autora, la experiencia compartida funciona como un mecanismo que conecta a los miembros de la población vulnerable, incluso por encima de otras dimensiones como las de clase social u orientación ideológica. Asimismo, en términos normativos, funciona como un incentivo para que los representantes de estos grupos orienten su actuación hacia una representación sustantiva. En esta línea, de acuerdo con Christina Xydias (2023), estas experiencias compartidas actúan como variables intermedias que posibilitan a los representantes identificar problemáticas no atendidas y proponer iniciativas que reflecten las necesidades específicas de los grupos que representan.

En nuestro caso, la experiencia compartida se refiere a las vivencias comunes entre individuos que forman parte de un mismo grupo social, caracterizadas por factores identitarios como el origen social, el género, la clase social o la identificación como parte de un pueblo indígena o comunidad afromexicana. Asimismo, da cuenta de entornos situacionales que los representantes comparten con los miembros de la población vulnerable a la que representan, puesto que, en cierto sentido, ellos encarnan en su persona y experiencia vital las características típicas del grupo social que buscan representar (Mansbridge, 1999; Phillips, 2020). Estos entornos abarcan una amplia gama de aspectos, desde la discriminación cotidiana y la exclusión social hasta la marginación económica, las cuales, para los efectos de esta investigación, son iluminadas a través de las trayectorias políticas de los representantes. Por consiguiente, nuestro análisis se centra en las experiencias contemporáneas compartidas desde la perspectiva del legislador, en contraste con el enfoque predominante de las experiencias compartidas históricas de la población vulnerable. Esto último se conecta con la presentación descriptiva en la que se manifiesta que los representantes no solo expresan que “son” miembros del grupo, sino que activamente subrayan sus experiencias compartidas como una estrategia para robustecer su legitimidad (Funk e Hinojosa, 2023).

Es importante subrayar que las experiencias compartidas son heterogéneas, no todos los miembros de un mismo grupo comparten las mismas vivencias y entornos situacionales. En este sentido, no pretendemos esencializar u homogeneizar las experiencias compartidas de los representantes que analizamos, sino, por el contrario, mostrar cómo las variaciones internas diversifican la relación entre experiencia y representación política.

Finalmente, la experiencia compartida adquiere relevancia en el contexto de la representación política legislativa de poblaciones vulnerables y marginadas, donde no se trata de garantizar únicamente una representación numérica demográficamente adecuada de estos grupos, sino que los representantes comprendan y compartan experiencias con su electorado. Si los representantes carecen por completo de un panorama sobre las condiciones sociales que enfrenta su electorado, su capacidad para producir una agenda legislativa que responda a las experiencias de estos grupos podría verse mermada.

2.2. Representación simbólica e identidad colectiva

En contraste con la representación descriptiva, la dimensión simbólica destaca cómo los símbolos configuran significados sobre identidades sociales y políticas. A este respecto, esta dimensión se orienta conceptualmente hacia dos vertientes. La primera, propuesta por Hanna Pitkin (1985), sostiene que el representante evoca sentimientos, emociones e identidades colectivas de los representados al convertirse en un símbolo de estos elementos. Por lo tanto, los símbolos, como banderas, monumentos, estatuas, figuras públicas o representantes políticos, contienen un poder evocativo que conecta emocionalmente con una comunidad política. La segunda, desarrollada por Emanuela Lombardo y Petra Meier (2019), argumenta que la representación simbólica no solo refleja o evoca significados políticos, sociales e identitarios, sino que también los produce, y configura, así, procesos de inclusión y exclusión de grupos sociales dentro de comunidades políticas. En este sentido, los símbolos son construidos por medio de prácticas sociales que asocian significados particulares a determinados objetos, personas o eventos, e informan nociones sobre la identidad colectiva.

A este respecto, la identidad colectiva constituye un elemento central de la representación política simbólica, puesto que contribuye a definir cómo los representantes políticos construyen significados simbólicos sobre la pertenencia una comunidad política y cómo se posicionan en ella los diferentes grupos sociales que la componen. En este marco, comprendemos que la identidad colectiva, más que un ente pasivo, es un proceso que moldea percepciones de legitimidad, pertenencia e inclusión-exclusión dentro de un sistema político. Por ende, esta forma de representación adquiere especial relevancia en sociedades multiculturales donde distintos grupos buscan visibilizar sus identidades y demandas en el espacio político.

Para nuestros casos de estudio, la identidad colectiva se vincula con la trayectoria política de los representantes legislativos en diferentes aspectos. Con respecto a la comunidad, la trayectoria política de un representante se convierte en un vehículo para consolidar su identidad colectiva. Esto se hace patente en cómo los representantes legislativos utilizan narrativas de conexión identitaria en donde evocan símbolos para legitimar su rol como portavoces de estas comunidades.

Por otra parte, el simbolismo en el espacio legislativo se manifiesta por medio de las acciones, discursos y estrategias que los representantes manifiesten para visibilizar y legitimar las identidades colectivas de las poblaciones que representan. Este simbolismo se relaciona con la manera en que los representantes actúan como figuras emblemáticas, al evocar y producir significados simbólicos que refuerzan el sentido de pertenencia a una comunidad.

Por último, las trayectorias políticas de los representantes no son únicamente reflejos de las identidades colectivas existentes, sino que también reconfiguran los límites de los significados de pertenencia a las comunidades que representan. Por ejemplo, representantes indígenas que adquieran un enfoque interseccional logran integrar en sus discursos a mujeres, jóvenes o personas de la diversidad sexual dentro de la narrativa colectiva, lo que amplía la noción de identidad colectiva de esa población. En esta investigación, el caso de Celeste Ascencio ilustra cómo, al encarnar y construir esta interseccionalidad entre mujer, joven, indígena y lesbiana en su trayectoria política, esta representante amplía y redefine la noción de identidad indígena purépecha.

Para dar cuenta de estos elementos a través de las trayectorias políticas de los legisladores, exploraremos cómo se (auto)presentan, se (auto)perciben y se (auto)identifican como miembros de la población a la que representan, y cómo estos indicadores se conectan con la producción y evocación simbólica de identidades colectivas de los grupos representados. Para ello, examinamos una serie de marcadores identitarios que los legisladores expresan en sus relatos sobre su trayectoria política y que ellos mismos consideran como indicativos de la identidad colectiva de dicha población.

2.3. Representación sustantiva y actores críticos

A diferencia de las dimensiones descriptiva y simbólica, la sustantiva se centra en los actos concretos que respondan a los intereses de los representados. En el contexto de las acciones afirmativas, esta representación no está limitada a quienes comparten características descriptivas con los representados, sino que incluye a una diversidad de actores capaces de abogar por los intereses de un grupo. Por lo tanto, implica que los representantes no solo ocupen un cargo, sino que actúen activamente para atender los intereses de sus electores (Pitkin, 1985). En nuestro caso, esto incluye la participación en procesos legislativos y la promoción de leyes a favor de los grupos representados.

Actualmente, diversas aproximaciones teóricas han ampliado la comprensión de la representación sustantiva. Joan Mansbridge (2003) introduce el concepto de representación anticipatoria, que plantea que los representantes actúan con base en lo que anticipan será valorado por los electores en el futuro. Michael Saward (2006) enfatiza el carácter performativo de la representación dando cuenta que esta se edifica por medio de reclamos representativos que no necesariamente transitan por instituciones formales. Por otra parte, Celis y Childs (2018) proponen un cambio hacia un enfoque procesual, que favorezca los criterios de inclusión, responsividad y equidad. Este enfoque reconoce que, además de los representantes individuales, los representantes colectivos desempeñan un rol crucial en la articulación y defensa de los intereses sustantivos de los grupos representados.

En este amplio espectro de perspectivas se ubica la noción de “actores críticos” que deriva de la noción de “masa crítica”. Esta última postula que un aumento numérico en la representación descriptiva, es decir, en la cantidad de representantes de una población específica, podría traducirse automáticamente en representación sustantiva cuando se alcanza un umbral específico de participación numérica. En contraste con esta formulación teórica, Drude Dahlerup (1988) introdujo la premisa de actores críticos, para enunciar que no es el mero aumento de presencia numérica lo que produce cambios sustantivos, sino las acciones concretas de actores comprometidos con las poblaciones que representan.

Con base en diversas investigaciones, podemos definir la noción de actores críticos como aquellos individuos o grupos que, procediendo de manera individual o colectiva, producen cambios significativos en políticas públicas o legislaciones para actuar en interés de grupos específicos, como mujeres o minorías étnicas (Bratton, 2005; Celis et al., 2008; Childs y Krook, 2009; Cullen, 2018). A diferencia del enfoque de la mera presencia descriptiva, estos actores son evaluados por su capacidad de agencia, es decir, por su condición de llevar a cabo “actos críticos” para responder a intereses sustantivos de las poblaciones por las que fueron electos. En este sentido, los actores críticos se distinguen por su compromiso actitudinal, movilización de recursos estratégicos (recursos materiales, como financiamiento, y simbólicos, como legitimidad), capacidad para potenciar oportunidades políticas (Cullen, 2018). Por lo tanto, son actores que juegan un papel activo en la representación de los intereses de las poblaciones de origen, en nuestro caso, en la producción de iniciativas legislativas a favor de los grupos indígenas y afromexicanos. Asimismo, destaca su rol fuera del ámbito legislativo para visibilizar las necesidades de las poblaciones que representan.

Hasta el momento, la literatura especializada carece de consenso sobre cómo evaluar empíricamente la representación política sustantiva (Siow, 2023). Dentro de las múltiples formas que se han implementado a lo largo del tiempo, en esta investigación se eligió el indicador mínimo necesario de la producción legislativa, para dar cuenta de los actores críticos. Es decir, dentro del universo de 36 diputaciones indígenas y 6 diputaciones afromexicanas, el indicador utilizado (con respecto a la representación política sustantiva) para seleccionar a los dos actores críticos, cuyas trayectorias políticas se analizarán, fue su producción legislativa. Esto en consonancia con la idea de actores críticos, de que no es necesaria una masa crítica de diputaciones electas por minorías étnicas para generar iniciativas de ley que se decanten en legislaciones que beneficien a estos grupos de interés.

Las producciones legislativas de Celeste Ascencio (diputada indígena) y Sergio Peñaloza (diputado afromexicano) constituyen una muestra de representación sustantiva de los intereses de las poblaciones por las que fueron electos. Esta situación contrasta significativamente con otras diputaciones electas por esas mismas poblaciones, las cuales no impulsaron siquiera una iniciativa legislativa a favor de sus representados, es decir, son “diputaciones sin iniciativas” (Martínez Navarrete et al., 2022). Por lo tanto, a través de sus iniciativas legislativas y sus trayectorias políticas daremos cuenta de cómo se constituyen en actores críticos para las poblaciones que fueron electos.

2.4. Trayectorias y carreras en el contexto de la representación política de los estudios legislativos

El análisis de las trayectorias políticas de los legisladores electos por Acciones Afirmativas ofrece una perspectiva privilegiada para comprender cómo se construye la representación política en sus diferentes dimensiones. No obstante, en una amplia variedad de estudios legislativos centrados en las biografías de los legisladores (Bieda, 2015; Binderkrantz et al., 2020; Martínez Hernández y Cuevas Hernández, 2016; Rodrigo, 2018; Valencia Escamilla, 2009), el instrumento predominante son las carreras políticas. Debido a ello, resulta imprescindible llevar adelante una distinción analítica entre este enfoque y el de las trayectorias políticas, con el fin de diferenciar entre ambas orientaciones metodológicas y establecer los lineamientos de nuestra aproximación empírica.

En el contexto de los métodos biográficos, las diferencias entre carreras y trayectorias pueden ser sutiles pero significativas. De manera análoga, en el ámbito de los estudios legislativos, estas distinciones entre “carrera política” y “trayectoria política” son nodales, puesto que enfocan diferentes aspectos de los recorridos biográficos de los legisladores.

En términos generales, la carrera política se comprende como un recorrido estructurado en el que los políticos transitan por diversos niveles de responsabilidad y autoridad. Generalmente, comienzan en posiciones locales o de menor relevancia en el sistema político y avanzan hacia cargos de mayor influencia y poder. Este proceso es moldeado tanto por las aspiraciones individuales de los políticos como por las oportunidades y limitaciones institucionales, así como por el contexto sociopolítico (Schlesinger, 1966).

En el microcosmos de los estudios legislativos que presentan atención a la biografía de los representantes, se sigue en gran medida esta definición. Para Binderkrantz et al. (2020), la carrera política es como una secuencia de posiciones ocupadas dentro del partido antes de ser elegidos para el Congreso nacional. Estas carreras influyen en cómo los miembros del Congreso equilibran las demandas en sus distritos y de sus partidos.

Por otra parte, Tomás Bieda (2015) conceptualiza la carrera política como un proceso de acumulación de experiencia y recursos, que influye en el desempeño legislativo, particularmente en las tareas de control del Congreso. Las carreras políticas de los legisladores se caracterizan por los espacios de reclutamiento, tipos de candidatos y ambiciones políticas.

Por otra parte, existen referentes expresamente vinculados al itinerario profesional en el ámbito legislativo. A este respecto, el trabajo de Valencia Escamilla (2009) puntualiza sobre la carrera legislativa tendiente a la profesionalización y la comprende como un proceso que incluye la acumulación de experiencia legislativa, la capacitación y el apoyo técnico que se pueda obtener tanto del partido como de los órganos legislativos.

Asimismo, encontramos enfoques que distinguen la carrera política de la trayectoria personal. En este caso, Cintia Rodrigo (2018) la conceptualiza como un proceso en el que los actores recorren diferentes cargos públicos en diferentes niveles de gobierno, desde lo local hasta lo nacional. Este recorrido implica la acumulación de recursos, destrezas y vínculos sociales que son trascendentes para acceder a posiciones de representación. La autora distingue entre trayectorias personales y carreras políticas. Las primeras se entienden en términos de características sociodemográficas, educativas y laborales, mientras que las segundas se ubican dentro del campo político y están relacionadas con la estructura partidaria, los cargos ocupados y la experiencia acumulada.

También encontramos orientaciones que integran los aspectos sociodemográficos de los representantes a la definición de carrera política. Aldo Adrián Martínez Hernández y José Ángel Cuevas Hernández (2016) la conceptualizan como un proceso que involucra tanto las características sociodemográficas de los legisladores como las vías institucionales que facilitan su entrada y ascenso en la política. Este proceso está influenciado significativamente por la dinámica de los partidos políticos. En resumen, la literatura sobre carreras políticas en América Latina y otros contextos revela que estas comprenden un recorrido dentro del campo de la política y están influenciadas por una combinación de factores individuales, sociodemográficos, partidistas y contextuales.

En cambio, en términos generales, la trayectoria se utiliza para realizar un recorte analítico de la biografía, para organizar, estructurar e interpretar la experiencia de vida en un intervalo de tiempo. Esto permite condensar las imbricaciones entre las condiciones históricas y la experiencia en un ámbito específico de la vida de un individuo, sea en su vida personal o profesional (Rivera Sánchez, 2012). Además, facilita la comprensión de las interacciones entre procesos sociales amplios y experiencias vitales individuales, al destacar tanto las condiciones estructurales como las decisiones de los sujetos (Roberti, 2017). En este sentido, a diferencia de la carrera política, que se concentra en el desarrollo progresivo en un campo profesional con un enfoque en el logro de metas específicas a lo largo del tiempo (como ascensos, cambios de puesto) y el desarrollo de habilidades y competencias, la trayectoria permite observar un espectro más amplio y dar cuenta de cómo eventos de la experiencia individual de diversa índole se interrelacionan y afectan la trayectoria política de una persona enmarcada en un contexto histórico y social (Rivera Sánchez, 2012).

En este sentido, la trayectoria, como herramienta de investigación, posibilita encuadrar el recorrido vivencial en un recorte analítico concreto para “ordenar, sistematizar e interpretar la experiencia” (Rivera Sánchez, 2017, p. 455). Para esta investigación, la experiencia de interés abarca un amplio espectro que se encuentra relacionado con los fragmentos biográficos de Celeste Ascencio y Sergio Peñaloza, específicamente vinculados con las dimensiones de la representación política.

En primer lugar, como se enunció anteriormente, con respecto a la experiencia compartida de la representación política descriptiva, analizaremos las vivencias comunes en entornos situacionales marcados por la discriminación cotidiana, la exclusión social y la marginación económica, entre otros aspectos, todo ello desde el punto de vista de los diputados entrevistados.

