Este libro presenta casos de experimentos sociales en El Salvador, Nicaragua y Uruguay. En estos espacios, donde florecía la comunicación horizontal y multiclasista, el concepto de utopías menores de Jay Winter es apropiado. Esta obra rastrea lo que él llama las visiones de transformación parcial, que coexistían temporalmente con las grandes narrativas de transformación social, pero después perdieron su lugar propio en el récord histórico.

Los trabajadores agrícolas en Chinandega, minifundistas en Morazán y obreros fabriles en Montevideo, conquistaron espacios para defenderse en medio de graves crisis sociales, económicas y políticas, pero también crearon nuevas relaciones sociales y una experiencia de trabajo colectiva y libertadora.

Gould, Jeffrey

Entre el bosque y los árboles : utopías menores en El Salvador, Nicaragua y Uruguay / Jeffrey Gould. 1a edición.

San Martín: UNSAM EDITA; México: Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados – CALAS; Guadalajara: Universidad de Guadalajara. Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Centro Universitario, 2021.

Libro digital, EPUB. - (CALAS / Sarah Corona Berkin; Olaf Kaltmeier. Afrontar las crisis desde América Latina)

Archivo Digital: online
ISBN 978-987-8326-62-7

1. El Salvador. 2. Nicaragua. 3. Política Latinoamericana. I. Título.

CDD 320.80

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Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales

Sarah Corona Berkin

Olaf Kaltmeier

Dirección

Gerardo Gutiérrez Cham

Hans-Jürgen Burchardt

Codirección

Nadine Pollvogt

Coordinación de Publicaciones

www.calas.lat

CALAS. AFRONTAR LAS CRISIS DESDE AMÉRICA LATINA

Este libro forma parte de los ensayos concebidos desde la investigación interdisciplinaria que se lleva a cabo en el Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS), donde tratamos de fomentar el gran reto de analizar aspectos críticos sobre los procesos de cambios sociales. CALAS ha sido concebido como una red afín a la perspectiva de los Centros de Estudios Avanzados establecidos en distintas universidades del mundo y busca consolidarse como núcleo científico que promueve el desarrollo y la difusión de conocimientos sobre América Latina y sus interacciones globales. CALAS funciona en red, la sede principal, ubicada en la Universidad de Guadalajara (México), y las subsedes ubicadas en la Universidad de Costa Rica, Flacso Ecuador y Universidad Nacional de General San Martín en Argentina. Las instituciones latinoamericanas sedes están asociadas con cuatro universidades alemanas: Bielefeld, Kassel, Hannover y Jena; esta asociación fue impulsada por un generoso apoyo del Ministerio Federal de Educación e Investigación en Alemania.

La relevancia de estos libros, enfocados en el análisis de problemas sociales, trasciende linderos académicos. Se trata de aumentar la reflexión crítica sobre los conflictos más acuciantes en América Latina, como una contribución de primer orden para generar diálogos desde múltiples disciplinas y puntos de vista. Más allá de esto, el objetivo de estas publicaciones es buscar caminos para afrontar las múltiples crisis.

Como reconocidos analistas en sus respectivos campos de investigación, los autores nos invitan a ser copartícipes de sus reflexiones y a multiplicar los efectos de sus propuestas, a partir de su lectura.

Sarah Corona Berkin y Olaf Kaltmeier
Directores

Gerardo Gutiérrez Cham y Hans-Jürgen Burchardt
Codirectores

ÍNDICE

CALAS. AFRONTAR LAS CRISIS DESDE AMÉRICA LATINA

Agradecimientos

Introducción

Chinandega, Nicaragua

Morazán: memorias de esperanza y angustia

La sociología de la desesperación

La última oportunidad: la Junta Revolucionaria y la guerra civil en ciernes

La JRG en noviembre de 1979

La perspectiva desde la embajada de Estados Unidos

La derecha y los militares

Las Organizaciones Populares y la Junta Revolucionaria de Gobierno

Retórica y realidad dentro de la izquierda revolucionaria

Uruguay: puesta en marcha para la gloria

“Con el sindicato no se juega”

1968: FUNSA y las movilizaciones masivas

El anarquismo uruguayo

Conclusión

Bibliografía

Hemerografía

autor

Agradecimientos

Aunque redacté la mayor parte de este libro entre 2018 y 2019, las investigaciones que lo sustentan se han desarrollado a lo largo de las últimas 4 décadas. Sería asunto de redactar otro capítulo para agradecer a todos quienes me ayudaron durante este largo periodo. Brevemente, voy a mencionar algunos nombres e instituciones correspondientes a los distintos capítulos del libro (y de mi vida). Desde los años noventa he tenido una relación muy fructífera con el antropólogo Charles R. Hale. En 2009 comenzamos a desarrollar la idea de utopías menores en relación con casos históricos en América Central. Por lo tanto, este ensayo se debe mucho a nuestra colaboración en aquel entonces.

Sobre Nicaragua: me apoyaron en la investigación Xabier Gorastiaga y Alfonso DuBois. Me apoyaron en mi tesis, directamente, los profesores Emilia Viotti da Costa y Daniel James. Me ayudaron con críticas muy agudas William Roseberry y Michael Jiménez. Y les agradezco a los 66 entrevistados que abrieron sus puertas a un norteamericano durante una guerra propiciada por mi gobierno. Sobre Morazán, El Salvador: le debo mucho a Carlos Henríquez Consalvi (Santiago), con quien colaboré en dos películas documentales y en mi más reciente filme titulado Puerto El Triunfo. También aproveché extensamente los archivos y las instalaciones del Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) en San Salvador, que está bajo la dirección de Santiago. Hice todas las entrevistas con él. Por supuesto, les debo mucho a todos los entrevistados, incluyendo a tres personas muy especiales que ya fallecieron: Gabriela Hernández, Calín y Nolvo. En Indiana University, me apoyaron generosamente The College Arts and Humanities Institute (CAHI), The New Frontiers program, el Center for Latin American and Caribbean Studies y el Departamento de Historia. También pude avanzar mucho en el trabajo de investigación y de redacción gracias a becas en el Institute of Advanced Study (Princeton) y el Charles Warren Center (Harvard), donde agradezco mucho la colaboración de Forrest Hylton, Carlota McCallister y Kirsten Weld. También agradezco la traducción excelente de Knut Walter —el capítulo tres se prestó mucho del capítulo tres del libro Solidarity Under Siege que él tradujo— y de Carmen Carazo, quien tradujo secciones del primer capítulo. Sobre Montevideo: me apoyó muchísimo mi excelente ayudante Jimena Alonso. También agradezco el apoyo de Aldo Marchesi y Rodolfo Porrini. Además, Luis Romero tenía la paciencia de dialogar ampliamente conmigo.

Este ensayo/libro tuvo su origen gracias a una beca que me otorgó CALAS. En Zapopan, México, me ofrecieron mucha amistad y sabios consejos Jochen Kemner y Gerardo Gutiérrez Cham. También agradezco el apoyo y amistad de David Díaz desde Costa Rica, donde pude presentar algunos avances de este trabajo. Nuestra querida nieta Sofía nos endulzó nuestra estadía en Zapopan. También agradezco a los dos lectores anónimos de este manuscrito que me ofrecieron sugerencias importantes y al corrector de estilo. Martin Breuer ha trabajado arduamente para que esta publicación sea la mejor posible.

A lo largo de mi vida adulta me he beneficiado en una forma extraordinaria de la amistad, amor y ayuda de mi compañera Ellie.

Introducción

Fui bendecido con la suerte de llegar a Managua en la madrugada del 20 de julio de 1979 como asistente para un equipo de televisión holandesa. Como para cualquier persona que vivió esos días del triunfo revolucionario, la experiencia fue abrumadora —la alegría colectiva palpable estaba matizada por el inmenso dolor sufrido por tantas personas—. Nunca olvidaré un momento en particular: yo estaba detrás del Teatro Rubén Darío tratando de entrevistar a una señora que estaba al lado del cadáver de su hijo. Me sentía muy mal haciéndolo, sin embargo, la gente de la televisión holandesa insistía en aquello; ella estaba llorando y su hermano colocó su brazo sobre el hombro de ella y le dijo: “Componete, necesitamos que el mundo conozca nuestra historia”.1

En el barrio OPEN-3 (hoy Ciudad Sandino), a pocos días del derrocamiento del régimen somocista, un muchacho de 16 o 17 años de edad, M16 en mano, se paró frente a una multitud enfurecida lista para ejecutar a los cuatro “orejas” somocistas, arrimados contra una pared en un pequeño puesto de la Guardia Nacional. El muchacho se dirigió a la muchedumbre: “Miren compañeros, estamos creando una nueva Nicaragua y necesitamos un nuevo tipo de revolución, una revolución humanista”.2 Y los vecinos de muy mala gana comenzaron a regresar a sus casas.

Sostengo que, a lo largo y ancho de América Latina, justo al lado de los principales caminos de la revolución, podemos divisar una historia diferente escuchando a los “sin voz”, sus mensajes similares y, por lo general, sus textos escritos aún no codificados. En estos espacios, donde florecía la comunicación horizontal y multiclasista, el concepto de Jay Winter es apropiado. El historiador denomina estas experiencias como “utopías menores”. El autor nos reta a “[…] imaginar la liberación en una escala menor, sin las pretensiones grandiosas […] de los proyectos utópicos mayores” (2005, 5). Este ensayo se inspira en la obra de Winter y rastrea lo que él denomina como las “visiones de transformación parcial”, es decir, aquellas que coexistieron temporalmente con las grandes narrativas de transformación social, pero que después perdieron su lugar propio en el récord histórico.

La izquierda organizada, en partidos, grupos o frentes, a menudo no comprendía bien o ignoraba estas experiencias, en parte, porque cuestionaban toda forma de jerarquía, a veces necesaria para combatir a los estados autoritarios violentos. Este ensayo se enfoca en tres casos de estudio que permiten explorar lo que he denominado: desencuentro, palabra en español con más alcance y resonancia que su sinónimo en inglés: malentendido, desagrado, disyunción o un encuentro fallido. Se pueden ver desencuentros en las interacciones históricas entre la izquierda y los movimientos sociales.

Sugiero que la izquierda organizada solía comprender sujetos locales y sus experimentos sociales como parte de un programa y un discurso universalista. No podía ver los árboles, las realidades locales, por su inmersión en una estrategia enfocada sobre lo nacional o internacional. Al mismo tiempo, los desencuentros ocurrían entre el bosque y los árboles, ya que los sujetos locales a menudo suponían que compartían los significados con aquellos que miraban solamente el bosque.

Las experiencias de utopías menores surgieron en momentos de crisis económicas, sociales y/o políticas (Gould y Hale 2012). Son respuestas a las crisis a veces en forma indirecta, ya que ocurrieron dentro de un contexto de luchas para paliar sus efectos. Aunque en general han sido propiciadas por la izquierda organizada, las utopías han quedado marginadas tanto en el flujo de la organización y la práctica política del momento, como en las memorias colectivas e historias que se producen posteriormente. Al perder las memorias y prácticas de las utopías menores, se pierde el potencial para la política prefigurativa: “una gama de experimentos sociales los cuales a la vez critican el status quo y ofrecen alternativas al implementar prácticas radicales y democráticas en pos de la justicia social” (Cornish et al. 2016, 115).3

Este libro presenta tres casos de experimentos sociales en El Salvador, Nicaragua y Uruguay. De ninguna manera se pretende decir que estos son los únicos casos de utopías menores en América Latina durante la segunda parte del siglo XX. Al contrario, se han dado casos de autogestión obrera o campesina en momentos de crisis en varios países, por ejemplo, en Guatemala durante la década de los setenta, en el Ixil; en Chile durante el periodo de gobierno de la Unidad Popular y en Chiapas a finales del siglo XX.4

La selección de los casos para este libro es el resultado de mi propia trayectoria como historiador. Trabajé varios años con Carlos Henríquez Consalvi en la producción de La palabra en el bosque, un documental sobre las Comunidades Eclesiales de Base en Morazán en los años setenta.5 Fui consciente, durante la investigación, de que las fincas colectivas que surgieron espontáneamente eran relevantes para ser investigadas. El documental me hizo recordar mi investigación doctoral en Chinandega, Nicaragua, donde un grupo de cortadores de algodón ocuparon una isla y vivieron durante varios días con un gran sentido de liberación. Años después, cuando estaba haciendo una investigación sobre las experiencias y luchas en Brasil, México y Uruguay en 1968, enfoqué mis esfuerzos en la comprensión de las asambleas populares en cada uno de estos países como tipos de utopías menores. Esto sucedió, ya que en ese momento también estaba haciendo trabajo de campo en Morazán. Como investigador invitado de CALAS en 2018, opté por profundizar el estudio de la excepcional unidad obrera-estudiantil en Montevideo, la cual también tenía características de ser una utopía menor. Así, al adentrarme en el momento histórico por medio de archivos (en gran parte facilitado por mi colaboradora, Jimena Alonso), me di cuenta de que las experiencias de los obreros de FUNSA, una fábrica de neumáticos, eran profundamente significativas. En cierto sentido, debo mencionarlo, los casos seleccionados responden más a las circunstancias de mi carrera que a otro criterio. Lo mismo se podría decir sobre la falta de selección de los entrevistados sobre los cuales depende gran parte de las tres investigaciones en las que se fundamenta este libro. Traté de localizar a una persona que tuvo alguna relación con cada uno de los acontecimientos históricos (es decir, el movimiento campesino chinandegano, la Iglesia popular en Morazán y el sindicato de la FUNSA) para después entrevistarlos en múltiples ocasiones. Cabe destacar que el trabajo se encuentra dentro de una tradición historiográfica: la microhistoria, que enfoca con cierta profundidad, eventos menores y delimitados para revelar tendencias y aspectos de procesos históricos de mayor magnitud.

Existe un tema en común que vincula a los obreros de Montevideo con los campesinos centroamericanos: el trabajo colectivo en medio de las luchas sociales que está inspirado por un ethos igualitario. Sostengo que un aspecto clave de estos esfuerzos colectivos era la lucha por superar al trabajo alienado en el sentido marxista del término.

Al hacer referencia al trabajo alienado, Marx escribió: “[…] sólo se siente en sí fuera del trabajo y en éste se siente fuera de él. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo” (Elster 1986, 39). En uno de sus pocos comentarios sobre el trabajo no alienado, el mismo Marx describió: “[…] nuestros productos serían así muchos espejos en los cuales veríamos nuestra naturaleza esencial […] mi trabajo sería una manifestación libre de vida, de ello un disfrute de la vida” (McLellan 1986, 132). Sobre esta misma línea de pensamiento, Kristin Ross escribió sobre el mayo de 1968 en París:

Me refiero a la igualdad no en el sentido objetivo de la condición, el ingreso, la función […] como una demanda o programa explícito, sino más bien como algo que surge en el curso de la lucha y es subjetivamente verificado, declarado y experimentado aquí y ahora como lo que es y no lo que debería ser (2002, 73-74).

Mi argumento no es que la izquierda organizada directamente criticaba, ni mucho menos atacaba a estos movimientos de obreros y campesinos que desafiaban a la división del trabajo y la propiedad socialmente establecidas. Al contrario, sostengo que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y la izquierda reformista y revolucionaria uruguaya (con excepción de los anarquistas) simplemente los veían como un fenómeno social de poca importancia. En la documentación existente, producida por la izquierda, no existe referencia alguna de estos movimientos que, en su momento, mostraron que existía una posibilidad real para crear un mundo diferente.6

1 Fui testigo del evento en Managua, julio de 1979.

2 También fui testigo de esto en Managua, julio de 1979.

3 Traducción del autor.

4 Sobre Guatemala, el destacado antropólogo jesuita Ricardo Falla (2015) tiene una obra de importancia primordial que estudia el desarrollo de la conciencia y práctica de grupos indígenas, colonizadores en el Ixcán. Tiene una sección muy lúcida sobre las cooperativas de producción en los años setenta. Sobre una temática parecida, véase Foss (2018), sobre todo el capítulo “A ‘Little Cuba’ in the Ixcán Jungle”. Sobre Chile, entre otras obras, se puede consultar el clásico de Winn (1986) sobre los obreros de una fábrica textil tomada y sus esfuerzos autogestionarios y políticos. También, Schlotterbeck (2018) enfoca actividades de obreros y pobladores en Concepción, guiados por militantes del mir, pero con mucha autonomía y con prácticas parecidas a las descritas en este libro. También Gaudichaud (2004) tiene valiosos testimonios sobre las tomas de fábricas. Sobre el zapatismo se han publicado un sinnúmero de trabajos. Novedoso es un trabajo etnográfico de Mora (2017).

5 El documental se encuentra en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=SG-SbV6WzTE

6 Para el caso de la izquierda salvadoreña se pueden consultar las publicaciones de los grupos y sus dirigentes, por ejemplo, Salvador Cayetano Carpio (2011) o Joaquín Villalobos (1988). El estudioso más destacado del FMLN (vinculado a las Fuerzas Populares Revolucionarias), Rafael Menjívar (1981, 44-50), discute el papel importante de la Iglesia popular en la Revolución. De hecho, subrayar el papel de los cristianos era una referencia común para cualquier político o académico de la izquierda revolucionaria. No obstante, por lo general, ellos reconocían el papel de los cristianos más como una fuerza de lucha reivindicativa o como fuente de reclutamiento en vez de modelo revolucionario, basado, por ejemplo, en las fincas colectivas de Morazán. Comandante Balta, Juan Ramón Medrano, que convivió con los campesinos militantes de Morazán durante más de dos años, tiene una perspectiva interesante que analizaremos más adelante.

Chinandega, Nicaragua

Antes de 1950, el campo chinandegano había sido dominado por grandes haciendas ganaderas y plantaciones de azúcar: 2% de los terratenientes poseían más del 65% de la tierra. La mayor parte de la población rural era pobre (quizás 10 000 trabajadores) y residía en aquellas haciendas donde trabajaban a cambio de salarios simbólicos pagados con queso, leche, huesos para sopa y el derecho a cultivar milpas de una manzana. Con la llegada del auge del algodón, los propietarios de las tierras necesitaban sólo el 10% de su fuerza de trabajo residente, mientras que ocupaban toda la tierra disponible. El aumento en el cultivo de algodón de 1 000 a 51 000 acres entre 1950 y 1955 se debió en gran parte a la conversión de las milpas de los trabajadores residentes en superficie del algodón. Al tener solamente trabajo estacional disponible y sin tierras para milpas, los trabajadores dejaron las haciendas en busca de tierras dónde vivir y trabajar. Estos trabajadores, junto con los agricultores arrendatarios y un puñado de campesinos propietarios, fundaron varios caseríos en los bordes de las plantaciones de algodón. El movimiento campesino chinandegano emergió en estos improvisados caseríos miserables, apenas visibles en medio de las olas blancas de algodón.

En 1957, la protesta de treinta familias del caserío de San José del Obraje contra la usurpación de 800 manzanas de tierra común, marcó el inicio del movimiento campesino chinandegano, el cual, para 1964 ya contaba con por lo menos 5 000 participantes (más de la cuarta parte de la población rural del departamento de Chinandega). En los albores del movimiento, las formas culturales de la élite dominaban las vidas de los campesinos de manera tan poderosa que algunos, literalmente, reverenciaban a los señores de la tierra. Igualmente, la élite agraria no perdió automáticamente legitimidad entre el campesinado durante el auge del algodón; no habían expropiado directamente las tierras de los campesinos ni los habían expulsado físicamente de las haciendas. Muchos propietarios pudieron seguir proyectando por varios años la imagen del “patrón benevolente”. Por consiguiente, la lucha campesina por la autonomía cultural no podía tratar de conservar las formas precapitalistas que los habían aislado en relaciones diádicas con el patrón. En cambio, tuvieron que transformar el discurso del gran patrón —Somoza— en un nuevo lenguaje de protesta capaz de incluir y cambiar el orden social.

La interrelación entre dependencia y autonomía en la conciencia campesina se puede observar en los momentos cruciales de la evolución del movimiento campesino. Durante 1958, los campesinos de San José lucharon legal y extrajudicialmente por la Hacienda Campuzano de 35 000 manzanas y reclamaron sus tierras. Los campesinos buscaron y recibieron el apoyo de algunas autoridades somocistas, incluyendo el comandante de la Guardia Nacional de León, mientras otros oficiales militares, dependientes de la élite local, los arrastraron a la cárcel. Los propietarios de Campuzano, cansados del acoso campesino, ofrecieron vender el terreno a un precio muy bajo. Al reconocer que el precio era en realidad más bajo que sus gastos legales, la mayoría de los miembros de la organización del caserío estaban dispuestos a aceptar la oferta de los propietarios de la hacienda. Su líder, Regino Escobar, no obstante, argumentó que no había tierra para recomprar porque esta ya le pertenecía al pueblo. Después de un año de lucha, aprendiendo sobre las diferencias y similitudes entre las buenas y las malas autoridades y los hacendados, Escobar había llegado a ver que el problema de la tierra iba más allá de una cuestión de necesidad inmediata e involucraba temas de derechos y dignidad. Él avergonzó a las bases para que aceptaran su posición, ya que a pesar de que no estaban de acuerdo, ellos sí compartían las líneas de su experiencia de aprendizaje. Los campesinos comprendieron que bajo el régimen podrían utilizar la necesidad material como una justificación relativamente segura para la protesta, pero que, al rechazar la oferta de la hacienda y la afirmación del derecho colectivo, se movían hacia un terreno ideológico peligroso. Por lo tanto, la renuencia de las bases para asumir la plena responsabilidad de su propia transformación ideológica era, en parte, una treta defensiva contra futuras represalias. Pero esa renuencia se reflejaba también en su conflicto interno que surgía entre la conciencia dependiente y la autónoma, entre su deferencia con el patrón y su deseo de justicia social.

En 1962, el presidente nicaragüense Luis Somoza estaba hablando con el líder socialista Domingo Sánchez acerca de un jefe obrero, aliado del régimen. En tono de broma Somoza preguntó a Sánchez: “¿Qué has hecho con mi hombre Ruiz Escorcia? ¡Lo has convertido en un comunista!”.7 Somoza se refería a Andrés Ruiz Escorcia, secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGT), quien en 1961 había asumido el liderazgo de un movimiento campesino con un número creciente de militantes en el Departamento de Chinandega.

Al mismo tiempo, Juan Suazo, un campesino chinandegano, también estaba analizando las ideas y acciones de Ruiz Escorcia. Suazo había ayudado a fundar la organización campesina en San José del Obraje. En febrero de 1961, había dejado de lado los reclamos inmediatos de tierras de su comunidad con el fin de construir un movimiento campesino regional. Tres meses más tarde, Suazo, en efecto, había cedido su autoridad a Ruiz Escorcia a cambio del compromiso de la CGT somocista con la lucha agraria. Bajo el mando de Escorcia el movimiento campesino se había expandido considerablemente, de aproximadamente 500 a 5 000 militantes en un departamento cuya población laboral rural ascendía a unos 20 000 habitantes.

Además, para desacelerar el crecimiento y la radicalización del movimiento, Somoza tuvo que iniciar políticas de distribución moderada de tierras. Sin embargo, desde la perspectiva de Juan Suazo, Ruiz Escorcia no había captado la transformación ideológica propia de los campesinos y, por lo tanto, no podía representar plenamente sus intereses. Suazo resumió la distancia entre el líder y los seguidores cuando más tarde declaró: “Andrés nunca comprendió lo que nosotros comprendíamos”.8 No obstante, otro campesino resumió la transformación dramática de sus conciencias, cuando dijo: “Antes de Andrés éramos mudos”.

La radicalización de la CGT, organización controlada por los somocistas, y la expresión de Suazo de una conciencia autónoma emergente dentro de la organización, representan momentos claves en el desarrollo de la lucha de los campesinos chinandeganos —la cual, en ciertos momentos, revestía aspectos utópicos, tal como veremos más adelante—. No obstante, desde sus inicios el movimiento sufría un desencuentro con las fuerzas antisomocistas democráticas.9 El surgimiento de la autonomía antes y después de la Revolución sandinista eran momentos de gran alegría utópica.

El primero de enero de 1962, un grupo de 300 campesinos del pueblo de Tonalá, departamento de Chinandega, tomó la Isla de Bonete en el Estero Real, parte de Campuzano. Según un periódico: “Los campesinos invadieron la propiedad privada de Virgilio Alvarado, portaban toda clase de armas, sonaban cachos y gritaban viva Fidel Castro” (La Prensa 1962).10 No sabemos si gritaron “viva Fidel”, pero sí que estaban alegres al quitarle las armas a la Guardia y al entrar en el terreno liberado. Un campesino militante recordó: “Discutíamos sobre todo lo que había qué hacer y votábamos sobre cualquier cosa. Pero casi no había desacuerdos”.

Uno de los militantes del sindicato evocó la naturaleza comunal de la ocupación: “Permanecimos tres días [...] dividimos la tierra, pero todos trabajamos como una comunidad [...] Había tanta fe en el trabajo de la gente que en un día preparamos diez manzanas razadas y listas, de punta a punta”.11 Esta obra comunal de preparación de la tierra para la siembra de mayo se mantiene firme en el recuerdo de muchos de los miembros del sindicato. A pesar de las condiciones tan duras e inhóspitas de la isla, la ocupación fue una experiencia grata precisamente por su experiencia comunal. Otro sindicalista recuerda: “Disfrutábamos construyendo nuestros ranchos, limpiando las parcelas, cazando, pescando y cocinando [...] Hacíamos todo esto compartiendo plenamente todo el trabajo […] estábamos bien […] disfrutábamos la lucha contra las condiciones difíciles y por la justicia, aunque sabíamos que la Guardia iba a regresar”.12

Y la Guardia regresó tres días después —intentaron arrestar al líder— pero un campesino les dijo: “Discúlpeme mi capitán, pero el hombre que quieren arrestar no es nuestro jefe, porque nuestro jefe se llama necesidad”.13 Después de unos días en la cárcel, salieron y al mes lanzaron la primera huelga de cortadores de algodón en la historia nicaragüense.

