NewsletterPlataforma para el Diálogo: Activistas por la vida: contestando las violencias del antropoceno desde América Latina
Los territorios latinoamericanos están históricamente en disputa. Los conflictos socioambientales en la región son numerosos y diversos, sus impactos omnipresentes. El Atlas de Justicia Ambiental, base de datos colectivo a nivel mundial, registra solo como los más emblemáticos para las Américas varios centenares de estos conflictos. El Ministerio de Medio Ambiente mexicano reconoce en 2019 560 tan solo para este país. Son en primer lugar conflictos ecológico-distributivos, pero conllevan otras dimensiones, como son las de definición, reconocimiento y participación. Se desarrollan alrededor del creciente número de proyectos de extracción minera, agrícola y de combustibles fósiles, la gestión del agua o de residuos, de construcción de infraestructura, la producción industrial, la generación de energía o la conservación de la biodiversidad y el turismo. Son conflictos que generan un sinfín de violencias a múltiples escalas e intersecciones siendo de las más graves de ellas la criminalización, represión y el asesinato de líderes y lideresas sociales de las luchas ambientales.
Para el año 2019 la organización de derechos humanos Global Witness documenta 212 defensores del territorio y medio ambiente asesinados en todo el mundo. Más de dos tercios de estos asesinatos (148 casos registrados) ocurrieron en América Latina, región que cuenta constantemente como la más afectada desde que Global Witness empezó su registro en el 2012. Dentro de la región Brasil, Colombia, Honduras, Guatemala y México son los países donde activistas corren el mayor riesgo de perder la vida violentamente. En Colombia el asesinato de líderes comunitarios ha aumentado dramáticamente en los últimos años, llegando a un saldo de 64 para 2019. En Brasil solo entre 2019 y 2020 se destruyeron más de 11.000 km2 de selva amazónica, un nuevo auge bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, que está desmantelando las políticas de protección ambiental del país y favoreciendo la invasión de territorios indígenas con un saldo mínimo de 24 muertes humanas para 2019. Ante este escenario en la Corte Penal Internacional de La Haya se está ya examinando una demanda colectiva contra Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad y ecocidio. Según las cifras de Global Witness Honduras se considera el país más peligroso para defensores y defensoras ambientales cuando se trata de los asesintos per cápita.
Como sectores más responsables de estas violencias Global Witness señala año tras año al sector minero, la explotación forestal y a la agroindustria a gran escala. Sobre las y los afectados destaca que mujeres y niñas y personas de color suelen ser más vulnerables a los impactos de estas industrias. Un riesgo desproporcionado corren los pueblos indígenas, dado que en 2019 un 40 % de defensores asesinados pertenecían a comunidades indígenas, cuando este grupo solo representa el 5 % de la población mundial. Entre 2015 y 2019 ha sufrido más de un tercio de todos los ataques fatales documentados. Las mujeres toman un papel importante en las luchas sociales y ambientales de América Latina, representando el gran número de activistas en muchos casos, expuestas a vulnerabilidades específicas.
Sin embargo dentro de ese panorama desolador encontramos a lo largo y ancho del continente prácticas culturales, sistemas de manejo y gobernanza así como formas de (senti)pensar el mundo y relacionarse con él que contestan el modelo extractivista depredador y sus múltiples violencias. Estas llamadas alternativas encaminan un mundo pluriversal que cuida y dignifica el tejido de la vida.
La Plataforma para el Diálogo co-organizada por los integrantes de las líneas de investigación ‘Visiones de paz’ y ‘Afrontar las crisis ambientales’ del CALAS – Maria Sibylla Merian Center se propone indagar cómo los contextos violentos son a la vez semilleros de una transición socio-ecológica para la paz en América Latina. Ejemplarmente se pondrán en diálogo las experiencias e iniciativas en los campos de la producción energética, la conservación de la biodiversidad y la agricultura.