En cuanto a la identidad colectiva inscrita en la representación política simbólica, nos concentraremos en las narrativas de conexión identitaria en donde se evocan símbolos que legitiman su posición de representantes (en el caso de Celeste Ascencio, nos adentraremos en un acercamiento interseccional para dar cuenta de esta producción simbólica de múltiples identidades colectivas) e indagaremos en sus autopercepciones identitarias como conectores con la producción y evocación simbólica.

Por último, como actores críticos, analizaremos su producción legislativa, subrayando el nexo entre las experiencias compartidas e identidades colectivas sobre los temas tratados en sus iniciativas en la Cámara de Diputados.

3. Celeste Ascencio: una trayectoria política interseccional

Reyna Celeste Ascencio Ortega nació el 5 de enero de 1993, en la región indígena de Purépecha, en el estado de Michoacán, México. Estudió la Licenciatura de Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (UMSNH), en Morelia, Michoacán. Actualmente, a sus 32 años de edad se desempeña como senadora de la República representando al partido Morena en el período 2024-2030.

Celeste comenzó a participar en este partido en el año 2013, motivada por el ejemplo de su madre. Posteriormente, durante el período 2015-2018 fue candidata suplente a diputada federal y formó parte de la Secretaría de Diversidad Sexual en el Comité Directivo Estatal de Morena en Michoacán. Entre 2018 y 2021 fungió como diputada federal en la LXV Legislatura, como parte de las Comisiones de Justicia, de Medio Ambiente, de Deporte, de Cambio Climático y Sostenibilidad y la Comisión de Derechos Humanos. Más tarde, entre los años 2021 y 2023, nuevamente fue designada en la lista plurinominal para una diputación federal en la LXIV Legislatura, esta vez por acción afirmativa para personas indígenas, y fue presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual e integrante de las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Ciencia, Tecnología e Innovación (Sistema de Información Legislativa, s.f.).

Asimismo, en su trayectoria política ha incursionado como activista de la diversidad sexual. Durante tres años consecutivos, organizó, en Paracho, su comunidad de residencia, la marcha del orgullo purépecha LGBTQ+. En este sentido, en una perspectiva identitaria, Celeste se autoidentifica como mujer, indígena purépecha, lesbiana y, antes de cumplir los 30 años, como joven. Estos elementos dan cuenta de diferentes interseccionalidades que se entrelazan en su trayectoria política e interactúan con las diferentes dimensiones de la representación política.

3.1. Incursión en el mundo de la política y experiencias compartidas de múltiples discriminaciones

El padre de Celeste Ascencio era músico pireri,5 hablante de la lengua indígena purépecha, mientras que su madre laboraba como maestra de la localidad de Paracho, Michoacán. Celeste creció entre estos dos mundos contrastantes. Por un lado, cuando visitaba la comunidad originaria de su padre, sus parientes cercanos la señalaban por no hablar purépecha, incluso la tildaban de no ser indígena por esta condición: “llega un momento en que existe cierta discriminación, porque, como yo no hablo purépecha, pues dicen: ‘es que tú eres de allá’” (C. Ascencio, comunicación personal, 22 de septiembre de 2021). Por otro lado, cuando acude a la ciudad de Morelia, para estudiar Derecho, los círculos mestizos en los que se implica la identificaban como indígena debido a su piel morena. Para ella, el ser indígena trasciende la lengua, pues significa participar de prácticas vinculadas a la cultura purépecha:

el hecho de decir yo no solamente me considero indígena porque quiera, para bien o para mal, nosotros íbamos a recibir el Año Nuevo purépecha, al Fuego Nuevo6 […] Son cuestiones que te hacen ver que no solamente la lengua es la que te autodetermina […] Yo sí soy, pero no hablo (C. Ascencio, comunicación personal, 22 de septiembre de 2021).

Esta tensión identitaria, centrada en el tema indígena, es compartida por millones de personas en México que se autoidentifican como indígenas, pero no hablan una lengua originaria. Esta experiencia compartida ilustra cómo Celeste no puede navegar en ambos mundos sin que la “autenticidad” de su identidad sea puesta en juicio por una u otra cultura. Ella lo comprende de la siguiente manera:

para mí representa una desigualdad en sentido negativo, para los que hablan el purépecha al cien por ciento representa una desigualdad en un sentido positivo al decir: “es que ella no debería estar allí porque no habla purépecha y yo sí”. Y yo digo: “es que no importa si hablamos o no purépecha, lo importante es empezar a construir o deconstruir ciertos usos y costumbres” (C. Ascencio, comunicación personal, 22 de septiembre de 2021).

A este arco de experiencias compartidas de cuestionamiento por su identidad indígena, se adiciona, en una etapa posterior de su experiencia vital, su autoidentificación como mujer lesbiana. Esta orientación sexual, en el contexto de una comunidad conservadora como Paracho, es constantemente señalada y cuestionada por diversos sectores, entre ellos la Iglesia católica. En las palabras de la senadora Celeste:

la Iglesia es la que más nos ha catalogado como pervertidos, como enfermos […] a quienes pertenecemos a la población, pues yo me he rehusado a asistir a este tipo de lugares porque yo, ¿a qué voy a ir a un lugar a que me estén maltratando, a que me estén maldiciendo, que nos estén diciendo pecadoras? (C. Ascencio, comunicación personal, 22 de septiembre de 2021).

Aun cuando en su relato no da cuenta de un enfrentamiento directo con la Iglesia católica, Celeste se ha sentido vulnerada por las ideas que se promueven en este espacio social. Este elemento de experiencia de discriminación desempeña un papel clave en su trayectoria política, puesto que ha ejercido influencia para impulsar tanto legislaciones de no discriminación para la población de la diversidad sexual, como acciones concretas en el interior de Morena, pero también en su comunidad.

En sus primeros pasos en la vida política, la hoy senadora por Morena comenzó a incursionar en asociaciones civiles:

no participé en ningún partido político, pero sí participaba en algunas asociaciones civiles, colectivos, sobre todo de medio ambiente, de diversidad sexual, que es a lo que me he dedicado más, entre muchos otros, que no recuerdo, porque fue hace más de 10 años (C. Ascencio, comunicación personal, 22 de septiembre de 2021).

La entrada de Celeste al mundo de la política partidista estuvo marcada, en gran medida, por la influencia de su madre, quien ingresó a Morena cuando estaba registrada como asociación civil.7 En una de las tantas reuniones a las que acompañaba a su madre, Celeste la escuchó argumentar que ella estaba involucrada en esta asociación porque deseaba un mejor futuro para sus hijos. Este razonamiento hizo reflexionar a Celeste sobre la importancia de implicarse en la política partidista, decisión que tomó cuando tenía aproximadamente 17 años: “es cuando pienso ‘me voy a meter en política, porque si mi mamá está por nosotros, pues con mayor razón hacerlo’” (C. Ascencio, comunicación personal, 22 de septiembre de 2021).

En uno de sus primeros acercamientos a las reuniones de Morena, ya como estudiante universitaria, Celeste vivió un episodio de discriminación etaria y de género (por el hecho de ser mujer joven) y le impidieron hablar. En una intervención en la que intentaba dialogar sobre la reforma agraria, un adulto mayor la interrumpió y la silenció. En el mundo de la política, como un mundo masculino y adultocéntrico, las voces jóvenes y femeninas son silenciadas. Este episodio quedó marcado en la memoria de Celeste como un hito que la impulsó a trasladar el ejercicio de su militancia a la ciudad de Morelia, donde estudiaba la licenciatura.

3.2. Diputación como actor crítico

Es justamente en su etapa de universitaria cuando su relación con Morena se torna más cercana. Durante estos años inicia su carrera propiamente dentro del entorno de los partidos políticos, primero al ingresar a Juventudes Morena, en Morelia, a nivel estatal; más adelante, al formar parte del Consejo Estatal y, entre 2015-2018, de la Secretaría de la Diversidad Sexual del Comité Directivo Estatal de Morena; al mismo tiempo, entre 2017 y 2018 fungió como enlace distrital local de Paracho, Michoacán. Esta última constituyó la antesala de su primera candidatura a diputada federal por representación proporcional por la quinta circunscripción.

En el proceso 2018, cuando ya me involucro como tal para la obtención de una candidatura, fue realmente complicado. Porque en ese año es cuando se viene gran cantidad de corrientes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a Morena […] A mí me habían dicho que me fuera como delegada distrital a Paracho, eso significa conformar “Comités de Protagonistas del Cambio Verdadero” y Paracho implicaba en una nueva distritación […] se convierte Paracho en cabecera distrital […] Me vengo a Paracho, construimos “Comités de Protagonistas”. Estando en la universidad, los fines de semana, en lugar de irme de antro […] pues yo terminaba la escuela, me venía a Paracho a empezar a conformar los comités. Así me la vivía los fines de semana […] yo andaba a las 11 de la noche afiliando personas […] es un trabajo de casa por casa (C. Ascencio, comunicación personal, 22 de septiembre de 2021).

En el marco de este trabajo de base, sin previo aviso, a Celeste le solicitan que acuda a entregar su curriculum vitae en el Congreso Nacional de Morena. Como pudo, se trasladó desde Paracho a la Ciudad de México.

Llego a las 5 de la mañana a Ciudad de México […] me voy al hotel donde me dijeron que se iba a hacer un Congreso Nacional de Morena, y entonces llego y veo a un licenciado, a quien le entregué mi CV […] Me dijo “no te vayas a hacer ilusiones todavía, porque no sabemos si es un hecho”. Pero yo seguía sin saber para qué […] febrero 2018 […] Andrés Manuel todavía era presidente de Morena y empezó a decir las candidaturas y circunscripciones […] Y llega, ya no me acuerdo quién estaba en el número 1 en ese momento, y llega el número 3 […] de la quinta circunscripción, una mujer joven de un pueblo originario y actual secretaria de Diversidad Sexual de Morena en Michoacán (C. Ascencio, comunicación personal, 22 de septiembre de 2021).

Los dirigentes de Morena posicionaron a Celeste en un lugar privilegiado en la lista plurinominal, aun sin existir las acciones afirmativas. En el transcurso del PEF 2017-2018, aunque estrictamente no estaba obligada a participar en la campaña política, asistió a los recorridos por los municipios, mítines y reuniones con las poblaciones organizadas por el candidato de mayoría relativa. En paralelo, Celeste se trasladaba a la Ciudad de México para apoyar a los candidatos de Morena de la diversidad sexual: “mis compañeros de la diversidad sexual querían que acompañara a los candidatos de la ciudad de México, así que todavía tenía que ir allá” (C. Ascencio, comunicación personal, 22 de septiembre de 2021). Con todo, Morena ganó prácticamente todo ese PEF y Celeste formó parte de la LXIV Legislatura.

3.3. Legislación interseccional

Durante su primer período legislativo impulsó la creación de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, misma que presidió inmediatamente. Asimismo, integró las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentó una agenda legislativa sustentada en cuatro poblaciones vulnerables: “Mujeres, diversidad sexual, pueblos indígenas y juventud. Me voy con esos cuatro puntos para empezar a trabajarlos de forma transversal […] En la legislatura pasada inscribí cerca de 60 iniciativas y de esas solo se aprobaron alrededor de cinco. Las primordiales no se lograron aprobar” (C. Ascencio, comunicación personal, 22 de septiembre de 2021). Entre las que se lograron aprobar se encuentra una referente a radios comunitarias y otras sobre el lenguaje inclusivo.

Es durante esta legislatura que Celeste vivió uno de los episodios más significativos de su trayectoria política como legisladora. Durante la discusión de la reforma educativa, intentó ingresar una reserva sobre educación sexual para su inclusión en el texto final. Sin embargo, su asesora no redactó la reserva a tiempo, por lo que Celeste tuvo que escribirla apresuradamente por su cuenta. Pese a sus esfuerzos, no logró presentarla dentro del plazo estipulado. Su actual pareja la alentó para presentarla en tribuna. Para su sorpresa, la propuesta fue aceptada para su discusión, lo que marcó un momento relevante en su carrera legislativa y mostró su capacidad para defender temas fundamentales, como la educación sexual, que reflejan las intersecciones que representa. En sus propias palabras: “considero que, para mí, ese ha sido uno de los mayores logros, porque, quieras o no, ahorita puedo decir que hay una parte de mí en la Constitución política” (C. Ascencio, comunicación personal, 22 de septiembre de 2021).

Las acciones legislativas de Celeste Ascencio, tanto en el impulso de más de 60 iniciativas legislativas dirigidas a las intersecciones que representa como en la inclusión de la educación sexual en la reforma educativa, evidencian cuál es el papel de un actor crítico en el Poder Legislativo. Es decir, no se requiere una masa crítica para producir representación sustantiva, sino promover acciones críticas que beneficien a las poblaciones representadas, habilidades legislativas y una agenda concreta que se lleve adelante a pesar de las adversidades del entorno. Estos elementos también se materializaron en incentivar en la Cámara de Diputados la creación de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, la cual presidió durante el período 2018-2021.

En el PEF 2020-2021 Celeste fue reelecta como diputada plurinominal, pero, en esta ocasión, formó parte de la cuota afirmativa de personas indígenas. 

Para el segundo período, como he trabajado el tema de la diversidad sexual, yo me involucré más en el tema de acciones afirmativas, en el tema de diversidad sexual. Sin embargo, tenía sobre la mesa que también se iban a incluir personas con discapacidad, de pueblos originarios y se agrega también el tema de diversidad sexual. Me empiezo a enterar, porque algunos compañeros querían meterse en el tema de acciones afirmativas por pueblos originarios […] Yo estoy en la tiendita de mi pareja, acá en Paracho, eran como las 6 de la tarde, y pasa exactamente lo mismo que hace 3 años […] [le hablan por teléfono y le dicen] “queremos pedirte que lleves una constancia que te acredite como perteneciente a un pueblo originario, porque estás entrando como acción afirmativa de pueblos indígenas” […] Para eso yo me voy al pueblo de mi papá, que se llama San Isidro Labrador, municipio de los Reyes […], hablo con el jefe de Tenencia y me expiden la constancia (C. Ascencio, comunicación personal, 22 de septiembre de 2021).

Como ella misma lo relata, el proceso de selección dentro de Morena para cumplir con las cuotas afirmativas, en su caso, fue expedito. Esta vez, los dirigentes de Morena la colocaron en el número 7 de la lista plurinominal. En la LXV Legislatura, Celeste ha vuelto a inscribir muchas de las iniciativas que no prosperaron en la pasada legislatura e impulsado otras nuevas. Según ella misma relata, para esta legislatura presentó más de cien iniciativas, de las cuales, “cuando menos, un 40% tiene que ver con la población vulnerable, en cuanto a pueblos originarios, género y personas con discapacidad, que, si bien es cierto, es un sector que no represento, pues también ha sido un sector bastante vulnerable” (C. Ascencio, comunicación personal, 24 de agosto del 2024). Debido a su producción legislativa vinculada con las mujeres y las personas de la diversidad sexual, la exdiputada por Morena recibió el premio de la organización Buró Parlamentario con Perspectiva de Género.

Sin embargo, durante esta legislatura, quizá su mayor logro como actor crítico lo haya materializado fuera del recinto legislativo al organizar, en 2022, la primera marcha del orgullo purépecha LGBTQ+, en Paracho, Michoacán, festividad que se continúa llevando a cabo hasta la fecha. Celeste lo elabora de la siguiente forma:

Considero que ese ha sido uno de los mayores logros en toda mi vida. Ni siquiera en materia legislativa, ni siquiera en materia académica. Pero como allí sí es donde digo: independientemente de lo político, independientemente de mi encargo público, porque eso es algo que tengo muy presente. Una diputación te dura 3 años. Pero lo que haga o deje de hacer se va a quedar allí. Pero lo que yo haga como diputada, lo que yo haga o deje de hacer como persona, eso sí va a dejar huella (C. Ascencio, comunicación personal, 22 de septiembre de 2021).