No es que la ocupación de los tonaleños fue un gran momento en la historia centroamericana, ya que sólo involucró a un grupo reducido de personas y duró apenas tres días. No obstante, durante estos días se había formado una comunidad liberada de las jerarquías sociales, políticas y económicas que la habían dominado y seguramente seguirían subyugándola en las plantaciones algodoneras. Sin embargo, ni esta experiencia de utopía menor ni otras similares, se registraron en el canon de la historia revolucionaria oficial. A menudo eran representadas como expresiones “espontáneas” del descontento campesino. Así, por ejemplo, Humberto Ortega, en su muy difundido libro 50 años de lucha sandinista, hace una única mención de las luchas campesinas, comentando sobre el periodo alrededor de 1958-1959: “Ferrocarrileros, zapateros […] peones de hacienda, hospitalarios, estudiantes y campesinos, se manifestaron espontáneamente […]” (1980, 91). Refiriéndose a la década anterior al triunfo revolucionario, comentó: “Se conocen en los últimos diez años, millares de conflictos en el campo, tanto por la lucha de la tierra, como por asuntos laborales, que han sido organizados espontáneamente por los campesinos más rebeldes y líderes de esas luchas” (Ibid., 112). Aunque esta última frase reconoce la importancia de la lucha campesina, por una parte exagera —docenas o tal vez centenares es probablemente más acertado— y, por otra, reitera su carácter de “espontánea”, es decir, no dirigida por la vanguardia. De hecho, estas son las únicas frases en el libro que se refieren a la lucha campesina.

Después del triunfo revolucionario de 1979, los sandinistas intentaron crear una historia que excluía a las acciones que ocurrieron fuera de la tradición que ellos mismos había inventado.14 Su incapacidad para reconocer las historias locales de lucha condicionó un grave desencuentro que impedía una comunicación eficaz y fluida entre el Frente Sandinista que proponía una transformación profunda de la sociedad y los militantes campesinos sobre cuyos hombros se sostenía, en parte, el éxito de la Revolución. Su inclusión en las narrativas nacionales hubiera sido un reconocimiento a los luchadores veteranos de Chinandega —cuyos hijos eran combatientes en las insurrecciones—. A su vez, tal reconocimiento hubiera sido acompañado por un reacomodo de las relaciones asimétricas de los campesinos con el Frente Sandinista.

En To Lead as Equals, el libro que resultó de mi trabajo de investigación doctoral en los años ochenta, analizo lo que denominé “la dialéctica de autonomía y dependencia”, sobre todo, en la conciencia campesina. Como mencioné anteriormente, los militantes campesinos en los cincuenta y sesenta lucharon cada vez más por su autonomía frente a las organizaciones políticas y a la ideología somocista-liberal; sin embargo, difícilmente lograron mantener el mismo nivel de autonomía organizativa que tenían en la Isla de Bonete.

En parte el problema se debía a la muralla política-cultural que separaba a los grandes sectores populares de la oposición antisomocista, por lo general compuesta por sectores de clase media y alta. La gran hazaña del movimiento campesino del occidente (León y Chinandega) fue, en efecto, el vaciar el contenido populista del somocismo. En otras palabras, el régimen trataba de controlar y manipular al movimiento y, de esta forma, mantener un tipo de hegemonía entre los sectores populares. Después de años de lucha, el movimiento campesino rompió con el régimen, aunque lo hizo de una manera no muy visible para los sectores progresistas de la sociedad.

La Revolución asestó un duro golpe a la muralla política-cultural que había sido levantada por el somocismo, pero no la destruyó totalmente. A pesar de aquello, durante los años revolucionarios, sí se pueden vislumbrar otras dimensiones de la misma lucha —entre la autonomía y la dependencia— dentro de las denominadas organizaciones de masas y las conciencias populares durante la década sandinista.

Recordando mis experiencias en la Nicaragua revolucionaria me doy cuenta de que mis percepciones se alternaban entre el optimismo —al ver la creciente autonomía en las conciencias populares— y el pesimismo —al constatar lo contrario—. Al respecto, escribí una carta en agosto de 1983 que detalla algunas de mis observaciones al comienzo de mis investigaciones. Al comentar sobre el parque Luis Alfonso Velásquez, nombrado así para conmemorar el niño mártir, escribí: “Los árboles recién sembrados están creciendo; un día, muy pronto, éste será uno de los parques más bellos del mundo. Los niños (incluyendo a mi hija) siguen jugando ya entrada la noche, gritan y gritan, pero sus padres se mantienen relajados. Los soldados del cuartel cercano se entremezclan de forma amigable y natural [...]”.

Otro día, un teniente del ejército sandinista que compartía una pequeña casa con unos 12 miembros de su familia extendida, me comentó: “Esta es una revolución contra el privilegio”. Al día siguiente, un campesino me dijo: “Fijate que ser campesino nunca va a ser algo fácil. Hay que madrugar y trabajar muy duro. El sol no se va a poner más fresco. Pero ahora la tierra es de nosotros, y los trabajadores agrícolas en las empresas estatales sólo trabajamos cinco horas y el resto del día trabajamos en nuestras propias parcelas. Antes sólo los ricos cultivaban y nosotros trabajábamos. Ellos mandaban, nosotros obedecíamos. Hoy tenemos la palabra y por eso están encachimbados”.15

Al mudarnos a Chinandega, pronto mi optimismo comenzó a desbaratarse. Mi propia ambivalencia sobre “el proceso” se intensificaba a medida que fui siendo testigo de escenas problemáticas y a veces muy dolorosas. Recuerdo, por ejemplo, cuando una mujer fue bajada del bus en que viajaba y las autoridades le confiscaron sus frijoles porque no los estaba vendiendo a ENABAS (agencia estatal de acopio de productos agrícolas). Aunque esa política coercitiva no duró mucho tiempo, sus efectos negativos se quedaron por muchos años. De hecho, una de las quejas que se escuchaba con mayor frecuencia, “no nos dejan trabajar”, encontró su justificación discursiva en tales prácticas.

Durante innumerables viajes en autobús entre Chichigalpa y Chinandega o a Rancherías, fui testigo de cómo la gente se quejaba, en voz alta, de toda clase de pecados cometidos por los sandinistas. Entre ellos, la falta de libertad. Además, pude observar cómo estas mismas personas expresaban sus quejas sin temor aun cuando se encontraban en presencia de soldados o policías sentados cerca de ellas. Esas quejas, que evidenciaban la mentira producida por la propaganda de la administración Reagan sobre el supuesto totalitarismo en Nicaragua, reflejaban la auténtica ira y el resentimiento en contra del servicio militar obligatorio y otras tendencias autoritarias de la Revolución —por ejemplo, la nueva orientación de arriba hacia abajo de los CDS en nombre de la defensa nacional—; mismas tendencias que se hicieron aún menos digeribles debido a los constantes recordatorios de que los productos básicos no estaban disponibles, mejor resumidos en la frase: “no hay”.

El efecto acumulativo de estas tendencias coercitivas de la Revolución produjo una ambivalencia incluso entre los partidarios sandinistas. Cuando preguntaba a alguien si él o ella iba a la manifestación, la respuesta era: “Hay que ir, ¿no?”. Esta enunciación que bien pudo haber sido una poderosa declaración afirmativa unos años antes, tenía un tono más ambivalente para los años 1985-1986. Solamente un estudio riguroso sobre el proceso revolucionario podría comprobar directamente el grado en el que dicha ambivalencia debilitó al FSLN.

Mi investigación durante la década de los ochenta sugirió como un problema fundamental para los sandinistas o para cualquier otro proyecto de transformación nacional. Observé cómo los campesinos locales y los actores orientados a nivel nacional compartían con frecuencia los mismos vocabularios, pero los usaban con diferentes resonancias y significados. A veces, estos desencuentros eran inconscientes y a veces eran parte de una búsqueda de puntos en común con las autoridades. Muchas veces estos vocabularios compartidos fueron muy eficaces en los periodos de movilización. Durante las décadas de los cincuenta y sesenta, los campesinos de Chinandega y León se movilizaron y llegaron a entender al mundo en términos de las nociones predominantes de la propiedad privada y la necesidad; términos que no representaban una amenaza directa para las autoridades. Los campesinos matizaban estos conceptos elitistas y religiosos dotándolos de nuevos significados útiles para comprender sus propias luchas que iban más allá de la supervivencia cotidiana. Mientras luchaban a través de y en contra de las instituciones del somocismo, durante la década de los setenta, los campesinos desarrollaron una comprensión colectiva más amplia de aquellos términos que les permitieron entrar en diálogo, especialmente, con el ala del movimiento sandinista que había sido influenciado por la teología de la liberación.

Sin embargo, ya para finales de los ochenta, esta misma multivocalidad de términos condujo a desencuentros: malentendidos lingüísticos que reflejaban y condicionaban el encuentro fallido entre el FSLN y los activistas campesinos de Chinandega. En 1988 un campesino chinandegano veterano luchador expresó: “Los sandinistas entienden otra cosa por propiedad del pueblo”.16 Muchas veces estos vocabularios compartidos —lo que el lingüista Edward Sapir llamó “las ambigüedades felices del lenguaje”— eran muy eficaces en los periodos de movilización —como por ejemplo el eslogan: “tierra para los campesinos”—. Después de diez años, muchos militantes campesinos que habían luchado al lado de los sandinistas se apartaron de ellos en silencio, resentidos porque los objetivos plasmados en sus propias historias simplemente no fueron tomados en cuenta. Las empresas algodoneras del Estado no podían representar la “tierra del pueblo” por la que habían luchado tan valientemente.

No obstante, me parece que siempre existían contratendencias. Aun en 1985, en medio de una crisis económica extrema, tuve una experiencia que me hizo pensar de nuevo en las posibilidades de cambios profundos hacia una sociedad igualitaria. Esto, mientras participaba en la tapisca en una cooperativa en la comarca de Sirama, cerca de Posoltega, Chinandega.

En El Porvenir, la ligera elevación sobre las llanuras tenía un efecto benigno sobre el clima y la gente de hecho parecía estar en paz cuando trabajaba. Ayudaba que el sudor no brotaba de sus poros con cada movimiento. Las risas venían de todas partes del campo, niños y adultos por igual. Después del trabajo, la gente regresaba animada a sus casas decentemente construidas y mucho mejores que las chozas en donde la mayoría había vivido antes de la revolución.

Todas las decisiones que afectaban a la comunidad y a la cooperativa se tomaban en asambleas. Era palpable el afán de los habitantes de trabajar juntos en todos los aspectos de la vida, desde la salud y la educación hasta la construcción de infraestructura y la producción.

No obstante, como las personas de abajo en las llanuras calientes, la gente de El Porvenir sufría y se quejaba de una severa escasez en la comida y en los suministros agrícolas, así como también del innombrable dolor de ver a sus hijos reclutados para combatir a los Contras. Aun así, la meta de tierra y libertad en El Porvenir era una realidad suficiente para suavizar la dureza que caracterizaba a sus vidas. A diferencia de otros lugares, las quejas no conmovían el corazón del proyecto revolucionario; estas demandaban una solución que no comprometiera el avance de su marcha para alejarse de la miseria.

Me fui después de algunos días preguntándome ¿por qué el gobierno sandinista no podía, de alguna forma, reproducir la experiencia de El Porvenir? En parte, pensé que la respuesta se encuentra en las circunstancias históricas que permitían a este proyecto local florecer: las batallas campesinas en contra de un terrateniente somocista entre 1978 y 1979 coincidieron con un apoyo masivo de los moradores de Sirama para el FSLN. Además, la tierra, apta para granos básicos, no fue importante para la economía de agroexportación. En consecuencia, el Frente podía estimular la creación de una cooperativa de producción entre campesinos políticamente predispuestos a usar su capital político para empujar democráticamente una razonable asignación de los recursos en: viviendas decentes, servicios de salud y educación. Si la cooperativa hubiera tenido más importancia estratégica, esta, probablemente, no hubiera gozado de tanto desarrollo ni de autonomía; tampoco hubiera tenido estos momentos que se asemejaban a una utopía menor.

El desencuentro entre el FSLN y el movimiento campesino representa una clave para comprender la derrota electoral de 1990. Los sandinistas no fueron capaces de comprender la conciencia contradictoria de sus antiguos partidarios. El exceso de confianza del FSLN reflejaba su creciente distanciamiento del gran número de trabajadores y campesinos. La falta de democracia participativa —en el partido, en el gobierno, en las organizaciones campesinas, y en los sindicatos— hizo que el Frente perdiera el contacto con sus bases.

Para recuperar a los grupos descontentos, los sandinistas debieron haberse comprometido públicamente en una profunda autocrítica, iluminando las fuentes de alienación popular. En cambio, el FSLN continuó atribuyendo los males del país al “imperialismo” y así terminó por convertir una verdad escandalosa en una broma banal. El gobierno simplemente se negó a reconocer cualquier responsabilidad por la inflación de cuatro a cinco dígitos, la brecha de privilegios cada vez mayor entre las altas esferas de la burocracia estatal y los trabajadores o de los numerosos abusos de autoridad —los cuales iban desde el reclutamiento militar forzado hasta el rompimiento de unas huelgas—.

Si la gente iba a creer que con Ortega “todo será mejor”, entonces el Frente tenía que explicar por qué todo había sido tan difícil y, sobre todo, qué medidas se adoptarían para corregir sus propios errores. La presunción del Frente de que todas sus bases se mantendrían leales después de diez años de guerra y miseria sólo sirvió para amargar a sus vacilantes partidarios, ya que al menos doscientos mil obreros, campesinos y otras personas que habían votado por el FSLN en 1984 les dijeron a los sandinistas: “Claro que todavía estamos con ustedes” y luego votaron por la UNO, la coalición opositora.

La revolución dejó herencias entre el pueblo nicaragüense, sobre todo, su capacidad para expresarse en voz alta. En la actualidad, el régimen de Ortega tiene que enfrentar esta herencia: tanta gente humilde ya no teme luchar por la justicia social y política. Sin embargo, uno de los frutos de la revolución —El Porvenir— sufrió un desastre. La devastación de la guerra con los Contras, el boicot de los Estados Unidos y el colapso de la economía del algodón, afectarían fatalmente a estos campesinos en las laderas del volcán Casitas. A pesar de los esfuerzos del gobierno revolucionario para reforestar las laderas, la falta de un combustible de cocina barato llevó a una creciente deforestación del volcán. El 29 y 30 de octubre de 1998, una lluvia torrencial llenó el cráter de Casitas, hasta que estalló vaciando miles de litros de agua hacia sus laderas desnudas. El diabólico torrente de agua reunió lodo, palos y piedras y vino abajo hacia El Porvenir y su hermana cooperativa Rolando Rodríguez, sepultando las casas, los graneros y todo lo que vivía ahí. Cerca de mil residentes murieron en el desastre. Esto fue una injusticia poética: el entierro de uno de los pocos duraderos éxitos de la Revolución bajo tanto lodo.

Ese horrendo desastre natural puede simbolizar otro desastre humano: movilizaciones y utopías menores derrotadas cuyas profundas promesas emancipadoras han sido enterradas, no por el lodo letal sino por los sedimentos tóxicos de miedo, propaganda y cinismo acumulado.

7 Mantuve una entrevista con Domingo Sánchez en Managua, 1985.

8 Mantuve una entrevista con Entimo Sánchez en Rancherías, 1984.

9 Sobre la movilización campesina, véase Gould (1990, 85-181). Las citas de esta sección son de entrevistas con Mariano Escorcia, Engracia Zapata y otros participantes, hechas entre 1984 y 1985.

10 Publicado el 4 de enero de 1962.

11 Mantuve una entrevista con Pablo Guido en Tonalá, 1985.

12 Mantuve una entrevista con Mariano Escorcia en El Viejo, 1985.

13 Entrevistas que mantuve con Escorcia, Guido y Engracia Zapata en 1985. Todos se acuerdan de la frase y su uso.

14 Seis militantes sandinistas en Chinandega, León y Managua caracterizaron los movimientos campesinos como tales para mí, en las entrevistas realizadas entre 1983 y 1986. Una revisión de los discursos y libros de los comandantes revolucionarios escritos en los ochenta revela que o no hay mención alguna de las luchas campesinas en los cincuenta o los sesenta o los consideran como de menor importancia y “espontáneos”. Muchos trabajos sobre la Revolución c onsideran únicamente las luchas sociales directamente vinculadas al FSLN. Véase Ortega (1980), Wheelock (1980) o Borge (1981).

15 Lo mencioné en una carta que envié a Emilia Viotti da Costa, en agosto de 1983.

16 En una entrevista que mantuve con Juan Suazo en San José del Obraje, 1988.

Morazán: memorias de esperanza y angustia

Para Mila, las memorias de la vida antes de la existencia de las organizaciones sociales poseen un sabor agridulce. Ella, sus hermanos y sus padres pescaban guapote en el río Araute. También se bañaban en el mismo río después de las largas jornadas de trabajo recogiendo el henequén o limpiando milpas, sin embargo, no lograban pescar mucho todos los días y comían carne muy raramente. Es así que, cuando su hermano menor padeció de anemia, no pudieron hacer nada. Eran tan pobres que ni siquiera podían comprar jabón y mucho menos carne. Las autoridades acusaron a los padres de negligentes cuando su hermano falleció. Cuatro hermanos más murieron debido al hambre y la miseria en que vivían. Una visita médica era geográficamente difícil y financieramente imposible. Debían caminar 40 kilómetros por estrechos caminos hasta el centro de salud y allí pagar 50 pesos, es decir, una cantidad que rebasaba sus posibilidades y por la cual podrían quedar endeudados.

La historia de extrema privación de Mila era la historia de la mayoría de la población del norte de Morazán. Por todo El Salvador, durante los años setenta, la desigualdad social era muy aguda. La modernización continuaba siendo geográficamente un proyecto altamente desigual: 65% de la población rural (60% del total) era analfabeta (40% de alfabetismo en todo el país). La esperanza de vida era de 46 años.

En El Salvador, Morazán era el departamento más pobre —los índices de desarrollo han sido clasificados como los más bajos mundialmente incluyendo a varios países de África subsahariana—. Sólo una minoría de la clase media campesina llegaba a tener una educación de sexto grado. En la mayoría de los cantones la oferta educativa llegaba hasta el segundo grado. Uno de los pocos estudios realizados sobre Morazán nos ofrece el siguiente relato sobre una de sus municipalidades durante los setenta:

La pobreza está considerada como uno de los más grandes males que existen en la población, se carece de fuentes de trabajo, en los lugares que hay se les paga poco y muchas personas a veces no tienen ni qué comer. En casos frecuentes como este las personas que comen con sal comen bien, porque muchas otras comen vacío (únicamente tortilla sin sal).17

Al contrario de lo que acontecía en las regiones estratégicamente más importantes, la extrema pobreza de Morazán no estaba acompañada por altos niveles de desigualdad social o conflictos. Las personas con mayor cantidad de recursos eran relativamente pocas y había solamente una plantación grande en la zona.

La sociología de la desesperación

A pesar de la relativa falta de conflicto de clase, la paz en el norte de Morazán era inestable, dado el autoritarismo militar y el tradicionalismo católico. En 1970, la población de la zona (55 000 habitantes) estaba mayormente compuesta por pequeños propietarios que cultivaban maíz y otros granos básicos. Ellos también cultivaban henequén, que es una especie de agave que no requería riego o fertilizantes y crecía en tierras empinadas y rocosas.

En 1961, Morazán contaba con más del 50% de la producción de henequén en El Salvador. El 66% de las parcelas de cultivo estaban localizadas en el departamento de Morazán. A nivel nacional, la producción de henequén tenía un efecto menor en el desarrollo socioeconómico del país. En 1975, el 41% del producto era vendido a fábricas que primordialmente lo usaban para hacer sacos para el café y 54% era usado localmente para hacer otros productos baratos como hamacas y lasos. Sólo el 4% era exportado. No obstante, el henequén era crucial para todos los estratos de la sociedad en Morazán.

Dos mil campesinos producían henequén en parcelas de menos de dos hectáreas. Esas parcelas no eran suficientes para cubrir las necesidades mínimas de una familia y muchas de ellas tenían que sembrar en parcelas más grandes que eran alquiladas y representaban la mayoría de la producción. En Morazán, 223 terratenientes (es decir, el 1.5% del total de la población), eran dueños del 26.6% de las tierras sembradas de henequén. En su conjunto, los minifundistas poseían el 77% del total de parcelas cultivadas siendo estas el 20% de la tierra.18

Las desigualdades básicas de tenencia de la tierra eran significativas, pero no altamente visibles. Esto, quizás, por el atraso general del área y la ausencia de cualquier consumo conspicuo realizado por los sectores más ricos. Durante las décadas de los sesenta y los setenta, la mayoría de los minifundistas tenían que migrar hacia los cortes de café, el algodón o para la zafra azucarera. Un grupo relativamente pequeño de campesinos de Morazán habían logrado ascender a un estrato económico más alto que les permitía contratar una pequeña cuadrilla de trabajadores (casi siempre menos de 10) con un número mayor durante las cosechas de caña y henequén. Esta clase media de campesinos, en ciertos casos, subyugaba a sus trabajadores a través de la aplicación de condiciones sumamente explotadoras, pagando salarios irrisorios.

Las relaciones familiares tendían a apaciguar el resentimiento de clase dentro de las haciendas y las comarcas. Sin embargo, los niveles de privación social y económica, así como su falta de capital cultural (en comparación con las personas que vivían en la zona urbana), condicionaban la posibilidad de establecer una identificación sin fisuras junto a sus vecinos pobres.19

Además, existía en Morazán un grupo de campesinos adinerados que empleaban trabajadores para el cuidado del ganado y para la cosecha del henequén. También alquilaban parte de sus tierras a aquellos que no poseían terrenos para el cultivo de granos y henequén. Otro grupo poseía cafetales en la zona norte del departamento, cerca de Perquín. “Estas parcelas tenían un tamaño de entre 50-150 hectáreas” (Binford 1998, 2016). Ambos grupos y otros estaban muy vinculados al comercio, especialmente en Jocoaitique, centro comercial de la región. Además de la compra y venta de productos, ofrecían adelantos sobre la cosecha de henequén a precios usureros. Estos comerciantes y campesinos adinerados disfrutaban de un estilo de vida de clase media, dentro de la medida posible de esta región altamente subdesarrollada.

Los grupos con mayor capacidad económica controlaban social y políticamente el área. Su herramienta política era el Partido de Conciliación Nacional, efectivamente el partido militar. Un campesino de clase media recuerda estar sentado con otros miembros del partido el día de las elecciones y, al igual que sus acompañantes, él también intercambiaba los votos de aquellos que ya habían votado por el partido opositor.20

No obstante, en Jocoaitique, un partido de izquierda, el Partido Acción Renovadora, ganó las elecciones para alcalde a mediados de 1960. En efecto, esa fue la única victoria electoral que el partido obtuvo a nivel nacional.21 Asimismo, en 1972, el partido opositor de la UNO ganó las elecciones, pero su victoria fue anulada por fraude. En Jocoaitique, la Guardia Nacional apresó a un pequeño grupo de manifestantes. Sin embargo, Jocoaitique continuó siendo una anomalía en el tejido de control del PCN, los militares y la élite local.

El sargento Gabino Mata simboliza la versión local de autoritarismo. La gente recuerda cómo Mata golpeaba a las personas arbitrariamente por pequeñas ofensas: borracheras, falta de carnet de identificación o a las mujeres que caminaban usando una minifalda. Él exclamaba: “Te van a violar y van a culpar a un hombre”. Si un joven dejaba crecer su cabello un poco más de lo “normal”, él se lo cortaba.22 Hacía expediciones de noche para eliminar las destilerías clandestinas y usaba la fuerza excesiva en contra de los contrabandistas. El contrabando era una actividad importante ya que proveía a los campesinos pobres con el único licor a su alcance y, más aún, porque era una fuente de ingresos importante. Asimismo, la moralidad de Mata era culturalmente reaccionaria y profundamente política, se identificaba con el PCN y el régimen.

La violencia y el autoritarismo afectaban las relaciones laborales. Varios informantes recuerdan a aquellos capataces que, por la más mínima infracción, “penqueaban” (golpeaban) a los trabajadores. En una de las plantaciones más grandes del área, localizada en las faldas del volcán Cacahuatique, que pertenecía al futuro presidente, Armando Calderón Sol, un trabajador recuerda: “Nos robaban en las pesas. Y cuando la gente se quejaba, la Guardia nos culateaba”.23

El robo laboral y la violencia eran experiencias comunes entre los trabajadores temporales de Morazán. Los capataces enmascaraban la superexplotación por medio de canastos que se medían por varillas en lugar de hacerlo por escalas (aunque muchos dicen que estas también estaban a veces alteradas). La violencia no tenía un propósito particular sino el de fortalecer la asimetría de las relaciones laborales.

El reclutamiento militar llevaba a otras formas de violencia autoritaria. En las barracas, los reclutas sufrían castigos corporales con palos por la menor infracción de disciplina militar. Para la mayoría de los reclutas la experiencia militar era traumática y simbolizaba el orden de las cosas en Morazán.

Una vez de regreso en sus casas, los exsoldados eran presionados para unirse a la patrulla cantonal. Nolvo (ya fallecido), un antiguo comandante cantonal, recuerda:

Cada domingo teníamos que ir a San Francisco Gotera [capital departamental] a dar nuestro informe a las autoridades militares. Todo lo que querían saber era sobre la subversión. Y entonces decidieron que todos necesitábamos entrenamiento militar [igual que la guerrilla]. También teníamos que ayudar durante el tiempo de las elecciones.24

La vida en el norte de Morazán comenzó a cambiar en 1971, cuando, siguiendo la política de la jerarquía de la Iglesia católica, el cura conservador de Perquín, envió a veinte de sus fieles a participar en una serie de cursillos, en el Centro El Castaño, cerca de la ciudad de San Miguel. Estas clases duraban entre tres semanas y dos meses. Se trataba de educar a los campesinos que apenas tenían una educación primaria en temas relacionados a la teología de la liberación y su relevancia en la sociedad salvadoreña. Aprendían lo que era el “pecado social”, entendiendo cómo las instituciones religiosas, culturales y militares habían permitido que la extrema desigualdad floreciera. Estos estudiantes, en su mayoría campesinos de clase media, incorporaron esta nueva teología a sus prácticas y relaciones. Ellos fueron conscientes del rechazo de la teología de la liberación hacia el culto de los santos y la celebración de las fiestas patronales.25

Hubo algunos sacerdotes de Cleveland, Ohio que estaban a cargo del Centro El Castaño. Y a pesar de que no eran muy radicales, su mensaje era uno que hacía énfasis en el empoderamiento. El padre Lorenzo Graziano, después de seis años en El Castaño reflexionaba:

Sabemos en qué dependencia viven nuestros campesinos […] El Centro insiste en capacitarlos y darles confianza para que hagan sus propias decisiones; son personas adultas que deben de sentirse libres para actuar de acuerdo a sus principios cristianos y a las direcciones de la Iglesia (Búsqueda 1974).

El mismo padre describe que, en sus seis años de trabajo en El Castaño, su grupo también había entrenado a más de 700 catequistas, quienes habían ejecutado un gran número de proyectos, entre ellos, la construcción de pozos de agua, letrinas y centros comunitarios. Ellos solían trabajar, además, en el mejoramiento de la tierra y en la formación de cooperativas agrícolas, de consumo y de préstamo. Aparte de estos proyectos de desarrollo para la comunidad también participaban en ejercicios dinámicos cuya meta era “la educación no directiva que promueve al hombre la capacidad de descubrir su propio potencial y enfrentarse con decisión a los problemas del mundo actual” (Idem).

Los padres instructores también ofrecían cursillos con una interpretación sobre la “realidad nacional”. Hacían énfasis en algunos de los capítulos incluidos en los libros bíblicos como el Éxodo y los Hechos de los apóstoles los cuales concordaban con la teología de la liberación. Finalmente, los catequistas aprendían a cuestionar la adoración de los santos que forman parte de la base de la religión en la región y en el país.

Las acciones y las ideas promovidas en El Castaño no eran exactamente revolucionarias; tampoco los padres/instructores eran extremistas o radicales. Ellos solamente mantenían una postura en oposición a los curas tradicionales, fieles defensores de las jerarquías, el patriarcado, la adoración de los santos y el fatalismo. Aun así, en el contexto de la extrema pobreza, la marginación y el autoritarismo en la región, la experiencia en El Castaño traía consigo implicaciones revolucionarias.

Cuando los campesinos regresaron al norte de Morazán comenzaron a trabajar como catequistas y complementaron el limitado trabajo que hacía el Padre Argueta, quien raramente se alejaba de los pueblos de Jocaitique o Perquín.26 El trabajo era agotador ya que también demandaba estar presente, por lo menos, siete horas los fines de semana. Esto incluía tanto al trabajo manual como a la labor religiosa que implicaba la celebración de la palabra en los caseríos remotos. De esta manera los campesinos empezaron a propagar una versión de este nuevo evangelio de redención social y personal, al mismo tiempo que trataban de minimizar los ataques a las prácticas religiosas más tradicionales.27

En el transcurso de un año, los catequistas organizaron seis Comunidades Eclesiales de Base (CEB) en diferentes cantones (unidad oficial de una municipalidad) y caseríos. Estas organizaciones se reunían voluntariamente para estudiar la Biblia y celebrar “la palabra”. Llevando su aprendizaje de El Castaño a la práctica, comenzaron a desarrollar diferentes actividades y proyectos en la comunidad, incluyendo la construcción de carreteras y escuelas. Andrés Barrera recuerda: “Éramos recibidos con tanto cariño por la gente. Éramos como los primeros cristianos compartiendo la palabra”.28

Consideremos el testimonio de Altagracia, una mujer de una familia de campesinos medios, nacida en 1950:

Hicimos como un juramento ante la congregación de que estábamos dispuestos a aceptar los retos que se nos presentaron, para seguir el ejemplo de los verdaderos cristianos. Que debíamos olvidarnos de nuestras propias preocupaciones [...] sacrificar nuestras vidas por las de otros […] Empezamos a pensar cómo íbamos a ofrendar nuestras vidas [...] Estábamos realmente unidos […] Andábamos por todos lados, como un redil. Íbamos juntos donde iban los catequistas. Y si algo le pasaba a uno de nosotros, allí estábamos todos para ayudar. Nos protegíamos.29

A principios de 1973, llegó el padre Miguel Ventura a Torola. Él era de origen campesino y sus padres lo habían mandado al seminario en San Miguel para que recibiera una educación decente. Para completar su educación él asistió al seminario jesuita en San Salvador, donde tomó clases con el famoso intelectual Ignacio Ellacuría y con otros jesuitas (todos fueron ejecutados por militares en 1989). Estas clases y parte del impacto global de las protestas de 1968 tuvieron una gran influencia en Ventura. Sus expresiones de rebeldía, su participación en grupos de estudio izquierdistas —y quizás hasta su cabello largo— provocaron al muy conservador obispo de San Miguel, que terminó por exiliarlo a Morazán. Monseñor Álvarez sentenció: “Te voy a enviar a un lugar donde te quedés aislado” (Rubio y Balsebre 2009, 78).

Ventura trabajaba arduamente para promover las CEB y motivar a los catequistas para que propagaran “la palabra” en cada cantón y caserío de la región. Las noticias de sus sermones y su organización en Torola se extendió a lo largo del norte de Morazán. Los campesinos caminaban hasta cuatro horas para escuchar sus homilías. Ventura comenzó a impartir algo parecido a los cursillos de El Castaño a los fieles de su parroquia (donde ya había enseñado antes).

La presencia de Ventura y sus actividades dinamizó aún más la ya vibrante Iglesia popular en el norte de Morazán. Se vislumbraba el nacimiento de experiencias de utopía menor. Las CEB conscientemente forjaron una nueva sociedad que era consonante con lo que imaginaban, es decir, las primeras comunidades cristianas. De acuerdo con Miguel Ventura:

Fue un movimiento comunal que acompañaba la vivencia práctica con la reflexión cristiana. Se reflexionaba sobre cómo actuar de acuerdo con el espíritu que tenían los primeros cristianos, tal como narran los Hechos de los apóstoles, que vivían en comunidad, que todo lo tenían en común. Que compartían sus bienes y los ponían al servicio de quién más lo necesitara (Ibid., 84).

A principios de 1974, los catequistas estaban muy activos en la mayoría de las comarcas y caseríos en el norte de Morazán y quizás una tercera parte de toda la región participaba en las actividades de estas Comunidades de Base.30 La mayoría de los miembros de estas CEB eran campesinos pobres y, como mencionábamos anteriormente, la mayoría de los catequistas eran campesinos medios. Una clave importante para la transformación local era la creación de nuevos espacios de sociabilidad multiclasistas donde los más pobres eran los más valorizados.

En varios de los cantones más pobres como Santa Anita (municipalidad de Jocoaitique) y el Progreso (Torola), casi todas las familias se unieron, incluyendo las de campesinos medios. Aun cuando eran diferentes los factores que motivaban a la gente, no cabe duda de que los campesinos medios y pobres a veces experimentaron una conversión religiosa del catolicismo tradicional a la Iglesia popular.

En algunas comarcas, campesinos medios voluntariamente le cedieron sus tierras a los que no tenían y se unieron a las cosechas colectivas con sus vecinos. Otros testimonios hacen énfasis en el rol de los campesinos medios que donaron sus tierras para el experimento social. Gabriela Hernández (ya fallecida), quien recién entraba en la adolescencia a principios de los años setenta y provenía de una familia de campesinos pobres en El Progreso, recuerda:

La familia Hernández que era dueña de un buen lote de tierra —10 manzanas— donó una parte a la comunidad para que todos las cultiváramos. Las ganancias del maíz o el mezcal se repartían entre los que trabajaban y a veces hasta los que no trabajaban ya que era cuestión de que mejorar la calidad de vida de todos.31

En el cantón de Santa Anita, un campesino medio con 20 hectáreas de tierra cultivable y con ocho hijos adultos, algunos de los cuales habían participado en las CEB, pasó por su propio proceso de conversión.32 Este campesino que tuvo a su mando una cuadrilla de una docena de trabajadores, terminó por ceder sus tierras a sus mozos y a otros miembros de la CEB. Estas fincas colectivas dependían del espíritu cristiano de los campesinos medios con tierras fértiles —no sucedió así en toda la región—. Hubo tres de estos experimentos y todos funcionaron extremadamente bien, no solamente al estrechar los lazos de solidaridad, sino también al permitir que la producción y el consumo aumentaran significativamente. En efecto, estos experimentos sociales eran bastante únicos en el país, a pesar del amplio poder y extensión de la Iglesia popular. Quizás lo que hizo que los experimentos realizados en Morazán sean tan únicos deriva de su geografía social en comparación con otras regiones del país, donde la mayoría de los miembros de las CEB vivían cerca de las grandes haciendas y trabajaban como mozos. Los catequistas que trabajaban en las haciendas hicieron una transición rápida organizando en la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (FECCAS) o en la Federación de Trabajadores del Campo (FTC) que luchaban por tierras y mejores salarios (Henríquez 2012).33 En 1979 se dio lugar a las tomas de tierra en las cuales los campesinos/trabajadores por un breve tiempo manejaban las haciendas bajo el control de ellos mismos. Sin embargo, hay que reconocer que los trabajadores militantes ya no tenían afiliación significativa con las CEB.

En todo el resto del norte de Morazán las formas de comunitarismo eran mucho más modestas. No obstante, todas las CEB participaban en la tapisca colectiva y la cosecha del henequén. He aquí el testimonio de un campesino pobre, Regino, nacido en 1935:

No me costó más de dos días cosechar la milpa que dio unas veinticinco libras de maíz, porque toda la comunidad me ayudó. En cuanto terminamos la mía, nos fuimos a la de otro y luego donde otro, y así hasta que terminamos de limpiar todo el valle de Tortolico. No sentí el peso de las limpias [de las milpas] porque estábamos todos unidos, muy unidos.34

Aunque el ethos colectivo era profundamente religioso al mismo tiempo contenía un elemento de protesta. Un campesino del cantón de Agua Zarca, Torola comentaba: “El maguey lo trabajábamos juntos. Ellos [la élite] querían que fuéramos a los algodoneros o al corte de caña, pero si la gente estaba organizada, ya no iban a ir allí. Ese era el enojo de ellos” (Rubio y Balsebre 2009, 223).

En la zona, los campesinos medios y acomodados tenían dificultad para conseguir los trabajadores cuando los necesitaban. No hay duda de que el problema de la falta de brazos y su asociación con el trabajo comunal creaba sentimientos negativos entre los sectores más pudientes de la población hacia las CEB.

Aunque las mujeres participaban en grandes números en las Comunidades de Base, los catequistas eran en su gran mayoría varones y así se reproducían, de cierta forma, las jerarquías de género. Sin embargo, existieron cambios significativos en El Salvador oriental cuando la Iglesia popular comenzó a desarrollar programas dedicados específicamente para la mujer. El padre Dionisio Santamaría (Denis Saintmarie), otro padre de Cleveland, Ohio ayudó a fundar el Centro de Guadalupe35 con la intención de integrar a las mujeres en el movimiento y formar mujeres catequistas. En aquel entonces comentaba: “Hemos observado el cambio que opera en ellas a medida que va avanzando la formación y al reconocer que los valores o dones que tenemos son muy valiosos y que debemos compartirlos con los demás” (Búsqueda 1974).

Esos programas y sus ecos en Morazán reclamaban por los derechos de igualdad para las mujeres, aun cuando sus formas específicas no estaban claramente definidas. Quizás, el cambio más dramático se reveló en el fuerte rechazo al abuso doméstico. Gabriela Hernández recuerda que su esposo, un alcohólico, la golpeaba continuamente. “Por milagro estoy aquí […]” pero tan pronto él se unió a las CEB cambió completamente, después de dejar de tomar.

El mensaje de los catequistas también condenaba el alcoholismo y hacía énfasis en la responsabilidad personal. Así pues, que la transformación espiritual llevaba a la vez una conversión personal y la redención del alcoholismo y del abuso doméstico. Se nota la similitud con las conversiones a las Iglesias evangélicas. Robertón nos comenta: “La gente se peleaba por todo, a veces hasta machetazos llegaban; y eso cambió cuando aprendimos a querernos unos a otros”.36 Leandro de Agua Zarca, concuerda con esta afirmación cuando dice que: “Éramos verdaderos hijos de Dios […] aprendimos a amarnos unos a otros y a aprender a sobrellevar los viejos antagonismos. También estábamos en contra de los bailes y el alcoholismo”.37 Este nuevo ethos colectivo hizo posible estas transformaciones personales y fortaleció el sentimiento por el cual los campesinos participaban en el amanecer de una nueva sociedad.

Miles de campesinos, inspirados por el ejemplo de los primeros cristianos, buscaron rehacer sus sociedades a la vez que promovieron nuevas e igualitarias relaciones sociales. Estas comunidades eran a la vez imaginarias y reales. Los campesinos reconocieron (en parte a través de los cursillos) que ellos estaban conectados con otros campesinos fuera de Morazán y formaron también nuevas comunidades con gente de otras comunidades de Morazán, a quienes comenzaban a conocer.

El concepto de Victor Turner de communitas es apropiado para entender mejor lo descrito: estos lazos son antiestructurales: “[…] son indiferenciados, igualitarios, directos, existentes, no-racionales, existenciales, relaciones yo-tú [en el sentido de Feuerbach y de Buber]” (Turner 1974, 274).38 Cabe subrayar el desenfrenado entusiasmo grabado en las memorias de los participantes y la imagen de los grupos moviéndose como un “redil” que respondían inmediatamente a cualquier problema que afectaba a los miembros. Representados en esta experiencia única, son ellos claros ejemplos de cómo se articula communitas. Además, aunque estaban unidos con una Iglesia popular más amplia, durante su fase inicial, las comunidades del norte de Morazán eran “espontáneas” y “antiestructurales”. Las CEB en Morazán eran formas de “utopías menores” en los cuales los niveles de comunicación horizontales e interclasistas florecían. Posteriormente, esta experiencia de utopía menor sería incrustada dentro de un discurso revolucionario mayor.

Había poco en la historia anterior que explicara por qué tantos campesinos optaron por unirse a la causa revolucionaria durante los años setenta.39 En 1974, Rafael Arce Zablah, militante de un grupo guerrillero minúsculo el Ejército Revolucionario del Pueblo (EPR), hizo una misión de reconocimiento al Norte de Morazán. La extrema pobreza y los altos niveles de solidaridad tuvieron un profundo impacto en él. El terreno montañoso animó su imaginación insurgente. Con la bendición entusiasta de sus camaradas, Arce regresó a Morazán esta vez a reunirse con el padre Miguel Ventura. Disfrazado de seminarista se quedó en la casa cural. Arce trazó la estrategia para el ERP. A la vez, persuadió a Ventura que propusiera a los catequistas que se unieran al ERP. Ventura respondió que él facilitaría una reunión pero que no trataría de persuadirlos a que se unieran. Sin embargo, sí seleccionó a aquellos catequistas que él creía estarían en acuerdo con Arce. Durante esta reunión inicial, que contó con la presencia de alrededor de treinta catequistas, casi la mayoría decidió unirse a la incipiente organización guerrillera. Después de aquello se suscitaron una serie de reuniones entre Arce y los catequistas tanto en Morazán como en San Salvador. En 1975, el ERP dispuso dos organizadores políticos como entrenadores militares los que solidificaron este primer contacto. Chele Luis, de origen campesino, había trabajado como obrero industrial y como policía. Fue perseguido y su cabeza tenía un precio debido a su militancia en el ERP. Juan Ramón Medrano era un exestudiante universitario también de origen popular y provenía del oriente de El Salvador. Durante los siguientes años Chele Luis y Medrano vivieron clandestinamente en casas de militantes campesinos.

Arce, Medrano y Chele Luis ofrecieron un análisis de la sociedad salvadoreña y la política que hizo énfasis en el desarrollo comunitario (como escuelas, centros de salud y transporte) y la reforma agraria que, desde su perspectiva, debido al autoritarismo militar, el fraude electoral y el comienzo de la represión contra los campesinos y organizaciones estudiantiles en otras partes del país, sólo sería lograda a través de la lucha armada. En testimonios, los primeros miembros del ERP en Morazán —casi todos menores de treinta años y exclusivamente hombres— relatan su decisión sin mayor problema y rechazan enfáticamente cualquier noción de contradicciones entre su fe religiosa y la lucha armada. Durante una entrevista en 1980, Medrano recuerda que:

Desde un comienzo formar una conciencia que desde su inicio fue una conciencia política y no gremial, no nos fue difícil debido principalmente al trabajo previo hecho por la Iglesia. A partir de la conciencia religiosa pasamos de una vez a formar una conciencia política… nos permitieron gestar un vivero de cuadros políticos (El Independiente 1980).

Sin embargo, las razones para unirse al ERP no eran muy claras en 1975. Aunque había mucha vigilancia por parte de los grupos paramilitares, ORDEN y las comisiones cantonales, no existía una represión directa contra las CEB: arrestos, torturas, muertes. Para los comités de defensa militar la necesidad de formar parte del ERP era entonces tan abstracta como lo era la demanda por la reforma agraria dada la distribución relativamente igualitaria de la tierra en Morazán (los campesinos pobres aprobaban la demanda dada su experiencia en las plantaciones cafetaleras y algodoneras). Más aún, la mayoría de los miembros de las CEB disfrutaban plenamente de esta nueva vida en las comunidades, de las cuales se hubieran visto obligados a renunciar.

Estos campesinos optaron por unirse al ERP principalmente porque el análisis de la sociedad salvadoreña coincidía con sus experiencias y sus perspectivas informadas por la Iglesia popular. Como hemos mencionado anteriormente, algunas de las personas de Morazán habían participado en el Partido Demócrata Cristiano y protestaron contra el fraude electoral de 1972, cuando la victoria electoral de su líder José Napoleón Duarte fue robada. Uno de ellos fue encarcelado y otro miembro de la comisión paramilitar del pueblo fue obligado a cambiar el voto.40 Para ellos, la vigilancia realizada por las organizaciones paramilitares locales (a las cuales casi todos pertenecían)41 no era un símbolo de buen augurio para la sobrevivencia de las CEB.

Muchos de los miembros de las CEB habían sufrido experiencias como reclutas bajo el régimen militar que incluía alguna forma de abuso físico. Para ellos, tarde o temprano, las autoridades tendrían que ser confrontadas. Además, Arce, implícitamente apoyado por el padre Miguel, lanzó el lema revolucionario en términos de autodefensa: “Si los militares nos tiran flores, flores les tiraremos, si nos tiran balas, balas les tiraremos”.42

“El acceso del investigador al proceso de la toma de decisiones en 1975 está afectado por la compresión del tiempo histórico influenciada por la movilización revolucionaria de 1977-1980” (Grandin 2010). Después de dos años, el ciclo de represión fue tan intenso, brutal y arbitrario que, cualquier posibilidad futura de realizar una evaluación objetiva de 1975, quedó perdida. La fría furia dirigida a la Guardia Nacional y a los paramilitares en los últimos años de los setenta coloreaba el momento en el cual los campesinos decidieron unirse al ERP. Retrospectivamente, los campesinos visualizan a la represión de aquellos años como un hecho inevitable, dado el poder y el hostigamiento de las autoridades locales a mediados de los setenta y sus propias experiencias para soportar el ejercicio arbitrario de poder. Es así que su adhesión inicial al ERP entre 1974 y 1975 se atribuye a la represión local. Así su militancia retrospectivamente tiene su origen en la represión violenta después de noviembre de 1977.

Más aún, su subsiguiente militancia en el ERP, con su teleología leninista, influenció su perspectiva sobre su propia participación en las CEB, a la que catalogaron de buena pero primitiva. Aquellos que se unieron al ERP renunciaron a su trabajo de catequistas y comenzaron a ver a sus antiguos hermanos con un grado de condescendencia. Ellos usaron el lenguaje del compromiso político para denotar una superioridad frente al compromiso religioso. Nolvo, un campesino medio comenta: “Yo estaba más interesado en organizar la lucha; lo agarré ligerito. Pero había otros que se quedaron con la religión que creían que uno tenía que amar a su vecino como a sí mismo, trabajar juntos y todo lo demás… a mí no me importaba esto de compartir […]”.43

Según el testimonio de Medrano de 1980 la frontera entre las dimensiones política y religiosa era muy borrosa. Él sostiene que, a mediados de los setenta, el “partido” (ERP) se había convertido en la principal autoridad moral en la región y que la población lo veía y lo trataba como tal. Sin duda, ese argumento tenía un grado de validez entre los miembros y exmiembros de las CEB que podían, de alguna manera, transferir la autoridad de la Iglesia popular al ERP. No obstante, el mismo Medrano presentó otro argumento que es mucho más cuestionable. Según él, Arce enseñó a los campesinos sobre la “renta diferencial” y, como resultado de esas discusiones, ellos decidieron formar una “comuna colectiva”. Cuando una mujer necesitaba vender un chancho para poder pagar los gastos médicos de su hijo, la comuna rechazó la venta basada en la noción de que el chancho era propiedad de todos. El ERP tuvo que intervenir y ayudarle a vender el chancho informándoles a los campesinos que “no se podía constituir formas de propiedad socialista, hasta después de la conquista de poder” (El Independiente 1980).

Medrano confundía dos experiencias distintas. Es improbable que los campesinos fundaran una comuna colectiva bajo la influencia de Arce, precisamente porque (como nos demuestra la narrativa) él no tenía interés en promover formas socialistas de propiedad antes de la toma de poder. No obstante, su lectura parcial de los orígenes de la finca colectiva —y hay otros errores en su relato como la noción de que la gente típicamente no cargaba machetes— es significativa. Esta revela, por lo menos, que él no tomaba en serio los experimentos sociales campesinos y sus orígenes. A pesar del hondo compromiso y de sus extraordinarios sacrificios para con los campesinos del norte de Morazán, las interpretaciones parciales de Medrano sí señalan al desencuentro fundamental que contribuía a la relegación de las utopías menores a un momento precursor en la historia local. Su lectura rechaza las políticas prefigurativas que inspiraban el apoyo masivo de los campesinos, primero a la Iglesia popular y luego a la izquierda armada.

Sin embargo, hubo algunas excepciones. Por ejemplo, Pompilio, un campesino pobre de Agua Zarca, relató cómo la experiencia de las fincas colectivas en su CEB proveía un modelo de vida y trabajo por la cual valía la pena luchar: “Teníamos una sociedad modelo: las fincas comunales donde trabajábamos, compartíamos y disfrutábamos. Esos momentos eran realmente un goce”.44

A pesar del hondo compromiso que tuvieron los no-campesinos del ERP con el campesinado local, sus relaciones no fueron completamente armoniosas. Ventura recuerda cómo un grupo de campesinos molestos se acercó a él porque un grupo de guerrilleros estudiantiles platicó sobre la abolición de la familia como “una institución burguesa” y, a la vez, cuestionó la existencia de Dios. Aún más, hasta 1977, una gran mayoría de miembros de la comunidad todavía se mantenían escépticos sobre el ERP por razones religiosas y también porque algunos todavía mantenían su fe en la posibilidad de cambios sociales no violentos. Las CEB continuaban funcionando a pesar de la salida de líderes importantes para incorporarse al ERP y la creciente vigilancia de las autoridades. Entre 1976 y 1977 las CEB se expandieron hacia el sur del departamento donde Ventura había sido enviado por sus superiores en represalia por sus actividades en el norte de Morazán.

El fraude electoral de febrero 1977 que le robó la victoria al candidato presidencial de la oposición, así como también la masacre de manifestantes en San Salvador marcaron el punto de inflexión local y nacional. En septiembre de 1977, el ERP modificó su estrategia exclusivamente militar y creó una “organización de masas”: las Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28), nombradas de esta manera en conmemoración a la masacre de los manifestantes contra el fraude de 1977. La mayoría de los miembros de la CEB en Morazán, indignados por el fraude y por la creciente represión contra los elementos progresistas de la Iglesia católica en otras partes de El Salvador, optaron por unirse a las Ligas Populares.

En noviembre de 1977, un tiroteo entre soldados y Juan Ramón Sánchez (un campesino guerrillero) marcó el principio de la represión en Morazán. Al día siguiente, la Guardia encarceló y torturó a Miguel Ventura. Las manifestaciones masivas por parte de los militantes LP-28 probablemente le salvaron la vida, permitiéndole que saliera al exilio (regresó a la zona liberada de Morazán a principios de la guerra civil). La gente de Morazán llegó a formar la base principal de apoyo de las Ligas Populares, participando en numerosas manifestaciones y ocupaciones de las catedrales y ministerios de gobierno en la capital, casi siempre en protesta contra la creciente ola de represión.45

Desde 1977 hasta finales de 1979 las fuerzas estatales y paramilitares ejecutaron o hicieron desaparecer a 1 500 personas, mientras que la guerrilla mató a 130 soldados o paramilitares. En 1980, los soldados y paramilitares ejecutaron entre 8 000 y 11 000 civiles. En Morazán, las fuerzas represivas mataban o encarcelaban a los campesinos que participaban en las manifestaciones en la capital. Así, para citar un ejemplo clave, en octubre de 1979, inmediatamente después del golpe de Estado dirigido por reformistas, un grupo de francotiradores mató a más de 20 indefensos ciudadanos de Morazán que protestaban en las calles de San Salvador.

Como veremos en el siguiente capítulo, el golpe del 15 de octubre de 1979 abrió un periodo conflictivo. “Aunque la izquierda consideraba el programa reformista como destinado al fracaso, dada la hostilidad y la intransigencia del imperialismo y la derecha, desde el 6 de noviembre hasta a el 18 de diciembre hubo muy pocos asesinatos” (Gould 2019). Cuando efectivamente los militares terminaron la tregua, campesinos militantes de Morazán tuvieron papeles muy importantes en dos eventos. En una plantación de café en Berlín, Usulután un grupo de como 200 trabajadores ocupó las oficinas del dueño en protesta por la falta de pago semanal. Las tropas mataron a por lo menos un cortador e hirieron a varios otros. Por otra parte, en la hacienda El Porvenir, unos 50 kilómetros al noroeste de la capital, la Guardia mató a unos 25 campesinos en huelga incluyendo varios de Morazán.

De todas formas, en Morazán los insurgentes no reconocieron las oportunidades presentadas por el periodo de tregua. En esa zona remota, como en los departamentos de San Vicente, Usulután, Cabañas y Chalatenango anteriormente había un estado virtual de guerra civil entre los campesinos militantes y los paramilitares de ORDEN y la Guardia. Dado el nivel de violencia, incluyendo el periodo violento durante las primeras semanas del nuevo gobierno, muchos campesinos militantes adoptaron fácilmente el planteamiento de la izquierda revolucionaria.

Aunque las Ligas Populares imponían una disciplina militar sobre sus miembros, muchos campesinos voluntariamente llevaron a cabo sus órdenes a pesar del inminente peligro que corrían ellos mismos y sus camaradas. Es cierto que las historias de participación son impresionantes y que el nivel de compromiso era extraordinario. Algunas mujeres campesinas, por ejemplo, viajaban con varias capas de vestuario las cuales se quitaban con el propósito de disfrazar su identidad a distintos momentos en un viaje de dos días. El primer trecho de su viaje, de 50 kilómetros, algunas veces era por caminos montañosos.46 Aún más, gran número de patrulleros y de comandantes de cantón eran clandestinamente miembros de las Ligas y del ERP y podían proveer valiosa inteligencia. Nolvo, comandante del cantón, tenía 15 patrulleros trabajando clandestinamente con la guerrilla. El ERP persuadió a muchos campesinos a que se dejaran reclutar o enlistar en el ejército tanto para obtener destrezas como para que pudieran convertirse en una fuente de información después de su servicio. Este alto nivel de espionaje de contrainteligencia ha sido raramente visto en las insurgencias latinoamericanas.