La representación sustantiva como actor crítico la ha llevado adelante tanto dentro como fuera de la Cámara de Diputados. Para este segundo período, su producción legislativa continúa centrada en los cuatro ejes que han sido transversales en su trayectoria política y que dan cuenta de intersecciones que confluyen en su experiencia vital y conectan con el carácter descriptivo y simbólico de su representación. Como ella misma argumenta acerca de la interseccionalidad:

Recuerdo que en la primera legislatura un amigo decía mucho “Celeste te vamos a patentar, porque eres mujer, joven, indígena y lesbiana, ya nada más te falta ser migrante” […] Vaya, es algo de lo que me siento orgullosa, representar más de una interseccionalidad, es algo que nunca lo había pensado realmente, porque siempre me vi como cualquier otra persona. Pero yo me doy cuenta de estas cuatro interseccionalidades en el momento en que Andrés Manuel me presenta como candidata a esa diputación plurinominal. Antes de eso, nunca me había visto como perteneciente a tantas, porque siempre me vi como persona normal y no hacía tanto caso de las interseccionalidades (C. Ascencio, comunicación personal, 22 de septiembre de 2021).

Estas múltiples interseccionalidades que se han forjado a través de su experiencia vital y su trayectoria política han decantado en la construcción de una agenda política interseccional, es decir que no atiende únicamente a la población por la que fue electa, sino a múltiples poblaciones vulnerables. Como actor crítico, ha demostrado habilidades para movilizar recursos simbólicos y materiales para avanzar en su agenda legislativa, así como para impulsar acciones críticas fuera del ámbito legislativo que promuevan la visibilización e inclusión de la población de la diversidad sexual en las comunidades indígenas.

En este caso, el hecho de pertenecer y formar parte de diferentes poblaciones vulnerables fomenta la lealtad hacia los intereses de estos grupos, como lo evidencia su producción legislativa. A diferencia de un representante típicamente descriptivo, un representante sustantivo contribuye a impulsar la formulación de políticas en beneficio de estos grupos, porque la experiencia compartida de pertenecer a una población vulnerable actúa como motivación para que se impliquen en una representación sustantiva (Sobolewska, McKee y Campbell, 2018). En palabras de Celeste: “Bien se dice que lo personal es lo político. Al menos en mi caso, sí […] Si tú no vives algo, si no lo sientes, es muy difícil que puedas trabajar una agenda” (C. Ascencio, comunicación personal, 24 de agosto del 2024).

Por último, la identidad colectiva, enclavada en la representación simbólica, es un asunto transversal en su trayectoria política. Su autoidentificación múltiple (como mujer, indígena, joven y lesbiana) ha sido instrumental para redefinir la noción de identidad colectiva purépecha, al incorporar elementos interseccionales que amplían los límites tradicionales de pertenencia y cuestionan los esencialismos sobre qué significa ser indígena en el presente siglo. Asimismo, estas autoidentificaciones múltiples han sido fundamentales para comprender su papel como representante, ya que le permitió conectar identitariamente con diversos grupos e impulsar una agenda legislativa que los represente. A pesar del carácter simbólico y sustantivo de su representación política, su trayectoria política da cuenta de que, aunque representa diversas interseccionalidades, también ha sido objeto de múltiples actos discriminatorios asociados a cada una de sus identidades. En este sentido, múltiples identidades también implican múltiples formas de discriminación.

4. Sergio Peñaloza: entre la política partidista y el activismo afromexicano8

Pedro Sergio Peñaloza Pérez nació el 8 de septiembre de 1953, en Cuajinicuilapa, Guerrero, un municipio conocido por su alta población afromexicana. Estudió la Licenciatura en Educación en la Universidad Autónoma de Guerrero. Antes de comenzar su activismo en favor de las comunidades afromexicanas, formó parte de partidos políticos, como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el PRD.

En 1997 fundó la Asociación Civil México Negro, dedicada a la promoción de derechos de la población afromexicana, a través de la cual se han organizado foros populares y académicos y encuentros folclóricos, y ha participado en eventos internacionales sobre la afrodescendencia. En 2017 intentó postularse como precandidato independiente a la presidencia de México, aunque no logró obtener las firmas necesarias para alcanzar este propósito. En septiembre del 2021 asumió como diputado plurinominal por Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, junto con otros 5 diputados electos mediante acciones afirmativas destinadas a la representación afrodescendiente.

Durante su período legislativo, su agenda se concentró exclusivamente en temas relacionados con la población afromexicana e introdujo iniciativas como la inclusión de los aportes de la población afrodescendiente en México en los libros de texto gratuitos y la creación de una comisión exclusiva para la atención a los pueblos y comunidades afromexicanas.

La trayectoria política de Sergio Peñaloza da cuenta de una mixtura entre militancia en partidos políticos y el activismo en el proceso de organización de los pueblos y comunidades afrodescendientes en México, así como en la promoción de su reconocimiento constitucional.

4.1. La incursión en la política y el tránsito por los partidos políticos

La trayectoria política de Sergio Peñaloza en los partidos políticos comenzó con su ingreso al PRI, motivado, según señala, por su deseo de acceder a oportunidades educativas, ya que en este vínculo político vio una oportunidad para obtener una beca académica. Asimismo, relata que una influencia significativa también fue su padre, quien militaba en el mismo partido:

Bueno, en el partido político me empecé a acercar a un político porque tenía el interés de ingresar a estudiar a Chapingo.9 Y pues, un político que era de la Confederación Nacional Campesina (CNC), ¿no? Y por mi padre también, ¿no? Mi padre fue priista. En aquel entonces el PRI […] era el partido de las mayorías, el partido en el que apenas naces te ponen en el PRI y ya; que vas a morir en el PRI y todo eso. Era la ideología, era la manera de pensar de la gente (P.S. Peñaloza Pérez, comunicación personal, 31 de marzo del 2022).

Las condiciones económicas de Cuajinicuilapa han sido históricamente adversas y hasta el día de hoy presenta niveles de marginación considerables. Según datos de la Secretaría de Economía (s.f.), en 2020, el 46,2% de la población se encontraba en situación de pobreza moderada, mientras que el 16,4% en situación de pobreza extrema. Es probable que en los años en que Sergio Peñaloza buscaba la oportunidad de ingresar a una licenciatura los niveles de pobreza y marginación fueran aún más elevados. El diputado Peñaloza personifica la experiencia compartida de marginación económica y falta de oportunidades para el ingreso a la educación superior que afecta a la población afromexicana, lo que le proporciona una mirada cercana a las necesidades e intereses de la población que representa.

Sergio Peñaloza permaneció en el PRI durante dos elecciones municipales, equivalentes a seis años. Durante su breve estancia en este partido, participó en actividades de promoción del voto durante dos campañas electorales en su municipio. Sin embargo, el desencanto con este partido surgió debido a las prácticas clientelistas y autoritarias que observó durante la segunda elección en la que participó.

Tras un tiempo sin militancia, Sergio Peñaloza se incorporó a las filas del PRD y participó como fundador del partido a nivel local. Como él mismo lo relata:

Yo fui delegado en la Asamblea Nacional Constitutiva del PRD. Vine acá, a la Ciudad de México, a representar el municipio como delegado estatal, delegado nacional, y fui de los fundadores del PRD […] Creyendo todavía en la democracia. Y cuando llegué, también apoyamos a los candidatos, algunos los perdimos, pero ganamos dos (P.S. Peñaloza Pérez, comunicación personal, 31 de marzo del 2022).

En este partido político también terminó desilusionado, puesto que, según comenta, las prácticas de democratización nunca se concretaron. Por el contrario, las viejas prácticas priistas adoptadas por los presidentes municipales perredistas eran prácticamente las mismas, cuestión que lo condujo a tomar la decisión de alejarse de la política partidista. Durante más de una década se mantuvo fuera del radar de los partidos políticos y se consagró a impulsar el movimiento afromexicano desde la Asociación Civil México Negro.

4.2. El activismo por el reconocimiento de la población afromexicana

Sergio Peñaloza descubrió su vocación activista una vez que terminó su Licenciatura en Educación, cuando se incorporó a la asociación de profesionistas de Cuajinicuilapa. Allí desarrolló esta faceta en paralelo a su tránsito por los partidos políticos. En palabras de Peñaloza:

Un grupo en el cual pretendíamos hacer eso mismo: rescatar y difundir la cultura. Nos denominamos grupo de profesionistas o Asociación de Profesionistas de Cuajinicuilapa, de “Cuaji”, el diminutivo, y el propósito fundamental era eso: promover el desarrollo comunitario. Entre esos propósitos, teníamos que fundar un museo, un museo con la visión de la exposición de piezas arqueológicas (P.S. Peñaloza Pérez, comunicación personal, 31 de marzo del 2022).

Aunado al proyecto del museo, la Asociación de Profesionistas también realizaba un rescate de tradiciones vivas, como la Danza de los Diablos o Juego de los Diablos, un baile autóctono del municipio de Cuajinicuilapa, que se lleva a cabo principalmente los 1º y 2 de noviembre durante las celebraciones del Día de Muertos. Este esfuerzo por rescatar las prácticas culturales de la población afrodescendiente coincidía con una iniciativa del Instituto Guerrerense de la Cultura, que también promovía la creación de un museo dedicado a las culturas afromestizas.

Para esta etapa de la trayectoria política de Sergio Peñaloza, su activismo presentaba un enfoque cultural centrado en aspectos como la danza y las piezas de museo. En ese momento, no vislumbraba aún un panorama orientado hacia la lucha por los derechos políticos y sociales de las poblaciones afromexicanas, principalmente por su reconocimiento constitucional. En ese tiempo, para Peñaloza la idea central era “fortalecer la identidad [sin embargo] nuestra visión era bastante reducida, muy corta”. Este rango de visión se magnificó cuando entró en escena el sacerdote católico Glyn Jemmott Nelson, proveniente de Trinidad y Tobago, quien cambió el rumbo de la historia de la defensa de los derechos afromexicanos al impulsar los Encuentros de Pueblos Negros, donde Sergio Peñaloza participó como organizador en la primera edición en 1997. Ese mismo año fundaron la Asociación Civil México Negro, cuyo objetivo principal era organizar a las comunidades afrodescendientes de México para promover la defensa de sus derechos políticos, sociales y culturales.

Desde ese momento, Sergio Peñaloza se embarcó en un compromiso permanente con la lucha por los derechos de la población afromexicana. Como él mismo señala sobre esta etapa: “como grupo, como etnia, o sea, de manera colectiva, no teníamos ningún derecho en ese entonces” (P.S. Peñaloza Pérez, comunicación personal, 31 de marzo del 2022). De hecho, la población afromexicana carecía de reconocimiento y permanecía marginada en diferentes esferas sociales, únicamente en el ámbito académico existían estudios sobre lo que el antropólogo mexicano Gonzalo Aguirre Beltrán denominó la tercera raíz.

México Negro fue la primera asociación civil dedicada a la organización de los Encuentros de Pueblos Negros y a “actividades de promoción cultural, de rescate de tradiciones culturales, de fortalecimiento de la identidad y todo lo referente propiamente a nuestra identidad, a nuestra ancestralidad”. A medida que transcurrían estos encuentros, la entidad se expandió hacia nuevos horizontes tanto a nivel nacional como internacional, y participó en eventos de todo tipo. México Negro y Sergio Peñaloza se transformaron en símbolos de la lucha por los derechos de la población afrodescendiente en México, al organizar hasta la fecha 25 encuentros entre la población afrodescendiente. Asimismo, como asociación, impulsó la inclusión de la población afromexicana en el conteo de la Encuesta Intercensal de 2015 y, en 2019, conquistaron su reconocimiento constitucional.

En 2018 Peñaloza participó como precandidato independiente para la presidencia de la República. Cómo él mismo lo relata:

Me insistieron que yo me inscribiera en el proceso […] como aspirante a la candidatura independiente para la presidencia de la República. Hicimos una reunión de varias organizaciones sociales de Oaxaca y Guerrero para decidir si entrábamos o no al proceso, sabiendo que nos íbamos a enfrentar a lo imposible, que no íbamos a figurar, pero que sí íbamos a posicionar al movimiento afro (P.S. Peñaloza Pérez, comunicación personal, 31 de marzo del 2022).

Debido a la falta de recursos económicos, prácticamente llevó adelante su campaña en los estados de Guerrero y Oaxaca, donde se concentra la mayor parte de la población afromexicana. Esta situación le impidió reunir las firmas necesarias para presentar su candidatura independiente. No obstante, tres años después ingresó al Congreso de la Unión como diputado plurinominal por Morena.

4.3. El regreso a la política de partidos

Su regreso a los partidos políticos, tras haberlos abandonado más de una década, ocurrió en el contexto de la búsqueda de representación política para la población afromexicana, es decir, en una etapa en la que el movimiento afrodescendiente en México se encontraba en la conquista de espacios gubernamentales de representación política, como lo señala Peñaloza:

Cuando logramos el reconocimiento constitucional, primero en Oaxaca en el 2013, y se reconoce a la población afrooaxaqueña, como somos los mismos los que andamos en Oaxaca y Guerrero, entonces estábamos pidiendo esos espacios, sí, gubernamentales para la representación del pueblo afro (P. S. Peñaloza Pérez, comunicación personal, 31 de marzo del 2022).

Desde el nacimiento de Morena en 2014, Sergio Peñaloza se afilió al partido, aunque no se encontraba activo debido a su labor como dirigente de México Negro. Para el PEF 2020-2021, diversos partidos buscaron al dirigente afromexicano para cumplir con las acciones afirmativas, pero él declinó las propuestas argumentando que estaba retirado de la política partidista. En otra ocasión, un dirigente de Morena lo convenció para inscribirse en las elecciones internas para diputaciones nacionales en el distrito electoral federal 8 de Guerrero, aunque finalmente no fue seleccionado como candidato. Avanzado el proceso electoral, y mediante la recomendación de un intermediario dirigida al entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), Sergio Peñaloza consiguió ser incluido en la lista de diputaciones plurinominales.

Durante el período 2021-2024, como legislador elector por acción afirmativa para personas afromexicanas, Sergio Peñaloza representó descriptiva, simbólica y sustantivamente esta población. A lo largo del período legislativo impulsó diferentes iniciativas, todas ellas centradas en la población afromexicana. Entre ellas se destacan: 1) la creación de la Comisión de Pueblos Afromexicanos en la Cámara de Diputados (Peñaloza Pérez, 2021); 2) la integración de los datos y aportaciones de las personas afromexicanas en todas las esferas de la vida pública del país en la totalidad de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (Peñaloza Pérez, 2022); 3) los estudios sobre feminicidios en comunidades afromexicanas y; 4) el acceso directo a recursos del presupuesto para comunidades afromexicanas (P.S. Peñaloza Pérez, comunicación personal, 20 de agosto de 2024). Lamentablemente, por falta de presupuesto, la mayoría de sus iniciativas no fueron aprobadas. Con respecto a la primera, el exdiputado afromexicano comenta:

La primera iniciativa que yo presenté fue para que se creara la Comisión de Pueblos Afromexicanos, porque estaba la Comisión de Pueblos Indígenas, pero no estaban los afromexicanos. Obviamente, no estaban porque no éramos sujetos de derecho, pues había que trabajar para la formación, sí, la formación de la comisión, la integración de la comisión, pero, por cuestiones económicas o presupuestales, no fue aprobada la iniciativa porque dijeron que no había recursos para poder implementar la comisión. Sin embargo, cambiaron el nombre de la comisión para incluirnos y ahora se llama Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (P.S. Peñaloza Pérez, comunicación personal, 20 de agosto de 2024).

En este sentido, a través de rol como actor crítico y mediante acciones concretas dentro de la Cámara de Diputados, ha contribuido a posicionar a la población, y la identidad, afromexicana como un agente visible y activo dentro del espectro legislativo, así como frente al Estado mexicano. Asimismo, su rol como actor crítico no incluye únicamente acciones en el entorno legislativo, sino que, como se ha abordado a lo largo del documento, integra un activismo histórico a favor de los derechos políticos, sociales y culturales de la población afromexicana. En sus propias palabras:

Gran parte de mi trabajo ha sido el activismo social, el activismo en la defensa de los derechos de los afromexicanos. Cuando nosotros iniciamos el movimiento en 1997, pues solamente nos movió justamente la necesidad de la visibilización, de la inclusión, de la no discriminación, de la igualdad y, obviamente, una serie de derechos que no estaban plasmados en ningún documento [por ejemplo], nunca nos habían contado como negros de manera específica para saber: ¿quiénes somos?, ¿cuántos somos?, ¿dónde estamos?, ¿a qué nos dedicamos?, ¿cuáles eran nuestras problemáticas? Decíamos que teníamos que revertir ese discurso porque lo único que no hacían era invisibilizarnos más. (P.S. Peñaloza Pérez, comunicación personal, 20 de agosto de 2024).