Después de regresar a Morazán, los miembros de las LP-28 usaron a sus mártires caídos para convencer a más campesinos para que se prepararan para la lucha armada que se acercaba. La Guardia Nacional y las fuerzas paramilitares incrementaban los niveles de represión. Durante 1979 y 1980 los militantes campesinos tenían que trabajar en el campo durante el día y esconderse en los bosques durante la noche, donde aprendían tácticas militares rudimentarias. Durante esos años, los militantes dejaban notas donde los miembros de ORDEN les advertían sobre un posible ajusticiamiento si no abandonaban el área. Se dio una guerra civil virtual entre ORDEN y el ERP y, quizás, docenas de campesinos fueron ejecutados de ambos lados. Las redadas de la Guardia Nacional atacaban indiscriminadamente a todos aquellos que consideraban como base potencial del ERP.

En octubre de 1980 las fuerzas armadas llevaron a cabo una campaña de tierra arrasada en el norte de Morazán —todos los habitantes fueron blancos de la ejecución—. Al año siguiente, una campaña nombrada como el “yunque y el martillo” resultó en la masacre de unos 700 campesinos, incluyendo a cientos de niños en el pueblo de El Mozote. Durante la década de los ochenta, los campesinos de Morazán formaron un baluarte del FMLN en la guerra civil que terminó en 1992, con un empate entre las fuerzas militares y la guerrilla.

A pesar de los altos niveles de participación de los campesinos en la guerrilla, las relaciones entre el ERP y los campesinos cristianos llegaron a un desencuentro tanto en su concepción como en la reconstrucción posterior. Los experimentos utópicos de las CEB fueron suprimidos o minimizados en la memoria colectiva y en la narrativa histórica influenciada por la izquierda. Los mismos participantes de las CEB menospreciaba los niveles de concientización que los miembros exhibían antes de unirse al ERP o a las LP-28.47 Sin poder imaginar una historia alternativa, vale anotar que el ERP (y por extensión el resto de la izquierda salvadoreña) no tenía interés en las fincas cooperativas o colectivas por sí solas, sino únicamente en las palabras de Medrano, para el que servirían como un vivero de militantes. Para los mismos campesinos militantes, con pocas excepciones, sus propias experiencias, sin importar qué tan ricas y placenteras fueran, retrospectivamente sólo tuvieron valor como precursoras de la acción revolucionaria. En parte, esta disyunción radicó en la transición no problemática entre las CEB y la lucha armada. Aunque, a pesar de aquello, sí hubo cuestionamiento, las contradicciones y las dudas estaban escondidas en la furia generada en contra de la represión desatada.

Los académicos David Stoll, Yvon Lebot e Yves Grenier disputan la inevitabilidad de la guerra civil en Centroamérica acusando a la izquierda revolucionaria por la manipulación de los trabajadores y los campesinos en los encuentros armados con el Estado.48 Ellos argumentan que las guerrillas en Guatemala y El Salvador, debido a sus compromisos ideológicos-utópicos, provocaron la represión militar, de la misma manera que obligaron a los campesinos a que se identificaran con un grupo u otro: los militares o la guerrilla. El caso de Morazán superficialmente podría ofrecer sustento a la tesis de esta escuela revisionista. La represión violenta sólo llegó a Morazán después de que la presencia del ERP se había hecho sentir. No obstante, la tesis de “los dos demonios,” propuesta por académicos y políticos, no describe adecuadamente la historia de Morazán ya que no logra captar el número de campesinos que conscientemente asumieron su responsabilidad y su compromiso para con la guerrilla, una decisión que existía aun antes de la amenaza directa militar. Más aún, hasta 1981, virtualmente, todos los militantes del ERP en el área eran campesinos locales, algunos de los cuales lograron posiciones de liderazgo. Durante la guerra civil, de más o menos 2 000 guerrilleros en Morazán, la mayoría eran campesinos locales.

Sin embargo, nociones como las de la inevitabilidad del conflicto armado sí tuvieron incidencia en las perspectivas de la izquierda. Michel-Rolph Trouillot comenta a propósito de la Revolución de Haití: “El silenciamiento efectivo no requiere una conspiración, no requiere siquiera un consenso político” (1995). Un consenso retrospectivo de la izquierda, no obstante, sugiere que un cambio pacífico hubiera sido imposible durante los años setenta y que la represión militar a todas las formas de organización autónoma de campesinos y trabajadores sí fue inevitable. La represión estatal demostró la validez de esta lectura a la gran mayoría de activistas. Los fraudes electorales de 1972 y 1977 acompañados de la represión violenta a las protestas efectivamente pudieron cerrar todos los caminos para un cambio pacífico. Aun así, como veremos, el periodo después del golpe de octubre de 1979 permanece como un tema controversial. Si hubiera existido (o no) una verdadera oportunidad para una alianza centrista-izquierdista contra la alianza de la derecha terrorista con la oligarquía terrateniente, los militantes de Morazán —por su inmersión en lo que era una guerra civil local— no hubieran dudado de su oposición a la junta.

Durante los años setenta, militantes izquierdistas tomaron decisiones basadas en la razonable expectativa de la violenta represión estatal. Estas decisiones tuvieron consecuencias inmediatas: los catequistas que se unieron al ERP en 1975 conscientemente abandonaron los experimentos sociales que dependía de un sentido comunitario altamente desarrollado. Enfocados en las metas estratégicas, los militantes izquierdistas no pudieron apreciar la nueva sociedad emergente en los pueblos y las comarcas. Irónicamente, la izquierda (en el sentido más amplio del término) ya había estado promoviendo, por mucho tiempo, las nociones de desarrollo, modernización y solidaridad que eran las bases de las comunidades utópicas de Morazán. Sin embargo, los escuadrones de la muerte de 1980 arrasaron las comunidades, sus valores y las dimensiones consecuentes de sus memorias colectivas.

17 Manuscrito no clasificado en el archivo del Ministerio de Cultura, resultado de una investigación etnográfica en 1975.

18 Los datos provienen de los Censos Agrarios de El Salvador, 1961 y 1971. También véase Flores (1980).

19 Información recabada en una entrevista que mantuve con Nolvo en Meanguera, Morazán, durante 2007.

20 Estas memorias provienen de la entrevista que tuve con Nolvo en 2007.

21 Se prohibió el partido poco tiempo después.

22 Información recabada en una entrevista que mantuve con Robertón, en Jocoaitique, Morazán, 2007.

23 Información recabada en la entrevista que mantuve con Irma en Segundo Montes, Morazán, 2007.

24 Entrevista con Nolvo; Meanguera, 2009.

25 En Morazán no atacaban a los cultos ni a los santos ni mucho menos estaban en contra de las fiestas patronales.

26 Los catequistas a menudo tenían una única responsabilidad como el bautismo o la preparación para el matrimonio. Los delegados dirigían celebraciones de “la palabra”. En Morazán, la mayoría de los líderes de las CEB ejecutaban ambos tipos de responsabilidades y fueron reconocidos como catequistas. Hasta la llegada de Ventura, sólo había un sacerdote en el norte de Morazán para los 55 000 feligreses: el padre Argueta. Hay muchas obras que tratan el cristianismo radical en El Salvador, por ejemplo, Montgomery (1983, 6). Sobre la Iglesia popular en El Salvador, también se puede consultar Tobar (1980), Erdozaín (1981, 68) y Richard y Meléndez (1982).

27 En Chalatenango, los catequistas destruían las destilerías clandestinas; en Morazán no lo hacían.

28 Entrevista con Andrés Barrera en Segundo Montes, 2009.

29 Entrevista a Altagracia en Meanguera, 2007.

30 Leigh Binford ha estudiado las CEB en Morazán extensivamente. Véase Binford (2016) La mayoría de los informantes sustentan la estimación de Binford de que una tercera parte de la población participaba en las CEB. No obstante, en algunos cantones como Santa Anita (municipalidad de Meanguera) y El Progreso (Torola), casi todos participaban en las CEB. En otros, como Ojo de Agua (Villa el Rosario), las CEB no tenían presencia. En el caso de Ojo de Agua, antiguamente el sitio de muchas destilerías clandestinas, la gente convirtió masivamente a una secta evangélica antes de la llegada de las CEB. Además del trabajo muy importante de Binford, hay otro trabajo significativo sobre las CEB en Morazán perteneciente a Héctor Ibarra (2015). Su cuidadosa investigación enfoca las CEB en Morazán y en otras partes del país. Su tema principal tiene que ver con la relación entre los catequistas de las CEB y su incorporación eventual en la guerrilla.

31 Entrevista con Gabriela Hernández en Meanguera, 2007.

32 Entrevista con Robertón en Joquaitique, 2009. Véase La palabra en el bosque, documental dirigido por Jeffrey L. Gould y Carlos Henríquez Consalvi, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=SG-SbV6WzTE

33 También véase Carlos Cabarrús (1983).

34 Entrevista con Regino en Agua Zarca, 2009.

35 Centro Guadalupe se fundó en 1972 y para 1974 ya había entrenado a 325 mujeres.

36 Entrevista a Robertón en Joqoaitique, 2009.

37 Entrevista a Leandro en Agua Zarca, Morazán, 2009.

38 Traducción del autor.

39 Véase la excelente introducción de Erik Ching, en Henríquez (2010).

40 Entrevistas con Calín en Jocaitique, 2009 y con Nolvo en Meanguera, 2007, 2009 y 2011.

41 Las comisiones se componían de hombres que habían servido en las fuerzas armadas que incluían la mayoría de los campesinos masculinos de la zona.

42 Entrevista con Leandro en Agua Zarca, 2009.

43 Entrevista con Nolvo en Meanguera, 2007.

44 Entrevista a Pompilio en Agua Zarca, 2007.

45 Es difícil de estimar, pero se puede calcular que alrededor de 1 000 personas de Morazán participaban de una membresía total de las Ligas de unos 5 000.

46 Entrevista con Celina Velásquez en Meanguera, 2009.

47 Es relevante el concepto de Bourdieu sobre la violencia simbólica. Véase Bourdieu y Wacquant (1992).

48 Véase Stoll (1993), LeBot (1992) y Grenier (1999).

La última oportunidad: la Junta Revolucionaria y la guerra civil en ciernes49

El 15 de octubre de 1979, varios mandos medios del ejército llevaron a cabo un golpe de Estado incruento. Formaron una coalición con civiles de la izquierda moderada y constituyeron la Junta Revolucionaria de Gobierno (JRG) que emitió una proclama que prometió reformas estructurales (incluyendo una reforma agraria), un cese a las violaciones a los derechos humanos, la abolición de la organización paramilitar ORDEN (Organización Democrática Nacionalista), la libertad de los presos políticos, la protección y ampliación de los derechos sindicales, y la democratización de la sociedad (Menjívar 2006, 157). El fracaso posterior de la JRG anunció el inicio, poco después, de una guerra civil que terminó con la vida de alrededor de 75 000 personas.

La izquierda, con la notable excepción del Partido Comunista Salvadoreño (PCS), rechazó sin ambigüedades al nuevo gobierno.50 Las manifestaciones de protesta encabezadas por las Organizaciones Populares (OP), siempre bajo la protección de las brigadas de autodefensa, envalentonaron a la derecha dentro y fuera de las fuerzas armadas. El 22 de octubre, la tropa abrió fuego contra una manifestación del Frente de Acción Popular Unificado (FAPU), dejando como saldo varias personas muertas. En respuesta, su federación sindical aliada, la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), se retiró del Foro Popular, una coalición de grupos políticos y sindicatos que había estado brindando un apoyo clave a la JRG. El 24 de octubre, el Bloque Popular Revolucionario (BPR) organizó una manifestación que culminó en la toma de los Ministerios de Trabajo y de Economía. Entre los rehenes se encontraba el Ministro de Trabajo, un miembro del PCS. Las demandas del BPR repitieron los de la izquierda y de la comunidad de los derechos humanos: libertad para los presos políticos y una rendición de cuentas sobre los desaparecidos. Sin embargo, la mayoría de las demandas aludían a las necesidades inmediatas de las clases trabajadoras en las ciudades y el campo, incluyendo un aumento de los salarios en un 100%; unas reducciones puntuales en el precio de las necesidades básicas y del transporte colectivo y la provisión de agua potable para toda la población.

El 29 de octubre, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra una manifestación de las Ligas Populares en apoyo a la ocupación que realizaba el BPR, mataron a 29 personas, en su mayoría campesinos del departamento de Morazán. Aunque el gobierno y la prensa de derechas culparon al grupo de izquierda radical por haber iniciado el tiroteo, los observadores imparciales dieron fe de haber visto a las fuerzas de seguridad disparar primero. Un miembro de las LP-28 oriundo de Morazán, Andrés Barrera, recuerda que:

Fuimos a la manifestación para apoyar a los compañeros del Bloque Popular que habían tomado el Ministerio de Trabajo. Pasamos dos veces por donde ellos, gritando consignas y siempre teníamos que pasar por donde la policía nacional. Como si lo que estábamos persiguiendo y lo que andábamos buscando era que nos dieran riata.51

Independientemente de que las LP-28 hayan provocado la represión (tal como lo hicieron el 16 de octubre), la reacción violenta de los militares frente a la provocación estuvo fuera de toda proporción. De nuevo, la JRG se mostró incapaz de contener a las fuerzas de seguridad que siguieron mostrándose tan agresivas, al punto que los militantes de las LP-28 tuvieron que enterrar a sus muertos dentro de una iglesia vecina.

El 31 de octubre, Ignacio Ellacuría reprochó a la izquierda por sus constantes y a menudo violentas manifestaciones callejeras: “¿Qué hubieran perdido las Organizaciones Populares en esperar siquiera un mes?” (1982, 614). No sabemos si este llamado jugó algún papel en las negociaciones entre el BPR y la JRG o si el acuerdo al cual se llegó fue debido principalmente a las protestas continuas de las OP y la sangre derramada en las calles. No obstante, el 6 de noviembre, en la sede de la embajada de Nicaragua, el BPR acordó una tregua de un mes con el gobierno que contempló, entre otros, el cese de las ocupaciones y una serie de concesiones por parte de la JRG. El FAPU y las LP-28 también acordaron plegarse informalmente a la tregua. La JRG acordó reducir los pasajes de autobús interurbanos en un 50% e intervenir en dos conflictos sindicales en curso. La JRG también se comprometió a negociar una indemnización o a reabrir cuatro de las otras fábricas. La JRG también prometió decretar aumentos significativos de salarios en el campo y las fábricas dentro de un plazo de 30 días, así como instituir políticas de defensa de los derechos humanos, especialmente en los casos de la desaparición de unos 176 presos políticos.52 “El mismo día, la JRG anunció la disolución de ORDEN, el grupo paramilitar de derechas integrado por 100 000 personas” (“Government Junta Disbands ORDEN” 1979).53

El 6 de noviembre, 12 000 personas bajo las banderas del BPR comenzaron una marcha en apoyo a las ocupaciones. Los trabajadores en 13 fábricas se fueron al paro y abandonaron las plantas. De acuerdo con los organizadores, miles más se unieron a la marcha camino a los ministerios, donde los ocupantes salieron en fila de los edificios. Los del BPR marcharon entonces hacia la Universidad de El Salvador donde realizaron un acto en celebración de la victoria.54 Bajo órdenes de la JRG, las tropas y los cuerpos de seguridad se mantuvieron acuartelados. Dos días más tarde, 50 militantes de las LP-28 salieron en fila de la catedral de San Miguel después de varias semanas de protesta contra el “autogolpe fascista de la Junta”.55

Mucho se ha escrito sobre la primera JRG (15 de octubre de 1979 - 3 de enero de 1980) pero el periodo de la tregua, extrañamente, ha sido estudiado muy poco. Esto debido, en parte, a que este episodio no cabe adecuadamente en ninguno de los discursos convencionales. Desde el 6 de noviembre hasta mediados de diciembre, las fuerzas de seguridad se abstuvieron de atacar violentamente a las manifestaciones o las huelgas. En el mes de noviembre se registró un nivel bastante inferior de capturas y enfrentamientos en las calles; también se registraron muy pocas ejecuciones en zonas urbanas. Por cierto, en todo el país hubo solamente 10 muertes violentas de civiles documentadas en noviembre, de lejos el total mensual más bajo entre 1979 y 1992.56

La JRG en noviembre de 1979

Al comenzar la tregua el 6 de noviembre, las fuerzas de seguridad suspendieron sus acciones represivas contra las OP. De acuerdo con un analista vinculado a la UCA en aquel momento, no ejecutaron a nadie durante las siguientes seis semanas, lo que significó un cambio de rumbo notable si se compara con sus acciones letales anteriores. Según este analista:

A partir de este momento los Cuerpos de Seguridad se plegarían a los nuevos lineamientos [de no atacar a las manifestaciones], y desde ese momento comienza un periodo de mayor tranquilidad, en que prácticamente desparecen las represiones violentas, y nos van a permitir un mes de bastante tranquilidad. Las tomas se negocian y no se acude a la fuerza (Anaya 1979).

Existen pocas dudas sobre el hecho de que del 15 al 31 de octubre, las fuerzas de seguridad actuaron en contra de las disposiciones enunciadas por la JRG. Quizás las muertes el 29 de octubre durante la manifestación de las LP-28 y las del 31 de octubre de la manifestación del BPR alteraron el equilibrio interno de la JRG y la presionaron para que actuara de manera más decidida para controlar a las fuerzas de seguridad. La capacidad del gobierno de parar la represión violenta durante un mes sugiere que, al menos dentro de la JRG (en contraste con los militares), una mayoría de sus integrantes se esforzó por responder pacíficamente a las protestas políticas y sociales. Al mismo tiempo, la JRG avanzaba lentamente hacia el cumplimiento del contenido de la proclama. Durante sus primeras semanas, la JRG se mostró atónita cuando supo que todos los presos políticos habían sido ejecutados por las fuerzas de seguridad. Hasta el miembro militar conservador de la Junta, Abdul Gutiérrez, quedó profundamente impresionado por las madres de los desaparecidos y enmudeció cuando escuchó sus testimonios. “La JRG nombró una comisión que procedió rápidamente a reunir evidencia contra los anteriores presidentes Molina y Romero y sus jefes de seguridad y a buscar los restos de los desaparecidos” (“Junta Commission to Investigate…” 1979).57 Hacia fines de mes, la comisión había descubierto cadáveres en cárceles clandestinas y pidió que se formularan cargos. El 3 de diciembre, la JRG emitió un decreto para que se comenzaran las indagaciones preliminares contra Molina y Romero.

Durante noviembre y diciembre, la JRG intentó movilizar sus propias bases en apoyo a su programa de reformas estructurales. Rubén Zamora, el ministro de la presidencia de la JRG, se dirigió a unos 5 000 campesinos que asistían a un congreso convocado por la Unión Comunal Salvadoreña (UCS).

Esta organización campesina de línea reformista, financiada inicialmente por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) y el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (AIFLD), apoyó firmemente el llamado de Zamora para una reforma agraria (El Independiente 1979).

El 14 de diciembre, más de 10 000 obreros urbanos afiliados al Foro Popular asistieron a una manifestación en San Salvador que exigió un aumento salarial del 40%, una reducción de los alquileres en el 30% y el derecho a la sindicalización en el campo. Los manifestantes también pidieron la extradición de Romero, Molina y muchos otros violadores de los derechos humanos de los regímenes anteriores. A pesar de la naturaleza de sus demandas que evidenciaba una radicalización del movimiento, el Foro Popular mantuvo su fuerte apoyo a la JRG.58

El gobierno también dependía en cierta medida del Partido Demócrata Cristiano (PDC). En la última semana de octubre, una muchedumbre de aproximadamente 30 000 a 50 000 personas recibió a José Napoleón Duarte, cuando volvió al país después de siete años de exilio en Venezuela.59 El tamaño de la manifestación era reflejo de la fuerza que seguía ostentando el PDC. Tal como señaló la radio YSAX, del arzobispado, en palabras escritas por Ellacuría:

Es indudable que sólo él [Duarte] puede mover más pueblo que todo el Bloque, el FAPU y las Ligas. Se nos decía que ya el pueblo, educado por las organizaciones, estaba convencido que Duarte y su partido no tenían nada qué hacer […] muestra lo engañadas que pueden estar las organizaciones en sus juicios […] (Campos 1982, 606).

Este error de cálculo fue ciertamente un síntoma de triunfalismo revolucionario. La JRG recibiría el apoyo del PDC hasta cierto punto en vista de que Duarte y su círculo eran aliados vacilantes. Presionaban por elecciones antes de llevar a cabo reformas estructurales, una posición compartida por la derecha (que simplemente quería bloquear las reformas). Es más, Duarte y otros dirigentes del PDC se dedicaron a negociaciones a puertas cerradas con los militares y la embajada de Estados Unidos, en tanto que aspiraban a un rol más importante en la nueva junta (Majano 2009, 178).

A pesar de las vacilaciones y los disensos dentro de sus filas, la JRG sí pudo implementar algunos elementos claves de su programa reformista. El gobierno aumentó dramáticamente el salario mínimo rural de los tiempos de cosecha, al mismo tiempo que congeló los precios de la canasta básica.60 El 14 de noviembre decretó un salario mínimo para la cosecha de café de 5.70 dólares diarios.61 A comienzos de diciembre, tomó los primeros pasos para poner en marcha una reforma agraria cuando prohibió la venta de tierras de más de 100 hectáreas (retroactivo al 15 de octubre). Al mismo tiempo, Enrique Álvarez, el ministro de agricultura, logró una reducción considerable de los alquileres de las tierras agrícolas, los que pasaron de hasta 1 000 colones por manzana (1 manzana = 0.71 hectáreas) a un máximo de 200 colones y un mínimo de 25 colones (10 dólares). Durante una comparecencia en la televisión, Álvarez presentó unas estadísticas alarmantes que justificaban las reformas, incluyendo el 73% de niños campesinos que padecían de desnutrición y el 40% de la población rural sin acceso a tierras de cultivo.62 Hacia fines de mes, la JRG nacionalizó el comercio de exportación del café y el azúcar. También congeló los alquileres urbanos y ofreció una ayuda por más de 50 millones de dólares para cubrir las necesidades de aquellas personas que vivían en comunidades marginales.63

En el ámbito de las relaciones internacionales, la JRG le dio vuelta a la política anterior y estableció relaciones diplomáticas con el gobierno sandinista de Nicaragua y Cuba y rompió relaciones con la República de Sudáfrica. Hasta mediados de diciembre, por lo tanto, en circunstancias extremadamente tensas e inusuales, la JRG, respaldada por una base social potencialmente fuerte, actuó como un gobierno de centro izquierda que luchaba por concretar su programa y neutralizar a sus opositores.

Durante noviembre y adentrado diciembre, la JRG entabló algún diálogo con las Organizaciones Populares. A pesar de que los detalles de estas conversaciones no han salido a luz, al parecer el FAPU y algunos elementos del BPR estaban listos para asumir un rol parecido al de un partido político de oposición, dedicado a presionar a la JRG para que cumpliera con sus demandas a favor de obreros y campesinos.

La perspectiva desde la embajada de Estados Unidos

Bajo la administración del presidente Carter, la política exterior de Estados Unidos se inclinó hacia una oposición limitada a la represión estatal en Centroamérica. El triunfo de la Revolución sandinista reorientó la política de Estados Unidos hacia una contención de los movimientos revolucionarios mientras expresaba duras críticas a los regímenes militares. La política del Departamento de Estado hacia El Salvador reflejaba claramente esta estrategia de doble vía. A pesar de que el embajador Frank Devine reconoció la amenaza que representaba la derecha, su mayor preocupación fue el fortalecimiento de la izquierda armada y la debilidad de los militares. Se mostró profundamente hostil ante las OP. La izquierda revolucionaria, a su vez, no dejaba de afirmar que la administración Carter y la CIA habían organizado el golpe de Estado. A pesar de que existe alguna evidencia de que la CIA había trabajado con el coronel Abdul Gutiérrez antes del golpe, la hostilidad de la administración Carter hacia el régimen del general Romero, debido a sus abusos a los derechos humanos, había impactado negativamente en las relaciones de Estados Unidos con las fuerzas armadas.64 El golpe remedió esta situación y es probable que la CIA y la embajada entonces hayan desarrollado vínculos estrechos con el ministro de defensa García y con Abdul Gutiérrez. No obstante, un informe preparado por la misma embajada el 8 de noviembre rechazó la estrategia represiva a favor de “una firme disuasión junto con una estrategia política coherente para descalificar a la izquierda extrema”. 65

Al mismo tiempo, Devine y sus asesores estaban muy conscientes sobre las limitaciones de su capacidad para intervenir. El informe del 8 de noviembre incluyó la siguiente recomendación:

En este momento delicado de la existencia de la Junta, el rol del GOES [Gobierno de Estados Unidos] es muy importante, pero requiere comprensión y reconocimiento de las realidades locales […] [La JRG] es de centro pero sigue tambaleándose políticamente en tanto que busca hacerse de una base política amplia al incorporar a una población ideológicamente diversa, parte de la cual se resistiría o incluso se opondría a una relación estrecha y abierta con Estados Unidos (Idem).

Sin proporcionar nombres, el informe se refirió al PCS —y su partido de fachada, la Unión Democrática Nacional (UDN)— y a aquellos sindicatos obreros que habían permanecido en el Foro Popular. Por un breve momento, pareció que los funcionarios de la embajada se habían quitado los anteojos de la Guerra Fría.