Estas reflexiones dan cuenta de cómo su experiencia como activista, inscrita en su trayectoria política, se traduce en su labor como legislador. Esta conexión entre identidad, activismo y legislación ejemplifica un caso de actor crítico que impulsa una representación sustantiva, fundamentada en las dimensiones descriptiva y simbólica, fuera y dentro del espacio legislativo.

Con respecto a la experiencia compartida de la dimensión descriptiva de la representación política, como se ha relatado a lo largo de su trayectoria política, el recorrido vital de Sergio Peñaloza refleja las condiciones de vida de muchos afrodescendientes en México. Estas experiencias compartidas le permiten comprender de forma íntima los intereses y necesidades de las comunidades afromexicanas. Asimismo, durante su itinerario vital, presenció múltiples situaciones de racismo, como la que relata con referencia a una profesora de primaria y sus alumnos afromexicanos:

El negro es bueno para el fútbol, que el negro es bueno para el trabajo rudo, pero no es bueno para el trabajo intelectual, para la actividad intelectual. No sé si lo hayan oído ustedes esto, o sea, un negro no puede ser profesionista porque su cabecita no le da. Yo lo oí de una maestra justo en un taller […] dice: “No, es que trabajo con los niños afromexicanos y, como son de cabecita dura, no aprenden bien”. Entonces hay gente negra, hay gente afrodescendiente o afroamericana que asume eso como cierto (P.S. Peñaloza Pérez, comunicación personal, 31 de marzo del 2022).

Todas estas experiencias compartidas, vinculadas con la identidad colectiva como integrante de la población afromexicana, impactaron en la construcción de una agenda legislativa que refleja la trayectoria política de Sergio Peñaloza. Traducir estos elementos en iniciativas legislativas y en acciones concretas no constituyó un paso adicional, sino que formó parte del mismo camino iniciado como activista y miembro de la comunidad afromexicana.

No me era tan difícil, no me fue tan difícil relacionar esto con la producción de las iniciativas que yo presenté, porque era el tema que yo estaba viviendo día a día, como ciudadano común. Y luego, como activista, era el tema que yo estaba exigiendo que se resolviera […] Me concentré en elaborar iniciativas, ahora sí, con el enfoque afro, para algunas de las problemáticas, algunas de las necesidades de las poblaciones afrodescendientes […] Porque llevaba el compromiso, porque ya lo estaba yo viendo día a día, porque yo era activista. (P.S. Peñaloza Pérez, comunicación personal, 20 de agosto de 2024).

En la trayectoria política del activista y exdiputado federal Sergio Peñaloza se entrelazan las dimensiones de la representación política. A través de este caso, es posible afirmar que tanto la experiencia compartida como la identidad colectiva son factores fundamentales que se articulan con la representación política sustantiva. Esta última dimensión de la representación política no surge cuando se alcanza espacios legislativos, sino que se construye en la trayectoria política.

A modo de conclusión

La implementación de acciones afirmativas en el ámbito legislativo en México ha marcado un punto de inflexión en el desarrollo de la representación política en el país, particularmente en lo referente a aquellas dirigidas a las poblaciones indígenas y afromexicanas. Estas medidas, además de contribuir a la ampliación de la participación política-legislativa de grupos históricamente excluidos, han puesto de manifiesto la complejidad y las tensiones inherentes al concepto de representación política en sus diversas dimensiones. El análisis de las trayectorias políticas de Celeste Ascencio y Sergio Peñaloza ilustra cómo, particularmente en estos casos, las experiencias compartidas y las identidades colectivas influyen en la construcción de agendas legislativas que responden a los intereses de las poblaciones representadas. En este sentido, las dimensiones descriptiva, simbólica y sustantiva se entrelazan a lo largo de sus trayectorias políticas.

La representación descriptiva, entendida en el caso de las acciones afirmativas como el aumento de la presencia física de grupos históricamente excluidos del proceso político, constituye una ventana hacia la inclusión. En el contexto mexicano, las acciones afirmativas implementadas en el PEF 2020-2021, específicamente para pueblos indígenas y afromexicanos, produjeron resultados que superaron las cuotas planteadas. La elección de 36 diputaciones indígenas y 6 diputaciones afromexicanas en la LXV Legislatura da cuenta de cómo las cuotas pueden transformar la composición demográfica del Congreso. Sin embargo, este análisis también subraya que la representación descriptiva no garantiza un cambio estructural, sino que es fundamental que las experiencias compartidas se traduzcan en acciones legislativas.

Las trayectorias analizadas ponen de relieve el papel que juega la experiencia compartida como mecanismo que conecta a los representantes con sus comunidades de origen. Con respecto a Celeste Ascencio, su autoidentificación como mujer, joven, indígena y lesbiana da cuenta de una interseccionalidad que amplía su comprensión de las diversas formas de marginación, exclusión y discriminación que enfrentan las poblaciones vulnerables que representa. Por su parte, Sergio Peñaloza, al provenir de una comunidad históricamente marginada, como lo es Cuajinicuilapa, y enfrentar discriminación racial, económica y educativa, encarna las vivencias cotidianas de gran parte de la población afromexicana. Estas experiencias compartidas les permiten identificar problemáticas de sus poblaciones que no han sido atendidas y formular una producción legislativa alineada con los intereses específicos de sus comunidades. Este enfoque cualitativo de la representación política descriptiva trasciende la mera presencia numérica en el espacio legislativo y enfatiza la conexión entre los representantes y los representados en términos de vivencias comunes.

En el ámbito de la representación política simbólica, las trayectorias políticas de ambos legisladores explican cómo los representantes se construyen en símbolos de identidad colectiva para sus comunidades. Celeste Ascencio ha empleado narrativas que evocan las tradiciones purépechas y las interseccionalidades que la definen, lo que la ha posicionado como una representante capaz de amplificar la voz de diversas poblaciones vulnerables. La organización de la marcha del orgullo purépecha LGBTQ+ en Paracho, Michoacán, es un ejemplo concreto de cómo sus acciones refuerzan un sentido simbólico de pertenencia y visibilizan las luchas de las poblaciones que representa. Por otro lado, el dirigente Sergio Peñaloza, a través de su activismo en la asociación México Negro y su trabajo legislativo, ha logrado posicionar la identidad afromexicana y hacerla visible tanto a nivel nacional como internacional. Su persistencia como activista y su insistencia como legislador (para incluir los aportes de las comunidades afromexicanas en los libros de texto gratuitos y promover la creación de una comisión específica para atender las necesidades de esta población) dan cuenta de cómo, en algunos casos, la representación simbólica puede transformarse en una herramienta útil para generar inclusión y reconocimiento en diferentes esferas sociales.

La dimensión sustantiva de la representación política simbólica, que implica actuar en interés de los representados, también encuentra expresión en las trayectorias políticas de los casos analizados. Ambos legisladores encarnan la noción de actores críticos al promover iniciativas legislativas que responden a las necesidades de sus comunidades, así como al impulsar, como activistas, diversas acciones críticas para promover la conquista de derechos de las poblaciones que representan. Celeste Ascencio, por ejemplo, en su segundo período promovió más de 100 iniciativas legislativas con un enfoque transversal en poblaciones vulnerables como mujeres, pueblos originarios y personas de la diversidad sexual. Esta situación pone de manifiesto la movilización de recursos materiales y simbólicos para cumplir con su labor sustantiva como representante legislativa. En el caso de Sergio Peñaloza, sus múltiples iniciativas centradas en diversos aspectos del reconocimiento de la población afromexicana reflejen cómo su experiencia como activista y su identidad colectiva influyeron en su labor legislativa. Aun cuando casi la totalidad de sus iniciativas legislativas no fueron aprobadas por restricciones presupuestarias, su rol como actor crítico da cuenta de la importancia de que un miembro reconocido de la población afromexicana construya y materialice una agenda legislativa en beneficio de este grupo vulnerable.

Los casos analizados destacan la importancia de considerar las dimensiones descriptiva y simbólica de la representación en conjunción con la sustantiva, y subrayan cómo su interacción se manifiesta en la construcción de una agenda política y legislativa en interés de los grupos que representan. Esto sugiere que las acciones afirmativas no se limitarían exclusivamente a garantizar la presencia numérica de representantes de grupos vulnerables, sino que también podrían incidir en que estos actúen en beneficio de sus comunidades.

Sin embargo, como lo demuestran las trayectorias políticas de Celeste Ascencio y Sergio Peñaloza, arribar a una representación sustantiva depende en gran medida de las capacidades de los representantes para traducir sus experiencias compartidas y su identidad colectiva en acciones concretas que beneficien a sus poblaciones. Esta traducción no es mecánica, sino que se construye a lo largo de su trayectoria política y se manifiesta en su labor legislativa. Por lo tanto, estos casos permiten comprender que la representación política es un fenómeno multidimensional que trasciende la mera presencia numérica.

Finalmente, desde una perspectiva latinoamericana, estos casos permiten ampliar la discusión sobre la representación política legislativa en un contexto regional signado por la crisis de los sistemas democráticos tradicionales. Esta crisis se manifiesta en la pérdida de confianza en los órganos representativos, en el desgaste de los partidos políticos convencionales y en la creciente demanda de una democracia inclusiva con participación de poblaciones históricamente marginadas del proceso político. En este escenario han emergido actores que encarnan luchas identitarias y reivindicaciones colectivas, como los grupos indígenas y afrodescendientes.

A partir de los casos de Celeste Ascencio y Sergio Peñaloza es posible identificar elementos clave para comprender la representación política en América Latina en el actual contexto de crisis. En primer término, la crisis de representación ha generado espacios para la inclusión de actores sociales tradicionalmente excluidos de los ámbitos político-legislativos, quienes buscan incidir en la producción legislativa sobre las poblaciones que representan. En segundo lugar, las trayectorias de estos legisladores dan cuenta de que la representación de identidades subalternas en el espacio legislativo no constituye un proceso lineal ni exento de contradicciones. Si bien las acciones afirmativas han permitido ampliar la presencia de estos grupos, su efectividad depende, en gran medida, de la capacidad de estos actores para movilizar recursos simbólicos y materiales que les permitan incidir en la agenda legislativa.

Por último, el análisis de estas trayectorias permite reflexionar sobre el papel de las identidades en la política latinoamericana contemporánea, donde las múltiples identidades subrepresentadas no pueden concebirse como elementos estáticos, sino construcciones dinámicas que responden a contextos históricos, demandas colectivas y coyunturas críticas específicas. Por lo tanto, a partir de estos elementos, las diferentes crisis que atraviesa el sistema político latinoamericano representan una oportunidad para repensar los fundamentos de la democracia en la región y avanzar hacia modelos de representación política y legislativa que promuevan la inclusión de actores críticos comprometidos con sus comunidades.

Entrevistas

C. Ascencio, comunicación personal, 22 de septiembre de 2021.

—, comunicación personal, 24 de agosto del 2024.

P. S. Peñaloza Pérez, comunicación personal, 31 de marzo del 2022.

—, comunicación personal, 20 de agosto de 2024.

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1. El núcleo base del equipo estuvo conformado por: Edgars Martínez Navarrete, Margarita Moreno López, Víctor Manuel Santillán Ortega, Willibald Sonnleitner, Manuel Jonathan Soria y Alejandro Vázquez Arana. El estudio se puede encontrar en Martínez Navarrete et al. (2022). Por último, agradezco al equipo la autorización para el uso de las entrevistas de Celeste Ascencio y Pedro Peñaloza con fines académicos para esta publicación.

2. Por razones de espacio, nos concentramos en el plano federal. Sin embargo, cabe mencionar que estas medidas, con múltiples variantes, se han implementado a nivel subnacional. Para profundizar en el tema, revisar Martínez Navarrete et al. (2022).

3. “Entre los instrumentos internacionales que México suscribió en distintos momentos, se encuentran los siguientes 34: a) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1981) que, en su artículo 1º, establece que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; b) el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (1990), en el que se reconocen las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven; c) la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (1992), que establece que las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar efectivamente en la vida […] pública; d) la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) en la que se establece su derecho a la libre determinación; y, e) la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016), en la que, además del derecho a la libre determinación, también se establecen derechos organizativos y políticos” (Martínez Navarrete et al., 2022, pp. 50-51).

4. La impugnación fue promovida por diversos actores políticos, principalmente partidos y coaliciones nacionales que se sintieron afectados por la imposición de nuevos criterios para el registro de candidaturas. Entre ellos destacan el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT), Nueva Alizanza (NA) y representantes de Morena. Todos ellos consideraban que este acuerdo vulneraba la autonomía interna de los partidos políticos.

5. Los pireris son músicos tradicionales en la cultura purépecha. En sentido estricto, se refiere a quienes interpretan las pirekuas, canciones que representan al pueblo purépecha.

6. El Fuego Nuevo, también conocido como Año Nuevo purépecha, es una festividad celebrada anualmente los días 1º y 2 de febrero. Este evento es rotativo, puesto cada año una comunidad diferente del pueblo purépecha es designada como anfitriona de la celebración.

7. El partido político de Morena surgió en 2012 con el nombre de Movimiento de Regeneración Nacional, impulsado por su líder histórico Andrés Manuel López Obrador. En ese mismo año, se constituyó como asociación civil y, en 2014, el Instituto Nacional Electoral le otorgó el registro como partido político nacional.

8 Como se señaló en la Introducción, la primera entrevista a Sergio Peñaloza Pérez se realizó el 31 de marzo de 2022, en el marco del proyecto “Estudio especializado sobre la efectividad en la aplicación de acciones afirmativas y las barreras que enfrentan los grupos en situación de discriminación en la representación política en el Proceso Electoral Federal 2020-2021”. Esta entrevista, realizada por el equipo de investigación de El Colegio de México, constituye la base empírica de un capítulo de libro (derivado de dicho estudio) actualmente en proceso de redacción. Su incorporación en distintos documentos obedece a una estrategia analítica complementaria que busca explorar, desde una misma trayectoria empírica, diversas aristas de las dimensiones de la representación política legislativa de poblaciones vulnerables.

9. La Universidad Autónoma de Chapingo es una institución educativa de carácter público, enfocada en la enseñanza e investigación de ciencias ambientales y agronómicas.

Lenguaje de derechos y movilización legal: nuevas identidades estratégicas entre los sectores excluidos del trabajo formal

El caso de las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular en la Argentina

Gabriela Delamata

[Somos] los trabajadores que no estamos representados por los sindicatos con personería gremial ni tenemos convenio colectivo de trabajo, los que no tenemos un salario mínimo vital y móvil, ni aguinaldo, ni vacaciones, ni ART, ni obra social, ni asignaciones familiares, ni licencias por enfermedad ni ninguno
de los derechos que consagra nuestra Constitución y las leyes. […] Exigimos que el Estado intervenga en la economía informal para garantizar que todos podamos gozar de plenos derechos laborales. ¡Somos lo que falta!

Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), 1º de mayo de 2013

Introducción

La movilización legal es una forma de acción de la sociedad civil que utiliza el lenguaje de derechos para articular reivindicaciones e influir en el Estado. Desde las transiciones a la democracia de la década de 1980 en la región, la movilización legal ha sido una estrategia central de los movimientos sociales para intentar obtener reconocimiento estatal a sus demandas y transformar arreglos sociales en una dirección más igualitaria, autónoma o (eco)socialmente más justa. Principalmente orientada a la defensa y ampliación de garantías civiles (Pecheny, 2014), la movilización legal se fue expandiendo hacia reivindicaciones sociales emergentes, como las ambientalistas (Delamata y Christel, 2023), y hacia el mundo del trabajo, en demanda de formalización de actividades económicas, relaciones laborales no reconocidas y acceso a derechos, como en los casos de los recicladores urbanos (Gutiérrez, 2020) y las trabajadoras domésticas o del hogar (Goldsmith Connelly et al., 2010; Pereyra y Poblete, 2024).

En este texto nos ocupamos de la movilización legal de las trabajadoras y trabajadores de la economía popular en la Argentina. Al igual que los casos recién mencionados, los trabajadores de la economía popular reclaman reconocimiento estatal de las actividades que realizan y de los derechos vinculados al trabajo.1 Conglobando distintas realidades laborales y ramas de actividad, la aparición de la categoría “trabajadores de la economía popular” obedece a la invención de una identidad estratégica entre quienes trabajan en la informalidad laboral, dirigida a “reclamar los mismos derechos que el resto de la clase trabajadora” (CTEP, 2013). Con un diagnóstico y una respuesta diferentes a los que, finalizando la década de 1990, dieron origen y continuidad a las organizaciones de trabajadores desocupados, la creación de una organización de los trabajadores de la economía popular apunta a dar una “solución transformadora” a la exclusión laboral (Fraser, 1997), mediante la incorporación de una nueva categoría al trabajo registrado.

A juicio de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la crisis de integración social que produjo el neoliberalismo décadas atrás se convirtió en estructural. Actualmente, solo una parte del pueblo trabajador está integrado (es asalariado), el resto está excluido. Las razones de esta segmentación se vinculan con las nuevas dinámicas de modernización del capitalismo, pero los motivos de su consolidación son de índole política. Son los propios gobiernos aliados los que se niegan a reconocer las actividades laborales que realizan los informales so pretexto que el trabajo informal será reabsorbido por el empleo formal a través del crecimiento económico. Son los propios gobiernos aliados los que insisten en proponer soluciones asistenciales al desempleo y la pobreza, sin afectar la frontera entre integrados y excluidos. Frente a ello, la CTEP se concibe como una organización independiente de los partidos políticos para la restitución de los derechos laborales y sociales de quienes se inventaron un trabajo para subsistir en la informalidad.

La identidad “trabajadores de la economía popular” se formó en el momento de auge de la política social de los gobiernos kirchneristas, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011), expresando un cuestionamiento hacia sus premisas por parte de la mayor organización social de desocupados, el Movimiento Evita (ME),2 encuadrada en el proyecto kirchnerista (Longa, 2019, p. 131), en convergencia con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), una organización social fundada en 2002, liderada por el abogado de izquierda Juan Grabois, referenciado en la tradición del peronismo, que en años consecutivos había contribuido a la organización y formalización del trabajo de los “cartoneros” (recuperadores de residuos reciclables o recicladores urbanos) en la ciudad de Buenos Aires. Ambas organizaciones empezaron a utilizar la categoría “trabajadores de la economía popular” para nombrar a un sector sociolaboral autogestivo, compuesto por obreros de fábricas recuperadas, cooperativas de cartoneros, cuadrillas de infraestructura barrial, entre otros, cuyo denominador común, en cuanto trabajadores, es ser “lo que falta”, la falta de sindicato y la falta de derechos laborales y sociales. Este agravio fue retirando al ME del gobierno y dio impulso a una acción conjunta con el MTE y otras organizaciones sociales, para la creación de una organización representativa de los trabajadores de la economía popular. Reconocidos constitucionalmente los derechos sindicales y sociolaborales del trabajador, la CTEP apelará a ellos en sus reivindicaciones y articulará demandas en el formato típico de acción de los movimientos sociales que reclaman derechos al Estado, la movilización legal.

***

Durante las últimas décadas del siglo XX, el avance de las políticas de mercado sobre las instituciones de la sociedad salarial tuvo consecuencias significativas en el mundo del trabajo, como el crecimiento del desempleo, la proliferación de formas precarias de contratación, hasta la exclusión social (Castel, 1997). Argentina, donde la sociedad salarial, con derechos y organizaciones sindicales, se había convertido en una institucionalidad fuerte y abarcadora, no solo no escapó a ese proceso, sino que además se convirtió en un laboratorio de protesta social contra la exclusión. Ante la desestructuración del mundo del trabajo surgieron nuevas identidades laborales que dotaron de sentido a las acciones colectivas contra el desempleo y la precariedad. En un primer momento, fines de la década de 1990, se gestó la identidad de “trabajadores desocupados”, una ecuación que afirma el carácter de trabajadores de los desempleados y considera la desocupación un fenómeno transitorio. Es una identidad expresiva y expectante. En un segundo momento, principios de la década de 2010, se fraguó la identidad de “trabajadores de la economía popular”, nombrando a un nuevo sujeto laboral de trabajadores sin patrón, de presencia ya permanente, que busca ser reintegrado a la sociedad (pos)salarial. Se trata de una identidad reivindicativa y estratégica, orientada al reconocimiento de derechos y la reforma institucional.

***

Este trabajo tiene por objeto analizar el surgimiento de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y la construcción y movilización de sus principales reivindicaciones. La temática anuda tres campos de interés. En primer lugar, atañe a las transformaciones de la movilización social contra la exclusión laboral en la Argentina, sus formas de organización y representación. En ese proceso, la aparición de la CTEP desplaza del centro de las acciones colectivas de los informales a las organizaciones de desocupados y su vínculo con la política social y asistencial, lo que produce innovaciones. En segundo lugar, la CTEP innova al recurrir a un dispositivo clásico de los movimientos sociales posteriores a la transición democrática, la movilización legal, esto es, el encuadre de las demandas en el derecho positivo y la Constitución. Argentina posee una Constitución nacional que preserva las instituciones del constitucionalismo social de mitad del siglo XX y que ha expandido enormemente la lista de derechos a través de su reforma en 1994, bajo la influencia del movimiento de derechos humanos. Si bien la CTEP se autodefine como entidad gremial, desde su fundación las acciones públicas de la organización estarán orientadas al reconocimiento de derechos y, ante todo, de un nuevo sujeto de derechos que ostenta representar. En tercer lugar, la CTEP constituye una de las formas existentes de economía/s popular/es en la región. Como señalan Gago, Cielo y Tassi (2023), economías populares es un término que busca visibilizar realidades socioeconómicas de los sectores populares, cuyas manifestaciones y rasgos son múltiples. Sin embargo, en la mayoría de los casos sucede que tanto el uso del término como la especificación de los rasgos son el resultado de la observación y análisis de agentes externos, académicos en particular. En contraste con ello, o a la par, en la Argentina economía popular es una categoría de las (algunas) organizaciones sociales, de su construcción identitaria y activista. Esperamos dar cuenta de esta singularidad.

El orden del escrito es el siguiente. En primer lugar, definimos la movilización legal como una forma de acción colectiva mencionando dimensiones y algunas variables relevantes dentro del repertorio. En la sección siguiente cambiamos el registro narrativo para abordar las transformaciones de la acción colectiva entre los sectores excluidos del trabajo formal en la Argentina, desde la crisis del empleo a fines de la década de 1990 hasta la fundación de la CTEP en 2011. Seguidamente, analizamos la construcción y movilización de un lenguaje de derechos por parte de la CTEP, así como las movilizaciones legales exitosas. A continuación, examinamos los efectos y límites del reconocimiento estatal de demandas de la CTEP. Ulteriormente, presentamos la conclusión y consideraciones finales.

Las fuentes consultadas para el trabajo son primarias y secundarias. Las fuentes primarias comprenden las publicaciones de la CTEP, fuentes periodísticas que relevan procesos de movilización social y movilización legal de las organizaciones, así como entrevistas realizadas a integrantes de la CTEP, documentos oficiales (proyectos de ley, leyes, resoluciones) y entrevistas realizadas a autores del diseño programático de la economía popular y el diseño legislativo de la Ley 27.345. También se realizaron entrevistas a académicos en ciudad de México (El Colegio de México) y en Guadalajara, México (organización civil Nosotrxs), sobre políticas sociales y organizaciones en el sector del trabajo precario e informal. Las fuentes secundarias incluyen una recopilación de trabajos académicos referidos a la CTEP, evolución de la protesta sociolaboral en Argentina, informes y análisis de políticas sociales, acción colectiva y movimientos sociales, etcétera.

1. Qué es la movilización legal

La movilización legal es una forma de acción pública de la sociedad civil que utiliza el lenguaje de derechos para articular reivindicaciones e influir en el Estado (Zemans, 1983). Distintos autores comienzan por definirla como una forma de participación política en democracia distinta de la movilización electoral y la representación partidaria. La movilización legal ocurre entre elecciones, en las acciones contenciosas o institucionalizadas de grupos y movimientos sociales que buscan influir de manera directa en las decisiones estatales esgrimiendo derechos (Offe, 1994; Manin, 2016; Peruzzotti, 2002; Smulovitz, 2008). La movilización legal incluye las acciones de lobby ante los poderes políticos y la judicialización y el litigio judicial, pero comprende, de manera más amplia, “el uso del lenguaje de derechos por parte de los movimientos sociales y el encuadre de sus reclamos a través de marcos discursivos que incorporan a interpretan conceptos legales” (Ruibal, 2015, p. 182).

Todo movimiento social construye significados compartidos por medio de los cuales se define y define sus acciones. La literatura clásica de movimientos sociales denomina procesos enmarcadores a los esfuerzos colectivos dirigidos a dotar de significado a la acción (McAdam, McCarth y Zald, 1999, p. 27). Esta definición es apropiada cuando se trata de dar significado a la acción en el marco de los derechos, dado el carácter político-estratégico de este discurso. Si utilizamos la definición de marco interpretativo de Benford y Snow, que explicita las dos dimensiones en las que el marco produce sentido, podemos hacer algunas precisiones respecto del marco de derechos. Los autores entienden por marco interpretativo “un conjunto de significados y creencias orientados a la acción que inspiran y legitiman las actividades y campañas de un movimiento social” (2000, p. 614) [destacado añadido]. Considerando ahora la práctica de los movimientos sociales y el lenguaje de derechos, podría decirse que el marco inspira la acción con la fórmula “tenemos derecho a”, como reivindicación política respecto de un cierto orden, y como formato de legitimación de la acción, mediante el encuadramiento de las demandas en el sistema jurídico o en la cultura legal de una comunidad.

La existencia de una Constitución, que reconoce derechos y herramientas para hacerlos exigibles (como las acciones de democracia directa, los mecanismos de protección judicial de derechos, la figura de las asociaciones civiles legitimadas, etc.), proporciona legitimidad legal a los reclamos formulados en términos de derechos (Smulovitz, 2008). Derechos incorporados a las constituciones de manera expresa permiten encuadrar institucionalmente demandas sociales que se vinculan a ellos y validarlas ante las autoridades en la arena política o judicial (Delamata, 2013a). Reva Siegel argumenta que, para persuadir a la ciudadanía y las autoridades, los movimientos sociales deben sujetar sus demandas y marcos interpretativos a lo que denomina “la condición de valor público”, es decir, deben presentar sus reivindicaciones particulares en un discurso que interpele interpretaciones constitucionales compartidas y sean resonantes con ellas (2004, pp. 11-12).

Es probable que un movimiento o grupo social recurra a una u otra forma de legitimación tomando en cuenta al interlocutor al que apela. Analíticamente, es posible distinguir dos modalidades de movilización legal, según la dirección que adopte la influencia (Peruzzotti, 2002, p. 81): una primera dirigida a los decisores públicos, con el objeto de influir en sus discursos y resoluciones, y una segunda dirigida a la sociedad civil, a fin de interpelar a la ciudadanía y formar una opinión pública favorable a la causa. En los hechos, estas modalidades pueden combinarse y reforzarse en el intento por ampliar la legitimidad social del cambio político y legal buscado.3

En la movilización legal, los abogados participan de la construcción del lenguaje de derechos junto a miembros y líderes del movimiento (Siegel, 2004, p. 15). Existen distintas maneras de involucramiento y participación de la profesión. Una de ellas aparece sintetizada en el muy utilizado concepto de “estructura de apoyo” para la movilización legal, que comprende la presencia de abogados de interés público, la existencia de organizaciones de defensa de derechos y la disponibilidad de recursos financieros para sostener el litigio (Epp, 1998, pp. 2-3). Este concepto está prácticamente atado a la judicialización y al litigio judicial, pero, de manera más general, entiende el derecho desde un rol de asesoramiento y asistencia, provisto por una estructura que puede estar fuera o formalmente dentro del movimiento. Aunque este rol es perfectamente posible, se diluye allí el papel de los abogados y el derecho en la definición de los marcos de significado y lineamientos estratégicos del movimiento. Al respecto, Ruibal señala que, cuanto más central (y menos periférica) es la posición de los abogados dentro del movimiento, mayor es la probabilidad de convertir su estrategia en una estrategia común entre amplios sectores del movimiento, y mayor la capacidad de los marcos y estrategias legales de convertirse en hegemónicos dentro del movimiento (2015, p. 188).

Un concepto que va de lo político a lo jurídico es el de “militantismo experto”, que Ríos Petrarca (2011, p. 201) retoma de Gaïty e Israël, que indica “apropiación de los movimientos sociales del espacio jurídico” y conciliación entre el compromiso militante y la práctica profesional. En su trabajo sobre la lucha por la igualdad racial en Brasil, la autora observa esta práctica en movimientos sociales que cuentan con cuadros militantes provenientes de diferentes formaciones universitarias o con abogados que se sienten autorizados a movilizar la ley a favor de las causas que emprenden (pp. 201 y 203). Estos profesionales “politizan”, ponen en relación la evidencia histórica y la denuncia de los procesos de discriminación y exclusión con las herramientas propias del campo jurídico y la elaboración de estrategias para atender las necesidades del grupo. Interesan a esta línea de indagación las trayectorias de asociación entre expertise jurídica y militancia de quienes devienen “militantes expertos” y sus experiencias personales con las problemáticas que son objeto de las luchas (pp. 212-215).

2. La lucha contra el desempleo y las políticas sociales: el contexto de surgimiento de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular

Argentina experimentó una notable contracción del empleo en la década de 1990, como consecuencia de la aplicación de políticas de reforma de mercado. En un país acostumbrado a tasas históricas de desempleo del orden del 4% al 5%, la escalada de la desocupación al 18,6%, en 1995 y al 25,5% en plena crisis de 2002 tuvo un impacto personal y social dramático y elevó rápidamente la pobreza (32,6% en 2001). Sin embargo, lejos de naturalizarse, el nuevo panorama fue confrontado. La exclusión social del trabajo asalariado disparó un proceso de contestación colectiva y dio origen a las organizaciones de trabajadores desocupados y al movimiento piquetero a fines de siglo (Delamata, 2004; Svampa y Pereyra, 2003). Mediante cortes de rutas (los llamados “piquetes”), los desocupados protestaron contra el desempleo y lograron negociar con los gobiernos la entrega de planes sociales (transferencias monetarias). La lucha contra el desempleo fraguó una identidad colectiva y dio inicio a un patrón de interacción de las organizaciones con el Estado. La autonominación colectiva “trabajadores desocupados” mantuvo el sujeto en “trabajadores” y colocó el predicado en “desocupados”, entendiendo que la desocupación era un problema transitorio y que en el futuro próximo se alcanzaría el “trabajo digno”, la vuelta a las fábricas. Esta identificación se combinó con una lucha más urgente, por la supervivencia, en demanda de planes sociales. Una vez que el Estado autorizó a las organizaciones de desocupados a gestionar planes sociales, crecieron las acciones colectivas y, con ello, la distribución estatal de subsidios a las organizaciones, en una dinámica interactiva.

Entre 1996, durante el gobierno de Carlos Menem, y la crisis de 2001-2002, se implementaron dos programas nacionales de transferencias de ingresos a desocupados. Los ingresos serían percibidos hasta que el beneficiario hubiera hallado empleo en el mercado de trabajo formal. En 1996 se creó el plan Trabajar, en sus versiones consecutivas I, II y III, que consistía en la entrega de una suma no remunerativa a “trabajadores desocupados” a cambio de una contraprestación laboral en actividades comunitarias mediante proyectos de infraestructura económica y social. Las principales tareas dentro de estos proyectos eran obras de infraestructura y servicios municipales y, en menor medida, proyectos comunitarios que presentaban las propias organizaciones sociales. En 2002 el plan Trabajar desapareció y el gobierno provisional de Eduardo Duhalde creó el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD), dirigido a brindar ayuda económica a jefas y jefes de hogar desocupados con hijos de hasta 18 años de edad, a los que se sumaron jóvenes desempleados y adultos mayores sin beneficio jubilatorio. Como contraprestación se buscaba que los beneficiarios desarrollaran actividades asociadas a “proyectos de utilidad social y comunitaria” con “impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de la localidad”. El PJJHD llegó a más de 2 millones de personas en 2003, de las cuales un 20% pertenecían a organizaciones de desocupados. Mediante los planes, las organizaciones pudieron definir y gestionar sus propios proyectos de trabajo en los barrios, tales como talleres de costura, panaderías, huertas, comedores, etcétera.