A comienzos de diciembre, la embajada comenzó a ver las zonas rurales con preocupación en tanto que las OP comenzaron a aprovecharse del retiro de las fuerzas de seguridad para llevar a cabo alrededor de 50 tomas de fincas de café y 25 plantaciones de algodón. Para ese momento, la embajada temía más al auge de la izquierda radical que a la reacción de la derecha.66 Hacia mediados de diciembre, la embajada y presumiblemente también la CIA estaban presionando a la JRG para que respondiera con fuerza ante el “enemigo implacable”: la “extrema izquierda”. La embajada estaba preocupada de que “el tiempo se acababa” y trató de trasladar esa urgencia a la JRG y también a García.67

Estados Unidos jugó un papel clave en el fortalecimiento del rol de los militares dentro de la JRG. Sin embargo, no hay indicios de que hayan querido deshacerse de Ungo o Mayorga o provocar las renuncias masivas que los defensores de la línea dura en el ejército suscitaron a comienzos de enero. En breve, a pesar de un afán de encauzar o someter a las OP y sus organizaciones guerrilleras afines, existe poca evidencia de una intervención determinante durante esta coyuntura: Estados Unidos no podía dictarle a la JRG cómo debía comportarse. Tampoco existe indicio alguno de planes para una intervención militar durante este periodo. Resulta irónico que, para mayo de 1980, la administración Carter se dio cuenta de que la principal amenaza a los intereses de Estados Unidos residía en los mismos militares de derecha que Washington había apuntalado hacia fines del año anterior.68

La derecha y los militares

El golpe de Estado tomó por sorpresa a la derecha. Aunque se oponía fuertemente a la JRG, la derecha radical dentro de la oligarquía agraria y algunos sectores dentro del ejército tuvieron problemas para formular una estrategia coherente. Según un informe de la embajada de Estados Unidos con fecha 8 de noviembre: “La amenaza más inmediata desde la derecha parece provenir de una combinación potencial de dos grupos: un elemento reaccionario en el sector privado que se había dedicado al terrorismo de estado bajo Romero y sectores desafectos en las fuerzas armadas”.69

El informe destaca el temor de los militares de una pérdida de disciplina causada por una interrupción de las líneas de mando como consecuencia del “desplazamiento de unos cincuenta oficiales de alta gradación y unos traslados masivos de personal”. Un representante del Comando Sur de Estados Unidos tuvo la oportunidad de “inspeccionar las unidades militares salvadoreñas en el terreno […] [con] resultados alarmantes”.70

A partir de un alineamiento estratégico con la derecha, las fuerzas armadas habían controlado los gobiernos desde 1931, y ahora se encontraban formalmente subordinados a la JRG. A comienzos de noviembre, la derecha dentro de los militares, incitada por la extrema derecha, confabuló para llevar a cabo un contragolpe pero estos planes no pudieron cuajar de inmediato, especialmente debido a que el PCS los denunció.71 El 15 de noviembre se creó una nueva organización militar electa democráticamente, el Consejo Permanente de la Fuerza Armada (COPEFA), dando a entender así que los oficiales jóvenes progresistas seguían fieles a la proclama y que la derecha militar se encontraba gravemente amenazada. El objetivo preciso del COPEFA era el de asegurar que los militares y la JRG llevaran a cabo las reformas estructurales y pusieran fin a la represión contra la izquierda. En términos parecidos, la abolición de ORDEN decretada por la JRG también desconcertó a la derecha, aunque los dirigentes de dicha organización paramilitar se comprometieron a continuar sus acciones letales bajo un nuevo nombre.

Aunque la derecha dentro de los militares seguía vacilante y a la defensiva, a partir de los acuerdos del 6 de noviembre la reacción desde los civiles conservadores comenzó a movilizarse. El recientemente formado Movimiento Nacionalista Salvadoreño apoyó dichas tácticas mientras se dedicaba a promover otro golpe de Estado.72 Un paro empresarial, organizado por el Consejo Nacional de Entidades Agropecuarios —una asociación de finqueros y ganaderos del oriente del país— tuvo directamente en la mira a las “reformas estructurales” y al nuevo salario mínimo para los trabajadores rurales.

La primera señal de que la presión que ejercía la derecha (y quizás la de la embajada) estaba rindiendo frutos ocurrió cuando los huelguistas fueron expulsados del beneficio de algodón en Entre Ríos el 4 de diciembre. Aun así, hasta esa operación no se caracterizó por la violencia de los meses y años anteriores. De mayor significancia fueron las tres manifestaciones de masas promovidas por la derecha. El 10 de diciembre, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la gremial del sector privado, financió una marcha de mujeres que reunió a unas 10 000 personas a favor de la “Paz y Trabajo” pero principalmente en contra del “comunismo”. La ANEP anunció un paro empresarial e instó a sus empleados para que asistieran a la marcha (Campos 1982, 713).

La ANEP también apoyó dos manifestaciones posteriores en apoyo a Guillermo García. Desde mediados de noviembre, el ministro de defensa se destacó dentro del gobierno por su falta de apoyo por a las reformas estructurales y por su actitud a favor de la represión.

En la medida de que la JRG se afanaba a impulsar las reformas, la derecha dentro y fuera del estamento militar comenzó a cohesionarse en oposición. No hay duda de que la mayoría de los oficiales de alto rango de la Guardia Nacional se opusieron a la separación de entre 50 y 60 de sus colegas.73 También se opusieron a las reformas agraria y financiera. Es más, en la medida que las comisiones procedían con su trabajo y la JRG emitía sus primeros decretos contra Molina y Romero, esos mismos oficiales, la mayoría de los cuales había prestado servicio en los aparatos represivos, se sintieron cada vez más preocupados por su propia supervivencia. García reconoció que tenía fuertes apoyos para proceder en contra de las reformas y las OP. Por lo tanto, hacia mediados de diciembre tuvo la fuerza política como para desatar una represión que recordaría los tiempos del viejo régimen. Por supuesto, la embajada se sintió alentada por esta nueva línea dura contra la izquierda.

Las Organizaciones Populares y la Junta Revolucionaria de Gobierno

Las OP también se aprovecharon de este momento único que comenzó el 6 de noviembre; siguieron tomándose las calles, aunque de manera menos agresiva, en concordancia con el repliegue de las fuerzas de seguridad a sus cuarteles.

El 28 de noviembre, FENASTRAS convocó a un paro de un día y manifestaciones para protestar contra el gobierno por no haber cumplido con sus promesas. Al menos 5 000 trabajadores se unieron a la marcha a media semana. El Sindicato de la Industria Pesquera (SIP) en Puerto El Triunfo (100 kilómetros al este de la capital) envió a uno de los contingentes más grandes de huelguistas y manifestantes, vestidos con sus gabachas para desmentir las versiones de la prensa que decía que elementos no obreros constituían el grueso de los manifestantes. FENASTRAS y FAPU proporcionaron autobuses y cerca de mil trabajadores de las empacadoras de las tres compañías en el puerto participaron en la marcha.74 Los manifestantes exigieron aumentos salariales en general, la extradición y captura de “los criminales del pueblo” y la desmilitarización de numerosas fábricas que habían sido tomadas por las fuerzas de seguridad desde el 15 de octubre.75 Además, FENASTRAS hizo un llamado para que se confiscaran las propiedades de antiguos funcionarios vinculados a abusos de los derechos humanos. A diferencia de la mayor parte de la izquierda, FENASTRAS no impugnó directamente la legitimidad de la JRG.

En el campo, el movimiento de trabajadores rurales estalló con una fuerza similar a la del movimiento obrero urbano que había aparecido inesperadamente unos meses antes, con una militancia y extensión nunca vistas en la historia del país.76 El movimiento popular rural siempre había tenido que enfrentarse a una represión brutal de los hacendados, quienes fácilmente movilizaban a ORDEN o la Guardia Nacional para encarcelar o ejecutar a los organizadores sindicales. La Federación de Trabajadores del Campo (FTC, afiliada al BPR) y las LP-28 aprovecharon la apertura que proporcionó la JRG.77 Un comentario de la radio YSAX resumió la nueva realidad:

Las tomas de tierra suceden naturalmente, al reducirse la represión en el campo. En unas circunstancias tan inhumanas como reinan en el campo, los campesinos sólo pueden ser mantenidos callados, pacíficos y tranquilos con una represión brutal, siempre creciente. Cuando cede esta represión, surgen las reivindicaciones, las acciones combativas y el ímpetu revolucionario (Campos 1982, 695).

La promesa de una reforma agraria y la fijación de salarios mínimos relativamente altos (especialmente para los trabajadores del café) condicionó el crecimiento rápido del movimiento. Es más, los campesinos recientemente proletarizados conformaban el grueso de los activistas sindicales en el campo.78 Estos campesinos eran más propensos a rebelarse que otras poblaciones rurales en tanto que combinaban a menudo una protesta en contra de expropiaciones de tierras (pasadas) con demandas de salarios mayores, más y mejor calidad de alimentación, mejor saneamiento y mejor trato en los campos de cultivo, entre otros.79

El movimiento se extendió a otras partes del país. En la planicie costera, los trabajadores ocuparon unas 30 plantaciones de algodón.80 En algunos casos, la FTC exigió que los dueños hicieran efectivo el salario mínimo estipulado por la JRG. En otras haciendas, el sindicato exigió que los dueños aumentaran los salarios hasta el mínimo oficial aplicado al sector del café. Los decretos de la JRG a favor de los pobres del campo no frenaron el avance de la izquierda rural, sino que, más bien, aceleraron el movimiento.

La embajada de Estados Unidos se mostró muy preocupada por semejantes formas de militancia cuando informó que un “grupo agrícola” había denunciado que “fanáticos extremistas […] habían atacado más de 90 propiedades”.81 Aún más inquietante, desde el punto de vista de la élite agraria, es que los activistas sindicales rurales habían comenzado a operar algunas de las fincas bajo su propia administración. Un informe de la embajada afirma que:

En algunos casos, los ocupantes se han hecho cargo del manejo de facto de las fincas, con informes de que operan con varios niveles de eficiencia. La ocupación de la planta procesadora de algodón en Entre Ríos por un número de 1,500 campesinos según informes provocó que la Asociación de Cultivadores de Algodón suspendiera totalmente la recepción de algodón de la cosecha (Idem).

El desalojo de Entre Ríos fue la primera medida represiva de la JRG desde el 6 de noviembre y es notable que las fuerzas de seguridad no lastimaron a ningún huelguista durante este operativo.82

El 12 de diciembre, en respuesta a la intransigencia de los propietarios, el BPR convirtió algunas huelgas en ocupaciones. Al día siguiente, el BPR convocó a huelga a unos 3 000 trabajadores en 13 fábricas en el área metropolitana en apoyo a los trabajadores agrícolas y sus propias demandas.83 El 17 de diciembre, los dueños de 17 fincas de caña de azúcar en el área de Aguilares y el departamento de Cabañas ofrecieron concesiones importantes a la FTC. Aumentaron el salario diario en un colón y el pago a los cortadores por caña entregada. También prometieron mejorar la calidad de la comida, instalar una unidad de primeros auxilios y mejorar el trato de los capataces hacia los trabajadores. Finalmente, acordaron permitir la sindicalización obrera en sus fincas y haciendas (El Independiente 1979).

El 17 de diciembre, el mismo día de esta gran victoria para los trabajadores rurales, a unos 150 kilómetros al oriente, en una finca de café en Berlín, departamento de Usulután, un grupo de más de 200 obreros ocupó las oficinas del dueño para protestar por el incumplimiento del pago del salario de una semana. Las LP-28 habían organizado a los cortadores de café; muchos de ellos provenían de Morazán donde habían participado inicialmente en Comunidades Eclesiales de Base (CEB), al igual que muchos campesinos en Aguilares. A las 7:00 p.m., una fuerza combinada de la Guardia Nacional y policías atacó a los huelguistas con armas automáticas. Caifás, quien se había afiliado poco antes a las LP-28, recuerda: “Nos tomamos las oficinas. Sólo estábamos reclamando los salarios que nos debían y el aguinaldo. Cuando de pronto llega la Guardia y abre fuego. Algunos de nosotros teníamos algunas pistolas, pero para nada nos valían en contra las automáticas. Teníamos que salir huyendo”.84

Las fuerzas de seguridad mataron al menos a un cortador, hirieron a cinco y capturaron a veinticinco. Ésta fue la primera muerte a manos de las fuerzas de seguridad desde el 6 de noviembre.85

Como señalamos en el capítulo dos, al día siguiente del ataque a los trabajadores agrícolas en Berlín, la Guardia Nacional atacó a unos obreros organizados por las LP-28 quienes habían ocupado El Porvenir —una finca de café grande, ubicada en El Congo, a unos 50 kilómetros al norponiente de la capital— y demandaban mayores salarios, prestaciones y mejores condiciones laborales. De acuerdo con un comunicado oficial de las fuerzas armadas: “En la ausencia de negociaciones entre el finquero y los huelguistas, el gobierno decidió desalojar a los trabajadores”. Según los militares, los huelguistas dispararon primero, seguido por una batalla de cuatro horas de duración. La tropa mató a unos 25 obreros, hirió a 10 y capturó a otros 16.86 “La tropa no sufrió ni heridos ni muertos” (“More Farmworkers Clash…” 1979).

Ignacio Ellacuría, el rector la Universidad Centroamericana regentada por jesuitas, quien anteriormente había expresado un apoyo condicional pero significativo a la JRG, hizo el siguiente comentario sobre los militares: “De nuevo ha sido engañada por no escuchar más que a la oligarquía. Ni en el Congo ni en Berlín se han enfrentados con grupos guerrilleros; han matado a veinticinco y no han capturado más que un número menor de armas; han matado, pues, a gente sin armas”.87

Ellacuría y otros analistas reconocieron que se había dado un cambio fundamental en el seno de la JRG. Un analista se refirió a un “contragolpe” el 18 de diciembre. La semana siguiente, Ellacuría pronosticó la salida de los elementos de izquierda moderados de la JRG, cuando ofreció sus felicitaciones irónicas a la derecha por su éxito al haber colocado a los militares bajo su control nuevamente: “Han vencido a quienes defendían al pueblo, derecha salvadoreña. Pero celebren rápido, porque la guerra civil está a un paso más cerca”.88

Los coroneles García y Gutiérrez y sus aliados en el ejército habían logrado el control, en buena medida, gracias a la campaña de propaganda masiva en los periódicos, la movilización de la derecha y alguna corrupción monetaria de la oficialidad. No obstante, a pesar del triunfo de la derecha que se asemeja a un golpe silencioso en contra de los elementos progresistas en la JRG, García y Gutiérrez todavía necesitaban poner en marcha algunos componentes del programa de reformas. Por ende, en el mismo momento en el que el aparato represivo desencadenó su violencia por primera vez en seis semanas —las fuerzas de seguridad mataron a unas 40 personas durante las dos últimas semanas de 1979— el gobierno anunció la nacionalización del comercio exterior y prometió seguir avanzando hacia una reforma agraria. Los analistas en aquel momento bautizaron a esta estrategia como “reformas con represión”, una frase que caracterizaría la política del régimen durante 1980. En pocas palabras, la derecha oligárquica había desplazado al gobierno de centroizquierda pero no pudo asumir un control completo con miras a impulsar su agenda.

Durante una reunión el 27 de diciembre, Eugenio Vides Casanova, el viceministro de defensa, se dirigió a los miembros civiles de la JRG y exclamó: “Nosotros somos quienes los tenemos allí en el gabinete. ¡Y cuando queramos los podemos quitar!” (Majano 2009, 176).89 Al día siguiente, 22 miembros del gabinete acusaron a García de ordenar una represión violenta innecesaria.90 El 3 de enero de 1980, los miembros progresistas de la JRG y el gabinete renunciaron y fueron reemplazados por una junta nueva que incorporó a José Napoleón Duarte y al Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Retórica y realidad dentro de la izquierda revolucionaria

El periodo de movilización en paz llegó a su fin sin que la izquierda se percatara mucho de ello. Recuérdese que toda la izquierda revolucionaria había denunciado a la JRG desde su incepción: todos sus grupos se referían al gobierno como la Junta Contrarrevolucionaria de Gobierno. A su manera de ver, toda la razón de existir de la JRG fue desmovilizar a la izquierda y a los movimientos populares para así impedir un desenlace revolucionario. Cuando el BPR alcanzó varios de sus objetivos en las negociaciones del 6 de noviembre, proclamó su victoria contra el régimen proimperialista, ahora desenmascarado, de los “ricos explotadores” (Combate Popular 1979). A pesar de todo, durante las semanas siguientes, las manifestaciones y ocupaciones dirigidas por las OP fueron pacíficas y no sufrieron represión. No obstante, los manifestantes denunciaban constantemente a la JRG “que siguen capturando, torturando, desapareciendo y asesinando gente […]” (Idem).

El 27 de noviembre, las LP-28 celebraron los actos de clausura de su congreso, al cual asistieron unos 3 000 militantes. Ana Guadalupe Martínez, la dirigente guerrillera quien había sufrido meses de tortura en cárceles clandestinas, apareció sorpresivamente, recalcando que su presencia no fue producto de una concesión de la JRG, sino el resultado de la lucha popular contra la “oligarquía criolla, el fascismo militar y el imperialismo yanqui” (Campos 1982, 680).91 También denunció a la JRG por retrasar los procedimientos que permitieron la fuga de los principales violadores de los derechos humanos de los regímenes anteriores. Las LP-28 declararon que su principal objetivo era el derrocamiento de la Junta Contrarrevolucionaria de Gobierno y “la instauración de un gobierno de Democracia Popular que dé paso a una sociedad Socialista”.92 Aunque la presencia de la líder guerrillera en el acto de cierre había sido anunciada previamente, el congreso se realizó sin incidentes, simbolizando así la brecha entre la retórica de izquierda y la realidad cotidiana durante la tregua.

Aun cuando seguía denunciando al gobierno como contrarrevolucionario, el FAPU enunció una posición algo más matizada que las otras OP. Un dirigente del FAPU comentó que la existencia de un sector progresista en las fuerzas armadas y la JRG significa que sí abre cierta posibilidad para el movimiento popular y revolucionario de avanzar, ya que no es lo mismo que nos enfrentemos a una dictadura fascista o en escalada fascista, que un régimen que pueda ceder [con la lucha organizada del pueblo] alguna apertura (Pueblo 1979, 13).

Sin embargo, el análisis del BPR sobre la JRG sostuvo que sería difícil aceptar semejante “apertura”. Más bien, Rafael Menjívar, uno de los ideólogos del grupo, reconoció un cambio en el “modelo de dominación [...] [la JRG] intenta, en definitiva, mediatizar, reprimir, al movimiento revolucionario […]” (Idem). No obstante, al igual que el FAPU, el BPR sostuvo conversaciones con la JRG y le instó a que implementara las reformas con rapidez.

Aunque todas las OP evitaron la violencia en sus manifestaciones durante el periodo de la tregua, las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), un grupo guerrillero alineado con el BPR, no hizo lo mismo y siguió atacando a ORDEN en las zonas rurales y llevando a cabo acciones selectivas de secuestro y terrorismo. Los analistas de la UCA los culparon por las muertes de 10 civiles que ocurrieron durante las seis semanas de la tregua. Algunas de las ejecuciones de militantes de ORDEN pudieron bien haber sido ajustes de cuenta a nivel local. Los secuestros del embajador de Sudáfrica y de un cafetalero de la élite obedecieron a decisiones claramente tomadas en la cúpula. Estas acciones militares plantean la interrogante: si el BPR se atuvo escrupulosamente a la tregua, ¿por qué no lo hicieron las FPL? No tenemos acceso a la manera en que se tomaban las decisiones en el seno de las FPL en esta coyuntura, pero Ignacio Ellacuría ofrece una importante intuición.

Ellacuría era la principal figura pública —si acaso la única— que centró su atención en noviembre en la distinción entre las acciones de las OP y la guerrilla como un ejemplo de la autonomía de aquellas. En sus propias palabras:

Para entender este problema de la guerrilla, donde parece haber tanta confusión, es menester separar drásticamente los grupos guerrilleros FPL, FARN, ERP de sus frentes políticos de masas: el Bloque, FAPU y las Ligas. Se dan conexiones entre los frentes políticos y los grupos guerrilleros, pero son distintos (1991, 768).

Para este intelectual jesuita, resultaba fundamental que la JRG entendiera esta distinción para que no reprimiera a las OP, a las cuales consideró un elemento clave para el “proceso de liberación” (Campos 1982, 643). Además, guardaba la esperanza que su autonomía (y su unidad) se fortalecerían (Ellacuría 1991, 768). Adelantó que la razón de ser de la guerrilla comenzaría a disiparse cuando la protección para las huelgas y manifestaciones ya no sería necesaria. También pensó que en la medida de que amplios sectores de la población aceptaran alguna forma de socialismo, su imposición por la fuerza terminaría careciendo de cualquier justificación posible.

Para algunos antiguos militantes, la distinción resultaba ilusoria porque la mayoría de los dirigentes del BPR también eran militantes de las FPL.93 No obstante, la observación de Ellacuría era válida porque las OP y la guerrilla tenían necesidades organizativas diferentes y, por lo tanto, sus tácticas eran divergentes. Sin embargo, la tregua no podía sostenerse porque las OP y los integrantes de izquierda moderada de la JRG, a pesar de compartir objetivos fundamentales y de haber dialogado detrás de puertas cerradas alguna vez, no estaban en capacidad de formar una alianza, por informal que ésta haya sido. A su vez, esta imposibilidad se debió a sus diferencias sobre cómo habrían de lograrse los cambios políticos y sociales fundamentales y el papel de las OP en tales transformaciones. Existía un desencuentro profundo sobre el significado de reformas estructurales y su cambiante significado en relación con los métodos para su implementación. Este desencuentro impedía una alianza potencial entre la izquierda radical y el sector “moderado”, que se encontraba en torno al Foro Popular, una agrupación más pequeña pero que se radicalizaba con el paso del tiempo. No es seguro que semejante alianza haya impedido la guerra civil, porque la derecha militar no habría entregado el poder sin pelear. No obstante, algunos mandos medios del ejército, aliados con Majano y en comunicación con Rubén Zamora (ministro de la presidencia) y Román Mayorga, estaban organizando un golpe para desplazar a García y Gutiérrez.94 Majano se negó a participar. Su decisión fue el golpe de gracia para la JRG.

La izquierda revolucionaria no pudo haber sido un aliado en potencia para este segundo golpe de Estado porque nunca dejó de condenar a la JRG en pleno. Este repudio total —aun cuando el gobierno había comenzado a llevar a cabo su programa de reformas estructurales y la transformación del estamento militar— resultaba problemático. La relación de la dirigencia de las OP con las bases dependía de su capacidad para lograr mejoras concretas para sus bases. En este sentido, aun cuando la JRG haya intentado impedir una insurrección revolucionaria al restringir la represión y llevar a cabo una reforma agraria, durante este tiempo las bases de las OP se beneficiaron materialmente y conquistaron cuotas mayores de poder real.

Las limitaciones retóricas de las OP —es decir, las categorías dentro de las cuales operaban— parecen haberles impedido una comprensión adecuada del momento político. A pesar de la ausencia de represión en noviembre, el BPR y las LP-28 siguieron pintando a la JRG como “fascista” y contrarrevolucionaria. Y en este momento, la “aceleración” del tiempo que caracteriza a los movimientos revolucionarios seguramente jugó un papel fuerte. Tal como lo observa Greg Grandin:

La aceleración del tiempo sentido correspondió a —y fue impulsado por— una aceleración de la capacidad del Estado para reprimir. Para un sinnúmero de latinoamericanos, la vida durante tiempos revolucionarios significó vivir parte de la suya cuando la violencia y el terror políticos eran realidades de la existencia cotidiana (Grandin 2010, 2).

La represión durante las primeras dos semanas después del golpe había sido brutal y radicalizó más a los que ya estaban radicalizados.95 Para muchos en las OP, era imposible absolver a la JRG de la responsabilidad por las masacres y su furia era tal que no pudieron percibir el cambio en las acciones de la JRG. En palabras de un campesino de Morazán, un militante de las LP-28: “Íbamos a hacer una marcha para ver si era revolucionaria o no era [la Junta Revolucionaria]”.96

La masacre de los campesinos de Morazán el 29 de octubre proporcionó una respuesta clara. Por lo tanto, resultó relativamente fácil mantener la versión en público de que la JRG era, en esencia, “antipopular”.

Las seis semanas sin violencia represiva y las consecuencias positivas para los movimientos obreros rurales y urbanos no encajan con las narrativas imperantes de la izquierda revolucionaria, con la excepción parcial del FAPU. En las semanas posteriores al colapso de la primera junta, Rafael Menjívar del BPR escribió:

Desde el 15 de octubre hasta fines del 79 se dio un ascenso en la represión a los movimientos populares, mientras el tiempo político se perdía en la impotencia de introducir las reformas estructurales planeadas […] en el mes de diciembre la presión de la derecha sobre el ejército condujo a un incremento de la represión […] (Menjívar 1981, 109).97

Pese a la sofisticación de este intelectual revolucionario, podemos percibir su dificultad para abordar este periodo. Primero destaca que los dos meses y medio fueron un periodo de creciente represión, al mismo tiempo que subraya que el último mes fue uno de represión todavía mayor. Notablemente ausentes de este recuento casi contemporáneo están las seis semanas cuando no hubo represión violenta.

A pesar del silencio de la izquierda revolucionaria, las posturas asumidas por la JRG sobre salarios rurales, sindicalización y reforma agraria junto con el repliegue de las fuerzas de seguridad, condicionó a uno de los movimientos de trabajadores del campo proporcionalmente más grandes y militantes en la historia reciente de Latinoamérica. Los militantes de la izquierda se imaginaban la ola de huelgas en los campos como el fruto de su trabajo de organización y un presagio del triunfo revolucionario. Por cierto, las tomas de hilanderías de algodón y beneficios de café y el control posterior ejercido por los trabajadores sobre la producción fueron bastante extraordinarias en tanto que excedieron lo que el movimiento obrero radical se había imaginado o logrado. Sin embargo, las llamaradas en el campo parecían cegar a la izquierda.

El desarrollo de una conciencia entre el campesinado fue muy desigual. Un grupo de trabajadores del café, por ejemplo, escribió a otro afiliado al FAPU a mediados de diciembre pidiéndole que enviaran una “comisión investigadora” para que informara sobre las terribles condiciones de trabajo en la finca, donde hasta el agua era racionada. El grupo de cortadores de café afirmó: “Ustedes son nuestra única esperanza” (El Independiente 1979). Los 900 obreros de la finca estaban ubicados en el corazón de la zona cafetalera, lo que revela un bolsón grande de subdesarrollo de conciencia en un paisaje revolucionario. Es más, algunos episodios bien conocidos de la historia reciente de Latinoamérica pudieron haber convencido a los activistas del campo para que asumieran una posición diferente ante la JRG.

La reforma agraria de 1952 en Guatemala impulsó un año de intensa movilización campesina. El apoyo a la sindicalización rural y la promesa de una reforma agraria profunda por parte del gobierno brasileño de Joäo Goulart propició una movilización campesina masiva.