A partir de 2003 se produjeron dos cambios significativos en estas dinámicas. Los gobiernos entrantes reconfiguraron la relación del Estado con el movimiento piquetero y transformaron la política social. Por un lado, como manera de reconstruir legitimidad política tras la crisis de representación de 2001 y como estilo propio de producción de popularidad, los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011; 2011-2015) se vincularon con distintos movimientos sociales, y los incorporaron o movilizaron en momentos de polarización (Mauro, 2014). El movimiento piquetero fue convocado, pero solo la vertiente más afín a la sensibilidad política del gobierno.

Abro un paréntesis para recordar que el movimiento piquetero estaba conformado por tres vertientes ideológicas: la nacional-popular, la marxista y la autonomista. Esto significa, por un lado, que la organización de los desocupados fue posible gracias al reclutamiento de activistas políticos con militancia política y social en los territorios en los que se conformaron las organizaciones (Schipani, 2008). Por otro, que la lucha por los planes, más inmediata o urgente, se inscribía o pretendía inscribirse en proyectos políticos de largo aliento vinculados con el cambio político y social (Merklen, 2005).

Dicho esto, los gobiernos kirchneristas convocaron a organizaciones de la vertiente nacional-popular, les dieron participación en la gestión estatal de la política social y buscaron desactivar las corrientes de izquierda marxista restringiendo el acceso a planes sociales. Esta reconfiguración se dio en paralelo a un cambio en el formato de la política social. Por ese entonces, se diseñaron e implementaron un conjunto de políticas que partían de reconocer los límites del mercado laboral para generar empleo y la necesidad de promover trabajo desde el Estado. Estas iniciativas estaban dirigidas a fortalecer las experiencias autogestionadas de los sectores afectados por las reformas neoliberales (desempleados, beneficiarios de planes sociales, trabajadores de fábricas recuperadas) y se inscribían en la perspectiva de la Economía Social y Solidaria (ESS),4 sostenida desde el Ministerio de Desarrollo Social (Muñoz, 2018; Natalucci y Matte, 2020, p. 172). Entre ellas pueden mencionarse la incorporación de beneficiarios del PJJHD a emprendimientos productivos de la economía social (Programa Manos a la Obra), el monotributo social, para la emisión de facturas y el acceso a prestaciones de la seguridad social, el Programa Nacional de Microcrédito para la Economía Social y Solidaria y la ley “Marca Colectiva” para la comercialización de productos y servicios de la economía social. Las figuras centrales de estas políticas eran las cooperativas de trabajo asistidas financiera y técnicamente por el Estado (Arcidiácono y Bermúdez, 2018). En agosto de 2009 se creó el programa de cooperativas más ambicioso, el Programa Ingreso Social con Trabajo, línea Argentina Trabaja (PAT), en la provincia de Buenos Aires, con una asignación de fondos para la formación de cooperativas (100.000 puestos de trabajo) que darían empleo e ingresos a desempleados en trabajos de mejoramiento de la infraestructura local. A fines de 2010, la cantidad de planes de cooperativas superaba los 600.000 (Schipani y Fiorino, 2024), como consecuencia de las negociaciones que organizaciones sociales de izquierda habían logrado mantener con el gobierno, tras una protesta frente al Ministerio de Desarrollo Social por la denegación de cupos a movimientos opositores. La implementación del PAT estuvo envuelta en distintos conflictos, uno de ellos por el control del programa. El gobierno había otorgado la administración de las cooperativas de trabajo a los intendentes municipales para, así, garantizar su fidelidad política, lo cual restaba manejo a la subsecretaría formalmente responsable, a cargo de Emilio Pérsico, máximo dirigente del Movimiento Evita. Aunque el Evita fue favorecido en la cantidad de puestos de trabajo asignados, apoyó a sus viejos compañeros de ruta en la lucha contra el desempleo compartiendo las consignas “Trabajo para todos sin clientelismo” y “Cooperativas sin punteros”. El ingreso al programa siguió estando marcado por las protestas en reclamo de expansión y mayor transparencia en la distribución del PAT (Torre, 2019, p. 190). Otro de los cuestionamientos al programa estaba vinculado a su formato. A juicio del ME, el PAT tenía un formato similar a un subsidio individual y no fomentaba la cultura del trabajo. Los honorarios a las cooperativas no se pagaban después de finalizados los trabajos, sino antes de ello, sin importar si se trabajaba o no (Longa, 2019, pp. 114-115). Es decir que, en vez de asimilarse a un salario por trabajo realizado, el pago del PAT se asemejaba a un plan social. Esta objeción conectaba con el debate que el ME y otras organizaciones socioterritoriales con origen piquetero venían teniendo sobre las transformaciones del mercado de trabajo. Para estas organizaciones, los cooperativistas y otros trabajadores precarizados constituían un sector consolidado y no una presencia pasajera que había dejado el experimento neoliberal y que desaparecería una vez alcanzado el pleno empleo. El crecimiento económico no hacía (ni haría) crecer el empleo y ese era el límite del modelo de desarrollo del kirchnerismo, según los dirigentes del Evita y el MTE (Pérsico y Grabois, cit. en CTEP, 2014c). Entre los fundamentos para construir otra economía del trabajo se señalaba que:

tras diez años de crecimiento ininterrumpido en nuestra región, aprendimos que el mejoramiento de los indicadores macroeconómicos, el aumento de la productividad, el desarrollo de la tecnología y el incremento en las inversiones no se traduce en trabajo formal y dignidad para todos nuestros compañeros. Comprendimos que, en el mercado capitalista, no hay ni habrá lugar para nosotros. Observamos cómo desde el Estado, quizás con buenas intenciones, se aborda el problema estructural de la exclusión sociolaboral con asistencialismo encubierto y recetas de “flexibilización progresista”, la nueva cara de las “teorías del derrame” que esperan que a la larga el crecimiento del PBI nos resuelva la vida a todos. Frente a este panorama, tenemos dos opciones: conformarnos con subsistir como “ciudadanos de segunda” magramente asistidos por el estado en las periferias del mercado o construir una nueva economía que rompa con la lógica de la ganancia, la Economía Popular (CTEP, s.f.).

El 1º de mayo de 2011, el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, la Cooperativa Textil La Alameda y el Movimiento Nacional de Cooperativas Recuperadas por sus Trabajadores se reunieron en un teatro de la ciudad de Buenos Aires donde declararon que “un tercio de la fuerza de trabajo se encuentra sometida a condiciones de precarización” y resolvieron “promover la conformación de una organización de naturaleza puramente social, independiente de todos los partidos políticos, representativa de los trabajadores de la economía popular y sus familias” e “incorporarla dentro del movimiento obrero organizado, solicitando a la Confederación General del Trabajo (CGT) su admisión dentro de su estructura orgánica” (Declaración del Teatro Verdi). Ese mismo año se realizó el lanzamiento público de la CTEP.

Mediante la Declaración del Teatro Verdi se propuso la creación de una organización representativa de los trabajadores excluidos del mercado formal de trabajo y precarizados, cuyas actividades productivas o comerciales serían en adelante denominadas ramas (cartoneros, trabajadores de la indumentaria en la economía popular, campesinos, motoqueros independientes, vendedores ambulantes, trabajadores de programas sociales, artesanos, feriantes y trabajadores que no han conformado una rama –oficios varios–) (CTEP, 2014b). La Declaración contenía dos enunciados destacados (Forni et al., 2023, p. 12): la entidad representativa de los trabajadores de la economía popular sería independiente de las identificaciones partidarias de las organizaciones particulares que la conforman, y, relacionado con este carácter netamente reivindicativo de la CTEP (organizar y representar a los trabajadores de la economía popular), la aspiración a ser parte de la asociación gremial de trabajadores asalariados más grande del país y, por lo tanto, a ser reconocida como organización sindical, formato que la CTEP enunciará en su lanzamiento público en diciembre de 2011.

3. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular: lenguaje de derechos y movilización legal

La CTEP es una organización gremial independiente de todos los partidos políticos, representativa de los trabajadores de la economía popular y sus familias. La CTEP es una herramienta de lucha reivindicativa para la restitución de los derechos laborales y sociales que nos arrebató el neoliberalismo y que aún no hemos recuperado.

[…] Los millones de excluidos del mercado formal de trabajo, los millones de expulsados del campo y los que aún resistimos en nuestro territorio, nos fuimos buscando un lugarcito en la periferia social, inventándonos nuestro propio trabajo, aferrándonos a los programas sociales, también sudando en pequeñas empresas informales que no garantizan condiciones dignas de labor. De a poco nos fuimos organizando, formamos movimientos, asociaciones, cooperativas, recuperamos fábricas, defendimos y recuperamos nuestro territorio y forjamos lazos de hermandad entre nosotros. Los cartoneros, campesinos, artesanos, vendedores ambulantes, feriantes, trabajadores de programas sociales, motoqueros, cooperativistas, microemprendedores y obreros de empresas recuperadas, comenzamos a salir a la luz y a reclamar por nuestros derechos y trabajar por la unidad de todos los trabajadores.

La CTEP es necesaria porque sin la unidad de los trabajadores, sin organización popular, sin movilización y lucha, no es posible conquistar los derechos que merecemos como laburantes (CTEP, s.f.).

El objetivo declarado de la CTEP es lograr la restitución de los derechos laborales y sociales arrebatados por el “neoliberalismo” (lo que puede traducirse como las políticas de mercado implementadas en la década de 1990, que llevaron al desempleo y al despojo) a un nuevo sujeto: los trabajadores que se inventaron su propio trabajo, los trabajadores de la economía popular. El neoliberalismo es el punto de arranque de la proliferación de realidades laborales dispersas, trabajadores autogestivos, cooperativistas de planes sociales y emprendedores asociados por fuera del mercado de trabajo formal, cuyo denominador común es la falta de derechos. Todas esas realidades (y efectos de largo plazo de las reformas de mercado) que conforman la economía popular son trabajadores sin derechos. Ahora bien, la lucha de la CTEP no es “contra el neoliberalismo”, no es anticapitalista o antiempresaria, es una lucha en unidad de los trabajadores de la economía popular que le reclama al Estado los derechos, como cuestión de plena ciudadanía laboral y social, y también le pedirá institucionalizar y capitalizar la economía popular, en el marco de la paulatina extinción del paradigma del trabajo asalariado.

“Después de la paliza que nos dio el neoliberalismo”, son “cuatro las fracturas que nos atraviesan”: A) Fractura en los derechos: “quita” de derechos básicos del trabajo, sin “trabajo decente”, “precarizados”; B) Fractura institucional: las instituciones no nos reconocen y no existimos para el Estado, somos “informales”; C) Fractura en la responsabilidad empresarial: hay trabajadores en relación de dependencia a los que no se les paga un salario, aportes, jubilación, indemnización por despido, etc.; D) Fractura de productividad: el trabajo no rinde por falta de máquinas, materia prima, capacitación o herramientas, volviendo a los trabajadores de la economía popular “infraproductivos” o “infracapitalizados” (CTEP, 2014c, p. 30).

La lucha por los derechos no solo define la razón de ser de la CTEP, también estructura la estrategia formativa hacia adentro de la organización y domina las demandas que se movilizan en el espacio público.

La CTEP posee la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular (ENOCEP), inaugurada en 2014 y lleva adelante la diplomatura de extensión universitaria del mismo nombre, creada por la ENOCEP en convenio con la Universidad Nacional de San Martín. En 2014 se editaron los materiales de formación de la CTEP, los “Cuadernos de formación para trabajadores, militantes, delegados y dirigentes de organizaciones populares”, escritos por Juan Grabois y Emilio Pérsico, y divididos en cuatro volúmenes que abordan distintos ejes: 1) Nuestra realidad; 2) Nuestra organización; 3) Nuestros objetivos; 4) Nuestra lucha. En mayo de 2015 se reeditaron los cuatro volúmenes en una sola publicación de cuatro capítulos, con anexos (Grabois y Pérsico, 2015).

En el Cuaderno de formación número 3 se establecen los ocho objetivos de la CTEP. Los cinco primeros refieren a derechos constitucionales, leyes laborales y de derecho colectivo del trabajo asalariado vigentes, cuya ampliación a los trabajadores de la economía popular se demanda desde la CTEP. Ellos son 1) El trabajo digno; 2) El salario social; 3) Reconocimiento sindical; 4) Paritaria popular; 5) Unidad de los Trabajadores (integración de la central sindical CGT). Los demás objetivos son: 6) Economía popular comunitaria, que hace referencia a la no explotación y la cooperación como principios orientadores de la interacción entre los trabajadores de la economía popular; 7) Políticas públicas populares, referido a que el Estado planifique, regule, complemente financiera y técnicamente la economía popular; 8) Poder popular, definido como “la capacidad que tienen los sectores populares para resistir la explotación, para luchar contra la exclusión, para edificar una vida digna, para conquistar derechos, para cumplir sus objetivos” (CTEP, 2014d, pp. 6-32).

En lo que respecta a las demandas públicas de la CTEP, el 1º de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, fecha que la dirigencia escogió para fundar la CTEP en 2011, se convirtió en el día elegido para actos y movilizaciones en los que se replican los objetivos de la organización.

El 1º de mayo de 2013, la CTEP se movilizó junto a la CGT, publicó el documento “¡Somos lo que falta!” y entregó un petitorio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS). En el documento se declaraba:

Este 1º de mayo […] las organizaciones nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) […] reclamarán igualdad de derechos para todos los trabajadores que se desempeñan por afuera del mercado laboral formal, la apertura de una “paritaria social” para discutir los problemas de ese sector y la inscripción de la CTEP como organización gremial representativa de cooperativistas, cuentapropistas, comunitarios e informales en sus distintas ramas de actividad (CTEP, 2013).

El 1º de mayo de 2014, la CTEP elevó un petitorio al MTEySS titulado “Estos son nuestros reclamos” (CTEP, 2014e), que contenía demandas de distinto tipo, que pueden ser distribuidas en dos grupos: reclamos de derechos y reforma institucional, por un lado, y demandas de políticas públicas para la economía popular y políticas sectoriales relacionadas con las distintas ramas productivas, por el otro:

Todos los derechos para los trabajadores de la economía popular (Derecho a vacaciones pagas, licencia por maternidad, enfermedad o incapacidad; Complemento de ingreso de acuerdo a la actividad y la productividad), ¡Personería gremial ya! ¡Apertura de Paritarias Populares!; Creación de un Ministerio de Economía Popular para visibilizar nuestro enorme sector, planificar y coordinar todas las políticas de producción popular hoy feudalizadas, regular las llamadas actividades informales de manera inclusiva y garantizar el bienestar de sus trabajadores sin patrón;

Reconocimiento y fomento a las Unidades Productivas Populares a través de la compra anticipada estatal de la producción, la creación de mercados populares, el mejoramiento de la infraestructura productiva, créditos blandos y otras políticas de fondo; Políticas sectoriales y defensa del trabajo para todas las ramas de producción popular: CARTONEROS ¡Política Nacional de Reciclado Popular ya! Reconocimiento para los 70.000 cartoneros del país…, COSTUREROS ¡Polos textiles populares! Certificación de trabajo decente en todas las prendas FERIANTES: Ferias Populares sin mafias. Cooperativización de las grandes ferias y regulación de los precios de alquiler de los puestos de venta, etc. (CTEP, 2014a).

Desde las primeras movilizaciones, la igualación de derechos laborales, individuales y colectivos, con relación a los trabajadores formales, se posicionó como demanda central de la CTEP. La canalización de los reclamos mediante entrega de pliegos y petitorios al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es otra de las novedades que introdujo la movilización de los trabajadores excluidos de la relación laboral asalariada. Este formato de acción, consistente en peticionar a las autoridades, instala un repertorio nuevo con relación a otros también utilizados por organizaciones que pasaron a conformar la CTEP, desde la protesta abierta de los piquetes y cortes de ruta hasta su opuesto, la acción de “disputar el Estado desde adentro” en favor de los intereses populares, como sostenía la dirigencia del Movimiento Evita al momento de sumarse al gobierno kirchnerista (Longa, 2019). En suma, existe, con la CTEP, una reconfiguración del campo de disputa, entre una organización social y el Estado al que se le reclaman derechos. Como se señala en el Cuaderno de Formación número 4, “influir en la política sin estar en ningún partido” es también una herramienta política (CTEP, 2014a, p. 11).

El 1º de mayo de 2015, la CTEP se manifestó ante el MTEySS reclamando por el otorgamiento de la personería gremial y cuestionando la falta de respuestas del gobierno a esa demanda (Longa, 2022, p. 49). Meses más tarde, el último día de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el 8 de diciembre de 2015, el Ministerio de Trabajo firmó una resolución por la cual se le otorgó personería social a la CTEP (resolución 1727/15 - MTEySS). No obstante, dado que la resolución no había sido publicada en el Boletín Oficial, perdió validez. A poco de comenzar el gobierno de Mauricio Macri, el 20 de enero de 2016, el MTEySS emitió una nueva resolución (32/16 - MTEySS), mediante la que se creó el Registro de Organizaciones de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas, y a través de la cual la CTEP obtuvo la personería social, con la denominación Asociación Civil de los Trabajadores de la Economía Popular (ACTEP). La personería social es una inscripción por la que el Estado reconoce a la CTEP como entidad representativa del sector. Son facultades de las organizaciones inscriptas (artículo 8º): a) Proponer ante los organismos competentes formas de regulación laboral y protección social que contemplen la especificidad de su problemática; b) Promover la incorporación de sus representados en el sistema previsional, según las modalidades establecidas o que oportunamente establezca la legislación en la materia, teniendo en cuenta su especial situación de laboral; c) Promover los servicios asistenciales de sus representados en el marco de la legislación vigente en la materia; d) Promover la educación general y la formación profesional de los integrantes de la economía popular y de las empresas recuperadas o autogestionadas; e) Colaborar, a requerimiento de los organismos estatales competentes, en el perfeccionamiento de la legislación aplicable y el diseño de programas dirigidos a los integrantes de la economía popular y de las empresas recuperadas o autogestionadas; f) Solicitar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la implementación de mecanismos voluntarios de solución de conflictos en el ámbito de sus competencias; g) Participar en foros de debate vinculados a su situación; h) Designar representantes para el desempeño de las funciones previstas en los incisos precedentes.

Avanzado 2016, la CTEP viró sus reclamos hacia el Congreso de la Nación. Durante ese año, las políticas implementadas por el flamante gobierno de Mauricio Macri (Alianza Cambiemos, 2016-2019) habían llevado a una pérdida de ingresos de los trabajadores formales e informales, por una combinación de aumentos de la inflación, del precio de los alimentos y de las tarifas de los servicios públicos. En ese contexto, la CTEP comenzó a articular acciones de reclamo con otras organizaciones sociales, como la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie (ambas con origen en la lucha de desocupados y el movimiento piquetero), con la CGT y la CTA, las dos centrales sindicales, y también con legisladores afines, que culminaron en la elaboración de un proyecto de ley que contemplaba la declaración de “emergencia social”. En septiembre de 2016 se presentó en el Senado de la Nación el proyecto de ley “Emergencia social y de las organizaciones de la Economía Popular” (S-3612/16). El proyecto contenía dos partes. En una parte se instruía al Ministerio de Desarrollo Social la creación de un millón de puestos de trabajo bajo el PAT, ahora con otro nombre, en todo el territorio nacional, y se proponía un incremento del 15% de los valores vigentes, cada mes, de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo para Protección Social.5 En la otra parte del proyecto se instaba a la institucionalización de la economía popular mediante la creación del Salario Social Complementario (SSC) (equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil), la creación del Consejo de la Economía Popular en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con representación estatal y de la CTEP, para el diseño participativo de políticas para el sector, y la creación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATREP) bajo la órbita del MTEySS, para la inscripción o registración de todos los trabajadores de la economía popular que requirieran la percepción del SSC.

El proyecto fue respaldado con una manifestación multitudinaria en las inmediaciones del Congreso, con presencia de dirigentes sociales y sindicales. Durante el tratamiento legislativo, el proyecto sufrió modificaciones. Se negociaron cambios con diputados de la oposición y ministros de la Nación, entre ellos, que la actualización de montos de programas y otras sumas monetarias se haría por fuera del ámbito legislativo, por lo que la ley quedaba circunscripta a las instituciones de la economía popular. Sobre este punto se estableció que el ahora llamado Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC) pasase de la órbita del Ministerio de Trabajo a la del Ministerio de Desarrollo Social, al igual que el RENATREP. Luego de su tratamiento en la Cámara de Diputados, el proyecto fue devuelto a la cámara de origen y el 14 de diciembre resultó aprobado por unanimidad y sancionada la ley, con el objeto (artículo 2º, Ley 27.345) de promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular, en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional, con fundamento en las garantías otorgadas al “trabajo en sus diversas formas” por el artículo 14 bis y al mandato de procurar “el progreso económico con justicia social” establecido en el artículo 75, inciso 19, ambos de la Constitución Nacional.

4. Efectos y límites del reconocimiento estatal

El otorgamiento de personería social, por parte del Ministerio de Trabajo, y la ley que creó el RENATREP y el CEPSSC son los principales hitos de reconocimiento institucional de la CTEP. Tanto la personería como la ley modificaron propuestas iniciales de la CTEP. La personería social representó un cambio respecto de las expectativas de la organización, que demandaba la personería gremial, es decir, la autorización a integrar comisiones paritarias y firmar convenios colectivos de trabajo, como se reconoce a los sindicatos. Sin embargo, la CTEP celebró la personería social, ya que se trató del primer reconocimiento legal de la organización como organización de trabajadores (Grabois, 2015) que hasta el momento no eran reconocidos como tales, sino que eran considerados “piqueteros” (entrevista al abogado laboralista y asesor de la CTEP, Oscar Valdovinos, en Maldovan Bonelli et al., 2017, p. 17). En cuanto a la Ley 27.345, la radicación de las instituciones de la economía popular en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, encargado de la política social, y no en la órbita del Ministerio de Trabajo, a cargo de la política laboral, no fue un cambio particularmente señalado por la CTEP que, por el contrario, celebró la conquista de derechos y un nuevo marco legal para que de ahora en más “no haya ningún trabajador de la economía popular que no tenga su salario social complementario” (CTEP, 2016). El SSC era una de las reivindicaciones más firmes de la CTEP, como reconocimiento al valor del trabajo en la economía popular. El SSC es un complemento al ingreso que los trabajadores logran reunir por hacer su trabajo, cuyo monto está atado a la evolución del salario mínimo, vital y móvil. Además de la actualización periódica obligatoria, el SSC se torna relevante por cuanto la relación de trabajo asalariada es la fuente para la garantía de otros derechos laborales y sociales.

El Registro Nacional de la Economía Popular, creado para la registración de todos los trabajadores que requirieran el SSC y que cumplieran los requisitos, se puso en funcionamiento en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos, 2019-2023), con el nombre de ReNaTEP, y estaba “dirigido a aquellos que realicen actividades en el marco de la economía popular […] para acceder a programas de trabajo, seguridad social y capacitación. También podés participar de redes de comercialización y tener acceso a herramientas crediticias y de inclusión financiera” (ReNaTEP). Hasta agosto de 2021 el ReNaTEP llevaba inscriptas 2,8 millones de personas, lo que representaba aproximadamente un 30% del sector de la economía popular (Chena, 2022, p. 28). Sin embargo, la puesta en marcha del Registro no significó que las personas inscriptas pasaran a cobrar el SSC como complemento de su actividad laboral. El SSC se había desvinculado de la idea original y operaba articulado con la política social desde el gobierno de Mauricio Macri. En el marco del programa Potenciar Trabajo, creado en 2020, el Salario Social Complementario funcionaba como una transferencia de ingreso y de subsidios o créditos a cambio una contraprestación laboral en cooperativas de proyectos socioproductivos, sociocomunitarios o a través de la terminalidad educativa. Aproximadamente, un cuarto de los inscriptos en el ReNaTEP, según datos de 2022 publicados en la web oficial,6 eran beneficiarias y beneficiarios del Potenciar Trabajo. En un contexto de crisis socioeconómica agravada por la pandemia del Covid-19 (Salvia, Poy y Pla, 2022), las políticas diseñadas para cambiar el paradigma de la asistencia social se desvirtuaron y la política social pasó a estar dominada por la emergencia y orientada a la población más afectada (Ledda, 2023).

Por otra parte, el Consejo de la Economía Popular, diseñado para que las organizaciones y el Estado planificaran el desarrollo de la economía popular, nunca fue creado. Como lo planteaba la CTEP en sus demandas, la economía popular era también políticas de apoyo económico a la producción popular, complementación técnica y planificación estratégica (CTEP, 2014a, p. 33). Para el economista Pablo Chena, por entonces director de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la estrategia para que el incremento de la economía popular no sea sinónimo de incremento de la desigualdad, sino señal de una economía pujante, es escalar la producción y aumentar su productividad. Para ello hay que dar a los inscriptos una relación con el fisco que les permita el acceso al crédito, a la maquinaria, y así aumentar la productividad. Salir de la informalidad sería poder integrar cadenas productivas más complejas. Sin embargo, a su entender, esto supera lo que puedan hacer las organizaciones sociales, que son las que demandan; es el Estado planificador en diálogo con las partes el que tiene que cumplir ese rol. “Si me preguntás a mí, nosotros tendríamos que ir a un Consejo de Economía Popular que incluya también otros actores. La economía popular necesita articularse con la economía pyme [pequeña y mediana empresa], con la economía formal, para establecer estrategias de desarrollo conjunto” (Chena, cit. en Torres Cabreros, 2021).

Conclusión y consideraciones finales

Los movimientos sociales son un actor fundamental de la política en la Argentina y de las transformaciones sociales e institucionales ocurridas en las últimas décadas. Empezando por el movimiento de derechos humanos, protagónico de la democracia recuperada en 1983, los movimientos sociales han usado el derecho para articular demandas y, como consecuencia de ello, lo han transformado y han ampliado la democracia de la mano de la expansión de los derechos (Delamata, 2013b; Filippini, 2011; Pecheny, 2014). La sociedad organizada ha reclamado reconocimiento de nuevos grupos en las instituciones y transformaciones de los marcos institucionales en direcciones más igualitarias, justas y respetuosas de la diversidad social.

Cuando en la segunda mitad de la década de 1990 aparecieron los cortes de rutas y creció la protesta social contra el desempleo, se asistió a un fenómeno novedoso desde la mirada de los movimientos sociales (Schuster, 2005). La novedad venía dada por la negatividad de la lucha, “contra” el desempleo, y la identidad parcialmente negativa de los actores, los “trabajadores desocupados”. Al decir de Federico Schuster, estas características se combinaban con una capacidad de acción en las calles que “los desocupados construyeron a partir de su propia necesidad de supervivencia material y simbólica” (2005, p. 52). Las acciones colectivas de piqueteros y organizaciones de desocupados eran por la asistencia para comer y por la “dignidad de la resistencia” (Svampa, 2005). Sin embargo, ante el porvenir del empleo, la identidad “trabajadores desocupados” se mostraba pasiva o inerme, sin nuevos marcos de significado que movilizaran a la acción. Mientras tanto, los líderes de los movimientos, organizadores y canalizadores de la protesta hacia el Estado eran quienes proporcionaban a las organizaciones horizontes de cambio político y social vinculados a sus espacios de militancia, fueran estos peronistas, troskistas o emparentados con el autonomismo de Paolo Virno o Tony Negri. Los desocupados podían compartir esas ideas o no (Quirós, 2011), sin embargo, los posicionamientos políticos de las organizaciones ordenaron el “arco piquetero” y fueron definiendo las relaciones con los gobiernos.

La fundación de la CTEP en 2011 representa la creación de un sujeto completamente nuevo para englobar las realidades económicas de los excluidos del mercado de trabajo formal. La figura del trabajador de la economía popular, el trabajador autogestivo, que ha perdido sus derechos como consecuencia de la exclusión y precarización laboral, es positiva y es reivindicativa y estratégica. El trabajador autogestivo, organizado en la CTEP, reivindica los derechos que le corresponden como trabajador, lucha por ser un sujeto laboral reconocido por el Estado y busca una transformación de las instituciones del trabajo, en un sentido redistributivo, para gozar de las garantías otorgadas al “trabajo en sus distintas formas”, del artículo 14 bis de la Constitución nacional. Siguiendo a Cover (1983), la CTEP es “juris generadora”, convierte al “trabajador de la economía popular” en significado jurídico para ser asimilado en el sistema legal. En esa conversión, siguiendo a Fraser (1997), el reconocimiento legal buscado no es el de una identidad diferencial, sino el de una transformación del sistema laboral, que corrija los resultados injustos de los acuerdos existentes mediante una reestructuración incluyente del marco general. Esta capacidad de creación de derecho e instituciones se puso a prueba y fue reconocida mediante el otorgamiento de personería y la sanción de la Ley 27.345.

No obstante, el desafío que plantea la CTEP no es solo hacia el Estado, sino también hacia la sociedad, en la que sectores de la población estigmatizan y rechazan por “piqueteros” (que cortan calles) y “planeros” (que viven de planes del Estado) a quienes integran las organizaciones. Las acciones públicas de la CTEP, las movilizaciones con entrega de petitorios, han estado más dirigidas hacia el Estado que a la sociedad y han privilegiado a aliados sectoriales, como las corporaciones sindicales y las organizaciones de desocupados, antes que instar a un debate público más amplio que pueda involucrar a la sociedad en su conjunto.

Juan Carlos Torre, sociólogo argentino reconocido por sus estudios del peronismo, ha dicho que la envergadura alcanzada por los movimientos sociales que se mueven en el campo de la informalidad laboral en la Argentina (desde el movimiento piquetero a la CTEP) se relaciona con la fuerza de la tradición organizativa en el país.

Pero, en términos comparativos, es un fenómeno más sobresaliente, porque, a mi juicio, remite a la historia de la sociedad argentina, a una percepción más intensa de la exclusión […] debido a la alta sensibilidad a la carencia de recursos y derechos que produce el legado de la promesa de igualdad social bajo la que durante años se desenvolvió el país (Torre, 2019, p. 196).

En su trabajo, Antonia Muñoz (2018) subraya que desde la aparición de las organizaciones de “trabajadores desocupados” hasta la emergencia de los “trabajadores de la economía popular”, las demandas cambiaron, pero la cuestión del “trabajo” como eje estructurador de las acciones desde la sociedad civil fue la constante, para señalar que en la Argentina el trabajo condensa una serie de significados asociados a las luchas sociales históricas, como la conformación del movimiento obrero peronista, y un imaginario social en el que ser trabajador es ser poseedor de derechos, acceder a la justicia social y a una vida digna y participar de la vida política del país (2018, p. 104).

A partir de nuestra investigación quisiéramos aportar otra hipótesis a la comprensión de la aparición y constitución de la CTEP (específicamente), como entidad representativa de los trabajadores de la economía popular y reivindicativa de sus derechos. Sin profundizar en el hecho de alcance también histórico señalado por Grabois respecto de “los compañeros que se inventaron su propio trabajo […] [y es que] al menos dos generaciones de argentinos no conocen la vida de la empresa, la fábrica, el taller; nunca gozaron de un sueldo digno (Grabois, 2014, p. 5) [destacado añadido], nuestra hipótesis apunta a un cambio en los recursos organizativos de la acción colectiva, entre los sectores excluidos del trabajo formal, como factor gravitante de la creación de la CTEP. Ese cambio está dado por la incorporación y el rol de los abogados laboralistas heterodoxos, con experiencia en la organización sindical, que plantearon un nuevo diagnóstico para estos tiempos, construyeron un sujeto y un lenguaje de derechos y diseñaron una agenda de incidencia institucional de la organización. Oscar Valdovinos, especialista en derecho laboral, exabogado del sindicato Unión Ferroviaria, asesor de la CTEP y mentor de su formalización, planteaba así la situación del “nuevo proletariado”:

El problema actual es que en el tránsito de la sociedad industrial fordista hacia esta nueva sociedad tan difícil de definir, cierto sector de la producción ha dejado de preocuparse por mercados ampliados y produce para un segmento restringido de alto poder adquisitivo, lo que es compatible con que un sector permanezca excluido de la producción y del consumo. Hoy, parte de la sociedad funciona dentro de este nuevo marco, incluyendo a la clase trabajadora en blanco. Pero queda afuera un sector muy ponderable: 34% de trabajadores precarios y 7% de desocupación lisa y llana, el nuevo proletariado. Y ese sector no está representado […] Y en ese sentido, el movimiento sindical argentino no se ha preocupado por ser la voz de los que no tienen voz (Valdovinos, cit. en Poore, 2012).