Finalmente, los gobiernos de Frei y Allende en Chile, cada uno con sus respectivas políticas de reforma agraria, estimularon el crecimiento explosivo de organizaciones de campesinos y trabajadores rurales. Los militares con apoyo de Estados Unidos montaron golpes de Estado en los tres países como respuesta, en parte, a los movimientos rurales y esto puede haber debilitado cualquier interés por parte de los revolucionarios por aliarse con gobiernos reformistas. No obstante, a diferencia de la mayoría de otros países latinoamericanos, en El Salvador la izquierda potencialmente tuvo el apoyo de un sector significativo de los militares.

La amplitud y la intensidad del apoyo y el rechazo a la represión violenta posterior al golpe le dio forma al pensamiento de la izquierda. Cuando la JRG comenzó a ejercer control sobre el aparato represivo y procedió a poner en marcha su programa de reformas, las OP no encontraron las opciones discursivas que les permitirían interpretar el momento en que vivían. No podían trascender las denuncias casi rituales de la JRG como un cuerpo contrarrevolucionario a pesar de la existencia de una derecha, dentro y fuera de los militares, que estaba en su punto más débil desde 1932. De mayor importancia, bajo el gobierno de Carter, el imperio no estaba listo para atacar. Y solamente, a partir de estas realidades, esto fue una “oportunidad perdida”, según la frase del coronel Majano.

El interregno de comienzos de noviembre hasta mediados de diciembre de 1979 se caracterizó por un auge sin precedentes de movilización de campesinos y obreros agrícolas que perfiló la posibilidad de una reestructuración radical de la sociedad rural. El repliegue de las fuerzas de seguridad también permitió una sinergia intensa de la conciencia radical de cristianos y marxistas —especialmente cuando la gente se tomaba las fincas y los beneficios las hacían funcionar, aunque brevemente, como cooperativas—. Aunque no existen estudios académicos sobre el tema y el periodo haya sido olvidado, en parte debido a la subsiguiente represión, existen fuertes indicios que de hecho hubo brotes de utopías menores, sobre todo en el campo. Por lo tanto, la verdadera actividad de los movimientos subalternos y su reto utópico en contra de las jerarquías no puede encajarse dentro de categorías heredades de otros tiempos.

Efectivamente, con el fin de la tregua las fuerzas represivas desataron una campaña nacional de terror que eliminó a un estimado de 5 000 afiliados a sindicatos urbanos y rurales entre 1979 y 1983. En julio de 1981, varios militantes obreros encarcelados redactaron una nota que hicieron llegar a un periodista holandés: “El sindicalismo salvadoreño ha tenido que pasar a la clandestinidad porque es de la única manera como puede continuar viviendo ya que sus locales han sido dinamitados y cateados y sus dirigentes encarcelados o asesinados”. A continuación, describieron su propia situación: “[…] aquí se encuentran compañeros quemados con ácido, torturados la mayoría con golpes y con choques eléctricos. La persecución y asesinato de nuestros familiares que nos visitan en la prisión se incrementa cada día con el objeto de aislarnos de nuestro pueblo” (“La situación de la clase obrera…” 1981).

El periodo inmediatamente posterior al golpe del 15 de octubre bien puede haber sido una oportunidad histórica que se perdió para encontrar una solución a los conflictos de clase que estaban desarticulando a la sociedad salvadoreña. Los desencuentros debilitaron al movimiento obrero en todo el país. Si la izquierda radical se hubiera mantenido siempre dispuesta a un diálogo práctico con la JRG, pudieron haberse constituido en un baluarte más efectivo frente a la derecha homicida que se propuso deliberadamente aniquilar todas las expresiones de resistencia dentro de las clases populares.98 La transición al neoliberalismo en El Salvador puede haber sido inevitable pero unos escuadrones de la muerte auspiciados por el Estado no tienen por qué haber sido sus parteras.

49 Este capítulo está tomado en gran parte del capítulo tres de Gould (2019), traducción de Knut Walter.

50 Curiosamente, el 19 de octubre el ERP/LP-28 vaciló y reconoció la presencia de “elementos progresistas” en la JRG y exigió tener una representación en el nuevo gobierno. La confusión y desorientación en las LP-28 se reflejó varios días después cuando la organización, de nuevo, denunció a la JRG.

51 Entrevista con Andrés Barrera en Segundo Montes, 2007 y 2011.

52 Unos días antes, el gobierno había nombrado una comisión para encontrar un total de 300 personas desaparecidas. Véase Combate Popular (1979), Guerra (1979, 72-73) y Stanley (1996, 157-158).

53 Traducción del Foreign Broadcast Information Service (FBIS).

54 Véase Combate Popular (1979), Guerra (1979, 72-73) y Stanley (1996, 157-158).

55 La noción de un “autogolpe” sugiere que un sector de los militares promovió el golpe para poder promover mejor una agenda fascista. El sindicato de fuerza y luz, STECEL, también llevó a cabo una huelga de ocho horas para protestar por la muerte de uno de sus afiliados. Véase Guerra (1979, 78).

56 Por cierto, algunos analistas en aquel momento, como Eugenio Anaya, sugirieron que las muertes de civiles fueron causadas por la guerrilla. Véase Stanley (1996, 166), donde se menciona la cifra de 10 muertes en noviembre.

57 Traducción del Foreign Broadcast Information Service (FBIS).

58 La radio YSAX (del arzobispado de San Salvador) informó que en esta manifestación, que fue esencialmente ignorada por los medios de comunicación de derecha, no pudieron participar los trabajadores agrícolas y campesinos debido a las cosechas. A pesar del retiro de FENASTRAS, la mayoría de las organizaciones pertenecientes al Foro eran sindicatos obreros. Véase Campos (1982, 734), “Three Demonstrations Held...” (1979) y El Independiente (1979). Catorce grupos, incluyendo a FENASTRAS y otras federaciones obreras, se habían unido antes para oponerse al régimen de Romero. Como se observó anteriormente, FENASTRAS se retiró en protesta por la represión de la JRG.

59 El Latin American Weekly Report del 2 de noviembre de 1979 informó que 30 000 personas salieron a recibir a Duarte.

60 Un estimado del costo de los alimentos básicos necesarios para mantener un nivel de vida de subsistencia.

61 Véase “Foreign Minister Says…” (1979).

62 Otras estadísticas incluyen: el 37% de la población no dispone de agua potable, siete décimas del 1% de los propietarios son dueños del 40% de la tierra —de la tierra más fértil—. US Embassy to Secretary of State, “Presentation of Agrarian Reform by Minister of Agriculture” (telegrama), 17 de diciembre de 1979. Digital National Security Archive.

63 “Marginal” se refiere, en efecto, a tugurios con ninguna o poca infraestructura. Véase Anaya (1979, 1090-1091).

64 Al 4 de octubre, Estados Unidos todavía no estaba al tanto ni involucrado en la confabulación del golpe. US State Department to Viron Vaky, “US Policy to El Salvador” (memorando), 4 de octubre de 1979. Digital National Security Archive.

65 US Embassy to Secretary of State, “Analysis of Salvadoran Situation” (telegrama), 6 de noviembre de 1979. Digital National Security Archive.

66 US Embassy to Secretary of State, “General Uneasiness of Salvadoran Political Scene: An Assessment” (telegrama), 4 de diciembre de 1979. Digital National Security Archive.

67 US Embassy to Secretary of State, “Survivability of Revolutionary Governing Junta (JRG)” (telegrama), 19 de diciembre de 1979. Digital National Security Archive.

68 US Department of State, “Telegram from the Embassy in El Salvador to the Department of State, ‘Updating our Strategy for El Salvador’” (telegrama), 26 de mayo de 1980. Washington, DC: Government Publishing Ofﬁce. El documento señala que, dentro del estamento militar, los oficiales votaron en un 60% a favor de Gutiérrez en contra de un 40% por Majano (a quien Estados Unidos quería apoyar). El documento también reconoce el poder y el terrorismo de la derecha extrema, vinculada a sectores del aparato de seguridad.

69 US Embassy to Secretary of State, “Analysis of Salvadoran Situation” (telegrama), 6 de noviembre de 1979. Digital National Security Archive.

70 Estados Unidos quería presionar a la JRG para que aceptara su asistencia frente a la crisis, pero todavía debía permitirle a la JRG que “impusiera limitaciones, si acaso, si cree que fueran necesarias”. US Embassy to Secretary of State, “The Military of El Salvador in Its Moment of Crisis” (telegrama), 11 de diciembre de 1979. Digital National Security Archive.

71 Véase “Junta Calls Countercoup…” (1979).

72 Sus dirigentes eventualmente integrarían el núcleo de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el principal partido de oposición durante la década de 1980 y el partido de gobierno de 1989 a 2009.

73 El Departamento de Estado informó sobre 50 despidos. Véase “60 Guardsmen Dismissed…” (1979).

74 Información proporcionada en entrevistas con Alejandro Molina Lara en Los Ángeles, 2015 y con Ovidio Granadeño en Puerto El Triunfo, Usulután, 2013.

75 “Grandiosa movilización de la FENASTRAS” (volante), 28 de noviembre de 1979. Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación, Universidad Centroamericana.

76 El día de la tregua, 15 miembros del Comité de Madres y Presos y Desaparecidos Políticos se tomaron una oficina en el Ministerio de Justica y se declararon en huelga de hambre, exigiendo una respuesta inmediata de la comisión en vez de los 60 días que había dispuesto la JRG. La huelga de hambre terminó una semana después, cuando las manifestantes dijeron que habían sido amedrentadas por la Guardia Nacional; la comisión entregó sus resultados antes de fines de noviembre.

77 Inmediatamente después de finalizada la tregua, por ejemplo, los trabajadores del café suspendieron la ocupación de seis beneficios de café al haber conseguido un aumento salarial de 2 dólares diarios.

78 Sobre el tema de la acumulación originaria, véase Gould (1998, 231-238).

79 Véase Cabarrús (1983). En este estudio ya clásico, el intelectual jesuita proporciona cuantiosa evidencia del pueblo de Aguilares, El Salvador, sobre cómo los semiproletarios (es decir, minifundistas que también trabajaban a cambio de un salario) eran los más proclives a unirse a una OP. Yo agregaría que también son importantes los recuerdos de tierras que se perdieron. Véase también Gould (1990) y Gould y Lauria Santiago (2008).

80 Véase “Army Evicts BPR Peasants…” (1979).

81 US Embassy to Secretary of State, “General Uneasiness on Salvadoran Political Scene: An Assessment” (telegrama), 4 de diciembre de 1979. Digital National Security Archive.

82 Un analista de la embajada de Estados Unidos escribió: “Esta es la primera vez en la historia reciente que las fuerzas de seguridad han intervenido exitosamente contra ocupantes extremistas sin violencia excesiva o derramamiento de sangre”. US Embassy to Secretary of State, “Troubles in Agricultural Areas: Incidents and Agrarian Reform” (telegrama), 6 de diciembre de 1979. Digital National Security Archive.

83 “Strikers Demand Immediate Solution to Factory Problems” (emisión radiofónica). San José Radio Reloj, 13 de diciembre de 1979.

84 Tomado de la entrevista que Carlos Henríquez Consalvi y yo realizamos a Caifás (nombre de guerra), en Villa de Rosario, Morazán, 2009.

85 En palabras de Ellacuría: “Llevábamos mes y medio sin que la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad derramaron sangre” (1982, 743). El número de muertos en Berlín fue cuestionado acaloradamente por las LP-28. Un participante recuerda que hubo cinco muertos, según lo dicho por Caifás, en la entrevista que le realicé en Morazán en 2009.

86 “Estas huelgas coinciden con las huelgas exitosas de los trabajadores rurales en 17 haciendas y plantaciones de azúcar que habían comenzado el 27 de noviembre” (“More Farmworkers Clash…” 1979). Véase también El Independiente (1979).

87 “La semana anterior el ejército había atacado una plantación de algodón ocupada y capturaron a un número indeterminado de trabajadores” (Campos 1982, 744).

88 “Rumores de golpe de Estado” (Ibid., 746).

89 Majano también recuerda varios esfuerzos serios de soborno para que se inclinara hacia la derecha y acuerpara una represión en gran escala contra las OP.

90 El mismo grupo había presionado a la JRG para que removiera a Mario Andino, un representante del sector empresarial en la Junta, por haber empujado al gobierno hacia la “derecha”. Véase Latin American Weekly Report (1980).

91 US Embassy to Secretary of State, “LP-28 National Congress Brings Indication of Unity Move with BPR” (telegrama), 29 de noviembre de 1979. Digital National Security Archive.

92 Declaración del Primer Congreso de las Ligas Populares 28 de Febrero “Irma Elena Contreras”. Juan Chacón, un dirigente del BPR, asistió a este evento con una delegación pequeña e hizo un llamado a la unidad. Los militantes del FAPU no asistieron al Congreso. Todavía había encono por la ejecución a manos del ERP de Roque Dalton, un connotado poeta y camarada de los fundadores del FAPU.

93 Información proporcionada por Miguel Huezo Mixco en una conversación personal que mantuvimos durante noviembre de 2017.

94 Menjívar Ochoa (2006, 202-203) cita a Rubén Zamora sobre su versión de una visita que le hizo un joven oficial del ejército a nombre de Ellacuría para que se involucrara en la conspiración para reemplazar a Gutiérrez y García. Tres de los más cercanos colaboradores de Ellacuría —Rodolfo Cardenal, S.J.; Jon Sobrino, S.J. y Héctor Samour— niegan que Ellacuría se haya involucrado.

95 Así lo expresó Miguel Huezo Mixco, durante una conversación personal, en noviembre de 2017.

96 Así lo expresó Escolástico, durante una entrevista que mantuvo conmigo y Carlos Henríquez Consalvi en Agua Zarca, Morazán, en 2007.

97 Menjívar Larín fue el padre del finado Rafael Menjívar, autor de Tiempos de locura, citado previamente.

98 Es más, si el gobierno de Estados Unidos se hubiera apegado algo más a su compromiso con los derechos humanos, pudo haber promovido semejante alianza, o al menos, haberla aceptado. US Embassy to Secretary of State, “Troubles in Agricultural Areas: Incidents and Agrarian Reform” (telegrama), 6 de diciembre de 1979. Digital National Security Archive.

Uruguay: puesta en marcha para la gloria

Giremos nuestra mirada hacía el cono sur donde se produjeron experiencias de utopías menores de otra índole. Conocida como “la Suiza de América Latina” por su historia de décadas de democracia, igualdad social y prosperidad relativa, Uruguay disfrutó del mayor ingreso per cápita en América Latina durante la década de 1950, con un amplio sistema de asistencia social. La caída de los precios mundiales de la carne y la lana a finales de la década provocó una disminución en el valor de sus exportaciones de 254 millones a 129 millones de dólares, así precipitando una grave crisis económica. Para 1967, la inflación alcanzó el 135%.

Durante 1967, el gobierno trató de emplear un esquema del Fondo Monetario Internacional para combatir la inflación, con énfasis en los recortes presupuestarios que afectaban a los empleados públicos que representaban más de la cuarta parte de la población económicamente activa. La Convención Nacional de Trabajadores (CNT), fundada oficialmente en 1966, con más de 300 000 afiliados en un país con menos de 3 millones de habitantes, tenía una mayoría de militantes o aliados del Partido Comunista Uruguayo (PCU) en su directiva. La confederación sindical se opuso a las medidas de austeridad impulsadas por el Fondo Monetario con marchas y paros. Cuando el presidente Óscar Gestido murió de un ataque al corazón en diciembre de 1967, el nuevo presidente, Jorge Pacheco, inmediatamente lanzó un ataque contra la izquierda no comunista, con la prohibición de grupos y el cierre de periódicos. Durante el siguiente año, el régimen se movió en una dirección cada vez más autoritaria, mucho antes de la aparición de una resistencia violenta o de una significativa actividad guerrillera.99 Pero, a la vez, la CNT y el movimiento estudiantil respondieron con una militancia masiva.

El 1968 uruguayo se distingue del resto de América Latina principalmente por la unidad obrera-estudiantil. “La intensa represión de la manifestación del 1 de mayo desató una ola de protestas” (New York Times 1968). El eslogan uruguayo “Obreros y estudiantes, unidos y adelante”, formulado una década anterior, era aún más realista en 1968. Un comentario de 1969 reza así:

Enfrentar al gobierno, a la oligarquía, y a la policía tecnificada por los servicios norteamericanos […] mucha gente peleó. Sobre todo, la juventud obrera y estudiantil. Uniéndose en la calle, en los paros generales, en las ocupaciones, en los lugares de trabajo y estudio, en El Cerro, en la universidad, en La Teja, en medicina, en Maroñas, dándose sobre la marcha las formas de coordinación que no existían, aplicando mil y una maneras de acción directa, pacífica o no (Cartas de FAU 2018, 194).

Tal unidad obrero-estudiantil se reflejaba en la junta directiva de la CNT que incluía a dos representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios Uruguayos.

En una manifestación en agosto, las fuerzas del orden mataron al estudiante Liber Arce.

La noticia corrió como reguero de pólvora, la indignación, la bronca, el dolor la acompañaban. La Universidad mantuvo el cajón con su cuerpo en el campo universitario. Al lado del cajón fúnebre fueron pasando […] los obreros de diversos gremios, estudiantes de todos los centros de estudio, gente que venía de los barrios con rebeldía a manifestar su solidaridad (Mechoso 2002, 111).

Participaron en la procesión unas 300 000 personas —más del 10% de la población del país—, todos en repudio al gobierno autoritario.

Sugiero que la alianza obrera-estudiantil, cuyas manifestaciones se palpaban de una forma muy marcada en los barrios proletarios como El Cerro y La Teja, se constituía en algunos momentos como una especie de utopía menor. Recordemos la cita de Kristin Ross, estudiosa del Mayo Francés que mencionamos en la introducción. Ella pone en relieve la dimensión que fue reprimida en las memorias oficiales: la “subjetivación” (la manifestación de la subjetividad política) habilitada por “la sincronía de dos temporalidades”, la de los estudiantes y la de los obreros. “Se encontraba en la idea central de mayo de 1968: la unión de la contestación intelectual con la lucha de los trabajadores” (Ross 2002, 73-74). La igualdad surgió en la comunicación sin restricciones y en la acción colectiva. En última instancia, la impugnación de la división del trabajo era el elemento más subversivo de la lucha.100 En Uruguay, esta clase de lucha la vamos a ver tanto en las esferas estudiantiles como en las obreras.

Esta conciencia igualitaria solía expresarse a través de nuevas formas de organización. Las asambleas de clase eran un ejemplo importante. Caracterizadas por la democracia directa, las asambleas surgieron en cada escuela secundaria pública de Montevideo. Según Hugo Cores, activista en el movimiento obrero de la época, “las asambleas de clase eran algo nuevo, con consecuencias a largo plazo, con jóvenes (en su mayoría) como protagonistas que, por primera vez […] a su manera discutían temas que ellos vinculan a hechos y teorías, comprometiéndose con la solidaridad y la protesta” (1997, 60).

En el campo obrero, entre junio de 1968 y agosto de 1969, la CNT promovió 5 paros generales y hubo un total de 130 ocupaciones de oficinas públicas y empresas privadas, un grado de militancia raramente visto en las Américas hasta aquel momento histórico. Las ocupaciones de fábricas a veces daban lugar a otra clase de utopía menor.

Consideremos el caso de los obreros de la Fábrica Uruguaya de Neumáticos S.A. (FUNSA), la fábrica de neumáticos y otros productos de hule más grande en el país. Trabajaban en ella más de dos mil obreros. Durante los cincuenta y los sesenta, miembros de la Federación Anarquista Uruguaya (FAU) predominaban en la dirigencia del sindicato y tenían una presencia fuerte en el movimiento sindical nacional. Bajo su influencia, en más de la mitad de las huelgas en la segunda parte de los cincuenta los obreros ocuparon sus fábricas, como una medida fundamentalmente dirigida en contra del uso de rompehuelgas (“krumiros” en la jerga uruguaya, término a su vez prestado del italiano).

Aunque el sindicato de FUNSA se había fundado en 1952, la empresa no dejaba de intentar doblegarlo. A comienzos de octubre de 1958, la empresa suspendió a un supervisor prosindicato y a más de 30 obreros debido a que su sección no había cumplido con la norma de producción. Pese a que las suspensiones sólo eran de unas horas, los obreros sindicalizados en la sección llevaron a cabo un paro ya que la discriminación antisindical era incuestionable (El Popular 1958).101 Inmediatamente la empresa apagó las calderas, declarando un cierre patronal. En respuesta, el 9 de octubre los obreros sindicalizados lanzaron una huelga y se tomaron la fábrica. Las demandas incluyeron la defensa de la sindicalización de supervisores, el respeto a las categorías y un aumento salarial de 30%.

Después de una semana de la ocupación, el dirigente sindical León Duarte, militante anarquista, propuso como medida de presión y de lección política que comenzaran a producir neumáticos y otros productos de hule bajo el control obrero. El 21 de octubre, 300 obreros en el primer turno participaron en el experimento social. Se hizo un gran cartel: “Hoy 21-10-58 FUNSA fue puesta en marcha por la organización sindical para gloria del proletariado” (Idem).

Una obrera le comentó a un periodista de El Popular (del PCU): “Usted no se imagina lo que es trabajar sin el control de don Pedro [Sáenz, el dueño]. Del entusiasmo, se me pasaron las horas de trabajo volando” (Idem). Otros también comentaron sobre la intensa emoción en el trabajo bajo el control obrero.

Según un sindicalista: “Queremos ser libres […] creemos que somos los únicos productores y no tiene por qué existir un explotador y sus serviles para lucrarse con nuestro sacrificio” (Lucha Libertaria 1958). El obrero entrevistado durante la ocupación por un periodista de Lucha Libertaria, un boletín anarquista, reconociendo el gran apoyo de los estudiantes universitarios, el movimiento sindical y el barrio, esperaba una victoria transitoria. Pero la meta estratégica era “FUNSA bajo forma de cooperativa obrera” (Idem).

Un obrero de FUNSA, recordando la ocupación unos veinte años después, comentó: “Yo fui uno de los armadores. Se trabajó con tantas ganas, a conciencia. No se miraba el tiempo que estuviéramos ahí” (González 1991, 112). Según un reportaje en Lucha Libertaria: “Los obreros iban a demostrar que, sin los políticos, sin los patronos, ni regímenes militares, ni trabajo al destajo, ellos, los trabajadores, eran capaces de sacar la producción” (1958).

Otra obrera recuerda la emoción del momento: “Prendíamos las máquinas y aplaudíamos. Aplaudíamos me acuerdo, aplaudíamos”.102

El siguiente día más de 500 obreros participaron en la producción que, en sus secciones, era parecida a los niveles bajo el régimen patronal. El sindicato proponía suplir la demanda de neumáticos para el transporte público. Por otra parte, producía miles de zapatillas para el consumo popular. Aunque no hay indicios de que lograron repartir su producción, de todas formas se trató de una práctica sumamente rara —si no es que única— en plena Guerra Fría. Los obreros uruguayos intentaron cumplir con el lema de anarquismo clásico y de anarcosindicalismo, la noción de que había que forjar la nueva sociedad en medio de la vieja.

Una consideración parecida a la experiencia en Morazán: aunque se puede catalogar la ocupación como un experimento que revestían aspectos de utopía menor, la división de trabajo por género persistía ya que por lo general las mujeres (la tercera parte de la fuerza de trabajo en la fábrica) estaban encargadas de la preparación de la comida en los comedores de la empresa. No obstante, las mujeres también trabajaban en la producción. Aún más, según una participante, ellas tenían la posibilidad de aprender a manejar distintas máquinas a las cuales normalmente no tenían acceso.103

“El sindicato salió victorioso. Tan pronto como iniciaron la producción bajo control obrero el Banco de Seguros le informó a la empresa que iba a cancelar su seguro” (Cores 2002, 57). Dos días después de la puesta en marcha de la producción, el dueño, el oligarca Pedro Sáenz, mandó un emisario para iniciar las negociaciones. En gran parte, él aceptó las demandas obreras que incluían un aumento salarial de más del 20% y mecanismos para garantizar el respeto a los derechos sindicales para los supervisores, técnicos y capataces.

La ocupación de 1958 acarreó varias consecuencias. En primer lugar, el apoyo estudiantil y de los barrios era de mucha importancia. Los huelguistas recibían considerables donaciones de comida y de dinero. El apoyo estudiantil condicionó aún más la solidaridad en los próximos años, incluyendo la participación de obreros de FUNSA en luchas estudiantiles. Aunque en un comienzo los sindicatos afines al Partido Comunista no apoyaron la táctica de la ocupación con producción, una vez en marcha, El Popular (el periódico del PCU) ofrecía reportajes extensos y favorables. Se convirtió en “el diario de la ocupación”. El apoyo del PCU a la ocupación reveló la unidad y militancia del movimiento obrero pese a sus diferencias ideológicas.

Duarte y los otros dirigentes reconocieron que era fundamental afiliar a los técnicos y los supervisores en el sindicato para fortalecer la organización y para mejorar el control obrero en el futuro. Gracias a la victoria sindical, la empresa tuvo que comprometerse a respetar su libre sindicalización. Dicho proyecto que pretendía incluir a los supervisores y técnicos, así como también luchar por la producción, tuvo un éxito único en la historia del movimiento obrero y tendría sus frutos más adelante, en 1968.

También el experimento social anunció que la lucha sobre el ritmo y las relaciones técnicas de producción iban a ser fundamentales. De hecho, la lucha de 1958 arrancó precisamente por un conflicto sobre la producción. La defensa tenaz del sindicato de la posición obrera en las relaciones de producción tenía un propósito inmediato al igual que las luchas por el salario y los beneficios. Pero también formaban parte de una lucha prolongada por el control obrero de la producción y de la empresa. El control obrero de la producción en 1958 quedó como un punto de referencia no sólo para el sindicato de FUNSA sino también para todo movimiento obrero uruguayo.

“Con el sindicato no se juega”

La historia económica de FUNSA revela periodos de alta producción y otros en los cuales la empresa optó por cerrar la fábrica. Casi siempre, FUNSA alegaba la imposibilidad de conseguir las materias primas —sobre todo el caucho— como pretexto para el cierre. Durante los periodos de cierre, los sindicalistas siempre respondían con protestas ya que estas les parecían maniobras injustificadas de parte de la empresa. Sospechaban que el dueño, el oligarca Pedro Sáenz, estaba aprovechándose de sus fuertes influencias en el mundo financiero y político, así como su afán de manipular el mercado interno protegido. Así, en septiembre de 1959, la empresa cerró, alegando una falta de materia prima cuando en realidad suficiente caucho estaba en el puerto de Montevideo. De hecho, la empresa, por un lado, debía una multa de más de 2 millones de pesos (300 000 dólares) por importación ilegal y, por otro, estaba sujeta a fuertes impuestos por la importación (como medida del gobierno para afrontar una crisis financiera). Una declaración del sindicato reza así: “Estamos entonces frente a una situación en que el multimillonario dueño y señor de FUNSA chantajea al país utilizando para ello, para sus sucias maniobras, a sus trabajadores”.104 El 30 de septiembre, unos 200 obreros apoyaron a una delegación sindical que intentaba reunirse con un funcionario en la Casa de Gobierno para buscar su apoyo. Portaron carteles que rezaban: “Por qué el gobierno no aplica medidas de seguridad a FUNSA?”, alusivos a una ley especial empleada para reprimir sindicatos y otros disidentes.

Al no ser permitida su entrada al edificio, según la policía, “llegaron varias mujeres, que comenzaron a romper los cristales de las ventanas bajas […]”.105 El sindicato rechazaba las alegaciones de violencia de parte de ellos y culparon a la Guardia Presidencial, por haberla provocado. De todas formas, dispersaron a los sindicalistas con gases lacrimógenos y arrestaron a cuatro. Hubo varios lesionados de parte de ambos bandos.

La disposición de los obreros y las obreras de FUNSA de recurrir a la violencia en defensa de sus derechos fue evidencia otra vez en noviembre de 1959. Efectivamente el gobierno cedió a la demanda de la empresa y liberó el caucho sin pago de multa. Al reiniciar sus labores, el sindicato exigió el pago de sus salarios durante los dos meses de cierre. El 5 de noviembre, ocuparon secciones de la planta como medida de presión. El 6 de noviembre, una delegación sindical recibió la respuesta de la patronal que únicamente ofrecía un préstamo con un valor de 15 días de trabajo. Según los sindicalistas, al llamar una reunión dentro de las instalaciones, la Guardia Republicana trató de ocupar el espacio. Cuando unos obreros les gritaron, la Guardia respondió con un ataque usando pistolas y gases. En respuesta, los trabajadores se retiraron, lanzando piedras para protegerse y así dañaron los cristales de las oficinas administrativas. La versión de la policía más bien argumenta que tuvieron que intervenir para evitar el motín, o sea, la destrucción masiva de “escritorios, sillas, artefactos eléctricos, teléfonos, máquina de calcular y de escribir, artefactos sanitarios de los cuartos de baños […]” y las amenazas contra ciertos administrativos y ejecutivos. Culparon a los sindicalistas por los heridos graves, alegando que tiraron con pistolas antes de la entrada de la Guardia.106

Aunque es imposible, en este momento, encontrar la “verdad” del acontecimiento, no cabe duda de que los obreros estaban dispuestos a ejercer violencia en contra de las fuerzas del orden y que no respetaban la propiedad de FUNSA. Si el informe de la policía es plausible en cuanto a los daños, es evidente que los sindicalistas estaban encolerizados en contra del personal administrativo por su desesperación económica y, así, destrozaban los símbolos del control de la gerencia. Por otra parte, la destrucción en los baños tal vez tenía una carga cultural, por decirlo así, “ensuciando” a los empresarios, en cierto sentido revelando su inherente suciedad. Es un ejemplo de lo que Daniel James denominó “iconoclasia laica” al referirse a los obreros frigoríficos en Berisso, Argentina, que atacaron símbolos de la élite cultural en octubre 1945.107 Se trata de acciones subalternas parecidas a las actas de blasfemia en contra de la Iglesia en Barcelona en 1936 con el afán de quitarle legitimidad. Ahora bien, sería muy fácil recurrir a la ideología anarquista para explicar las acciones violentas y destructoras. Sin embargo, los dirigentes sindicales —casi todos anarquistas— trataron de limitar tales acciones.108 Es posible que aspectos de la ideología ácrata hubieran penetrado a las bases sindicales para así justificar la violencia conceptualizada como legítima. Los dirigentes, a la vez, querían evitar esta misma violencia observando sus efectos negativos a corto plazo —el funcionamiento de la fábrica— y a largo plazo, porque un día FUNSA sería de los obreros. De todas formas, la falta de legitimidad de los dueños era muy palpable desde el momento en el que la planta producía bajo control obrero en 1958.

Las luchas que sucedieron entre 1958 y 1960 resultaron en cambios significativos de la empresa. De hecho, aunque hubo huelgas y paros durante los siguientes seis años, por lo general, la empresa respetaba los convenios establecidos en ese periodo sobre todo en cuanto a la seguridad de trabajo, es decir, las garantías de pago aun durante periodos de cierre.109 En otros aspectos, FUNSA, bajo la presión sindical, cedió beneficios por encima de las demás empresas uruguayas, relativamente generosas como un seguro de enfermedad, vacaciones y jubilaciones.

La relativa estabilidad de la empresa y las conquistas de incrementos significativos en su salario real consolidaron el apoyo del grupo dirigente, de orientación anarquista, dirigido por León Duarte y Washington Pérez. También incluía a Erardo Velásquez, miembro del PCU. Cada dos años, ganaron elecciones de una forma abrumadora. Empleaban dos lemas: autonomía sindical y vergüenza proletaria. El primero se refería a una posición clásicamente anarquista según la cual el sindicato gozaba de plena autonomía frente al Estado y todos los partidos políticos. Al mismo tiempo, hacía referencia al gran movimiento huelguístico en 1952, conducido por los llamados “sindicatos autónomos”, incluyendo el flamante sindicato de FUNSA (Cores 1989). Vergüenza proletaria se refería al sentido de dignidad obrera que los militantes buscaban estimular.

Durante los seis años de relativa paz, el sindicato incrementó su control sobre el proceso productivo. La empresa implementó un sistema de producción de estilo Taylorista, bajo la influencia de Firestone, la empresa norteamericana que le daba asesoramiento técnico.110 Logró organizar en el sindicato a todos los toma-tiempos y así pudieron controlar el sistema ya que fueron los mismos empleados los que propusieron las cuotas de trabajo. Al inicio hubo mucha oposición a estos convenios ya que la gente temía que iban a aumentar los ritmos de trabajo. Los comunistas los rechazaban arduamente en parte, quizás, porque no tenían la costumbre de negociar cuotas de poder sobre el proceso productivo. Pero siempre acataban las decisiones de la mayoría de la asamblea sindical. Los demás obreros también reconocieron, en las palabras de Alberto Márquez, que habían conquistado mucha más “libertad de trabajo” (Porrini y Salaberry 1993, 22).

En 1965, la empresa optó por cambiar sus políticas y eliminar la protección establecida contra los cierres por supuesta falta de materia prima. En respuesta, el sindicato de FUNSA inició una serie de paros. Un paro planeado para el 27 de agosto resultó especial. Los obreros colocaron carteles expresivos de sus demandas y de sus actitudes hacia la empresa:

Queremos soluciones. Si no… Palo.

Remember el 58… ¡Exigimos solución!

Exigimos seguridad de trabajo. Soluciones o palo.

Soluciones o palo 1958/1965 (inscrito sobre imágenes dos cachiporras cruzadas).

Por las buenas arreglamos, por las malas los cascamos.

El “58” puede repetirse… El gremio no olvida.

Para los Nuevos Laderos: lo del 58 puede repetirse.

FUNSA se olvidó que con el sindicato no se juega.

Además, una serie de cachiporras guindaban de una pared —cada una pintada con alusiones a las luchas de 1958 y 1959—. Los sentidos de los carteles son bastante claros. Sobre todo las repetidas referencias a la ocupación de 1958 se pueden interpretar como una amenaza de que los obreros podrían controlar y, en efecto, adueñarse de la empresa. Por otra parte, las imágenes y la exhibición de cachiporras expresaron la “vergüenza proletaria”, es decir, su disposición a recurrir a la violencia en defensa de sus derechos. Finalmente, otro cartel llamó la atención sobre otro tema: la voluntad del sindicato de acelerar el ritmo de producción (un anhelo de la empresa) pero en cambio de aumentos salariales proporcionales. Hay que reconocer que tal posición era la sostenida por Duarte y otros dirigentes afines a la FAU. Como se señaló anteriormente, militantes del PCU estaban en contra, pero acataron las decisiones de la asamblea, casi siempre a favor de la posición de Duarte. También, los carteles reclamaban el derecho de no trabajar después de cumplir con la norma de producción.

El presidente de la empresa, Saturnino Fernández, entró en el taller donde colocaban los carteles y al darse cuenta comenzó a gritarles a los obreros responsables. En las palabras del sindicato, esta fue “una agresión insólita […] una provocación descarada y deliberada del millonario dueño de FUNSA”.111 La respuesta de los obreros según la empresa fue así:

“[…] turbas amenazantes invadían oficinas […] profiriendo gritos, escupiendo retratos y orinando sobre muebles y ropas” (“FUNSA necesita paz y orden” 1965). La dirección de la empresa reconoció que la intervención de los dirigentes sindicales impidió mayores desmanes y violencia. El sindicato, por supuesto, culpó al presidente por provocar la reacción enardecida. Un sindicalista testigo acepta que de hecho alguien sí orinó sobre los retratos del expresidente de la empresa y sobre los muebles.

Vale la pena detenernos un momento en esta acción que nos recuerda a la iconoclasia laica exhibida por los trabajadores en 1959. Según el historiador E.P. Thompson, al analizar los repetidos ataques contra el poder cultural/simbólico de la élite inglesa, recurre a una noción de “contrateatro”. Constata que el cuestionamiento de la autoridad simbólica “en ocasiones no tiene otro objetivo que desafiar la seguridad hegemónica, despojar al poder de su mistificación simbólica o incluso meramente vilipendiarlo” (1978).

Tanto Thompson como James argumentan a favor de la importancia de la lucha cultural/simbólica en momentos en que la lucha trabajo/capital estaba ausente (Inglaterra, durante el siglo XVIII) o en reflujo (Argentina en octubre de 1945). Nuestro caso sugiere otra posibilidad —de hecho, la lucha cultural puede formar un componente importante de la lucha de clases clásica—. La lucha contra la jerarquía tan importante en FUNSA en 1958 o en cualquier otro momento de utopía menor es en gran parte una lucha cultural, necesitando el “despojo” del poder simbólico del capital o de las élites. En otras palabras, la creación momentánea de utopías menores exige un fuerte contenido de carga cultural. Sin duda la experiencia de control obrero del 58, tanto para los obreros como para la gerencia, tenía una carga cultural especial. La respuesta del presidente de la empresa es ilustrativa. En efecto, Fernández cerró la empresa como reacción a la protesta espontánea de los obreros, pese a que reconoció que los delegados sindicales trataron de calmar a sus miembros.

Desde el comienzo del cierre, la empresa puso como condición para negociaciones que el sindicato no pudiese llevar a cabo paros sin el consentimiento de la empresa. Más aún, el sindicato tendría que aceptar un cierre como respuesta a un paro no autorizado. También, la empresa obligaría a los obreros a seguir trabajando aún después de cumplir con la cuota. Finalmente, los supervisores tendrían que renunciar al sindicato. La asamblea sindical rechazó estas condiciones como “absurdas” (Época 1965).

Vale destacar que las condiciones previas de la empresa tenían que ver esencialmente con la reimposición de su autoridad perdida sobre el control del proceso productivo y en forma secundaria, en el caso de Fernández a su legitimidad como presidente de la empresa.

Durante septiembre y octubre de 1965, el cierre y la movilización de obreros de FUNSA y sus aliados seguían protagonizando episodios de enfrentamiento con las fuerzas de orden. La respuesta del sindicato al primer enfrentamiento capta el nivel de autoconfianza en su capacidad de resistencia frente a la violencia policiaca:

Nuestro gremio es ducho en estas lides y la actitud de la policía no nos asombra. […] El espíritu de lucha de nuestro sindicato se conserva intacto. Más aún, nuestra combatividad se afirma y se purifica en estos enfrentamientos con nuestros eternos enemigos de clase y sus esbirros, estos elementos inconscientes que hieren a sus hermanos de clase. La burguesía —y especialmente la patronal de funsa— deben saber que persistiremos en nuestra lucha, sin amedrentarnos (Idem).

Dentro de esta advertencia a la policía y a la patronal, tres frases llaman la atención. “Ducho en estas lides” se refiere a varios enfrentamientos —sobre todo en 1959— en los que los obreros demostraban valentía frente a las armas del Estado. Si bien en este momento histórico todavía podían pelear mano a mano con la Guardia Republicana, la relativa igualdad en las peleas se estaba esfumando frente a sus ojos. En esos días, las fuerzas represivas habían encarcelado a más de 100 dirigentes sindicales del sector público, sometiéndolos a la tortura. Es decir, que la declaración sindical tal vez es tan fuerte precisamente porque se exclama en los vientos del cambio hacia un sistema represivo brutal. Por otra parte, el efecto “purificador” de la violencia exhibe la influencia anarquista y fanoniana. Por supuesto, una fuerte dosis de machismo infiltraba casi todas sus declaraciones en contra de las autoridades. Finalmente, “los hermanos de clase” no era un recurso retórico ya que entablaban relaciones más o menos armoniosas con la gente de una base de la Guardia cercana y varios exguardias se convertían en obreros de la FUNSA.112

Durante el cierre, el sindicato participaba activamente en las reuniones del flamante Congreso del Pueblo cuyas organizaciones, representando a más de medio millón de personas, debatían posiciones y políticas frente a la crisis económica y en contraposición a los cambios constitucionales promovidos por los partidos políticos tradicionales. El programa no se diferenciaba mucho de otras plataformas izquierdistas de la época: reforma agraria, nacionalización de industrias claves y extranjeras, nacionalización del sector financiero y plena libertad sindical. A la vez, en medio de su propia lucha y la de los sindicalistas del sector público, los dirigentes del sindicato de FUNSA participaban activamente en la consolidación de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT).113 Entre sus primeras acciones, la CNT coordinó un paro nacional en contra de la represión y otro paro en apoyo a los trabajadores de FUNSA.

Durante la lucha de 1965, el papel de los dirigentes fue revelador. Por una parte, promovía una agenda radical que buscaba incrementar el control obrero sobre el proceso productivo, mientras que estimulaba la conciencia de sus bases por sus referencias a las experiencias de 1958. Por otra parte, cuando hubo estallidos de resistencia en las plantas, trataban de controlarlos para minimizar daños materiales y arrestos de sus miembros. Durante el mismo periodo, los dirigentes estaban aliados con la Federación Anarquista Uruguaya (FAU) que promovía la acción directa y la consolidación de un polo revolucionario dentro de la izquierda.

En cierto sentido, hubo una contradicción o por lo menos, una tensión entre el liderazgo de Duarte y Pérez, otros en la FAU y su papel como dirigentes sindicales. Es decir, la acción directa y la democracia directa e irrestricta —artículos básicos de anarquismo—, chocaban con la necesidad de dialogar y llegar a transacciones con la patronal y con el Estado. Para Duarte, la respuesta al dilema era sencilla: “El sindicato es nuestra preciosa herramienta”; así tenía un valor por encima de las demás instancias de lucha.114 También, cuando fue empujado hacia posiciones más radicales, respondió: “El sindicato es mi vida”. No obstante, tales tensiones —en parte debido al distanciamiento de la FAU del anarcosindicalismo— empujaban hacia la búsqueda de un centro político (no contemplado en el anarquismo) que podía coordinar no sólo las distintas luchas y organizaciones sino guiar políticamente a la lucha revolucionaria.

1968: FUNSA y las movilizaciones masivas

La lucha de 1968 en FUNSA fue, a la vez, una continuación y una repetición de las anteriores. La diferencia era el contexto del nivel de represión estatal. A finales de 1967, el gobierno cerró varios periódicos y prohibieron varias organizaciones de la izquierda. Además, el gobierno promulgó una ley que ilegalizó la ocupación de una fábrica. En enero 1968, la gerencia de FUNSA comenzó a diseñar un nuevo plan de racionalización de la producción para así favorecer su petición de un préstamo de dos millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).115 Programó un aumento de 50% en la productividad por medio de la instalación de nueva tecnología y del incremento en el esfuerzo obrero.

Según fuentes sindicales el “ordenamiento” del sindicato fue otra condición del BID. Inicialmente, la postura del sindicato era de transacción: aceptó el plan como lo había hecho en años anteriores, pero con la condición de que no habría despidos y que la empresa tendría que repartir equitativamente los beneficios del incremento de la productividad. La empresa no quiso aceptar tales condiciones y así durante todo el mes hubo discusiones acaloradas. Un supervisor, Mario Ciosek, dirigió las represalias por las protestas verbales que incluían la suspensión de seis obreros.116 En respuesta, en una asamblea, por un voto de 800 contra 25, el sindicato expulsó de sus filas a Ciosek acusándolo de ser el responsable de —además del último episodio— “decenas de incidentes graves contra los trabajadores” (El Popular 1968). También le exigió a la empresa que lo despidiera. El sindicato alegó que el supervisor estaba trabajando con la embajada norteamericana por medio del Instituto Uruguayo de Estudios Sindicales (IUES), la instancia local del Instituto Americano del Desarrollo de Sindicalismo Libre. La embajada negó la vinculación.117 Pero, al verlo en la planta, unos dirigentes sindicales lo llevaron físicamente a la calle alegando que era por su propia seguridad y debido a los ánimos encendidos el supervisor sufrió algunos golpes.118 El primero de febrero de 1968 FUNSA declaró un cierre para castigar a los sindicalistas, justificado por “el desorden insoportable en la planta” (“FUNSA: los motivos reales…” 1968). Como respuesta, esa misma noche, los obreros del turno tomaron la fábrica (González Sierra 1998).

Los cascos blancos, las fuerzas especiales de la policía, rodearon la fábrica, bloqueando así el apoyo material de los vecinos y de otros sindicatos. Le dieron al sindicato un plazo de 24 horas para desocupar la planta (El Popular 1968). En respuesta, el sindicato anunció que “resistiremos por todos los medios el intento de desalojo” (Idem). Colocaron tanques llenos de combustible frente a la fábrica, cada uno conectado a otro con mechas.119

Los huelguistas también decidieron encender las calderas y poner en marcha la fábrica, advirtiendo así, que un desalojo podría acarrear consecuencias nefastas para la empresa (Idem).

El plazo policial expiraba a las 18:30. Cientos de efectivos estaban allí, equipados para una guerra. Gases, ametralladoras, plantel de perros, cachiporras, lanza-aguas, policía a caballo y cientos de otros efectivos. En el interior de la fábrica se estaba trabajando normalmente bajo el control sindical […] se pudo apreciar que todos los obreros iban provistos de grandes pañuelos mojados en previsión de los gases lacrimógenos y habían sido levantadas fuertes barricadas. Contra el alambrado, había una barrera de bidones, que, según se dijo, contenía inflamables. En el mástil de la fábrica, flameaba la bandera del sindicato (Idem).

En las calles aledañas, los cascos blancos atacaron a los obreros y vecinos que manifestaban su solidaridad con la ocupación. Hay que subrayar el hecho de que, a lo largo de los años, el sindicato había conseguido un gran caudal de solidaridad de parte de los vecinos de la Villa Española. Alberto Márquez, un sindicalista, relata:

[…] ahí cuando la FUNSA estaba ocupado era para todos los vecinos, la colaboración de ellos. Me acuerdo que esas son las cosas que a veces a uno lo hacen vibrar: cuando la última salida de FUNSA, toda la gente gritando allá, como una cuadra, con banderas uruguayas, con nosotros que nos iban controlando e íbamos desocupando la fábrica (Porrini y Salaberry 1992, 33).

Aunque se refiere a la huelga general de 1973 en contra de la instauración de la dictadura militar, hay muchos indicios del apoyo del barrio a lo largo de las luchas sindicales desde 1958, en parte por simpatía ideológica y, en parte, por la gran cantidad de obreros de la empresa que residían en los vecindarios. A veces los ataques de la Guardia se convirtieron en un enfrentamiento con el barrio entero.

En medio del caos, un juez de instrucción salió de FUNSA y anunció que “todo era tranquilo adentro y que se estaba produciendo normalmente” (Izquierda 1968). El juez informó que, como los ocupantes no habían cometido ningún delito, no había motivo por el desalojo planeado por las fuerzas represivas. Por lo tanto, no intentaron desalojar a los huelguistas y la ocupación con la producción bajo el control obrero prosiguió. Claro está que el juez de instrucción en efecto estaba contraviniendo el decreto del gobierno en contra de todas las ocupaciones.

Entonces, al igual que en 1958, siguieron produciendo los neumáticos y otros productos de hule bajo control obrero, ahora con el apoyo de técnicos integrados al sindicato. En las palabras de un activista sindical de la época:

Cuando ocupamos la fábrica y sacamos a los empresarios había mucho material preparado. Decidimos comenzar a producir para no perder el caucho, ya que como es una mezcla, se perdería al no vulcanizarlo. Así cuando se arreglara el conflicto no iban culpar a los trabajadores. Sacamos la contabilidad —trabajamos como si fuera para nosotros […] en la mejor forma posible— hicimos unos 23 000 productos de toda clase —sin salario—; era todavía propiedad de ellos, pero sus pertenencias estaban en manos de los trabajadores. Efectivamente teníamos la idea de propiedad social. El propósito político era de tener las herramientas en las manos obreras y demostrar que el obrero era capaz de dirigir una empresa.

Era un ambiente alegre. Algunos obreros de origen del interior lograron salir de la planta y fueron al matarife para conseguir la carne de contrabando para la olla popular. Comíamos juntos. Todos éramos mucho más humanos, una confraternidad mucho más social. También venía gente de afuera —muchachos de liceos— para apoyarnos. Así nació un compromiso distinto.120

La empresa no aceptó la intervención del Ministerio de Trabajo durante una semana. Tuvieron que pagar una multa simbólica por no acudir a reuniones. Por el contrario, el sindicato si aceptó la propuesta del ministerio de un arbitraje imparcial para el caso de Ciosek, el pago de días holgados y el fin del cierre al momento de la desocupación. El 14 de febrero, la CNT declaró un paro y convocó a una manifestación masiva frente de las instalaciones de FUNSA. Dos días después FUNSA aceptó la propuesta del ministerio (El Popular 1968).121

La ocupación de la fábrica y el control obrero sobre la producción tuvieron efectos significativos tanto dentro de FUNSA como a nivel nacional. Después de la ocupación, los obreros comenzaron a pelear por una demanda no común: no sólo la nivelación de salarios —algo que compartían con los obreros más avanzados políticamente de Europa, los de Fiat Mirafiori en Turín— sino la nivelación de destrezas, es decir, el aprendizaje obligatorio de todos los oficios dentro de ciertos talleres de la fábrica. En 1970, ganaron esta clase de victoria en el taller de fabricación de neumáticos.122 También los obreros lograron algo parecido en la sección de bañado (productos de guantes). Según lo establecido en el convenio, “el personal del sector es personal competente para desempeñar a satisfacción todas las tareas involucradas en cada uno de los procesos y que su acción coordinada y conjunta a lo largo de cada uno y todos los turnos permite lograr la producción de primera calidad […]”.123 Aquí se puede ver una congruencia muy directa con su experiencia previa que constituía un desafío directo a la división de trabajo capitalista y un gesto de respaldo significativo hacia la construcción de una sociedad igualitaria. Hay que constatar que, cuando se logró tal nivelación, las mujeres conquistaron salarios iguales a los hombres. Este cambio acompañó a un papel cada vez más activo de las obreras en el sindicato y en las luchas fabriles y callejeras.

Durante el resto del año el sindicato participó activamente en los movimientos de protesta en contra del autoritarismo estatal y en contra de los efectos económicos del acuerdo con el Fondo Monetario —sobre todo sus medidas de austeridad—. Llevaron a cabo varios paros de solidaridad con huelgas y ocupaciones.

Apoyándose en sus experiencias, sobre todo en 1968, los obreros de FUNSA se convirtieron en la base clave de la Resistencia Obrera Estudiantil (ROE), un grupo radical que surgió bajo la influencia de la Federación Anarquista para apoyar las luchas populares y consolidarse como el polo opuesto al reformismo dentro del movimiento popular. León Duarte fue cofundador del grupo que tuvo un peso importante en FUNSA. En las palabras de un obrero de la ROE: “Entonces arrastraba a toda esa juventud y se fue formando ya después con los estudiantes, con todo eso se fue agrandando. Fue un grupo lindo que se formó en FUNSA” (Porrini y Salaberry 1992, 37).

El mismo obrero se acuerda cómo durante huelgas y ocupaciones los estudiantes dormían en la planta, estrechamente vinculados con los obreros jóvenes. Varios de los obreros de mayor edad no estaban tan encantados con su presencia, pero los toleraban (Idem).

Efectivamente, los sindicalistas de FUNSA formaban parte de la vanguardia de las luchas sindicales, principalmente por sus acciones contra la represión estatal y sus acciones solidarias con otros gremios.124 La ROE, a su vez, formaba parte clave de una coalición radical: la Tendencia, que tenía una presencia importante tanto en la CNT como en el movimiento estudiantil. Ambas esferas, se oponían al Partido Comunista y a sus aliados que tenían la mayoría en la dirigencia de la CNT. Su oposición tenía que ver con su “reformismo” y sus aspiraciones electorales.

En la literatura sobre el movimiento sindical, a veces aparece una especie de lugar común que argumenta que el interés fundamental de las bases estaba relacionado a intereses materiales; mientras que los momentos de militancia y radicalismo se debieron a circunstancias especiales. El caso de FUNSA sugiere un caso contrario. Desde esta óptica, el sector más militante y radical del sindicato, dirigido por Duarte y otros afines a la FAU, mantenía el liderazgo de una forma democrática desde 1958. Ganaron elecciones cada 2 años. En 1969, frente a un nivel creciente de represión, los dirigentes sindicales empujaron a las bases a pelear no sólo por sus propios intereses sino por todos los trabajadores, a pesar de los evidentes y serios riesgos. No obstante, en elecciones internas, la lista liderada por Duarte ganó 700 votos, una mayoría absoluta, en contra de otros tres grupos. En segundo lugar, quedó una lista con pequeñas discrepancias con el grupo de Duarte. En tercer lugar, una coalición dirigida por militantes afines al PCU. Por otra parte, según varios testimonios, Duarte (cuyo sobrenombre “El Loco” venía desde su adolescencia) se llevaba bien con sus antagonistas que apoyaban al PCU, con quienes debatía con ganas en las asambleas, pero siempre con respeto.

El gobierno reimplantó las medidas prontas de seguridad en junio de 1969. En julio, el sindicato de FUNSA y otros afines a la Tendencia lanzaron huelgas de solidaridad con el sindicato de empleados bancarios, en protesta por 182 despidos. Durante la huelga, el sindicato de bancarios sufrió una fuerte represión, producto de la cual 800 militantes fueron arrestados y sus oficinas militarizadas.