Juan Grabois, abogado y miembro fundador de la CTEP, junto con el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que dirige y que creó en 2002 para la organización de recicladores, vendedores ambulantes, costureros, personas que salieron de la cárcel, pequeños agricultores, etc., contribuyeron al diseño y desarrollo de la estrategia de formación de la CTEP orientada a “la construcción de la subjetividad colectiva de los trabajadores de la economía popular” (Bruno, Coelho y Palumbo, 2017, p. 105). Ambos tuvieron protagonismo en la elaboración de la Ley 1854, conocida como Ley de Basura Cero, de 2005, que institucionalizó el trabajo de los recicladores urbanos. Más tarde, Grabois participó en la redacción de la normativa para el servicio de recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2010 y 2016), de la normativa e implementación del relevamiento nacional de barrios populares y del Certificado de Vivienda Familiar (2016-2017) y de la Ley 27.345 de la economía popular a la que nos referimos antes.

La combinación de asistencia legal y militancia experta para la movilización de la ley a favor de los excluidos con trayectoria y experiencia, con dedicación a la formación y a la ideación de instrumentos legales, es una marca de la CTEP y permite comprender su conformación y objetivos. Hay, entonces, una fuerza de la tradición en la conformación de la CTEP (tanto el Movimiento Evita, y sus dirigentes, como Juan Grabois son declarados peronistas, defensores de la justicia social), pero también hay innovación a través de una cohorte de abogados que, con objetivos morales y políticos, vienen utilizando el derecho, la estructura legal, para dar forma e integración a nuevas realidades laborales que son asimismo producto del estallido de la promesa de igualdad social en la Argentina.

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1. En adelante, con el fin de evitar frases largas y reiteraciones que dificulten la lectura, utilizaremos el masculino genérico para referir a las trabajadoras y los trabajadores por igual. En los hechos, la incorporación de la palabra trabajadoras al nucleamiento de los trabajadores de la economía popular se produjo tiempo después de su conformación, en el contexto de las movilizaciones feministas de 2015, momento a partir del cual entrarían en la agenda reivindicativa el reconocimiento del trabajo reproductivo y las tareas de cuidados (Natalucci y Matte, 2023, p. 104). Queda fuera del alcance de este texto el desarrollo específico de esta agenda; al respecto, puede verse Faur (2024).

2. El Movimiento Evita se conformó en 2006 como movimiento “del campo nacional y popular”. Una de sus vertientes principales son las organizaciones de desocupados creadas a fines del siglo pasado (por ejemplo, el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita), que luego se fundieron en el ME (Natalucci, 2012).

3. Por ejemplo, la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, impulsada por el movimiento de mujeres feministas, combinó el lobby legislativo, año tras año desde 2005, con una progresiva masificación de la movilización social hasta la aprobación de la ley en 2020 (Pecheny et al., 2022). Por su parte, la campaña por el reconocimiento legal del matrimonio “igualitario”, impulsada por el movimiento de la diversidad de género y sexual, apeló al debate público durante el año que duró la discusión del proyecto en el Congreso de la Nación, y así logró reconfigurar los términos con los cuales se pensaba la unión matrimonial, lo que abrió camino a la sanción de la ley, que se produjo el 15 de julio de 2010 (Hiller, 2010).

4. La ESS comprende y valoriza las prácticas económicas basadas en la solidaridad y la cooperación, por sobre la competencia, dominante en la economía capitalista. Como corriente económica, la ESS ha sido conceptualizada, en particular, por José Luis Coraggio (2002, p. 2).

5. La Asignación Universal por Hijo consiste en una transferencia monetaria por cada niño hasta los 18 años de edad de grupos familiares desocupados o en la economía informal, con el compromiso de velar por su salud y asegurar su asistencia a la escuela. Fue creada en 2009 y es la política social de mayor alcance en el país. Su acceso es universal, no tiene cupos ni plazos y es tramitada ante la Administración Nacional de la Seguridad Social. Con igual formato, la Asignación por Embarazo es una prestación dineraria a todas las mujeres embarazadas que no posean otra asignación familiar o trabajo formal o trabajen en el mercado informal o en el servicio doméstico.

6. https://www.argentina.gob.ar/renatep (consultada en 17 de febrero de 2025).

Sobre las autoras y los autores

Mariana Cané Pastorutti

Es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster en Ciencia Política por la UNSAM y doctora en Ciencias Sociales por la UBA. Actualmente se desempeña como becaria posdoctoral del CONICET con sede en el Centro de Estudios Sociopolíticos de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (EIDAES)-UNSAM, y es docente de grado (Sociología Política) y posgrado (Comunicación y Política) en la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC) de la UBA. Sus investigaciones abordan los discursos políticos en tiempos de crisis, especialmente en su forma antipolítica, desde un abordaje que articula el análisis del discurso francés y en pensamiento político posfundacional. Integra diversos grupos de investigación y dirige, desde 2020, el proyecto “La cuestión política. La política, lo político y lo social en el pensamiento político contemporáneo” en la FSOC-UBA. Ha publicado diversos capítulos de libro y artículos en Argentina, Brasil, Colombia y España.

Lucas Christel

Es doctor en Ciencia Política y magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo por la UNSAM. Actualmente es investigador asistente en CONICET, director de la Licenciatura en Ciencia Política en UNSAM y profesor adjunto de la EPyG-UNSAM. En su investigación actual analiza las controversias sociotécnicas en torno a los riesgos de las industrias extractivas y explora cómo mejorar las prácticas institucionales y democráticas para resolver esas controversias. Está interesado en dinámicas de acción colectiva, políticas ambientales y temas de cambio climático y biodiversidad. Ha desarrollado estancias de investigación en The Institute for Advanced Study (Universidad de Princeton), Watson Institute (Universidad de Brown) y Universidad de Columbia Británica. Asimismo, ha sido invitado a colaborar con el proyecto Biodiversity Revisited, una iniciativa de Luc Hoffman Institute (Gland, Suiza) en colaboración con distintas universidades globales y organizaciones no gubernamentales ambientales.  Ha sido docente invitado de posgrado en Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Universidad Nacional de Rosario, New York University y Hradec Kralové University (República Checa). Actualmente, es director del Centro Regional Maria Sibylla Merian CALAS Cono Sur y Brasil (con sede en la UNSAM).

Gabriela Delamata

Es licenciada en Ciencia Política y abogada por la UBA y doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeña como investigadora independiente del CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones Políticas (EPyG)-UNSAM y del CONICET. Desde 2024 es directora del Instituto de Investigaciones Políticas (IIP) y profesora titular de Sociología Política en la EPyG y la EIDAES-UNSAM. Gran parte de sus trabajos versan sobre movilización social y legal en temas de ambiente, hábitat, ciudadanía y disputa por derechos. Ha publicado libros, capítulos y artículos en Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Inglaterra y México.

Franco Delle Donne

Es doctor en Comunicación por la Universidad Libre de Berlín (Alemania), magíster en Democracia y Gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid (España) y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de la Matanza (Argentina). Se dedica al desarrollo de proyectos de comunicación para la divulgación académica y la formación política. Es fundador de Epidemia Ultra, proyecto transmedia de estudio, análisis y difusión de la producción académica sobre la ultraderecha en el mundo. Trabaja como investigador en la Werkstatt für Sozialforschung Berlin (Alemania). Brinda seminarios y talleres sobre el pensamiento político de las nuevas derechas, el desarrollo actual en diferentes países, las diferencias entre las derechas radicales europeas y latinoamericanas y otros temas relacionados, como los procesos de radicalización, el antifeminismo como puerta de acceso a la ultraderecha y las estrategias comunicacionales de la derecha radical en Europa. Es profesor invitado en la UNSAM y colabora con diversos medios de comunicación como Deutsche Welle, France 24, Anfibia y Agenda Pública.

Pablo Ortemberg 

Es doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS). Es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y director del Centro de Estudios de Historia Política de la Escuela de Política y Gobierno (EPyG) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) (Argentina). En esta universidad también está a cargo de la materia Historia Latinoamericana. Ha publicado libros y más de cincuenta artículos en libros y revistas científicas nacionales e internacionales. Entre sus obras, se encuentran Rituales del poder en Lima. De la monarquía a la república (1735-1828) (Fondo Ed. PUCP, 2014) (en francés por EHESS, 2012); y como director, El origen de las fiestas patrias. Hispanoamérica en la era de las independencias (Prohistoria, 2013). Ha sido profesor o investigador invitado en distintas universidades nacionales y extranjeras.

Adriana Petra

Es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Es docente de grado y posgrado en la Escuela de Humanidades de la UNSAM, directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de esta misma casa de estudios e investigadora independiente del CONICET, con sede en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas (LICH)-UNSAM. Es especialista en historia intelectual, cultural y de las izquierdas argentinas y latinoamericanas. Sus trabajos se interesan por las elites culturales, las redes político-intelectuales transnacionales y los artefactos culturales impresos. Ha recibido becas y premios de los ministerios de Educación, de Cultura y de Relaciones Internacionales y Culto de la Nación Argentina, de CLACSO, del programa Secyt/Ecos (Francia), de la Librería de la Universidad de Princeton (Estados Unidos) y de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional. Actualmente es vicedirectora del Centro Regional Maria Sibylla Merian CALAS Cono Sur y Brasil (con sede en la UNSAM).

Víctor Manuel Santillán Ortega

Es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por El Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII). Se desempeña como profesor del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su trayectoria académica ha consolidado su pericia en estrategias metodológicas cualitativas, focalizándose principalmente en métodos etnográficos y biográficos. Con esta caja de herramientas, ha realizado estudios en profundidad sobre movimientos indígenas comunitarios en México orientados a la comprensión de configuraciones procesuales de la acción colectiva, sociodinámicas de autogobierno, relaciones de poder, tensiones y conflictos sociopolíticos, elecciones municipales, formas de exclusión-inclusión en democracias comunitarias. En la actualidad, su enfoque investigativo se dirige hacia la representación política legislativa de identidades colectivas históricamente marginadas en el proceso político.

Serie “Identidades estratégicas y crisis en América Latina. Procesos y tensiones”

Merian CALAS, o “Maria Sibylla Merian Center for Advanced Latin American Studies”, es un centro pluritópico de estudios avanzados creado en marzo de 2017 y dedicado a “afrontar las crisis desde América Latina”. Está codirigido por las universidades alemanas de Bielefeld, Kassel, Hannover y Jena, y cuatro universidades latinoamericanas: Universidad de Guadalajara (México), Universidad de Costa Rica, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador) y Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) (Argentina). Tiene su sede principal en Guadalajara y es financiado por el programa “Maria Sibylla Merian” del Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) de Alemania. Representa actualmente uno de los proyectos de investigación científica más grandes respaldados por Alemania acerca de América Latina.

Una de las metas del Merian CALAS es la intensificación de la cooperación científica entre América Latina y Alemania en el sector de las humanidades y ciencias sociales desde una perspectiva decolonial, como también la internacionalización de la investigación sobre Latinoamérica a través de proyectos de cooperación directos, horizontales y dialógicos. Al mismo tiempo, se propone abordar temas de alta relevancia en las humanidades y ciencias sociales en y desde América Latina y formar una nueva generación de investigación transregional orientada al diálogo a nivel internacional.

Para lograr esta meta, por un lado, Merian CALAS se centra en formatos de apoyo como el fellowship para investigadoras e investigadores juniors y seniors de Latinoamérica y Alemania. Por el otro, subdivide su enfoque temático de “afrontar las crisis desde América Latina” en cuatro líneas de investigación o laboratorios de conocimiento, desarrollados cada uno por la asociación entre una universidad alemana y otra latinoamericana. De esta manera, además de la sede principal en Guadalajara, se formaron tres subsedes regionales de CALAS, cada una codirigida por una universidad latinoamericana y otra alemana.

En nuestro caso, es decir, en la sede regional Merian CALAS Cono Sur y Brasil, desde 2017 hasta 2025 se trató de una intensa cooperación entre la Universidad Friedrich Schiller de Jena y la UNSAM, acerca del tema de “Identidades estratégicas y crisis en América Latina. Procesos y tensiones”. Esta línea de investigación se intensificó entre julio de 2023 y diciembre de 2024, cuando la sede entró en su fase álgida y coordinó con el laboratorio homónimo el trabajo científico de Merian CALAS, invitando a proyectos y estadías de investigación, conferencias y actividades académicas y artísticas dedicadas a dicho tema.

El propósito del Laboratorio de conocimiento Merian CALAS Cono Sur y Brasil “Identidades estratégicas y crisis en América Latina. Procesos y tensiones”, cuyos resultados se dan a conocer en la serie homónima, consistió en articular el estudio de las identidades con las crisis de representación, artísticas, políticas, sociales, culturales (incluyendo los procesos asociados a su transmisión), ambientales, económicas y sanitarias, desde un enfoque transdisciplinario que aborde la construcción de identidades en diferentes actoras, actores y movimientos sociales, como en el caso de pueblos indígenas, migrantes, afrodescendientes, mestizajes, identidades LGTBIQ+ y movimientos de mujeres.

En este sentido, por un lado, se impulsó la reflexión a partir de estudios empíricos situados. Por el otro, también se alentó la reflexión teórica sobre las implicaciones ideológicas de conceptos como (pos)identidad, (pos)feminismo, (pos)etnicidad o interculturalidad/transculturalidad. Al mismo tiempo, se propuso reflexionar sobre las transformaciones y reconstrucciones de identidades colectivas tradicionales, desde las identidades nacionales, regionales, las identidades étnicas, las vinculadas al mundo del trabajo, las juventudes, las y los pobres o nuevos pobres, de acuerdo con el momento histórico. Partimos de la base de que las crisis son también un excepcional momento de innovación en términos de transformación de repertorios de acción y formas de protesta, donde las actoras y los actores sociales se constituyen en el conflicto.

La articulación entre crisis, identidades e irrupción en el espacio público de nuevas formas de visibilización y protesta frente a las consecuencias sociales de la modernización y los procesos de urbanización también fueron parte de la reflexión en el laboratorio de conocimiento. Esto supuso abordar los procesos de equivalencia y divergencia entre las demandas emergentes y su potencial de fragmentación y articulación en los Estados nación latinoamericanos. En este sentido, uno de los focos se puso en identidades regionales y locales, y en construcciones y deconstrucciones de la región a través de invenciones simbólicas con potencial estético-político. Y también supuso diferenciar procesos de invención, redefinición y naturalización de identidades diversas, que incluyeron su reconfiguración y los procesos de su institucionalización.

Consecuentemente, durante todo el laboratorio de conocimiento se analizaron diferentes modalidades identitarias a través de prácticas sociales y culturales (acciones individuales y colectivas, discursos, narrativas, poéticas) basadas en procedimientos de inclusión y exclusión, especialmente atendiendo a procesos de intersección y a sus articulaciones interculturales estéticas. Una de las metas transversales del laboratorio fue poner en cuestión conceptos teóricos ya largamente aceptados (como el mencionado de la interculturalidad) en contextos de discursos hegemónicos basados en el racismo, la xenofobia en sus múltiples manifestaciones, la violación de derechos humanos y la misoginia.

La presente serie de publicaciones de UNSAM Edita, que se agrupa bajo el mismo nombre del Laboratorio de Merian CALAS Cono Sur y Brasil, “Identidades estratégicas y crisis en América Latina. Procesos y tensiones”, quiere dar cuenta de una parte de este trabajo. Por eso presenta los resultados de los cuatro grupos de fellows dedicados a las respectivas líneas de investigación en las que se dividió el laboratorio, en cuatro tomos:

– Tomo 1: Identidades en disputa y sentidos de futuro. Saberes, ideas y lenguajes de las crisis.

– Tomo 2: Identidades y crisis económicas. Reconfiguraciones, rupturas y marcas.

– Tomo 3: Identidades en la vida pública democrática. Disputas y representaciones.

– Tomo 4: Identidades estratégicas en los pueblos indígenas. Narrativas, producciones y representaciones.

Agradecemos a UNSAM Edita por su rigurosa labor y le deseamos un amplio público lector a la serie.