El primero de julio de 1969, en FUNSA, los obreros se enfrentaron con las fuerzas militares que requisaron llantas para sus vehículos. Tres camiones militares entraron en el recinto para cargar cubiertas. Previo a un acuerdo sindical, “[…] los camiones los cargó el ejército. Fueron los soldados que movieron las cubiertas. Las manos obreras no trabajaron para los enemigos del pueblo” (Cartas de FAU 2018, 264). Cuando los militares iban a retirar los neumáticos encontraron todas las salidas bloqueadas por barricadas. Según un informe sindical:

Así estuvieron por espacio de más de dos horas hasta que se hicieron presentes fuerzas de choque de la Metro que con sus palos y gases intentaron doblegar a nuestros compañeros. Por supuesto que hubo una gran cantidad de compañeros lesionados, pero una vez más con su acción y decisión el gremio de FUNSA estuvo a la altura de sus mejores tradiciones y demostró que los trabajadores no somos milicos, que no nos doblegamos, no nos dejamos asustar.125

De hecho, los militares no pudieron retirar las llantas aquel día. Según el testimonio de Hortensia Pereira (viuda de Duarte), “un sindicalista, actuando por cuenta propia, dejó caer látex caliente encima de un oficial del ejército, acción que selló la suerte de su esposo” (Porrini y Salaberry 1992, 92).

Como represalia a la resistencia antimilitar y, tal vez, a la tirada de látex, el 4 de julio capturaron a León Duarte y a otros militantes, desencadenando así más paros y ocupaciones hasta su liberación. El 5 de julio “volvieron 500 soldados armados a [la] guerra. Nuevamente paramos la planta. Una vez más tiraron contra el pueblo. Las paredes de FUNSA muestran los impactos de las balas. Pero no nos van a quebrar”.126

Debido a su heroísmo y a sus gestos continuos de solidaridad, tal como constatamos, el sindicato de FUNSA se convirtió en la referencia principal en la oposición dentro del movimiento popular al Partido Comunista y sus aliados. Tomaron su responsabilidad muy en serio. En medio de la huelga bancaria con su nivel de represión inédita, el 17 de julio de 1969 ocuparon la planta otra vez para llevar a cabo una asamblea en la cual redactaron un mensaje a la dirigencia de la CTN atacando su falta de voluntad en apoyar las huelgas: “[…] la línea de repliegue sistemático y de retroceso ante el gobierno nuevamente es adoptada [por la dirigencia de la CNT]. De hecho, se divide una lucha de otra, se aísla un gremio del otro y se exponen separados al choque con el enemigo […]” (Cartas de FAU 2018, 273). El sindicato de FUNSA llamó a la huelga general para apoyar a los perseguidos empleados bancarios pero la dirigencia de la CNT votó en contra de la moción. Para evitar la división del sindicalismo uruguayo, los sindicatos afines a la Tendencia acataron la posición de la dirigencia de la CNT. La huelga fracasó y los 182 bancarios quedaron despedidos.

El anarquismo uruguayo

Durante las décadas de 1950 y 1960, el peso de anarquismo en el movimiento sindical fue más significativo en Uruguay que probablemente en cualquier otra parte del mundo. No obstante, hay que reconocer que la ideología y la práctica ácrata estaban pasando por un proceso de mutación, condicionada en gran parte por los niveles de represión estatal cada vez más altos. La represión empujaba a los militantes de la Federación Anarquista Uruguaya (FAU) hacia posiciones más influenciadas por el marxismo y por las corrientes revolucionarias en el resto de América Latina. Durante la transición ideológica, sus militantes comenzaban a hablar de la FAU sin puntitos, es decir, que el sentido de las palabras individuales (e.g. anarquista) no tenía un sentido ideológico único sino se refería exclusivamente a su trayectoria como organización militante.

A pesar de su peso en el movimiento obrero, es importante recalcar que la FAU y sus militantes sindicales, aun en los años cincuenta, no eran anarcosindicalistas, incluso rechazaban tal doctrina.127 Una diferencia clave: no concebían al sindicato como la organización rectora de la futura sociedad socialista. Los anarcosindicalistas, por ejemplo, en la CNT española durante la década de los treinta, conscientemente forjaban la perspectiva tanto revolucionaria como también inmediatista en los afiliados de sus sindicatos —esto quiere decir que los militantes tenían la tarea de crear el modelo de la nueva sociedad dentro del sindicato existente—. Por un lado, creían en la huelga general insurreccional como el eje de la acción revolucionaria y, por otro, concebían que la federación de sindicatos libres reemplazaría al Estado.

La FAU, por el contrario, generalmente no concebía al sindicato como el modelo para la futura sociedad. Tampoco comulgaba con la tradición del movimiento obrero anarquista representada por la Federación Obrera Regional Uruguaya y la Federación Obrera Regional Argentina —ambas poderosas organizaciones durante las dos primeras décadas del siglo XX—. En grado menor, su visión se asemejaba a la posición del leninismo clásico hacia los sindicatos: reconocer su papel reivindicativo y fundamental en la lucha de clases y, a la vez, estimularlos como una fuente de reclutamiento. Aunque el dirigente anarquista de FUNSA, León Duarte, no promovía directamente su ideología dentro del recinto sindical, a menudo sí terminaba sus discursos con la frase de Buenaventura Durruti, “podemos crear un mundo nuevo porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones” (Porrini y Salaberry 1992). Además, se diferenciaba del leninismo porque trataba de estimular los principios democráticos y libertarios dentro del ambiente sindical. Más aún, hay que reconocer que Duarte promovió el control obrero de la producción durante la ocupación de octubre 1958, una experiencia de utopía menor que derivaba del ideario anarcosindicalista. En este sentido se nota una ambivalencia significativa en su oposición al anarcosindicalismo.

Al nivel organizacional y teórico, dentro del anarquismo global, la FAU hizo un aporte significativo al crear la corriente de “especifismo” que postulaba la necesidad de crear una organización específicamente anarquista. Tal organización tenía que operar con una unidad de teoría y práctica y tenía que insertarse en las esferas populares. Esta nueva corriente dentro del anarquismo representaba un intento de responder al problema fundamental dentro la tradición libertaria en cuanto a lo político. La idea fija de anarquismo, un rechazo global al Estado y los partidos políticos continuamente tenía que enfrentarse con las realidades políticas. En las primeras décadas del siglo XX, el problema giraba alrededor de la necesidad de negociar o adecuarse a un Estado que intervenía en el mundo obrero, a veces promoviendo mejoras muy significativas. De hecho, frente a la administración presidencial de José Batlle (1904-1907 y 1911-1915), hubo una escisión importante dentro del anarquismo y así surgieron los llamados “anarcobatallistas”, quienes le ofrecían apoyo crítico para llevar a cabo sus reformas democráticas y progresistas. (Peterson 2015). En España, en 1936, cuatro militantes de la Confederación Nacional de Trabajo, una confederación anarcosindicalista, optaron por formar parte del gobierno de la república. Su decisión que en un sentido traicionó sus principios, radicó en la necesidad de luchar contra la rebelión franquista, apoyada por los regímenes alemán e italiano. Fundamentalmente, el anarquismo debía de modificar su antiestatismo y antipoliticismo cuando tenía que enfrentar los problemas políticos relacionados con la lucha obrera a corto plazo o la lucha en contra el poder real de fuerzas ultraderechistas.

Frente a un Estado cada vez más represivo, el alejamiento de la FAU del anarquismo clásico y su creación de “especifismo”, no debería sorprendernos. Tal postura también se relacionaba, a la vez, con un cambio fundamental en el sector mayoritario del anarquismo uruguayo que, desde los comienzos de la década de los sesenta, había sido inspirado fuertemente por la Revolución cubana. Esto no como una estrategia revolucionaria sino como un baluarte de la lucha antiimperialista y, sobre todo, en contra del reformismo en América Latina.

Tal apoyo a Cuba condujo, a lo largo de los sesenta, a cambios ideológicos y acercó a los sindicalistas de FUNSA y la FAU a posiciones marxistas.128 El apoyo solidario con Cuba provocó otra escisión importante, aunque el grupo disidente afín al anarquismo clásico nunca logró cohesionarse en una organización significativa. La FAU sí mantuvo ciertas posiciones congruentes con sus raíces, como la acción directa, la oposición a elecciones y el antirreformismo, la democracia directa y el antiautoritarismo pero articulado dentro de un marco esencialmente marxista. Durante el auge de lucha en junio de 1969, la FAU declaró: “Frenar ahora es intentar, utópicamente, congelar un proceso de radicalización creciente […] Avanzar significa estimular y apoyar aquel proceso espontáneo de radicalización, tratando al mismo tiempo, de lograr, en lo posible, su superación” (Cartas de FAU 2018, 252).

La FAU (prohibida desde 1967) —y su organización de masas: la ROE— promovió la acción directa con una definición muy amplia —desde las ocupaciones de fábrica hasta las acciones armadas—.

A finales de 1968, en un amplio análisis de la coyuntura, la FAU concibió el reformismo —el PCU— como el problema principal tanto dentro del movimiento sindical como dentro de la resistencia a la “dictadura constitucional”. También señaló las limitaciones del sindicalismo, concibiéndolo, al igual que otras organizaciones, como un sitio donde se podía construir un centro político en condiciones de promover, coordinar y dirigir las luchas a escala general: “[…]. La estructuración de ese centro político se inicia por los sectores más conscientes e inquietos […] Lo fundamental es construir una organización de cuadros, capaz de operar en las condiciones de represión generalizada y duradera (“40 puntos para la acción aquí” 1968, 28).

En otras palabras, los sectores más militantes de las organizaciones, a su vez, deben entablar relaciones con las vanguardias dentro de otras para así construir lo que sería la vanguardia revolucionaria.

La respuesta de la FAU-ROE al problema de lo político, es decir, la incapacidad del anarquismo clásico de concebirlo como algo más que su enemigo, tiene semejanza con el vanguardismo inscrito en el leninismo y en el guevarismo. No obstante, los análisis de la FAU-ROE se alejan de otros tendencias y textos revolucionarios de la época. Su análisis de 1968, desarrollado en cuarenta puntos, tiene muy pocas referencias estrictamente ideológicas. Por ejemplo, el escrito no menciona al marxismo, ni al leninismo, ni al anarquismo, ni al socialismo. Todo su énfasis se concentra en cómo derrocar al régimen. El análisis tiene el gran don de evitar el sectarismo, por lo menos dentro del campo revolucionario y no postula líneas “políticamente correctas”.

Aunque la FAU concebía al movimiento obrero como absolutamente clave en la lucha antidictatorial y revolucionaria, a la vez, enfatizaba la acción directa, o sea armada.129 Para la FAU, hacia finales de los sesenta, la acción armada revestía cada vez más importancia. La necesidad de un combate violento se conjugaba con la necesidad de un partido. Así, la FAU en 1969 reafirmaba “que el papel decisivo le correspondía a la organización política revolucionaria, como centro de dirección de todos los niveles de acción de masas, como protagonista de todos los tipos de acción armada” (Mechoso 2002, 176).

La transformación de la FAU y el surgimiento de la ROE tuvo una influencia entre los obreros de FUNSA. Vale destacar que en la memoria popular y de la izquierda los recuerdos de FUNSA sí tienen un lugar de singular importancia por sus luchas antidictatoriales, su oposición al reformismo del PCU, sus paros de solidaridad con otros sindicatos y por su ocupación de 1958. Las ocupaciones sin duda tuvieron un impacto nacional, pero el ritmo de acontecimientos cada vez más violentos, sobre todo después de febrero 1968, afectaron profundamente la conciencia y las posibilidades de los obreros de FUNSA. Los que habían soñado en construir la nueva sociedad en el seno de la vieja, ya no le daban tanta importancia.130 Para la mayoría ya se trataba de defenderse del Estado y para una minoría significativa, había que cifrar sus esperanzas en la lucha guerrillera.

Dentro de la FAU, un grupo se dedicaba a fomentar la acción directa armada y crear la Organización Popular Revolucionaria-33 (OPR-33). Tal organización se alimentaba casi exclusivamente de obreros con experiencia en luchas callejeras con las fuerzas de orden. Concentraba sus acciones por lo general en apoyo a luchas sindicales, llegando incluso a secuestros de patronos. Sin embargo, no pretendían, como los Tupamaros (Movimiento de Liberación Nacional), organizar una lucha guerrillera que iba a derrocar al Estado y por lo general evitaban los enfrentamientos con los militares. Pero no cabe duda de que sus acciones, derivadas en parte del ideario anarquista, agudizaban las contradicciones (como se decía en aquella época). Por supuesto, sus acciones afectaban a los del movimiento sindical.

En junio de 1972, a raíz del secuestro del hijo de un empresario de una fábrica en huelga durante meses, llevado a cabo por la OPR-33, arrestaron a Duarte y otros sindicalistas, acusándolos de vínculos con el grupo armado. En respuesta, los obreros de FUNSA ocuparon la empresa, exigiendo la libertad de todos los presos políticos. Levantaron una pancarta frente de la empresa: “Esta guerra es en contra del pueblo. Hoy nos toca y la enfrentamos”. De hecho, como siempre, los sindicalistas estaban dispuestos a defenderse contra los militares y policías (Cores 2002, 122). Después de 17 días de ocupación, los militares soltaron a Duarte quien habló durante tres horas dentro de la fábrica ocupada, detallando todas sus torturas, sus respuestas al interrogatorio y toda la problemática de los derechos humanos en Uruguay.

El 27 de junio de 1973, en medio de una inmensa ola represiva los militares llevaron a cabo un golpe militar. La respuesta de los obreros de FUNSA, como en casi todas las fábricas, fue inmediatamente huelgas y ocupaciones. La huelga general que involucró la gran mayoría de los trabajadores uruguayos duró 15 días y terminó derrotada.

99 El Tupamaros se formó en 1963 pero sólo apareció en la escena nacional a mediados de 1968.

100 Kristin Ross escribe en oposición a los nuevos filósofos y la corriente historiográfica que interpreta el mayo de 1968 como un momento de modernización cultural, a través de la liberación del individuo. Véase Ross (2002, 5-6; 182-183). Ella también rechaza la crítica de que las personas trataban de expresar el individualismo moderno a través del lenguaje del marxismo. A pesar de que no utiliza la frase “utopía menor”, su análisis de la importancia de la comunicación y la organización obrero-estudiantil es similar a la empleada en este ensayo para discutir los movimientos latinoamericanos. Ella no reconoce que en Uruguay, especialmente, las interacciones estudiante-obrero fueran tan sobresalientes como aquellas en Francia e Italia.

101 Cuando no se cumpliera con las normas productivas en otras secciones, la empresa no sancionaba a los supervisores si ellos habían firmado un documento de adhesión a la gerencia.

102 Información recabada en la entrevista realizada a Hortencia Pereira por Jimena Alsonso; Montevideo, 2019.

103 Según los datos proporcionados por Hortencia Pereira en entrevista con Jimena Alonso.

104 “Al pueblo, a la clase trabajadora”, volante de la Unión de Obreros, Empleados y Supervisores, 1959.

105 “Asunto FUNSA” (informe), noviembre de 1959. Dirección de Investigaciones: Policía de Montevideo.

106 Véase Tribuna Popular (1959). US Embassy to Secretary of State, “Conflict at FUNSA”, 17 de noviembre de 1959. National Archives.

107 James (1987, 455) toma prestado el concepto de Bruce Lincoln pero lo desarrolla de una forma distinta.

108 Un informe de la embajada de Estados Unidos al Secretario de Estado, emitido el 17 de noviembre de 1959, reza: “Si no hubiera sido por la contención de los líderes de la Unión que estaban presentes, probablemente habría habido más violencia y derramamiento de sangre”.

109 Saénz se retiró después de la lucha de 1959 y murió en 1961.

110 Firestone también tenía bastantes acciones en la empresa. A lo largo de la década, el sindicato y la izquierda trataban de pintar FUNSA como una empresa extranjera pero no era una descripción exacta.

111 “Causas de un conflicto provocado por una millonaria patronal” (manifiesto). Dirección de Investigaciones de Inteligencia y Enlace: Policía de Montevideo.

112 Información obtenida en entrevista con Luis Romero, en Montevideo, julio de 2019.

113 La CNT oficialmente se fundó en 1966.

114 Información obtenida en entrevistas con Erardo Velásquez y Luis Romero, en Montevideo, durante julio de 2019. Vale destacar que todos los dirigentes tenían alrededor de 35 años en 1965.

115 Sebastián Sabini (2018) no establece la relación entre el préstamo y el cambio en la planta; González Sierra sí lo plantea.

116 Suspendió a cinco obreros por seis días y a uno por veintidós.

117 En documentos internos, la embajada no encontró ninguna evidencia de que él hubiera participado en IUSA, tanto como instructor o como estudiante. Al tratarse de documentos internos, tienen más credibilidad. Llamarlo agente de IUSA era como un epíteto dentro del movimiento sindical.

118 Información obtenida en entrevista con Erardo Velásquez, en Montevideo, julio de 2019.

119 Hay cierta discrepancia sobre si estaban o no llenos de combustible; es decir, sobre si la amenaza era real o no. Véase lo que menciona Alberto Márquez en Porrini y Salaberry (1992, 26) así como lo expuesto en Vescovi (2016, 176-177). Márquez sostiene que los tanques no los llenaron con nafta, pero el testimonio citado por Vescovi asegura que sí, con 200 litros.

120 Información obtenida en entrevista con Luis Romero, en Montevideo, 2018.

121 Al último momento, FUNSA hizo cambiar el pago de los salarios caídos a un préstamo.

122 Información obtenida en entrevista con Luis Romero. Aunque falta más investigación, él sí se benefició directamente de la nivelación de destrezas.

123 “Acta de la Comisión Bipartita de Fábrica”, 30 de marzo de 1971. Archivo sindicato de FUNSA. Se refiere a un acta del 5 de mayo de 1970, cuando el nuevo sistema se introdujo en la sección de bañado.

124 Era un tema tan importante dentro de la organización, que un lema de la ROE rezaba —también refiriéndose al sindicato de cañeros—: “UTAA en el campo y FUNSA en la ciudad”.

125 Boletín sindical, 2 de julio 1969. Archivo del Sindicato de FUNSA.

126 “Hoy estamos más firmes que nunca” (volante). Archivo del Sindicato FUNSA.

127 Véase Mechoso, Prieto y Cores (2009).

128 Sobre el acercamiento del marxismo y anarquismo en la FAU, véase el importante trabajo de Rodolfo Porrini (2019). Él señala los muchos espacios donde militantes de la FAU trabajaban con gente de inspiración marxista. También véase Tristán (2003, 75-100; 2005).

129 Hay una crítica directa al anarcosindicalismo en Cartas de FAU (1969, 222) sobre este preciso punto, o sea el meollo de tal corriente.

130 Vale mencionar que, desde 2004, FUNSA es una fábrica recuperada en manos de unos 150 trabajadores.

Conclusión

A pesar de las grandes diferencias que existen entre las tres experiencias que hemos denominado utopías menores, se pueden encontrar ciertos rasgos en común. En primer lugar, no cabe duda de que estas experiencias, por una parte, surgen en momentos de crisis socioeconómica. En Tonalá sucede la toma de la Isla de Bonete, después de un periodo de arduas luchas por la tierra en la zona, producto, a su vez, de una apremiante escasez de tierra dónde cultivar (debido al auge algodonero en los cincuenta). En Montevideo, la producción bajo control obrera se da después de años de esfuerzos sindicales para defenderse de los ataques patronales y en medio de una crisis económica aguda generada por el agotamiento del proceso de industrialización por la sustitución de las importaciones. En el caso de Morazán, el surgimiento de las Comunidades Eclesiales de Base se origina en medio de una crisis social y económica de muy larga trayectoria.

Por otra parte, se nota un rasgo común en el trabajo en las milpas comunales de Morazán y de Tonalá, así como en las ocupaciones de FUNSA en 1958 y 1968: el trabajo se volvió mucho más ameno, solidario y satisfactorio. Evidentemente es una característica fundamental de una utopía menor. Las experiencias fabriles igualitarias, al igual que los experimentos sociales de los campesinos chinandeganos y de las CEB en Morazán, han sido en gran parte olvidadas. En parte, el olvido de las utopías se debe a la influencia de la izquierda oficial a pesar de que, de alguna forma, las experiencias están inspiradas desde la izquierda, comprendida en su sentido más amplio, como organizaciones o movimientos que promueven la igualdad social. En el caso de Tonalá, la victoria sandinista tendía a opacar las luchas populares ajenas a su organización en la memoria histórica. Asimismo, las luchas campesinas en el occidente nicaragüense tuvieron una transcendencia fundamental en cuanto lograron vaciar el contenido populista del régimen somocista. No obstante, apenas merecen una mención en las historias sandinistas de la Revolución.

En Morazán, los mismos participantes en las CEB posteriormente le dieron mucha más importancia a su lucha guerrillera. Y en FUNSA, además de la violencia represiva, su papel decisivo en la lucha en contra de la “dictadura constitucional”, también incluyó en su olvido relativo (sobre todo la de 1968). Aunque las causas del olvido son diferentes en cada caso, hay algo en común: en los tres casos, muchas personas que experimentaron las utopías menores, tarde o temprano, no sólo apoyaron a los movimientos revolucionarios, sino que, en Chinandega, Morazán y en FUNSA, ejercieron papeles de gran importancia. De alguna forma, las experiencias utópicas influyeron en las opciones revolucionarias ya que los protagonistas, por lo menos en parte y tal vez inconscientemente, creían que la sociedad por la cual arriesgaban sus vidas podría basarse en tales experiencias de utopía menor. Asimismo, los que optaron por la lucha revolucionaria quizás operaban con el supuesto de que sus experimentos sociales no podían existir en un contorno capitalista y militarista y tal opción revolucionaria tendía a borrar la memoria de sus momentos históricos-utópicos.

¿Podría tener relevancia la historia de las utopías menores hoy en día? Parece que sí. Primero, porque eran aspectos importantes de las revoluciones fallidas del siglo pasado, elementos claves, pero no estudiados. Segundo, porque tienen una relevancia significativa dada la crisis política aguda provocada por los fracasos del neoliberalismo, el marxismo-leninismo por una parte y la ola de descontento denominada como populista, por otra. Desde la crisis financiera de 2008, ha surgido una búsqueda urgente de formas alternativas de organizaciones. Proyectos basados en la “economía social” o “economía solidaria” han sido implementados por activistas y en movimientos sociales con cierta intensidad (Wright 2010). El zapatismo ofrece el ejemplo duradero y consecuente de un movimiento profundamente antijerárquico y comunitario. No obstante, sufre de un aislamiento dentro de la izquierda mexicana y latinoamericana. Hay un debate en la izquierda latinoamericana contemporánea que contrapone una noción de emancipación en oposición a un proyecto contrahegemónico. Es importante comprender las bases históricas de los desencuentros entre las dos tendencias. En esta óptica la emancipación se refiere a nociones de autonomía y autogestión, a su vez relacionadas con los casos estudiados en este ensayo (y con el zapatismo).131 En conclusión, vale reconocer las experiencias utópicas y aprender de ellas especialmente en un mundo cuyo discurso hegemónico tiende a negar la posibilidad de organizaciones y la existencia de sociedades estructuradas basadas en relaciones horizontales e igualitarias.

Las exigencias del mercado internacional y la dominación imperial erigieron límites muy rígidos sobre las revoluciones sucedidas entre 1970 y 1980 en toda América Latina. Edelberto Torres-Rivas argumentó que las revoluciones centroamericanas eran a la vez inevitables e ilusorias, precisamente porque, por un lado, las fuerzas no revolucionarias no pudieron derrocar las dictaduras y las oligarquías. Por otro, porque las metas revolucionarias de liberación nacional y de desarrollo social que hubieran desembocado en una redistribución de la riqueza y sociedades justas no fueron alcanzables (Torres Rivas 2011).

Sin embargo, concebir los fracasos históricos como inevitables no nos permite ver los árboles de la historia, los factores subjetivos y contingentes del pasado reciente. Tampoco nos permite vislumbrar una visión suficientemente amplia del bosque; en otras palabras, concebir las posibilidades políticas y sociales para el futuro inmediato.

El muchacho frente a la cárcel que aparece al comienzo del ensayo nos sugiere otra lectura. Todavía me pongo a meditar si sus palabras sólo fueron retórica juvenil dispersadas por los vientos idiotas de la historia o si, al contrario, anunciaron un camino —con desvíos utópicos— que no se siguió. El camino por el bosque del porvenir ha sido ofuscado por una espesa neblina de mistificaciones, producto de décadas de políticas autoritarias y neoliberales.

131 Véase Reyes (2012).

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New York Times, Nueva York, 1968.

Pueblo. San Salvador, 1979.

Tribuna Popular. Montevideo, 1959.

Autor

Jeffrey Gould

Es el Distinguished Professor y el James H. Rudy Professor of History en la Universidad de Indiana. De 1995 a 2008 fue director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. Es cofundador del Center for Documentary Research and Practice. Obtuvo su doctorado en Historia por parte de Yale University.

Su libro más reciente, Solidarity Under Siege: The Salvadoran Labor Movement, 1970-1990 (2019), se basa en parte en la misma investigación que su película, Puerto El Triunfo (2019). Algunos de sus libros son: To Lead as Equals: Rural Protest and Political Consciousness in Chinandega, Nicaragua, 1912-1979 (1990), El mito de Nicaragua mestiza y la resistencia indígena (1997) y To Die in This Way: Nicaraguan Indian Communities and the Myth of Mestizaje, 1880-1965 (1998); estos dos últimos retaron el mito dominante de Nicaragua mestiza. Su libro To Rise in Darkness: Revolution, Repression, and Memory in El Salvador, 1920-32 (2008 con Aldo Lauria) ofrece una novedosa interpretación sobre la matanza de 1932 en El Salvador. También publicó Desencuentros y desafíos: ensayos sobre la historia contemporánea centroamericana (2016).

En 2002 le fue otorgada la Beca Guggenheim. Ha sido investigador invitado en Institute for Advanced Studies (Princeton), Harvard University y CALAS (Universidad de Guadalajara). Fue codirector y coproductor, junto con Carlos Henríquez Consalvi, de los documentales Cicatriz de la memoria (2003) y La palabra en el bosque (2011).

Coordinación editorial: Martin Breuer

Jefatura de diseño: Paola Vázquez Murillo

Cuidado editorial: Mariana Hernández Alvarado

Diseño de la colección: Paola Vázquez Murillo y Pablo Ontiveros

Conversión epub: Javier Beramendi